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“Tenemos nuevas prioridades: combatir el hambre y la pobreza, encender la economía, reactivar el consumo y generar empleo”. Alberto Fernández
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Nacionales - 30-12-2019 / 10:12

Dólar, blue, precios y tarifas: así es la hoja de ruta de Alberto Fernández para pasar el verano

Dólar, blue, precios y tarifas: así es la hoja de ruta de Alberto Fernández para pasar el verano
El programa de medidas lanzada por la administración Fernández no contiene un capítulo antiinflacionario, pero el Gobierno se juega a que haya distintas anclas que por lo menos desaceleren la dinámica de los precios durante los próximos meses.
No habrá un anuncio formal, ni mucho menos. Pero la decisión está tomada y forma parte del esquema económico que Alberto Fernández diseñó para los primeros meses de su mandato.
 
La idea es mantener la cotización de dólar en torno a los valores actuales durante los próximos meses. Que ningún salto provoque dudas sobre el plan lanzado el 10 de diciembre, y que empezó a plasmarse con la sanción de la Ley de Emergencia.
 
Tras la aplicación del 30% de impuesto que dio lugar al "dólar solidario", el Gobierno quiere dejar estratégicamente de lado el debate sobre el tipo de cambio.
 
Los funcionarios creen que la brecha con el "dólar paralelo" podría estabilizarse en torno al mismo 30% que el "solidario" aunque no descartan que, en el corto plazo, haya una escalada adicional.
 
Para el Gobierno es imprescindible que el "blue" no se dispare para evitar mayores distorsiones y que genere dudas sobre la viabilidad del plan.
 
El programa de medidas lanzada por la administración Fernández no contiene un capítulo antiinflacionario, pero el Gobierno se juega a que haya distintas anclas que por lo menos desaceleren la dinámica de los precios durante los próximos meses.
 
Una de esas anclas será el tipo de cambio. Pero no el único. Se trata de una estrategia con grandes chances de concretarse, gracias al súper cepo y las severas restricciones a las compras de divisas.
 
Al contrario, el gran riesgo pasa porque el Gobierno se "enamore" de un dólar tranquilo, en un contexto de inflación elevada. "No hay que olvidarse que esta misma paridad teníamos a mediados de agosto, después de las PASO, y desde entonces se acumuló un 19% de inflación", advirtió uno de los economistas más consultados de la City.
 
Por eso, en Economía miran el calendario. Algunos creen que el horizonte está en abril o mayo. No más allá. Que habría tiempo para sostener al dólar hasta la esperada reestructuración de la deuda. Pero se admite, en voz baja, que los chacareros se guardarán la soja en los silobolsas si el tipo de cambio se atrasa.
 
En el equipo económico saben que el relanzamiento de la economía puede existir, pero necesita sí o sí de que el Banco Central se apropie de los dólares del superávit comercial. Y para asegurarse esas divisas, no va a quedar otra alternativa que asegurarle un margen de rentabilidad a los agricultores.

 
La rentabilidad de los productores agropecuarios, dicho sea de paso, ha quedado dañada tras la suba de las retenciones, y que en el propio Gobierno admiten que no resistiría un severo atraso cambiario.
 
Hay algo claro: si el dólar no se mueve hacia la cosecha de la soja, el probable retaceo de las liquidaciones presionaría seguramente sobre el "paralelo", ya que los operadores tomarían nota de la falta de oferta sobre el canal oficial y de la inconsistencia del programa.
 
 
La mira puesta en la recuperación
  
La estabilidad cambiaria, asumen en el Gobierno, funcionaría sólo como la condición necesaria para lograr el arranque de la actividad económica. Pero no es suficiente, claro.
 
Por eso mismo, se pusieron en marcha varias medidas para mejorarles los ingresos a los sectores más bajos. Desde los beneficiarios de la AUH a los jubilados de la mínima.
 
Para esta última franja distribuyó un bono de $5.000 que llegará a 4,7 millones de jubilados, lo que hace un total de $23.500 millones, según revelaron fuentes oficiales a iProfesional. A lo que hay que añadir $8.000 millones a los receptores de Asignación Universal por Hijo.
 
Son $31.000 millones este mes y otro monto similar en enero, a los que se sumarán $4.000 millones del Plan Contra el Hambre.
 
En el Gobierno sostienen que esta será la base para recuperar el consumo masivo. Queda por efectivizar el aumento salarial para los trabajadores privados, a cuenta de las futuras paritarias, pero que en lo inmediato también ayudará a revivir el consumo.
 
Otro capítulo se relaciona con el congelamiento, por seis meses, de las tarifas de los servicios públicos, al que ya se sumó el transporte público.
 
La clave, hacia adelante, va a pasar por el formato que se le dará a un "acuerdo de precios y salarios", que le dará un marco a la dinámica inflacionaria.
 
El economista Rodrigo Álvarez lo dice de una manera sintética y gráfica: "El Consejo Económico y Social le dará una especie de balizamiento a los precios, con una pauta hacia adelante", dice en diálogo con iProfesional.
 
Álvarez, al igual que otros colegas suyos, hace hincapié en la necesidad de que se logre romper la dinámica indexatoria de la economía, que va desde el gasto previsional hasta las tarifas de los servicios públicos.
 
En eso está el Gobierno nacional: suspendió la movilidad jubilatoria automática y habrá una negociación con las prestatarias de los servicios públicos.
 
Desde lo estrictamente político, en la Casa Rosada toman en cuenta que si hacia la salida del verano no aparecen mejoras en los números de la actividad económica habrá presiones desde los sectores sociales y de la CGT.
 
Es llamativo que, al menos por ahora, las principales consultoras de la City prevén para el 2020 una nueva caída del poder adquisitivo de los salarios.
 
Si fuera efectivamente así, el nivel de consumo masivo no se recuperaría.
 
Pero más allá de los pronósticos de las consultoras, lo relevante ahora pasa por saber que los agentes económicos estarán efectivamente observando la reacción de la economía una vez que termine el verano.
 
¿Podrá Alberto F. mostrar que su estrategia empieza a ser exitosa? ¿Pudo el ministro Guzmán ponerle un piso a la crisis, tal como él mismo se lo planteó como primer objetivo?
 
Obviamente, la respuesta hacia el mes de marzo se podrá completar cuando se haya renegociado la deuda pública. Al menos con los bonistas privados.
 
Para dar una señal contundente a los financistas de que se toma muy en serio esa renegociación de la deuda, Alberto F. puso entre sus prioridades el ordenamiento del escenario fiscal.
 
Eso llevó a suspender la movilidad jubilatoria y a aumentar algunos impuestos, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires.
 
El riesgo, en todo caso, es que ese ajuste le ponga trabas a la reactivación de la actividad económica. Que la necesidad del Estado de mejorar su perfil recaudatorio termine ahogando la recuperación.
 
Por lo pronto, será clave que el Banco Central adquiera en el mercado gran parte del superávit comercial. Eso es lo que piensan en el Gobierno. Si logran mostrar ese desempeño, entonces la reanimación de la actividad -vía la monetización de la economía y vía la rebaja de las tasas de interés- podría estar asegurada.
 
¿Podría ser posible? De nuevo, lo dicho al inicio: el Gobierno puede tener como objetivo mantener al dólar "oficial" con alzas homeopáticas durante el primer trimestre de 2020. Sin embargo, la clave será lo que haga de ahí en más, cuando el "campo" levante la cosecha de soja y hagan falta los billetes verdes para asegurar la salida de la crisis.
 
Además de tener buenos diagnósticos, será necesario que los funcionarios tengan, además, la mejor pericia para llevar a cabo los objetivos.
 
Por Claudio Zlotnik
 
Fuente: iProfesional
 

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20-01-2020 / 11:01
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuestionó a distintos funcionarios, -en su mayoría gerentes y directivos- de empresas públicas que ingresaron con cargos políticos al Estado durante el Gobierno del ex presidente, Mauricio Macri, y que en este nuevo período gubernamental no quieren dejar sus cargos en las diferentes dependencias estatales.
 
Massa denunció que dichos funcionarios, en caso de irse, piden doble indemnización y los definió como "okupas". Fuentes de distintos organismos estatales explicaron cómo esta situación afecta a la implementación de proyectos y políticas públicas.
 
El Presidente de la Cámara baja aseguró que "son unos inmorales", y que "no sólo no renuncian a los cargos a los que llegaron por una decisión política, sino que además piden la doble indemnización que ellos mismos rechazaban cuando estaban en el gobierno".
 
Massa se refería a esto ya que el 20 de mayo de 2016 Macri había vetado la ley de Emergencia Ocupacional, que fue sancionada por ambas cámaras legislativas y que pretendía prohibir los despidos por 180 días e implementar la doble indemnización.
 
Es decir, los funcionarios de Cambiemos que aún quedan en el estado, piden para irse la doble indemnización mientras que su gobierno estaba en contra de aplicar ese resarcimiento a los trabajadores despedidos.
 
Massa detalló que se trata de "gerentes de Aerolíneas Argentinas, Anses, Ferrocarriles Argentinos, Pami, Aysa y de otras empresas públicas, que se hacen los distraídos esperando que los echen para pedir que les liquiden la doble indemnización".
 
"Esta gente no llegó con los clasificados bajo el brazo sino que fue designada políticamente y ahora pide una doble indemnización que el mismo Gobierno anterior vetó cuando el Congreso aprobó la Ley", agregó el funcionario. 

19-01-2020 / 18:01
Al grito de "¡no fue suicidio, fue un magnicidio!" un grupo de manifestantes antiperonistas se movilizó a la Plaza del Vaticano, para recordar al fiscal Alberto Nisman a cinco años de su muerte. Los manifestantes se ufanaron de "no llevar banderas políticas". Sin embargo, en el discurso dispararon contra el presidente, Alberto Fernández, y festejaron la presencia de dirigentes del macrismo.
 
Todo el acto fue en línea con los dichos bolzonaristas de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich en los últimos días. La ex funcionaria acusó al jefe de Estado de haber pactado "la demolición de la causa del Memorándum con Irán" que tiene como acusada a Cristina Fernández. Aunque varios dirigentes opositores confirmaron que no judicializarán esta acusación.
 
La ceremonia tuvo de invitados estrellas a los mediáticos diputados Waldo Wolff y Fernando Iglesias, ambos del PRO. De la Coalición Cívica hicieron su aparición Elisa Carrió y su heredero político Maximilano Ferraro. No solo legisladores gurkas del macrismo asistieron, en las primeras filas estaba el ex secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, el ex titular de Medios Públicos Hernán Lombardi y el ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro. Con estos dirigentes macristas bien presentes, los oradores seguían jurando la "independencia política" del acto.
 
Lo que hace varias semanas parecía que iba a ser un acto cargado de contenido opositor con concurrencia masiva, se fue desinflando en los últimos días a medida de que las distintas organizaciones de la comunidad judía en la Argentina anunciaron que no participarían. Tanto la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) decidieron no participar de esta movilización que pedía "Justicia por el asesinato del fiscal", cuando a cinco años de su muerte la Justicia aun no encontró pruebas que definan al caso. Es una muerte utilizada por el macrismo para reforzar la demonización del kirchnerismo.
 
Su ex pareja y jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, y sus hijas tampoco asistieron. Incluso, algunos meses atrás dejaron de ser querellantes en la causa que investiga la muerte de Nisman. Sin embargo, los manifestantes colmaron la pequeña Plaza del Vaticano.
 
La previa fue caliente: intimidaciones a periodistas y reproches entre los manifestantes por la escasez de jóvenes en este acto. Lo cierto es que el calor en una plaza seca, con poca sombra, generó molestia en una buena parte de los adultos mayores que se acercaron temprano.
 
Antes que comenzara el acto, desde la organización pidieron que "respetaran a todos los periodistas". La consigna no fue tomada de la mejor manera por los "defensores de la república", muchos abuchearon, otros chistaban por lo bajo, mientras que otros gritaron: "Son cómplices y corruptos".
 
La Opinión Popular

19-01-2020 / 11:01
En el siglo XX se firmaron, como jamás antes, tratados internacionales que limitan la violencia entre Estados, regulan el trato a prisioneros de guerra, refugiados y migrantes, prohíben la tortura y cien etcéteras. Rigen hoy en día, se amplían regularmente. Centenares de naciones adhieren, se celebran reuniones para ratificar principios universales.
 
Sin embargo el presidente de la mayor potencia del planeta --promotora y signataria de muchas de esas normas, sede física de organismos internacionales-- manda asesinar a un general de otro país. Sin que medie guerra declarada, sin cumplir las (de por sí laxas) leyes de su país. Los propios funcionarios de Donald Trump no alcanzan a justificar, ni siquiera a explicar, la movida. Los opositores la critican con ineficaz dureza.
 
El magnicidio es presenciado impávidamente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU): el poder expuesto en carne viva. Suena cándido o sarcástico preguntarse qué habría pasado si el mandatario homicida fuera iraní, argentino o hasta belga.
 
El orden global siempre fue asimétrico, tendencia que se agrava en la era de la globalización financiera y la primacía de líderes de derecha, racistas, violentos, xenófobos, machistas. Hiper tácticos, predispuestos a adoptar decisiones tremendas mientras tuitean. A toda velocidad, a pura ligereza.
 
Cuando asumieron Trump y su colega brasileño Jair Bolsonaro algunos expertos predijeron que poderes establecidos de sus patrias les demarcarían límites. Las Agencias de Estados Unidos, su élite económica, el Departamento de Estado, allá en el Norte que manda.
 
Acá cerca, Itamaraty, la célebre y profesional Cancillería de Brasil que, se supone, ensilló a la dictadura militar o limó diferencias entre presidentes tan disímiles como José Sarney, Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva.
 
Esos frenos y balances fracasaron, no actuaron, entraron en el pasado. Las mesas chicas de los presidentes del siglo XXI resultan ser minúsculas, a veces se superponen con la reunión familiar. Bolsonaro y sus críos, sin ir más lejos.
 
En ese contexto espantoso, volátil, filo indescifrable, el presidente Alberto Fernández intenta instalar un esquema de negociación de la deuda externa bastante novedoso (nada lo es del todo). Trata de conciliar ciertos principios básicos de soberanía y de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
 
Pagar pero supeditándose a la normalización de la economía, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la deuda interna. La oferta parece sensata, en particular porque la formula un país pacífico, sin violencia racial ni ansias bélicas, una suerte de remanso en el vecindario soliviantado.

18-01-2020 / 10:01
El "fifty-fifty" que proponía Juan Perón para la Argentina era un anhelo por el cual trabajadores y empresas se repartían en partes iguales, 50-50, los ingresos que genera el país. Más allá de que el fifty-fifty no sea un nivel de distribución ideal, el dato publicado por el Indec muestra que la dinámica tiende a alejarse.
 
Ya que, durante el cierre del período Cambiemos, los asalariados volvieron a perder porciones de la distribución del ingreso. Esta vez el fenómeno vino acompañado de una novedad: los empresarios no mejoraron su participación. Y es que los que capturaron la diferencia fueron los trabajadores no asalariados.
 
El cuentapropismo, surgido por la fuerte crisis económica del 2018-2019, creció con fuerza, creó 265.000 puestos de subsistencia, que no califican ni como asalariados ni como empresarios, y llevó a la participación del ingreso mixto a crecer hasta quedarse con el 12,6% de la torta.
 
En este caso, la mencionada torta es el valor agregado por la economía local. Sobre el total del producto nacional, los asalariados se quedaron con el 45,1%. Eso implicó una caída fuerte desde el 52% con el que se quedaba en el 2015, según los datos del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (Ceped).
 
El Indec comenzó a publicar sus números en el 2016 y en el tercer trimestre de ese año todavía era el 52,7%. El deterioro se aceleró durante la gestión Cambiemos.
 
Los empresarios se quedaron con el 44,4% durante el tercer trimestre del 2019. Fue la primera caída en mucho tiempo, ya que en el mismo período del 2018 habían obtenido el 44,9%. Mientras tanto, los cuentapropistas pasaron del 11,4% al 12,6%.
 
Los asalariados son tres cuartos de quienes generan el ingreso nacional y se quedan con el 45,1% del producto; los empresarios son apenas el 3,9% y se quedan con el 44,4%; los cuentapropistas son el 22,9% y se quedan sólo con el 12,6%.
 
La Opinión Popular

18-01-2020 / 09:01
"Iba a presentar una denuncia contra el gobierno y apareció muerto, ya está, no hay nada que agregar". Está el prejuicio, la prepotencia, la intención. Y una pauta de la monstruosidad que puede cometer la manipulación de la información y el "periodismo de guerra", un concepto que inventaron los que lo ejercían.
 
La afirmación del encabezado es un resumen de golpes bajos, inexactitudes y simplificaciones groseras. Es el único sostén de la hipótesis que a Alberto Nisman lo mataron: un crimen virtual, sin rastros de asesinos, con presencias imposibles, sin datos ni motivo, crimen virtual, asesino virtual, pruebas virtuales.
 
Solamente es una frase que busca la complicidad en el prejuicio: "iba a presentar una denuncia contra el gobierno y lo mataron". No puede tener ninguna prosecución legal, solamente impacto político.
 
Las pruebas que determinan el suicidio y rechazan la posibilidad de homicidio han sido muy desarrolladas por Raúl Kollmann en varias notas de este diario; en el libro de Pablo Duggan están analizadas hasta el mínimo detalle, y en el reciente documental de Netflix queda expuesta la solvencia profesional de la fiscal Viviana Fein, que fue despedazada por los medios y finalmente apartada de la causa simplemente porque no se doblegaba al discurso que quería instalar la campaña mediática.
 
Lo más importante fue el resultado del peritaje realizado por los trece médicos forenses dependientes de la Corte. Se trata de un equipo acostumbrado a realizar este tipo de estudios, a diferencia de Gendarmería, que investiga otros delitos y no tiene esa experiencia, y que realizó el peritaje dos años después y en un escenario falso porque el original ya no existía.
 
La jefa de Gendarmería era en ese momento Patricia Bullrich, la misma que en 2015 perseguía por teléfono a Nisman para que se presente a la audiencia en el Congreso. Primero presionó a Nisman hasta lo imposible y después ordenó a Gendarmería que realizara un peritaje cuyas conclusiones fueron las que ella quería, contradiciendo a los peritos de la Corte.
 
El gobierno de Cristina era al que menos le convenía la muerte del fiscal. El macrismo había convocado a Nisman a informar en una sesión parlamentaria secreta. En vez de obstaculizar la reunión, el kirchnerismo logró que el informe fuera público. El kirchnerismo quería que se hiciera esa reunión porque sabía que el fiscal no tenía pruebas y había quedado en una situación desesperada después que el ex titular de Interpol, Richard Noble, lo desmintiera y acusara de mentiroso.
 
La frase que da a entender que el gobierno K lo mató, miente por varios motivos. En primer lugar porque nadie lo mató. Y en segundo lugar porque el gobierno K quería que fuera a hacer la denuncia al Congreso. En realidad este escenario con Nisman muerto le convenía más a los que impulsaban la denuncia de Nisman porque su comparecencia pública podía desnudar la operación sin pruebas que habían montado los servicios de inteligencia en la causa por el memorándum con Irán por el atentado a la AMIA.

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