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“Tenemos nuevas prioridades: combatir el hambre y la pobreza, encender la economía, reactivar el consumo y generar empleo”. Alberto Fernández
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Nacionales - 30-12-2019 / 09:12
SECTORES RADICALIZADOS DE LA DERECHA CONVOCAN A LA RESISTENCIA AL NUEVO GOBIERNO

La oposición macrista y los medios hegemónicos en pie de guerra contra Alberto Fernández

La oposición macrista y los medios hegemónicos en pie de guerra contra Alberto Fernández
Críticas furiosas, la redistribución progresiva de ingresos es presentada como un "ajuste" y sectores radicalizados convocan a la resistencia al nuevo gobierno. Sin poder gozar de la tradicional luna de miel, el programa de emergencia económica, social y laboral del gobierno de Fernández es duramente cuestionado por el inmenso dispositivo mediático y político conservador. Análisis distorsionado de las medidas y ocultamiento del desastre económico que dejó el macrismo.
Alberto Fernández no pudo gozar de la tradicional luna de miel que habitualmente se entrega a todo nuevo gobierno, definida en 100 días. Ni una semana pudo relajarse con la prudencia de la oposición, la calma de los medios hegemónicos o la cordura de los productores agropecuarios. Como si no existieran los 4 años de devastación macrista, las críticas son rabiosas y la resistencia desaforada.
 
Mientras que los máximos responsables políticos de esta crisis de proporciones están de vacaciones suntuosas (Mauricio Macri en el exclusivo country Cumulén, en Villa La Angostura, y María Eugenia Vidal en París con su nueva pareja), el paquete de medidas impulsado por Alberto, para frenar la caída de la economía y el deterioro sociolaboral, es tergiversado al calificarlo como un "ajuste".
 
La extrema mala fe se verificó con la sentencia de que se congelaban las jubilaciones , cuando no es así; por el contrario, todas recibieron el último ajuste de la movilidad, el 72 por ciento de los haberes está recibiendo un bono de 10 mil pesos repartido por mitades en diciembre y enero, y todas también recibirán un aumento en marzo.
  
En estos días de vértigo político y de asombrosa distorsión de la situación económica, resulta necesario precisar algunos conceptos básicos. Redistribuir ingresos en forma progresiva no significa aplicar un ajuste en la economía. Que la crisis la paguen quienes tienen más recursos en términos relativos no es un ajuste. Ordenar las cuentas fiscales desquiciadas luego de cuatro años de un proyecto neoliberal no implica realizar un ajuste.
 
La comprensión de la dinámica económica local está tan contaminada por el discurso dominante conservador que el largo ajuste macrista de derrumbe del consumo popular y de concentración del ingreso fue denominado "sinceramiento". Y una política de redistribución progresiva de recursos y de recomposición del consumo popular es calificada como un "ajuste" o un "impuestazo".
 
La deformación del análisis conservador acerca de cómo dejó la economía el macrismo es impactante. No la dejó con las bases para el crecimiento. Por el contrario, la entregó con dos años en recesión y al borde de la hiperinflación y de un default descontrolado. Como se sabe, ambos sucesos provocan inmensos costos económicos y sociales. Esas posibilidades eran evaluadas como probables por economistas de la ortodoxia y cercanos al macrismo.
 
Las medidas de Fernández lograron alejar ese peligro sin aplicar la receta del ajuste recesivo, pero con muchas limitaciones: no puede emitir mucho por la brusca caída de la demanda de dinero y el consiguiente riesgo de encender la mecha de la hiperinflación; no tiene acceso al financiamiento externo por el virtual default; y no puede expandir mucho por el frente fiscal para impulsar el crecimiento por el desequilibrio de las cuentas públicas heredado.

 
Subjetividad
  
Es tan potente la fuerza de colonización de la subjetividad que muchos están convencidos de que se congelaron las jubilaciones y que se está castigando a la clase media.
 
Como se mencionó al comienzo, los haberes de las personas mayores se actualizaron en diciembre por la movilidad ahora suspendida, el 72 por ciento de los jubilados tienen un alza muy superior con el doble bono de 5000 pesos, y en marzo todos recibirán un alza probablemente diferenciada. O sea, no se congelaron las jubilaciones.
 
La clase media se beneficia, como el resto, del congelamiento de las tarifas de luz, gas y transporte por 180 días, de la desdolarización de gran parte de los costos de los servicios públicos y de un futuro sendero de aumentos criterioso alejado de los tarifazos descomunales del macrismo. La recuperación del consumo popular también la alcanza con la extensión de los programas Ahora 12, con una tasa de interés más baja, y Precios Cuidados, con la ampliación y mejor calidad de los productos incluidos en esa canasta. O sea, no se está castigando a la clase media.
 
Las lecturas tergiversadas del paquete de medidas de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva forman parte de lo que se conoce como la era post-fáctica. En estos tiempos mediáticos acelerados, de desesperación por la captura de audiencias, se instala una noticia o la interpretación de una noticia, que no se comprueba en la realidad, e incluso aparecen explicaciones y pruebas que la desmienten, pero igual se instala como verdad incuestionable.
 
Es un escenario político, social y mediático que el gobierno de Fernández no debería minimizar y, en lo posible, adelantarse para no correr detrás de los acontecimientos. Cuando se observan deficiencias en la comunicación oficial no significa que no haya esfuerzos por trasmitir, y Alberto Fernández lo demuestra con una voluntad evidente ante interlocutores hostiles, sino que se apunta a que no hubo previsión de cuáles pueden ser los flancos desde donde la distorsión mediática atacaría.
 
Se parte en desventaja cuando se tiene que explicar que no es lo que los medios dicen que es. Los cambios en el sistema previsional a nivel nacional y la actualización de los impuestos rural y urbano en la provincia de Buenos Aires deberían haber sido detallados antes de la presentación de los respectivos proyectos, y no después, a la defensiva, a partir de la interpretación desequilibrada que ya hicieron medios y analistas conservadores.
 
 
Medidas progresivas
  
El camino del ajuste fue el que transitó la economía macrista y, precisamente por haber elegido ese rumbo, tres de esos cuatros años fueron en recesión. Ese modelo postulaba que si reducía impuestos y disminuía los salarios aumentaría la competitividad y, de ese modo, llegarían las inversiones y la economía ingresaría en un ciclo de crecimiento sostenido y sustentable. El resultado fue un desastre económico.
 
Es ilustrativo cuantificar la magnitud de la crisis macrista : de los 48 meses que duró, la economía registró crecimiento solo en 17 (menos de un tercio de ese período). En términos históricos, una caída de tal duración y magnitud sólo es comparable con lo sucedido durante 2001, la hiperinflación o la crisis de 1982, situando a la crisis de 2018/2019 entre las más graves de la historia económica argentina reciente.
 
El gobierno de Fernández giró hacia otro extremo la política económica para iniciar la tarea de reconstrucción, definiendo otras reglas de juego:
 
* Actualizó -que implicó un alza neta- los Derechos de Exportación al sector agropecuario.
 
* Aumentó alícuotas de impuestos al patrimonio (Bienes Personales).
 
* Congeló por 180 días las tarifas de luz, gas y transporte.
 
* No aplicó una megadevaluación de la paridad oficial manteniendo estable el mercado de cambios.
 
* Mejoró el ingreso de una inmensa mayoría de jubilados y promete seguir haciéndolo en los próximos meses.
 
* También mejoró el ingreso de los titulares de la Asignación Universal por Hijo con un bono de 2000 pesos, con la distribución de la tarjeta alimentaria de 4000 a 6000 pesos y con la devolución del IVA.
 
* Implementará un sistema masivo de créditos no bancarios a tasas muy bajas para la compra de herramientas o insumos de capital.
 
* Aumentará por decreto los salarios de los trabajadores públicos y privados, y dispuso la doble indemnización por despidos durante seis meses.
 
* No despidió empleados públicos como sí lo hizo en forma masiva la alianza Cambiemos al inicio de su gestión.
 
* Comenzó una lenta pero persistente disminución de la tasa de interés, desarticulando la impresionante bicicleta especulativa del macrismo.
 
* Diseñó una red de contención para las pymes con una amplia y generosa moratoria de obligaciones tributarias, de seguridad social y aduaneras.
 
* Restaurará la administración del comercio exterior para proteger a la industria nacional.
 
* No se lanzó a un endeudamiento desenfrenado, sino que propone una negociación amigable con los acreedores privados para salir del virtual default.
 
* Refuerza los mecanismos de control y administración de divisas desalentando el ahorro en dólares y el turismo al exterior, aplicando un impuesto del 30 por ciento a la compra de billetes para esos fines.
 
Todas estas medidas van a contramano de lo que se conoce como un ajuste.
 
 
Viento de frente
  
Este paquete de medidas es ambicioso no sólo porque busca revertir los efectos devastadores del proyecto neoliberal del macrismo, sino porque ha sido lanzado cuando existe un panorama económico externo negativo. La política económica de Fernández tendrá que transitar de ese modo por un estrecho desfiladero.
 
Mientras Brasil sigue en un prolongado estancamiento, sin poder actuar como tracción de la economía local, la internacional no promete dar un impulso adicional, como el que existió en la primera década del nuevo siglo.
 
El Panorama Económico Mundial del FMI adelanta que el comercio internacional seguirá estancado en el 2020, manteniendo la tendencia de este año con volúmenes de intercambio global cayendo un 1 por ciento en la primera mitad. Tampoco habría que esperar un impulso vía mejora de los precios de los commodities, puesto que se estima que permanezcan en valores similares a los de 2019.
 
El Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe de la Cepal advierte que el contexto económico y social es extremadamente complejo debido a la desaceleración económica generalizada y, especialmente, sincronizada a nivel de los países y de los distintos sectores.
 
En este año, a diferencia de anteriores recientes, 18 de los 20 países de América Latina, así como 23 de las 33 economías de América Latina y el Caribe, presentan una desaceleración en la tasa de crecimiento de la actividad económica. Esta debilidad generalizada se originó en el menor dinamismo de la demanda interna, acompañado por una baja demanda agregada externa y mercados financieros internacionales más frágiles.
 
Este escenario de estancamiento impulsó las crecientes demandas sociales y presiones por reducir la desigualdad. El 2019 fue el año que precipitaron esos reclamos con impactantes rebeliones populares.
 
El informe destaca que "la actividad económica y el comercio mundiales se encuentran débiles, y los riesgos están sesgados a la baja". Agrega que las tensiones comerciales han afectado los niveles de confianza y de inversión de algunas economías cuyos sectores están fuertemente expuestos al comercio internacional.
 
El panorama macroeconómico regional es fulminante: en los últimos seis años, de 2014 a 2019, hubo caída del Producto Interno Bruto, descenso del PIB per cápita, retroceso de la inversión, del consumo per cápita y de las exportaciones, y un sostenido deterioro de la calidad del empleo.
 
Si el 2019 no fue muy alentador, para la CEPAL el 2020 no presenta perspectivas mejores.
 
 
Crecimiento
  
En ese contexto externo adverso, el gobierno de Fernández tiene que encarar la negociación de la deuda en virtual default con acreedores privados, instancia clave para, después de frenar la caída, comenzar a transitar un sendero de crecimiento.
 
El ministro de Economía, Martín Guzmán, informó que el objetivo es conseguir la postergación del pago de los intereses y capital. Se conoce que el pedido será de dos a tres años, pero trascendió que el reclamo puede elevarse a cuatro años. Esto implicará la liberación de sustanciales recursos del Presupuesto.
 
El aumento de los ingresos en la base de la pirámide previsional y laboral, además con un programa de Precios Cuidados mejor administrado, permitirá fortalecer el consumo popular.
 
Los analistas de sistemas tributarios enseñan que cobrar impuestos directos y cobrar más a los sectores con más capacidad contributiva son medidas progresivas. Y si esos recursos son destinados a grupos sociales de menores ingresos significa que se intenta una redistribución progresiva.
 
A la vez, al definirse una escala de prioridades para el uso de divisas escasas, carencias que han sido el principal disparador de grandes crisis de la economía argentina, se está protegiendo a los sectores más vulnerables, que son los que más padecen la brusca inestabilidad de las variables macroeconómicas.
 
Evaluar este paquete de iniciativas económico-social como un ajuste es una distorsión tan asombrosa que sólo puede evaluarse como un acto de mala fe, un alarde de soberbia de la ignorancia o un grado impactante de colonización de la subjetividad.
 
 
Fomentar el consumo
 
El último informe económico mensual del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) realiza una oportuna caracterización del plan de emergencia lanzado por el gobierno de Fernández para frenar la caída de la economía.
 
Las medidas dentro del paquete de la Ley de Solidaridad Social y Recuperación Productiva privilegian las transferencias de recursos a los sectores de bajos ingresos con un doble objetivo. Menciona que por un lado busca paliar urgentemente la crítica situación social, y por otro apunta a dar un leve impulso al muy golpeado consumo en un intento de comenzar a reactivar la economía.
 
El reporte indica que es sabido que si se distribuyen recursos desde los sectores medios-altos y altos hacia los bajos, los primeros no reducen su consumo ya que sostienen su estándar de vida reduciendo su ahorro; mientras los segundos lo incrementan.
 
De ahí que el menor aumento a los jubilados de ingresos medios y altos combinado con mayores aumentos a los de menor ingreso y beneficiarios de la AUH, genere cierto impulso al consumo aun cuando el saldo neto de la reforma sea un ahorro fiscal.
 
Calcula que las transferencias alcanzan a cerca de 8,5 millones de personas y suman un monto global de 60.500 millones de pesos. Se intenta generar de ese modo una recuperación del consumo a partir del congelamiento de las tarifas y transferencias monetarias a la base de la pirámide social.
 
Por su parte, el Centro de Economía Política Argentina estimó un mayor impacto fiscal del paquete de emergencia, al calcular que podría alcanzar una recaudación adicional equivalente a unos 8000 millones de dólares, 2,14 por ciento del PIB.
 
 
Sin luna de miel
  
La experiencia de los años de gobiernos kirchneristas dejó una enseñanza ineludible al momento de analizar los espacios de tensión que generan políticas redistributivas.
 
Existe una tensión estructural, que es la restricción externa que irrumpe cuando el impulso a la demanda no viene acompañado de una transformación de la estructura productiva.
 
Existe una tensión inmediata con factores de poder que emerge cuando se pretende avanzar con medidas de distribución progresiva del ingreso.
 
Cuando predominaron políticas regresivas y concentradoras de la riqueza, como las que se desplegaron durante el gobierno de Macri, la amplia red de propaganda pública y privada, respaldada por el poder económico, era un protagonista principal para intentar domesticar a gran parte de la sociedad. Ahora, cuando se instrumenta una serie de medidas para mejorar un poco el desigual reparto de ingresos, ese mismo dispositivo busca exacerbar las tensiones económicas. Desvía la atención publicitando la existencia de un supuesto ajuste y exagera acerca del costo de "la política".
 
Durante los últimos cuatro años, período en el cual se crearon decenas de cargos inútiles, con gran parte de los funcionarios macristas trabajando muy pocas horas semanales y con una escasa actividad en el Congreso, no hubo cuestionamiento a la "clase política". Es muy evidente que esas observaciones buscan condicionar a un gobierno que propone una orientación económica y social opuesta a la conservadora.
 
 
Desafíos
  
En ese sentido es ilustrativo el último informe de Fundaciones de Investigaciones para el Desarrollo (Fide), al plantear que el nuevo gobierno enfrenta fuertes desafíos económicos, pero también políticos. Menciona que en ambos casos, la capacidad para impulsar un acuerdo económica y social amplio, que involucre no sólo a la dirigencia política, sino también social y económica -sindicatos, movimientos sociales, sectores productivos y empresarios, entre otros-, es decisiva. Recomienda articular las urgencias de corto plazo con las orientaciones de mediano y largo plazo tendientes a abordar los problemas estructurales del subdesarrollo que "requieren de consensos y compromisos muy fuertes" de esos actores.
 
En estas semanas de mucho vértigo, con la mayoría de los medios ignorando la tradicional luna de miel de un nuevo gobierno y ocultando la herencia desastrosa que dejó el macrismo, ese informe de Fide remarca la necesidad de precisar la pesada mochila que existe en términos de deuda financiera, social y de deterioro del entramado productivo.
 
Destaca que desde la economía real, la situación que heredó Alberto Fernández "es de tierra arrasada". Indica que cuando Macri asumió en 2015 la economía crecía al 2,7 por ciento, y aunque "existía un acentuado problema de falta estructural de divisas, el consumo y los niveles de ingresos se mantenían en valores similares a los de cuatro años atrás".
 
Con la expectativa de una brusca desaceleración de la tasa de inflación en los próximos meses, que de por sí será un factor expansivo, la redistribución progresiva del ingreso, medida muy alejada de un ajuste, se constituye en la principal apuesta de Fernández para comenzar a encender los motores de la economía.
 
Por Alfredo Zaiat
 
Fuente: Página12
 

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25-01-2020 / 08:01
Metida en la sobremesa de familias y amigos y en las pesadillas de los ciudadanos, la deuda externa ya forma parte de las tradiciones argentinas como el Pombero o el Lobizón. Tiene creyentes y sacerdotes. Para los primeros es como una religión. En cambio para los sacerdotes siempre ha sido un buen negocio.
 
El gobierno de Mauricio Macri reunió a los obispos del endeudamiento y rompió todas las marcas mundiales en cantidad y velocidad para endeudarse. Y también rompió el récord del Fondo Monetario Internacional que cedió el préstamo más grande de su historia.
 
Cosas de la política: ahora es otra administración la que tratará de pagar sin ajuste. Y los que endeudaron al país van a juzgar si es correcto lo que hará el nuevo gobierno.
 
La deuda creció con dictaduras militares y gobiernos neoliberales siempre de la mano del ajuste y la crisis. Y fueron gobiernos populares los que tuvieron que lidiar con esa herencia, desde Dorrego, hasta Perón, Kirchner y Cristina y ahora Alberto Fernández.
 
El martes el gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda y entró en la recta decisiva y más política para zambullirse de cabeza en el desastre que dejó el macrismo.
 
Deuda y contradeuda es un contrapunto que se prolonga en el tiempo y que en forma cíclica ocupa el centro pese a que siempre fue nada más que un negocio para los prestamistas. Nunca los promotores del endeudamiento han podido exhibir un saldo de provecho que haya dejado alguna de las deudas históricas.
 
Desde Rivadavia hasta el presente nadie puede decir: "esto fue gracias a la deuda". No hay hospitales ni escuelas, ni rutas ni puertos ni fábricas. Miles de millones de dólares a lo largo de la historia que no dejaron nada más que una fabulosa ganancia para los prestamistas, dependencia económica y pobreza.
 
Después del fracaso de la deuda en el 2001, tan cercano, todavía hay economistas, periodistas y medios que defienden ese entramado de ideas del endeudamiento. Después de esa experiencia histórica tan fuerte, es difícil explicar esa insistencia. Pero es cierto que el país se arruinó aunque hubo una elite que se favoreció materialmente con la desgracia general.
 
El gobierno envió al Congreso su proyecto de ley sobre la deuda. Al igual que en los gobiernos K, el criterio es respaldar las negociaciones con el Congreso. El macrismo, en cambio se negó hace apenas dos años a que el préstamo gigante del FMI tuviera tratamiento parlamentario. Son concepciones diferentes con relación a la deuda externa y la democracia.

24-01-2020 / 07:01
El escándalo del Banco Nación en la gestión de Mauricio Macri suma un nuevo capítulo. Tras conocerse que la entidad le otorgó un préstamo millonario a Vicentín, empresa "amiga" del anterior gobierno, ahora se conoció que la aceitera fue la mayor aportante privada de la campaña de Juntos por el Cambio, al menos hasta las PASO. Se endeudó con el Banco Nación por 350 millones de dólares, nunca pagó y se declaró en default el 6 de diciembre.
 
Según publicó La Política Online, la entidad pública le prestó a la empresa que entró en default más de $18.370 millones durante la gestión de Javier González Fraga. En diciembre del año pasado, la empresa entró en quiebra y comenzó la polémica contra el funcionario macrista, por ignorar los análisis de riesgo crediticio y ampliar el préstamo a la firma que suspendió pagos por "estrés financiero".
 
Pero el nuevo dato que complica a la gestión macrista es que la agroexportadora Vicentín fue la mayor aportante privada de la campaña de Juntos por el Cambio. De acuerdo a los registros en la página de la Cámara Nacional Electoral, Vicentín aportó a través de tres de sus empresas: Algodonera Avellaneda, FRIAR S.A y Oleaginosa San Lorenzo. Las tres pertenecen al holding agroexportador Vicentín.
 
Cada una de las compañías aportó para la campaña de Juntos por el Cambio la suma exacta de $4.500.000, dando un total de $13.500.000. Con esa suma, aparecen como uno de los principales aportantes privados a la campaña de Macri, que fue quien más recibió. Lo hicieron algunos días antes de las PASO, entre el 6 y el 8 de agosto de acuerdo a los registros.
 
Cabe destacar que fue el ex presidente Macri el que impulsó en 2019 una ley exprés para permitir que las empresas privadas pudieran realizar aportes para la campaña electoral. Dicha práctica se encontraba prohibida por la reforma electoral que impulsó en 2009 el entonces gobierno de Cristina Fernández. Y aún no fueron publicados los registros de aportes para la segunda etapa de la campaña.
 
El Banco Nación abrió una investigación sobre los créditos irregulares que la entidad otorgó a la exportadora de granos Vicentín. La empresa se declaró en cesación de pagos cuatro días antes de que Cambiemos terminara su gobierno. Macri favoreció a una empresa "amiga" y dejó al Banco Nación en jaque.
 
La Opinión Popular

23-01-2020 / 09:01
En diciembre pasado y por primera vez en los últimos tres años el atesoramiento de dólares fue negativo. Según los datos del Balance Cambiario del BCRA correspondiente al mes pasado la "formación de activos externos del sector privado no financiero" fue negativa en u$s153 millones.
 
Lo que se conoce en la jerga financiera como la "fuga de capitales" o más coloquialmente como el "atesoramiento" de dólares por parte del público, es decir, las divisas que compran las personas físicas y que salen del sistema financiero, totalizó en 2019 los u$s26.865 millones, apenas 1% por debajo del récord histórico de 2018.
 
De modo que en la era Macri (diciembre 2015-noviembre 2019) el atesoramiento sumó nada menos que u$s88.371 millones. Esto representa hoy a casi el doble de las reservas del BCRA.
 
Si bien existe un estigma político sobre el tema del atesoramiento, vale señalar que se trata de ahorro legal que los argentinos de todos los estratos sociales canalizan, según sus posibilidades, en la tenencia de moneda extranjera.
 
Estos fondos pueden tener como destino tanto una caja de seguridad, un colchón, o una maceta como una cuenta en el exterior. De modo que se trata de ahorro doméstico que está fuera del sistema.
 
Basta con imaginar todo lo que se podría hacer o financiar (proyectos, emprendimientos, obras de infraestructura, etc.) con semejante masa de recursos si se recuperara la confianza de los ahorristas argentinos. No se necesitaría ir a "manguear" al exterior ni a mendigar auxilios a organismos internacionales.
 
Este beneficio tiene como objetivo de favorecer el crecimiento productivo de la economía.

23-01-2020 / 08:01
La última marcha por Alberto Nisman, convocada por sectores de Juntos por el Cambio esta vez fue sin el apoyo de fiscales ni de la DAIA, ni de la AMIA, ni del mismo Mauricio Macri, como en aquella de febrero de 2015, la llamada "marcha de los paraguas".
 
Por eso no podría decir cuál grado de adhesión ha tenido la convocatoria, pero no es difícil intuirlo; por lo pronto decir que representa la estrategia de los sectores radicalizados del macrismo que niegan, no ya la colaboración, sino el diálogo con el gobierno de Alberto Fernández y que encuentran en la muerte de Nisman, un tabla de sobrevivencia.
 
A la marcha primigenia, la de 2015 que alentaba la hipótesis de un asesinato, adhirió Macri quien concurrió acompañado por su esposa: fue su primer acto de campaña.
 
La afirmación puede sonar temeraria, sin embargo las tragedias han estado vinculadas al ascenso del macrismo desde sus orígenes porteños y allí emerge el recuerdo de Cromañón. Es difícil pensar una victoria del ex presidente en aquella ocasión para Jefe de Gobierno, sin la estela política que arrojó la tragedia del local del barrio de Once y los dos centenares de jóvenes muertos.
 
Así, dos tragedias de distinta magnitud están presentes en los umbrales de la llegada al poder de esta fuerza política; es cierto que su existencia precede a ambas, pero no es menos relevante que los dos hechos fueron procesados discursivamente por Macri y su entorno de cara a una contienda electoral.
 
A falta de una mirada en pos de la inclusión social, ante la ausencia de una comunicación sustantiva con los sectores populares e incluso con parte de la clase media, el macrismo encontró en esas tragedias (también con la ferroviaria en la Terminal de Once) un modo de construir un relato político retomando el dolor que esas muertes produjeron en las sensibilidades, mucho más que en las razones.
 
El objetivo no fue generar un discurso político en los términos tradicionales, esto es elaborar un Programa de Propuestas de Políticas Públicas que superaran esa situación y que abrieran el camino a un horizonte donde hechos de ese tipo no se repitieran y a la vez garantizar justicia sobre lo ocurrido.
 
En ese sentido no deja de llamar la atención que en cuatro años donde el macrismo manejó buena parte de los recursos institucionales del Estado, no logró un sólo avance significativo en la causa ¿No era una tragedia a atender? ¿No fueron a la "marcha de los paraguas" porque el gobierno aquel impedía la investigación?
 
Desde luego, las dificultades partieron de un hecho: es muy probable que el fiscal haya decidido quitarse la vida y entonces la tragedia cobra otra dimensión, alejándose de culpabilidades hacia otros actores. El discurso construido en torno de una suposición, cuyos resultados efectivos no se discuten, queda a la intemperie, debilitada y erosionada frente a hechos que no aparecen.

22-01-2020 / 09:01
El Gobierno de Alberto Fernández oficializó hoy la reapertura de la paritaria nacional docente. Lo hizo a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. En las próximas horas, el Ministerio de Educación Nacional convocará a los gremios docentes para la semana que viene a la mesa salarial que Mauricio Macri derogó dos años atrás.
 
La norma viene a cumplir con una de las promesas de campaña de Fernández, que después de las PASO se reunió con los principales dirigentes de Ctera. En sus ex oficinas de San Telmo, les confió a Sonia Alesso, Roberto Baradel y Eduardo López que retomaría la paritaria nacional.
 
Ese había sido el principal reclamo de los sindicatos docentes, el motivo de numerosos paros en los últimos dos años. Fue en principios de 2018 cuando, a través del decreto 52/2018, Macri suspendió la paritaria nacional y, en su lugar, estableció una "mesa de convenio marco" que excluía del temario la negociación salarial, pero que dirimía otras cuestiones como carrera docente, condiciones laborales y fondo de incentivo. La pauta salarial, en tanto, quedaba establecida un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil.
 
Con ese piso las provincias, las encargadas de pagar los salarios, debían negociar con sus sindicatos. A partir de ahora, con la vuelta de la paritaria nacional, las jurisdicciones tendrán que acomodarse al mínimo que se fije en la negociación nacional y, a partir de esa base, lograr un acuerdo con sus docentes.
 
Al igual que antes de que se derogara, el decreto prevé que la representación en la mesa nacional sea "proporcional" a la cantidad de afiliados que tenga cada gremio; un guiño para Ctera, el mayoritario del sector.
 
"La integración de la representación de los trabajadores y las trabajadoras será proporcional a la cantidad de afiliados y afiliadas cotizantes que posea cada uno de los gremios de primer grado intervinientes o los adheridos formalmente a las entidades sindicales intervinientes de grado superior, en su caso", señala.
 
Para ello, agrega, cada año el Ministerio de Educación Nacional le pedirá a la cartera de Trabajo una actualización de la cantidad de afiliados de cada sindicato. En total, los de representación nacional, son cinco: Ctera, Uda, Cea, Amet y Sadop, cuyos maestros trabajan en escuelas privadas y habían quedado afuera de la mesa de convenio macro que convocaba Cambiemos.

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