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Nacionales - 03-01-2020 / 08:01
EL GOBIERNO DEFINE LOS DETALLES CON GREMIOS Y EMPRESAS

Madura el aumento salarial por decreto

Madura el aumento salarial por decreto
El Gobierno nacional está terminando de delinear el decreto por el cual dispondrá que las empresas del sector privado otorguen aumentos a sus empleados de forma obligatoria y a cuenta de las paritarias 2020. También alcanzará a los empleados públicos.
El Gobierno nacional está terminando de delinear el decreto por el cual dispondrá que las empresas del sector privado otorguen aumentos a sus empleados de forma obligatoria y a cuenta de las paritarias 2020. También alcanzará a los empleados públicos.
 
La idea es adelantar el impacto positivo que tienen las paritarias en el consumo y la actividad productiva, de modo que con el sueldo de enero, que se cobra en febrero, cada empleado del sector privado registrado reciba entre 2 y 3 mil pesos durante tres meses, hasta que comiencen a regir las nuevas negociaciones salariales.
 
Los gremios quieren que el aumento sea remunerativo desde el momento en que se paga, aunque podría terminar de incorporarse al sueldo una vez que corra el nuevo período paritario. Otro punto de conflicto es el enganche del adelanto con horas extras y otros ítems que exceden al salario de convenio.
 
"Estamos tratando de garantizar un aumento mínimo", dijo el Presidente Alberto Fernández. Según el artículo 54 de la ley de solidaridad y reactivación productiva, el Congreso faculta al Poder Ejecutivo a disponer que las empresas del sector privado "abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos" y que además esos pagos estén eximidos temporalmente de la "obligación del pago de aportes y contribuciones previsionales".
 
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, junto a su par de Desarrollo Productivo, recibieron días atrás a representantes de la UIA y de la CGT para acordar los puntos generales de la idea del aumento por decreto y acercar posturas políticas.
 
Los funcionarios plantearon la intención del Gobierno de recomponer el consumo, por lo cual se lanzaron los bonos a los jubilados y titulares de Asignación Universal por Hijo. En ese mismo sentido está el adelanto que tendrán que pagar las empresas del sector privado, que será una suma fija por tres meses.
 
El aumento sería extensivo a todos los trabajadores del sector privado y los gremios presionan para que tenga carácter remunerativo. "Será un acuerdo de suma fija que haga subir los salarios de los que están más abajo para inyectar una masa salarial para reactivar el consumo", señaló el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero

Se calcula que a lo largo de la desastrosa gestión Cambiemos, el poder adquisitivo del salario del sector privado tuvo una reducción promedio del 20 por ciento. En tanto, los últimos datos disponibles muestran que el consumo sigue por el piso.
 
La intención oficial de mejorar la posición relativa del salario se enfrenta a la resistencia empresarial, que argumenta que atraviesa una situación de crisis de rentabilidad. Pero además, deberá convivir con la necesidad de reducir la inflación con respecto a los últimos años.
 
La Opinión Popular

 
La pulseada real tras el aumento por decreto: los gremios temen que haya "cepo" a las paritarias
 
La estrategia del Gobierno para reactivar la economía y "redistribuir" el ingreso enfrenta por estas horas un test clave: la aprobación de Hugo Moyano.
 
Sucede que el inminente decreto para fijar un aumento salarial de entre $5.000 y $9.000 no entusiasma a los gremios con salarios más elevados, como es el caso de los camioneros. En el entorno del extitular de la CGT temen que la suma fija de caracter remunerativo impacte negativamente en las escalas y termine funcionando como una suerte de "cepo" a las paritarias, condicionando la capacidad de negociación de los sindicatos.
 
El líder sindical le hizo llegar su preocupación al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en la reunión que mantuvieron este martes antes de Año Nuevo en la Federación Nacional de Choferes de Camiones. Junto a sus hijos Pablo y Hugo Moyano, Omar Perez "Manguera" y otros dirigentes, el dirigente pidió que "las paritarias sean libres y que los empresarios, que durante cuatro años tuvieron el amparo que recibieron por parte del saliente presidente Mauricio Macri, dejen de especular con los salarios y que de una vez por todas entiendan que los trabajadores son la verdadera riqueza del país". También reiteró su rechazo a cualquier intento de reforma laboral.
 
 
El temor a un nuevo "techo"
 
La idea del Gobierno es recomponer los salarios de los convenios más castigados por la inflación mediante la fijación de un monto mínimo. Por ejemplo, si este fuera de $6.000 mensuales, la suba sería de entre el 30% y 24% en actividades con salarios de entre $20.000 y $25.000, respectivamente. Estos incrementos serían absorbidos luego por las paritarias del 2020, mientras que las correspondientes al 2019 seguirían su curso hasta completar el acuerdo vigente.
 
"Lo que buscamos es recomponer el salario de los que peor están. La suma fija nos ayuda a compensar esas inequidades con una inflación de casi 55 puntos", explicó ayer el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, durante una conferencia.
 
Pero en el entorno de Moyano desconfían del nuevo esquema salarial. En primer lugar, temen que el incremento por decreto se convierta en un techo antes que en un piso y que finalmente postergue el inicio de las negociaciones. "Te ponen dos sumas fijas, te dicen que es el aumento que hay a cuenta de las paritrias y te marcan la cancha, ¿después como abrís paritarias?", se preguntan cerca del camionero.
 
La otra queja apunta al "achatamiento" que provocará el monto fijo sobre los salarios de la actividad que parten de $45.000 y en larga distancia desde los $60.000. Aunque en su caso la suma podría llegar hasta los $18.000, aseguran que esas cifras "no representa nada para los camioneros".
 
En medio de estas tensiones, los movimientos del sindicalista son seguidos de cerca por el Gobierno. En Casa Rosada saben que las pretensiones salariales de Moyano funcionan como una suerte de "faro" y que el gremio representa, además, a los sectores más duros del sindicalismo, enfrentados al ala dialoguista al frente de la CGT. Cerca de Cristina Kirchner también recuerdan el rol protagónico que adquirió el camionero en la protesta callejera, tras romper con la expresidenta en 2010.
 
Sin ánimos de replicar esa experiencia por ahora, Moyano elevó un pedido de aumento del 33% para el primer semestre, luego de obtener un bono de $20.000 en varios sectores de la actividad, salvo por la Federación del Autotransporte de Carga (Fadeeac) que lo rechazó. Ese reclamo, que anualizado equivale a más de un 60% de incremento, representa un desafío serio para los planes de Alberto Fernández de "desindexar" la economía.
 
En vistas del reto planteado, el Presidente no se quedó atrás y salió a marcar la cancha ayer al pedir a los gremios que "no hagan pedidos desmedidos". El cotitular de la CGT, Carlos acuña, había reclamado antes "aumentos por encima de la inflación". De inmediato, el mensaje de Fernández cosechó elogios entre los empresarios del Grupo de los Seis, en donde destacaron los problemas que todavía atraviesa la economía, en particular la falta de reactivación y las altas tasas de interés.
 
"No hay plata para pagar pedidos desmedidos, valoramos mucho lo expresado", dijo a iProfesional el titular de la Cámara de Comercio, Mario Grinman.
 
 
Baradel, bajo la lupa
  
Las miradas están puestas ahora en los docentes, un sector que figura entre los más atrasados en materia salarial y que está primero en la primera ronda de paritarias en camino. Los principales gremios educativos mantienen una buena relación con el Gobierno a través del titular del sindicato de maestros bonaerenses (Suteba), Roberto Baradel, y el de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.
 
El maestro de la central alternativa había sido uno de los promotores de un congelamiento salarial a cambio de una recomposición inicial de los ingresos, una propuesta que finalmente no prosperó. Ahora, sin embargo, la suma fija genera incertidumbre en el sindicalismo, en donde no descartan la posibilidad de que las medidas de emergencia terminen por encorsetar las negociaciones.
 
"El aumento por decreto es inyectar plata en el mercado para reactivar Pymes que venden a mercado interno, pero tambien puede ser un parámetro para la negociacion", dijo a este medio el líder de los aceiteros, Daniel Yofra. "No son muy claros sobre si las paritarias son libres", agregó.
 
El gremio viene de obtener esta semana un bono récord de casi $52.000 para los trabajadores de la industria y es uno de los pocos, junto a los bancarios, que en los últimos cuatro años lograron ganarle a la inflación. El resto quedaron todos por detrás. Los datos difundidos ayer por el INDEC muestran que en octubre los salarios aumentaron 42%, lo que representa una pérdida del 5,7% de su poder adquisitivo frente a la inflación.
 
Los pedidos de moderación salarial parecen ir en línea con las últimas medidas anunciadas para los jubilados, que fijaron un aumento en los haberes mínimos hasta un tope de $19.068 en perjuicio de las categorías superiores a ese valor. El Ejecutivo fundamentó la decisión en la necesidad de que los propios asalariados hicieran el "esfuerzo" para ayudar a los de menores ingresos en un marco de restricciones fiscales y la intención de las autoridades de cuidar los recursos para poder pagar la deuda externa.
 
Los funcionarios saben que el plan de reactivación depende de un repunte de la demanda, pero también de la inversión privada. El sistema de emergencia prevé además un control férreo de las principales variables de la economía. Esto es el dólar, las tasas, las tarifas, los precios (aunque ayer se anuló la eliminación del IVA a la canasta básica) y los salarios. Ahí es donde las señales de resistencia expresadas por el camionero podrían entrar en cortocircuito con la expectativa oficial de lograr la "consistencia" macroeconómica.
 
Por Juan Manuel Barca
 
Fuentes: iProfesional y Página12
 

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28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
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24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
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23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
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