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Nacionales - 01-12-2019 / 10:12
INTENTAN DEJAR A LA TROPA DE ELITE MACRISTA EN LOS ALTOS CARGOS DE CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO
Por decreto, Macri atornilla en el Estado a su “chetaje militante” con sueldos abultados
Se intenta consagrar un régimen de permanencias cargos directivos con un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto y un régimen indemnizatorio inédito, con la obvia intención de facilitar la permanencia del "chetaje militante" designado discrecionalmente por el gobierno de Macri.
Cuando faltan quince días para dejar su desastrosa gestión, el gobierno de Mauricio Macri promulgó un polémico decreto que generó fuerte controversia: formaliza un régimen para la alta administración pública, con un nuevo sistema de compensaciones e indemnizaciones.
El decreto 788/19 otorga una estabilidad por cinco años a los funcionarios nombrados por concurso en la "alta administración pública". Es decir, como directores generales, directores o coordinadores del Estado. La norma aclara que para conseguir esa estabilidad se requiere la permanencia en el puesto por un año.
Pocos días antes de dejar los despachos oficiales, el decreto deja como herencia a Alberto Fernández todo un nuevo mecanismo de jerarquización de los funcionarios que dificultará al nuevo gobierno mover de sus cargos a quienes fueron designados en la era Macri.
Según el decreto, la estabilidad en la alta administración pública solo se pierde por tres causales: evaluaciones de desempeño insuficientes, sanciones disciplinarias o una reestructuración que implique la supresión del puesto.
Por las dos primeras causales, no se prevé indemnización alguna. Pero en caso de que la persona pierda su cargo por una reestructuración del organigrama (habitual con cualquier cambio de gestión), están previstas jugosas compensaciones.
Dado que el decreto prevé estabilidad en los cargos por cinco años, en caso de que por una reestructuración la persona pierda su puesto, el decreto contempla distintos escenarios. Cuando se trate de una persona de planta permanente podrá reintegrarse a su puesto y percibir una bonificación para sostener el salario que tenía en la alta administración pública.
Cuando el trabajador no esté en planta permanente podrá obtener un cargo con el mayor nivel escalafonario y recibir el mismo plus. Caso contrario, podrá exigir "una indemnización equivalente a la remuneración de su posición multiplicada por la cantidad de meses que resten para cumplir los cinco años".
La medida genera beneficios extravagantes respecto de los trabajadores de carrera. La gestión de Macri formalizó más de 80 altos cargos por concurso, de los cuales la mitad ya cumplieron más de un año en el puesto y podrían exigir una indemnización. Muchos de los concursos son muy recientes y se oficializaron después de las elecciones de octubre.
Se intenta consagrar un régimen de permanencias en cargos directivos con un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto y un régimen indemnizatorio inédito, con la obvia intención de facilitar la permanencia del "chetaje militante" designado discrecionalmente por el gobierno de Macri, pese al discurso de la meritocracia y el eficientismo.
La Opinión Popular
El decreto 788/19 otorga una estabilidad por cinco años a los funcionarios nombrados por concurso en la "alta administración pública". Es decir, como directores generales, directores o coordinadores del Estado. La norma aclara que para conseguir esa estabilidad se requiere la permanencia en el puesto por un año.
Pocos días antes de dejar los despachos oficiales, el decreto deja como herencia a Alberto Fernández todo un nuevo mecanismo de jerarquización de los funcionarios que dificultará al nuevo gobierno mover de sus cargos a quienes fueron designados en la era Macri.
Según el decreto, la estabilidad en la alta administración pública solo se pierde por tres causales: evaluaciones de desempeño insuficientes, sanciones disciplinarias o una reestructuración que implique la supresión del puesto.
Por las dos primeras causales, no se prevé indemnización alguna. Pero en caso de que la persona pierda su cargo por una reestructuración del organigrama (habitual con cualquier cambio de gestión), están previstas jugosas compensaciones.
Dado que el decreto prevé estabilidad en los cargos por cinco años, en caso de que por una reestructuración la persona pierda su puesto, el decreto contempla distintos escenarios. Cuando se trate de una persona de planta permanente podrá reintegrarse a su puesto y percibir una bonificación para sostener el salario que tenía en la alta administración pública.
Cuando el trabajador no esté en planta permanente podrá obtener un cargo con el mayor nivel escalafonario y recibir el mismo plus. Caso contrario, podrá exigir "una indemnización equivalente a la remuneración de su posición multiplicada por la cantidad de meses que resten para cumplir los cinco años".
La medida genera beneficios extravagantes respecto de los trabajadores de carrera. La gestión de Macri formalizó más de 80 altos cargos por concurso, de los cuales la mitad ya cumplieron más de un año en el puesto y podrían exigir una indemnización. Muchos de los concursos son muy recientes y se oficializaron después de las elecciones de octubre.
Se intenta consagrar un régimen de permanencias en cargos directivos con un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto y un régimen indemnizatorio inédito, con la obvia intención de facilitar la permanencia del "chetaje militante" designado discrecionalmente por el gobierno de Macri, pese al discurso de la meritocracia y el eficientismo.
La Opinión Popular
A 15 días de la asunción de la próxima gestión, el Gobierno de Mauricio Macri intenta condicionarla con la homologación por decreto de un régimen de Alta Dirección Pública que no cuenta con el consenso de la parte gremial, e implicaría la perpetuación de funcionarios jerárquicos propios.
El decreto 788/19, firmado esta semana por Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica es -ni más ni menos- que la ratificación unilateral del fallido intento de modificación Convenio Colectivo de Trabajo para la administración pública firmado el pasado 6 de junio junto a la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN).
En aquel momento, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) había logrado suspender la movida que, de concretarse, no solo amenazaba con flexibilizar los requisitos para acceder a los cargos de dirección y coordinación del Estado, sino también la aplicación de aumentos en torno a los $100.000 para sueldos que en la actualidad ya superan los $135.000.
El meollo de la cuestión -como argumentaba el gremio que conduce Hugo "Cachorro" Godoy- es que en la otra punta, el aumento para un trabajador estatal que cobra $20.000, según la paritaria firmada por el gobierno y UPCN de 28% en 5 cuotas, terminará siendo de $3.600.
En una entrevista realizada en junio de este año, Flavio Vergara, delegado paritario de ATE, denunciaba que detrás del pacto Macri-UPCN se escondía el intento de crear "una casta de conductores del Estado, por fuera de los convenios colectivos, con una maniobra para enquistar gente en los cargos de conducción".
Ahora, el gobierno insiste en su denodado esfuerzo por atornillar en puestos jerárquicos a su propio "chetaje militante" (en relación al latiguillo con el que promovió los despidos masivos al comienzo de su Gobierno). Esta vez, a través de un decreto de necesidad y urgencia, y a menos de 15 días de dejar el poder.
En concreto, lo que establece el decreto en sus anexos es que se crea el «Régimen de Alta Dirección Pública», que incluye a directores generales, nacionales o equivalentes, directores y coordinadores. Todos pasan a tener estabilidad por cinco años. El texto además instituye que, para remover los cargos jerárquicos que pretende perpetuar el gobierno saliente, el Estado deberá pagar una indemnización equivalente a los sueldos del tiempo que resta para completar ese plazo de cinco años.
"Este régimen, aprobado a tan poco tiempo de la asunción del próximo Gobierno, debe ser suspendido en su aplicación y puesto a revisión nuevamente en el marco de la negociación colectiva involucrando a actores que efectivamente tienen visión respecto de los cargos de gerencia pública y del mejor funcionamiento de los Convenios Colectivos de Trabajo, acorde con la necesidad de regular el empleo de los cargos de dirección del Estado", señaló en las últimas horas Flavio Vergara.
Por su parte, la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) cuestionó que el régimen de ingreso dispuesto por el decreto de Macri para cargos jerárquicos tiene «exigencias mucho más laxas de idoneidad técnica y profesional que el vigente, un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto con respecto al resto, y otro indemnizatorio inédito para el caso de pérdida de la función -con retención de categoría-, pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el Gobierno saliente".
Fuente: Canal Abierto
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