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“La pandemia nos demostró que vivimos en un país injusto y que la calidad de vida incide fuertemente en el riesgo de contagio”. Alberto Fernández
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Nacionales - 01-12-2019 / 10:12
INTENTAN DEJAR A LA TROPA DE ELITE MACRISTA EN LOS ALTOS CARGOS DE CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO

Por decreto, Macri atornilla en el Estado a su “chetaje militante” con sueldos abultados

Por decreto, Macri atornilla en el Estado a su “chetaje militante” con sueldos abultados
Se intenta consagrar un régimen de permanencias cargos directivos con un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto y un régimen indemnizatorio inédito, con la obvia intención de facilitar la permanencia del "chetaje militante" designado discrecionalmente por el gobierno de Macri.
Cuando faltan quince días para dejar su desastrosa gestión, el gobierno de Mauricio Macri promulgó un polémico decreto que generó fuerte controversia: formaliza un régimen para la alta administración pública, con un nuevo sistema de compensaciones e indemnizaciones.
 
El decreto 788/19 otorga una estabilidad por cinco años a los funcionarios nombrados por concurso en la "alta administración pública". Es decir, como directores generales, directores o coordinadores del Estado. La norma aclara que para conseguir esa estabilidad se requiere la permanencia en el puesto por un año.
 
Pocos días antes de dejar los despachos oficiales, el decreto deja como herencia a Alberto Fernández todo un nuevo mecanismo de jerarquización de los funcionarios que dificultará al nuevo gobierno mover de sus cargos a quienes fueron designados en la era Macri.
 
Según el decreto, la estabilidad en la alta administración pública solo se pierde por tres causales: evaluaciones de desempeño insuficientes, sanciones disciplinarias o una reestructuración que implique la supresión del puesto.
 
Por las dos primeras causales, no se prevé indemnización alguna. Pero en caso de que la persona pierda su cargo por una reestructuración del organigrama (habitual con cualquier cambio de gestión), están previstas jugosas compensaciones.
 
Dado que el decreto prevé estabilidad en los cargos por cinco años, en caso de que por una reestructuración la persona pierda su puesto, el decreto contempla distintos escenarios. Cuando se trate de una persona de planta permanente podrá reintegrarse a su puesto y percibir una bonificación para sostener el salario que tenía en la alta administración pública.
 
Cuando el trabajador no esté en planta permanente podrá obtener un cargo con el mayor nivel escalafonario y recibir el mismo plus. Caso contrario, podrá exigir "una indemnización equivalente a la remuneración de su posición multiplicada por la cantidad de meses que resten para cumplir los cinco años".
 
La medida genera beneficios extravagantes respecto de los trabajadores de carrera. La gestión de Macri formalizó más de 80 altos cargos por concurso, de los cuales la mitad ya cumplieron más de un año en el puesto y podrían exigir una indemnización. Muchos de los concursos son muy recientes y se oficializaron después de las elecciones de octubre.
 
Se intenta consagrar un régimen de permanencias en cargos directivos con un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto y un régimen indemnizatorio inédito, con la obvia intención de facilitar la permanencia del "chetaje militante" designado discrecionalmente por el gobierno de Macri, pese al discurso de la meritocracia y el eficientismo.
 
La Opinión Popular

 
A 15 días de la asunción de la próxima gestión, el Gobierno de Mauricio Macri intenta condicionarla con la homologación por decreto de un régimen de Alta Dirección Pública que no cuenta con el consenso de la parte gremial, e implicaría la perpetuación de funcionarios jerárquicos propios.
 
El decreto 788/19, firmado esta semana por Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica es -ni más ni menos- que la ratificación unilateral del fallido intento de modificación Convenio Colectivo de Trabajo para la administración pública firmado el pasado 6 de junio junto a la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN).
 
En aquel momento, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) había logrado suspender la movida que, de concretarse, no solo amenazaba con flexibilizar los requisitos para acceder a los cargos de dirección y coordinación del Estado, sino también la aplicación de aumentos en torno a los $100.000 para sueldos que en la actualidad ya superan los $135.000.
 
El meollo de la cuestión -como argumentaba el gremio que conduce Hugo "Cachorro" Godoy- es que en la otra punta, el aumento para un trabajador estatal que cobra $20.000, según la paritaria firmada por el gobierno y UPCN de 28% en 5 cuotas, terminará siendo de $3.600.
 
En una entrevista realizada en junio de este año, Flavio Vergara, delegado paritario de ATE, denunciaba que detrás del pacto Macri-UPCN se escondía el intento de crear "una casta de conductores del Estado, por fuera de los convenios colectivos, con una maniobra para enquistar gente en los cargos de conducción".
 
Ahora, el gobierno insiste en su denodado esfuerzo por atornillar en puestos jerárquicos a su propio "chetaje militante" (en relación al latiguillo con el que promovió los despidos masivos al comienzo de su Gobierno). Esta vez, a través de un decreto de necesidad y urgencia, y a menos de 15 días de dejar el poder.
 
En concreto, lo que establece el decreto en sus anexos es que se crea el «Régimen de Alta Dirección Pública», que incluye a directores generales, nacionales o equivalentes, directores y coordinadores. Todos pasan a tener estabilidad por cinco años. El texto además instituye que, para remover los cargos jerárquicos que pretende perpetuar el gobierno saliente, el Estado deberá pagar una indemnización equivalente a los sueldos del tiempo que resta para completar ese plazo de cinco años.
 
"Este régimen, aprobado a tan poco tiempo de la asunción del próximo Gobierno, debe ser suspendido en su aplicación y puesto a revisión nuevamente en el marco de la negociación colectiva involucrando a actores que efectivamente tienen visión respecto de los cargos de gerencia pública y del mejor funcionamiento de los Convenios Colectivos de Trabajo, acorde con la necesidad de regular el empleo de los cargos de dirección del Estado", señaló en las últimas horas Flavio Vergara.
 
Por su parte, la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) cuestionó que el régimen de ingreso dispuesto por el decreto de Macri para cargos jerárquicos tiene «exigencias mucho más laxas de idoneidad técnica y profesional que el vigente, un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto con respecto al resto, y otro indemnizatorio inédito para el caso de pérdida de la función -con retención de categoría-, pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el Gobierno saliente".
 
Fuente: Canal Abierto
 

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31-05-2020 / 09:05
La toma de decisiones en función del conocimiento científico -con todas las limitaciones que tiene este último- es un logro y no una concesión de la democracia. No significa transformarla en una "infectadura" sino enriquecerla con bases más sólidas y racionales.
 
En los países de Trump y Bolsonaro se humilla a los científicos. Es difícil entender para un demócrata cuando, en nombre de la democracia, se coquetea con esas alternativas. Pero las diferencias con los Estados Unidos no terminan allí. La posición de Donald Trump acentuó las ya extremas diferencias entre el Presidente y la oposición, que fue agredida sistemáticamente por él.
 
Los demócratas y los científicos pasaron a formar parte de un "complot comunista" para desplazarlo del poder. En los momentos de mayor tensión Trump amenazó incluso con cerrar el Congreso. Casi idéntica situación se vive en Brasil.
 
Nada de eso ocurrió en la Argentina. Al contrario, aquí se transformó en algo habitual que Alberto Fernández, Horacio Rodriguez Larreta y Axel Kicillof, coordinen y discutan políticas, y las presenten conjuntamente ante la sociedad, en sucesivas conferencias de prensa, donde nadie se queda sin preguntar, un método que era una de las deudas de la democracia argentina.
 
Fernández se ha sacado fotos amigables con Gerardo Morales, un enemigo del sector dominante de su Gobierno, intercambiado saludos de codo con Jorge Macri, poseedor de un apellido muy emblemático. La idea antidemocrática según la cual quien pertenece a otro espacio es un enemigo despreciable fue abandonada, al menos mientras dure la pandemia.
 
Aunque la democracia exista plenamente, la peligrosa prédica de quienes creen que se transformó en una "infectadura" puede crecer en tiempos tan duros y debilitarla en lo político, en lo económico y en lo sanitario.
 

30-05-2020 / 10:05
Llama la atención que los grandes medios macristas porteños: TN, Clarín e Infobae, se preocupen tanto por la salud mental de la población, en tanto no se opusieron, durante la gestión de Cambiemos, a la falta de inversión en el sistema de salud, que llegó hasta el desmantelamiento del Ministerio de Salud por parte del ex presidente Mauricio Macri, desprotegiendo física y psíquicamente a las grandes mayorías sociales.
 
A partir de la pandemia la vida se volvió extraña; de un día para otro nos convertimos en protagonistas de una distopía. El aislamiento, la reclusión en las casas, la suspensión casi total de las actividades, la desorganización de la vida, la pérdida económica, el miedo al contagio y a la muerte, se volvieron moneda corriente.
 
No es necesario ser psicólogo o psicoanalista para reconocer que en la cuarentena se vivencian una amplia gama de sensaciones y afectos displacenteros que implican padecimiento para el aparato psíquico; pero no se trata de una angustia generada por el aislamiento mismo, sino por aquello que lo motiva, el coronavirus.
 
En la Argentina, el aislamiento se produjo con planificación y prevención cuando la epidemia no estaba desencadenada. La estrategia del gobierno de Alberto Fernández consistió en organizar la comunidad, poniendo el Estado al servicio de la salud y la contención pueblo.
 
En la urgencia, se entendió que el otro no es ni enemigo ni el culpable, sino el prójimo. Que la suerte y el cuidado de él también es el nuestro, ya que es imposible salvarse sólo. Que el aislamiento nada tiene que ver con el individualismo neoliberal, en el que cada uno, indiferente al prójimo, se enfrasca en el "sálvese quien pueda", mientras se mira el ombligo.
 
Se configuró en el país un aislamiento que no fue exclusión, sino un acto de cuidado de cada uno y de la comunidad, porque la solidaridad no es caridad, sino la base de lo colectivo. Una acción política democrática de intentar frenar la muerte, no sólo para la élite, sino para todos.
 
Los países gobernados por la lógica del "mercado", EE.UU., Brasil, Reino Unido, Chile, Italia y España, basada en las ganancias de las empresas por la reducción de los costos, dejaron al cuerpo social amenazado por la enfermedad y la muerte. Esos países no cuidaron a su gente, la dejaron a la intemperie, en angustiosa indefensión y expuesta a la agonía.
 

30-05-2020 / 07:05
Susana Giménez, Maximiliano Guerra, Oscar Martínez, Juan José Sebreli son algunos de los nombres que alimentan la inverosímil ofensiva opositora contra las medidas sanitarias del Gobierno. Para hacerlo ignoran elementos centrales de la realidad actual y aquella que los convocaba durante el gobierno de Macri.
 
La empleada doméstica de una casa de Retiro cuya empleadora había regresado de Alemania, vive en la villa Mugica, en una habitación con su marido y sus padres y comparte el baño con otras 13 personas. Ella fue la primera contagiada por el virus en la villa. Y su madre, Toribia Balbuena, de 84 años, la primera víctima fatal.
 
Fue a principios de mayo cuando el gobierno de CABA no había aplicado un protocolo de cuarentena real en la villa. Otras tres muertes por la epidemia en la villa fueron dirigentes sociales que sostenían comedores populares, los tres, menores de 60 años.
 
Hay una campaña mediática de macristas famosos, como Maximiliano Guerra, Susana Giménez y Juan José Sebreli contra la cuarentena. Se sumaron así al actor Oscar Martínez que afirmó que amigos suyos mayores de 70 años se habían auto contagiado el virus para inmunizarse.
 
Estos personajes tendrían que explicarle sus argumentos contra la cuarentena a la señora Balbuena, a Ramona Medina, a Víctor Giracoy, a Agustín Navarro y a otros centenares de personas. Pero no podrán hacerlo porque estas personas murieron contagiadas por el virus.
 
Martínez tendría que demostrar que su anécdota no fue simple mala fe y que realmente cree tanto en esa afirmación que está dispuesto a cumplirla. Sebreli proclamó con indignación que un policía no lo dejó pasear por una plaza. La próxima vez que vaya a una plaza por favor que se saque una fotografía. No le vamos a creer hasta verlo.
 
Sebreli no habló de la villa Mugica, que está en la CABA, sino de la Villa Azul, que está en Quilmes y fue abandonada a su suerte por la gestión anterior del intendente macrista Martiniano Molina, pero que ahora fue desplazado por la intendenta Mayra Mendoza, de La Cámpora. Sebreli no es un viejito que habla con inocencia. Sabe perfectamente porqué no habla de las villas de CABA que tienen mil veces más infectados. 
 

29-05-2020 / 10:05
El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó su propuesta de reprogramación y pago de la deuda externa, del segmento de 68.000 millones de dólares en títulos de moneda extranjera y bajo jurisdicción extranjera. Alegó que Argentina no podía ofrecer más de un plazo de gracia de tres años y reanudar los pagos en 2023; rebaja de los intereses en 62 por ciento y del capital en 5,4 por ciento; baja de intereses anuales al 2,25 por ciento con pequeñas alzas.
 
Mientras esto sucedía, los medios de comunicación masiva, que responden la macrismo, como: Clarín, La Nación, Infobae, América TV y los periodistas que los corean, fueron creando el sentido común de que caer en default era equivalente a la peste del coronavirus, sino peor. Con lo cual reforzaban la posición de los bonistas, eludían explayarse sobre los costos de evitar el default y debilitaban la propuesta argentina.
 
A cinco días de que venza el actual plazo para ingresar al canje y vencido su acuerdo de confidencialidad, dos de los grupos de acreedores enviaron una nueva propuesta conjunta al Gobierno que busca acercar posiciones para alcanzar un acuerdo y avanzar en la reestructuración de deuda externa por U$D66.200 millones.
 
Según comunicaron, la contraoferta implica un alivio en los pagos del país de más de USD36.000 millones en nueve años. El ministro Guzmán reconoció que hubo "un acercamiento importante" con un grupo de bonistas pero aclaró que el ofrecimiento es "insuficiente" y que aún resta un "camino importante por recorrer".
 

29-05-2020 / 10:05
La angustia que cunde en estos días de encierro en el establishment es muy parecida al arquetipo que describió Sigmund Freud. Es un apremio por resolver algo ya, pero sin saber qué hacer. Lo que sentían todos los que se acercaban a la Esfinge de Tebas temerosos de ser engullidos hasta que Edipo consiguió resolver su enigma.
 
Lo que Alberto Fernández reclamó a los medios de comunicación que "dejen de sembrar", tras la retahíla de preguntas sobre aflicciones y sentimientos que le hicieron en Olivos el sábado a la noche.
 
En la cima de la pirámide social, esa angustia mezcla la contrariedad por las gigantescas pérdidas que empezó a generar la pandemia con la frustración por la ausencia de una solución a la vista. No es muy distinto a lo que movió a Susana Giménez a volar en jet privado a su mansión en Punta del Este.
 
Así, no hay Rivotril que aguante. Entre los hombres de empresa eso se mezcla con un duelo particular: por obra de la cuarentena dejaron de ser "los que mandan", como los definió José Luis de Imaz en 1964, en su libro pionero de la sociología de las élites.
 
El magnate siderúrgico Paolo Rocca es de los que mejor transita esa angustia. Tal vez porque, dueño de una experiencia política juvenil en la izquierda revolucionaria italiana que lo distingue de sus colegas, entiende mejor qué es el Estado.
 
Por un lado empujó a su personal a volver a las oficinas la semana pasada, incluso pese a los casos de coronavirus que ya superaron el medio centenar entre los empleados y contratistas de Techint en Brasil.
 
Del gobierno porteño obtuvo permisos de circulación para todos sus ingenieros y dibujantes sin que nadie revisara demasiado si todos estaban afectados a las obras "esenciales" que declaraban. En paralelo, consiguió que la Nación los incluyera en el programa ATP y les pagara parte de los sueldos.
 

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