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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 01-12-2019 / 09:12
LOS OBJETIVOS DE ALBERTO FERNÁNDEZ

Negociación de la deuda: Diferencias entre acreedores privados y el FMI

Negociación de la deuda: Diferencias entre acreedores privados y el FMI
A los acreedores privados les convendría una espera y una quita. Los tenedores argentinos de títulos con los Bancos a la cabeza acompañarían para no devaluar sus carteras, para cumplir con la administración entrante. Las reglas del FMI no admiten reducción de la deuda. La mejor tratativa imaginable consiste en postergación de los vencimientos. La pregunta del millón está pendiente de respuesta. ¿Mantendrá sus exigencias el Fondo sumergiendo a la Argentina? Los antecedentes fomentan pesimismo: no sería la primera vez, ni la segunda…
Las lunas de miel entre las sociedades civiles y los gobiernos son cada vez más cortas. Los "cheques en blanco", sencillamente, no existen. Alberto Fernández entrará a la Casa Rosada con gran legitimidad de origen; tendrá que revalidarla día tras día.
 
Los desafíos económico-sociales corren contra cuenta regresiva: una reactivación inicial segmentada a favor de los más humildes; la lucha contra el hambre; la negociación de las deudas externas; el Acuerdo Social. Todos deben estar bien encaminados antes de que termine el verano. Parece muy difícil... porque lo es. Tal vez el Consejo Económico Social, una nueva institución, pueda esperar unos meses más.
 
El presidente electo formuló en estos días dos declaraciones sobre la deuda. Anunció que no pedirá nuevos adelantos del FMI porque endeudarse ahonda los problemas. Luego advirtió que, manteniendo la decisión de pagar, no hará desembolsos hasta que la Argentina vuelva a crecer. Ambas posturas demarcan cómo se quiere negociar.
 
El primer aserto de Fernández es correcto aunque el presidente electo renuncia a lo que no podría conseguir, como los protagonistas de tangos, boleros o tantas canciones populares. El FMI jamás habilitaría nuevos pagos.
 
La segunda promesa indica el nuevo rumbo. Alberto F. se aparta del apotegma del presidente Nicolás Avellaneda "ahorraré sobre el hambre y la sed de los argentinos" para saciar a los acreedores. Mauricio Macri superó al precursor: generó hambre y sed para engrosar la deuda y favorecer a los especuladores financieros. Argentina, alias Macrilandia: país bici friendly en detrimento de la mayoría de sus pobladores.
 
La consigna del gobierno popular es demandar tiempo, supeditando la posibilidad de pago a una mejora inmediata y paulatina de la economía. Primero más plata en el bolsillo de los argentinos, reactivación de capacidad productiva ociosa, acciones contra el hambre, aumentos de jubilaciones y programas sociales.
 
Algunos posibles funcionarios y economistas heterodoxos mantienen un cauto optimismo de la voluntad. Muuuuy cauto. A los acreedores privados también les convendría, arguyen, una espera y una quita. Presumen que los tenedores argentinos de títulos con los Bancos a la cabeza acompañarán para no devaluar sus carteras, para cumplir con la administración entrante... también porque hasta cierto punto Fernández tiene herramientas para condicionarlos.
 
Las reglas del FMI no admiten reducción de la deuda. La mejor tratativa imaginable consiste en postergación de los vencimientos. Cumplirlos es quimérico, dato admitido por tirios y troyanos. La pregunta del millón está pendiente de respuesta. ¿Mantendrá sus exigencias el Fondo sumergiendo a la Argentina? Los antecedentes fomentan pesimismo: no sería la primera vez, ni la segunda...

Así obró el presidente Néstor Kirchner cuando consiguió una reducción histórica en el canje de deuda privada. Los bonistas locales aceptaron las ofertas, primero que nadie. De buen grado o con pragmático "oficialismo de la primera hora" o con resignación.

Algunos elementos novedosos alientan las tácticas de los próximos negociadores argentinos. Nuestro país es el máximo deudor del Fondo. Los préstamos concedidos al actual Gobierno exceden toda lógica y razonabilidad. Convalidaron el fracasado "modelo" del presidente Mauricio Macri. Lo facultaron tácitamente a desviar el destino de la millonada de dólares que entraron.
 
El cambio de autoridades en el organismo, leen baqueanos en esas cuestiones, conlleva la chance de enmendar lo realizado. La nueva titular, Kristalina Georgieva, podría cuestionar la pesada herencia de Christine Lagarde.
 
Si Argentina sale del marasmo y termina cumpliendo sentaría un precedente interesante, sistémico. Tal el discurso de Alberto F, que apuesta a un acuerdo tan sensato cuan (¡ay!) exótico a la lógica del FMI y de Estados Unidos que es su real autoridad máxima.
 
Los enviados del FMI que pulsean con funcionarios argentinos informan pero no resuelven. Las autoridades superiores del organismo, anche Georgieva, son una instancia más potente. El vértice de las decisiones es el principal socio del Fondo con el presidente Donald Trump al timón.
 
El interrogante sobre cómo obrará el FMI reenvía a otro que mete pavor: cuál es el proyecto de la Casa Blanca para América del Sur. Las miradas más críticas se fundan en la tradición y en historia reciente: la voracidad por los recursos naturales, la pulsión por destruir lazos comerciales crecientes con China.
 
Son factores materiales y típicos de un imperio. A esa tendencia bulímica, malicia este cronista, debe añadírsele el grado de mesianismo y brutalidad de la derecha dominante.
 
No todo es razón instrumental en la barbarie de Trump, no todo huele a litio, petróleo, dinero, geopolítica (que son centrales, desde ya)... los desvaríos ideológicos suman su cuota.
 
Y el modo de dominación: desde el atentado contra las Torres Gemelas Estados Unidos viene renunciando a exportar un modelo de democracia o a fomentar regímenes estables fuera de sus fronteras.
 
El adjetivo "salvaje", que suele adicionarse al sustantivo "ajuste", también le calza al nuevo (des) orden internacional. Las reacciones simultáneas en países ejemplares hasta hace semanas (Ecuador, Chile, Colombia) comprueban la insustentabilidad del neo conservadorismo del siglo XXI.
 
Eric Hobsbawm lo expresó años ha, cuando gobernaba George W. Bush: un niño de pecho y un estadista serio comparado con Trump: "El ideal de la soberanía de mercado no es un complemento de la democracia liberal, sino una alternativa a ese sistema. De hecho, es una alternativa a todo tipo de política". Mensaje ya no profético ni sofisticado hoy en día: apenas costumbrismo bien elaborado.
 
Las tratativas son asimétricas desde muchos puntos de vista. Uno de ellos, subestimado, es que un presidente queda vinculado por sus palabras con sus representados. Las contrapartes, del otro lado del mostrador, tienen menos "ataduras".
 
No se las juzga por el hiato entre dichos y hechos, no se les exige franqueza. Ni compromiso con la vida, la libertad y los derechos de la gente común.
 
De cualquier modo, el contrato electoral del Frente de Todos consiste en representar a su mandante, el pueblo argentino. Suena redundante pero es forzoso. La inestabilidad pende como una espada de Damocles sobre los gobiernos ajustadores. Aterra imaginar qué hubiera pasado si Macri, cumpliendo su sueño, era reelegido con tres puntos de ventaja en segunda vuelta y "hacía lo mismo pero más rápido".
 
Otro modelo de país es necesario, lo que fundamenta el afán de hacerlo posible.
 
 
Acuerdos con nuevos sujetos
 
El Plan Argentina contra el Hambre tiene al frente a Daniel Arroyo, un posible ministro con experiencia y alto nivel, la implementación avanza.
 
Los "fierros" del Estado sobreviven a la debacle macrista, las organizaciones sociales se aprestan a potenciar lo que construyeron y aprendieron en el llano. Poco más se dirá en esta nota, porque el Plan se analizó el domingo pasado. Solo que las iniciativas para combatir la concentración de la oferta y promover la economía popular son saludables y requieren un correlato en otras políticas públicas.
 
El Acuerdo Social, da la impresión, se escalonará en dos etapas diferenciables. La primera, un inmediato pacto coyuntural referido a precios, salarios y prestaciones sociales. Establecer una tregua que (la experiencia lo comprueba) debe ser breve.
 
Poner fin a la dolarización de tarifas de servicios públicos, disponer aumentos adicionales a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a las jubilaciones. En estas, piensa uno evocando el pasado, tal vez de suma fija que mejora proporcionalmente más a las mínimas (que dicho sea de paso constituyen un porcentaje altísimo del total).
 
Poner plata en el bolsillo de los más necesitados, mejorar la alimentación de millones de argentinos, garantizar a los jubilados acceso gratuito a medicamentos pinta como un arranque arduo pero realizable. Un alivio en la economía cotidiana, análogo al que produjo políticamente la elección de octubre.
 
Un Consejo Social o como se denomine, una nueva institución en la que se debatan regularmente los lineamientos económicos requerirá un esfuerzo distinto, creativo, debates previos porque faltan precedentes a los que echar mano.
 
El Pacto Social de 1973 no es término de comparación: sucedió en un pasado remoto, cuando epilogaba el ciclo más virtuoso del Estado benefactor en nuestra nación y en el centro del mundo (detalle que pasaba bastante desapercibido).
 
Está de moda sobrevalorar la Mesa de Diálogo de principios de este siglo, carente de estructura institucional y funciones precisas, desacreditada socialmente (en diciembre de 2001 gente de a pie desbarató a gritos y empellones uno de sus cónclaves).
 
El objetivo que se esboza hoy es un organismo con regulación legal, representaciones establecidas. Puesto de modo sencillo: lo primordial es discernir sus funciones, qué rol desempeñará el Estado y quiénes tendrán sillas para acodarse a la mesa. Las representaciones corporativas están en crisis, su fragmentación ni siquiera se corresponde con las de los mundos empresarios y del trabajo.
 
Hace años que se acepta que integran la clase trabajadora, sin pretender cerrar el inventario, los desempleados, los informales, los que hacen changas salteadas, los laburantes en empresas recuperadas, los productores de economía popular, los de agricultura familiar.
 
Muchos trabajan sin tener patrón, una fracción relevante entre ellos no aspira a tenerlo (o, mejor dicho, desea no tenerlo). Su estructura organizativa es incipiente, con distintos grados de desarrollo. Las organizaciones sociales más conspicuas representan a parte de ese amplio abanico; no a su totalidad. La Ley de Góndolas repara en ellos, una señal estimulante.
 
De nuevo: las representaciones convencionales, del siglo XX se quedan cortas, "dejan afuera" a más de la mitad de la clase trabajadora. Circunstancia que ya se verificaba al terminar el segundo período de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este cronista, sin mayor originalidad, entiende que ese estadio es estructural, por ahí irreversible... por lo menos dominante en el mediano plazo.
 
La nueva morfología de la clase trabajadora, las experiencias construidas tras la crisis de fin del siglo pasado pusieron en escena a nuevos sujetos castigados durante las experiencias neoconservadoras cuyas necesidades son derechos. Sus formas de producción y comercialización pueden servir para mejorar la alimentación, atenuar la depredación ambiental, combatir la dominancia del capitalismo destructivo.
 
El tema da para mucho más que estas primeras líneas apresuradas, claro.
 
 
Mientras tanto, en Ciudad Gótica
 
El equipazo del presidente Mauricio Macri, fracasado el intento de declarar empatadas las elecciones, propala cortinas de humo, promueve controversias falaces. El ruido y la violencia son connaturales a la derecha regional incluyendo a su capítulo argentino.
 
Por una vez, con ganas de perseverar, este cronista rehúye distraerse con la vara alta, las falsas declaraciones atribuidas a Alberto Fernández o sus allegados, la defensa brutal de los encarcelamientos sin condena firme para los opositores (los actuales, se comprende).
 
Antes que escucharlos conviene mirar cómo tratan de sostener cuadros en el Estado con medidas inmorales y berretas; cómo intentan reactivar organismos del área de Telecomunicaciones que frizaron durante sus cuatro años de fama.
 
Entre tanto, comienzan a sustanciar sus internas que traerán centrifugaciones y desgajamientos en el borde. La designación de la ministra Patricia Bullrich como presidenta del PRO indica una dirección: vista a la derecha y a calzarse la gorra.
 
Los grandes productores agropecuarios liquidan exportaciones a lo pampa, valga la expresión.
 
Los referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) destratan a "Mauricio", tras auparlo contra parte de sus intereses materiales. No contra la totalidad porque consiguieron flexibilizar de hecho, reducir el valor adquisitivo de los sueldos, aumentar "el ejército de reserva".
 
Miguel Acevedo, el presidente de la entidad, se lamentó de la cantidad de despidos y fábricas cerradas o quebradas. Lo enuncia como si hubieran sucedido la semana pasada y no en un proceso evidente y acumulativo.
 
Dirigentes empinados palmearon a Fernández con su mano izquierda mientras con la derecha, la hábil (la de su corazón) remarcan precios de artículos de primera necesidad precaviéndose de los controles o acuerdos que avalarán. La hipótesis de mejorar ganancias vendiendo más a menor precio es, endémicamente, ajena al imaginario del sector hegemónico de la "burguesía nacional".
 
Estamos en diciembre, quedan nueve días. Cercado por regímenes de derecha, injuriado preventivamente por los medios dominantes, asumirá Alberto Fernández. Macri se muda a Los Abrojos, el 10 de diciembre habrá fiesta popular e ilusión en los barrios más humildes. Motivos para festejar, sin negar la incomparable gravedad del legado macrista.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

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