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Entre Ríos - 05-12-2019 / 10:12
ESPACIOS SEPARADOS CON EL MACRISMO

La UCR convocó a los legisladores provinciales electos para aclararles que deberán formar un Bloque Radical

La UCR convocó a los legisladores provinciales electos para aclararles que deberán formar un Bloque Radical
El Presidente de la UCR de Entre Ríos, Leandro Arribalzaga, indicó que convocaron a los diputados y senadores locales para recordarles la resolución del Congreso provincial del 2018 que estableció que los legisladores deberán formar bloques del partido.
 
El Presidente de la UCR de Entre Ríos, Leandro Arribalzaga, indicó que convocaron a los diputados y senadores locales para recordarles la resolución del Congreso provincial del 2018 que estableció que los legisladores deberán formar bloques del partido. Podría haber interbloque, pero nunca un bloque único con el PRO.
 
En este sentido, los senadores serían los que por estas horas buscarían armar algo en conjunto con el PRO, cuestión que choca de frente con la Resolución orgánica del partido. Por ello la reunión.
 
 
Este jueves, los legisladores radicales electos se reunirán con las autoridades partidarias de la UCR provincial. La intención del partido será recordarles la resolución que tomó el Congreso partidario provincial en el 2018 que ordenó que los "boinas blancas" que sean elegidos para cargos legislativos deberán armar bloques propios de la UCR.
 
El titular del radicalismo entrerriano, Leandro Arribalzaga, destacó que el encuentro será con los diputados y senadores electos.
 
Arribalzaga aclaró que el partido no rechaza que se pueda conformar eventualmente una especie de interbloque para tratar temas específicos, pero desde la identidad del espacio propio tendría que ser, puntualizó.
 
"Le vamos a indicar que tienen que conformar un bloque de la Unión Cívica Radical  porque eso estableció el Congreso partidario", comentó.
 
Fuente: BABEL
 
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28-01-2020 / 10:01
28-01-2020 / 09:01
Cualquier diagnóstico que se trace de aquí a los próximos meses será coincidente con la inquietud que ya expresaron la mayoría de los gobernadores: en 2020, las finanzas provinciales se complicarán, producto de la caída de los ingresos propios, la falta de financiamiento y el creciente aumento del gasto corriente derivado de la inflación con recesión que dejó Macri y que no dará tregua en el corto plazo.
 
Toda decisión o gesto que implique austeridad en la administración de los recursos públicos originados por el aporte de contribuyentes de tributos federales o locales, resulta positiva, en especial en este contexto de crisis. La opinión pública ha reiterado, de diversas formas, que corresponde a la dirigencia política y a las propias autoridades dar el "ejemplo" a través de disposiciones de "ajuste".
 
En distintos ámbitos del gobierno provincial se estarían estudiando medidas destinadas a la contracción del gasto público. Entre ellos: la reducción del gasto político y del ingreso de personal al Estado, la edad y regímenes especiales que permiten jubilación anticipada, la ley de enganche del poder judicial, políticas salariales unificadas entre todos los poderes y sobre todo hacia dentro del Ejecutivo provincial. Las reformas al sistema previsional y el esquema salarial son las más complejas y resistidas. Los argumentos que sustentan esta actitud de "austeridad" señalan el preocupante estado de las finanzas públicas.
 
Son medidas que se mastican en un contexto de emergencia. En días se irán definiendo concretamente que se impulsa y que se descarta. El alcance está en análisis. Unos creen que será algo moderado, otros piensan que el mandatario provincial quiere asegurarse recursos en la gestión y debe implementar una fuerte racionalización presupuestaria al comienzo, cuando tiene mayor poder político.
 
Todos los gobiernos provinciales enfrentan un entorno complicado, que afectará sus resultados financieros y será cada vez más difícil contraer nuevas deudas. Algunos gestos concretos de austeridad no son difíciles de concretar. Ciertas ideas que dan vuelta: Fijar un tope salarial para todos los funcionarios públicos, dado por el sueldo del Gobernador; y congelamiento por 180 días del sueldo de los funcionarios políticos.
 
Además, la prohibición, durante seis meses, de la adquisición de vehículos para uso oficial; el "recorte" de los gastos que se originen en pasajes y viáticos para funcionarios; el impedimento a que se celebren nuevos contratos de alquiler para dependencias del Poder Ejecutivo; la limitación del otorgamiento y utilización de telefonía celular por cuenta del Estado y otras medidas.
 
Es una lista que puede resolverse de forma rápida, con la decisión política necesaria. No se trata de medidas que pongan en riesgo el funcionamiento del Gobierno entrerriano. Es previsible que la sumatoria de todas estas posibles decisiones de administración provincial tenga un impacto favorable en el equilibrio de las cuentas públicas.
 
La Opinión Popular

27-01-2020 / 09:01
26-01-2020 / 20:01
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