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“Tenemos nuevas prioridades: combatir el hambre y la pobreza, encender la economía, reactivar el consumo y generar empleo”. Alberto Fernández
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Nacionales - 28-12-2019 / 09:12
FUERTE RESPALDO DE CARA A LA NEGOCIACIÓN DE LA DEUDA

Contundente apoyo económico, social y gremial al gobierno de Alberto Fernández

Contundente apoyo económico, social y gremial al gobierno de Alberto Fernández
Centrales de trabajadores, cámaras empresarias y representantes de sectores sociales adhieren al Compromiso de Solidaridad, un documento confeccionado por el gobierno de Alberto Fernández para mostrar un apoyo amplio de cara a la negociación por la deuda externa con acreedores extranjeros y el Fondo Monetario Internacional.
Centrales de trabajadores, cámaras empresarias y representantes de sectores sociales adhieren al Compromiso de Solidaridad, un documento confeccionado por el gobierno de Alberto Fernández para mostrar un apoyo amplio de cara a la negociación por la deuda externa con acreedores extranjeros y el Fondo Monetario Internacional.
 
El texto, de tres páginas, hace énfasis en la necesidad de avanzar hacia una "justa distribución de la riqueza" para la cual es necesario que algunos sectores hagan "un esfuerzo extraordinario". Además, reflota el proyecto de Fernández de un Consejo Económico y Social, que podría sancionarse por ley a comienzos del próximo período de sesiones ordinarias.
 
"La Nación atraviesa una situación de grave fragilidad económica y social. Necesitamos estar más unidos que nunca para enfrentarla y superarla", comienza el Compromiso. Con la firma de empresarios, sindicalistas y otros actores de importancia, Fernández consigue un respaldo fuerte a su diagnóstico sobre la situación heredada al llegar a la presidencia.
 
Así, justifica algunas decisiones tomadas en las primeras semanas en nombre de la emergencia y a la vez muestra una posición sólida para plantear en la mesa de negociación con los acreedores la necesidad de dar un plazo de gracia para que el país pueda salir de esta crisis antes de recobrar su capacidad de pago. Nestorismo puro.
 
"La voluntad de pago requiere condiciones compatibles con la atención de la deuda social y el crecimiento de la economía. Sin ello, sería imposible cumplir con las obligaciones que asuma el país", agrega el documento, que define como prioridad "en primer lugar" que se dé "respuesta a la trágica deuda social con los argentinos y argentinas que sufren hambre y problemas de alimentación".
 
De ahí el compromiso "a contribuir con un esfuerzo extraordinario a la obligación moral de poner en la mesa de todas nuestras familias el pan que a ninguna le debería faltar". En ese sentido, Fernández propone, "empezar por lo más urgente para luego poder juntos abocarnos a lo más importante".
 
El documento plantea además la necesidad de discutir de manera prioritaria "un esquema equitativo y sustentable de actualización de haberes jubilatorios y tarifas de los servicios públicos" y pone una serie de objetivos para el mediano plazo, como la creación de empleo de calidad de la mano de la inversión productiva y la generación de valor agregado, la promoción de crédito accesible para vivienda y producción y la creación de nuevas PyMEs.
 
Además, la integración con el mundo vía Mercosur, la incorporación de más mujeres, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de la economía popular. Además, señala la importancia de "garantizar el acceso a la salud, la educación y el hábitat a los sectores más postergados".
 
La Opinión Popular

 
ACUERDO MULTISECTORIAL
 
El Gobierno lanzó el pacto social con empresarios, gremios y organizaciones sociales
 
El presidente, Alberto Fernández, junto a empresarios, representantes gremiales y de movimientos sociales lanzó el pacto social a través de la firma de un acta denominada "Compromiso Argentino por el desarrollo y la solidaridad", en el cual se insta llevar adelante "consensos de largo plazo, que vayan más allá de un período presidencial y que incluyan metas compartidas y posibles de alcanzar en distintas etapas."
 
"La idea de este acuerdo, es empezar a lograr un diálogo franco para asumir los problemas que tenemos; toda la Argentina tiene problemas, está claro que algunos están más agobiados que otros, pero toda la Argentina tiene problemas", dijo Alberto Fernández en la reunión en Casa de Gobierno.
 
La agenda incluye entre otros temas, un esquema de actualización de haberes jubilatorios y tarifas de servicios públicos, la creación de empleos de calidad, alentar la inversión productiva y las exportaciones de valor agregado, facilitar el acceso al crédito bancario para la vivienda y la producción, así como promoción de las Pymes.
 
En ese orden se observa la futura discusión en el seno del Parlamento del próximo Presupuesto Nacional, "constituye una primera oportunidad para que, en el marco de un adecuado análisis de costos y recursos, los acuerdos a los que se hayan arribado en las mesas de diálogo puedan convertirse en políticas públicas operativas y de inmediata implementación". Se observa en el comunicado.
 
Firmada el acto en Casa Rosada brindaron una conferencia de prensa el ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, el titular de la UIA, Miguel Acevedo y por la CGT, Héctor Daer. Los tres valoraron el acuerdo como un "puntapié inicial" para comenzar a debatir aunque no precisaron detalles sobre el pago de entre $6.000 y $9.000 para trabajadores del sector privado.
 
Los movimientos sociales estuvieron representados por la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros.
 
El documento refiere en sus contenidos la voluntad de las partes.
 
Textualmente precisa:
 
Compromiso argentino por el desarrollo y la solidaridad
 
"La Nación atraviesa una situación de grave fragilidad económica y social. Necesitamos estar más unidos que nunca para enfrentarla y superarla.
 
Los abajo firmantes, el nuevo Gobierno y los representantes de los trabajadores, el empresariado y los movimientos sociales, asumimos el compromiso de trabajar juntos para abordar esta emergencia. Sobre esa base, vamos a construir un conjunto de consensos para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible.
 
Nos reúne una crisis que conlleva una oportunidad y un deseo compartido: volver a ser una Patria unida, capaz de acrecentar el bienestar de todas sus hijas e hijos sobre la base del trabajo, la inversión productiva y una justa distribución de la riqueza.
 
Vamos a construir una nación solidaria, desarrollada y justa. Para lograrlo, suscribimos este compromiso solidario: empezar por ofrecer respuestas a los últimos para llegar a todos. Y, a la vez, empezar por lo más urgente para luego poder juntos abocarnos a lo más importante.
 
Urgente es, en primer lugar, dar respuesta a la trágica deuda social con los argentinos y argentinas que sufren hambre y problemas de alimentación.
 
Nos comprometemos, ante el aumento abrupto de la pobreza, a contribuir con un esfuerzo extraordinario a la obligación moral de poner en la mesa de todas nuestras familias el pan que a ninguna le debería faltar.
 
En segundo lugar, esa urgencia se manifiesta en un endeudamiento público que, por su magnitud y la inmediatez de los compromisos de pago, exige a nuestro Gobierno un claro desafío.
 
La voluntad de pago requiere condiciones compatibles con la atención de la deuda social y el crecimiento de la economía, en el marco de una ética pública de las prioridades que ponga a la dignidad humana por encima de cualquier otro interés. Sin ello, sería imposible cumplir con las obligaciones que asuma el país.
 
Reconocemos también la prioridad de la resolución sustentable de esa deuda pública. Expresamos nuestra confianza y respaldo a la gestión que ante los acreedores privados y organismos internacionales realizará el nuevo gobierno argentino. No será la mera negociación de una administración.
 
Lograr una solución sustentable será la tarea colectiva de todo un país que reclama poner a la producción y al trabajo por encima de la especulación financiera y la fuga de capitales.
 
Esa gestión será un pilar necesario, pero no suficiente, para comenzar a construir un Acuerdo Estratégico de Desarrollo Humano Integral, que permita la unidad nacional y el acceso a la población a derechos elementales como la tierra, el agua, el techo y el trabajo, más allá de las diversas posiciones.
 
Juntos, sin uniformidad ni unanimidad, pero sí con un fuerte compromiso colectivo, acordamos iniciar la construcción de un nuevo contrato ciudadano que nos permita avanzar hacia ese horizonte común.
 
Aceptamos el desafío de edificar consensos de largo plazo, que vayan más allá de un periodo presidencial, y que incluyan metas compartidas y posibles de alcanzar en distintas etapas. Esos acuerdos serán un conjunto de instrumentos precisos, factibles y coordinados para el logro de metas definidas. No se trata de un compendio de buenas intenciones, sino de logros y objetivos muy concretos.
 
Por ello, coincidimos en la necesidad de poner en marcha un Consejo Económico y Social, que procese esos acuerdos en debates multisectoriales e informados, con tiempos de maduración acordes a su complejidad.
 
Nos comprometemos a ser parte de ese Consejo y sus diferentes ámbitos de trabajo y discusión, una vez que el Congreso debata y apruebe el proyecto que el Poder Ejecutivo le enviará para su creación. Hay acuerdos que ya integran una agenda con proyectos y estudios sobre los cuales es posible y necesario avanzar hacia soluciones en plazos breves.
 
Hay casos en donde ya empresarios, sindicatos, movimientos sociales y otros actores han arribado a entendimientos sectoriales, que sólo exigen precisiones técnicas, así como un adecuado nivel de viabilidad jurídica y presupuestaria para su implementación.
 
Otros acuerdos requieren estudios de factibilidad avanzados y una arquitectura compleja. Deben ser tratados con premura, pero también con la información rigurosa y el análisis profundo que exigen. Coincidimos en que esa agenda debe incluir como temas prioritarios un esquema equitativo y sustentable de actualización de haberes jubilatorios y tarifas de los servicios públicos.
 
En ese sentido, somos conscientes del efecto devastador de la inflación sobre el salario, la inversión productiva y, en general, la tranquilidad de nuestros hogares. El reordenamiento fiscal y monetario que el Estado se ha comprometido a llevar adelante se debe reforzar en su efectividad con el curso de conductas sectoriales responsables, en especial en lograr la estabilidad de precios. Nos comprometemos a poner nuestros mayores esfuerzos en ese objetivo.
 
Nos comprometemos a trabajar en paralelo en el tratamiento de un conjunto de propuestas sectoriales que, a partir de la estabilización macroeconómica y social, puedan sentar las bases para un nuevo y extenso tiempo de crecimiento con inclusión.
 
Coincidimos en la importancia de crear más empleos de calidad y erradicar la precariedad, alentar la inversión productiva y las exportaciones de valor agregado, facilitar el acceso al crédito bancario para la vivienda y la producción, promover a las pequeñas y medianas empresas, mejorar la competitividad de la economía, alentar una integración con el Mercosur y el mundo, vincular la ciencia con la creación de valor, enfrentar mejor los desafíos al empleo de la economía 4.0, fomentar el empleo joven, incrementar la participación de las mujeres, estimular a la economía popular y a la agricultura familiar, cuidar el medio ambiente y garantizar el acceso a salud, educación y el hábitat a los sectores más postergados.
 
Es nuestra vocación acercar nuestras propuestas prioritarias a las mesas de trabajo que convoque la Jefatura de Gabinete de Ministros, así como participar de toda instancia de diálogo y debate. Cuando compartimos decisiones es relevante manifestarlo públicamente.
 
También podrá haber disensos y en una sociedad democrática madura existen mecanismos institucionales, establecidos por la Constitución, para resolver esta convivencia en la diferencia.
 
La formulación de acuerdos requerirá además el compromiso de todos los poderes del Estado. Es crucial en este momento que, desde sus características institucionales, todos se sumen a este proceso de diálogo y generación de consensos.
 
Entendemos que la discusión parlamentaria del próximo Presupuesto Nacional constituye una primera oportunidad para que, en el marco de un adecuado análisis de costos y recursos, los acuerdos a los que se hayan arribado en las mesas de diálogo puedan convertirse en políticas públicas operativas y de inmediata implementación.
 
Nos comprometemos a hacerlo en un marco de respeto y máxima transparencia institucional. Estamos convencidos y convencidas de que la Argentina debe asumir unida sus desafíos. Superar las divisiones del pasado, para construir el futuro. Juntos podemos atender mejor los desafíos más urgentes de la deuda social y la deuda pública. Así, contribuiremos a construir el país desarrollado y justo que todos y todas nos merecemos".
 
Fuente: Urgente 24
 

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24-01-2020 / 07:01
El escándalo del Banco Nación en la gestión de Mauricio Macri suma un nuevo capítulo. Tras conocerse que la entidad le otorgó un préstamo millonario a Vicentín, empresa "amiga" del anterior gobierno, ahora se conoció que la aceitera fue la mayor aportante privada de la campaña de Juntos por el Cambio, al menos hasta las PASO. Se endeudó con el Banco Nación por 350 millones de dólares, nunca pagó y se declaró en default el 6 de diciembre.
 
Según publicó La Política Online, la entidad pública le prestó a la empresa que entró en default más de $18.370 millones durante la gestión de Javier González Fraga. En diciembre del año pasado, la empresa entró en quiebra y comenzó la polémica contra el funcionario macrista, por ignorar los análisis de riesgo crediticio y ampliar el préstamo a la firma que suspendió pagos por "estrés financiero".
 
Pero el nuevo dato que complica a la gestión macrista es que la agroexportadora Vicentín fue la mayor aportante privada de la campaña de Juntos por el Cambio. De acuerdo a los registros en la página de la Cámara Nacional Electoral, Vicentín aportó a través de tres de sus empresas: Algodonera Avellaneda, FRIAR S.A y Oleaginosa San Lorenzo. Las tres pertenecen al holding agroexportador Vicentín.
 
Cada una de las compañías aportó para la campaña de Juntos por el Cambio la suma exacta de $4.500.000, dando un total de $13.500.000. Con esa suma, aparecen como uno de los principales aportantes privados a la campaña de Macri, que fue quien más recibió. Lo hicieron algunos días antes de las PASO, entre el 6 y el 8 de agosto de acuerdo a los registros.
 
Cabe destacar que fue el ex presidente Macri el que impulsó en 2019 una ley exprés para permitir que las empresas privadas pudieran realizar aportes para la campaña electoral. Dicha práctica se encontraba prohibida por la reforma electoral que impulsó en 2009 el entonces gobierno de Cristina Fernández. Y aún no fueron publicados los registros de aportes para la segunda etapa de la campaña.
 
El Banco Nación abrió una investigación sobre los créditos irregulares que la entidad otorgó a la exportadora de granos Vicentín. La empresa se declaró en cesación de pagos cuatro días antes de que Cambiemos terminara su gobierno. Macri favoreció a una empresa "amiga" y dejó al Banco Nación en jaque.
 
La Opinión Popular

23-01-2020 / 09:01
En diciembre pasado y por primera vez en los últimos tres años el atesoramiento de dólares fue negativo. Según los datos del Balance Cambiario del BCRA correspondiente al mes pasado la "formación de activos externos del sector privado no financiero" fue negativa en u$s153 millones.
 
Lo que se conoce en la jerga financiera como la "fuga de capitales" o más coloquialmente como el "atesoramiento" de dólares por parte del público, es decir, las divisas que compran las personas físicas y que salen del sistema financiero, totalizó en 2019 los u$s26.865 millones, apenas 1% por debajo del récord histórico de 2018.
 
De modo que en la era Macri (diciembre 2015-noviembre 2019) el atesoramiento sumó nada menos que u$s88.371 millones. Esto representa hoy a casi el doble de las reservas del BCRA.
 
Si bien existe un estigma político sobre el tema del atesoramiento, vale señalar que se trata de ahorro legal que los argentinos de todos los estratos sociales canalizan, según sus posibilidades, en la tenencia de moneda extranjera.
 
Estos fondos pueden tener como destino tanto una caja de seguridad, un colchón, o una maceta como una cuenta en el exterior. De modo que se trata de ahorro doméstico que está fuera del sistema.
 
Basta con imaginar todo lo que se podría hacer o financiar (proyectos, emprendimientos, obras de infraestructura, etc.) con semejante masa de recursos si se recuperara la confianza de los ahorristas argentinos. No se necesitaría ir a "manguear" al exterior ni a mendigar auxilios a organismos internacionales.
 
Este beneficio tiene como objetivo de favorecer el crecimiento productivo de la economía.

23-01-2020 / 08:01
La última marcha por Alberto Nisman, convocada por sectores de Juntos por el Cambio esta vez fue sin el apoyo de fiscales ni de la DAIA, ni de la AMIA, ni del mismo Mauricio Macri, como en aquella de febrero de 2015, la llamada "marcha de los paraguas".
 
Por eso no podría decir cuál grado de adhesión ha tenido la convocatoria, pero no es difícil intuirlo; por lo pronto decir que representa la estrategia de los sectores radicalizados del macrismo que niegan, no ya la colaboración, sino el diálogo con el gobierno de Alberto Fernández y que encuentran en la muerte de Nisman, un tabla de sobrevivencia.
 
A la marcha primigenia, la de 2015 que alentaba la hipótesis de un asesinato, adhirió Macri quien concurrió acompañado por su esposa: fue su primer acto de campaña.
 
La afirmación puede sonar temeraria, sin embargo las tragedias han estado vinculadas al ascenso del macrismo desde sus orígenes porteños y allí emerge el recuerdo de Cromañón. Es difícil pensar una victoria del ex presidente en aquella ocasión para Jefe de Gobierno, sin la estela política que arrojó la tragedia del local del barrio de Once y los dos centenares de jóvenes muertos.
 
Así, dos tragedias de distinta magnitud están presentes en los umbrales de la llegada al poder de esta fuerza política; es cierto que su existencia precede a ambas, pero no es menos relevante que los dos hechos fueron procesados discursivamente por Macri y su entorno de cara a una contienda electoral.
 
A falta de una mirada en pos de la inclusión social, ante la ausencia de una comunicación sustantiva con los sectores populares e incluso con parte de la clase media, el macrismo encontró en esas tragedias (también con la ferroviaria en la Terminal de Once) un modo de construir un relato político retomando el dolor que esas muertes produjeron en las sensibilidades, mucho más que en las razones.
 
El objetivo no fue generar un discurso político en los términos tradicionales, esto es elaborar un Programa de Propuestas de Políticas Públicas que superaran esa situación y que abrieran el camino a un horizonte donde hechos de ese tipo no se repitieran y a la vez garantizar justicia sobre lo ocurrido.
 
En ese sentido no deja de llamar la atención que en cuatro años donde el macrismo manejó buena parte de los recursos institucionales del Estado, no logró un sólo avance significativo en la causa ¿No era una tragedia a atender? ¿No fueron a la "marcha de los paraguas" porque el gobierno aquel impedía la investigación?
 
Desde luego, las dificultades partieron de un hecho: es muy probable que el fiscal haya decidido quitarse la vida y entonces la tragedia cobra otra dimensión, alejándose de culpabilidades hacia otros actores. El discurso construido en torno de una suposición, cuyos resultados efectivos no se discuten, queda a la intemperie, debilitada y erosionada frente a hechos que no aparecen.

22-01-2020 / 09:01
El Gobierno de Alberto Fernández oficializó hoy la reapertura de la paritaria nacional docente. Lo hizo a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. En las próximas horas, el Ministerio de Educación Nacional convocará a los gremios docentes para la semana que viene a la mesa salarial que Mauricio Macri derogó dos años atrás.
 
La norma viene a cumplir con una de las promesas de campaña de Fernández, que después de las PASO se reunió con los principales dirigentes de Ctera. En sus ex oficinas de San Telmo, les confió a Sonia Alesso, Roberto Baradel y Eduardo López que retomaría la paritaria nacional.
 
Ese había sido el principal reclamo de los sindicatos docentes, el motivo de numerosos paros en los últimos dos años. Fue en principios de 2018 cuando, a través del decreto 52/2018, Macri suspendió la paritaria nacional y, en su lugar, estableció una "mesa de convenio marco" que excluía del temario la negociación salarial, pero que dirimía otras cuestiones como carrera docente, condiciones laborales y fondo de incentivo. La pauta salarial, en tanto, quedaba establecida un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil.
 
Con ese piso las provincias, las encargadas de pagar los salarios, debían negociar con sus sindicatos. A partir de ahora, con la vuelta de la paritaria nacional, las jurisdicciones tendrán que acomodarse al mínimo que se fije en la negociación nacional y, a partir de esa base, lograr un acuerdo con sus docentes.
 
Al igual que antes de que se derogara, el decreto prevé que la representación en la mesa nacional sea "proporcional" a la cantidad de afiliados que tenga cada gremio; un guiño para Ctera, el mayoritario del sector.
 
"La integración de la representación de los trabajadores y las trabajadoras será proporcional a la cantidad de afiliados y afiliadas cotizantes que posea cada uno de los gremios de primer grado intervinientes o los adheridos formalmente a las entidades sindicales intervinientes de grado superior, en su caso", señala.
 
Para ello, agrega, cada año el Ministerio de Educación Nacional le pedirá a la cartera de Trabajo una actualización de la cantidad de afiliados de cada sindicato. En total, los de representación nacional, son cinco: Ctera, Uda, Cea, Amet y Sadop, cuyos maestros trabajan en escuelas privadas y habían quedado afuera de la mesa de convenio macro que convocaba Cambiemos.

22-01-2020 / 08:01
El Gobierno nacional envió este martes el proyecto de Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, que pretende darle a la renegociación de ese pasivo un marco de legalidad y legitimidad del Congreso.
 
"Colapso del modelo económico imperante." Con esa frase, el Gobierno acompañó el proyecto de Ley de la deuda que se espera que se trate la semana próxima, en sesiones extraordinarias. El mensaje lleva la firma del presidente Alberto Fernández, del ministro de Economía, Martín Guzmán, y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
 
La iniciativa declara de interés nacional el proceso para hacer sustentable la deuda en los términos de la Ley de Administración Financiera, autorizando al Poder Ejecutivo a efectuar operaciones de administración de pasivos, canjes o reestructuraciones de los vencimientos de bonos bajo ley extranjera.
 
En el estructurado de la norma no se definen las condiciones del canje, las cuales se están negociando con los acreedores. "La estrategia es sobre la base de la buena fe, la voluntad de pago está", aseguró por la mañana el ministro de Economía, Guzmán.
 
La ley tiene como objetivo que el país mejore al menos dos de tres condiciones: plazos, tasas de interés y monto del capital. En ese sentido, reveló que mantiene conversaciones con el FMI en tono "constructivo" con la finalidad de reperfilar el sendero de pagos programados para devolver el préstamo otorgado.
 
"Lo que se hizo con la deuda fue un desastre, el país no puede sostener la carga de deuda que enfrenta", reiteró Guzmán. Consideró que la resolución del tema de la deuda será clave para luego enfrentar otros problemáticas, como dos años consecutivos de recesión e inflación récord.
 
"Para pagar el país necesita generar capacidad, para eso hay que crecer, por lo que es fundamental que haya un alivio en la carga de deuda que enfrenta el país", explicó. El stock de deuda supera los 300 mil millones de dólares y es equivalente al 90 por ciento del PBI. La iniciativa se tratará en comisión el próximo martes, el miércoles ingresará a labor parlamentaria y se sesionará en Diputados el jueves, según confirmaron a este diario desde el bloque oficialista.
 
En solo tres párrafos, el Gobierno resume el descalabro financiero derivado del endeudamiento. Allí mencionan que en la gestión de Mauricio Macri se incrementó "significativamente su nivel de deuda pública, fundamentalmente denominada en moneda extranjera y sometida a jurisdicción externa", sin mejorar la generación de divisas y de producción para cumplir con el pago de los compromisos.
 
No es pura retórica. Es una forma de plantear la responsabilidad del macrismo en el estrepitoso fracaso y forzar el compromiso de la oposición en apoyo a la ley. El oficialismo quiere una votación exprés antes que Guzmán se cruce con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, el 5 de febrero. Con el mazo dando y a Macri invocando.
 
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