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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 03-12-2019 / 07:12
CFK ENFRENTA LAS OPERACIONES JUDICIALES Y MEDIÁTICAS

Impactante alegato de Cristina: "A mí me absolvió la historia, pero a ustedes los va a condenar", le dijo a los jueces

Impactante alegato de Cristina:
LA MEJOR DEFENSA ES UN BUEN ATAQUE. A solo ocho días de asumir como vicepresidenta, Cristina Fernández aprovechó su presentación en Comodoro Py para hacer un potente alegato sobre el uso político de la Justicia para perseguir a los opositores. Explicó cómo funciona el lawfare y respondió detalladamente las acusaciones en su contra.
Por su potencia política, argumental y de coyuntura -a sólo ocho días de asumir- las palabras de Cristina Fernández atravesaron las paredes de la sala de audiencias, a pesar de la insólita negativa del TOF 2 para que sean transmitidas en vivo y en directo.
 
En un tono vehemente, mirando a los ojos y por momentos señalando a jueces, fiscales y querellantes, la senadora acusó a un sector de la Justicia Federal de haber sido "el auxilio invaluable" del Gobierno de Mauricio Macri, para ejecutar el lawfare y la persecución política de dirigentes, ex funcionarios y empresarios.
 
Lo evidente del lawfare en esta causa es que ningún gobernador de Santa Cruz ni ningún jefe de Gabinete fueron imputados. El objetivo era Cristina y adjudicarle ser la cabeza de una asociación ilícita. No pueden exhibir ni una firma ni una orden sobre las obras, porque nada de eso existe. Entonces emparentan la asociación ilícita con el gobierno, porque a falta de pruebas, lo único posible es condenar a la totalidad de un gobierno.
 
"Seguramente tienen la condena escrita, pero no me importa", desafió la ex presidenta al tribunal al cierre de su declaración, donde sintetizó su visión política sobre los motivos que llevaron a la justicia y al Gobierno de Macri a armar la acusación en su contra.
 
Cristina expuso su defensa durante tres horas y remarcó el carácter político de la investigación judicial. "Había que condenar a un gobierno, porque había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y para poder hacerlo, había que convencer de que el que le había pagado, y había desendeudado, era un chorro", dijo sobre el final.
 
"Nunca fui amiga de Lázaro Báez, pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura, cuando te encontraban en una agenda y te metían en cana o te desaparecían", denunció.
 
Aseguró que el tribunal seguramente "tiene tiene la condena escrita" y lo llamó "un tribunal de lawfare". Con el tono firme y vehemente de toda la declaración, pero visiblemente cansada y emocionada, pidió retirarse y anunció que había consumado su declaración. "A mí me absolvió la historia. Y a ustedes, seguramente los va a condenar la historia", concluyó.
 
Pero, mientras juntaba sus carpetas, le preguntaron si iba a contestar preguntas de las partes. Al principio pareció no escuchar y comenzó a retirarse cuando le insistieron con la pregunta. La vicepresidenta electa volvió hasta el micrófono y les dijo: "¿Preguntas? Preguntas tendrían que contestar ustedes, no yo. Gracias". Y se fue.
 
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LA EX PRESIDENTA DECLARÓ Y ACUSÓ AL QUE LLAMÓ "TRIBUNAL DEL LAWFARE"
 
Cristina Kirchner: "Preguntas van a tener que contestar ustedes"
 
Cuando en los próximos años alguien recorra los tribunales de Comodoro Py, es probable que todavía escuche en los pasillos alguna conversación que rememore aquella vez en que Cristina Fernández de Kirchner declaró por primera vez como imputada en un juicio oral. Tal es el destino histórico del alegato de defensa de la vicepresidenta electa en el marco del juicio por presunto direccionamiento de la obra pública en la Provincia de Santa Cruz.
 
"Había que condenar a un gobierno. El de Néstor Kirchner. Había que traer de vuelta al FMI. Y para eso había que convencer que el que nos desendeudó era un chorro. Por eso es que estoy sentada acá, disparó sobre el final.
 
Durante su exposición, desarticuló y respondió los puntos principales de la acusación y denunció que nunca le permitieron presentar pruebas para rebatir "las mentiras" de lo que denunció como un "plan sistemático" en su contra. "Seguramente tienen la condena escrita. No me interesa. Yo he elegido la historia. A mí me va a absolver la historia", les dijo a los jueces.
 
Llegó acompañada por dirigentes como Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Jorge Taiana, Leopoldo Moreau y Mariano Recalde. Cuando subió al banquillo de los acusados, sacó una carpeta con numerosos papeles y expedientes. Apoyada por jurisprudencia, fallos anteriores y cifras exactas, ejerció su defensa por casi cuatro horas.
 
Sin cuarto intermedio, ante la atención y mirada de una sala repleta y en absoluto silencio, la declaración fue oscilando entre dos andariveles centrales. Por un lado hizo un alegato netamente político, en el que argumentó por qué afirma que ella, sus hijos y el fallecido expresidente Néstor Kirchner fueron y son víctimas del lawfare. Por otra parte, recorrió los argumentos jurídicos con los que rebatió los puntos centrales de la acusación.
 
 
Lawfare puro
  
La ex presidenta recordó que fue por orden de un juez que su mandato tuvo que terminar un día antes de los establecido. "Me tuve que ir el 9 de diciembre a las 12 de la noche, como Cenicienta. Después la prensa decía, Cristina no quiso entregarle los atributos al nuevo Presidente". Y elevando el tono de voz expresó: "¡No me dejaron! ¡Yo quería ir a la Asamblea Legislativa!". Esa fue, denunció, la primera evidencia del inicio del lawfare.
 
Luego hizo referencia al accionar de los organismos que dependen del Poder Ejecutivo y son querellantes en las diferentes causas judiciales. Cuestionó a la Oficina Anticorrupción, en la cual se modificó una normativa para permitir que asumiera Laura Alonso como titular, y a la Unidad de Información Financiera, a cargo de Mariano Federici, "un ex funcionario del FMI" que además "viene del HSBC, una entidad financiera que ha sido investigada mundialmente por lavado de dinero", denunció. También mencionó a la AFI y al espionaje ilegal ventilado en el juzgado de Dolores, donde se demostró que Leonardo Fariña fue entrenado para que declarase en contra de ella y la involucrara en delitos de corrupción.
 
"Todo esto es una clase magistral del lawfare puro", sintentizó CFK. Al recordar el dictamen del relator para la independencia judicial de la ONU, Diego García Sayán, afirmó que se trató de "un plan sistemático" orquestado por "el actual Gobierno", y enumeró lo que para ella constituyó parte de ese plan: sorteos dudosos de causas, - "debería jugar a la lotería. ¡Tengo una suerte cuando sortean jueces" Siempre me tocan Bonadío o Ercolini", ironizó- designaciones a dedo -recordó sin nombrarlos a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi-, maniobras en el Consejo de la Magistratura. "Asistimos en vivo y en directo de la demora de un miembro del Consejo de la Magistratura para destituir a un colega de ustedes", les recordó a los miembros del tribunal. "Les faltó encerrarlo en el baño", disparó.
 
Mirando a los ojos a los jueces del TOF2, Cristina denunció que es víctima de "una feroz e inédita persecución". Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini fueron apuntados con el dedo de la ex Presidenta que -en tono muy elevado y ante una sala de audiencias perpleja- los responsabilizó de ser el brazo ejecutor de ese ensañamiento. "El gobierno que se va tenía una mesa judicial donde decidía quién iba preso, quién no iba preso y hasta qué empresario había que apretar para sacarle la empresa", acusó. Luego recordó que por dos años ella no tuvo fueros por elección propia, "pero bastó que fuera electa senadora para que, tres días antes de asumir, me dictaran la prisión preventiva, que obviamente no podían ejecutar porque tenía fueros. ¿Qué decía entonces la construcción mediática? Cristina no va presa porque no tiene fueros", destacó.
 
 
Escuchas ilegales
  
En uno de los pasajes más vehementes, Cristina Kirchner recordó que las esuchas ilegales de las que fue víctima junto a su ex secretario Oscar Parrilli salieron de la Dajudeco, órgano creado durante el actual Gobierno para administrar las intervenciones telefónicas, bajo la responsabilidad de Martín Irurzun. "Irurzun te escucha e Irurzun te mete preso", sintetizó. Y señalando una vez más a los jueces, les dijo: "Y hay programas de televisión que anuncian, cual circo, la difusión de esas conversaciones, sin que a nadie de esta casa se le mueva un pelo, cuando son ustedes los responsables de las escuchas. "Si esto no es lawfare, ¿¡qué es?!", gritó.
 
 
Florencia y Máximo
  
La ex mandataria se quebró cuando recordó a su esposo y describió la situación de sus hijos. "Ni qué hablar de la persecución a mis hijos. Que cometieron un delito terrible. Ser los hijos de Néstor y Cristina kirchner. Mi hija, que le hicieron un fotomontaje con millones de dólares como si los hubiéramos robado. El dinero de la sucesión, de los plazos fijos, no estaba en ningún paraíso fiscal. Estaba en una cuenta de mi hija en el banco Galicia y pudo explicar que nunca se movió de ahí ese dinero". Y con la voz quebrada, agregó: "mi hija tenía doce años cuando llegó a Olivos. Se fue de Olivos con 25 años, una hija -respiró profundo para poder seguir hablando- y un procesamiento como miembro de asociación ilícita". Luego, reveló: "Siempre le digo a Florencia, tal vez para consolarla: imaginate lo que hubieran hecho con Perón y Evita si hubieran tenido hijos. Es el unico consuelo que puedo darle, después de todo lo que le han hecho".
 
 
Derecho de defensa
  
La ex mandataria afirmó que fue violado el ejercicio de su defensa durante el proceso: "Nos encontramos con el rechazo de todos y cada uno de los recursos y planteos, tanto en la instrucción como en la oralidad", dijo. Y denunció que ninguna de las medidas de prueba solicitadas por su abogado Carlos Beraldi para rebatir las acusaciones fueron aceptadas.
 
 
Imputada por "designar funcionarios"
  
"El hecho de que una persona tenga una empresa y sea amigo de otro, ¿es delito? ¿Cómo le llamarían, entonces, al empresario que se benefició con los tarifazos energéticos?", preguntó. La vicepresidenta electa criticó que la imputación responda a "la designación de funcionarios" sobre lo que planteó que no es extraño que un presidente que antes fue gobernador traiga a funcionarios de su gestión anterior. Por ejemplo, el director de Vialidad Nacional. "¿Eso es un delito?", preguntó irónica. "A los jueces y al fiscal les llama la atención que Nelson Periotti, extitular de Vialidad, haya sido designado en Nación. Pero a ningún juez se le ocurrió que fuera raro, por lo menos, que quien fue presidente de Shell pase a ser el nuevo titular de Energía, el que fija las tarifas de combustible", comparó indignada. Elevando el tono de ironía, preguntó cuál habría sido su maniobra. "Confirmar a los funcionarios y no echarlos. Fallecido Néstor, 'la jefa' era yo", dijo y reafirmó: "Para el fiscal la prueba de que yo continué la asociación ilícita es que mantuve a los funcionarios".
 
 
Asociación Ilícita
 
Con más ironía, Cristina se refirió en varias oportunidades a la acusación de ser "la jefa de la banda" y cuestionó la figura de asociación ilícita, que permite el dictado de la prisión preventiva: "cuando no se puede probar ninguno de los tipos penales de defraudación, incumplimientos, etc, te meten la asociación ilícita". En este sentido, desarticuló uno de los principales absurdos de la investigación, que apunta a que la designación de partidas presupuestarias constituyó un delito cometido por "la banda". En pleno momento de tensión en su declaración, dejó casi sin respirar al fiscal de juicio Diego Luciani, cuando lo miró y ren tono muy elevado le recordó la crisis institucional que provocó la resolución 125. "¿A donde estaban estos fiscales? ¿En un tupper? ¿En un frasco de mayonesa? ¿En dónde vivían?", preguntó casi gritando. "Como si yo pudiera obligar a legisladores a votar tal o cual cosa", agregó. Y señaló que con ese argumento, todos los diputados y senadores también deberían estar imputados.
 
 
Van a tener que llamar al Presidente
 
Al leer el inciso 8 del articulo 75 de la Constitución, recordó que las leyes de Presupuesto deben ser aprobadas por ambas Cámaras y que el máximo responsable de las partidas de dinero es el jefe de Gabinete. Y puso de manifiesto que ningún jefe de Gabinete de entonces fue llamado a declarar en la causa. "Van a tener un problema, porque si lo citan a quien fue el Jefe de Gabinete de 2003 a 2008, van a tener que citar al Presidente", dijo, lo que generó un murmullo entre los presentes.
 
 
"El auxilio invaluable de Comodoro Py"
 
En el tramo más jurídico de su indagatoria, CFK recordó que "las obras no eran ejecutadas, ni licitadas a través de Vialidad Nacional. Eran con convenios con las administraciones provinciales y ejecutadas por los organismos provinciales de Vialidad". Al dementir su amistad con Lázaro Báez, afirmó que la auditoría ordenada por el funcionario macrista Javier Iguacel determinó que no hubo sobreprecios en favor del empresario patagónico.
 
La futura vicepresidenta remarcó que cada vez que fue citada a declarar se presentó, incluso cuando fue citada para prestar ocho indagatorias en una misma mañana. Indignada, lo comparó con la postura tomada por el fiscal Carlos Stornelli que pasó nueve meses en rebeldía."Hasta eso tuvimos que soportar. Utilizan la función como fiscales o jueces para cometer delitos", afirmó. En este sentido CFK remarcó que Cambiemos llegó al gobierno "con el auxilio invaluable de Comodoro Py".
 
 
Persecución contra los gobiernos populares
  
Hacia el final de su declaración, CFK se enfocó en el análisis político: "Esto pasa sólo con los gobierno peronistas", evaluó. Visiblemente conmovida, agregó: "En el pasado, y en estos cuatro años". En esta misma línea, planteó que a todo peronista con plata se lo considera corrupto. "Ahora, si no sos peronista pero sos multimillonario se te presume honesto", cerró.
 
En el último tramo de su defensa, el clima intenso que dominó toda la delcaración llegó a su punto máximo: "La verdadera 'grieta' son "los intereses de millones de argentinos trabajadores, gente que duerme en la calle y las minorías que se empoderaron", definió la ex presidenta. Y concluyó: "Había que condenar un Gobierno. El de Néstor Kirchner. Había que traer de vuelta al FMI. Y para eso había que convencer que el que les pagó, el que nos desendeudó, era un chorro. Por eso es que estoy sentada acá".
 
Antes de finalizar, miró a los ojos a los jueces una vez más: "Este tribunal es el tribunal del lawfare y seguramente tiene la condena escrita. ¡No me interesa! Yo he elegido la Historia. A mí me absolvió la historia. Y a ustedes, seguramente los va a condenar la historia". Una explosión inusual de apalusos rompió entonces el protocolo de la sala de audiencias. Cristina se levantó enérgica, juntó sus carpetas y caminó unos metros para irse. El presidente del Tribunal le dijo que tenía la opción de responder preguntas. Entonces, ella volvió sobre sus pasos y, sin sentarse nuevamente en el banquillo, tomó el micrófono y lanzó: "¿Preguntas? Preguntas van a tener que contestar ustedes". Los aplausos volvieron y la acompañaron hasta salida.
 
Por Sofía Caram
 
Fuente: Página12
 

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19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
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