La Opinión Popular
                  17:12  |  Miercoles 18 de Febrero de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
Recomendar Imprimir
Nacionales - 01-12-2019 / 09:12
LOS OBJETIVOS DE ALBERTO FERNÁNDEZ

Negociación de la deuda: Diferencias entre acreedores privados y el FMI

Negociación de la deuda: Diferencias entre acreedores privados y el FMI
A los acreedores privados les convendría una espera y una quita. Los tenedores argentinos de títulos con los Bancos a la cabeza acompañarían para no devaluar sus carteras, para cumplir con la administración entrante. Las reglas del FMI no admiten reducción de la deuda. La mejor tratativa imaginable consiste en postergación de los vencimientos. La pregunta del millón está pendiente de respuesta. ¿Mantendrá sus exigencias el Fondo sumergiendo a la Argentina? Los antecedentes fomentan pesimismo: no sería la primera vez, ni la segunda…
Las lunas de miel entre las sociedades civiles y los gobiernos son cada vez más cortas. Los "cheques en blanco", sencillamente, no existen. Alberto Fernández entrará a la Casa Rosada con gran legitimidad de origen; tendrá que revalidarla día tras día.
 
Los desafíos económico-sociales corren contra cuenta regresiva: una reactivación inicial segmentada a favor de los más humildes; la lucha contra el hambre; la negociación de las deudas externas; el Acuerdo Social. Todos deben estar bien encaminados antes de que termine el verano. Parece muy difícil... porque lo es. Tal vez el Consejo Económico Social, una nueva institución, pueda esperar unos meses más.
 
El presidente electo formuló en estos días dos declaraciones sobre la deuda. Anunció que no pedirá nuevos adelantos del FMI porque endeudarse ahonda los problemas. Luego advirtió que, manteniendo la decisión de pagar, no hará desembolsos hasta que la Argentina vuelva a crecer. Ambas posturas demarcan cómo se quiere negociar.
 
El primer aserto de Fernández es correcto aunque el presidente electo renuncia a lo que no podría conseguir, como los protagonistas de tangos, boleros o tantas canciones populares. El FMI jamás habilitaría nuevos pagos.
 
La segunda promesa indica el nuevo rumbo. Alberto F. se aparta del apotegma del presidente Nicolás Avellaneda "ahorraré sobre el hambre y la sed de los argentinos" para saciar a los acreedores. Mauricio Macri superó al precursor: generó hambre y sed para engrosar la deuda y favorecer a los especuladores financieros. Argentina, alias Macrilandia: país bici friendly en detrimento de la mayoría de sus pobladores.
 
La consigna del gobierno popular es demandar tiempo, supeditando la posibilidad de pago a una mejora inmediata y paulatina de la economía. Primero más plata en el bolsillo de los argentinos, reactivación de capacidad productiva ociosa, acciones contra el hambre, aumentos de jubilaciones y programas sociales.
 
Algunos posibles funcionarios y economistas heterodoxos mantienen un cauto optimismo de la voluntad. Muuuuy cauto. A los acreedores privados también les convendría, arguyen, una espera y una quita. Presumen que los tenedores argentinos de títulos con los Bancos a la cabeza acompañarán para no devaluar sus carteras, para cumplir con la administración entrante... también porque hasta cierto punto Fernández tiene herramientas para condicionarlos.
 
Las reglas del FMI no admiten reducción de la deuda. La mejor tratativa imaginable consiste en postergación de los vencimientos. Cumplirlos es quimérico, dato admitido por tirios y troyanos. La pregunta del millón está pendiente de respuesta. ¿Mantendrá sus exigencias el Fondo sumergiendo a la Argentina? Los antecedentes fomentan pesimismo: no sería la primera vez, ni la segunda...

Así obró el presidente Néstor Kirchner cuando consiguió una reducción histórica en el canje de deuda privada. Los bonistas locales aceptaron las ofertas, primero que nadie. De buen grado o con pragmático "oficialismo de la primera hora" o con resignación.

Algunos elementos novedosos alientan las tácticas de los próximos negociadores argentinos. Nuestro país es el máximo deudor del Fondo. Los préstamos concedidos al actual Gobierno exceden toda lógica y razonabilidad. Convalidaron el fracasado "modelo" del presidente Mauricio Macri. Lo facultaron tácitamente a desviar el destino de la millonada de dólares que entraron.
 
El cambio de autoridades en el organismo, leen baqueanos en esas cuestiones, conlleva la chance de enmendar lo realizado. La nueva titular, Kristalina Georgieva, podría cuestionar la pesada herencia de Christine Lagarde.
 
Si Argentina sale del marasmo y termina cumpliendo sentaría un precedente interesante, sistémico. Tal el discurso de Alberto F, que apuesta a un acuerdo tan sensato cuan (¡ay!) exótico a la lógica del FMI y de Estados Unidos que es su real autoridad máxima.
 
Los enviados del FMI que pulsean con funcionarios argentinos informan pero no resuelven. Las autoridades superiores del organismo, anche Georgieva, son una instancia más potente. El vértice de las decisiones es el principal socio del Fondo con el presidente Donald Trump al timón.
 
El interrogante sobre cómo obrará el FMI reenvía a otro que mete pavor: cuál es el proyecto de la Casa Blanca para América del Sur. Las miradas más críticas se fundan en la tradición y en historia reciente: la voracidad por los recursos naturales, la pulsión por destruir lazos comerciales crecientes con China.
 
Son factores materiales y típicos de un imperio. A esa tendencia bulímica, malicia este cronista, debe añadírsele el grado de mesianismo y brutalidad de la derecha dominante.
 
No todo es razón instrumental en la barbarie de Trump, no todo huele a litio, petróleo, dinero, geopolítica (que son centrales, desde ya)... los desvaríos ideológicos suman su cuota.
 
Y el modo de dominación: desde el atentado contra las Torres Gemelas Estados Unidos viene renunciando a exportar un modelo de democracia o a fomentar regímenes estables fuera de sus fronteras.
 
El adjetivo "salvaje", que suele adicionarse al sustantivo "ajuste", también le calza al nuevo (des) orden internacional. Las reacciones simultáneas en países ejemplares hasta hace semanas (Ecuador, Chile, Colombia) comprueban la insustentabilidad del neo conservadorismo del siglo XXI.
 
Eric Hobsbawm lo expresó años ha, cuando gobernaba George W. Bush: un niño de pecho y un estadista serio comparado con Trump: "El ideal de la soberanía de mercado no es un complemento de la democracia liberal, sino una alternativa a ese sistema. De hecho, es una alternativa a todo tipo de política". Mensaje ya no profético ni sofisticado hoy en día: apenas costumbrismo bien elaborado.
 
Las tratativas son asimétricas desde muchos puntos de vista. Uno de ellos, subestimado, es que un presidente queda vinculado por sus palabras con sus representados. Las contrapartes, del otro lado del mostrador, tienen menos "ataduras".
 
No se las juzga por el hiato entre dichos y hechos, no se les exige franqueza. Ni compromiso con la vida, la libertad y los derechos de la gente común.
 
De cualquier modo, el contrato electoral del Frente de Todos consiste en representar a su mandante, el pueblo argentino. Suena redundante pero es forzoso. La inestabilidad pende como una espada de Damocles sobre los gobiernos ajustadores. Aterra imaginar qué hubiera pasado si Macri, cumpliendo su sueño, era reelegido con tres puntos de ventaja en segunda vuelta y "hacía lo mismo pero más rápido".
 
Otro modelo de país es necesario, lo que fundamenta el afán de hacerlo posible.
 
 
Acuerdos con nuevos sujetos
 
El Plan Argentina contra el Hambre tiene al frente a Daniel Arroyo, un posible ministro con experiencia y alto nivel, la implementación avanza.
 
Los "fierros" del Estado sobreviven a la debacle macrista, las organizaciones sociales se aprestan a potenciar lo que construyeron y aprendieron en el llano. Poco más se dirá en esta nota, porque el Plan se analizó el domingo pasado. Solo que las iniciativas para combatir la concentración de la oferta y promover la economía popular son saludables y requieren un correlato en otras políticas públicas.
 
El Acuerdo Social, da la impresión, se escalonará en dos etapas diferenciables. La primera, un inmediato pacto coyuntural referido a precios, salarios y prestaciones sociales. Establecer una tregua que (la experiencia lo comprueba) debe ser breve.
 
Poner fin a la dolarización de tarifas de servicios públicos, disponer aumentos adicionales a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a las jubilaciones. En estas, piensa uno evocando el pasado, tal vez de suma fija que mejora proporcionalmente más a las mínimas (que dicho sea de paso constituyen un porcentaje altísimo del total).
 
Poner plata en el bolsillo de los más necesitados, mejorar la alimentación de millones de argentinos, garantizar a los jubilados acceso gratuito a medicamentos pinta como un arranque arduo pero realizable. Un alivio en la economía cotidiana, análogo al que produjo políticamente la elección de octubre.
 
Un Consejo Social o como se denomine, una nueva institución en la que se debatan regularmente los lineamientos económicos requerirá un esfuerzo distinto, creativo, debates previos porque faltan precedentes a los que echar mano.
 
El Pacto Social de 1973 no es término de comparación: sucedió en un pasado remoto, cuando epilogaba el ciclo más virtuoso del Estado benefactor en nuestra nación y en el centro del mundo (detalle que pasaba bastante desapercibido).
 
Está de moda sobrevalorar la Mesa de Diálogo de principios de este siglo, carente de estructura institucional y funciones precisas, desacreditada socialmente (en diciembre de 2001 gente de a pie desbarató a gritos y empellones uno de sus cónclaves).
 
El objetivo que se esboza hoy es un organismo con regulación legal, representaciones establecidas. Puesto de modo sencillo: lo primordial es discernir sus funciones, qué rol desempeñará el Estado y quiénes tendrán sillas para acodarse a la mesa. Las representaciones corporativas están en crisis, su fragmentación ni siquiera se corresponde con las de los mundos empresarios y del trabajo.
 
Hace años que se acepta que integran la clase trabajadora, sin pretender cerrar el inventario, los desempleados, los informales, los que hacen changas salteadas, los laburantes en empresas recuperadas, los productores de economía popular, los de agricultura familiar.
 
Muchos trabajan sin tener patrón, una fracción relevante entre ellos no aspira a tenerlo (o, mejor dicho, desea no tenerlo). Su estructura organizativa es incipiente, con distintos grados de desarrollo. Las organizaciones sociales más conspicuas representan a parte de ese amplio abanico; no a su totalidad. La Ley de Góndolas repara en ellos, una señal estimulante.
 
De nuevo: las representaciones convencionales, del siglo XX se quedan cortas, "dejan afuera" a más de la mitad de la clase trabajadora. Circunstancia que ya se verificaba al terminar el segundo período de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este cronista, sin mayor originalidad, entiende que ese estadio es estructural, por ahí irreversible... por lo menos dominante en el mediano plazo.
 
La nueva morfología de la clase trabajadora, las experiencias construidas tras la crisis de fin del siglo pasado pusieron en escena a nuevos sujetos castigados durante las experiencias neoconservadoras cuyas necesidades son derechos. Sus formas de producción y comercialización pueden servir para mejorar la alimentación, atenuar la depredación ambiental, combatir la dominancia del capitalismo destructivo.
 
El tema da para mucho más que estas primeras líneas apresuradas, claro.
 
 
Mientras tanto, en Ciudad Gótica
 
El equipazo del presidente Mauricio Macri, fracasado el intento de declarar empatadas las elecciones, propala cortinas de humo, promueve controversias falaces. El ruido y la violencia son connaturales a la derecha regional incluyendo a su capítulo argentino.
 
Por una vez, con ganas de perseverar, este cronista rehúye distraerse con la vara alta, las falsas declaraciones atribuidas a Alberto Fernández o sus allegados, la defensa brutal de los encarcelamientos sin condena firme para los opositores (los actuales, se comprende).
 
Antes que escucharlos conviene mirar cómo tratan de sostener cuadros en el Estado con medidas inmorales y berretas; cómo intentan reactivar organismos del área de Telecomunicaciones que frizaron durante sus cuatro años de fama.
 
Entre tanto, comienzan a sustanciar sus internas que traerán centrifugaciones y desgajamientos en el borde. La designación de la ministra Patricia Bullrich como presidenta del PRO indica una dirección: vista a la derecha y a calzarse la gorra.
 
Los grandes productores agropecuarios liquidan exportaciones a lo pampa, valga la expresión.
 
Los referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) destratan a "Mauricio", tras auparlo contra parte de sus intereses materiales. No contra la totalidad porque consiguieron flexibilizar de hecho, reducir el valor adquisitivo de los sueldos, aumentar "el ejército de reserva".
 
Miguel Acevedo, el presidente de la entidad, se lamentó de la cantidad de despidos y fábricas cerradas o quebradas. Lo enuncia como si hubieran sucedido la semana pasada y no en un proceso evidente y acumulativo.
 
Dirigentes empinados palmearon a Fernández con su mano izquierda mientras con la derecha, la hábil (la de su corazón) remarcan precios de artículos de primera necesidad precaviéndose de los controles o acuerdos que avalarán. La hipótesis de mejorar ganancias vendiendo más a menor precio es, endémicamente, ajena al imaginario del sector hegemónico de la "burguesía nacional".
 
Estamos en diciembre, quedan nueve días. Cercado por regímenes de derecha, injuriado preventivamente por los medios dominantes, asumirá Alberto Fernández. Macri se muda a Los Abrojos, el 10 de diciembre habrá fiesta popular e ilusión en los barrios más humildes. Motivos para festejar, sin negar la incomparable gravedad del legado macrista.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

Agreganos como amigo a Facebook
18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
La Opinión Popular
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar