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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 03-12-2019 / 07:12
CFK ENFRENTA LAS OPERACIONES JUDICIALES Y MEDIÁTICAS

Impactante alegato de Cristina: "A mí me absolvió la historia, pero a ustedes los va a condenar", le dijo a los jueces

Impactante alegato de Cristina:
LA MEJOR DEFENSA ES UN BUEN ATAQUE. A solo ocho días de asumir como vicepresidenta, Cristina Fernández aprovechó su presentación en Comodoro Py para hacer un potente alegato sobre el uso político de la Justicia para perseguir a los opositores. Explicó cómo funciona el lawfare y respondió detalladamente las acusaciones en su contra.
Por su potencia política, argumental y de coyuntura -a sólo ocho días de asumir- las palabras de Cristina Fernández atravesaron las paredes de la sala de audiencias, a pesar de la insólita negativa del TOF 2 para que sean transmitidas en vivo y en directo.
 
En un tono vehemente, mirando a los ojos y por momentos señalando a jueces, fiscales y querellantes, la senadora acusó a un sector de la Justicia Federal de haber sido "el auxilio invaluable" del Gobierno de Mauricio Macri, para ejecutar el lawfare y la persecución política de dirigentes, ex funcionarios y empresarios.
 
Lo evidente del lawfare en esta causa es que ningún gobernador de Santa Cruz ni ningún jefe de Gabinete fueron imputados. El objetivo era Cristina y adjudicarle ser la cabeza de una asociación ilícita. No pueden exhibir ni una firma ni una orden sobre las obras, porque nada de eso existe. Entonces emparentan la asociación ilícita con el gobierno, porque a falta de pruebas, lo único posible es condenar a la totalidad de un gobierno.
 
"Seguramente tienen la condena escrita, pero no me importa", desafió la ex presidenta al tribunal al cierre de su declaración, donde sintetizó su visión política sobre los motivos que llevaron a la justicia y al Gobierno de Macri a armar la acusación en su contra.
 
Cristina expuso su defensa durante tres horas y remarcó el carácter político de la investigación judicial. "Había que condenar a un gobierno, porque había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y para poder hacerlo, había que convencer de que el que le había pagado, y había desendeudado, era un chorro", dijo sobre el final.
 
"Nunca fui amiga de Lázaro Báez, pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura, cuando te encontraban en una agenda y te metían en cana o te desaparecían", denunció.
 
Aseguró que el tribunal seguramente "tiene tiene la condena escrita" y lo llamó "un tribunal de lawfare". Con el tono firme y vehemente de toda la declaración, pero visiblemente cansada y emocionada, pidió retirarse y anunció que había consumado su declaración. "A mí me absolvió la historia. Y a ustedes, seguramente los va a condenar la historia", concluyó.
 
Pero, mientras juntaba sus carpetas, le preguntaron si iba a contestar preguntas de las partes. Al principio pareció no escuchar y comenzó a retirarse cuando le insistieron con la pregunta. La vicepresidenta electa volvió hasta el micrófono y les dijo: "¿Preguntas? Preguntas tendrían que contestar ustedes, no yo. Gracias". Y se fue.
 
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LA EX PRESIDENTA DECLARÓ Y ACUSÓ AL QUE LLAMÓ "TRIBUNAL DEL LAWFARE"
 
Cristina Kirchner: "Preguntas van a tener que contestar ustedes"
 
Cuando en los próximos años alguien recorra los tribunales de Comodoro Py, es probable que todavía escuche en los pasillos alguna conversación que rememore aquella vez en que Cristina Fernández de Kirchner declaró por primera vez como imputada en un juicio oral. Tal es el destino histórico del alegato de defensa de la vicepresidenta electa en el marco del juicio por presunto direccionamiento de la obra pública en la Provincia de Santa Cruz.
 
"Había que condenar a un gobierno. El de Néstor Kirchner. Había que traer de vuelta al FMI. Y para eso había que convencer que el que nos desendeudó era un chorro. Por eso es que estoy sentada acá, disparó sobre el final.
 
Durante su exposición, desarticuló y respondió los puntos principales de la acusación y denunció que nunca le permitieron presentar pruebas para rebatir "las mentiras" de lo que denunció como un "plan sistemático" en su contra. "Seguramente tienen la condena escrita. No me interesa. Yo he elegido la historia. A mí me va a absolver la historia", les dijo a los jueces.
 
Llegó acompañada por dirigentes como Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Jorge Taiana, Leopoldo Moreau y Mariano Recalde. Cuando subió al banquillo de los acusados, sacó una carpeta con numerosos papeles y expedientes. Apoyada por jurisprudencia, fallos anteriores y cifras exactas, ejerció su defensa por casi cuatro horas.
 
Sin cuarto intermedio, ante la atención y mirada de una sala repleta y en absoluto silencio, la declaración fue oscilando entre dos andariveles centrales. Por un lado hizo un alegato netamente político, en el que argumentó por qué afirma que ella, sus hijos y el fallecido expresidente Néstor Kirchner fueron y son víctimas del lawfare. Por otra parte, recorrió los argumentos jurídicos con los que rebatió los puntos centrales de la acusación.
 
 
Lawfare puro
  
La ex presidenta recordó que fue por orden de un juez que su mandato tuvo que terminar un día antes de los establecido. "Me tuve que ir el 9 de diciembre a las 12 de la noche, como Cenicienta. Después la prensa decía, Cristina no quiso entregarle los atributos al nuevo Presidente". Y elevando el tono de voz expresó: "¡No me dejaron! ¡Yo quería ir a la Asamblea Legislativa!". Esa fue, denunció, la primera evidencia del inicio del lawfare.
 
Luego hizo referencia al accionar de los organismos que dependen del Poder Ejecutivo y son querellantes en las diferentes causas judiciales. Cuestionó a la Oficina Anticorrupción, en la cual se modificó una normativa para permitir que asumiera Laura Alonso como titular, y a la Unidad de Información Financiera, a cargo de Mariano Federici, "un ex funcionario del FMI" que además "viene del HSBC, una entidad financiera que ha sido investigada mundialmente por lavado de dinero", denunció. También mencionó a la AFI y al espionaje ilegal ventilado en el juzgado de Dolores, donde se demostró que Leonardo Fariña fue entrenado para que declarase en contra de ella y la involucrara en delitos de corrupción.
 
"Todo esto es una clase magistral del lawfare puro", sintentizó CFK. Al recordar el dictamen del relator para la independencia judicial de la ONU, Diego García Sayán, afirmó que se trató de "un plan sistemático" orquestado por "el actual Gobierno", y enumeró lo que para ella constituyó parte de ese plan: sorteos dudosos de causas, - "debería jugar a la lotería. ¡Tengo una suerte cuando sortean jueces" Siempre me tocan Bonadío o Ercolini", ironizó- designaciones a dedo -recordó sin nombrarlos a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi-, maniobras en el Consejo de la Magistratura. "Asistimos en vivo y en directo de la demora de un miembro del Consejo de la Magistratura para destituir a un colega de ustedes", les recordó a los miembros del tribunal. "Les faltó encerrarlo en el baño", disparó.
 
Mirando a los ojos a los jueces del TOF2, Cristina denunció que es víctima de "una feroz e inédita persecución". Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini fueron apuntados con el dedo de la ex Presidenta que -en tono muy elevado y ante una sala de audiencias perpleja- los responsabilizó de ser el brazo ejecutor de ese ensañamiento. "El gobierno que se va tenía una mesa judicial donde decidía quién iba preso, quién no iba preso y hasta qué empresario había que apretar para sacarle la empresa", acusó. Luego recordó que por dos años ella no tuvo fueros por elección propia, "pero bastó que fuera electa senadora para que, tres días antes de asumir, me dictaran la prisión preventiva, que obviamente no podían ejecutar porque tenía fueros. ¿Qué decía entonces la construcción mediática? Cristina no va presa porque no tiene fueros", destacó.
 
 
Escuchas ilegales
  
En uno de los pasajes más vehementes, Cristina Kirchner recordó que las esuchas ilegales de las que fue víctima junto a su ex secretario Oscar Parrilli salieron de la Dajudeco, órgano creado durante el actual Gobierno para administrar las intervenciones telefónicas, bajo la responsabilidad de Martín Irurzun. "Irurzun te escucha e Irurzun te mete preso", sintetizó. Y señalando una vez más a los jueces, les dijo: "Y hay programas de televisión que anuncian, cual circo, la difusión de esas conversaciones, sin que a nadie de esta casa se le mueva un pelo, cuando son ustedes los responsables de las escuchas. "Si esto no es lawfare, ¿¡qué es?!", gritó.
 
 
Florencia y Máximo
  
La ex mandataria se quebró cuando recordó a su esposo y describió la situación de sus hijos. "Ni qué hablar de la persecución a mis hijos. Que cometieron un delito terrible. Ser los hijos de Néstor y Cristina kirchner. Mi hija, que le hicieron un fotomontaje con millones de dólares como si los hubiéramos robado. El dinero de la sucesión, de los plazos fijos, no estaba en ningún paraíso fiscal. Estaba en una cuenta de mi hija en el banco Galicia y pudo explicar que nunca se movió de ahí ese dinero". Y con la voz quebrada, agregó: "mi hija tenía doce años cuando llegó a Olivos. Se fue de Olivos con 25 años, una hija -respiró profundo para poder seguir hablando- y un procesamiento como miembro de asociación ilícita". Luego, reveló: "Siempre le digo a Florencia, tal vez para consolarla: imaginate lo que hubieran hecho con Perón y Evita si hubieran tenido hijos. Es el unico consuelo que puedo darle, después de todo lo que le han hecho".
 
 
Derecho de defensa
  
La ex mandataria afirmó que fue violado el ejercicio de su defensa durante el proceso: "Nos encontramos con el rechazo de todos y cada uno de los recursos y planteos, tanto en la instrucción como en la oralidad", dijo. Y denunció que ninguna de las medidas de prueba solicitadas por su abogado Carlos Beraldi para rebatir las acusaciones fueron aceptadas.
 
 
Imputada por "designar funcionarios"
  
"El hecho de que una persona tenga una empresa y sea amigo de otro, ¿es delito? ¿Cómo le llamarían, entonces, al empresario que se benefició con los tarifazos energéticos?", preguntó. La vicepresidenta electa criticó que la imputación responda a "la designación de funcionarios" sobre lo que planteó que no es extraño que un presidente que antes fue gobernador traiga a funcionarios de su gestión anterior. Por ejemplo, el director de Vialidad Nacional. "¿Eso es un delito?", preguntó irónica. "A los jueces y al fiscal les llama la atención que Nelson Periotti, extitular de Vialidad, haya sido designado en Nación. Pero a ningún juez se le ocurrió que fuera raro, por lo menos, que quien fue presidente de Shell pase a ser el nuevo titular de Energía, el que fija las tarifas de combustible", comparó indignada. Elevando el tono de ironía, preguntó cuál habría sido su maniobra. "Confirmar a los funcionarios y no echarlos. Fallecido Néstor, 'la jefa' era yo", dijo y reafirmó: "Para el fiscal la prueba de que yo continué la asociación ilícita es que mantuve a los funcionarios".
 
 
Asociación Ilícita
 
Con más ironía, Cristina se refirió en varias oportunidades a la acusación de ser "la jefa de la banda" y cuestionó la figura de asociación ilícita, que permite el dictado de la prisión preventiva: "cuando no se puede probar ninguno de los tipos penales de defraudación, incumplimientos, etc, te meten la asociación ilícita". En este sentido, desarticuló uno de los principales absurdos de la investigación, que apunta a que la designación de partidas presupuestarias constituyó un delito cometido por "la banda". En pleno momento de tensión en su declaración, dejó casi sin respirar al fiscal de juicio Diego Luciani, cuando lo miró y ren tono muy elevado le recordó la crisis institucional que provocó la resolución 125. "¿A donde estaban estos fiscales? ¿En un tupper? ¿En un frasco de mayonesa? ¿En dónde vivían?", preguntó casi gritando. "Como si yo pudiera obligar a legisladores a votar tal o cual cosa", agregó. Y señaló que con ese argumento, todos los diputados y senadores también deberían estar imputados.
 
 
Van a tener que llamar al Presidente
 
Al leer el inciso 8 del articulo 75 de la Constitución, recordó que las leyes de Presupuesto deben ser aprobadas por ambas Cámaras y que el máximo responsable de las partidas de dinero es el jefe de Gabinete. Y puso de manifiesto que ningún jefe de Gabinete de entonces fue llamado a declarar en la causa. "Van a tener un problema, porque si lo citan a quien fue el Jefe de Gabinete de 2003 a 2008, van a tener que citar al Presidente", dijo, lo que generó un murmullo entre los presentes.
 
 
"El auxilio invaluable de Comodoro Py"
 
En el tramo más jurídico de su indagatoria, CFK recordó que "las obras no eran ejecutadas, ni licitadas a través de Vialidad Nacional. Eran con convenios con las administraciones provinciales y ejecutadas por los organismos provinciales de Vialidad". Al dementir su amistad con Lázaro Báez, afirmó que la auditoría ordenada por el funcionario macrista Javier Iguacel determinó que no hubo sobreprecios en favor del empresario patagónico.
 
La futura vicepresidenta remarcó que cada vez que fue citada a declarar se presentó, incluso cuando fue citada para prestar ocho indagatorias en una misma mañana. Indignada, lo comparó con la postura tomada por el fiscal Carlos Stornelli que pasó nueve meses en rebeldía."Hasta eso tuvimos que soportar. Utilizan la función como fiscales o jueces para cometer delitos", afirmó. En este sentido CFK remarcó que Cambiemos llegó al gobierno "con el auxilio invaluable de Comodoro Py".
 
 
Persecución contra los gobiernos populares
  
Hacia el final de su declaración, CFK se enfocó en el análisis político: "Esto pasa sólo con los gobierno peronistas", evaluó. Visiblemente conmovida, agregó: "En el pasado, y en estos cuatro años". En esta misma línea, planteó que a todo peronista con plata se lo considera corrupto. "Ahora, si no sos peronista pero sos multimillonario se te presume honesto", cerró.
 
En el último tramo de su defensa, el clima intenso que dominó toda la delcaración llegó a su punto máximo: "La verdadera 'grieta' son "los intereses de millones de argentinos trabajadores, gente que duerme en la calle y las minorías que se empoderaron", definió la ex presidenta. Y concluyó: "Había que condenar un Gobierno. El de Néstor Kirchner. Había que traer de vuelta al FMI. Y para eso había que convencer que el que les pagó, el que nos desendeudó, era un chorro. Por eso es que estoy sentada acá".
 
Antes de finalizar, miró a los ojos a los jueces una vez más: "Este tribunal es el tribunal del lawfare y seguramente tiene la condena escrita. ¡No me interesa! Yo he elegido la Historia. A mí me absolvió la historia. Y a ustedes, seguramente los va a condenar la historia". Una explosión inusual de apalusos rompió entonces el protocolo de la sala de audiencias. Cristina se levantó enérgica, juntó sus carpetas y caminó unos metros para irse. El presidente del Tribunal le dijo que tenía la opción de responder preguntas. Entonces, ella volvió sobre sus pasos y, sin sentarse nuevamente en el banquillo, tomó el micrófono y lanzó: "¿Preguntas? Preguntas van a tener que contestar ustedes". Los aplausos volvieron y la acompañaron hasta salida.
 
Por Sofía Caram
 
Fuente: Página12
 

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24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

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