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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 03-12-2019 / 07:12
CFK ENFRENTA LAS OPERACIONES JUDICIALES Y MEDIÁTICAS

Impactante alegato de Cristina: "A mí me absolvió la historia, pero a ustedes los va a condenar", le dijo a los jueces

Impactante alegato de Cristina:
LA MEJOR DEFENSA ES UN BUEN ATAQUE. A solo ocho días de asumir como vicepresidenta, Cristina Fernández aprovechó su presentación en Comodoro Py para hacer un potente alegato sobre el uso político de la Justicia para perseguir a los opositores. Explicó cómo funciona el lawfare y respondió detalladamente las acusaciones en su contra.
Por su potencia política, argumental y de coyuntura -a sólo ocho días de asumir- las palabras de Cristina Fernández atravesaron las paredes de la sala de audiencias, a pesar de la insólita negativa del TOF 2 para que sean transmitidas en vivo y en directo.
 
En un tono vehemente, mirando a los ojos y por momentos señalando a jueces, fiscales y querellantes, la senadora acusó a un sector de la Justicia Federal de haber sido "el auxilio invaluable" del Gobierno de Mauricio Macri, para ejecutar el lawfare y la persecución política de dirigentes, ex funcionarios y empresarios.
 
Lo evidente del lawfare en esta causa es que ningún gobernador de Santa Cruz ni ningún jefe de Gabinete fueron imputados. El objetivo era Cristina y adjudicarle ser la cabeza de una asociación ilícita. No pueden exhibir ni una firma ni una orden sobre las obras, porque nada de eso existe. Entonces emparentan la asociación ilícita con el gobierno, porque a falta de pruebas, lo único posible es condenar a la totalidad de un gobierno.
 
"Seguramente tienen la condena escrita, pero no me importa", desafió la ex presidenta al tribunal al cierre de su declaración, donde sintetizó su visión política sobre los motivos que llevaron a la justicia y al Gobierno de Macri a armar la acusación en su contra.
 
Cristina expuso su defensa durante tres horas y remarcó el carácter político de la investigación judicial. "Había que condenar a un gobierno, porque había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y para poder hacerlo, había que convencer de que el que le había pagado, y había desendeudado, era un chorro", dijo sobre el final.
 
"Nunca fui amiga de Lázaro Báez, pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura, cuando te encontraban en una agenda y te metían en cana o te desaparecían", denunció.
 
Aseguró que el tribunal seguramente "tiene tiene la condena escrita" y lo llamó "un tribunal de lawfare". Con el tono firme y vehemente de toda la declaración, pero visiblemente cansada y emocionada, pidió retirarse y anunció que había consumado su declaración. "A mí me absolvió la historia. Y a ustedes, seguramente los va a condenar la historia", concluyó.
 
Pero, mientras juntaba sus carpetas, le preguntaron si iba a contestar preguntas de las partes. Al principio pareció no escuchar y comenzó a retirarse cuando le insistieron con la pregunta. La vicepresidenta electa volvió hasta el micrófono y les dijo: "¿Preguntas? Preguntas tendrían que contestar ustedes, no yo. Gracias". Y se fue.
 
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LA EX PRESIDENTA DECLARÓ Y ACUSÓ AL QUE LLAMÓ "TRIBUNAL DEL LAWFARE"
 
Cristina Kirchner: "Preguntas van a tener que contestar ustedes"
 
Cuando en los próximos años alguien recorra los tribunales de Comodoro Py, es probable que todavía escuche en los pasillos alguna conversación que rememore aquella vez en que Cristina Fernández de Kirchner declaró por primera vez como imputada en un juicio oral. Tal es el destino histórico del alegato de defensa de la vicepresidenta electa en el marco del juicio por presunto direccionamiento de la obra pública en la Provincia de Santa Cruz.
 
"Había que condenar a un gobierno. El de Néstor Kirchner. Había que traer de vuelta al FMI. Y para eso había que convencer que el que nos desendeudó era un chorro. Por eso es que estoy sentada acá, disparó sobre el final.
 
Durante su exposición, desarticuló y respondió los puntos principales de la acusación y denunció que nunca le permitieron presentar pruebas para rebatir "las mentiras" de lo que denunció como un "plan sistemático" en su contra. "Seguramente tienen la condena escrita. No me interesa. Yo he elegido la historia. A mí me va a absolver la historia", les dijo a los jueces.
 
Llegó acompañada por dirigentes como Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Jorge Taiana, Leopoldo Moreau y Mariano Recalde. Cuando subió al banquillo de los acusados, sacó una carpeta con numerosos papeles y expedientes. Apoyada por jurisprudencia, fallos anteriores y cifras exactas, ejerció su defensa por casi cuatro horas.
 
Sin cuarto intermedio, ante la atención y mirada de una sala repleta y en absoluto silencio, la declaración fue oscilando entre dos andariveles centrales. Por un lado hizo un alegato netamente político, en el que argumentó por qué afirma que ella, sus hijos y el fallecido expresidente Néstor Kirchner fueron y son víctimas del lawfare. Por otra parte, recorrió los argumentos jurídicos con los que rebatió los puntos centrales de la acusación.
 
 
Lawfare puro
  
La ex presidenta recordó que fue por orden de un juez que su mandato tuvo que terminar un día antes de los establecido. "Me tuve que ir el 9 de diciembre a las 12 de la noche, como Cenicienta. Después la prensa decía, Cristina no quiso entregarle los atributos al nuevo Presidente". Y elevando el tono de voz expresó: "¡No me dejaron! ¡Yo quería ir a la Asamblea Legislativa!". Esa fue, denunció, la primera evidencia del inicio del lawfare.
 
Luego hizo referencia al accionar de los organismos que dependen del Poder Ejecutivo y son querellantes en las diferentes causas judiciales. Cuestionó a la Oficina Anticorrupción, en la cual se modificó una normativa para permitir que asumiera Laura Alonso como titular, y a la Unidad de Información Financiera, a cargo de Mariano Federici, "un ex funcionario del FMI" que además "viene del HSBC, una entidad financiera que ha sido investigada mundialmente por lavado de dinero", denunció. También mencionó a la AFI y al espionaje ilegal ventilado en el juzgado de Dolores, donde se demostró que Leonardo Fariña fue entrenado para que declarase en contra de ella y la involucrara en delitos de corrupción.
 
"Todo esto es una clase magistral del lawfare puro", sintentizó CFK. Al recordar el dictamen del relator para la independencia judicial de la ONU, Diego García Sayán, afirmó que se trató de "un plan sistemático" orquestado por "el actual Gobierno", y enumeró lo que para ella constituyó parte de ese plan: sorteos dudosos de causas, - "debería jugar a la lotería. ¡Tengo una suerte cuando sortean jueces" Siempre me tocan Bonadío o Ercolini", ironizó- designaciones a dedo -recordó sin nombrarlos a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi-, maniobras en el Consejo de la Magistratura. "Asistimos en vivo y en directo de la demora de un miembro del Consejo de la Magistratura para destituir a un colega de ustedes", les recordó a los miembros del tribunal. "Les faltó encerrarlo en el baño", disparó.
 
Mirando a los ojos a los jueces del TOF2, Cristina denunció que es víctima de "una feroz e inédita persecución". Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini fueron apuntados con el dedo de la ex Presidenta que -en tono muy elevado y ante una sala de audiencias perpleja- los responsabilizó de ser el brazo ejecutor de ese ensañamiento. "El gobierno que se va tenía una mesa judicial donde decidía quién iba preso, quién no iba preso y hasta qué empresario había que apretar para sacarle la empresa", acusó. Luego recordó que por dos años ella no tuvo fueros por elección propia, "pero bastó que fuera electa senadora para que, tres días antes de asumir, me dictaran la prisión preventiva, que obviamente no podían ejecutar porque tenía fueros. ¿Qué decía entonces la construcción mediática? Cristina no va presa porque no tiene fueros", destacó.
 
 
Escuchas ilegales
  
En uno de los pasajes más vehementes, Cristina Kirchner recordó que las esuchas ilegales de las que fue víctima junto a su ex secretario Oscar Parrilli salieron de la Dajudeco, órgano creado durante el actual Gobierno para administrar las intervenciones telefónicas, bajo la responsabilidad de Martín Irurzun. "Irurzun te escucha e Irurzun te mete preso", sintetizó. Y señalando una vez más a los jueces, les dijo: "Y hay programas de televisión que anuncian, cual circo, la difusión de esas conversaciones, sin que a nadie de esta casa se le mueva un pelo, cuando son ustedes los responsables de las escuchas. "Si esto no es lawfare, ¿¡qué es?!", gritó.
 
 
Florencia y Máximo
  
La ex mandataria se quebró cuando recordó a su esposo y describió la situación de sus hijos. "Ni qué hablar de la persecución a mis hijos. Que cometieron un delito terrible. Ser los hijos de Néstor y Cristina kirchner. Mi hija, que le hicieron un fotomontaje con millones de dólares como si los hubiéramos robado. El dinero de la sucesión, de los plazos fijos, no estaba en ningún paraíso fiscal. Estaba en una cuenta de mi hija en el banco Galicia y pudo explicar que nunca se movió de ahí ese dinero". Y con la voz quebrada, agregó: "mi hija tenía doce años cuando llegó a Olivos. Se fue de Olivos con 25 años, una hija -respiró profundo para poder seguir hablando- y un procesamiento como miembro de asociación ilícita". Luego, reveló: "Siempre le digo a Florencia, tal vez para consolarla: imaginate lo que hubieran hecho con Perón y Evita si hubieran tenido hijos. Es el unico consuelo que puedo darle, después de todo lo que le han hecho".
 
 
Derecho de defensa
  
La ex mandataria afirmó que fue violado el ejercicio de su defensa durante el proceso: "Nos encontramos con el rechazo de todos y cada uno de los recursos y planteos, tanto en la instrucción como en la oralidad", dijo. Y denunció que ninguna de las medidas de prueba solicitadas por su abogado Carlos Beraldi para rebatir las acusaciones fueron aceptadas.
 
 
Imputada por "designar funcionarios"
  
"El hecho de que una persona tenga una empresa y sea amigo de otro, ¿es delito? ¿Cómo le llamarían, entonces, al empresario que se benefició con los tarifazos energéticos?", preguntó. La vicepresidenta electa criticó que la imputación responda a "la designación de funcionarios" sobre lo que planteó que no es extraño que un presidente que antes fue gobernador traiga a funcionarios de su gestión anterior. Por ejemplo, el director de Vialidad Nacional. "¿Eso es un delito?", preguntó irónica. "A los jueces y al fiscal les llama la atención que Nelson Periotti, extitular de Vialidad, haya sido designado en Nación. Pero a ningún juez se le ocurrió que fuera raro, por lo menos, que quien fue presidente de Shell pase a ser el nuevo titular de Energía, el que fija las tarifas de combustible", comparó indignada. Elevando el tono de ironía, preguntó cuál habría sido su maniobra. "Confirmar a los funcionarios y no echarlos. Fallecido Néstor, 'la jefa' era yo", dijo y reafirmó: "Para el fiscal la prueba de que yo continué la asociación ilícita es que mantuve a los funcionarios".
 
 
Asociación Ilícita
 
Con más ironía, Cristina se refirió en varias oportunidades a la acusación de ser "la jefa de la banda" y cuestionó la figura de asociación ilícita, que permite el dictado de la prisión preventiva: "cuando no se puede probar ninguno de los tipos penales de defraudación, incumplimientos, etc, te meten la asociación ilícita". En este sentido, desarticuló uno de los principales absurdos de la investigación, que apunta a que la designación de partidas presupuestarias constituyó un delito cometido por "la banda". En pleno momento de tensión en su declaración, dejó casi sin respirar al fiscal de juicio Diego Luciani, cuando lo miró y ren tono muy elevado le recordó la crisis institucional que provocó la resolución 125. "¿A donde estaban estos fiscales? ¿En un tupper? ¿En un frasco de mayonesa? ¿En dónde vivían?", preguntó casi gritando. "Como si yo pudiera obligar a legisladores a votar tal o cual cosa", agregó. Y señaló que con ese argumento, todos los diputados y senadores también deberían estar imputados.
 
 
Van a tener que llamar al Presidente
 
Al leer el inciso 8 del articulo 75 de la Constitución, recordó que las leyes de Presupuesto deben ser aprobadas por ambas Cámaras y que el máximo responsable de las partidas de dinero es el jefe de Gabinete. Y puso de manifiesto que ningún jefe de Gabinete de entonces fue llamado a declarar en la causa. "Van a tener un problema, porque si lo citan a quien fue el Jefe de Gabinete de 2003 a 2008, van a tener que citar al Presidente", dijo, lo que generó un murmullo entre los presentes.
 
 
"El auxilio invaluable de Comodoro Py"
 
En el tramo más jurídico de su indagatoria, CFK recordó que "las obras no eran ejecutadas, ni licitadas a través de Vialidad Nacional. Eran con convenios con las administraciones provinciales y ejecutadas por los organismos provinciales de Vialidad". Al dementir su amistad con Lázaro Báez, afirmó que la auditoría ordenada por el funcionario macrista Javier Iguacel determinó que no hubo sobreprecios en favor del empresario patagónico.
 
La futura vicepresidenta remarcó que cada vez que fue citada a declarar se presentó, incluso cuando fue citada para prestar ocho indagatorias en una misma mañana. Indignada, lo comparó con la postura tomada por el fiscal Carlos Stornelli que pasó nueve meses en rebeldía."Hasta eso tuvimos que soportar. Utilizan la función como fiscales o jueces para cometer delitos", afirmó. En este sentido CFK remarcó que Cambiemos llegó al gobierno "con el auxilio invaluable de Comodoro Py".
 
 
Persecución contra los gobiernos populares
  
Hacia el final de su declaración, CFK se enfocó en el análisis político: "Esto pasa sólo con los gobierno peronistas", evaluó. Visiblemente conmovida, agregó: "En el pasado, y en estos cuatro años". En esta misma línea, planteó que a todo peronista con plata se lo considera corrupto. "Ahora, si no sos peronista pero sos multimillonario se te presume honesto", cerró.
 
En el último tramo de su defensa, el clima intenso que dominó toda la delcaración llegó a su punto máximo: "La verdadera 'grieta' son "los intereses de millones de argentinos trabajadores, gente que duerme en la calle y las minorías que se empoderaron", definió la ex presidenta. Y concluyó: "Había que condenar un Gobierno. El de Néstor Kirchner. Había que traer de vuelta al FMI. Y para eso había que convencer que el que les pagó, el que nos desendeudó, era un chorro. Por eso es que estoy sentada acá".
 
Antes de finalizar, miró a los ojos a los jueces una vez más: "Este tribunal es el tribunal del lawfare y seguramente tiene la condena escrita. ¡No me interesa! Yo he elegido la Historia. A mí me absolvió la historia. Y a ustedes, seguramente los va a condenar la historia". Una explosión inusual de apalusos rompió entonces el protocolo de la sala de audiencias. Cristina se levantó enérgica, juntó sus carpetas y caminó unos metros para irse. El presidente del Tribunal le dijo que tenía la opción de responder preguntas. Entonces, ella volvió sobre sus pasos y, sin sentarse nuevamente en el banquillo, tomó el micrófono y lanzó: "¿Preguntas? Preguntas van a tener que contestar ustedes". Los aplausos volvieron y la acompañaron hasta salida.
 
Por Sofía Caram
 
Fuente: Página12
 

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31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

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