04:25 | Sabado 28 de Marzo de 2013 | Entre Ríos

Por

“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 01-12-2019 / 10:12

INTENTAN DEJAR A LA TROPA DE ELITE MACRISTA EN LOS ALTOS CARGOS DE CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO

Por decreto, Macri atornilla en el Estado a su “chetaje militante” con sueldos abultados

Se intenta consagrar un régimen de permanencias cargos directivos con un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto y un régimen indemnizatorio inédito, con la obvia intención de facilitar la permanencia del "chetaje militante" designado discrecionalmente por el gobierno de Macri.

Cuando faltan quince días para dejar su desastrosa gestión, el gobierno de Mauricio Macri promulgó un polémico decreto que generó fuerte controversia: formaliza un régimen para la alta administración pública, con un nuevo sistema de compensaciones e indemnizaciones.

El decreto 788/19 otorga una estabilidad por cinco años a los funcionarios nombrados por concurso en la "alta administración pública". Es decir, como directores generales, directores o coordinadores del Estado. La norma aclara que para conseguir esa estabilidad se requiere la permanencia en el puesto por un año.

Pocos días antes de dejar los despachos oficiales, el decreto deja como herencia a Alberto Fernández todo un nuevo mecanismo de jerarquización de los funcionarios que dificultará al nuevo gobierno mover de sus cargos a quienes fueron designados en la era Macri.

Según el decreto, la estabilidad en la alta administración pública solo se pierde por tres causales: evaluaciones de desempeño insuficientes, sanciones disciplinarias o una reestructuración que implique la supresión del puesto.

Por las dos primeras causales, no se prevé indemnización alguna. Pero en caso de que la persona pierda su cargo por una reestructuración del organigrama (habitual con cualquier cambio de gestión), están previstas jugosas compensaciones.

Dado que el decreto prevé estabilidad en los cargos por cinco años, en caso de que por una reestructuración la persona pierda su puesto, el decreto contempla distintos escenarios. Cuando se trate de una persona de planta permanente podrá reintegrarse a su puesto y percibir una bonificación para sostener el salario que tenía en la alta administración pública.

Cuando el trabajador no esté en planta permanente podrá obtener un cargo con el mayor nivel escalafonario y recibir el mismo plus. Caso contrario, podrá exigir "una indemnización equivalente a la remuneración de su posición multiplicada por la cantidad de meses que resten para cumplir los cinco años".

La medida genera beneficios extravagantes respecto de los trabajadores de carrera. La gestión de Macri formalizó más de 80 altos cargos por concurso, de los cuales la mitad ya cumplieron más de un año en el puesto y podrían exigir una indemnización. Muchos de los concursos son muy recientes y se oficializaron después de las elecciones de octubre.

Se intenta consagrar un régimen de permanencias en cargos directivos con un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto y un régimen indemnizatorio inédito, con la obvia intención de facilitar la permanencia del "chetaje militante" designado discrecionalmente por el gobierno de Macri, pese al discurso de la meritocracia y el eficientismo.

La Opinión Popular

A 15 días de la asunción de la próxima gestión, el Gobierno de Mauricio Macri intenta condicionarla con la homologación por decreto de un régimen de Alta Dirección Pública que no cuenta con el consenso de la parte gremial, e implicaría la perpetuación de funcionarios jerárquicos propios.

El decreto 788/19, firmado esta semana por Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica es -ni más ni menos- que la ratificación unilateral del fallido intento de modificación Convenio Colectivo de Trabajo para la administración pública firmado el pasado 6 de junio junto a la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN).

En aquel momento, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) había logrado suspender la movida que, de concretarse, no solo amenazaba con flexibilizar los requisitos para acceder a los cargos de dirección y coordinación del Estado, sino también la aplicación de aumentos en torno a los $100.000 para sueldos que en la actualidad ya superan los $135.000.

El meollo de la cuestión -como argumentaba el gremio que conduce Hugo "Cachorro" Godoy- es que en la otra punta, el aumento para un trabajador estatal que cobra $20.000, según la paritaria firmada por el gobierno y UPCN de 28% en 5 cuotas, terminará siendo de $3.600.

En una entrevista realizada en junio de este año, Flavio Vergara, delegado paritario de ATE, denunciaba que detrás del pacto Macri-UPCN se escondía el intento de crear "una casta de conductores del Estado, por fuera de los convenios colectivos, con una maniobra para enquistar gente en los cargos de conducción".

Ahora, el gobierno insiste en su denodado esfuerzo por atornillar en puestos jerárquicos a su propio "chetaje militante" (en relación al latiguillo con el que promovió los despidos masivos al comienzo de su Gobierno). Esta vez, a través de un decreto de necesidad y urgencia, y a menos de 15 días de dejar el poder.

En concreto, lo que establece el decreto en sus anexos es que se crea el «Régimen de Alta Dirección Pública», que incluye a directores generales, nacionales o equivalentes, directores y coordinadores. Todos pasan a tener estabilidad por cinco años. El texto además instituye que, para remover los cargos jerárquicos que pretende perpetuar el gobierno saliente, el Estado deberá pagar una indemnización equivalente a los sueldos del tiempo que resta para completar ese plazo de cinco años.

"Este régimen, aprobado a tan poco tiempo de la asunción del próximo Gobierno, debe ser suspendido en su aplicación y puesto a revisión nuevamente en el marco de la negociación colectiva involucrando a actores que efectivamente tienen visión respecto de los cargos de gerencia pública y del mejor funcionamiento de los Convenios Colectivos de Trabajo, acorde con la necesidad de regular el empleo de los cargos de dirección del Estado", señaló en las últimas horas Flavio Vergara.

Por su parte, la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) cuestionó que el régimen de ingreso dispuesto por el decreto de Macri para cargos jerárquicos tiene «exigencias mucho más laxas de idoneidad técnica y profesional que el vigente, un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto con respecto al resto, y otro indemnizatorio inédito para el caso de pérdida de la función -con retención de categoría-, pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el Gobierno saliente".

Fuente: Canal Abierto

27-03-2026 / 19:03

El rechazo a Milei perfora el 60% y expone un modelo que solo fabrica pobreza

Lo que comenzó como una "gesta libertaria" contra la casta se ha transformado, en poco más de dos años, en un drama social que las encuestas ya no pueden disimular. Según el último informe de la consultora Atlas Intel —la misma que, irónicamente, fue la más precisa al predecir su victoria en 2023—, el rechazo a la gestión de Javier Milei ha alcanzado un techo histórico: el 61,6% de los argentinos le da la espalda.

Este número no es solo una estadística fría; es el certificado de defunción del "aguante" social frente a un ajuste que no tiene ni fin ni resultados positivos para el ciudadano de a pie. Mientras el Presidente se encierra en su realidad paralela de redes sociales y viajes internacionales, la aprobación a su figura se desploma al 36,4%, su nivel más bajo desde que llegó a la Casa Rosada.

24-03-2026 / 13:03

Rodolfo Walsh tenía razón: De la "miseria planificada" al "plan motosierra"

A 50 años del golpe, parafraseando a Karl Marx, la historia se repite como tragedia y como farsa. Javier Milei no es un "outsider" anti casta, es el heredero directo del proyecto de Martínez de Hoz. La "miseria planificada" que denunció Rodolfo Walsh en su valiente carta de 1977 ha vuelto, esta vez con redes sociales y un discurso negacionista que busca garantizar la impunidad del saqueo económico actual.

Hace casi medio siglo, desde la clandestinidad y poco antes de ser acribillado, Rodolfo Walsh le enviaba a la Junta Militar su Carta Abierta. En ella, con una lucidez que todavía estremece, afirmaba que "en la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".

Milei no inventó nada. Sus "novedades" económicas son los restos de la herencia que dejaron los Falcon verdes. El actual esquema de desregulación salvaje, apertura indiscriminada de importaciones y destrucción del salario real es un calco del programa iniciado el 2 de abril de 1976 por José Alfredo Martínez de Hoz.

Hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, esas palabras cobran una vigencia aterradora. El negacionismo que emana de la Casa Rosada no es un capricho ideológico ni una "batalla cultural" inocente; es la herramienta política necesaria para aplicar, una vez más, un plan de hambre que solo cierra con represión y olvido.

De la Redacción de La Opinión Popular

24-03-2026 / 13:03

El negacionismo de Milei como combustible del ajuste y la impunidad

A medio siglo del golpe que instauró el terrorismo de Estado, la Argentina enfrenta un escenario inédito: un gobierno que no solo reivindica la metodología represiva, sino que utiliza el negacionismo como pantalla para aplicar el mismo programa económico que Martínez de Hoz. La batalla hoy es por la memoria, pero también por el futuro.

La conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar de 1976 no encuentra a la Argentina en un momento de reflexión institucional, sino en una trinchera. El gobierno de Javier Milei, escoltado por una Victoria Villarruel que ha hecho de la apología de la dictadura su plataforma política, ha decidido romper el pacto democrático de 1983. Ya no se trata de "matices" históricos; estamos ante una ofensiva sistemática para demoler la base ética sobre la cual se reconstruyó la nación.

De la Redacción de La Opinión Popular

24-03-2026 / 12:03

Recordando a las Primeras Víctimas del Golpe Militar

Mientras la mayor parte de los argentinos dormían, en la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976, me desperté sobresaltado por los golpes en la puerta de mi casa. El "Chueco", un viejo compañero de militancia, me vino a comunicar que las Fuerzas Armadas habían derrocado al gobierno constitucional del peronismo.

Me vestí apresuradamente, me cambié el peinado, me afeite los bigotes y salí inmediatamente a alertar a otros compañeros. La primera casa a la que llegué, la de Rodolfo "Rody" Vittar, no existía más. Horas antes un comando paramilitar había llegado para detenerlo, y como no lo encontró, instaló explosivos y voló la vivienda hasta los cimientos.

La represión en Córdoba fue muy dura, igual que en muchos otros lugares del país. Este proceso desembocó en una sangrienta y larga noche de males, que dejó como saldo miles desaparecidos, una guerra perdida a manos de Gran Bretaña y un país económicamente quebrado, entre otras cosas.

Por eso, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, en este nuevo aniversario del golpe militar genocida, quiero recordar y rendir un recóndito homenaje a tres queridos compañeros y amigos, asesinados ese siniestro 24 de marzo.

Ellos son: Víctor Lorenzo, Concejal en Córdoba Capital por la Juventud Revolucionaria Peronista, quien fuera ejecutado, el día del golpe, de un tiro en la cabeza en la cárcel local; don Luis Carnevale, Senador Nacional por la misma provincia, secuestrado y desaparecido ese mismo día; y el mayor Bernardo Alberte, ex Delegado Personal de Juan Perón, quien fuera arrojado a través de la ventana de su departamento, en un sexto piso, por una patrulla militar, la madrugada del siniestro Golpe de Estado.

Hay muertes, que por ser las primeras, son todo un símbolo. Los militares asesinos los eligieron primero porque eran peronistas. Y no se lo perdonaron. Pero, a pesar de las cárceles y los fusilamientos, de los compañeros muertos y los desaparecidos, nunca fuimos vencidos. Continuamos invariablemente las luchas que emprendieron Eva y Juan Perón.

Compañeros Víctor Lorenzo, Luis Carnevale y Bernardo Alberte, Presentes. Hasta la victoria, siempre.

Por Blas García para La Opinión Popular

24-03-2026 / 12:03

A 50 años del Golpe Cívico-Militar Genocida que estableció el Terrorismo de Estado

El 24 de marzo de 1976 una sublevación cívico-militar derrocó a la presidenta constitucional, María Estela Martínez, instalando una dictadura de tipo permanente autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", gobernada por una Junta Militar integrada por tres jerarcas militares, uno por cada fuerza. La junta designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla.

El gobierno militar suprimió los derechos civiles de los ciudadanos y las libertades públicas, anuló las garantías constitucionales, suspendió la actividad política, vedó los derechos de los trabajadores, intervino los sindicatos y la CGT, prohibió las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos, y destituyó la Corte Suprema de Justicia.

La dictadura impuso el terrorismo de Estado como método sistemático, un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de personas, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron, en un verdadero genocidio, decenas de miles de desaparecidos.

Pero la dictadura no se instaló sólo para torturar y matar gente, sino para posibilitar una transferencia masiva de riquezas hacia los núcleos más concentrados de la economía, quienes se apropiaron además de buena parte de los negocios públicos. Durante el proceso militar, por ejemplo, el grupo Macri pasó de tener 7 a 47 empresas, mostrando que el golpe no fue solo accionar de fuerzas represivas. Y los empresarios que mandaban en 1976, siguen mandando.

Para imponer un régimen alejado de los intereses nacionales y populares, el golpe militar fue ejecutado en contra del Pueblo y del peronismo en su conjunto, institucional, política e individualmente. Pensado en función del molde agro exportador de fines del siglo XIX que, dados los cambios internacionales, derivó en el programa pro financiero y desindustrializador, el modelo neoliberal. Hoy Javier Milei y Victoria Villaruel expresan muchos de esos ideales de Videla y Martínez de Hoz, pero también de los grandes empresarios, eternos dueños del país.

El Terrorismo de Estado produjo miles de desaparecidos. Hubo 30.000 luchadores sociales barridos por la represión, de todos los sectores políticos populares y revolucionarios. La inmensa mayoría de las víctimas fueron jóvenes, la inmensa mayoría fueron cuadros y militantes de la clase trabajadora, la inmensa mayoría fueron peronistas.

El Proceso puso fin al "Estado de Bienestar" fundado por Juan Perón y al Proyecto Nacional y Popular concebido por el justicialismo desde la década del 40, dejando en lamentable estado la convivencia democrática, la economía, la sociedad y las instituciones, abriendo profundas grietas que recién después de más de cuatro décadas empiezan a ser curadas.

A 50 años de aquel infausto 24 de marzo, en el contexto de un gobierno anarco capitalista que niega, justifica o exalta los crímenes cometidos por las fuerzas represivas, convocamos a mantener viva la memoria del Pueblo en apoyo a la continuidad de la búsqueda de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos y en defensa de los Derechos Constitucionales, los Derechos Humanos y las Libertades individuales de ayer, de hoy y de siempre.

Carlos Morales para La Opinión Popular