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Nacionales - 03-01-2020 / 08:01
EL GOBIERNO DEFINE LOS DETALLES CON GREMIOS Y EMPRESAS

Madura el aumento salarial por decreto

Madura el aumento salarial por decreto
El Gobierno nacional está terminando de delinear el decreto por el cual dispondrá que las empresas del sector privado otorguen aumentos a sus empleados de forma obligatoria y a cuenta de las paritarias 2020. También alcanzará a los empleados públicos.
El Gobierno nacional está terminando de delinear el decreto por el cual dispondrá que las empresas del sector privado otorguen aumentos a sus empleados de forma obligatoria y a cuenta de las paritarias 2020. También alcanzará a los empleados públicos.
 
La idea es adelantar el impacto positivo que tienen las paritarias en el consumo y la actividad productiva, de modo que con el sueldo de enero, que se cobra en febrero, cada empleado del sector privado registrado reciba entre 2 y 3 mil pesos durante tres meses, hasta que comiencen a regir las nuevas negociaciones salariales.
 
Los gremios quieren que el aumento sea remunerativo desde el momento en que se paga, aunque podría terminar de incorporarse al sueldo una vez que corra el nuevo período paritario. Otro punto de conflicto es el enganche del adelanto con horas extras y otros ítems que exceden al salario de convenio.
 
"Estamos tratando de garantizar un aumento mínimo", dijo el Presidente Alberto Fernández. Según el artículo 54 de la ley de solidaridad y reactivación productiva, el Congreso faculta al Poder Ejecutivo a disponer que las empresas del sector privado "abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos" y que además esos pagos estén eximidos temporalmente de la "obligación del pago de aportes y contribuciones previsionales".
 
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, junto a su par de Desarrollo Productivo, recibieron días atrás a representantes de la UIA y de la CGT para acordar los puntos generales de la idea del aumento por decreto y acercar posturas políticas.
 
Los funcionarios plantearon la intención del Gobierno de recomponer el consumo, por lo cual se lanzaron los bonos a los jubilados y titulares de Asignación Universal por Hijo. En ese mismo sentido está el adelanto que tendrán que pagar las empresas del sector privado, que será una suma fija por tres meses.
 
El aumento sería extensivo a todos los trabajadores del sector privado y los gremios presionan para que tenga carácter remunerativo. "Será un acuerdo de suma fija que haga subir los salarios de los que están más abajo para inyectar una masa salarial para reactivar el consumo", señaló el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero

Se calcula que a lo largo de la desastrosa gestión Cambiemos, el poder adquisitivo del salario del sector privado tuvo una reducción promedio del 20 por ciento. En tanto, los últimos datos disponibles muestran que el consumo sigue por el piso.
 
La intención oficial de mejorar la posición relativa del salario se enfrenta a la resistencia empresarial, que argumenta que atraviesa una situación de crisis de rentabilidad. Pero además, deberá convivir con la necesidad de reducir la inflación con respecto a los últimos años.
 
La Opinión Popular

 
La pulseada real tras el aumento por decreto: los gremios temen que haya "cepo" a las paritarias
 
La estrategia del Gobierno para reactivar la economía y "redistribuir" el ingreso enfrenta por estas horas un test clave: la aprobación de Hugo Moyano.
 
Sucede que el inminente decreto para fijar un aumento salarial de entre $5.000 y $9.000 no entusiasma a los gremios con salarios más elevados, como es el caso de los camioneros. En el entorno del extitular de la CGT temen que la suma fija de caracter remunerativo impacte negativamente en las escalas y termine funcionando como una suerte de "cepo" a las paritarias, condicionando la capacidad de negociación de los sindicatos.
 
El líder sindical le hizo llegar su preocupación al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en la reunión que mantuvieron este martes antes de Año Nuevo en la Federación Nacional de Choferes de Camiones. Junto a sus hijos Pablo y Hugo Moyano, Omar Perez "Manguera" y otros dirigentes, el dirigente pidió que "las paritarias sean libres y que los empresarios, que durante cuatro años tuvieron el amparo que recibieron por parte del saliente presidente Mauricio Macri, dejen de especular con los salarios y que de una vez por todas entiendan que los trabajadores son la verdadera riqueza del país". También reiteró su rechazo a cualquier intento de reforma laboral.
 
 
El temor a un nuevo "techo"
 
La idea del Gobierno es recomponer los salarios de los convenios más castigados por la inflación mediante la fijación de un monto mínimo. Por ejemplo, si este fuera de $6.000 mensuales, la suba sería de entre el 30% y 24% en actividades con salarios de entre $20.000 y $25.000, respectivamente. Estos incrementos serían absorbidos luego por las paritarias del 2020, mientras que las correspondientes al 2019 seguirían su curso hasta completar el acuerdo vigente.
 
"Lo que buscamos es recomponer el salario de los que peor están. La suma fija nos ayuda a compensar esas inequidades con una inflación de casi 55 puntos", explicó ayer el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, durante una conferencia.
 
Pero en el entorno de Moyano desconfían del nuevo esquema salarial. En primer lugar, temen que el incremento por decreto se convierta en un techo antes que en un piso y que finalmente postergue el inicio de las negociaciones. "Te ponen dos sumas fijas, te dicen que es el aumento que hay a cuenta de las paritrias y te marcan la cancha, ¿después como abrís paritarias?", se preguntan cerca del camionero.
 
La otra queja apunta al "achatamiento" que provocará el monto fijo sobre los salarios de la actividad que parten de $45.000 y en larga distancia desde los $60.000. Aunque en su caso la suma podría llegar hasta los $18.000, aseguran que esas cifras "no representa nada para los camioneros".
 
En medio de estas tensiones, los movimientos del sindicalista son seguidos de cerca por el Gobierno. En Casa Rosada saben que las pretensiones salariales de Moyano funcionan como una suerte de "faro" y que el gremio representa, además, a los sectores más duros del sindicalismo, enfrentados al ala dialoguista al frente de la CGT. Cerca de Cristina Kirchner también recuerdan el rol protagónico que adquirió el camionero en la protesta callejera, tras romper con la expresidenta en 2010.
 
Sin ánimos de replicar esa experiencia por ahora, Moyano elevó un pedido de aumento del 33% para el primer semestre, luego de obtener un bono de $20.000 en varios sectores de la actividad, salvo por la Federación del Autotransporte de Carga (Fadeeac) que lo rechazó. Ese reclamo, que anualizado equivale a más de un 60% de incremento, representa un desafío serio para los planes de Alberto Fernández de "desindexar" la economía.
 
En vistas del reto planteado, el Presidente no se quedó atrás y salió a marcar la cancha ayer al pedir a los gremios que "no hagan pedidos desmedidos". El cotitular de la CGT, Carlos acuña, había reclamado antes "aumentos por encima de la inflación". De inmediato, el mensaje de Fernández cosechó elogios entre los empresarios del Grupo de los Seis, en donde destacaron los problemas que todavía atraviesa la economía, en particular la falta de reactivación y las altas tasas de interés.
 
"No hay plata para pagar pedidos desmedidos, valoramos mucho lo expresado", dijo a iProfesional el titular de la Cámara de Comercio, Mario Grinman.
 
 
Baradel, bajo la lupa
  
Las miradas están puestas ahora en los docentes, un sector que figura entre los más atrasados en materia salarial y que está primero en la primera ronda de paritarias en camino. Los principales gremios educativos mantienen una buena relación con el Gobierno a través del titular del sindicato de maestros bonaerenses (Suteba), Roberto Baradel, y el de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.
 
El maestro de la central alternativa había sido uno de los promotores de un congelamiento salarial a cambio de una recomposición inicial de los ingresos, una propuesta que finalmente no prosperó. Ahora, sin embargo, la suma fija genera incertidumbre en el sindicalismo, en donde no descartan la posibilidad de que las medidas de emergencia terminen por encorsetar las negociaciones.
 
"El aumento por decreto es inyectar plata en el mercado para reactivar Pymes que venden a mercado interno, pero tambien puede ser un parámetro para la negociacion", dijo a este medio el líder de los aceiteros, Daniel Yofra. "No son muy claros sobre si las paritarias son libres", agregó.
 
El gremio viene de obtener esta semana un bono récord de casi $52.000 para los trabajadores de la industria y es uno de los pocos, junto a los bancarios, que en los últimos cuatro años lograron ganarle a la inflación. El resto quedaron todos por detrás. Los datos difundidos ayer por el INDEC muestran que en octubre los salarios aumentaron 42%, lo que representa una pérdida del 5,7% de su poder adquisitivo frente a la inflación.
 
Los pedidos de moderación salarial parecen ir en línea con las últimas medidas anunciadas para los jubilados, que fijaron un aumento en los haberes mínimos hasta un tope de $19.068 en perjuicio de las categorías superiores a ese valor. El Ejecutivo fundamentó la decisión en la necesidad de que los propios asalariados hicieran el "esfuerzo" para ayudar a los de menores ingresos en un marco de restricciones fiscales y la intención de las autoridades de cuidar los recursos para poder pagar la deuda externa.
 
Los funcionarios saben que el plan de reactivación depende de un repunte de la demanda, pero también de la inversión privada. El sistema de emergencia prevé además un control férreo de las principales variables de la economía. Esto es el dólar, las tasas, las tarifas, los precios (aunque ayer se anuló la eliminación del IVA a la canasta básica) y los salarios. Ahí es donde las señales de resistencia expresadas por el camionero podrían entrar en cortocircuito con la expectativa oficial de lograr la "consistencia" macroeconómica.
 
Por Juan Manuel Barca
 
Fuentes: iProfesional y Página12
 

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08-08-2020 / 11:08
08-08-2020 / 10:08
"La negociación se parece a la cuarentena: es mucho más larga de lo que requería el problema", fue el comentario despectivo de Alfonso Prat Gay sobre el ministro Martín Guzmán que negociaba una deuda imposible de pagar cuya mayor parte fue tomada durante su gestión.
 
El ex ministro de Mauricio Macri rompió todas las marcas al demostrar que su impericia en el manejo de la economía hubiera sido peor como infectólogo. Cosas veredes amigo Sancho, que nunca crederes: un ex ministro que critica al que resolvió el desastre que él creó, más un sector de la oposición que apostó al fracaso de la negociación y al desborde de la pandemia.
 
La chorrada de críticas que recibió Guzmán mientras negociaba la deuda provenía de estos personajes. "Se podría haber logrado un acuerdo mejor", dijo el caradura de Prat Gay en otras declaraciones. Cuando le tocó negociar con los fondos buitres, Prat Gay les pagó más de lo que habían reclamado. Eso sí: en tiempo récord.
 
Si lo que quería Prat Gay era sobreendeudar al país, fue el mejor ministro de Economía de la historia. ¿Y los argentinos? bien gracias. Pero después de esa performance más que desastrosa, la corporación de medios y sectores empresarios y de las finanzas lo siguen tomando como referente de consulta.
 
Se confirma esa visión que apuntó Jorge Alemán sobre un discurso de la política como especie de locura sin anclaje en la realidad. Se contrapone a la realidad. En esa nueva racionalidad de la derecha, el que se guía por la realidad resulta un fanático que se niega al discurso mágico.
 
Los medios y periodistas de derecha le van a preguntar a Prat Gay porque lo escucha un empresario aunque perdió plata, así como lo escuchan comerciantes que se fundieron con sus medidas. Desconfían del muchacho de 38 años que les salvó la vida porque es académico y votarían de nuevo al que los llevó a la ruina.
 

07-08-2020 / 10:08
Aunque hace tiempo que nadie en el poder se lo toma demasiado en serio ni le pide opinión, Guillermo Moreno pudo haber sido la excepción que confirmara la regla. El acuerdo que enhebró Martín Guzmán con los acreedores privados para aplazar y aliviar los pagos de la deuda jamás haría desdecirse al pintoresco exsecretario de Comercio, quien semanas atrás vaticinó que fracasaría porque le faltaba "haber pateado más la calle".
 
En el mundo empresario, entre los apostadores bursátiles y entre los consultores más cotizados de la City, en cambio, no hubo ningún reparo para la pirueta: hasta quienes le pedían el mes pasado a Alberto Fernández que lo eche -en público y en privado- se vistieron de guzmanistas de la primera hora. Todos salieron a gritar el gol que añoraban tanto la hinchada como el técnico, aun cuando está lejos de haber definido el partido.
 
Puertas adentro de la coalición, el primero en cantarlo fue Sergio Massa, quien no solo había convocado varias veces durante abril y mayo a su propio gabinete económico para interconsultas sino quien además entabló diálogos paralelos con Wall Street que obligaron al Presidente a avisar en tres ocasiones que el único interlocutor oficial era Guzmán.
 
Pasado pisado: tanto se apuró el jefe de Diputados en sacar pecho por el entendimiento que incluso primereó a Fernández. Pidió disculpas.
 
El recorrido de Guzmán antes del cierre de las negociaciones reflejó fielmente el equilibrio de fuerzas en el Frente de Todos
 

07-08-2020 / 10:08
En plena recesión y en medio del proceso de flexibilización de las restricciones por la pandemia, el debate sobre cómo sería la recuperación de la economía toma vigencia. ¿Cómo será? ¿Un dibujo en V? ¿Será acaso más apaisada? ¿O la Argentina estará condenada a convivir con una L, en el mejor de los casos, castigada por la crisis permanente?
 
Ese debate se mezcla con la política. María Eugenia Vidal, por caso, levantó el perfil público el jueves por la mañana en un "zoom" en el que planteó -en base a su economista de cabecera, Hernán Lacunza, que la economía caerá este año un 12%, pero que en 2021 no podrá recuperar lo perdido.
 
Más optimista, el economista Emmanuel Álvarez Agis -cercano ideológicamente a la Casa Rosada- cree que la actividad se recuperará pero para asegurarlo reclama una mayor y decisiva participación del Estado, a través del gasto público.
 
"Ahora que arreglamos con los acreedores llegó el momento de gastar. En la pandemia, hay que gastar más. El Estado argentino gasta la mitad que su par de Chile o Perú. Y mucho menos que Brasil", argumenta Agis.
 
Desde Economía se aboga por un ordenamiento fiscal, de cara a las inminentes negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Pero no sólo por eso. Martín Guzmán demostró desde un primer momento que valora la cautela a la hora de programar el gasto público, lo que quedó a la vista cuando se suspendió la actualización automática de las jubilaciones.
 
En el Gobierno creen que esta semana fue la mejor desde que Alberto Fernández se puso la banda presidencial.
En el equipo económico sospechan que la buena onda perdurará. Y no lo avalan por una cuestión de fe religiosa. Los funcionarios comparten algunos de los datos positivos de la actividad, que los sorprendió gratamente a ellos mismos.
 
Juzgan, sin temor a hacerlo con premura, que se trata de los primeros indicios de una recuperación veloz. Incluso destacan la "V corta" de la palabra "veloz".
 

06-08-2020 / 11:08
La valiente fiscal Gabriela Boquin, quien llevó adelante la acusación contra la familia Macri en la causa Correo Argentino, denunció este miércoles ante una comisión bicameral que una empleada de su fiscalía "le entregaba documentación en pleno trámite de la investigación de la causa al diputado (del Pro) Pablo Tonelli" y que al denunciar esa situación ante su superior, el Procurador interino, Eduardo Casal, "no tomó ninguna medida al respecto".
 
Boquin expuso este miércoles ante la comisión bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. La semana pasada, Casal, quien asumió como jefe de los fiscales durante la gestión de Cambiemos, le inició un sumario administrativo por supuesto maltrato y mobbing laboral a ex empleados de la fiscalía.
 
La comisión bicameral tiene previsto volver a reunirse en diez días para tratar una serie de denuncias y pedidos de juicio político contra Casal por supuestas arbitrariedades en traslados y medidas disciplinarias contra fiscales que investigaban al macrismo.
 
En su presentación, la fiscal Boquin, que interviene en una de las causas más complicadas para el ex presidente y su familia, dijo: "Es falaz decir que se retiraron de mis dependencias por maltratos o pidieron traslados. Esto no existió. Es más, a una de las testigos el traslado lo pedí yo".
 
Y amplió Boquin que realizó ese pedido "por falta de confianza" de la empleada de su fiscalía tras "descubrir que le entregaba documentación en pleno trámite de la investigación de la causa Correo Argentino al diputado Pablo Tonelli".
 
"Esa documentación que le pasaba y que le iba comunicando los pasos del expediente a Tonelli estaban relacionados con su propia vinculación en la causa porque cuando yo denuncié el vaciamiento, estaban las facturas de Tonelli por millones de pesos retirando dinero de Correo Argentino", agregó la fiscal. 
 

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