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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 03-01-2020 / 08:01
EL GOBIERNO DEFINE LOS DETALLES CON GREMIOS Y EMPRESAS

Madura el aumento salarial por decreto

Madura el aumento salarial por decreto
El Gobierno nacional está terminando de delinear el decreto por el cual dispondrá que las empresas del sector privado otorguen aumentos a sus empleados de forma obligatoria y a cuenta de las paritarias 2020. También alcanzará a los empleados públicos.
El Gobierno nacional está terminando de delinear el decreto por el cual dispondrá que las empresas del sector privado otorguen aumentos a sus empleados de forma obligatoria y a cuenta de las paritarias 2020. También alcanzará a los empleados públicos.
 
La idea es adelantar el impacto positivo que tienen las paritarias en el consumo y la actividad productiva, de modo que con el sueldo de enero, que se cobra en febrero, cada empleado del sector privado registrado reciba entre 2 y 3 mil pesos durante tres meses, hasta que comiencen a regir las nuevas negociaciones salariales.
 
Los gremios quieren que el aumento sea remunerativo desde el momento en que se paga, aunque podría terminar de incorporarse al sueldo una vez que corra el nuevo período paritario. Otro punto de conflicto es el enganche del adelanto con horas extras y otros ítems que exceden al salario de convenio.
 
"Estamos tratando de garantizar un aumento mínimo", dijo el Presidente Alberto Fernández. Según el artículo 54 de la ley de solidaridad y reactivación productiva, el Congreso faculta al Poder Ejecutivo a disponer que las empresas del sector privado "abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos" y que además esos pagos estén eximidos temporalmente de la "obligación del pago de aportes y contribuciones previsionales".
 
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, junto a su par de Desarrollo Productivo, recibieron días atrás a representantes de la UIA y de la CGT para acordar los puntos generales de la idea del aumento por decreto y acercar posturas políticas.
 
Los funcionarios plantearon la intención del Gobierno de recomponer el consumo, por lo cual se lanzaron los bonos a los jubilados y titulares de Asignación Universal por Hijo. En ese mismo sentido está el adelanto que tendrán que pagar las empresas del sector privado, que será una suma fija por tres meses.
 
El aumento sería extensivo a todos los trabajadores del sector privado y los gremios presionan para que tenga carácter remunerativo. "Será un acuerdo de suma fija que haga subir los salarios de los que están más abajo para inyectar una masa salarial para reactivar el consumo", señaló el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero

Se calcula que a lo largo de la desastrosa gestión Cambiemos, el poder adquisitivo del salario del sector privado tuvo una reducción promedio del 20 por ciento. En tanto, los últimos datos disponibles muestran que el consumo sigue por el piso.
 
La intención oficial de mejorar la posición relativa del salario se enfrenta a la resistencia empresarial, que argumenta que atraviesa una situación de crisis de rentabilidad. Pero además, deberá convivir con la necesidad de reducir la inflación con respecto a los últimos años.
 
La Opinión Popular

 
La pulseada real tras el aumento por decreto: los gremios temen que haya "cepo" a las paritarias
 
La estrategia del Gobierno para reactivar la economía y "redistribuir" el ingreso enfrenta por estas horas un test clave: la aprobación de Hugo Moyano.
 
Sucede que el inminente decreto para fijar un aumento salarial de entre $5.000 y $9.000 no entusiasma a los gremios con salarios más elevados, como es el caso de los camioneros. En el entorno del extitular de la CGT temen que la suma fija de caracter remunerativo impacte negativamente en las escalas y termine funcionando como una suerte de "cepo" a las paritarias, condicionando la capacidad de negociación de los sindicatos.
 
El líder sindical le hizo llegar su preocupación al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en la reunión que mantuvieron este martes antes de Año Nuevo en la Federación Nacional de Choferes de Camiones. Junto a sus hijos Pablo y Hugo Moyano, Omar Perez "Manguera" y otros dirigentes, el dirigente pidió que "las paritarias sean libres y que los empresarios, que durante cuatro años tuvieron el amparo que recibieron por parte del saliente presidente Mauricio Macri, dejen de especular con los salarios y que de una vez por todas entiendan que los trabajadores son la verdadera riqueza del país". También reiteró su rechazo a cualquier intento de reforma laboral.
 
 
El temor a un nuevo "techo"
 
La idea del Gobierno es recomponer los salarios de los convenios más castigados por la inflación mediante la fijación de un monto mínimo. Por ejemplo, si este fuera de $6.000 mensuales, la suba sería de entre el 30% y 24% en actividades con salarios de entre $20.000 y $25.000, respectivamente. Estos incrementos serían absorbidos luego por las paritarias del 2020, mientras que las correspondientes al 2019 seguirían su curso hasta completar el acuerdo vigente.
 
"Lo que buscamos es recomponer el salario de los que peor están. La suma fija nos ayuda a compensar esas inequidades con una inflación de casi 55 puntos", explicó ayer el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, durante una conferencia.
 
Pero en el entorno de Moyano desconfían del nuevo esquema salarial. En primer lugar, temen que el incremento por decreto se convierta en un techo antes que en un piso y que finalmente postergue el inicio de las negociaciones. "Te ponen dos sumas fijas, te dicen que es el aumento que hay a cuenta de las paritrias y te marcan la cancha, ¿después como abrís paritarias?", se preguntan cerca del camionero.
 
La otra queja apunta al "achatamiento" que provocará el monto fijo sobre los salarios de la actividad que parten de $45.000 y en larga distancia desde los $60.000. Aunque en su caso la suma podría llegar hasta los $18.000, aseguran que esas cifras "no representa nada para los camioneros".
 
En medio de estas tensiones, los movimientos del sindicalista son seguidos de cerca por el Gobierno. En Casa Rosada saben que las pretensiones salariales de Moyano funcionan como una suerte de "faro" y que el gremio representa, además, a los sectores más duros del sindicalismo, enfrentados al ala dialoguista al frente de la CGT. Cerca de Cristina Kirchner también recuerdan el rol protagónico que adquirió el camionero en la protesta callejera, tras romper con la expresidenta en 2010.
 
Sin ánimos de replicar esa experiencia por ahora, Moyano elevó un pedido de aumento del 33% para el primer semestre, luego de obtener un bono de $20.000 en varios sectores de la actividad, salvo por la Federación del Autotransporte de Carga (Fadeeac) que lo rechazó. Ese reclamo, que anualizado equivale a más de un 60% de incremento, representa un desafío serio para los planes de Alberto Fernández de "desindexar" la economía.
 
En vistas del reto planteado, el Presidente no se quedó atrás y salió a marcar la cancha ayer al pedir a los gremios que "no hagan pedidos desmedidos". El cotitular de la CGT, Carlos acuña, había reclamado antes "aumentos por encima de la inflación". De inmediato, el mensaje de Fernández cosechó elogios entre los empresarios del Grupo de los Seis, en donde destacaron los problemas que todavía atraviesa la economía, en particular la falta de reactivación y las altas tasas de interés.
 
"No hay plata para pagar pedidos desmedidos, valoramos mucho lo expresado", dijo a iProfesional el titular de la Cámara de Comercio, Mario Grinman.
 
 
Baradel, bajo la lupa
  
Las miradas están puestas ahora en los docentes, un sector que figura entre los más atrasados en materia salarial y que está primero en la primera ronda de paritarias en camino. Los principales gremios educativos mantienen una buena relación con el Gobierno a través del titular del sindicato de maestros bonaerenses (Suteba), Roberto Baradel, y el de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.
 
El maestro de la central alternativa había sido uno de los promotores de un congelamiento salarial a cambio de una recomposición inicial de los ingresos, una propuesta que finalmente no prosperó. Ahora, sin embargo, la suma fija genera incertidumbre en el sindicalismo, en donde no descartan la posibilidad de que las medidas de emergencia terminen por encorsetar las negociaciones.
 
"El aumento por decreto es inyectar plata en el mercado para reactivar Pymes que venden a mercado interno, pero tambien puede ser un parámetro para la negociacion", dijo a este medio el líder de los aceiteros, Daniel Yofra. "No son muy claros sobre si las paritarias son libres", agregó.
 
El gremio viene de obtener esta semana un bono récord de casi $52.000 para los trabajadores de la industria y es uno de los pocos, junto a los bancarios, que en los últimos cuatro años lograron ganarle a la inflación. El resto quedaron todos por detrás. Los datos difundidos ayer por el INDEC muestran que en octubre los salarios aumentaron 42%, lo que representa una pérdida del 5,7% de su poder adquisitivo frente a la inflación.
 
Los pedidos de moderación salarial parecen ir en línea con las últimas medidas anunciadas para los jubilados, que fijaron un aumento en los haberes mínimos hasta un tope de $19.068 en perjuicio de las categorías superiores a ese valor. El Ejecutivo fundamentó la decisión en la necesidad de que los propios asalariados hicieran el "esfuerzo" para ayudar a los de menores ingresos en un marco de restricciones fiscales y la intención de las autoridades de cuidar los recursos para poder pagar la deuda externa.
 
Los funcionarios saben que el plan de reactivación depende de un repunte de la demanda, pero también de la inversión privada. El sistema de emergencia prevé además un control férreo de las principales variables de la economía. Esto es el dólar, las tasas, las tarifas, los precios (aunque ayer se anuló la eliminación del IVA a la canasta básica) y los salarios. Ahí es donde las señales de resistencia expresadas por el camionero podrían entrar en cortocircuito con la expectativa oficial de lograr la "consistencia" macroeconómica.
 
Por Juan Manuel Barca
 
Fuentes: iProfesional y Página12
 

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01-12-2025 / 09:12
En Diputados, con una impunidad ante la que vale detenerse, la legisladora macrista Marilú Quiroz organizó una jornada de seis horas contra "la obligatoriedad y compulsividad" de las vacunas, abarcando relacionarlas con el autismo. Vimos a un tipo que, a torso descubierto, se mostró imantado por efecto de la inoculación. En 2014 ya habían montado el mismo circo, en una actuación televisiva y con otro protagonista, y adjudicándoselo a otros factores. Los objetos metálicos "se le pegan al cuerpo", ratificaron esta vez tras varios intentos fallidos.
 
Lo más parecido a esto que se vio el jueves debe ser el conjunto de infradotados, vestidos de búfalo, que tomaron el Capitolio el 6 de enero de 2021. El acto, el de acá, fue autorizado por la presidencia de la Cámara de Diputados.
 
Al margen del espanto y las denuncias de toda autoridad científica, ya con siete niños muertos de sarampión y tos convulsa por no estar vacunados, se desconocen presentaciones judiciales o procederes de oficio. Hubo un delito. Un atentado contra la salud pública.
 
¿Hecho menor, por haberse tratado de un grupo de delirantes bien que ocupando parte del edificio parlamentario? ¿O símbolo gigantesco?
 
Basta recorrer por encima los temas dominantes de la agenda publicada para advertir el momento prácticamente bizarro de nuestra política. Es el accionar gubernamental, es la plancha desconcertante en que está sumida la oposición y son las consecuencias de ese estadio. ¿Será la calma o desviación temática que preceden a alguna tormenta o, acaso, un clima destinado a permanecer durante largo rato?
 
La guerra entre la AFA, el Gobierno y los medios oficialistas, operada desde el efectismo de un campeonato de escritorio y una formación de pasillo dando la espalda a los campeones, se lleva por varios cuerpos el conversatorio periodístico, digital y vaya a saberse si, también, masivo. Es de esos disparadores que invitan a la básica y poderosa pregunta de si no pasa nada más importante en el país.
 
Los títulos de casi toda la prensa ametrallan sin parar, incluso a través de "noticias" y variantes fragmentadas -sobre el mismo tópico- que se suceden una tras otra. Pocas veces se vio algo semejante, tan desembozado.
 
Hasta un imberbe percibiría que no destrozan a la AFA por sus desaguisados ni por arbitrajes escandalosos, que desde ya sobran. El centro indesmentible es privatizar la actividad futbolística hasta el extremo que sea posible, pero eso ni siquiera es mencionado de refilón por la militancia independiente de los bufones oficiales.
 
Desde el Presidente de la Nación hasta su ministra de Seguridad instalaron el asunto con rango de gravedad nacional. Se supone que una cosa es la pasión desenfrenada que el fútbol desata en Argentina. Y que otra, completamente distinta, es llevar el caso a una cuestión de Estado ligada a negociados formidables. Sólo se supone.
 

30-11-2025 / 12:11
La concentración de fachos en Plaza de Mayo para pedir por la libertad de los represores fue un fracaso. No fue nutrida ni contó con la asistencia de las caras más conocidas del reclamo pro-dictadura. Sus organizadores debieron levantar sus petates a las apuradas cuando un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) se acercó para avisarles que estaba llegando la manifestación por Palestina, que los sextuplicaba en participantes.
 
El que recibió el mensaje fue Guillermo Sottovia, uno de los organizadores de la movida fallida, que dice ser piloto civil e hijo de un oficial de la Aeronáutica. A Sottovia no le quedó más remedio que agarrar el megáfono maltrecho que tenían e iniciar la retirada. -Nos tenemos que ir, no por cobardes, sino para demostrar que ellos son los violentos -dijo.
 
Hasta segundos antes, Sottovia había estado a los abrazos con Carlos Pampillón, el dirigente neonazi marplatense procesado por atacar un monumento a la Memoria, la Verdad y la Justicia. Pampillón palmeaba a algunos hombres con uniformes y los llamaba "héroes" mientras se abría paso por la Plaza de Mayo.
 
Asunción Benedit estaba contenta porque casi había más fotógrafos que concurrentes. Ella se había puesto un pañuelo negro en la cabeza como forma de identificarse: no solo en oposición a las Madres de Plaza de Mayo sino porque también dice estar de "luto" por los represores presos.
 
Según las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), hay 22 criminales de lesa humanidad presos en cárceles comunes y 63 en la Unidad 34 de Campo de Mayo, considerada una prisión VIP por sus comodidades.
 
Tanto Asunción como su hermano, el diputado nacional entrerriano Beltrán Benedit, suelen visitar a los condenados y procesados por secuestrar, torturar y desaparecer personas. Ella sostiene que no solo hay que pedirle al gobierno de Javier "el Loco" Milei por su libertad, sino también reivindicar su accionar represivo.
 
"La esperanza es lo último que se pierde", dijo la mujer que pululó por distintas organizaciones pro-dictadura. "De hecho podemos estar haciendo este reclamo. Si fuera con otro gobierno, ya estaríamos presos", concedió, aunque no esconde su desazón porque la administración de La Libertad Avanza (LLA) no hizo más para tener al genocida Alfredo Astiz y compañía fuera de las cárceles.
 
Conformaron un grupúsculo que se dio en llamar Unidos por la Sangre Derramada, pero, en realidad, lo que derramaron fueron peleas internas. Hasta hace diez días, Orlando González se presentaba como el coordinador general de la iniciativa. El tema se complicó cuando se contó quién era el personaje: un represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) condenado a prisión perpetua y que se encuentra en arresto domiciliario. Aficionado a la fotografía, el "Hormiga" González solía retratar a sus víctimas.
 
En Plaza San Martín se hicieron grandes actos para oponerse a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia del kirchnerismo y para reclamar una amnistía general. Las concentraciones eran mucho más nutridas que las de este sábado en Plaza de Mayo. Pese a eso, con megáfono en mano, Sottovia afirmaba: "Tenemos poder ahora de cambiar la historia. Nunca se hizo un acto como éste". Patético.
 
La Opinión Popular
 

29-11-2025 / 10:11
Con un señor en cueros haciendo equilibrio para que no se le caiga un pedazo de fierro que sostenía en sus grandes pectorales flácidos empezó en el Congreso la reunión antivacunas que convocó la diputada oficialista Marilú Quiroz.
 
El hombre quedó "imantado" por las vacunas, según denunciaron, mientras el Senado retrasaba, hasta que ingresen los nuevos senadores, la discusión sobre la incorporación de la rionegrina oficialista Lorena Villaverde, ya rechazada por la comisión de Asuntos Constitucionales por sus antecedentes vinculados con el narcotráfico.
 
El INDEC retocó los índices de crecimiento para ocultar que el país está en recesión desde principios de año. Pero cuando se habla con los industriales, parecen vacas que van al matadero al balbucear que igual respaldan a este gobierno "porque es el único que se preocupó por la macro".
 
La pobreza de pensamiento de la clase empresarial produce hasta molestia física. Cuestionan aspectos como los antivacunas o la corrupción del famoso tres por ciento, pero no pueden ver que se intenta cambiar la matriz productiva y que el primer paso es el industricidio.
 
Aplauden como focas un proyecto de reforma laboral que atrasa 200 años las relaciones de trabajo, mientras tienen que cerrar sus propias empresas. Esta semana Whirlpool cerró la fábrica de Pilar, que había inaugurado hace tres años con una inversión de 50 millones de dólares.
 
Desde noviembre de 2023, cerraron más de quince mil empresas. Las patronales del campo pensaban que tenían la vaca atada pero ahora, con un dólar barato, tienen que afrontar insumos inflacionados, rutas abandonadas e inundaciones y sequias sin asistencia.
 
"Unos 220 obreros quedaron en la calle por el cierre de Whirlpool" adujo el periodista. El economista oficialista Miguel Boggiano, hijo de un ex juez de la Corte menemista, explicó: "Pero ahora tenés a 850 mil que van a comprar más barato el lavarropa". Aplazado el economista Boggiano, porque los desocupados y los que tienen bajos salarios dejaran de comprar lavarropas, heladeras, televisores, bicicletas, motos, etc., etc. Sin comprar nada de eso, la mayoría de los argentinos no llega a fin de mes con lo que gana.
 
Con este proyecto de país, industriales y comerciantes se van al bombo o se ajustan y los patrones rurales se achican. En contrapartida, las tecnológicas, extremistas del discurso anti Estado, reciben subsidios. El capital concentrado trata de volcarse a la energía, la minería y la timba financiera, que son los únicos que crecieron realmente. Y el INDEC funciona como vaselina con dibujos de los índices de crecimiento, de inflación o de consumo, para que el infierno parezca paraíso.
 
El Gobierno que salió airoso de las elecciones de medio término, ahora se dirige a cobrar el premio. Un Consejo de Mayo inútil, que no resuelve nada, pensado para una foto mentirosa que quiera dar la imagen de "diálogo", anunció que antes de fin de año el gobierno enviará al Congreso un proyecto de Reforma Laboral, que no tuvo consenso ni fue aprobado por ese Consejo por el nivel esclavista que propone para los trabajadores.
 

28-11-2025 / 10:11
El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, alertó por el cierre de empresas en Argentina, y entre las principales causas detalla la baja en el consumo y la apertura de importaciones que impulsa el gobierno de Javier "el Loco" Milei. Diab mencionó el reciente cierre de Whirlpool, que dejó a 220 personas sin trabajo, y el de la láctea La Suipachense señalando que estas no son "grandes empresas" pero si son significativas.
 
Vale recordar que la CAME tomó partido por Milei antes del balotaje con Sergio Massa, apoyó públicamente el mega DNU del presidente en diciembre de 2023 sobre la desregulación total de la economía y respaldó junto a otras cámaras de grandes empresas el endeudamiento de Luis Caputo ante el FMI.
 
En primer lugar, el presidente de CAME sostuvo que la baja en el consumo "hace que el comercio en sí mismo no demande a la industria producto por este mismo motivo. Nosotros solicitamos otras alternativas de incentivo al consumo, en lo que tenía que ver con los planes de cuota a largo plazo que dio en un momento facilidades en la forma de estirar el salario".
 
Sin embargo, indicó que no tuvo éxito porque el Estado no interviene en las cuestiones de los privados: "Si los bancos no acceden, no aceptan o las plataformas de tarjeta, es muy difícil llevarlo a cabo". A esto se le suma la apertura de importaciones: "Muchas empresas ven que no son competitivas con respecto a productos que vienen fundamentalmente de China". El empresario señaló que incluso en rubros como el alimenticio se observa un aumento de productos importados que compiten con los nacionales.
 
Aunque el comercio internacional es "imprescindible", para Diab en el crecimiento económico en tecnología y materias primas, ciertos sectores nacionales no logran ser competitivos, lo que "lleva al cierre". Observó, además, que la tendencia es "creciente", al punto que empresarios que no tenían entre sus proyectos ser importadores, ahora lo están analizando.
 
El dirigente también destacó el impacto de la carga tributaria en la competitividad de las empresas argentinas. "Si sabemos que automáticamente cualquiera de nuestros productos tiene un 50% de impuesto, ya partimos de una situación impositiva muy difícil de resolver", afirmó, y comparó la situación con otros países que tienen menores cargas o distintos estilos de producción.
 
En cuanto al mercado laboral, Diab fue contundente al señalar que "en línea genérica, no hay actividad que esté demandando empleo". Explicó que, aunque una adecuación de la legislación laboral es necesaria, no será suficiente "si no hay demanda productiva". El presidente de CAME reconoció que, si bien la gente no consume porque "no tiene salarios buenos", las propias empresas, en especial las PyMEs, están imposibilitadas de mejorar esos salarios sustancialmente debido a la falta de rentabilidad y la fragilidad del contexto económico.
 
La industria nacional, a contramano de los datos que promociona el Gobierno de Milei, sigue en un pozo del que no puede salir. "Estamos inmersos casi en un círculo negativo donde los mismos que declamamos no lo podemos llevar a cabo fácilmente", afirmó. Además, el dirigente mencionó que, si bien han dialogado con el Gobierno, "el Estado hoy no interviene absolutamente en nada que tenga que ver los privados".
 
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27-11-2025 / 10:11
El industricidio avanza gracias a las políticas neoliberales de Javier "el Loco" Milei y Luis "Toto" Caputo. Ya pasó un mes de aquellas elecciones legislativas donde Milei logró un triunfo que hizo crecer la soberbia de su gobierno, lo cual impulsa la reforma laboral que propone. No obstante, se enfrenta a un panorama complicado que lo desafía por completo.

A un mes de la "Argentina" violeta, se acumulan los despidos en fábricas ante la apertura de importaciones. Whirlpool cerró la planta de Pilar inaugurada en 2022 y despidió a sus 220 trabajadores. Asimismo, el consumo continúa en caída libre mientras que diciembre se avecina con nuevos aumentos que sigue golpeando más de un bolsillo. Por su parte, el salario continúa congelado y no hay sueldo que aguante.

Sin embargo, el Gobierno anarco capitalista hace vista ciega y avanza a fondo por la reforma laboral. Tal es así que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reunió este miércoles (26/11) en Casa Rosada a los miembros del Consejo de Mayo y, pese a la falta de consensos, anunció que la administración libertaria enviará el proyecto al Congreso el próximo 9 de diciembre.

Si los tiempos avanzan como pretende Milei, la reforma laboral se debatirá al filo o durante la Navidad y Año Nuevo anticipando semanas difíciles para aquellos trabajadores que perdieron su empleo, lo que se intensificó en los últimos días luego de la victoria electoral de La Libertad Avanza, donde nada cambió para la economía real pese al rescate del INDEC.

Las pálidas continúan y están a la vista de todos los argentinos. Sin ir más lejos, los datos del último informe de CEPA, que abarca hasta agosto, sostienen que desde que Milei inició su gestión, por día cierran 30 empresas y, en total, se destruyeron 276.000 puestos de trabajo registrados. "Creer o reventar", dice la frase.

Por su parte, el INDEC que conduce Marco Lavagna quedó en el centro de una nueva polémica por una sugestiva corrección de los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) para evitar que la economía entre en recesión técnica. El organismo que en septiembre la actividad económica tuvo un incremento de 0,5% en comparación con agosto, un dato mucho mejor que el estimado por las consultoras privadas que preveían una caída de entre 0,1% y 0,3%. Dibujando los números, el gobierno logró evitar ese título negativo pese que el tercer trimestre fue el más afectado por la inestabilidad económica consecuencia de las elecciones.

En tanto, los principales bancos y consultoras nacionales e internacionales recortaron sus previsiones de crecimiento para la economía argentina en 2026. Según el relevamiento de FocusEconomics, el Producto Bruto Interno se expandirá menos de la estimación previa. El ajuste refleja un escenario menos optimista y expone el desgaste del discurso libertario, que hasta ahora muestra más promesas que resultados.

El relato libertario remacha que la economía empieza a mostrar signos de recuperación, pero la realidad en las góndolas y en los bolsillos cuenta otra historia. El consumo masivo sigue estancado, sin el menor atisbo de mejora en la segunda mitad del año. Los datos publicados por el Indec este miércoles son contundentes: las ventas en supermercados cayeron a nivel intermensual y ya suman seis meses consecutivos de baja hasta septiembre. El golpe al consumo es tan fuerte que, en la comparación interanual, las ventas también retrocedieron. El ingreso de productos importados que compiten con los de fabricación nacional, el dólar barato y el encarecimiento de los costos productivos alientan la desindustrialización y el desempleo.

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