13:02 | Domingo 08 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 28-12-2019 / 09:12

FUERTE RESPALDO DE CARA A LA NEGOCIACIÓN DE LA DEUDA

Contundente apoyo económico, social y gremial al gobierno de Alberto Fernández

Centrales de trabajadores, cámaras empresarias y representantes de sectores sociales adhieren al Compromiso de Solidaridad, un documento confeccionado por el gobierno de Alberto Fernández para mostrar un apoyo amplio de cara a la negociación por la deuda externa con acreedores extranjeros y el Fondo Monetario Internacional.

Centrales de trabajadores, cámaras empresarias y representantes de sectores sociales adhieren al Compromiso de Solidaridad, un documento confeccionado por el gobierno de Alberto Fernández para mostrar un apoyo amplio de cara a la negociación por la deuda externa con acreedores extranjeros y el Fondo Monetario Internacional.

El texto, de tres páginas, hace énfasis en la necesidad de avanzar hacia una "justa distribución de la riqueza" para la cual es necesario que algunos sectores hagan "un esfuerzo extraordinario". Además, reflota el proyecto de Fernández de un Consejo Económico y Social, que podría sancionarse por ley a comienzos del próximo período de sesiones ordinarias.

"La Nación atraviesa una situación de grave fragilidad económica y social. Necesitamos estar más unidos que nunca para enfrentarla y superarla", comienza el Compromiso. Con la firma de empresarios, sindicalistas y otros actores de importancia, Fernández consigue un respaldo fuerte a su diagnóstico sobre la situación heredada al llegar a la presidencia.

Así, justifica algunas decisiones tomadas en las primeras semanas en nombre de la emergencia y a la vez muestra una posición sólida para plantear en la mesa de negociación con los acreedores la necesidad de dar un plazo de gracia para que el país pueda salir de esta crisis antes de recobrar su capacidad de pago. Nestorismo puro.

"La voluntad de pago requiere condiciones compatibles con la atención de la deuda social y el crecimiento de la economía. Sin ello, sería imposible cumplir con las obligaciones que asuma el país", agrega el documento, que define como prioridad "en primer lugar" que se dé "respuesta a la trágica deuda social con los argentinos y argentinas que sufren hambre y problemas de alimentación".

De ahí el compromiso "a contribuir con un esfuerzo extraordinario a la obligación moral de poner en la mesa de todas nuestras familias el pan que a ninguna le debería faltar". En ese sentido, Fernández propone, "empezar por lo más urgente para luego poder juntos abocarnos a lo más importante".

El documento plantea además la necesidad de discutir de manera prioritaria "un esquema equitativo y sustentable de actualización de haberes jubilatorios y tarifas de los servicios públicos" y pone una serie de objetivos para el mediano plazo, como la creación de empleo de calidad de la mano de la inversión productiva y la generación de valor agregado, la promoción de crédito accesible para vivienda y producción y la creación de nuevas PyMEs.

Además, la integración con el mundo vía Mercosur, la incorporación de más mujeres, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de la economía popular. Además, señala la importancia de "garantizar el acceso a la salud, la educación y el hábitat a los sectores más postergados".

La Opinión Popular

ACUERDO MULTISECTORIAL

El Gobierno lanzó el pacto social con empresarios, gremios y organizaciones sociales

El presidente, Alberto Fernández, junto a empresarios, representantes gremiales y de movimientos sociales lanzó el pacto social a través de la firma de un acta denominada "Compromiso Argentino por el desarrollo y la solidaridad", en el cual se insta llevar adelante "consensos de largo plazo, que vayan más allá de un período presidencial y que incluyan metas compartidas y posibles de alcanzar en distintas etapas."

"La idea de este acuerdo, es empezar a lograr un diálogo franco para asumir los problemas que tenemos; toda la Argentina tiene problemas, está claro que algunos están más agobiados que otros, pero toda la Argentina tiene problemas", dijo Alberto Fernández en la reunión en Casa de Gobierno.

La agenda incluye entre otros temas, un esquema de actualización de haberes jubilatorios y tarifas de servicios públicos, la creación de empleos de calidad, alentar la inversión productiva y las exportaciones de valor agregado, facilitar el acceso al crédito bancario para la vivienda y la producción, así como promoción de las Pymes.

En ese orden se observa la futura discusión en el seno del Parlamento del próximo Presupuesto Nacional, "constituye una primera oportunidad para que, en el marco de un adecuado análisis de costos y recursos, los acuerdos a los que se hayan arribado en las mesas de diálogo puedan convertirse en políticas públicas operativas y de inmediata implementación". Se observa en el comunicado.

Firmada el acto en Casa Rosada brindaron una conferencia de prensa el ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, el titular de la UIA, Miguel Acevedo y por la CGT, Héctor Daer. Los tres valoraron el acuerdo como un "puntapié inicial" para comenzar a debatir aunque no precisaron detalles sobre el pago de entre $6.000 y $9.000 para trabajadores del sector privado.

Los movimientos sociales estuvieron representados por la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros.

El documento refiere en sus contenidos la voluntad de las partes.

Textualmente precisa:

Compromiso argentino por el desarrollo y la solidaridad

"La Nación atraviesa una situación de grave fragilidad económica y social. Necesitamos estar más unidos que nunca para enfrentarla y superarla.

Los abajo firmantes, el nuevo Gobierno y los representantes de los trabajadores, el empresariado y los movimientos sociales, asumimos el compromiso de trabajar juntos para abordar esta emergencia. Sobre esa base, vamos a construir un conjunto de consensos para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible.

Nos reúne una crisis que conlleva una oportunidad y un deseo compartido: volver a ser una Patria unida, capaz de acrecentar el bienestar de todas sus hijas e hijos sobre la base del trabajo, la inversión productiva y una justa distribución de la riqueza.

Vamos a construir una nación solidaria, desarrollada y justa. Para lograrlo, suscribimos este compromiso solidario: empezar por ofrecer respuestas a los últimos para llegar a todos. Y, a la vez, empezar por lo más urgente para luego poder juntos abocarnos a lo más importante.

Urgente es, en primer lugar, dar respuesta a la trágica deuda social con los argentinos y argentinas que sufren hambre y problemas de alimentación.

Nos comprometemos, ante el aumento abrupto de la pobreza, a contribuir con un esfuerzo extraordinario a la obligación moral de poner en la mesa de todas nuestras familias el pan que a ninguna le debería faltar.

En segundo lugar, esa urgencia se manifiesta en un endeudamiento público que, por su magnitud y la inmediatez de los compromisos de pago, exige a nuestro Gobierno un claro desafío.

La voluntad de pago requiere condiciones compatibles con la atención de la deuda social y el crecimiento de la economía, en el marco de una ética pública de las prioridades que ponga a la dignidad humana por encima de cualquier otro interés. Sin ello, sería imposible cumplir con las obligaciones que asuma el país.

Reconocemos también la prioridad de la resolución sustentable de esa deuda pública. Expresamos nuestra confianza y respaldo a la gestión que ante los acreedores privados y organismos internacionales realizará el nuevo gobierno argentino. No será la mera negociación de una administración.

Lograr una solución sustentable será la tarea colectiva de todo un país que reclama poner a la producción y al trabajo por encima de la especulación financiera y la fuga de capitales.

Esa gestión será un pilar necesario, pero no suficiente, para comenzar a construir un Acuerdo Estratégico de Desarrollo Humano Integral, que permita la unidad nacional y el acceso a la población a derechos elementales como la tierra, el agua, el techo y el trabajo, más allá de las diversas posiciones.

Juntos, sin uniformidad ni unanimidad, pero sí con un fuerte compromiso colectivo, acordamos iniciar la construcción de un nuevo contrato ciudadano que nos permita avanzar hacia ese horizonte común.

Aceptamos el desafío de edificar consensos de largo plazo, que vayan más allá de un periodo presidencial, y que incluyan metas compartidas y posibles de alcanzar en distintas etapas. Esos acuerdos serán un conjunto de instrumentos precisos, factibles y coordinados para el logro de metas definidas. No se trata de un compendio de buenas intenciones, sino de logros y objetivos muy concretos.

Por ello, coincidimos en la necesidad de poner en marcha un Consejo Económico y Social, que procese esos acuerdos en debates multisectoriales e informados, con tiempos de maduración acordes a su complejidad.

Nos comprometemos a ser parte de ese Consejo y sus diferentes ámbitos de trabajo y discusión, una vez que el Congreso debata y apruebe el proyecto que el Poder Ejecutivo le enviará para su creación. Hay acuerdos que ya integran una agenda con proyectos y estudios sobre los cuales es posible y necesario avanzar hacia soluciones en plazos breves.

Hay casos en donde ya empresarios, sindicatos, movimientos sociales y otros actores han arribado a entendimientos sectoriales, que sólo exigen precisiones técnicas, así como un adecuado nivel de viabilidad jurídica y presupuestaria para su implementación.

Otros acuerdos requieren estudios de factibilidad avanzados y una arquitectura compleja. Deben ser tratados con premura, pero también con la información rigurosa y el análisis profundo que exigen. Coincidimos en que esa agenda debe incluir como temas prioritarios un esquema equitativo y sustentable de actualización de haberes jubilatorios y tarifas de los servicios públicos.

En ese sentido, somos conscientes del efecto devastador de la inflación sobre el salario, la inversión productiva y, en general, la tranquilidad de nuestros hogares. El reordenamiento fiscal y monetario que el Estado se ha comprometido a llevar adelante se debe reforzar en su efectividad con el curso de conductas sectoriales responsables, en especial en lograr la estabilidad de precios. Nos comprometemos a poner nuestros mayores esfuerzos en ese objetivo.

Nos comprometemos a trabajar en paralelo en el tratamiento de un conjunto de propuestas sectoriales que, a partir de la estabilización macroeconómica y social, puedan sentar las bases para un nuevo y extenso tiempo de crecimiento con inclusión.

Coincidimos en la importancia de crear más empleos de calidad y erradicar la precariedad, alentar la inversión productiva y las exportaciones de valor agregado, facilitar el acceso al crédito bancario para la vivienda y la producción, promover a las pequeñas y medianas empresas, mejorar la competitividad de la economía, alentar una integración con el Mercosur y el mundo, vincular la ciencia con la creación de valor, enfrentar mejor los desafíos al empleo de la economía 4.0, fomentar el empleo joven, incrementar la participación de las mujeres, estimular a la economía popular y a la agricultura familiar, cuidar el medio ambiente y garantizar el acceso a salud, educación y el hábitat a los sectores más postergados.

Es nuestra vocación acercar nuestras propuestas prioritarias a las mesas de trabajo que convoque la Jefatura de Gabinete de Ministros, así como participar de toda instancia de diálogo y debate. Cuando compartimos decisiones es relevante manifestarlo públicamente.

También podrá haber disensos y en una sociedad democrática madura existen mecanismos institucionales, establecidos por la Constitución, para resolver esta convivencia en la diferencia.

La formulación de acuerdos requerirá además el compromiso de todos los poderes del Estado. Es crucial en este momento que, desde sus características institucionales, todos se sumen a este proceso de diálogo y generación de consensos.

Entendemos que la discusión parlamentaria del próximo Presupuesto Nacional constituye una primera oportunidad para que, en el marco de un adecuado análisis de costos y recursos, los acuerdos a los que se hayan arribado en las mesas de diálogo puedan convertirse en políticas públicas operativas y de inmediata implementación.

Nos comprometemos a hacerlo en un marco de respeto y máxima transparencia institucional. Estamos convencidos y convencidas de que la Argentina debe asumir unida sus desafíos. Superar las divisiones del pasado, para construir el futuro. Juntos podemos atender mejor los desafíos más urgentes de la deuda social y la deuda pública. Así, contribuiremos a construir el país desarrollado y justo que todos y todas nos merecemos".

Fuente: Urgente 24

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular