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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 03-12-2019 / 07:12
CFK ENFRENTA LAS OPERACIONES JUDICIALES Y MEDIÁTICAS

Impactante alegato de Cristina: "A mí me absolvió la historia, pero a ustedes los va a condenar", le dijo a los jueces

Impactante alegato de Cristina:
LA MEJOR DEFENSA ES UN BUEN ATAQUE. A solo ocho días de asumir como vicepresidenta, Cristina Fernández aprovechó su presentación en Comodoro Py para hacer un potente alegato sobre el uso político de la Justicia para perseguir a los opositores. Explicó cómo funciona el lawfare y respondió detalladamente las acusaciones en su contra.
Por su potencia política, argumental y de coyuntura -a sólo ocho días de asumir- las palabras de Cristina Fernández atravesaron las paredes de la sala de audiencias, a pesar de la insólita negativa del TOF 2 para que sean transmitidas en vivo y en directo.
 
En un tono vehemente, mirando a los ojos y por momentos señalando a jueces, fiscales y querellantes, la senadora acusó a un sector de la Justicia Federal de haber sido "el auxilio invaluable" del Gobierno de Mauricio Macri, para ejecutar el lawfare y la persecución política de dirigentes, ex funcionarios y empresarios.
 
Lo evidente del lawfare en esta causa es que ningún gobernador de Santa Cruz ni ningún jefe de Gabinete fueron imputados. El objetivo era Cristina y adjudicarle ser la cabeza de una asociación ilícita. No pueden exhibir ni una firma ni una orden sobre las obras, porque nada de eso existe. Entonces emparentan la asociación ilícita con el gobierno, porque a falta de pruebas, lo único posible es condenar a la totalidad de un gobierno.
 
"Seguramente tienen la condena escrita, pero no me importa", desafió la ex presidenta al tribunal al cierre de su declaración, donde sintetizó su visión política sobre los motivos que llevaron a la justicia y al Gobierno de Macri a armar la acusación en su contra.
 
Cristina expuso su defensa durante tres horas y remarcó el carácter político de la investigación judicial. "Había que condenar a un gobierno, porque había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y para poder hacerlo, había que convencer de que el que le había pagado, y había desendeudado, era un chorro", dijo sobre el final.
 
"Nunca fui amiga de Lázaro Báez, pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura, cuando te encontraban en una agenda y te metían en cana o te desaparecían", denunció.
 
Aseguró que el tribunal seguramente "tiene tiene la condena escrita" y lo llamó "un tribunal de lawfare". Con el tono firme y vehemente de toda la declaración, pero visiblemente cansada y emocionada, pidió retirarse y anunció que había consumado su declaración. "A mí me absolvió la historia. Y a ustedes, seguramente los va a condenar la historia", concluyó.
 
Pero, mientras juntaba sus carpetas, le preguntaron si iba a contestar preguntas de las partes. Al principio pareció no escuchar y comenzó a retirarse cuando le insistieron con la pregunta. La vicepresidenta electa volvió hasta el micrófono y les dijo: "¿Preguntas? Preguntas tendrían que contestar ustedes, no yo. Gracias". Y se fue.
 
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LA EX PRESIDENTA DECLARÓ Y ACUSÓ AL QUE LLAMÓ "TRIBUNAL DEL LAWFARE"
 
Cristina Kirchner: "Preguntas van a tener que contestar ustedes"
 
Cuando en los próximos años alguien recorra los tribunales de Comodoro Py, es probable que todavía escuche en los pasillos alguna conversación que rememore aquella vez en que Cristina Fernández de Kirchner declaró por primera vez como imputada en un juicio oral. Tal es el destino histórico del alegato de defensa de la vicepresidenta electa en el marco del juicio por presunto direccionamiento de la obra pública en la Provincia de Santa Cruz.
 
"Había que condenar a un gobierno. El de Néstor Kirchner. Había que traer de vuelta al FMI. Y para eso había que convencer que el que nos desendeudó era un chorro. Por eso es que estoy sentada acá, disparó sobre el final.
 
Durante su exposición, desarticuló y respondió los puntos principales de la acusación y denunció que nunca le permitieron presentar pruebas para rebatir "las mentiras" de lo que denunció como un "plan sistemático" en su contra. "Seguramente tienen la condena escrita. No me interesa. Yo he elegido la historia. A mí me va a absolver la historia", les dijo a los jueces.
 
Llegó acompañada por dirigentes como Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Jorge Taiana, Leopoldo Moreau y Mariano Recalde. Cuando subió al banquillo de los acusados, sacó una carpeta con numerosos papeles y expedientes. Apoyada por jurisprudencia, fallos anteriores y cifras exactas, ejerció su defensa por casi cuatro horas.
 
Sin cuarto intermedio, ante la atención y mirada de una sala repleta y en absoluto silencio, la declaración fue oscilando entre dos andariveles centrales. Por un lado hizo un alegato netamente político, en el que argumentó por qué afirma que ella, sus hijos y el fallecido expresidente Néstor Kirchner fueron y son víctimas del lawfare. Por otra parte, recorrió los argumentos jurídicos con los que rebatió los puntos centrales de la acusación.
 
 
Lawfare puro
  
La ex presidenta recordó que fue por orden de un juez que su mandato tuvo que terminar un día antes de los establecido. "Me tuve que ir el 9 de diciembre a las 12 de la noche, como Cenicienta. Después la prensa decía, Cristina no quiso entregarle los atributos al nuevo Presidente". Y elevando el tono de voz expresó: "¡No me dejaron! ¡Yo quería ir a la Asamblea Legislativa!". Esa fue, denunció, la primera evidencia del inicio del lawfare.
 
Luego hizo referencia al accionar de los organismos que dependen del Poder Ejecutivo y son querellantes en las diferentes causas judiciales. Cuestionó a la Oficina Anticorrupción, en la cual se modificó una normativa para permitir que asumiera Laura Alonso como titular, y a la Unidad de Información Financiera, a cargo de Mariano Federici, "un ex funcionario del FMI" que además "viene del HSBC, una entidad financiera que ha sido investigada mundialmente por lavado de dinero", denunció. También mencionó a la AFI y al espionaje ilegal ventilado en el juzgado de Dolores, donde se demostró que Leonardo Fariña fue entrenado para que declarase en contra de ella y la involucrara en delitos de corrupción.
 
"Todo esto es una clase magistral del lawfare puro", sintentizó CFK. Al recordar el dictamen del relator para la independencia judicial de la ONU, Diego García Sayán, afirmó que se trató de "un plan sistemático" orquestado por "el actual Gobierno", y enumeró lo que para ella constituyó parte de ese plan: sorteos dudosos de causas, - "debería jugar a la lotería. ¡Tengo una suerte cuando sortean jueces" Siempre me tocan Bonadío o Ercolini", ironizó- designaciones a dedo -recordó sin nombrarlos a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi-, maniobras en el Consejo de la Magistratura. "Asistimos en vivo y en directo de la demora de un miembro del Consejo de la Magistratura para destituir a un colega de ustedes", les recordó a los miembros del tribunal. "Les faltó encerrarlo en el baño", disparó.
 
Mirando a los ojos a los jueces del TOF2, Cristina denunció que es víctima de "una feroz e inédita persecución". Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini fueron apuntados con el dedo de la ex Presidenta que -en tono muy elevado y ante una sala de audiencias perpleja- los responsabilizó de ser el brazo ejecutor de ese ensañamiento. "El gobierno que se va tenía una mesa judicial donde decidía quién iba preso, quién no iba preso y hasta qué empresario había que apretar para sacarle la empresa", acusó. Luego recordó que por dos años ella no tuvo fueros por elección propia, "pero bastó que fuera electa senadora para que, tres días antes de asumir, me dictaran la prisión preventiva, que obviamente no podían ejecutar porque tenía fueros. ¿Qué decía entonces la construcción mediática? Cristina no va presa porque no tiene fueros", destacó.
 
 
Escuchas ilegales
  
En uno de los pasajes más vehementes, Cristina Kirchner recordó que las esuchas ilegales de las que fue víctima junto a su ex secretario Oscar Parrilli salieron de la Dajudeco, órgano creado durante el actual Gobierno para administrar las intervenciones telefónicas, bajo la responsabilidad de Martín Irurzun. "Irurzun te escucha e Irurzun te mete preso", sintetizó. Y señalando una vez más a los jueces, les dijo: "Y hay programas de televisión que anuncian, cual circo, la difusión de esas conversaciones, sin que a nadie de esta casa se le mueva un pelo, cuando son ustedes los responsables de las escuchas. "Si esto no es lawfare, ¿¡qué es?!", gritó.
 
 
Florencia y Máximo
  
La ex mandataria se quebró cuando recordó a su esposo y describió la situación de sus hijos. "Ni qué hablar de la persecución a mis hijos. Que cometieron un delito terrible. Ser los hijos de Néstor y Cristina kirchner. Mi hija, que le hicieron un fotomontaje con millones de dólares como si los hubiéramos robado. El dinero de la sucesión, de los plazos fijos, no estaba en ningún paraíso fiscal. Estaba en una cuenta de mi hija en el banco Galicia y pudo explicar que nunca se movió de ahí ese dinero". Y con la voz quebrada, agregó: "mi hija tenía doce años cuando llegó a Olivos. Se fue de Olivos con 25 años, una hija -respiró profundo para poder seguir hablando- y un procesamiento como miembro de asociación ilícita". Luego, reveló: "Siempre le digo a Florencia, tal vez para consolarla: imaginate lo que hubieran hecho con Perón y Evita si hubieran tenido hijos. Es el unico consuelo que puedo darle, después de todo lo que le han hecho".
 
 
Derecho de defensa
  
La ex mandataria afirmó que fue violado el ejercicio de su defensa durante el proceso: "Nos encontramos con el rechazo de todos y cada uno de los recursos y planteos, tanto en la instrucción como en la oralidad", dijo. Y denunció que ninguna de las medidas de prueba solicitadas por su abogado Carlos Beraldi para rebatir las acusaciones fueron aceptadas.
 
 
Imputada por "designar funcionarios"
  
"El hecho de que una persona tenga una empresa y sea amigo de otro, ¿es delito? ¿Cómo le llamarían, entonces, al empresario que se benefició con los tarifazos energéticos?", preguntó. La vicepresidenta electa criticó que la imputación responda a "la designación de funcionarios" sobre lo que planteó que no es extraño que un presidente que antes fue gobernador traiga a funcionarios de su gestión anterior. Por ejemplo, el director de Vialidad Nacional. "¿Eso es un delito?", preguntó irónica. "A los jueces y al fiscal les llama la atención que Nelson Periotti, extitular de Vialidad, haya sido designado en Nación. Pero a ningún juez se le ocurrió que fuera raro, por lo menos, que quien fue presidente de Shell pase a ser el nuevo titular de Energía, el que fija las tarifas de combustible", comparó indignada. Elevando el tono de ironía, preguntó cuál habría sido su maniobra. "Confirmar a los funcionarios y no echarlos. Fallecido Néstor, 'la jefa' era yo", dijo y reafirmó: "Para el fiscal la prueba de que yo continué la asociación ilícita es que mantuve a los funcionarios".
 
 
Asociación Ilícita
 
Con más ironía, Cristina se refirió en varias oportunidades a la acusación de ser "la jefa de la banda" y cuestionó la figura de asociación ilícita, que permite el dictado de la prisión preventiva: "cuando no se puede probar ninguno de los tipos penales de defraudación, incumplimientos, etc, te meten la asociación ilícita". En este sentido, desarticuló uno de los principales absurdos de la investigación, que apunta a que la designación de partidas presupuestarias constituyó un delito cometido por "la banda". En pleno momento de tensión en su declaración, dejó casi sin respirar al fiscal de juicio Diego Luciani, cuando lo miró y ren tono muy elevado le recordó la crisis institucional que provocó la resolución 125. "¿A donde estaban estos fiscales? ¿En un tupper? ¿En un frasco de mayonesa? ¿En dónde vivían?", preguntó casi gritando. "Como si yo pudiera obligar a legisladores a votar tal o cual cosa", agregó. Y señaló que con ese argumento, todos los diputados y senadores también deberían estar imputados.
 
 
Van a tener que llamar al Presidente
 
Al leer el inciso 8 del articulo 75 de la Constitución, recordó que las leyes de Presupuesto deben ser aprobadas por ambas Cámaras y que el máximo responsable de las partidas de dinero es el jefe de Gabinete. Y puso de manifiesto que ningún jefe de Gabinete de entonces fue llamado a declarar en la causa. "Van a tener un problema, porque si lo citan a quien fue el Jefe de Gabinete de 2003 a 2008, van a tener que citar al Presidente", dijo, lo que generó un murmullo entre los presentes.
 
 
"El auxilio invaluable de Comodoro Py"
 
En el tramo más jurídico de su indagatoria, CFK recordó que "las obras no eran ejecutadas, ni licitadas a través de Vialidad Nacional. Eran con convenios con las administraciones provinciales y ejecutadas por los organismos provinciales de Vialidad". Al dementir su amistad con Lázaro Báez, afirmó que la auditoría ordenada por el funcionario macrista Javier Iguacel determinó que no hubo sobreprecios en favor del empresario patagónico.
 
La futura vicepresidenta remarcó que cada vez que fue citada a declarar se presentó, incluso cuando fue citada para prestar ocho indagatorias en una misma mañana. Indignada, lo comparó con la postura tomada por el fiscal Carlos Stornelli que pasó nueve meses en rebeldía."Hasta eso tuvimos que soportar. Utilizan la función como fiscales o jueces para cometer delitos", afirmó. En este sentido CFK remarcó que Cambiemos llegó al gobierno "con el auxilio invaluable de Comodoro Py".
 
 
Persecución contra los gobiernos populares
  
Hacia el final de su declaración, CFK se enfocó en el análisis político: "Esto pasa sólo con los gobierno peronistas", evaluó. Visiblemente conmovida, agregó: "En el pasado, y en estos cuatro años". En esta misma línea, planteó que a todo peronista con plata se lo considera corrupto. "Ahora, si no sos peronista pero sos multimillonario se te presume honesto", cerró.
 
En el último tramo de su defensa, el clima intenso que dominó toda la delcaración llegó a su punto máximo: "La verdadera 'grieta' son "los intereses de millones de argentinos trabajadores, gente que duerme en la calle y las minorías que se empoderaron", definió la ex presidenta. Y concluyó: "Había que condenar un Gobierno. El de Néstor Kirchner. Había que traer de vuelta al FMI. Y para eso había que convencer que el que les pagó, el que nos desendeudó, era un chorro. Por eso es que estoy sentada acá".
 
Antes de finalizar, miró a los ojos a los jueces una vez más: "Este tribunal es el tribunal del lawfare y seguramente tiene la condena escrita. ¡No me interesa! Yo he elegido la Historia. A mí me absolvió la historia. Y a ustedes, seguramente los va a condenar la historia". Una explosión inusual de apalusos rompió entonces el protocolo de la sala de audiencias. Cristina se levantó enérgica, juntó sus carpetas y caminó unos metros para irse. El presidente del Tribunal le dijo que tenía la opción de responder preguntas. Entonces, ella volvió sobre sus pasos y, sin sentarse nuevamente en el banquillo, tomó el micrófono y lanzó: "¿Preguntas? Preguntas van a tener que contestar ustedes". Los aplausos volvieron y la acompañaron hasta salida.
 
Por Sofía Caram
 
Fuente: Página12
 

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10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
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