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Nacionales - 28-12-2019 / 09:12
FUERTE RESPALDO DE CARA A LA NEGOCIACIÓN DE LA DEUDA

Contundente apoyo económico, social y gremial al gobierno de Alberto Fernández

Contundente apoyo económico, social y gremial al gobierno de Alberto Fernández
Centrales de trabajadores, cámaras empresarias y representantes de sectores sociales adhieren al Compromiso de Solidaridad, un documento confeccionado por el gobierno de Alberto Fernández para mostrar un apoyo amplio de cara a la negociación por la deuda externa con acreedores extranjeros y el Fondo Monetario Internacional.
Centrales de trabajadores, cámaras empresarias y representantes de sectores sociales adhieren al Compromiso de Solidaridad, un documento confeccionado por el gobierno de Alberto Fernández para mostrar un apoyo amplio de cara a la negociación por la deuda externa con acreedores extranjeros y el Fondo Monetario Internacional.
 
El texto, de tres páginas, hace énfasis en la necesidad de avanzar hacia una "justa distribución de la riqueza" para la cual es necesario que algunos sectores hagan "un esfuerzo extraordinario". Además, reflota el proyecto de Fernández de un Consejo Económico y Social, que podría sancionarse por ley a comienzos del próximo período de sesiones ordinarias.
 
"La Nación atraviesa una situación de grave fragilidad económica y social. Necesitamos estar más unidos que nunca para enfrentarla y superarla", comienza el Compromiso. Con la firma de empresarios, sindicalistas y otros actores de importancia, Fernández consigue un respaldo fuerte a su diagnóstico sobre la situación heredada al llegar a la presidencia.
 
Así, justifica algunas decisiones tomadas en las primeras semanas en nombre de la emergencia y a la vez muestra una posición sólida para plantear en la mesa de negociación con los acreedores la necesidad de dar un plazo de gracia para que el país pueda salir de esta crisis antes de recobrar su capacidad de pago. Nestorismo puro.
 
"La voluntad de pago requiere condiciones compatibles con la atención de la deuda social y el crecimiento de la economía. Sin ello, sería imposible cumplir con las obligaciones que asuma el país", agrega el documento, que define como prioridad "en primer lugar" que se dé "respuesta a la trágica deuda social con los argentinos y argentinas que sufren hambre y problemas de alimentación".
 
De ahí el compromiso "a contribuir con un esfuerzo extraordinario a la obligación moral de poner en la mesa de todas nuestras familias el pan que a ninguna le debería faltar". En ese sentido, Fernández propone, "empezar por lo más urgente para luego poder juntos abocarnos a lo más importante".
 
El documento plantea además la necesidad de discutir de manera prioritaria "un esquema equitativo y sustentable de actualización de haberes jubilatorios y tarifas de los servicios públicos" y pone una serie de objetivos para el mediano plazo, como la creación de empleo de calidad de la mano de la inversión productiva y la generación de valor agregado, la promoción de crédito accesible para vivienda y producción y la creación de nuevas PyMEs.
 
Además, la integración con el mundo vía Mercosur, la incorporación de más mujeres, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de la economía popular. Además, señala la importancia de "garantizar el acceso a la salud, la educación y el hábitat a los sectores más postergados".
 
La Opinión Popular

 
ACUERDO MULTISECTORIAL
 
El Gobierno lanzó el pacto social con empresarios, gremios y organizaciones sociales
 
El presidente, Alberto Fernández, junto a empresarios, representantes gremiales y de movimientos sociales lanzó el pacto social a través de la firma de un acta denominada "Compromiso Argentino por el desarrollo y la solidaridad", en el cual se insta llevar adelante "consensos de largo plazo, que vayan más allá de un período presidencial y que incluyan metas compartidas y posibles de alcanzar en distintas etapas."
 
"La idea de este acuerdo, es empezar a lograr un diálogo franco para asumir los problemas que tenemos; toda la Argentina tiene problemas, está claro que algunos están más agobiados que otros, pero toda la Argentina tiene problemas", dijo Alberto Fernández en la reunión en Casa de Gobierno.
 
La agenda incluye entre otros temas, un esquema de actualización de haberes jubilatorios y tarifas de servicios públicos, la creación de empleos de calidad, alentar la inversión productiva y las exportaciones de valor agregado, facilitar el acceso al crédito bancario para la vivienda y la producción, así como promoción de las Pymes.
 
En ese orden se observa la futura discusión en el seno del Parlamento del próximo Presupuesto Nacional, "constituye una primera oportunidad para que, en el marco de un adecuado análisis de costos y recursos, los acuerdos a los que se hayan arribado en las mesas de diálogo puedan convertirse en políticas públicas operativas y de inmediata implementación". Se observa en el comunicado.
 
Firmada el acto en Casa Rosada brindaron una conferencia de prensa el ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, el titular de la UIA, Miguel Acevedo y por la CGT, Héctor Daer. Los tres valoraron el acuerdo como un "puntapié inicial" para comenzar a debatir aunque no precisaron detalles sobre el pago de entre $6.000 y $9.000 para trabajadores del sector privado.
 
Los movimientos sociales estuvieron representados por la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros.
 
El documento refiere en sus contenidos la voluntad de las partes.
 
Textualmente precisa:
 
Compromiso argentino por el desarrollo y la solidaridad
 
"La Nación atraviesa una situación de grave fragilidad económica y social. Necesitamos estar más unidos que nunca para enfrentarla y superarla.
 
Los abajo firmantes, el nuevo Gobierno y los representantes de los trabajadores, el empresariado y los movimientos sociales, asumimos el compromiso de trabajar juntos para abordar esta emergencia. Sobre esa base, vamos a construir un conjunto de consensos para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible.
 
Nos reúne una crisis que conlleva una oportunidad y un deseo compartido: volver a ser una Patria unida, capaz de acrecentar el bienestar de todas sus hijas e hijos sobre la base del trabajo, la inversión productiva y una justa distribución de la riqueza.
 
Vamos a construir una nación solidaria, desarrollada y justa. Para lograrlo, suscribimos este compromiso solidario: empezar por ofrecer respuestas a los últimos para llegar a todos. Y, a la vez, empezar por lo más urgente para luego poder juntos abocarnos a lo más importante.
 
Urgente es, en primer lugar, dar respuesta a la trágica deuda social con los argentinos y argentinas que sufren hambre y problemas de alimentación.
 
Nos comprometemos, ante el aumento abrupto de la pobreza, a contribuir con un esfuerzo extraordinario a la obligación moral de poner en la mesa de todas nuestras familias el pan que a ninguna le debería faltar.
 
En segundo lugar, esa urgencia se manifiesta en un endeudamiento público que, por su magnitud y la inmediatez de los compromisos de pago, exige a nuestro Gobierno un claro desafío.
 
La voluntad de pago requiere condiciones compatibles con la atención de la deuda social y el crecimiento de la economía, en el marco de una ética pública de las prioridades que ponga a la dignidad humana por encima de cualquier otro interés. Sin ello, sería imposible cumplir con las obligaciones que asuma el país.
 
Reconocemos también la prioridad de la resolución sustentable de esa deuda pública. Expresamos nuestra confianza y respaldo a la gestión que ante los acreedores privados y organismos internacionales realizará el nuevo gobierno argentino. No será la mera negociación de una administración.
 
Lograr una solución sustentable será la tarea colectiva de todo un país que reclama poner a la producción y al trabajo por encima de la especulación financiera y la fuga de capitales.
 
Esa gestión será un pilar necesario, pero no suficiente, para comenzar a construir un Acuerdo Estratégico de Desarrollo Humano Integral, que permita la unidad nacional y el acceso a la población a derechos elementales como la tierra, el agua, el techo y el trabajo, más allá de las diversas posiciones.
 
Juntos, sin uniformidad ni unanimidad, pero sí con un fuerte compromiso colectivo, acordamos iniciar la construcción de un nuevo contrato ciudadano que nos permita avanzar hacia ese horizonte común.
 
Aceptamos el desafío de edificar consensos de largo plazo, que vayan más allá de un periodo presidencial, y que incluyan metas compartidas y posibles de alcanzar en distintas etapas. Esos acuerdos serán un conjunto de instrumentos precisos, factibles y coordinados para el logro de metas definidas. No se trata de un compendio de buenas intenciones, sino de logros y objetivos muy concretos.
 
Por ello, coincidimos en la necesidad de poner en marcha un Consejo Económico y Social, que procese esos acuerdos en debates multisectoriales e informados, con tiempos de maduración acordes a su complejidad.
 
Nos comprometemos a ser parte de ese Consejo y sus diferentes ámbitos de trabajo y discusión, una vez que el Congreso debata y apruebe el proyecto que el Poder Ejecutivo le enviará para su creación. Hay acuerdos que ya integran una agenda con proyectos y estudios sobre los cuales es posible y necesario avanzar hacia soluciones en plazos breves.
 
Hay casos en donde ya empresarios, sindicatos, movimientos sociales y otros actores han arribado a entendimientos sectoriales, que sólo exigen precisiones técnicas, así como un adecuado nivel de viabilidad jurídica y presupuestaria para su implementación.
 
Otros acuerdos requieren estudios de factibilidad avanzados y una arquitectura compleja. Deben ser tratados con premura, pero también con la información rigurosa y el análisis profundo que exigen. Coincidimos en que esa agenda debe incluir como temas prioritarios un esquema equitativo y sustentable de actualización de haberes jubilatorios y tarifas de los servicios públicos.
 
En ese sentido, somos conscientes del efecto devastador de la inflación sobre el salario, la inversión productiva y, en general, la tranquilidad de nuestros hogares. El reordenamiento fiscal y monetario que el Estado se ha comprometido a llevar adelante se debe reforzar en su efectividad con el curso de conductas sectoriales responsables, en especial en lograr la estabilidad de precios. Nos comprometemos a poner nuestros mayores esfuerzos en ese objetivo.
 
Nos comprometemos a trabajar en paralelo en el tratamiento de un conjunto de propuestas sectoriales que, a partir de la estabilización macroeconómica y social, puedan sentar las bases para un nuevo y extenso tiempo de crecimiento con inclusión.
 
Coincidimos en la importancia de crear más empleos de calidad y erradicar la precariedad, alentar la inversión productiva y las exportaciones de valor agregado, facilitar el acceso al crédito bancario para la vivienda y la producción, promover a las pequeñas y medianas empresas, mejorar la competitividad de la economía, alentar una integración con el Mercosur y el mundo, vincular la ciencia con la creación de valor, enfrentar mejor los desafíos al empleo de la economía 4.0, fomentar el empleo joven, incrementar la participación de las mujeres, estimular a la economía popular y a la agricultura familiar, cuidar el medio ambiente y garantizar el acceso a salud, educación y el hábitat a los sectores más postergados.
 
Es nuestra vocación acercar nuestras propuestas prioritarias a las mesas de trabajo que convoque la Jefatura de Gabinete de Ministros, así como participar de toda instancia de diálogo y debate. Cuando compartimos decisiones es relevante manifestarlo públicamente.
 
También podrá haber disensos y en una sociedad democrática madura existen mecanismos institucionales, establecidos por la Constitución, para resolver esta convivencia en la diferencia.
 
La formulación de acuerdos requerirá además el compromiso de todos los poderes del Estado. Es crucial en este momento que, desde sus características institucionales, todos se sumen a este proceso de diálogo y generación de consensos.
 
Entendemos que la discusión parlamentaria del próximo Presupuesto Nacional constituye una primera oportunidad para que, en el marco de un adecuado análisis de costos y recursos, los acuerdos a los que se hayan arribado en las mesas de diálogo puedan convertirse en políticas públicas operativas y de inmediata implementación.
 
Nos comprometemos a hacerlo en un marco de respeto y máxima transparencia institucional. Estamos convencidos y convencidas de que la Argentina debe asumir unida sus desafíos. Superar las divisiones del pasado, para construir el futuro. Juntos podemos atender mejor los desafíos más urgentes de la deuda social y la deuda pública. Así, contribuiremos a construir el país desarrollado y justo que todos y todas nos merecemos".
 
Fuente: Urgente 24
 

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08-08-2020 / 11:08
08-08-2020 / 10:08
"La negociación se parece a la cuarentena: es mucho más larga de lo que requería el problema", fue el comentario despectivo de Alfonso Prat Gay sobre el ministro Martín Guzmán que negociaba una deuda imposible de pagar cuya mayor parte fue tomada durante su gestión.
 
El ex ministro de Mauricio Macri rompió todas las marcas al demostrar que su impericia en el manejo de la economía hubiera sido peor como infectólogo. Cosas veredes amigo Sancho, que nunca crederes: un ex ministro que critica al que resolvió el desastre que él creó, más un sector de la oposición que apostó al fracaso de la negociación y al desborde de la pandemia.
 
La chorrada de críticas que recibió Guzmán mientras negociaba la deuda provenía de estos personajes. "Se podría haber logrado un acuerdo mejor", dijo el caradura de Prat Gay en otras declaraciones. Cuando le tocó negociar con los fondos buitres, Prat Gay les pagó más de lo que habían reclamado. Eso sí: en tiempo récord.
 
Si lo que quería Prat Gay era sobreendeudar al país, fue el mejor ministro de Economía de la historia. ¿Y los argentinos? bien gracias. Pero después de esa performance más que desastrosa, la corporación de medios y sectores empresarios y de las finanzas lo siguen tomando como referente de consulta.
 
Se confirma esa visión que apuntó Jorge Alemán sobre un discurso de la política como especie de locura sin anclaje en la realidad. Se contrapone a la realidad. En esa nueva racionalidad de la derecha, el que se guía por la realidad resulta un fanático que se niega al discurso mágico.
 
Los medios y periodistas de derecha le van a preguntar a Prat Gay porque lo escucha un empresario aunque perdió plata, así como lo escuchan comerciantes que se fundieron con sus medidas. Desconfían del muchacho de 38 años que les salvó la vida porque es académico y votarían de nuevo al que los llevó a la ruina.
 

07-08-2020 / 10:08
Aunque hace tiempo que nadie en el poder se lo toma demasiado en serio ni le pide opinión, Guillermo Moreno pudo haber sido la excepción que confirmara la regla. El acuerdo que enhebró Martín Guzmán con los acreedores privados para aplazar y aliviar los pagos de la deuda jamás haría desdecirse al pintoresco exsecretario de Comercio, quien semanas atrás vaticinó que fracasaría porque le faltaba "haber pateado más la calle".
 
En el mundo empresario, entre los apostadores bursátiles y entre los consultores más cotizados de la City, en cambio, no hubo ningún reparo para la pirueta: hasta quienes le pedían el mes pasado a Alberto Fernández que lo eche -en público y en privado- se vistieron de guzmanistas de la primera hora. Todos salieron a gritar el gol que añoraban tanto la hinchada como el técnico, aun cuando está lejos de haber definido el partido.
 
Puertas adentro de la coalición, el primero en cantarlo fue Sergio Massa, quien no solo había convocado varias veces durante abril y mayo a su propio gabinete económico para interconsultas sino quien además entabló diálogos paralelos con Wall Street que obligaron al Presidente a avisar en tres ocasiones que el único interlocutor oficial era Guzmán.
 
Pasado pisado: tanto se apuró el jefe de Diputados en sacar pecho por el entendimiento que incluso primereó a Fernández. Pidió disculpas.
 
El recorrido de Guzmán antes del cierre de las negociaciones reflejó fielmente el equilibrio de fuerzas en el Frente de Todos
 

07-08-2020 / 10:08
En plena recesión y en medio del proceso de flexibilización de las restricciones por la pandemia, el debate sobre cómo sería la recuperación de la economía toma vigencia. ¿Cómo será? ¿Un dibujo en V? ¿Será acaso más apaisada? ¿O la Argentina estará condenada a convivir con una L, en el mejor de los casos, castigada por la crisis permanente?
 
Ese debate se mezcla con la política. María Eugenia Vidal, por caso, levantó el perfil público el jueves por la mañana en un "zoom" en el que planteó -en base a su economista de cabecera, Hernán Lacunza, que la economía caerá este año un 12%, pero que en 2021 no podrá recuperar lo perdido.
 
Más optimista, el economista Emmanuel Álvarez Agis -cercano ideológicamente a la Casa Rosada- cree que la actividad se recuperará pero para asegurarlo reclama una mayor y decisiva participación del Estado, a través del gasto público.
 
"Ahora que arreglamos con los acreedores llegó el momento de gastar. En la pandemia, hay que gastar más. El Estado argentino gasta la mitad que su par de Chile o Perú. Y mucho menos que Brasil", argumenta Agis.
 
Desde Economía se aboga por un ordenamiento fiscal, de cara a las inminentes negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Pero no sólo por eso. Martín Guzmán demostró desde un primer momento que valora la cautela a la hora de programar el gasto público, lo que quedó a la vista cuando se suspendió la actualización automática de las jubilaciones.
 
En el Gobierno creen que esta semana fue la mejor desde que Alberto Fernández se puso la banda presidencial.
En el equipo económico sospechan que la buena onda perdurará. Y no lo avalan por una cuestión de fe religiosa. Los funcionarios comparten algunos de los datos positivos de la actividad, que los sorprendió gratamente a ellos mismos.
 
Juzgan, sin temor a hacerlo con premura, que se trata de los primeros indicios de una recuperación veloz. Incluso destacan la "V corta" de la palabra "veloz".
 

06-08-2020 / 11:08
La valiente fiscal Gabriela Boquin, quien llevó adelante la acusación contra la familia Macri en la causa Correo Argentino, denunció este miércoles ante una comisión bicameral que una empleada de su fiscalía "le entregaba documentación en pleno trámite de la investigación de la causa al diputado (del Pro) Pablo Tonelli" y que al denunciar esa situación ante su superior, el Procurador interino, Eduardo Casal, "no tomó ninguna medida al respecto".
 
Boquin expuso este miércoles ante la comisión bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. La semana pasada, Casal, quien asumió como jefe de los fiscales durante la gestión de Cambiemos, le inició un sumario administrativo por supuesto maltrato y mobbing laboral a ex empleados de la fiscalía.
 
La comisión bicameral tiene previsto volver a reunirse en diez días para tratar una serie de denuncias y pedidos de juicio político contra Casal por supuestas arbitrariedades en traslados y medidas disciplinarias contra fiscales que investigaban al macrismo.
 
En su presentación, la fiscal Boquin, que interviene en una de las causas más complicadas para el ex presidente y su familia, dijo: "Es falaz decir que se retiraron de mis dependencias por maltratos o pidieron traslados. Esto no existió. Es más, a una de las testigos el traslado lo pedí yo".
 
Y amplió Boquin que realizó ese pedido "por falta de confianza" de la empleada de su fiscalía tras "descubrir que le entregaba documentación en pleno trámite de la investigación de la causa Correo Argentino al diputado Pablo Tonelli".
 
"Esa documentación que le pasaba y que le iba comunicando los pasos del expediente a Tonelli estaban relacionados con su propia vinculación en la causa porque cuando yo denuncié el vaciamiento, estaban las facturas de Tonelli por millones de pesos retirando dinero de Correo Argentino", agregó la fiscal. 
 

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