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El clima en Paraná

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 01-12-2019 / 09:12
LOS OBJETIVOS DE ALBERTO FERNÁNDEZ

Negociación de la deuda: Diferencias entre acreedores privados y el FMI

Negociación de la deuda: Diferencias entre acreedores privados y el FMI
A los acreedores privados les convendría una espera y una quita. Los tenedores argentinos de títulos con los Bancos a la cabeza acompañarían para no devaluar sus carteras, para cumplir con la administración entrante. Las reglas del FMI no admiten reducción de la deuda. La mejor tratativa imaginable consiste en postergación de los vencimientos. La pregunta del millón está pendiente de respuesta. ¿Mantendrá sus exigencias el Fondo sumergiendo a la Argentina? Los antecedentes fomentan pesimismo: no sería la primera vez, ni la segunda…
Las lunas de miel entre las sociedades civiles y los gobiernos son cada vez más cortas. Los "cheques en blanco", sencillamente, no existen. Alberto Fernández entrará a la Casa Rosada con gran legitimidad de origen; tendrá que revalidarla día tras día.
 
Los desafíos económico-sociales corren contra cuenta regresiva: una reactivación inicial segmentada a favor de los más humildes; la lucha contra el hambre; la negociación de las deudas externas; el Acuerdo Social. Todos deben estar bien encaminados antes de que termine el verano. Parece muy difícil... porque lo es. Tal vez el Consejo Económico Social, una nueva institución, pueda esperar unos meses más.
 
El presidente electo formuló en estos días dos declaraciones sobre la deuda. Anunció que no pedirá nuevos adelantos del FMI porque endeudarse ahonda los problemas. Luego advirtió que, manteniendo la decisión de pagar, no hará desembolsos hasta que la Argentina vuelva a crecer. Ambas posturas demarcan cómo se quiere negociar.
 
El primer aserto de Fernández es correcto aunque el presidente electo renuncia a lo que no podría conseguir, como los protagonistas de tangos, boleros o tantas canciones populares. El FMI jamás habilitaría nuevos pagos.
 
La segunda promesa indica el nuevo rumbo. Alberto F. se aparta del apotegma del presidente Nicolás Avellaneda "ahorraré sobre el hambre y la sed de los argentinos" para saciar a los acreedores. Mauricio Macri superó al precursor: generó hambre y sed para engrosar la deuda y favorecer a los especuladores financieros. Argentina, alias Macrilandia: país bici friendly en detrimento de la mayoría de sus pobladores.
 
La consigna del gobierno popular es demandar tiempo, supeditando la posibilidad de pago a una mejora inmediata y paulatina de la economía. Primero más plata en el bolsillo de los argentinos, reactivación de capacidad productiva ociosa, acciones contra el hambre, aumentos de jubilaciones y programas sociales.
 
Algunos posibles funcionarios y economistas heterodoxos mantienen un cauto optimismo de la voluntad. Muuuuy cauto. A los acreedores privados también les convendría, arguyen, una espera y una quita. Presumen que los tenedores argentinos de títulos con los Bancos a la cabeza acompañarán para no devaluar sus carteras, para cumplir con la administración entrante... también porque hasta cierto punto Fernández tiene herramientas para condicionarlos.
 
Las reglas del FMI no admiten reducción de la deuda. La mejor tratativa imaginable consiste en postergación de los vencimientos. Cumplirlos es quimérico, dato admitido por tirios y troyanos. La pregunta del millón está pendiente de respuesta. ¿Mantendrá sus exigencias el Fondo sumergiendo a la Argentina? Los antecedentes fomentan pesimismo: no sería la primera vez, ni la segunda...

Así obró el presidente Néstor Kirchner cuando consiguió una reducción histórica en el canje de deuda privada. Los bonistas locales aceptaron las ofertas, primero que nadie. De buen grado o con pragmático "oficialismo de la primera hora" o con resignación.

Algunos elementos novedosos alientan las tácticas de los próximos negociadores argentinos. Nuestro país es el máximo deudor del Fondo. Los préstamos concedidos al actual Gobierno exceden toda lógica y razonabilidad. Convalidaron el fracasado "modelo" del presidente Mauricio Macri. Lo facultaron tácitamente a desviar el destino de la millonada de dólares que entraron.
 
El cambio de autoridades en el organismo, leen baqueanos en esas cuestiones, conlleva la chance de enmendar lo realizado. La nueva titular, Kristalina Georgieva, podría cuestionar la pesada herencia de Christine Lagarde.
 
Si Argentina sale del marasmo y termina cumpliendo sentaría un precedente interesante, sistémico. Tal el discurso de Alberto F, que apuesta a un acuerdo tan sensato cuan (¡ay!) exótico a la lógica del FMI y de Estados Unidos que es su real autoridad máxima.
 
Los enviados del FMI que pulsean con funcionarios argentinos informan pero no resuelven. Las autoridades superiores del organismo, anche Georgieva, son una instancia más potente. El vértice de las decisiones es el principal socio del Fondo con el presidente Donald Trump al timón.
 
El interrogante sobre cómo obrará el FMI reenvía a otro que mete pavor: cuál es el proyecto de la Casa Blanca para América del Sur. Las miradas más críticas se fundan en la tradición y en historia reciente: la voracidad por los recursos naturales, la pulsión por destruir lazos comerciales crecientes con China.
 
Son factores materiales y típicos de un imperio. A esa tendencia bulímica, malicia este cronista, debe añadírsele el grado de mesianismo y brutalidad de la derecha dominante.
 
No todo es razón instrumental en la barbarie de Trump, no todo huele a litio, petróleo, dinero, geopolítica (que son centrales, desde ya)... los desvaríos ideológicos suman su cuota.
 
Y el modo de dominación: desde el atentado contra las Torres Gemelas Estados Unidos viene renunciando a exportar un modelo de democracia o a fomentar regímenes estables fuera de sus fronteras.
 
El adjetivo "salvaje", que suele adicionarse al sustantivo "ajuste", también le calza al nuevo (des) orden internacional. Las reacciones simultáneas en países ejemplares hasta hace semanas (Ecuador, Chile, Colombia) comprueban la insustentabilidad del neo conservadorismo del siglo XXI.
 
Eric Hobsbawm lo expresó años ha, cuando gobernaba George W. Bush: un niño de pecho y un estadista serio comparado con Trump: "El ideal de la soberanía de mercado no es un complemento de la democracia liberal, sino una alternativa a ese sistema. De hecho, es una alternativa a todo tipo de política". Mensaje ya no profético ni sofisticado hoy en día: apenas costumbrismo bien elaborado.
 
Las tratativas son asimétricas desde muchos puntos de vista. Uno de ellos, subestimado, es que un presidente queda vinculado por sus palabras con sus representados. Las contrapartes, del otro lado del mostrador, tienen menos "ataduras".
 
No se las juzga por el hiato entre dichos y hechos, no se les exige franqueza. Ni compromiso con la vida, la libertad y los derechos de la gente común.
 
De cualquier modo, el contrato electoral del Frente de Todos consiste en representar a su mandante, el pueblo argentino. Suena redundante pero es forzoso. La inestabilidad pende como una espada de Damocles sobre los gobiernos ajustadores. Aterra imaginar qué hubiera pasado si Macri, cumpliendo su sueño, era reelegido con tres puntos de ventaja en segunda vuelta y "hacía lo mismo pero más rápido".
 
Otro modelo de país es necesario, lo que fundamenta el afán de hacerlo posible.
 
 
Acuerdos con nuevos sujetos
 
El Plan Argentina contra el Hambre tiene al frente a Daniel Arroyo, un posible ministro con experiencia y alto nivel, la implementación avanza.
 
Los "fierros" del Estado sobreviven a la debacle macrista, las organizaciones sociales se aprestan a potenciar lo que construyeron y aprendieron en el llano. Poco más se dirá en esta nota, porque el Plan se analizó el domingo pasado. Solo que las iniciativas para combatir la concentración de la oferta y promover la economía popular son saludables y requieren un correlato en otras políticas públicas.
 
El Acuerdo Social, da la impresión, se escalonará en dos etapas diferenciables. La primera, un inmediato pacto coyuntural referido a precios, salarios y prestaciones sociales. Establecer una tregua que (la experiencia lo comprueba) debe ser breve.
 
Poner fin a la dolarización de tarifas de servicios públicos, disponer aumentos adicionales a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a las jubilaciones. En estas, piensa uno evocando el pasado, tal vez de suma fija que mejora proporcionalmente más a las mínimas (que dicho sea de paso constituyen un porcentaje altísimo del total).
 
Poner plata en el bolsillo de los más necesitados, mejorar la alimentación de millones de argentinos, garantizar a los jubilados acceso gratuito a medicamentos pinta como un arranque arduo pero realizable. Un alivio en la economía cotidiana, análogo al que produjo políticamente la elección de octubre.
 
Un Consejo Social o como se denomine, una nueva institución en la que se debatan regularmente los lineamientos económicos requerirá un esfuerzo distinto, creativo, debates previos porque faltan precedentes a los que echar mano.
 
El Pacto Social de 1973 no es término de comparación: sucedió en un pasado remoto, cuando epilogaba el ciclo más virtuoso del Estado benefactor en nuestra nación y en el centro del mundo (detalle que pasaba bastante desapercibido).
 
Está de moda sobrevalorar la Mesa de Diálogo de principios de este siglo, carente de estructura institucional y funciones precisas, desacreditada socialmente (en diciembre de 2001 gente de a pie desbarató a gritos y empellones uno de sus cónclaves).
 
El objetivo que se esboza hoy es un organismo con regulación legal, representaciones establecidas. Puesto de modo sencillo: lo primordial es discernir sus funciones, qué rol desempeñará el Estado y quiénes tendrán sillas para acodarse a la mesa. Las representaciones corporativas están en crisis, su fragmentación ni siquiera se corresponde con las de los mundos empresarios y del trabajo.
 
Hace años que se acepta que integran la clase trabajadora, sin pretender cerrar el inventario, los desempleados, los informales, los que hacen changas salteadas, los laburantes en empresas recuperadas, los productores de economía popular, los de agricultura familiar.
 
Muchos trabajan sin tener patrón, una fracción relevante entre ellos no aspira a tenerlo (o, mejor dicho, desea no tenerlo). Su estructura organizativa es incipiente, con distintos grados de desarrollo. Las organizaciones sociales más conspicuas representan a parte de ese amplio abanico; no a su totalidad. La Ley de Góndolas repara en ellos, una señal estimulante.
 
De nuevo: las representaciones convencionales, del siglo XX se quedan cortas, "dejan afuera" a más de la mitad de la clase trabajadora. Circunstancia que ya se verificaba al terminar el segundo período de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este cronista, sin mayor originalidad, entiende que ese estadio es estructural, por ahí irreversible... por lo menos dominante en el mediano plazo.
 
La nueva morfología de la clase trabajadora, las experiencias construidas tras la crisis de fin del siglo pasado pusieron en escena a nuevos sujetos castigados durante las experiencias neoconservadoras cuyas necesidades son derechos. Sus formas de producción y comercialización pueden servir para mejorar la alimentación, atenuar la depredación ambiental, combatir la dominancia del capitalismo destructivo.
 
El tema da para mucho más que estas primeras líneas apresuradas, claro.
 
 
Mientras tanto, en Ciudad Gótica
 
El equipazo del presidente Mauricio Macri, fracasado el intento de declarar empatadas las elecciones, propala cortinas de humo, promueve controversias falaces. El ruido y la violencia son connaturales a la derecha regional incluyendo a su capítulo argentino.
 
Por una vez, con ganas de perseverar, este cronista rehúye distraerse con la vara alta, las falsas declaraciones atribuidas a Alberto Fernández o sus allegados, la defensa brutal de los encarcelamientos sin condena firme para los opositores (los actuales, se comprende).
 
Antes que escucharlos conviene mirar cómo tratan de sostener cuadros en el Estado con medidas inmorales y berretas; cómo intentan reactivar organismos del área de Telecomunicaciones que frizaron durante sus cuatro años de fama.
 
Entre tanto, comienzan a sustanciar sus internas que traerán centrifugaciones y desgajamientos en el borde. La designación de la ministra Patricia Bullrich como presidenta del PRO indica una dirección: vista a la derecha y a calzarse la gorra.
 
Los grandes productores agropecuarios liquidan exportaciones a lo pampa, valga la expresión.
 
Los referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) destratan a "Mauricio", tras auparlo contra parte de sus intereses materiales. No contra la totalidad porque consiguieron flexibilizar de hecho, reducir el valor adquisitivo de los sueldos, aumentar "el ejército de reserva".
 
Miguel Acevedo, el presidente de la entidad, se lamentó de la cantidad de despidos y fábricas cerradas o quebradas. Lo enuncia como si hubieran sucedido la semana pasada y no en un proceso evidente y acumulativo.
 
Dirigentes empinados palmearon a Fernández con su mano izquierda mientras con la derecha, la hábil (la de su corazón) remarcan precios de artículos de primera necesidad precaviéndose de los controles o acuerdos que avalarán. La hipótesis de mejorar ganancias vendiendo más a menor precio es, endémicamente, ajena al imaginario del sector hegemónico de la "burguesía nacional".
 
Estamos en diciembre, quedan nueve días. Cercado por regímenes de derecha, injuriado preventivamente por los medios dominantes, asumirá Alberto Fernández. Macri se muda a Los Abrojos, el 10 de diciembre habrá fiesta popular e ilusión en los barrios más humildes. Motivos para festejar, sin negar la incomparable gravedad del legado macrista.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
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