20:53 | Domingo 08 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

Por

“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 03-01-2020 / 08:01

EL GOBIERNO DEFINE LOS DETALLES CON GREMIOS Y EMPRESAS

Madura el aumento salarial por decreto

El Gobierno nacional está terminando de delinear el decreto por el cual dispondrá que las empresas del sector privado otorguen aumentos a sus empleados de forma obligatoria y a cuenta de las paritarias 2020. También alcanzará a los empleados públicos.

La idea es adelantar el impacto positivo que tienen las paritarias en el consumo y la actividad productiva, de modo que con el sueldo de enero, que se cobra en febrero, cada empleado del sector privado registrado reciba entre 2 y 3 mil pesos durante tres meses, hasta que comiencen a regir las nuevas negociaciones salariales.

Los gremios quieren que el aumento sea remunerativo desde el momento en que se paga, aunque podría terminar de incorporarse al sueldo una vez que corra el nuevo período paritario. Otro punto de conflicto es el enganche del adelanto con horas extras y otros ítems que exceden al salario de convenio.

"Estamos tratando de garantizar un aumento mínimo", dijo el Presidente Alberto Fernández. Según el artículo 54 de la ley de solidaridad y reactivación productiva, el Congreso faculta al Poder Ejecutivo a disponer que las empresas del sector privado "abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos" y que además esos pagos estén eximidos temporalmente de la "obligación del pago de aportes y contribuciones previsionales".

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, junto a su par de Desarrollo Productivo, recibieron días atrás a representantes de la UIA y de la CGT para acordar los puntos generales de la idea del aumento por decreto y acercar posturas políticas.

Los funcionarios plantearon la intención del Gobierno de recomponer el consumo, por lo cual se lanzaron los bonos a los jubilados y titulares de Asignación Universal por Hijo. En ese mismo sentido está el adelanto que tendrán que pagar las empresas del sector privado, que será una suma fija por tres meses.

El aumento sería extensivo a todos los trabajadores del sector privado y los gremios presionan para que tenga carácter remunerativo. "Será un acuerdo de suma fija que haga subir los salarios de los que están más abajo para inyectar una masa salarial para reactivar el consumo", señaló el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Se calcula que a lo largo de la desastrosa gestión Cambiemos, el poder adquisitivo del salario del sector privado tuvo una reducción promedio del 20 por ciento. En tanto, los últimos datos disponibles muestran que el consumo sigue por el piso.

La intención oficial de mejorar la posición relativa del salario se enfrenta a la resistencia empresarial, que argumenta que atraviesa una situación de crisis de rentabilidad. Pero además, deberá convivir con la necesidad de reducir la inflación con respecto a los últimos años.

La Opinión Popular

La pulseada real tras el aumento por decreto: los gremios temen que haya "cepo" a las paritarias

La estrategia del Gobierno para reactivar la economía y "redistribuir" el ingreso enfrenta por estas horas un test clave: la aprobación de Hugo Moyano.

Sucede que el inminente decreto para fijar un aumento salarial de entre $5.000 y $9.000 no entusiasma a los gremios con salarios más elevados, como es el caso de los camioneros. En el entorno del extitular de la CGT temen que la suma fija de caracter remunerativo impacte negativamente en las escalas y termine funcionando como una suerte de "cepo" a las paritarias, condicionando la capacidad de negociación de los sindicatos.

El líder sindical le hizo llegar su preocupación al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en la reunión que mantuvieron este martes antes de Año Nuevo en la Federación Nacional de Choferes de Camiones. Junto a sus hijos Pablo y Hugo Moyano, Omar Perez "Manguera" y otros dirigentes, el dirigente pidió que "las paritarias sean libres y que los empresarios, que durante cuatro años tuvieron el amparo que recibieron por parte del saliente presidente Mauricio Macri, dejen de especular con los salarios y que de una vez por todas entiendan que los trabajadores son la verdadera riqueza del país". También reiteró su rechazo a cualquier intento de reforma laboral.

El temor a un nuevo "techo"

La idea del Gobierno es recomponer los salarios de los convenios más castigados por la inflación mediante la fijación de un monto mínimo. Por ejemplo, si este fuera de $6.000 mensuales, la suba sería de entre el 30% y 24% en actividades con salarios de entre $20.000 y $25.000, respectivamente. Estos incrementos serían absorbidos luego por las paritarias del 2020, mientras que las correspondientes al 2019 seguirían su curso hasta completar el acuerdo vigente.

"Lo que buscamos es recomponer el salario de los que peor están. La suma fija nos ayuda a compensar esas inequidades con una inflación de casi 55 puntos", explicó ayer el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, durante una conferencia.

Pero en el entorno de Moyano desconfían del nuevo esquema salarial. En primer lugar, temen que el incremento por decreto se convierta en un techo antes que en un piso y que finalmente postergue el inicio de las negociaciones. "Te ponen dos sumas fijas, te dicen que es el aumento que hay a cuenta de las paritrias y te marcan la cancha, ¿después como abrís paritarias?", se preguntan cerca del camionero.

La otra queja apunta al "achatamiento" que provocará el monto fijo sobre los salarios de la actividad que parten de $45.000 y en larga distancia desde los $60.000. Aunque en su caso la suma podría llegar hasta los $18.000, aseguran que esas cifras "no representa nada para los camioneros".

En medio de estas tensiones, los movimientos del sindicalista son seguidos de cerca por el Gobierno. En Casa Rosada saben que las pretensiones salariales de Moyano funcionan como una suerte de "faro" y que el gremio representa, además, a los sectores más duros del sindicalismo, enfrentados al ala dialoguista al frente de la CGT. Cerca de Cristina Kirchner también recuerdan el rol protagónico que adquirió el camionero en la protesta callejera, tras romper con la expresidenta en 2010.

Sin ánimos de replicar esa experiencia por ahora, Moyano elevó un pedido de aumento del 33% para el primer semestre, luego de obtener un bono de $20.000 en varios sectores de la actividad, salvo por la Federación del Autotransporte de Carga (Fadeeac) que lo rechazó. Ese reclamo, que anualizado equivale a más de un 60% de incremento, representa un desafío serio para los planes de Alberto Fernández de "desindexar" la economía.

En vistas del reto planteado, el Presidente no se quedó atrás y salió a marcar la cancha ayer al pedir a los gremios que "no hagan pedidos desmedidos". El cotitular de la CGT, Carlos acuña, había reclamado antes "aumentos por encima de la inflación". De inmediato, el mensaje de Fernández cosechó elogios entre los empresarios del Grupo de los Seis, en donde destacaron los problemas que todavía atraviesa la economía, en particular la falta de reactivación y las altas tasas de interés.

"No hay plata para pagar pedidos desmedidos, valoramos mucho lo expresado", dijo a iProfesional el titular de la Cámara de Comercio, Mario Grinman.

Baradel, bajo la lupa

Las miradas están puestas ahora en los docentes, un sector que figura entre los más atrasados en materia salarial y que está primero en la primera ronda de paritarias en camino. Los principales gremios educativos mantienen una buena relación con el Gobierno a través del titular del sindicato de maestros bonaerenses (Suteba), Roberto Baradel, y el de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.

El maestro de la central alternativa había sido uno de los promotores de un congelamiento salarial a cambio de una recomposición inicial de los ingresos, una propuesta que finalmente no prosperó. Ahora, sin embargo, la suma fija genera incertidumbre en el sindicalismo, en donde no descartan la posibilidad de que las medidas de emergencia terminen por encorsetar las negociaciones.

"El aumento por decreto es inyectar plata en el mercado para reactivar Pymes que venden a mercado interno, pero tambien puede ser un parámetro para la negociacion", dijo a este medio el líder de los aceiteros, Daniel Yofra. "No son muy claros sobre si las paritarias son libres", agregó.

El gremio viene de obtener esta semana un bono récord de casi $52.000 para los trabajadores de la industria y es uno de los pocos, junto a los bancarios, que en los últimos cuatro años lograron ganarle a la inflación. El resto quedaron todos por detrás. Los datos difundidos ayer por el INDEC muestran que en octubre los salarios aumentaron 42%, lo que representa una pérdida del 5,7% de su poder adquisitivo frente a la inflación.

Los pedidos de moderación salarial parecen ir en línea con las últimas medidas anunciadas para los jubilados, que fijaron un aumento en los haberes mínimos hasta un tope de $19.068 en perjuicio de las categorías superiores a ese valor. El Ejecutivo fundamentó la decisión en la necesidad de que los propios asalariados hicieran el "esfuerzo" para ayudar a los de menores ingresos en un marco de restricciones fiscales y la intención de las autoridades de cuidar los recursos para poder pagar la deuda externa.

Los funcionarios saben que el plan de reactivación depende de un repunte de la demanda, pero también de la inversión privada. El sistema de emergencia prevé además un control férreo de las principales variables de la economía. Esto es el dólar, las tasas, las tarifas, los precios (aunque ayer se anuló la eliminación del IVA a la canasta básica) y los salarios. Ahí es donde las señales de resistencia expresadas por el camionero podrían entrar en cortocircuito con la expectativa oficial de lograr la "consistencia" macroeconómica.

Por Juan Manuel Barca

Fuentes: iProfesional y Página12

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular