11:26 | Lunes 23 de Febrero de 2013 | Entre Ríos
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Nacionales - 30-12-2019 / 09:12
SECTORES RADICALIZADOS DE LA DERECHA CONVOCAN A LA RESISTENCIA AL NUEVO GOBIERNO
La oposición macrista y los medios hegemónicos en pie de guerra contra Alberto Fernández
Críticas furiosas, la redistribución progresiva de ingresos es presentada como un "ajuste" y sectores radicalizados convocan a la resistencia al nuevo gobierno. Sin poder gozar de la tradicional luna de miel, el programa de emergencia económica, social y laboral del gobierno de Fernández es duramente cuestionado por el inmenso dispositivo mediático y político conservador. Análisis distorsionado de las medidas y ocultamiento del desastre económico que dejó el macrismo.
Alberto Fernández no pudo gozar de la tradicional luna de miel que habitualmente se entrega a todo nuevo gobierno, definida en 100 días. Ni una semana pudo relajarse con la prudencia de la oposición, la calma de los medios hegemónicos o la cordura de los productores agropecuarios. Como si no existieran los 4 años de devastación macrista, las críticas son rabiosas y la resistencia desaforada.
Mientras que los máximos responsables políticos de esta crisis de proporciones están de vacaciones suntuosas (Mauricio Macri en el exclusivo country Cumulén, en Villa La Angostura, y María Eugenia Vidal en París con su nueva pareja), el paquete de medidas impulsado por Alberto, para frenar la caída de la economía y el deterioro sociolaboral, es tergiversado al calificarlo como un "ajuste".
La extrema mala fe se verificó con la sentencia de que se congelaban las jubilaciones , cuando no es así; por el contrario, todas recibieron el último ajuste de la movilidad, el 72 por ciento de los haberes está recibiendo un bono de 10 mil pesos repartido por mitades en diciembre y enero, y todas también recibirán un aumento en marzo.
En estos días de vértigo político y de asombrosa distorsión de la situación económica, resulta necesario precisar algunos conceptos básicos. Redistribuir ingresos en forma progresiva no significa aplicar un ajuste en la economía. Que la crisis la paguen quienes tienen más recursos en términos relativos no es un ajuste. Ordenar las cuentas fiscales desquiciadas luego de cuatro años de un proyecto neoliberal no implica realizar un ajuste.
La comprensión de la dinámica económica local está tan contaminada por el discurso dominante conservador que el largo ajuste macrista de derrumbe del consumo popular y de concentración del ingreso fue denominado "sinceramiento". Y una política de redistribución progresiva de recursos y de recomposición del consumo popular es calificada como un "ajuste" o un "impuestazo".
La deformación del análisis conservador acerca de cómo dejó la economía el macrismo es impactante. No la dejó con las bases para el crecimiento. Por el contrario, la entregó con dos años en recesión y al borde de la hiperinflación y de un default descontrolado. Como se sabe, ambos sucesos provocan inmensos costos económicos y sociales. Esas posibilidades eran evaluadas como probables por economistas de la ortodoxia y cercanos al macrismo.
Las medidas de Fernández lograron alejar ese peligro sin aplicar la receta del ajuste recesivo, pero con muchas limitaciones: no puede emitir mucho por la brusca caída de la demanda de dinero y el consiguiente riesgo de encender la mecha de la hiperinflación; no tiene acceso al financiamiento externo por el virtual default; y no puede expandir mucho por el frente fiscal para impulsar el crecimiento por el desequilibrio de las cuentas públicas heredado.
Mientras que los máximos responsables políticos de esta crisis de proporciones están de vacaciones suntuosas (Mauricio Macri en el exclusivo country Cumulén, en Villa La Angostura, y María Eugenia Vidal en París con su nueva pareja), el paquete de medidas impulsado por Alberto, para frenar la caída de la economía y el deterioro sociolaboral, es tergiversado al calificarlo como un "ajuste".
La extrema mala fe se verificó con la sentencia de que se congelaban las jubilaciones , cuando no es así; por el contrario, todas recibieron el último ajuste de la movilidad, el 72 por ciento de los haberes está recibiendo un bono de 10 mil pesos repartido por mitades en diciembre y enero, y todas también recibirán un aumento en marzo.
En estos días de vértigo político y de asombrosa distorsión de la situación económica, resulta necesario precisar algunos conceptos básicos. Redistribuir ingresos en forma progresiva no significa aplicar un ajuste en la economía. Que la crisis la paguen quienes tienen más recursos en términos relativos no es un ajuste. Ordenar las cuentas fiscales desquiciadas luego de cuatro años de un proyecto neoliberal no implica realizar un ajuste.
La comprensión de la dinámica económica local está tan contaminada por el discurso dominante conservador que el largo ajuste macrista de derrumbe del consumo popular y de concentración del ingreso fue denominado "sinceramiento". Y una política de redistribución progresiva de recursos y de recomposición del consumo popular es calificada como un "ajuste" o un "impuestazo".
La deformación del análisis conservador acerca de cómo dejó la economía el macrismo es impactante. No la dejó con las bases para el crecimiento. Por el contrario, la entregó con dos años en recesión y al borde de la hiperinflación y de un default descontrolado. Como se sabe, ambos sucesos provocan inmensos costos económicos y sociales. Esas posibilidades eran evaluadas como probables por economistas de la ortodoxia y cercanos al macrismo.
Las medidas de Fernández lograron alejar ese peligro sin aplicar la receta del ajuste recesivo, pero con muchas limitaciones: no puede emitir mucho por la brusca caída de la demanda de dinero y el consiguiente riesgo de encender la mecha de la hiperinflación; no tiene acceso al financiamiento externo por el virtual default; y no puede expandir mucho por el frente fiscal para impulsar el crecimiento por el desequilibrio de las cuentas públicas heredado.
Subjetividad
Es tan potente la fuerza de colonización de la subjetividad que muchos están convencidos de que se congelaron las jubilaciones y que se está castigando a la clase media.
Como se mencionó al comienzo, los haberes de las personas mayores se actualizaron en diciembre por la movilidad ahora suspendida, el 72 por ciento de los jubilados tienen un alza muy superior con el doble bono de 5000 pesos, y en marzo todos recibirán un alza probablemente diferenciada. O sea, no se congelaron las jubilaciones.
La clase media se beneficia, como el resto, del congelamiento de las tarifas de luz, gas y transporte por 180 días, de la desdolarización de gran parte de los costos de los servicios públicos y de un futuro sendero de aumentos criterioso alejado de los tarifazos descomunales del macrismo. La recuperación del consumo popular también la alcanza con la extensión de los programas Ahora 12, con una tasa de interés más baja, y Precios Cuidados, con la ampliación y mejor calidad de los productos incluidos en esa canasta. O sea, no se está castigando a la clase media.
Las lecturas tergiversadas del paquete de medidas de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva forman parte de lo que se conoce como la era post-fáctica. En estos tiempos mediáticos acelerados, de desesperación por la captura de audiencias, se instala una noticia o la interpretación de una noticia, que no se comprueba en la realidad, e incluso aparecen explicaciones y pruebas que la desmienten, pero igual se instala como verdad incuestionable.
Es un escenario político, social y mediático que el gobierno de Fernández no debería minimizar y, en lo posible, adelantarse para no correr detrás de los acontecimientos. Cuando se observan deficiencias en la comunicación oficial no significa que no haya esfuerzos por trasmitir, y Alberto Fernández lo demuestra con una voluntad evidente ante interlocutores hostiles, sino que se apunta a que no hubo previsión de cuáles pueden ser los flancos desde donde la distorsión mediática atacaría.
Se parte en desventaja cuando se tiene que explicar que no es lo que los medios dicen que es. Los cambios en el sistema previsional a nivel nacional y la actualización de los impuestos rural y urbano en la provincia de Buenos Aires deberían haber sido detallados antes de la presentación de los respectivos proyectos, y no después, a la defensiva, a partir de la interpretación desequilibrada que ya hicieron medios y analistas conservadores.
Medidas progresivas
El camino del ajuste fue el que transitó la economía macrista y, precisamente por haber elegido ese rumbo, tres de esos cuatros años fueron en recesión. Ese modelo postulaba que si reducía impuestos y disminuía los salarios aumentaría la competitividad y, de ese modo, llegarían las inversiones y la economía ingresaría en un ciclo de crecimiento sostenido y sustentable. El resultado fue un desastre económico.
Es ilustrativo cuantificar la magnitud de la crisis macrista : de los 48 meses que duró, la economía registró crecimiento solo en 17 (menos de un tercio de ese período). En términos históricos, una caída de tal duración y magnitud sólo es comparable con lo sucedido durante 2001, la hiperinflación o la crisis de 1982, situando a la crisis de 2018/2019 entre las más graves de la historia económica argentina reciente.
El gobierno de Fernández giró hacia otro extremo la política económica para iniciar la tarea de reconstrucción, definiendo otras reglas de juego:
* Actualizó -que implicó un alza neta- los Derechos de Exportación al sector agropecuario.
* Aumentó alícuotas de impuestos al patrimonio (Bienes Personales).
* Congeló por 180 días las tarifas de luz, gas y transporte.
* No aplicó una megadevaluación de la paridad oficial manteniendo estable el mercado de cambios.
* Mejoró el ingreso de una inmensa mayoría de jubilados y promete seguir haciéndolo en los próximos meses.
* También mejoró el ingreso de los titulares de la Asignación Universal por Hijo con un bono de 2000 pesos, con la distribución de la tarjeta alimentaria de 4000 a 6000 pesos y con la devolución del IVA.
* Implementará un sistema masivo de créditos no bancarios a tasas muy bajas para la compra de herramientas o insumos de capital.
* Aumentará por decreto los salarios de los trabajadores públicos y privados, y dispuso la doble indemnización por despidos durante seis meses.
* No despidió empleados públicos como sí lo hizo en forma masiva la alianza Cambiemos al inicio de su gestión.
* Comenzó una lenta pero persistente disminución de la tasa de interés, desarticulando la impresionante bicicleta especulativa del macrismo.
* Diseñó una red de contención para las pymes con una amplia y generosa moratoria de obligaciones tributarias, de seguridad social y aduaneras.
* Restaurará la administración del comercio exterior para proteger a la industria nacional.
* No se lanzó a un endeudamiento desenfrenado, sino que propone una negociación amigable con los acreedores privados para salir del virtual default.
* Refuerza los mecanismos de control y administración de divisas desalentando el ahorro en dólares y el turismo al exterior, aplicando un impuesto del 30 por ciento a la compra de billetes para esos fines.
Todas estas medidas van a contramano de lo que se conoce como un ajuste.
Viento de frente
Este paquete de medidas es ambicioso no sólo porque busca revertir los efectos devastadores del proyecto neoliberal del macrismo, sino porque ha sido lanzado cuando existe un panorama económico externo negativo. La política económica de Fernández tendrá que transitar de ese modo por un estrecho desfiladero.
Mientras Brasil sigue en un prolongado estancamiento, sin poder actuar como tracción de la economía local, la internacional no promete dar un impulso adicional, como el que existió en la primera década del nuevo siglo.
El Panorama Económico Mundial del FMI adelanta que el comercio internacional seguirá estancado en el 2020, manteniendo la tendencia de este año con volúmenes de intercambio global cayendo un 1 por ciento en la primera mitad. Tampoco habría que esperar un impulso vía mejora de los precios de los commodities, puesto que se estima que permanezcan en valores similares a los de 2019.
El Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe de la Cepal advierte que el contexto económico y social es extremadamente complejo debido a la desaceleración económica generalizada y, especialmente, sincronizada a nivel de los países y de los distintos sectores.
En este año, a diferencia de anteriores recientes, 18 de los 20 países de América Latina, así como 23 de las 33 economías de América Latina y el Caribe, presentan una desaceleración en la tasa de crecimiento de la actividad económica. Esta debilidad generalizada se originó en el menor dinamismo de la demanda interna, acompañado por una baja demanda agregada externa y mercados financieros internacionales más frágiles.
Este escenario de estancamiento impulsó las crecientes demandas sociales y presiones por reducir la desigualdad. El 2019 fue el año que precipitaron esos reclamos con impactantes rebeliones populares.
El informe destaca que "la actividad económica y el comercio mundiales se encuentran débiles, y los riesgos están sesgados a la baja". Agrega que las tensiones comerciales han afectado los niveles de confianza y de inversión de algunas economías cuyos sectores están fuertemente expuestos al comercio internacional.
El panorama macroeconómico regional es fulminante: en los últimos seis años, de 2014 a 2019, hubo caída del Producto Interno Bruto, descenso del PIB per cápita, retroceso de la inversión, del consumo per cápita y de las exportaciones, y un sostenido deterioro de la calidad del empleo.
Si el 2019 no fue muy alentador, para la CEPAL el 2020 no presenta perspectivas mejores.
Crecimiento
En ese contexto externo adverso, el gobierno de Fernández tiene que encarar la negociación de la deuda en virtual default con acreedores privados, instancia clave para, después de frenar la caída, comenzar a transitar un sendero de crecimiento.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, informó que el objetivo es conseguir la postergación del pago de los intereses y capital. Se conoce que el pedido será de dos a tres años, pero trascendió que el reclamo puede elevarse a cuatro años. Esto implicará la liberación de sustanciales recursos del Presupuesto.
El aumento de los ingresos en la base de la pirámide previsional y laboral, además con un programa de Precios Cuidados mejor administrado, permitirá fortalecer el consumo popular.
Los analistas de sistemas tributarios enseñan que cobrar impuestos directos y cobrar más a los sectores con más capacidad contributiva son medidas progresivas. Y si esos recursos son destinados a grupos sociales de menores ingresos significa que se intenta una redistribución progresiva.
A la vez, al definirse una escala de prioridades para el uso de divisas escasas, carencias que han sido el principal disparador de grandes crisis de la economía argentina, se está protegiendo a los sectores más vulnerables, que son los que más padecen la brusca inestabilidad de las variables macroeconómicas.
Evaluar este paquete de iniciativas económico-social como un ajuste es una distorsión tan asombrosa que sólo puede evaluarse como un acto de mala fe, un alarde de soberbia de la ignorancia o un grado impactante de colonización de la subjetividad.
Fomentar el consumo
El último informe económico mensual del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) realiza una oportuna caracterización del plan de emergencia lanzado por el gobierno de Fernández para frenar la caída de la economía.
Las medidas dentro del paquete de la Ley de Solidaridad Social y Recuperación Productiva privilegian las transferencias de recursos a los sectores de bajos ingresos con un doble objetivo. Menciona que por un lado busca paliar urgentemente la crítica situación social, y por otro apunta a dar un leve impulso al muy golpeado consumo en un intento de comenzar a reactivar la economía.
El reporte indica que es sabido que si se distribuyen recursos desde los sectores medios-altos y altos hacia los bajos, los primeros no reducen su consumo ya que sostienen su estándar de vida reduciendo su ahorro; mientras los segundos lo incrementan.
De ahí que el menor aumento a los jubilados de ingresos medios y altos combinado con mayores aumentos a los de menor ingreso y beneficiarios de la AUH, genere cierto impulso al consumo aun cuando el saldo neto de la reforma sea un ahorro fiscal.
Calcula que las transferencias alcanzan a cerca de 8,5 millones de personas y suman un monto global de 60.500 millones de pesos. Se intenta generar de ese modo una recuperación del consumo a partir del congelamiento de las tarifas y transferencias monetarias a la base de la pirámide social.
Por su parte, el Centro de Economía Política Argentina estimó un mayor impacto fiscal del paquete de emergencia, al calcular que podría alcanzar una recaudación adicional equivalente a unos 8000 millones de dólares, 2,14 por ciento del PIB.
Sin luna de miel
La experiencia de los años de gobiernos kirchneristas dejó una enseñanza ineludible al momento de analizar los espacios de tensión que generan políticas redistributivas.
Existe una tensión estructural, que es la restricción externa que irrumpe cuando el impulso a la demanda no viene acompañado de una transformación de la estructura productiva.
Existe una tensión inmediata con factores de poder que emerge cuando se pretende avanzar con medidas de distribución progresiva del ingreso.
Cuando predominaron políticas regresivas y concentradoras de la riqueza, como las que se desplegaron durante el gobierno de Macri, la amplia red de propaganda pública y privada, respaldada por el poder económico, era un protagonista principal para intentar domesticar a gran parte de la sociedad. Ahora, cuando se instrumenta una serie de medidas para mejorar un poco el desigual reparto de ingresos, ese mismo dispositivo busca exacerbar las tensiones económicas. Desvía la atención publicitando la existencia de un supuesto ajuste y exagera acerca del costo de "la política".
Durante los últimos cuatro años, período en el cual se crearon decenas de cargos inútiles, con gran parte de los funcionarios macristas trabajando muy pocas horas semanales y con una escasa actividad en el Congreso, no hubo cuestionamiento a la "clase política". Es muy evidente que esas observaciones buscan condicionar a un gobierno que propone una orientación económica y social opuesta a la conservadora.
Desafíos
En ese sentido es ilustrativo el último informe de Fundaciones de Investigaciones para el Desarrollo (Fide), al plantear que el nuevo gobierno enfrenta fuertes desafíos económicos, pero también políticos. Menciona que en ambos casos, la capacidad para impulsar un acuerdo económica y social amplio, que involucre no sólo a la dirigencia política, sino también social y económica -sindicatos, movimientos sociales, sectores productivos y empresarios, entre otros-, es decisiva. Recomienda articular las urgencias de corto plazo con las orientaciones de mediano y largo plazo tendientes a abordar los problemas estructurales del subdesarrollo que "requieren de consensos y compromisos muy fuertes" de esos actores.
En estas semanas de mucho vértigo, con la mayoría de los medios ignorando la tradicional luna de miel de un nuevo gobierno y ocultando la herencia desastrosa que dejó el macrismo, ese informe de Fide remarca la necesidad de precisar la pesada mochila que existe en términos de deuda financiera, social y de deterioro del entramado productivo.
Destaca que desde la economía real, la situación que heredó Alberto Fernández "es de tierra arrasada". Indica que cuando Macri asumió en 2015 la economía crecía al 2,7 por ciento, y aunque "existía un acentuado problema de falta estructural de divisas, el consumo y los niveles de ingresos se mantenían en valores similares a los de cuatro años atrás".
Con la expectativa de una brusca desaceleración de la tasa de inflación en los próximos meses, que de por sí será un factor expansivo, la redistribución progresiva del ingreso, medida muy alejada de un ajuste, se constituye en la principal apuesta de Fernández para comenzar a encender los motores de la economía.
Por Alfredo Zaiat
Fuente: Página12
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