18:35 | Miercoles 04 de Marzo de 2013 | Entre Ríos
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Entre Ríos - 30-12-2019 / 12:12
PANORAMA POLÍTICO PROVINCIAL
El plan es pasar el verano
Por ahora, el objetivo de máxima y de mínima del gobernador Gustavo Bordet es pasar el verano. La gestión verdadera empieza en marzo, cuando se definen las paritarias de estatales y docentes con cláusula gatillo de actualización salarial. Por lo pronto, aguinaldo y sueldos se pagan en tiempo y forma. Como para no hacer olas en medio de necesidades para la sociedad, la Legislatura entrerriana congeló por 180 días las dietas de diputados y senadores.
Son épocas de vacas flacas en la economía y de tensión en la política. Desde hace 15 días, Eduardo "Wado" de Pedro, el ministro político del Gobierno nacional, recibe al grueso de los gobernadores en su despacho de Casa Rosada. Los mandatarios llegan con los problemas de siempre: auxilio financiero de toda clase y pelaje y planes de obra pública (hoy paralizados) con pendientes que firmó Macri. Ahora, esos compromisos deberán ser rediscutidos con la nueva administración.
Entre Ríos no se sale de esas generales. Y suma su capítulo crucial: el faltante de fondos para cubrir los compromisos de 2020 de la Caja de Jubilaciones. La asistencia para el agujero previsional está garantizada por ley, pero no el monto ni los plazos para girar esos compromisos. La buena relación marcan el ritmo de esos desembolsos. Para el Gobierno provincial, esas obligaciones internas son inflexibles, mes a mes.
Desde la aprobación de la "Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva", circula en la Casa Gris una hoja con estimaciones fiscales surgidas del equipo del ministro de Economía, Martín Guzmán. En esa planilla, se detallan impactos positivos y negativos de los cambios tributarios que tendrán efectos en la recaudación 2020. Para Entre Ríos, el saldo entre pérdidas y ganancias arroja un beneficio. En la administración provincial si bien sienten el alivio de la nueva gestión peronista nacional, ven con desconfianza esas estimaciones. Consideran que responden a un escenario ideal, aún lejano de esta realidad.
Los cálculos puestos del Gobierno nacional para lograr apoyo para la ley de emergencia no contemplan en su total magnitud el impacto perjudicial que tendrá en la economía entrerriana el alza de las retenciones al agro. Estimaciones privadas cifran en varios miles de millones de pesos extras la sangría de recursos para el circuito provincial el 2020. Se trata de recursos que no estarán en la calle y que eran, en parte, potenciales inversiones en el sector metalmecánico, en el de la construcción y en el automotor, entre los principales.
Por ahora, el objetivo de máxima y de mínima es pasar el verano. La gestión verdadera empieza en marzo, cuando se definen las paritarias de estatales y docentes con cláusula gatillo de actualización salarial. Por lo pronto, aguinaldo y sueldos se pagan en tiempo y forma. Como para no hacer olas en medio de necesidades para la sociedad, la Legislatura entrerriana congeló por 180 días las dietas de diputados y senadores.
Sin embargo, hay escenarios que se adelantaron desde el análisis político, y que se van cumpliendo. Bordet consolidó su poder interno atrayendo a todos los legisladores peronistas, le resta ahora cerrar lo quedó afuera de los armados electorales. Buscará, luego, negociaciones abiertas con la oposición para poder transitar con normalidad el día a día de la gestión. Lo primero fue conseguido, lo segundo se verá.
Fernández, Bordet y Bahl deberán conducir sus territorios con recursos escasos y, en los casos del gobernador y del intendente, sin súper poderes, como sí los tiene el presidente de la Nación. Los presidentes se acostumbraron a gobernar con leyes de emergencia, un oxímoron de la democracia, pero una muestra cabal de las penurias actuales que legó la funesta gestión Macri.
La Opinión Popular
Entre Ríos no se sale de esas generales. Y suma su capítulo crucial: el faltante de fondos para cubrir los compromisos de 2020 de la Caja de Jubilaciones. La asistencia para el agujero previsional está garantizada por ley, pero no el monto ni los plazos para girar esos compromisos. La buena relación marcan el ritmo de esos desembolsos. Para el Gobierno provincial, esas obligaciones internas son inflexibles, mes a mes.
Desde la aprobación de la "Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva", circula en la Casa Gris una hoja con estimaciones fiscales surgidas del equipo del ministro de Economía, Martín Guzmán. En esa planilla, se detallan impactos positivos y negativos de los cambios tributarios que tendrán efectos en la recaudación 2020. Para Entre Ríos, el saldo entre pérdidas y ganancias arroja un beneficio. En la administración provincial si bien sienten el alivio de la nueva gestión peronista nacional, ven con desconfianza esas estimaciones. Consideran que responden a un escenario ideal, aún lejano de esta realidad.
Los cálculos puestos del Gobierno nacional para lograr apoyo para la ley de emergencia no contemplan en su total magnitud el impacto perjudicial que tendrá en la economía entrerriana el alza de las retenciones al agro. Estimaciones privadas cifran en varios miles de millones de pesos extras la sangría de recursos para el circuito provincial el 2020. Se trata de recursos que no estarán en la calle y que eran, en parte, potenciales inversiones en el sector metalmecánico, en el de la construcción y en el automotor, entre los principales.
Por ahora, el objetivo de máxima y de mínima es pasar el verano. La gestión verdadera empieza en marzo, cuando se definen las paritarias de estatales y docentes con cláusula gatillo de actualización salarial. Por lo pronto, aguinaldo y sueldos se pagan en tiempo y forma. Como para no hacer olas en medio de necesidades para la sociedad, la Legislatura entrerriana congeló por 180 días las dietas de diputados y senadores.
Sin embargo, hay escenarios que se adelantaron desde el análisis político, y que se van cumpliendo. Bordet consolidó su poder interno atrayendo a todos los legisladores peronistas, le resta ahora cerrar lo quedó afuera de los armados electorales. Buscará, luego, negociaciones abiertas con la oposición para poder transitar con normalidad el día a día de la gestión. Lo primero fue conseguido, lo segundo se verá.
Fernández, Bordet y Bahl deberán conducir sus territorios con recursos escasos y, en los casos del gobernador y del intendente, sin súper poderes, como sí los tiene el presidente de la Nación. Los presidentes se acostumbraron a gobernar con leyes de emergencia, un oxímoron de la democracia, pero una muestra cabal de las penurias actuales que legó la funesta gestión Macri.
La Opinión Popular
Se terminó el peor gobierno que tuvo Argentina
El Gobierno que se fue llegó para hacer desaparecer al peronismo de la historia, pero no dejó nada digno de ser recuperado. Simplemente se trató de un núcleo oligárquico conservador que vino a restaurar viejos privilegios sociales y económicos.
Mauricio Macri, desde que asumió, no hizo más que trabajar para el 5% más rico de la población, a costa del otro 95%. Porque bajando las retenciones, el impuesto a los bienes personales, subiendo las tarifas y devaluando violentamente, le quitó a la mayoría de los argentinos, y se las dio a los más ricos.
Macri vino a desperonizar al país. Su misión era arrancar ese cordón que une a buena parte de la sociedad argentina -especialmente a los sectores populares, pero también a un núcleo vigoroso de clase media intelectual- a lo más cercano a un modelo de Estado de Bienestar que conoció el país.
Durante cuatro años, hizo una distribución regresiva del ingreso equivalente a unos 40.000 millones de dólares. Eso es lo que Macri le quitó a la mayoría y le entrego a una ínfima minoría. Y así nos fue: pobreza, miseria y desocupación récord, la economía en depresión continua, los salarios y jubilaciones en caída contra una inflación galopante y tarifas impagables para familias y empresas, con récord de quiebras y cierres. Realmente nefasto el presiente Macri y su equipazo.
Además, Macri le quitó medicamentos a los jubilados, los empobreció con el cálculo para ajustar las jubilaciones, dejó a los niños argentinos sin una variedad importante de vacunas obligatorias, frenó planes de salud lo que incrementó epidemias y enfermedades, dejó a discapacitados sin prestaciones necesarias y sobre todo le dio más importancia a la macroeconomía que a las necesidades del pueblo.
Atender la emergencia sin aumentar el déficit
Los primeros días del nuevo gobierno nacional muestran a un Alberto Fernández mucho más pragmático que el de los discursos de campaña. El candidato que atraía a los votantes y preocupaba a los "mercados" con promesas que sugerían una expansión del gasto público, se convirtió en un presidente dispuesto a congelar la movilidad jubilatoria en defensa de la disciplina fiscal y a cumplir a rajatabla con los primeros vencimientos de la exorbitante deuda que heredó de Macri.
Los mensajes para los "mercados" fueron contundentes. La ley de emergencia económica incluye un ajuste fiscal en forma de aumento de la presión impositiva que según cálculos de consultoras privadas, le permitirá al país un ahorro de entre 6.500 y 10.750 millones de dólares durante 2020, tomando como supuesto que el Estado gastará en pago de haberes lo mismo que estaba previsto con la vigencia de la movilidad jubilatoria.
Con medidas como la suba de retenciones y el impuesto a la compra de moneda extranjera, el nuevo gobierno deja en claro que está dispuesto a asumir costos políticos a cambio de ganar estabilidad fiscal.
Por si quedaba alguna duda, su ministro de Economía Martín Guzmán afirmó que "no es momento" para generar una expansión del gasto y la emisión al argumentar que "no hay financiamiento y no queremos recurrir a un aumento del financiamiento por parte del Banco Central" porque eso "sería desestabilizante". Reiteró además que buscarán evitar por todos los medios volver a caer en default y renegociarán la deuda en "términos amigables".
Otra señal la dio el Tesoro que publicó los avisos de pago que confirman que el país honrará los últimos dos vencimientos de deuda que tiene antes de fin de año: una serie de bonos Discount por la nada despreciable suma de 752 millones de dólares y el primer pago de intereses del polémico bono a 100 años emitido por el ex ministro de Finanzas de Macri, Luis "Toto" Caputo, que asciende a 98 millones de dólares.
La reacción de los "mercados" no se hizo esperar. En el cierre de diciembre el índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires acumula una suba de 20% y acciones líderes como las de los bancos Macro y Galicia suman mejoras de 38% y 21% respectivamente y bonos como el Bonar 2020 subieron 28% en menos de 30 días.
Legado y punto de partida
Para analizar las primeras decisiones de Alberto hay que entender que el país que conduce no tiene ni por asomo las "bases sólidas para el crecimiento" de las que fruteaba Macri en sus irreales discursos, sino que recibió una verdadera "tierra arrasada".
La Argentina que dejó Macri es un país financieramente comprometido por deudas que no tiene cómo pagar, que atraviesa una emergencia social y padece desequilibrios groseros en su macroeconomía, algunos generados por la gestión de expresidente y otros que vienen de arrastre.
Enumeramos los índices negativos del gobierno anterior citando los números más gruesos. Durante los cuatro años de gobierno de Macri el PBI medido en términos reales retrocedió 5% y PBI per cápita 8,7%, la inflación acumulada durante su mandato superó el 300% y la de 2019 será la más alta desde la salida de la última híper de 1991.
Por otra parte, los salarios de los trabajadores registrados que acumularon una pérdida de poder adquisitivo de 22%, se cerraron 20 mil empresas; el desempleo pasó de cerca de 8% a 10,6%, la deuda pública pasó del 49% al 94% del PBI (según el CIPPEC), el dólar pasó de 9,50 a más de 60 pesos y la pobreza medida por la UCA pasó del 28% al 41% del total de los habitantes y al 60% si se considera solamente a niños y adolescentes.
El peso debilitado que llegó gracias a sucesivas devaluaciones sirvió para que Argentina volviera a tener superávit de balanza comercial que este año cerraría con 14 mil millones de dólares, diferencia positiva que no se logró gracias a mayores exportaciones sino por una brutal caída de las importaciones.
Reacomodar sin romper
Lo que se está haciendo ahora, con la Ley de Solidaridad, es una redistribución progresiva del Ingreso. Es básicamente volver a la estructura tributaria previa a Macri, para restituir lo que Cambiemos le quito a desocupados, beneficiarios de planes sociales, de las Asignaciones Universales por Hijo, a jubilados, trabajadores, Pymes, pequeños comerciantes y productores, para dárselo a los ricos.
Porque las retenciones, básicamente, son para los grandes exportadores de granos ya que se segmentarán para los pequeños productores. Porque el impuesto a los Bienes Personales, para los argentinos que tienen un patrimonio importante, es bajo y, sobre todo, grava con doble tasa a quienes tienen sus bienes y dinero fuera del país, o sea muy poquitos.
En sus primeras medidas, Alberto muestra vocación de resolver los problemas sociales más urgentes. Los bonos para los jubilados de la mínima y beneficiarios de AUH, tarjetas alimentarias, microcréditos, descuentos de IVA orientados a familias de bajos recursos y otras acciones demuestran que para la nueva administración la prioridad pasa por brindar alivio a los que están en situación más delicada.
El problema es que todas esas medidas demandan un esfuerzo fiscal que Argentina ya no puede financiar con deuda. Podría hacerlo con emisión pero eso dispararía la inflación y el déficit fiscal. Todo indica que el Gobierno apunta a incrementar la presión fiscal, especialmente en sectores que tienen mayor capacidad contributiva y redistribuir el gasto público orientándolo a los sectores más desprotegidos.
Como efecto de esta redistribución es esperable un achatamiento de las pirámides de los salarios públicos y las jubilaciones. Se buscará que las ayudas sociales y los salarios y haberes más bajos le ganen a la inflación, algo que no está seguro para los demás jubilados y asalariados del sector público.
En el escenario más optimista, analistas esperan que estas políticas lleven a una reactivación relativamente rápida en los consumos de las clases bajas que se concentrará en alimentos y demás productos básicos, especialmente de segundas marcas. Los sectores relacionados al comercio de bienes durables y el inmobiliario la tendrán más difícil porque sus clientelas -conformadas mayormente por la clase media- no están entre los beneficiarios directos de las primeras políticas nacionales.
La construcción sí sería beneficiada si el Alberto cumpliera su promesa de reactivar la obra pública para impulsar el empleo en ese sector, que según los últimos números del IERIC, perdió 17.500 empleos registrados en los últimos 12 meses.
Aquí no hay ajuste al pueblo
Entonces, aquí no hay ajuste a los sectores populares que, por el contrario, tendrá aumentos de la AUH, del bono alimentario, devolución de IVA por alimentos, bonos y remedios gratis para jubilados, aumento del sueldo a los trabajadores y moratoria para las Pymes.
Lo que hay es una transferencia de ingresos desde la minoría más rica del país, que representa al 5% del país, (o sea, ingresos familiares superiores a $ 400.000), para la inmensa mayoría de los argentinos. Millones de compatriotas apoyan esa buena medida.
Sólo el bono de $5000, otros $4000 de medicamentos gratis, más $700 de IVA mensuales para los cinco millones de jubilados que ganan la mínima y los pensionados, significan 582.000 millones de pesos anuales que se volcarán íntegramente al consumo popular y reactivaron la economía. Mucho más que los 2 puntos de PBI que aportarían los nuevos impuestos.
En lo esencial, el gobierno actual es infinitamente superior al anterior. Y el apoyo crítico al actual es la obligación de todos, esperando que la política, o sea el interés común, pueda imponerse sobre la codicia de los económicamente poderosos.
La causa conocida como Narcomunicipio llega a su final
El gobierno de Sergio Varisco en Paraná se fue de la peor manera. Mientras el intendente es enjuiciado en la Justicia Federal, acusado de financiar la compra y venta de droga a través de una narcobanda criminal -y con otras tres causas más en la Justicia Provincial- su gestión hizo agua por todos lados.
Reclamos gremiales, incumplimientos paritarios, contratados políticos cesanteados, funcionarios echados por decreto, obras paralizadas, una caja en rojo y basura que se juntaba por orden de un juez pintan un panorama muy grave, en el cual debió asumir Adán Bahl, el presidente municipal electo.
En ese marco, el debate que ventila las causas Narcoavioneta y Narcomunicipio se reanudó el lunes, con los alegatos del ex intendente Varisco y la ex funcionaria municipal, Griselda Bordeira.
Los jueces del Tribunal Oral Federal de Paraná, Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros también escucharon durante esta jornada las réplicas y dúplicas. De ese modo, sólo quedó la instancia de adelanto de sentencia.
Los alegatos comenzaron hace unos 15 días atrás con la ilación de la prueba por parte de los fiscales José Ignacio Candioti, Leandro Ardoy y Carlos García Escalada.
Acusaron a Bullrich de intentar arreglar la causa con Varisco
El lunes se produjo el alegato defensivo del ex intendente de Paraná, Varisco, en la causa donde está procesado por financiamiento del narcotráfico.
La exposición de su abogado Rubén Pagliotto tuvo dos grandes ejes: que un sector de Cambiemos, organizado por la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lo involucró en la causa para bajar su proyecto de candidatura a gobernador; y que hubo "delación premiada" o "tortura legal" por la cual resultó "coaccionada" Luciana Lemos, la ex pareja de Daniel "Tavi" Celis, para que incrimine a Varisco.
Pagliotto enmarcó: "queremos responder a quienes desde hace años vienen torturando el honor de Varisco, (la ex subsecretaria de Seguridad, Griselda) Bordeira y (el ex concejal Pablo) Hernández", dijo.
Según Pagliotto, se vieron "ingratamente sorprendidos cuando se intentó juzgar la actividad política" y comparó que "por los acuerdos políticos, muchos llegaron a ser grandes jueces y juezas. Por acuerdo político del peronismo y radicalismo, muchos accedieron al Poder Judicial. Por eso quiero resignificar y poner en valor los tan bastardeados acuerdos políticos".
También acusó al juez federal N° 1 de Paraná, Leandro Ríos (que llevó adelante las investigaciones) de comprar "a bulto cerrado lo que le vendieron los investigadores de la Policía Federal".
"Se montó todo un escenario para decir que esta causa era armada", replicó el fiscal Candioti
Los fiscales Candioti, Ardoy y García Escalada, que integraron la acusación en el debate que comenzó a mediados de septiembre y ventila las causas Narcoavioneta y Narcomunicipio, hicieron las réplicas el jueves.
En el primer tramo respondieron los cuestionamientos realizados por las defensas sobre la investigación en la causa Narcoavioneta y, en una segunda etapa, contestaron las críticas elaboradas en los alegatos defensivos sobre la causa Narcomunicipio.
Candioti se refirió a la situación del ex intendente de Paraná, Varisco. "Él dijo que luego de ocurrido lo de la avioneta, nunca más tuvo contacto con Celis. Pero hay un mensaje de Celis a Fernanda Orundes Ayala diciendo que arregló con Varisco".
"Cuando Celis envió ese mensaje ya había sido indagado y procesado como líder de una organización dedicada al narcotráfico. El razonamiento es ilógico, se contradice además con la declaración de Pablo Hernández cuando reconoce la entrega de dinero a Lemos para ayudarla", continuó.
Candioti: "La banda de ´Tavi´ Celis inundó Paraná de drogas"
Candioti estableció como probada la relación del narco Celis y el ex intendente de Paraná, Varisco, por el cual el primero se valió de la estructura Municipal para la distribución de drogas.
Incluso fue más allá porque determinó cómo fue el financiamiento para esas actividades ilícitas por parte del poder político de la intendencia bajo la gestión de Varisco y el rol que tuvieron varios de sus colaboradores más cercanos como el ex concejal Hernández y la funcionaria Bordeira, entre otros.
Gracias a ese financiamiento, la banda de Celis, que se encontraba quebrada económicamente, pudo volver a comercializar grandes cantidades de marihuana y cocaína.
Al filo del final, Luciana Lemos ratificó que son todos narcos
Casi todos los acusados desmintieron las imputaciones y clamaron por su inocencia. Celis, Varisco, Hernández, Bordeira, entre otros, se explayaron para desacreditar la acusación. Todos apuntaron contra Luciana Lemos, la expareja del Tavi, quien había declarado en la causa (no en el juicio) e incriminó a todos en las actividades de narcotráfico, y la acusaron de mentirosa.
La última de los 32 procesados en dar la palabra final fue Lemos. Algunos pensaban que iba a mantenerse en silencio, pero la mujer estalló: quebrada en llanto, dijo que todo lo que había dicho en su declaración ante el juez Ríos era verdad, y acusó de mentirosos a todos los que, minutos antes, y días antes, la habían atacado.
"Cada cosa de lo que dije es verdad (...) Ellos saben cada cosa que describí, ellos saben cada cosa de lo que me hicieron pasar, y ahora vienen a decir que es mentira", dijo Lemos.
La voz de la mujer estremeció al salón de audiencias. Fue como un gol sobre la hora en una final. Los demás imputados, sentados atrás suyo, murmuraron, fustigaron y alguien dijo: "Trola, ya vas a ver". La defensora oficial Noelia Quiroga pidió que se instrumenten medidas para garantizar la seguridad de la mujer.
Sergio Varisco fue condenado a seis años y medio
Finalmente, el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó al exintendente de Cambiemos a seis años y seis meses de prisión y ordenó su detención domiciliaria, monitoreada con tobillera electrónica, hasta que el fallo quede firme. Varisco fue condenado como partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes agravado.
El ex concejal Hernández fue condenado a cinco años de prisión, como partícipe secundario en el delito de comercialización de estupefacientes agravado. La ex efectiva de la Policía de Entre Ríos y ex funcionaria de Seguridad de la Municipalidad de Paraná, Bordeira, fue condenada a cinco años de prisión, como partícipe secundario en el delito de comercialización de estupefacientes agravado.
¿Es el fin del varisquismo?
La Opinión Popular
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná, condenó al ex intendente radical Sergio Varisco a 6 años y medio de prisión por el delito de comercialización de estupefacientes agravado, en calidad de partícipe necesario, y le aplicó una multa de 200 mil pesos. Además, los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros, determinaron que el exmandatario comunal quede en prisión domiciliaria de inmediato, con tobillera electrónica. ¿Hay vida política después de una condena por narcotráfico?
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