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Nacionales - 20-12-2019 / 12:12
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

El Acuerdo Económico y Social debuta con zanahorias pero prepara el garrote

El Acuerdo Económico y Social debuta con zanahorias pero prepara el garrote
Las zanahorias y los palos no tienen nombre y apellido, pero sí asoman los primeros candidatos para cada uno. La generación eléctrica, por caso, está "sobre-remunerada" según la óptica oficial. Dicen que no quieren pagar por nueva la electricidad de usinas "ya amortizadas hace décadas".
El tío de Marcos Peña y dueño de La Anónima, Federico Braun, llevó la voz cantante durante toda la primera reunión ente el nuevo gobierno y los supermercadistas.
 
-Creéme que es así. Creéme que es así. Lo único que hacemos nosotros es trasladar al consumidor los precios que recibimos de las fábricas. Y lo hacemos con mínimo margen.
 
Al tercer "creéme que es así", el ministro Matías Kulfas lo miró fijo y le respondió:
 
-Nosotros no tenemos prejuicios ni preconceptos. Yo le voy a creer en la medida que me muestre los números. Tráigame los números y conversamos.
 
Alfredo Coto, también presente, tomó nota. Veterano de mil batallas, sabe que su sector puede convertirse muy rápidamente en un villano desde el atril presidencial, especialmente cuando la inflación se dispara.
 
Recuerda nítido el momento en que Néstor Kirchner le soltó aquel "yo lo conozco y sé cómo trabaja sobre el bolsillo de los argentinos". Por eso eligió cuidadosamente las palabras con las que comentó aquel encuentro del jueves pasado y el de este miércoles con Alberto Fernández, a quien recibió junto al resto de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).
 
La secretaria de Comercio, Paula Español, le elevó anteayer a Kulfas los primeros estudios técnicos sobre aumentos de precios acumulados en las distintas góndolas de los supermercados.
 
Lo más grave no es en alimentos sino en artículos de limpieza e higiene. La bolsa de diez pañales cuyo precio releva el INDEC, por ejemplo, se fue de $73,46 a $139,95. Aumentó un 90%, muy por encima de la inflación, y los modelos más caros treparon todavía más.
 
Los supermercadistas culpan a las grandes fábricas de alimentos y artículos de tocador por los incrementos arriba del 55% con el que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) apunta a cerrar 2019. Las multinacionales dueñas de esas usinas, a su vez, responsabilizan a las cadenas comerciales.
 
Pero en la reunión del jueves pasado, después de que Braun cargara contra los autoservicios chinos casi hasta el límite de la xenofobia ("¡encima son todos extranjeros!"), uno de sus colegas acusó a la industria de haber aumentado sus precios preventivamente, para anticiparse a un congelamiento de precios que nunca estuvo en estudio pero que se rumoreó toda la campaña.
 
Es exactamente lo que procuran averiguar Kulfas, Español y también Miguel Pesce desde el Banco Central: si hubo empresas que hicieron un "colchón" de rentabilidad a costa de sus clientes.

 
Pindonga y Cuchuflito
 
Español trabajará en estrecha comunicación con Pesce, que ya le dijo a dos banqueros que será su "ángel de la guarda". No se trata de un rapto espiritual sino un imperativo macroeconómico.
 
Para tener éxito, el plan de desinflación heterodoxo con el que el nuevo jefe del Central aspira a llegar a un dígito a fines de 2021 requiere que el dinero que el Gobierno ponga en manos de los sectores más bajos (beneficiarios de planes sociales, jubilados de la mínima y empleados estatales) no se vaya por la canaleta de la recomposición de los márgenes de rentabilidad empresarial.
 
La inyección a la demanda vendrá por partida doble. Por el lado fiscal, por los recursos que reasigna la ley que el oficialismo aspira a sancionar hoy. Todos los que mejoran sus ingresos con esa ley destinarán al consumo el 100% de lo que perciban.
 
Pero también habrá impulso monetario, por la rebaja de tasas que impulsa Pesce para reavivar la economía. Esa rebaja va estar operativa la próxima semana; por eso Fernández designó en comisión a los primeros cuatro directores del Central
 
La misión que le encomendó Kulfas a Español es que las empresas respondan a esa mayor demanda aumentando la oferta y no los precios.
 
Para lograrlo procurarán restablecer el sentido original del programa Precios Cuidados: que vuelva a ser una referencia de precios para los productos más importantes de la canasta y no un catálogo de ofertas para pobres.
 
"Se terminó la joda de poner Pindonga y Cuchuflito. Van a volver las primeras marcas", dijo a BAE Negocios una fuente del equipo.
 
La canasta navideña de 6 productos a $199 fue primer intento que lo logró a medias. En algunas cadenas tendrá sidra Real, en otras Victoria y en otras se ofrecerá la ignota "Señorío de Ondas". "Es lo que conseguimos en una semana", se defendió la fuente consultada.
 
El ministro de Economía, Martín Guzmán, cree que los planes de pagos impositivos y las facilidades para Pymes que contiene la ley ómnibus ayudarán a que las empresas respondan al crecimiento de la demanda produciendo más.
 
Kulfas también quiere importar una idea brasileña: la "tarjeta BNDES", una tarjeta de crédito de ese banco estatal de fomento con la que empresarios Pyme pueden comprar insumos en 6 ó 12 cuotas sin interés. La ventaja es que solo se aplica a insumos nacionales. Es una forma de direccionar el crédito desde el Estado.
 
De todos modos, para enderezar el barco, en el equipo económico creen que el acuerdo social no solo necesita zanahorias sino también palos.
 
Por eso, además de Precios Cuidados, pondrán en marcha el tantas veces postergado Tribunal de Defensa de la Competencia. Desde ahí se impondrán severas multas a quienes incurran en comportamientos anti-competitivos o intenten ejercer una posición dominante en un mercado.
 
 
Seres de luz
  
Las zanahorias y los palos no tienen nombre y apellido, pero sí asoman los primeros candidatos para cada uno.
 
La generación eléctrica, por caso, está "sobre-remunerada" según la óptica oficial. Dicen que no quieren pagar por nueva la electricidad de usinas "ya amortizadas hace décadas".
 
Asoma allí un cortocircuito con Marcelo Mindlin, Nicolás Caputo y Rogelio Pagano, entre otros pesos pesados del sector.
 
Por eso el fin de semana pasado Fernández marcó la cancha con su anuncio de "revisión tarifaria" por 180 días, que muchos interpretaron como un congelamiento tarifario total pero que en realidad expresó con la suficiente ambigüedad como para revisarlo antes. "Hasta el 30 de junio -dijo- nos vamos a dar tiempo para redeterminar el sentido de las tarifas".
 
Lo que ya decidieron en el edificio de Diagonal Sur y Alsina donde tiene despacho el nuevo secretario de Energía, Sergio Lanziani, es que no habrá otro aumento de combustibles antes de Año Nuevo.
 
Las petroleras reclaman que siguen casi 10% atrasados. Pero con el retoque de las retenciones a la exportación de crudo que contiene la ley ómnibus, ese argumento caducó. Aunque del actual 5,5% ($4 fijos por cada dólar de $63) no se sube al techo al 12% previsto inicialmente, el 8% que impone también representa un incremento. Es decir, un incentivo a refinar y vender acá y no a exportar ese crudo.
 
En Bienes Personales, según otra fuente del equipo económico, habrá una zanahoria jugosa: para que no le cobren la sobrealícuota del 100% que prevé la ley por tener el dinero fuera del país, alcanzará con que un contribuyente repatríe una parte ínfima de esos fondos. No hará falta repatriar todo.
 
Es algo que definirán en la reglamentación. Pero que ya transmitieron por lo bajo el propio Presidente y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la reunión con AEA donde participaron Héctor Magnetto, Luis Pagani y Paolo Rocca, entre otros.
 
El que verá el palo antes que la zanahoria es el dueño de MercadoLibre, Marcos Galperín. No será tan duro como quisiera Juan Grabois, porque en el Gobierno valoran el canal de venta que representa la plataforma de e-commerce para las Pymes. Pero de a poco apuntan a corregir las distintas ventajas a su favor que representa la ausencia total de regulación sobre sus actividades.
 
Pesce buscará desde el Central que no haga intermediación financiera, algo que tiene prohibido. Es decir, que no gane dinero por captar depósitos y prestar esos fondos a tasas más altas. La AFIP procurará que se combata de manera más efectiva la venta de productos de contrabando. Y el Ministerio de Trabajo, que deje de pagarles como empleados de comercio a quienes se desempeñen en tareas filo-bancarias.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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