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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 01-12-2019 / 09:12
LOS OBJETIVOS DE ALBERTO FERNÁNDEZ

Negociación de la deuda: Diferencias entre acreedores privados y el FMI

Negociación de la deuda: Diferencias entre acreedores privados y el FMI
A los acreedores privados les convendría una espera y una quita. Los tenedores argentinos de títulos con los Bancos a la cabeza acompañarían para no devaluar sus carteras, para cumplir con la administración entrante. Las reglas del FMI no admiten reducción de la deuda. La mejor tratativa imaginable consiste en postergación de los vencimientos. La pregunta del millón está pendiente de respuesta. ¿Mantendrá sus exigencias el Fondo sumergiendo a la Argentina? Los antecedentes fomentan pesimismo: no sería la primera vez, ni la segunda…
Las lunas de miel entre las sociedades civiles y los gobiernos son cada vez más cortas. Los "cheques en blanco", sencillamente, no existen. Alberto Fernández entrará a la Casa Rosada con gran legitimidad de origen; tendrá que revalidarla día tras día.
 
Los desafíos económico-sociales corren contra cuenta regresiva: una reactivación inicial segmentada a favor de los más humildes; la lucha contra el hambre; la negociación de las deudas externas; el Acuerdo Social. Todos deben estar bien encaminados antes de que termine el verano. Parece muy difícil... porque lo es. Tal vez el Consejo Económico Social, una nueva institución, pueda esperar unos meses más.
 
El presidente electo formuló en estos días dos declaraciones sobre la deuda. Anunció que no pedirá nuevos adelantos del FMI porque endeudarse ahonda los problemas. Luego advirtió que, manteniendo la decisión de pagar, no hará desembolsos hasta que la Argentina vuelva a crecer. Ambas posturas demarcan cómo se quiere negociar.
 
El primer aserto de Fernández es correcto aunque el presidente electo renuncia a lo que no podría conseguir, como los protagonistas de tangos, boleros o tantas canciones populares. El FMI jamás habilitaría nuevos pagos.
 
La segunda promesa indica el nuevo rumbo. Alberto F. se aparta del apotegma del presidente Nicolás Avellaneda "ahorraré sobre el hambre y la sed de los argentinos" para saciar a los acreedores. Mauricio Macri superó al precursor: generó hambre y sed para engrosar la deuda y favorecer a los especuladores financieros. Argentina, alias Macrilandia: país bici friendly en detrimento de la mayoría de sus pobladores.
 
La consigna del gobierno popular es demandar tiempo, supeditando la posibilidad de pago a una mejora inmediata y paulatina de la economía. Primero más plata en el bolsillo de los argentinos, reactivación de capacidad productiva ociosa, acciones contra el hambre, aumentos de jubilaciones y programas sociales.
 
Algunos posibles funcionarios y economistas heterodoxos mantienen un cauto optimismo de la voluntad. Muuuuy cauto. A los acreedores privados también les convendría, arguyen, una espera y una quita. Presumen que los tenedores argentinos de títulos con los Bancos a la cabeza acompañarán para no devaluar sus carteras, para cumplir con la administración entrante... también porque hasta cierto punto Fernández tiene herramientas para condicionarlos.
 
Las reglas del FMI no admiten reducción de la deuda. La mejor tratativa imaginable consiste en postergación de los vencimientos. Cumplirlos es quimérico, dato admitido por tirios y troyanos. La pregunta del millón está pendiente de respuesta. ¿Mantendrá sus exigencias el Fondo sumergiendo a la Argentina? Los antecedentes fomentan pesimismo: no sería la primera vez, ni la segunda...

Así obró el presidente Néstor Kirchner cuando consiguió una reducción histórica en el canje de deuda privada. Los bonistas locales aceptaron las ofertas, primero que nadie. De buen grado o con pragmático "oficialismo de la primera hora" o con resignación.

Algunos elementos novedosos alientan las tácticas de los próximos negociadores argentinos. Nuestro país es el máximo deudor del Fondo. Los préstamos concedidos al actual Gobierno exceden toda lógica y razonabilidad. Convalidaron el fracasado "modelo" del presidente Mauricio Macri. Lo facultaron tácitamente a desviar el destino de la millonada de dólares que entraron.
 
El cambio de autoridades en el organismo, leen baqueanos en esas cuestiones, conlleva la chance de enmendar lo realizado. La nueva titular, Kristalina Georgieva, podría cuestionar la pesada herencia de Christine Lagarde.
 
Si Argentina sale del marasmo y termina cumpliendo sentaría un precedente interesante, sistémico. Tal el discurso de Alberto F, que apuesta a un acuerdo tan sensato cuan (¡ay!) exótico a la lógica del FMI y de Estados Unidos que es su real autoridad máxima.
 
Los enviados del FMI que pulsean con funcionarios argentinos informan pero no resuelven. Las autoridades superiores del organismo, anche Georgieva, son una instancia más potente. El vértice de las decisiones es el principal socio del Fondo con el presidente Donald Trump al timón.
 
El interrogante sobre cómo obrará el FMI reenvía a otro que mete pavor: cuál es el proyecto de la Casa Blanca para América del Sur. Las miradas más críticas se fundan en la tradición y en historia reciente: la voracidad por los recursos naturales, la pulsión por destruir lazos comerciales crecientes con China.
 
Son factores materiales y típicos de un imperio. A esa tendencia bulímica, malicia este cronista, debe añadírsele el grado de mesianismo y brutalidad de la derecha dominante.
 
No todo es razón instrumental en la barbarie de Trump, no todo huele a litio, petróleo, dinero, geopolítica (que son centrales, desde ya)... los desvaríos ideológicos suman su cuota.
 
Y el modo de dominación: desde el atentado contra las Torres Gemelas Estados Unidos viene renunciando a exportar un modelo de democracia o a fomentar regímenes estables fuera de sus fronteras.
 
El adjetivo "salvaje", que suele adicionarse al sustantivo "ajuste", también le calza al nuevo (des) orden internacional. Las reacciones simultáneas en países ejemplares hasta hace semanas (Ecuador, Chile, Colombia) comprueban la insustentabilidad del neo conservadorismo del siglo XXI.
 
Eric Hobsbawm lo expresó años ha, cuando gobernaba George W. Bush: un niño de pecho y un estadista serio comparado con Trump: "El ideal de la soberanía de mercado no es un complemento de la democracia liberal, sino una alternativa a ese sistema. De hecho, es una alternativa a todo tipo de política". Mensaje ya no profético ni sofisticado hoy en día: apenas costumbrismo bien elaborado.
 
Las tratativas son asimétricas desde muchos puntos de vista. Uno de ellos, subestimado, es que un presidente queda vinculado por sus palabras con sus representados. Las contrapartes, del otro lado del mostrador, tienen menos "ataduras".
 
No se las juzga por el hiato entre dichos y hechos, no se les exige franqueza. Ni compromiso con la vida, la libertad y los derechos de la gente común.
 
De cualquier modo, el contrato electoral del Frente de Todos consiste en representar a su mandante, el pueblo argentino. Suena redundante pero es forzoso. La inestabilidad pende como una espada de Damocles sobre los gobiernos ajustadores. Aterra imaginar qué hubiera pasado si Macri, cumpliendo su sueño, era reelegido con tres puntos de ventaja en segunda vuelta y "hacía lo mismo pero más rápido".
 
Otro modelo de país es necesario, lo que fundamenta el afán de hacerlo posible.
 
 
Acuerdos con nuevos sujetos
 
El Plan Argentina contra el Hambre tiene al frente a Daniel Arroyo, un posible ministro con experiencia y alto nivel, la implementación avanza.
 
Los "fierros" del Estado sobreviven a la debacle macrista, las organizaciones sociales se aprestan a potenciar lo que construyeron y aprendieron en el llano. Poco más se dirá en esta nota, porque el Plan se analizó el domingo pasado. Solo que las iniciativas para combatir la concentración de la oferta y promover la economía popular son saludables y requieren un correlato en otras políticas públicas.
 
El Acuerdo Social, da la impresión, se escalonará en dos etapas diferenciables. La primera, un inmediato pacto coyuntural referido a precios, salarios y prestaciones sociales. Establecer una tregua que (la experiencia lo comprueba) debe ser breve.
 
Poner fin a la dolarización de tarifas de servicios públicos, disponer aumentos adicionales a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a las jubilaciones. En estas, piensa uno evocando el pasado, tal vez de suma fija que mejora proporcionalmente más a las mínimas (que dicho sea de paso constituyen un porcentaje altísimo del total).
 
Poner plata en el bolsillo de los más necesitados, mejorar la alimentación de millones de argentinos, garantizar a los jubilados acceso gratuito a medicamentos pinta como un arranque arduo pero realizable. Un alivio en la economía cotidiana, análogo al que produjo políticamente la elección de octubre.
 
Un Consejo Social o como se denomine, una nueva institución en la que se debatan regularmente los lineamientos económicos requerirá un esfuerzo distinto, creativo, debates previos porque faltan precedentes a los que echar mano.
 
El Pacto Social de 1973 no es término de comparación: sucedió en un pasado remoto, cuando epilogaba el ciclo más virtuoso del Estado benefactor en nuestra nación y en el centro del mundo (detalle que pasaba bastante desapercibido).
 
Está de moda sobrevalorar la Mesa de Diálogo de principios de este siglo, carente de estructura institucional y funciones precisas, desacreditada socialmente (en diciembre de 2001 gente de a pie desbarató a gritos y empellones uno de sus cónclaves).
 
El objetivo que se esboza hoy es un organismo con regulación legal, representaciones establecidas. Puesto de modo sencillo: lo primordial es discernir sus funciones, qué rol desempeñará el Estado y quiénes tendrán sillas para acodarse a la mesa. Las representaciones corporativas están en crisis, su fragmentación ni siquiera se corresponde con las de los mundos empresarios y del trabajo.
 
Hace años que se acepta que integran la clase trabajadora, sin pretender cerrar el inventario, los desempleados, los informales, los que hacen changas salteadas, los laburantes en empresas recuperadas, los productores de economía popular, los de agricultura familiar.
 
Muchos trabajan sin tener patrón, una fracción relevante entre ellos no aspira a tenerlo (o, mejor dicho, desea no tenerlo). Su estructura organizativa es incipiente, con distintos grados de desarrollo. Las organizaciones sociales más conspicuas representan a parte de ese amplio abanico; no a su totalidad. La Ley de Góndolas repara en ellos, una señal estimulante.
 
De nuevo: las representaciones convencionales, del siglo XX se quedan cortas, "dejan afuera" a más de la mitad de la clase trabajadora. Circunstancia que ya se verificaba al terminar el segundo período de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este cronista, sin mayor originalidad, entiende que ese estadio es estructural, por ahí irreversible... por lo menos dominante en el mediano plazo.
 
La nueva morfología de la clase trabajadora, las experiencias construidas tras la crisis de fin del siglo pasado pusieron en escena a nuevos sujetos castigados durante las experiencias neoconservadoras cuyas necesidades son derechos. Sus formas de producción y comercialización pueden servir para mejorar la alimentación, atenuar la depredación ambiental, combatir la dominancia del capitalismo destructivo.
 
El tema da para mucho más que estas primeras líneas apresuradas, claro.
 
 
Mientras tanto, en Ciudad Gótica
 
El equipazo del presidente Mauricio Macri, fracasado el intento de declarar empatadas las elecciones, propala cortinas de humo, promueve controversias falaces. El ruido y la violencia son connaturales a la derecha regional incluyendo a su capítulo argentino.
 
Por una vez, con ganas de perseverar, este cronista rehúye distraerse con la vara alta, las falsas declaraciones atribuidas a Alberto Fernández o sus allegados, la defensa brutal de los encarcelamientos sin condena firme para los opositores (los actuales, se comprende).
 
Antes que escucharlos conviene mirar cómo tratan de sostener cuadros en el Estado con medidas inmorales y berretas; cómo intentan reactivar organismos del área de Telecomunicaciones que frizaron durante sus cuatro años de fama.
 
Entre tanto, comienzan a sustanciar sus internas que traerán centrifugaciones y desgajamientos en el borde. La designación de la ministra Patricia Bullrich como presidenta del PRO indica una dirección: vista a la derecha y a calzarse la gorra.
 
Los grandes productores agropecuarios liquidan exportaciones a lo pampa, valga la expresión.
 
Los referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) destratan a "Mauricio", tras auparlo contra parte de sus intereses materiales. No contra la totalidad porque consiguieron flexibilizar de hecho, reducir el valor adquisitivo de los sueldos, aumentar "el ejército de reserva".
 
Miguel Acevedo, el presidente de la entidad, se lamentó de la cantidad de despidos y fábricas cerradas o quebradas. Lo enuncia como si hubieran sucedido la semana pasada y no en un proceso evidente y acumulativo.
 
Dirigentes empinados palmearon a Fernández con su mano izquierda mientras con la derecha, la hábil (la de su corazón) remarcan precios de artículos de primera necesidad precaviéndose de los controles o acuerdos que avalarán. La hipótesis de mejorar ganancias vendiendo más a menor precio es, endémicamente, ajena al imaginario del sector hegemónico de la "burguesía nacional".
 
Estamos en diciembre, quedan nueve días. Cercado por regímenes de derecha, injuriado preventivamente por los medios dominantes, asumirá Alberto Fernández. Macri se muda a Los Abrojos, el 10 de diciembre habrá fiesta popular e ilusión en los barrios más humildes. Motivos para festejar, sin negar la incomparable gravedad del legado macrista.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
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