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Entre Ríos - 04-12-2019 / 11:12
LE PLANTEARON MEDIDAS CONCRETAS EN LA TRAMITACIÓN POR DISTINTAS SITUACIONES DE VIOLENCIA, DELITOS SEXUALES Y FEMINICIDIOS

Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans llevó sus reclamos al Superior Tribunal de Justicia

Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans llevó sus reclamos al Superior Tribunal de Justicia
Integrantes de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná mantuvieron una audiencia con el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Emilio Castrillón, para plantearle algunas demandas concretas hacia el Poder Judicial, en la tramitación de las distintas situaciones de violencia, delitos sexuales y feminicidios que se prosiguen en la provincia.
 
Integrantes de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná mantuvieron una audiencia con el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Emilio Castrillón, para plantearle algunas demandas concretas hacia el Poder Judicial, en la tramitación de las distintas situaciones de violencia, delitos sexuales y feminicidios que se prosiguen en la provincia.
 
La Asamblea ha definido como acción estratégica reunirse con autoridades y referentes de los tres poderes del Estado con el fin de propiciar políticas públicas en torno al tema de género y ponerse a disposición para impulsar medidas concretas en materia de género.
 
Durante el encuentro, que se celebró en el Salón de Acuerdos de los tribunales de Paraná, la Asamblea pidió celeridad en el tratamiento del amparo que presentaron las mujeres trans y travestis contra la Municipalidad capitalina por cupo laboral y pidieron capacitación obligatoria en violencia de género para los futuros integrantes de los Juicios por Jurados.
 
A su vez, solicitaron la creación de fiscalías de género en la provincia y de espacios específicos que garanticen privacidad para realizar denuncias en los Tribunales por cualquier tipo de violencia.
 

 
Castrillon, por su lado, marcó que la Justicia cuenta en Entre Ríos con organismos específicos para los temas vinculados a la Mujer y a la violencia; advirtió que una de las fallas del sistema procesal es la falta de especialidad en temas de género y observó que esa situación obedece "a que estamos ante un proceso de cambios que requiere de nosotros una adecuación constante para que alcancemos la mirada que necesitamos para este tiempo, y vamos a lograrlo en el corto plazo", garantizó.
 
Destacó, a su vez, la colaboración de intendentes y de las Juntas de Gobierno en la erradicación de la violencia a través de los Juzgados de Paz que tiene competencias ampliadas para intervenir en la erradicación de la violencia: "El 65 % de las denuncias que recibe un Juzgado de Paz es por violencia familiar o de género y hemos hecho un trabajo muy importante para terminar con este flagelo. No podemos fallar en nuestro compromiso para que él ni una menos sea real", afirmó el magistrado.
 
La Asamblea también manifestó su rechazo a los juicios abreviados para los casos de femicidio, abuso y violencia de género y se mostró a favor de las mesas interinstitucionales para abordar los temas vinculados al género.
 
"Nadie ignora que la violencia sobre las mujeres, travestis y lesbianas sigue siendo un problema muy grave que la intervención de los tres poderes del Estado puede ayudar a remediar. Se ha hecho muchísimo, pero aún podemos hacer mucho más y cada uno de los poderes tiene una parte de responsabilidad muy grande en esto", dijo Lucy Grimalt.
 
Estuvieron presentes en la reunión con Castrillon, las integrantes de la Asamblea Sandra Miguez, Liliana Barezzi, Maria Elena Ale, Carina Carmopy, Mirta Alzugaray, Liliana Cabrera y Lucy Grimalt .
 
  
Temario presentado por la Asamblea
 
1- Amparo de las compañeras contra la municipalidad de Paraná. Reclamo por celeridad en la resolución del tema a favor de las compañeras travestis y trans, ya que se trata de un tema de altísima vulneración de las personas, quienes viven en una situación de riesgo agravada, además de ser una violación de los derechos constituidos en la ordenanza municipal que promulgó el intendente Varisco, en resguardo del cupo laboral trans.
 
2- Caso Villaguay: observamos con preocupación la falta de perspectiva de género en la intervención del fiscal en el caso de la violación colectiva hacia una mujer en el mes de noviembre.
 
3- Datos del sistema judicial: resgurado de la identidad de las víctimas en el sistema online de expedientes que tiene el STJ y boletín oficial.
 
4- Capacitación obligatoria en género - en feminicidios y trasvesticidios- para quienes vayan a integrar los jurados populares en los juicios orales. Incluidos magistrados. Solicitamos que el STJ pida la incorporación en todas las capacitaciones de género en la reglamentación de la Ley Micaela. Cómo llevarán adelante las capacitaciones en género ahora que la provincia va a adherir a la ley Micaela al interior del poder Judicial.
 
5- Compra de Tobilleras: Solicitamos al STJ que pida al Poder Ejecutivo la compra de tobilleras eléctricas (a cambio del botón antipánico) por ser éste un mecanismo que no revictimiza a las denunciantes y resguarda su integridad.
 
6- Creación de unidades fiscales en género en otras localidades- Y formación en género para aquellos juzgados que atiendan denuncias por violencia de género. (Son diez Fiscalías de Género para toda la provincia).Según estadísticas de la propia OVE son más de 4000 causas que ingresaron este año -Además en el interior atienden en juzgados en de familias sin equipo para la contención y seguimiento de casos por falta de Fiscalías.
 
7- Espacios : Reclamo por el espacio donde se toman las denuncias en Tribunales (los espacios no son privados y no se resguarda la confidencialidad. Garantizar el acompañamiento de una persona de la confianza de la denunciante en caso de su voluntad, en el momento de la denuncia o exposición).
 
8- Evitar la revictimización, se les pide a las mujeres que cuenten lo mismo en muchísimas instancias del mismo proceso.
 
9- No a los JUICIOS ABREVIADOS para delitos sexuales y feminicidios con excepción de la expresa voluntad de las víctimas. En temas de género terminan siendo arreglos entre abogados, se sigue perpetuando la desigualdad frente al acceso a la justicia, y se sabe cómo lo han dicho las personas que han atravesado el proceso, que el mismo es reparatorio para las víctimas. El proceso es también es una oportunidad pedagógica para la sociedad, en donde lo que importa no es solo la condena, sino revalorizar el contrato social de derechos humanos.
 
10- OBLIGACIÓN DEL PODER JUDICIAL:
 
Seguimiento de los casos en los distintos fueros con entrecruzamiento de datos:
 
a) PEDIDO DE REGISTRO DE Casos de hombres denunciados que rompen la perimetral. Cuando termina el plazo de las medidas de restricción perimetral, solicitamos que se busque un mecanismo para dar continuidad y garantizar la protección de las víctimas antes que vuelvan a hacer el trámite de prórroga.
 
b) Mayor celeridad en las medidas de restricción
 
c) Seguimiento en los casos de "deudores alimentarios"
 
d) Seguimiento de los casos de incumplimiento en los regímenes de visita y "secuestro" de niñes
 
e) Cruce de datos de denuncias por violencia de quienes pertenecen a las fuerzas de seguridad en la provincia.
 
f) Seguimiento de casos de violencias en agentes de las fuerzas de seguridad a quienes se les ha sacado el arma reglamentaria por casos de Violencia.
 
g) Seguimiento de casos de denuncias de violencia de género en las cárceles de Mujeres.
 
h) Seguimiento en el Sistema Judicial de los casos de policías separados de sus cargos por denuncias de violencia de género. Informe de cumplimiento de cuota alimentaria a sus hijes.
 
i) Actualización de los datos oficiales que en este momento son hasta agosto, se tendrían que agregar los intentos de feminicidios.
 
FUENTE: UNO
 

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28-01-2020 / 10:01
28-01-2020 / 09:01
Cualquier diagnóstico que se trace de aquí a los próximos meses será coincidente con la inquietud que ya expresaron la mayoría de los gobernadores: en 2020, las finanzas provinciales se complicarán, producto de la caída de los ingresos propios, la falta de financiamiento y el creciente aumento del gasto corriente derivado de la inflación con recesión que dejó Macri y que no dará tregua en el corto plazo.
 
Toda decisión o gesto que implique austeridad en la administración de los recursos públicos originados por el aporte de contribuyentes de tributos federales o locales, resulta positiva, en especial en este contexto de crisis. La opinión pública ha reiterado, de diversas formas, que corresponde a la dirigencia política y a las propias autoridades dar el "ejemplo" a través de disposiciones de "ajuste".
 
En distintos ámbitos del gobierno provincial se estarían estudiando medidas destinadas a la contracción del gasto público. Entre ellos: la reducción del gasto político y del ingreso de personal al Estado, la edad y regímenes especiales que permiten jubilación anticipada, la ley de enganche del poder judicial, políticas salariales unificadas entre todos los poderes y sobre todo hacia dentro del Ejecutivo provincial. Las reformas al sistema previsional y el esquema salarial son las más complejas y resistidas. Los argumentos que sustentan esta actitud de "austeridad" señalan el preocupante estado de las finanzas públicas.
 
Son medidas que se mastican en un contexto de emergencia. En días se irán definiendo concretamente que se impulsa y que se descarta. El alcance está en análisis. Unos creen que será algo moderado, otros piensan que el mandatario provincial quiere asegurarse recursos en la gestión y debe implementar una fuerte racionalización presupuestaria al comienzo, cuando tiene mayor poder político.
 
Todos los gobiernos provinciales enfrentan un entorno complicado, que afectará sus resultados financieros y será cada vez más difícil contraer nuevas deudas. Algunos gestos concretos de austeridad no son difíciles de concretar. Ciertas ideas que dan vuelta: Fijar un tope salarial para todos los funcionarios públicos, dado por el sueldo del Gobernador; y congelamiento por 180 días del sueldo de los funcionarios políticos.
 
Además, la prohibición, durante seis meses, de la adquisición de vehículos para uso oficial; el "recorte" de los gastos que se originen en pasajes y viáticos para funcionarios; el impedimento a que se celebren nuevos contratos de alquiler para dependencias del Poder Ejecutivo; la limitación del otorgamiento y utilización de telefonía celular por cuenta del Estado y otras medidas.
 
Es una lista que puede resolverse de forma rápida, con la decisión política necesaria. No se trata de medidas que pongan en riesgo el funcionamiento del Gobierno entrerriano. Es previsible que la sumatoria de todas estas posibles decisiones de administración provincial tenga un impacto favorable en el equilibrio de las cuentas públicas.
 
La Opinión Popular

27-01-2020 / 09:01
26-01-2020 / 20:01
26-01-2020 / 13:01
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