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Nacionales - 30-12-2019 / 10:12

Dólar, blue, precios y tarifas: así es la hoja de ruta de Alberto Fernández para pasar el verano

Dólar, blue, precios y tarifas: así es la hoja de ruta de Alberto Fernández para pasar el verano
El programa de medidas lanzada por la administración Fernández no contiene un capítulo antiinflacionario, pero el Gobierno se juega a que haya distintas anclas que por lo menos desaceleren la dinámica de los precios durante los próximos meses.
No habrá un anuncio formal, ni mucho menos. Pero la decisión está tomada y forma parte del esquema económico que Alberto Fernández diseñó para los primeros meses de su mandato.
 
La idea es mantener la cotización de dólar en torno a los valores actuales durante los próximos meses. Que ningún salto provoque dudas sobre el plan lanzado el 10 de diciembre, y que empezó a plasmarse con la sanción de la Ley de Emergencia.
 
Tras la aplicación del 30% de impuesto que dio lugar al "dólar solidario", el Gobierno quiere dejar estratégicamente de lado el debate sobre el tipo de cambio.
 
Los funcionarios creen que la brecha con el "dólar paralelo" podría estabilizarse en torno al mismo 30% que el "solidario" aunque no descartan que, en el corto plazo, haya una escalada adicional.
 
Para el Gobierno es imprescindible que el "blue" no se dispare para evitar mayores distorsiones y que genere dudas sobre la viabilidad del plan.
 
El programa de medidas lanzada por la administración Fernández no contiene un capítulo antiinflacionario, pero el Gobierno se juega a que haya distintas anclas que por lo menos desaceleren la dinámica de los precios durante los próximos meses.
 
Una de esas anclas será el tipo de cambio. Pero no el único. Se trata de una estrategia con grandes chances de concretarse, gracias al súper cepo y las severas restricciones a las compras de divisas.
 
Al contrario, el gran riesgo pasa porque el Gobierno se "enamore" de un dólar tranquilo, en un contexto de inflación elevada. "No hay que olvidarse que esta misma paridad teníamos a mediados de agosto, después de las PASO, y desde entonces se acumuló un 19% de inflación", advirtió uno de los economistas más consultados de la City.
 
Por eso, en Economía miran el calendario. Algunos creen que el horizonte está en abril o mayo. No más allá. Que habría tiempo para sostener al dólar hasta la esperada reestructuración de la deuda. Pero se admite, en voz baja, que los chacareros se guardarán la soja en los silobolsas si el tipo de cambio se atrasa.
 
En el equipo económico saben que el relanzamiento de la economía puede existir, pero necesita sí o sí de que el Banco Central se apropie de los dólares del superávit comercial. Y para asegurarse esas divisas, no va a quedar otra alternativa que asegurarle un margen de rentabilidad a los agricultores.

 
La rentabilidad de los productores agropecuarios, dicho sea de paso, ha quedado dañada tras la suba de las retenciones, y que en el propio Gobierno admiten que no resistiría un severo atraso cambiario.
 
Hay algo claro: si el dólar no se mueve hacia la cosecha de la soja, el probable retaceo de las liquidaciones presionaría seguramente sobre el "paralelo", ya que los operadores tomarían nota de la falta de oferta sobre el canal oficial y de la inconsistencia del programa.
 
 
La mira puesta en la recuperación
  
La estabilidad cambiaria, asumen en el Gobierno, funcionaría sólo como la condición necesaria para lograr el arranque de la actividad económica. Pero no es suficiente, claro.
 
Por eso mismo, se pusieron en marcha varias medidas para mejorarles los ingresos a los sectores más bajos. Desde los beneficiarios de la AUH a los jubilados de la mínima.
 
Para esta última franja distribuyó un bono de $5.000 que llegará a 4,7 millones de jubilados, lo que hace un total de $23.500 millones, según revelaron fuentes oficiales a iProfesional. A lo que hay que añadir $8.000 millones a los receptores de Asignación Universal por Hijo.
 
Son $31.000 millones este mes y otro monto similar en enero, a los que se sumarán $4.000 millones del Plan Contra el Hambre.
 
En el Gobierno sostienen que esta será la base para recuperar el consumo masivo. Queda por efectivizar el aumento salarial para los trabajadores privados, a cuenta de las futuras paritarias, pero que en lo inmediato también ayudará a revivir el consumo.
 
Otro capítulo se relaciona con el congelamiento, por seis meses, de las tarifas de los servicios públicos, al que ya se sumó el transporte público.
 
La clave, hacia adelante, va a pasar por el formato que se le dará a un "acuerdo de precios y salarios", que le dará un marco a la dinámica inflacionaria.
 
El economista Rodrigo Álvarez lo dice de una manera sintética y gráfica: "El Consejo Económico y Social le dará una especie de balizamiento a los precios, con una pauta hacia adelante", dice en diálogo con iProfesional.
 
Álvarez, al igual que otros colegas suyos, hace hincapié en la necesidad de que se logre romper la dinámica indexatoria de la economía, que va desde el gasto previsional hasta las tarifas de los servicios públicos.
 
En eso está el Gobierno nacional: suspendió la movilidad jubilatoria automática y habrá una negociación con las prestatarias de los servicios públicos.
 
Desde lo estrictamente político, en la Casa Rosada toman en cuenta que si hacia la salida del verano no aparecen mejoras en los números de la actividad económica habrá presiones desde los sectores sociales y de la CGT.
 
Es llamativo que, al menos por ahora, las principales consultoras de la City prevén para el 2020 una nueva caída del poder adquisitivo de los salarios.
 
Si fuera efectivamente así, el nivel de consumo masivo no se recuperaría.
 
Pero más allá de los pronósticos de las consultoras, lo relevante ahora pasa por saber que los agentes económicos estarán efectivamente observando la reacción de la economía una vez que termine el verano.
 
¿Podrá Alberto F. mostrar que su estrategia empieza a ser exitosa? ¿Pudo el ministro Guzmán ponerle un piso a la crisis, tal como él mismo se lo planteó como primer objetivo?
 
Obviamente, la respuesta hacia el mes de marzo se podrá completar cuando se haya renegociado la deuda pública. Al menos con los bonistas privados.
 
Para dar una señal contundente a los financistas de que se toma muy en serio esa renegociación de la deuda, Alberto F. puso entre sus prioridades el ordenamiento del escenario fiscal.
 
Eso llevó a suspender la movilidad jubilatoria y a aumentar algunos impuestos, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires.
 
El riesgo, en todo caso, es que ese ajuste le ponga trabas a la reactivación de la actividad económica. Que la necesidad del Estado de mejorar su perfil recaudatorio termine ahogando la recuperación.
 
Por lo pronto, será clave que el Banco Central adquiera en el mercado gran parte del superávit comercial. Eso es lo que piensan en el Gobierno. Si logran mostrar ese desempeño, entonces la reanimación de la actividad -vía la monetización de la economía y vía la rebaja de las tasas de interés- podría estar asegurada.
 
¿Podría ser posible? De nuevo, lo dicho al inicio: el Gobierno puede tener como objetivo mantener al dólar "oficial" con alzas homeopáticas durante el primer trimestre de 2020. Sin embargo, la clave será lo que haga de ahí en más, cuando el "campo" levante la cosecha de soja y hagan falta los billetes verdes para asegurar la salida de la crisis.
 
Además de tener buenos diagnósticos, será necesario que los funcionarios tengan, además, la mejor pericia para llevar a cabo los objetivos.
 
Por Claudio Zlotnik
 
Fuente: iProfesional
 

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17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
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