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“Tenemos nuevas prioridades: combatir el hambre y la pobreza, encender la economía, reactivar el consumo y generar empleo”. Alberto Fernández
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Nacionales - 04-01-2020 / 10:01
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Intromisión yanqui en la Argentina

Intromisión yanqui en la Argentina
El gobierno de Alberto Fernández todavía no cumplió un mes y en esos pocos días representantes de Washington se entrometieron por lo menos en tres ocasiones en cuestiones políticas argentinas intentando torcer decisiones soberanas o cuestionar comentarios de miembros del nuevo gobierno.
El gobierno de Alberto Fernández todavía no cumplió un mes y en esos pocos días representantes de Washington se entrometieron por lo menos en tres ocasiones en cuestiones políticas argentinas intentando torcer decisiones soberanas o cuestionar comentarios de miembros del nuevo gobierno.
 
Esta estrategia agresiva del departamento de Estado norteamericano usará seguramente el atentado a la AMIA y la muerte del fiscal Alberto Nisman como lo ha venido haciendo para sus intereses geopolíticos en un Medio Oriente que está a punto de estallar.
 
El eje de los argumentos de Estados Unidos para escalar el conflicto en Irak ha sido la calificación a la organización Hezbollah como terrorista. En realidad, es un atajo para atacar a Irán, uno de cuyos generales fue asesinado en Bagdad por un dron norteamericano como parte de esa escalada.
 
Cuando el ex presidente Barak Obama quiso bajar la tensión con Irán, el presidente israelí, Benjamin Netanyahu, reaccionó furioso contra el mandatario y viajó a Estados Unidos invitado por los republicanos vinculados a la industria bélica. Fue en marzo de 2015.
 
En Argentina se estaba desarrollando a pleno la tragicomedia que empezó con la denuncia rimbombante del fiscal Nisman, siguió con su posterior suicidio y culminó con la repugnante utilización política que se hizo en ese momento. Para cuestionar a Obama, Netanyahu usó en el Congreso norteamericano el ataque a la AMIA como parte de sus argumentos contra Irán.
 
El granito que aportaba Argentina a ese conflicto -un párrafo en el discurso de Netanyahu-- en lo interno provocaba una fuerte conmoción institucional: una presidenta democrática y su canciller serían acusados injustamente por "traición a la patria" y una campaña mediática condenaba sin pruebas por un crimen que ni siquiera había sido probado como tal.
 
La responsabilidad de Hezbollah en el atentado en la AMIA no ha quedado probada en forma fehaciente debido a la interferencia que generó la trama de encubrimiento en la que participaron el gobierno de Carlos Menem y los servicios de inteligencia argentinos, de Estados Unidos e Israel.
 
La investigación fue desviada para que una parte de la responsabilidad cayera sobre el entonces gobernador bonaerense Eduardo Duhalde y para descartar los indicios que conducían a la llamada "pista siria".
 
Establecer la responsabilidad de Hezbollah resultaba funcional a los intereses geopolíticos en juego porque desembocaba en Irán. Hezbollah no tenía antecedentes públicos de atentados terroristas fuera de la zona de conflicto, por lo que resultaba importante para esos intereses que se la responsabilizara por el atentado en Buenos Aires, lo que deberá ser dilucidado alguna vez.

 
La importancia que tiene este tema quedó en evidencia en julio del año pasado. Cuando empezaron a circular encuestas que indicaban la posible derrota de Mauricio Macri, el Departamento de Estado apretó las clavijas.
 
Hasta ese momento, la política exterior argentina se regía en temas de terrorismo según una lista realizada por la ONU que no incluía a Hezbollah. La orden de Washington fue clara: hagan una lista que incorpore a los chiíes libaneses. En Julio, Macri lo hizo por decreto.
 
Ese mes, el secretario del Departamento de Estado norteamericano, el ultraderechista Mike Pompeo visitó a la Argentina y participó en un acto por las víctimas de la AMIA. Durante esa gira, el funcionario norteamericano ordenó que hicieran lo mismo a los gobiernos de Paraguay y Brasil, que también obedecieron.
 
En medio de ese proceso que se proyectaba desde Argentina hacia el corazón del conflicto mundial más explosivo, Netflix empezó a filmar un documental sobre Nisman que recién ahora empezó a exhibir. La serie quiere dejar el interrogante si fue homicidio o suicidio, aunque resulta muy evidente que la segunda opción es la más realista y que la otra se asienta sólo en el interés político.
 
Antes que asumiera el nuevo gobierno, la actual ministra de Seguridad, Sabrina Federic declaró que la inclusión de Hezbollah en esa lista había sido "una imposición de Washington", lo cual era cierto.
 
Otras versiones decían que en una reunión con la embajadora de Israel, Galit Ronen, Alberto Fernández había comentado que sacaría a los libaneses de la lista de terroristas. La versión tiene ribetes ridículos. Pero bastó para levantar una ola de advertencias y declaraciones de las diplomacias israelí y norteamericana.
 
Esta política de presión e imposición se aplica principalmente en América Latina. Se habla de "continentalismo" porque el concepto alude a una especie de "imperialismo continental".
 
Los únicos temas de los representantes norteamericanos están relacionados con la exigencia de un alineamiento ideológico automático y subordinado. Los temas económicos que antes eran prioritarios en la agenda han sido desplazados por esta nueva diplomacia.
 
La configuración regional que había reemplazado a la de las dictaduras con acuerdos de integración, como, Mercosur o Unasur y de consulta como la CELAC fueron reconfigurados por la ola de gobiernos neoliberales.
 
El Mercosur fue paralizado, Unasur desactivada y Pompeo convirtió a la OEA, a través de su secretario general Luis Almagro, en su Oficina de Colonias. El ProSur, impulsado por Macri fue calificado por el canciller Solá como el "ProNorte" y el Grupo Lima, más moderado, fue creado a instancias de Washington para hostigar a Venezuela.
 
Las prioridades de esta política son bien elementales: atacar a Venezuela y detener el avance de Rusia y China. A cambio incrementan los obstáculos aduaneros en Estados Unidos a los productos latinoamericanos.
 
Si les molestaba que se revocara el decreto de Macri sobre Hezbollah, el mismo día de la asunción de Alberto Fernández hubo un desaire de los miembros de la delegación norteamericana al nuevo gobierno argentino.
 
Cuando se enteraron que había un representante del gobierno venezolano legítimo de Nicolás Maduro, el asesor del presidente Donald Trump, Mauricio Claver-Carone regresó intempestivamente a su país.
 
El hombre es de la fauna de Miami, un derechista de hueso colorado que opera con golpistas y grupos destituyentes de los países latinoamericanos. Antes de irse le dijo al diario Clarín que también estaba enojado por la invitación al ex presidente de Ecuador, Rafael Correa.
 
Cuando Evo Morales solicitó refugio político en Argentina, una misión de la embajada norteamericana, encabezada por la ministra consejera Mary Kay Carlson y el consejero político Chris Andino, se apersonó en la Casa Rosada para asentar su protesta, que en el contexto de las negociaciones que debe realizar Alberto Fernández con el FMI, sonaron más como amenazas.
 
El respaldo de Washington a los impresentables golpistas bolivianos confirma de alguna manera su intervención más encubierta en el trabajo de desgaste a través de campañas mediáticas, golpes judiciales y golpes parlamentarios o policiales y militares en los países de la región.
 
Alberto Fernández ha repetido que no va a ideologizar la política exterior y que, en ese contexto, se plantea una relación amistosa y de colaboración con Washington. Pero es muy difícil cuando del otro lado la exigencia es justamente ideologizar.
 
La posición recalcitrante del Departamento de Estado complica esa definición presidencial para las relaciones exteriores del país.
 
La situación en el continente no es la misma que a principios del milenio, pero el clima regional asfixiante que instaló Washington empuja a los gobiernos a buscar funcionamientos que le den más aire a las relaciones regionales.
 
En ese contexto, el próximo 8 de enero se realizará en México la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC). Como lo define esa denominación, en el organismo participan todos, menos Canadá y Estados Unidos.
 
Será el primer viaje del flamante canciller Felipe Solá. México se hará cargo de la presidencia protempore del organismo que puede convertirse en el marco de referencia para los relacionamientos latinoamericanos, con más aire y margen de movimiento que los impuestos por Estados Unidos a los demás organismos regionales.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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24-01-2020 / 07:01
El escándalo del Banco Nación en la gestión de Mauricio Macri suma un nuevo capítulo. Tras conocerse que la entidad le otorgó un préstamo millonario a Vicentín, empresa "amiga" del anterior gobierno, ahora se conoció que la aceitera fue la mayor aportante privada de la campaña de Juntos por el Cambio, al menos hasta las PASO. Se endeudó con el Banco Nación por 350 millones de dólares, nunca pagó y se declaró en default el 6 de diciembre.
 
Según publicó La Política Online, la entidad pública le prestó a la empresa que entró en default más de $18.370 millones durante la gestión de Javier González Fraga. En diciembre del año pasado, la empresa entró en quiebra y comenzó la polémica contra el funcionario macrista, por ignorar los análisis de riesgo crediticio y ampliar el préstamo a la firma que suspendió pagos por "estrés financiero".
 
Pero el nuevo dato que complica a la gestión macrista es que la agroexportadora Vicentín fue la mayor aportante privada de la campaña de Juntos por el Cambio. De acuerdo a los registros en la página de la Cámara Nacional Electoral, Vicentín aportó a través de tres de sus empresas: Algodonera Avellaneda, FRIAR S.A y Oleaginosa San Lorenzo. Las tres pertenecen al holding agroexportador Vicentín.
 
Cada una de las compañías aportó para la campaña de Juntos por el Cambio la suma exacta de $4.500.000, dando un total de $13.500.000. Con esa suma, aparecen como uno de los principales aportantes privados a la campaña de Macri, que fue quien más recibió. Lo hicieron algunos días antes de las PASO, entre el 6 y el 8 de agosto de acuerdo a los registros.
 
Cabe destacar que fue el ex presidente Macri el que impulsó en 2019 una ley exprés para permitir que las empresas privadas pudieran realizar aportes para la campaña electoral. Dicha práctica se encontraba prohibida por la reforma electoral que impulsó en 2009 el entonces gobierno de Cristina Fernández. Y aún no fueron publicados los registros de aportes para la segunda etapa de la campaña.
 
El Banco Nación abrió una investigación sobre los créditos irregulares que la entidad otorgó a la exportadora de granos Vicentín. La empresa se declaró en cesación de pagos cuatro días antes de que Cambiemos terminara su gobierno. Macri favoreció a una empresa "amiga" y dejó al Banco Nación en jaque.
 
La Opinión Popular

23-01-2020 / 09:01
En diciembre pasado y por primera vez en los últimos tres años el atesoramiento de dólares fue negativo. Según los datos del Balance Cambiario del BCRA correspondiente al mes pasado la "formación de activos externos del sector privado no financiero" fue negativa en u$s153 millones.
 
Lo que se conoce en la jerga financiera como la "fuga de capitales" o más coloquialmente como el "atesoramiento" de dólares por parte del público, es decir, las divisas que compran las personas físicas y que salen del sistema financiero, totalizó en 2019 los u$s26.865 millones, apenas 1% por debajo del récord histórico de 2018.
 
De modo que en la era Macri (diciembre 2015-noviembre 2019) el atesoramiento sumó nada menos que u$s88.371 millones. Esto representa hoy a casi el doble de las reservas del BCRA.
 
Si bien existe un estigma político sobre el tema del atesoramiento, vale señalar que se trata de ahorro legal que los argentinos de todos los estratos sociales canalizan, según sus posibilidades, en la tenencia de moneda extranjera.
 
Estos fondos pueden tener como destino tanto una caja de seguridad, un colchón, o una maceta como una cuenta en el exterior. De modo que se trata de ahorro doméstico que está fuera del sistema.
 
Basta con imaginar todo lo que se podría hacer o financiar (proyectos, emprendimientos, obras de infraestructura, etc.) con semejante masa de recursos si se recuperara la confianza de los ahorristas argentinos. No se necesitaría ir a "manguear" al exterior ni a mendigar auxilios a organismos internacionales.
 
Este beneficio tiene como objetivo de favorecer el crecimiento productivo de la economía.

23-01-2020 / 08:01
La última marcha por Alberto Nisman, convocada por sectores de Juntos por el Cambio esta vez fue sin el apoyo de fiscales ni de la DAIA, ni de la AMIA, ni del mismo Mauricio Macri, como en aquella de febrero de 2015, la llamada "marcha de los paraguas".
 
Por eso no podría decir cuál grado de adhesión ha tenido la convocatoria, pero no es difícil intuirlo; por lo pronto decir que representa la estrategia de los sectores radicalizados del macrismo que niegan, no ya la colaboración, sino el diálogo con el gobierno de Alberto Fernández y que encuentran en la muerte de Nisman, un tabla de sobrevivencia.
 
A la marcha primigenia, la de 2015 que alentaba la hipótesis de un asesinato, adhirió Macri quien concurrió acompañado por su esposa: fue su primer acto de campaña.
 
La afirmación puede sonar temeraria, sin embargo las tragedias han estado vinculadas al ascenso del macrismo desde sus orígenes porteños y allí emerge el recuerdo de Cromañón. Es difícil pensar una victoria del ex presidente en aquella ocasión para Jefe de Gobierno, sin la estela política que arrojó la tragedia del local del barrio de Once y los dos centenares de jóvenes muertos.
 
Así, dos tragedias de distinta magnitud están presentes en los umbrales de la llegada al poder de esta fuerza política; es cierto que su existencia precede a ambas, pero no es menos relevante que los dos hechos fueron procesados discursivamente por Macri y su entorno de cara a una contienda electoral.
 
A falta de una mirada en pos de la inclusión social, ante la ausencia de una comunicación sustantiva con los sectores populares e incluso con parte de la clase media, el macrismo encontró en esas tragedias (también con la ferroviaria en la Terminal de Once) un modo de construir un relato político retomando el dolor que esas muertes produjeron en las sensibilidades, mucho más que en las razones.
 
El objetivo no fue generar un discurso político en los términos tradicionales, esto es elaborar un Programa de Propuestas de Políticas Públicas que superaran esa situación y que abrieran el camino a un horizonte donde hechos de ese tipo no se repitieran y a la vez garantizar justicia sobre lo ocurrido.
 
En ese sentido no deja de llamar la atención que en cuatro años donde el macrismo manejó buena parte de los recursos institucionales del Estado, no logró un sólo avance significativo en la causa ¿No era una tragedia a atender? ¿No fueron a la "marcha de los paraguas" porque el gobierno aquel impedía la investigación?
 
Desde luego, las dificultades partieron de un hecho: es muy probable que el fiscal haya decidido quitarse la vida y entonces la tragedia cobra otra dimensión, alejándose de culpabilidades hacia otros actores. El discurso construido en torno de una suposición, cuyos resultados efectivos no se discuten, queda a la intemperie, debilitada y erosionada frente a hechos que no aparecen.

22-01-2020 / 09:01
El Gobierno de Alberto Fernández oficializó hoy la reapertura de la paritaria nacional docente. Lo hizo a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. En las próximas horas, el Ministerio de Educación Nacional convocará a los gremios docentes para la semana que viene a la mesa salarial que Mauricio Macri derogó dos años atrás.
 
La norma viene a cumplir con una de las promesas de campaña de Fernández, que después de las PASO se reunió con los principales dirigentes de Ctera. En sus ex oficinas de San Telmo, les confió a Sonia Alesso, Roberto Baradel y Eduardo López que retomaría la paritaria nacional.
 
Ese había sido el principal reclamo de los sindicatos docentes, el motivo de numerosos paros en los últimos dos años. Fue en principios de 2018 cuando, a través del decreto 52/2018, Macri suspendió la paritaria nacional y, en su lugar, estableció una "mesa de convenio marco" que excluía del temario la negociación salarial, pero que dirimía otras cuestiones como carrera docente, condiciones laborales y fondo de incentivo. La pauta salarial, en tanto, quedaba establecida un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil.
 
Con ese piso las provincias, las encargadas de pagar los salarios, debían negociar con sus sindicatos. A partir de ahora, con la vuelta de la paritaria nacional, las jurisdicciones tendrán que acomodarse al mínimo que se fije en la negociación nacional y, a partir de esa base, lograr un acuerdo con sus docentes.
 
Al igual que antes de que se derogara, el decreto prevé que la representación en la mesa nacional sea "proporcional" a la cantidad de afiliados que tenga cada gremio; un guiño para Ctera, el mayoritario del sector.
 
"La integración de la representación de los trabajadores y las trabajadoras será proporcional a la cantidad de afiliados y afiliadas cotizantes que posea cada uno de los gremios de primer grado intervinientes o los adheridos formalmente a las entidades sindicales intervinientes de grado superior, en su caso", señala.
 
Para ello, agrega, cada año el Ministerio de Educación Nacional le pedirá a la cartera de Trabajo una actualización de la cantidad de afiliados de cada sindicato. En total, los de representación nacional, son cinco: Ctera, Uda, Cea, Amet y Sadop, cuyos maestros trabajan en escuelas privadas y habían quedado afuera de la mesa de convenio macro que convocaba Cambiemos.

22-01-2020 / 08:01
El Gobierno nacional envió este martes el proyecto de Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, que pretende darle a la renegociación de ese pasivo un marco de legalidad y legitimidad del Congreso.
 
"Colapso del modelo económico imperante." Con esa frase, el Gobierno acompañó el proyecto de Ley de la deuda que se espera que se trate la semana próxima, en sesiones extraordinarias. El mensaje lleva la firma del presidente Alberto Fernández, del ministro de Economía, Martín Guzmán, y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
 
La iniciativa declara de interés nacional el proceso para hacer sustentable la deuda en los términos de la Ley de Administración Financiera, autorizando al Poder Ejecutivo a efectuar operaciones de administración de pasivos, canjes o reestructuraciones de los vencimientos de bonos bajo ley extranjera.
 
En el estructurado de la norma no se definen las condiciones del canje, las cuales se están negociando con los acreedores. "La estrategia es sobre la base de la buena fe, la voluntad de pago está", aseguró por la mañana el ministro de Economía, Guzmán.
 
La ley tiene como objetivo que el país mejore al menos dos de tres condiciones: plazos, tasas de interés y monto del capital. En ese sentido, reveló que mantiene conversaciones con el FMI en tono "constructivo" con la finalidad de reperfilar el sendero de pagos programados para devolver el préstamo otorgado.
 
"Lo que se hizo con la deuda fue un desastre, el país no puede sostener la carga de deuda que enfrenta", reiteró Guzmán. Consideró que la resolución del tema de la deuda será clave para luego enfrentar otros problemáticas, como dos años consecutivos de recesión e inflación récord.
 
"Para pagar el país necesita generar capacidad, para eso hay que crecer, por lo que es fundamental que haya un alivio en la carga de deuda que enfrenta el país", explicó. El stock de deuda supera los 300 mil millones de dólares y es equivalente al 90 por ciento del PBI. La iniciativa se tratará en comisión el próximo martes, el miércoles ingresará a labor parlamentaria y se sesionará en Diputados el jueves, según confirmaron a este diario desde el bloque oficialista.
 
En solo tres párrafos, el Gobierno resume el descalabro financiero derivado del endeudamiento. Allí mencionan que en la gestión de Mauricio Macri se incrementó "significativamente su nivel de deuda pública, fundamentalmente denominada en moneda extranjera y sometida a jurisdicción externa", sin mejorar la generación de divisas y de producción para cumplir con el pago de los compromisos.
 
No es pura retórica. Es una forma de plantear la responsabilidad del macrismo en el estrepitoso fracaso y forzar el compromiso de la oposición en apoyo a la ley. El oficialismo quiere una votación exprés antes que Guzmán se cruce con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, el 5 de febrero. Con el mazo dando y a Macri invocando.
 
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