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El clima en Paraná

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 30-12-2019 / 09:12
SECTORES RADICALIZADOS DE LA DERECHA CONVOCAN A LA RESISTENCIA AL NUEVO GOBIERNO

La oposición macrista y los medios hegemónicos en pie de guerra contra Alberto Fernández

La oposición macrista y los medios hegemónicos en pie de guerra contra Alberto Fernández
Críticas furiosas, la redistribución progresiva de ingresos es presentada como un "ajuste" y sectores radicalizados convocan a la resistencia al nuevo gobierno. Sin poder gozar de la tradicional luna de miel, el programa de emergencia económica, social y laboral del gobierno de Fernández es duramente cuestionado por el inmenso dispositivo mediático y político conservador. Análisis distorsionado de las medidas y ocultamiento del desastre económico que dejó el macrismo.
Alberto Fernández no pudo gozar de la tradicional luna de miel que habitualmente se entrega a todo nuevo gobierno, definida en 100 días. Ni una semana pudo relajarse con la prudencia de la oposición, la calma de los medios hegemónicos o la cordura de los productores agropecuarios. Como si no existieran los 4 años de devastación macrista, las críticas son rabiosas y la resistencia desaforada.
 
Mientras que los máximos responsables políticos de esta crisis de proporciones están de vacaciones suntuosas (Mauricio Macri en el exclusivo country Cumulén, en Villa La Angostura, y María Eugenia Vidal en París con su nueva pareja), el paquete de medidas impulsado por Alberto, para frenar la caída de la economía y el deterioro sociolaboral, es tergiversado al calificarlo como un "ajuste".
 
La extrema mala fe se verificó con la sentencia de que se congelaban las jubilaciones , cuando no es así; por el contrario, todas recibieron el último ajuste de la movilidad, el 72 por ciento de los haberes está recibiendo un bono de 10 mil pesos repartido por mitades en diciembre y enero, y todas también recibirán un aumento en marzo.
  
En estos días de vértigo político y de asombrosa distorsión de la situación económica, resulta necesario precisar algunos conceptos básicos. Redistribuir ingresos en forma progresiva no significa aplicar un ajuste en la economía. Que la crisis la paguen quienes tienen más recursos en términos relativos no es un ajuste. Ordenar las cuentas fiscales desquiciadas luego de cuatro años de un proyecto neoliberal no implica realizar un ajuste.
 
La comprensión de la dinámica económica local está tan contaminada por el discurso dominante conservador que el largo ajuste macrista de derrumbe del consumo popular y de concentración del ingreso fue denominado "sinceramiento". Y una política de redistribución progresiva de recursos y de recomposición del consumo popular es calificada como un "ajuste" o un "impuestazo".
 
La deformación del análisis conservador acerca de cómo dejó la economía el macrismo es impactante. No la dejó con las bases para el crecimiento. Por el contrario, la entregó con dos años en recesión y al borde de la hiperinflación y de un default descontrolado. Como se sabe, ambos sucesos provocan inmensos costos económicos y sociales. Esas posibilidades eran evaluadas como probables por economistas de la ortodoxia y cercanos al macrismo.
 
Las medidas de Fernández lograron alejar ese peligro sin aplicar la receta del ajuste recesivo, pero con muchas limitaciones: no puede emitir mucho por la brusca caída de la demanda de dinero y el consiguiente riesgo de encender la mecha de la hiperinflación; no tiene acceso al financiamiento externo por el virtual default; y no puede expandir mucho por el frente fiscal para impulsar el crecimiento por el desequilibrio de las cuentas públicas heredado.

 
Subjetividad
  
Es tan potente la fuerza de colonización de la subjetividad que muchos están convencidos de que se congelaron las jubilaciones y que se está castigando a la clase media.
 
Como se mencionó al comienzo, los haberes de las personas mayores se actualizaron en diciembre por la movilidad ahora suspendida, el 72 por ciento de los jubilados tienen un alza muy superior con el doble bono de 5000 pesos, y en marzo todos recibirán un alza probablemente diferenciada. O sea, no se congelaron las jubilaciones.
 
La clase media se beneficia, como el resto, del congelamiento de las tarifas de luz, gas y transporte por 180 días, de la desdolarización de gran parte de los costos de los servicios públicos y de un futuro sendero de aumentos criterioso alejado de los tarifazos descomunales del macrismo. La recuperación del consumo popular también la alcanza con la extensión de los programas Ahora 12, con una tasa de interés más baja, y Precios Cuidados, con la ampliación y mejor calidad de los productos incluidos en esa canasta. O sea, no se está castigando a la clase media.
 
Las lecturas tergiversadas del paquete de medidas de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva forman parte de lo que se conoce como la era post-fáctica. En estos tiempos mediáticos acelerados, de desesperación por la captura de audiencias, se instala una noticia o la interpretación de una noticia, que no se comprueba en la realidad, e incluso aparecen explicaciones y pruebas que la desmienten, pero igual se instala como verdad incuestionable.
 
Es un escenario político, social y mediático que el gobierno de Fernández no debería minimizar y, en lo posible, adelantarse para no correr detrás de los acontecimientos. Cuando se observan deficiencias en la comunicación oficial no significa que no haya esfuerzos por trasmitir, y Alberto Fernández lo demuestra con una voluntad evidente ante interlocutores hostiles, sino que se apunta a que no hubo previsión de cuáles pueden ser los flancos desde donde la distorsión mediática atacaría.
 
Se parte en desventaja cuando se tiene que explicar que no es lo que los medios dicen que es. Los cambios en el sistema previsional a nivel nacional y la actualización de los impuestos rural y urbano en la provincia de Buenos Aires deberían haber sido detallados antes de la presentación de los respectivos proyectos, y no después, a la defensiva, a partir de la interpretación desequilibrada que ya hicieron medios y analistas conservadores.
 
 
Medidas progresivas
  
El camino del ajuste fue el que transitó la economía macrista y, precisamente por haber elegido ese rumbo, tres de esos cuatros años fueron en recesión. Ese modelo postulaba que si reducía impuestos y disminuía los salarios aumentaría la competitividad y, de ese modo, llegarían las inversiones y la economía ingresaría en un ciclo de crecimiento sostenido y sustentable. El resultado fue un desastre económico.
 
Es ilustrativo cuantificar la magnitud de la crisis macrista : de los 48 meses que duró, la economía registró crecimiento solo en 17 (menos de un tercio de ese período). En términos históricos, una caída de tal duración y magnitud sólo es comparable con lo sucedido durante 2001, la hiperinflación o la crisis de 1982, situando a la crisis de 2018/2019 entre las más graves de la historia económica argentina reciente.
 
El gobierno de Fernández giró hacia otro extremo la política económica para iniciar la tarea de reconstrucción, definiendo otras reglas de juego:
 
* Actualizó -que implicó un alza neta- los Derechos de Exportación al sector agropecuario.
 
* Aumentó alícuotas de impuestos al patrimonio (Bienes Personales).
 
* Congeló por 180 días las tarifas de luz, gas y transporte.
 
* No aplicó una megadevaluación de la paridad oficial manteniendo estable el mercado de cambios.
 
* Mejoró el ingreso de una inmensa mayoría de jubilados y promete seguir haciéndolo en los próximos meses.
 
* También mejoró el ingreso de los titulares de la Asignación Universal por Hijo con un bono de 2000 pesos, con la distribución de la tarjeta alimentaria de 4000 a 6000 pesos y con la devolución del IVA.
 
* Implementará un sistema masivo de créditos no bancarios a tasas muy bajas para la compra de herramientas o insumos de capital.
 
* Aumentará por decreto los salarios de los trabajadores públicos y privados, y dispuso la doble indemnización por despidos durante seis meses.
 
* No despidió empleados públicos como sí lo hizo en forma masiva la alianza Cambiemos al inicio de su gestión.
 
* Comenzó una lenta pero persistente disminución de la tasa de interés, desarticulando la impresionante bicicleta especulativa del macrismo.
 
* Diseñó una red de contención para las pymes con una amplia y generosa moratoria de obligaciones tributarias, de seguridad social y aduaneras.
 
* Restaurará la administración del comercio exterior para proteger a la industria nacional.
 
* No se lanzó a un endeudamiento desenfrenado, sino que propone una negociación amigable con los acreedores privados para salir del virtual default.
 
* Refuerza los mecanismos de control y administración de divisas desalentando el ahorro en dólares y el turismo al exterior, aplicando un impuesto del 30 por ciento a la compra de billetes para esos fines.
 
Todas estas medidas van a contramano de lo que se conoce como un ajuste.
 
 
Viento de frente
  
Este paquete de medidas es ambicioso no sólo porque busca revertir los efectos devastadores del proyecto neoliberal del macrismo, sino porque ha sido lanzado cuando existe un panorama económico externo negativo. La política económica de Fernández tendrá que transitar de ese modo por un estrecho desfiladero.
 
Mientras Brasil sigue en un prolongado estancamiento, sin poder actuar como tracción de la economía local, la internacional no promete dar un impulso adicional, como el que existió en la primera década del nuevo siglo.
 
El Panorama Económico Mundial del FMI adelanta que el comercio internacional seguirá estancado en el 2020, manteniendo la tendencia de este año con volúmenes de intercambio global cayendo un 1 por ciento en la primera mitad. Tampoco habría que esperar un impulso vía mejora de los precios de los commodities, puesto que se estima que permanezcan en valores similares a los de 2019.
 
El Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe de la Cepal advierte que el contexto económico y social es extremadamente complejo debido a la desaceleración económica generalizada y, especialmente, sincronizada a nivel de los países y de los distintos sectores.
 
En este año, a diferencia de anteriores recientes, 18 de los 20 países de América Latina, así como 23 de las 33 economías de América Latina y el Caribe, presentan una desaceleración en la tasa de crecimiento de la actividad económica. Esta debilidad generalizada se originó en el menor dinamismo de la demanda interna, acompañado por una baja demanda agregada externa y mercados financieros internacionales más frágiles.
 
Este escenario de estancamiento impulsó las crecientes demandas sociales y presiones por reducir la desigualdad. El 2019 fue el año que precipitaron esos reclamos con impactantes rebeliones populares.
 
El informe destaca que "la actividad económica y el comercio mundiales se encuentran débiles, y los riesgos están sesgados a la baja". Agrega que las tensiones comerciales han afectado los niveles de confianza y de inversión de algunas economías cuyos sectores están fuertemente expuestos al comercio internacional.
 
El panorama macroeconómico regional es fulminante: en los últimos seis años, de 2014 a 2019, hubo caída del Producto Interno Bruto, descenso del PIB per cápita, retroceso de la inversión, del consumo per cápita y de las exportaciones, y un sostenido deterioro de la calidad del empleo.
 
Si el 2019 no fue muy alentador, para la CEPAL el 2020 no presenta perspectivas mejores.
 
 
Crecimiento
  
En ese contexto externo adverso, el gobierno de Fernández tiene que encarar la negociación de la deuda en virtual default con acreedores privados, instancia clave para, después de frenar la caída, comenzar a transitar un sendero de crecimiento.
 
El ministro de Economía, Martín Guzmán, informó que el objetivo es conseguir la postergación del pago de los intereses y capital. Se conoce que el pedido será de dos a tres años, pero trascendió que el reclamo puede elevarse a cuatro años. Esto implicará la liberación de sustanciales recursos del Presupuesto.
 
El aumento de los ingresos en la base de la pirámide previsional y laboral, además con un programa de Precios Cuidados mejor administrado, permitirá fortalecer el consumo popular.
 
Los analistas de sistemas tributarios enseñan que cobrar impuestos directos y cobrar más a los sectores con más capacidad contributiva son medidas progresivas. Y si esos recursos son destinados a grupos sociales de menores ingresos significa que se intenta una redistribución progresiva.
 
A la vez, al definirse una escala de prioridades para el uso de divisas escasas, carencias que han sido el principal disparador de grandes crisis de la economía argentina, se está protegiendo a los sectores más vulnerables, que son los que más padecen la brusca inestabilidad de las variables macroeconómicas.
 
Evaluar este paquete de iniciativas económico-social como un ajuste es una distorsión tan asombrosa que sólo puede evaluarse como un acto de mala fe, un alarde de soberbia de la ignorancia o un grado impactante de colonización de la subjetividad.
 
 
Fomentar el consumo
 
El último informe económico mensual del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) realiza una oportuna caracterización del plan de emergencia lanzado por el gobierno de Fernández para frenar la caída de la economía.
 
Las medidas dentro del paquete de la Ley de Solidaridad Social y Recuperación Productiva privilegian las transferencias de recursos a los sectores de bajos ingresos con un doble objetivo. Menciona que por un lado busca paliar urgentemente la crítica situación social, y por otro apunta a dar un leve impulso al muy golpeado consumo en un intento de comenzar a reactivar la economía.
 
El reporte indica que es sabido que si se distribuyen recursos desde los sectores medios-altos y altos hacia los bajos, los primeros no reducen su consumo ya que sostienen su estándar de vida reduciendo su ahorro; mientras los segundos lo incrementan.
 
De ahí que el menor aumento a los jubilados de ingresos medios y altos combinado con mayores aumentos a los de menor ingreso y beneficiarios de la AUH, genere cierto impulso al consumo aun cuando el saldo neto de la reforma sea un ahorro fiscal.
 
Calcula que las transferencias alcanzan a cerca de 8,5 millones de personas y suman un monto global de 60.500 millones de pesos. Se intenta generar de ese modo una recuperación del consumo a partir del congelamiento de las tarifas y transferencias monetarias a la base de la pirámide social.
 
Por su parte, el Centro de Economía Política Argentina estimó un mayor impacto fiscal del paquete de emergencia, al calcular que podría alcanzar una recaudación adicional equivalente a unos 8000 millones de dólares, 2,14 por ciento del PIB.
 
 
Sin luna de miel
  
La experiencia de los años de gobiernos kirchneristas dejó una enseñanza ineludible al momento de analizar los espacios de tensión que generan políticas redistributivas.
 
Existe una tensión estructural, que es la restricción externa que irrumpe cuando el impulso a la demanda no viene acompañado de una transformación de la estructura productiva.
 
Existe una tensión inmediata con factores de poder que emerge cuando se pretende avanzar con medidas de distribución progresiva del ingreso.
 
Cuando predominaron políticas regresivas y concentradoras de la riqueza, como las que se desplegaron durante el gobierno de Macri, la amplia red de propaganda pública y privada, respaldada por el poder económico, era un protagonista principal para intentar domesticar a gran parte de la sociedad. Ahora, cuando se instrumenta una serie de medidas para mejorar un poco el desigual reparto de ingresos, ese mismo dispositivo busca exacerbar las tensiones económicas. Desvía la atención publicitando la existencia de un supuesto ajuste y exagera acerca del costo de "la política".
 
Durante los últimos cuatro años, período en el cual se crearon decenas de cargos inútiles, con gran parte de los funcionarios macristas trabajando muy pocas horas semanales y con una escasa actividad en el Congreso, no hubo cuestionamiento a la "clase política". Es muy evidente que esas observaciones buscan condicionar a un gobierno que propone una orientación económica y social opuesta a la conservadora.
 
 
Desafíos
  
En ese sentido es ilustrativo el último informe de Fundaciones de Investigaciones para el Desarrollo (Fide), al plantear que el nuevo gobierno enfrenta fuertes desafíos económicos, pero también políticos. Menciona que en ambos casos, la capacidad para impulsar un acuerdo económica y social amplio, que involucre no sólo a la dirigencia política, sino también social y económica -sindicatos, movimientos sociales, sectores productivos y empresarios, entre otros-, es decisiva. Recomienda articular las urgencias de corto plazo con las orientaciones de mediano y largo plazo tendientes a abordar los problemas estructurales del subdesarrollo que "requieren de consensos y compromisos muy fuertes" de esos actores.
 
En estas semanas de mucho vértigo, con la mayoría de los medios ignorando la tradicional luna de miel de un nuevo gobierno y ocultando la herencia desastrosa que dejó el macrismo, ese informe de Fide remarca la necesidad de precisar la pesada mochila que existe en términos de deuda financiera, social y de deterioro del entramado productivo.
 
Destaca que desde la economía real, la situación que heredó Alberto Fernández "es de tierra arrasada". Indica que cuando Macri asumió en 2015 la economía crecía al 2,7 por ciento, y aunque "existía un acentuado problema de falta estructural de divisas, el consumo y los niveles de ingresos se mantenían en valores similares a los de cuatro años atrás".
 
Con la expectativa de una brusca desaceleración de la tasa de inflación en los próximos meses, que de por sí será un factor expansivo, la redistribución progresiva del ingreso, medida muy alejada de un ajuste, se constituye en la principal apuesta de Fernández para comenzar a encender los motores de la economía.
 
Por Alfredo Zaiat
 
Fuente: Página12
 

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19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

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