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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 01-12-2019 / 09:12
LOS OBJETIVOS DE ALBERTO FERNÁNDEZ

Negociación de la deuda: Diferencias entre acreedores privados y el FMI

Negociación de la deuda: Diferencias entre acreedores privados y el FMI
A los acreedores privados les convendría una espera y una quita. Los tenedores argentinos de títulos con los Bancos a la cabeza acompañarían para no devaluar sus carteras, para cumplir con la administración entrante. Las reglas del FMI no admiten reducción de la deuda. La mejor tratativa imaginable consiste en postergación de los vencimientos. La pregunta del millón está pendiente de respuesta. ¿Mantendrá sus exigencias el Fondo sumergiendo a la Argentina? Los antecedentes fomentan pesimismo: no sería la primera vez, ni la segunda…
Las lunas de miel entre las sociedades civiles y los gobiernos son cada vez más cortas. Los "cheques en blanco", sencillamente, no existen. Alberto Fernández entrará a la Casa Rosada con gran legitimidad de origen; tendrá que revalidarla día tras día.
 
Los desafíos económico-sociales corren contra cuenta regresiva: una reactivación inicial segmentada a favor de los más humildes; la lucha contra el hambre; la negociación de las deudas externas; el Acuerdo Social. Todos deben estar bien encaminados antes de que termine el verano. Parece muy difícil... porque lo es. Tal vez el Consejo Económico Social, una nueva institución, pueda esperar unos meses más.
 
El presidente electo formuló en estos días dos declaraciones sobre la deuda. Anunció que no pedirá nuevos adelantos del FMI porque endeudarse ahonda los problemas. Luego advirtió que, manteniendo la decisión de pagar, no hará desembolsos hasta que la Argentina vuelva a crecer. Ambas posturas demarcan cómo se quiere negociar.
 
El primer aserto de Fernández es correcto aunque el presidente electo renuncia a lo que no podría conseguir, como los protagonistas de tangos, boleros o tantas canciones populares. El FMI jamás habilitaría nuevos pagos.
 
La segunda promesa indica el nuevo rumbo. Alberto F. se aparta del apotegma del presidente Nicolás Avellaneda "ahorraré sobre el hambre y la sed de los argentinos" para saciar a los acreedores. Mauricio Macri superó al precursor: generó hambre y sed para engrosar la deuda y favorecer a los especuladores financieros. Argentina, alias Macrilandia: país bici friendly en detrimento de la mayoría de sus pobladores.
 
La consigna del gobierno popular es demandar tiempo, supeditando la posibilidad de pago a una mejora inmediata y paulatina de la economía. Primero más plata en el bolsillo de los argentinos, reactivación de capacidad productiva ociosa, acciones contra el hambre, aumentos de jubilaciones y programas sociales.
 
Algunos posibles funcionarios y economistas heterodoxos mantienen un cauto optimismo de la voluntad. Muuuuy cauto. A los acreedores privados también les convendría, arguyen, una espera y una quita. Presumen que los tenedores argentinos de títulos con los Bancos a la cabeza acompañarán para no devaluar sus carteras, para cumplir con la administración entrante... también porque hasta cierto punto Fernández tiene herramientas para condicionarlos.
 
Las reglas del FMI no admiten reducción de la deuda. La mejor tratativa imaginable consiste en postergación de los vencimientos. Cumplirlos es quimérico, dato admitido por tirios y troyanos. La pregunta del millón está pendiente de respuesta. ¿Mantendrá sus exigencias el Fondo sumergiendo a la Argentina? Los antecedentes fomentan pesimismo: no sería la primera vez, ni la segunda...

Así obró el presidente Néstor Kirchner cuando consiguió una reducción histórica en el canje de deuda privada. Los bonistas locales aceptaron las ofertas, primero que nadie. De buen grado o con pragmático "oficialismo de la primera hora" o con resignación.

Algunos elementos novedosos alientan las tácticas de los próximos negociadores argentinos. Nuestro país es el máximo deudor del Fondo. Los préstamos concedidos al actual Gobierno exceden toda lógica y razonabilidad. Convalidaron el fracasado "modelo" del presidente Mauricio Macri. Lo facultaron tácitamente a desviar el destino de la millonada de dólares que entraron.
 
El cambio de autoridades en el organismo, leen baqueanos en esas cuestiones, conlleva la chance de enmendar lo realizado. La nueva titular, Kristalina Georgieva, podría cuestionar la pesada herencia de Christine Lagarde.
 
Si Argentina sale del marasmo y termina cumpliendo sentaría un precedente interesante, sistémico. Tal el discurso de Alberto F, que apuesta a un acuerdo tan sensato cuan (¡ay!) exótico a la lógica del FMI y de Estados Unidos que es su real autoridad máxima.
 
Los enviados del FMI que pulsean con funcionarios argentinos informan pero no resuelven. Las autoridades superiores del organismo, anche Georgieva, son una instancia más potente. El vértice de las decisiones es el principal socio del Fondo con el presidente Donald Trump al timón.
 
El interrogante sobre cómo obrará el FMI reenvía a otro que mete pavor: cuál es el proyecto de la Casa Blanca para América del Sur. Las miradas más críticas se fundan en la tradición y en historia reciente: la voracidad por los recursos naturales, la pulsión por destruir lazos comerciales crecientes con China.
 
Son factores materiales y típicos de un imperio. A esa tendencia bulímica, malicia este cronista, debe añadírsele el grado de mesianismo y brutalidad de la derecha dominante.
 
No todo es razón instrumental en la barbarie de Trump, no todo huele a litio, petróleo, dinero, geopolítica (que son centrales, desde ya)... los desvaríos ideológicos suman su cuota.
 
Y el modo de dominación: desde el atentado contra las Torres Gemelas Estados Unidos viene renunciando a exportar un modelo de democracia o a fomentar regímenes estables fuera de sus fronteras.
 
El adjetivo "salvaje", que suele adicionarse al sustantivo "ajuste", también le calza al nuevo (des) orden internacional. Las reacciones simultáneas en países ejemplares hasta hace semanas (Ecuador, Chile, Colombia) comprueban la insustentabilidad del neo conservadorismo del siglo XXI.
 
Eric Hobsbawm lo expresó años ha, cuando gobernaba George W. Bush: un niño de pecho y un estadista serio comparado con Trump: "El ideal de la soberanía de mercado no es un complemento de la democracia liberal, sino una alternativa a ese sistema. De hecho, es una alternativa a todo tipo de política". Mensaje ya no profético ni sofisticado hoy en día: apenas costumbrismo bien elaborado.
 
Las tratativas son asimétricas desde muchos puntos de vista. Uno de ellos, subestimado, es que un presidente queda vinculado por sus palabras con sus representados. Las contrapartes, del otro lado del mostrador, tienen menos "ataduras".
 
No se las juzga por el hiato entre dichos y hechos, no se les exige franqueza. Ni compromiso con la vida, la libertad y los derechos de la gente común.
 
De cualquier modo, el contrato electoral del Frente de Todos consiste en representar a su mandante, el pueblo argentino. Suena redundante pero es forzoso. La inestabilidad pende como una espada de Damocles sobre los gobiernos ajustadores. Aterra imaginar qué hubiera pasado si Macri, cumpliendo su sueño, era reelegido con tres puntos de ventaja en segunda vuelta y "hacía lo mismo pero más rápido".
 
Otro modelo de país es necesario, lo que fundamenta el afán de hacerlo posible.
 
 
Acuerdos con nuevos sujetos
 
El Plan Argentina contra el Hambre tiene al frente a Daniel Arroyo, un posible ministro con experiencia y alto nivel, la implementación avanza.
 
Los "fierros" del Estado sobreviven a la debacle macrista, las organizaciones sociales se aprestan a potenciar lo que construyeron y aprendieron en el llano. Poco más se dirá en esta nota, porque el Plan se analizó el domingo pasado. Solo que las iniciativas para combatir la concentración de la oferta y promover la economía popular son saludables y requieren un correlato en otras políticas públicas.
 
El Acuerdo Social, da la impresión, se escalonará en dos etapas diferenciables. La primera, un inmediato pacto coyuntural referido a precios, salarios y prestaciones sociales. Establecer una tregua que (la experiencia lo comprueba) debe ser breve.
 
Poner fin a la dolarización de tarifas de servicios públicos, disponer aumentos adicionales a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a las jubilaciones. En estas, piensa uno evocando el pasado, tal vez de suma fija que mejora proporcionalmente más a las mínimas (que dicho sea de paso constituyen un porcentaje altísimo del total).
 
Poner plata en el bolsillo de los más necesitados, mejorar la alimentación de millones de argentinos, garantizar a los jubilados acceso gratuito a medicamentos pinta como un arranque arduo pero realizable. Un alivio en la economía cotidiana, análogo al que produjo políticamente la elección de octubre.
 
Un Consejo Social o como se denomine, una nueva institución en la que se debatan regularmente los lineamientos económicos requerirá un esfuerzo distinto, creativo, debates previos porque faltan precedentes a los que echar mano.
 
El Pacto Social de 1973 no es término de comparación: sucedió en un pasado remoto, cuando epilogaba el ciclo más virtuoso del Estado benefactor en nuestra nación y en el centro del mundo (detalle que pasaba bastante desapercibido).
 
Está de moda sobrevalorar la Mesa de Diálogo de principios de este siglo, carente de estructura institucional y funciones precisas, desacreditada socialmente (en diciembre de 2001 gente de a pie desbarató a gritos y empellones uno de sus cónclaves).
 
El objetivo que se esboza hoy es un organismo con regulación legal, representaciones establecidas. Puesto de modo sencillo: lo primordial es discernir sus funciones, qué rol desempeñará el Estado y quiénes tendrán sillas para acodarse a la mesa. Las representaciones corporativas están en crisis, su fragmentación ni siquiera se corresponde con las de los mundos empresarios y del trabajo.
 
Hace años que se acepta que integran la clase trabajadora, sin pretender cerrar el inventario, los desempleados, los informales, los que hacen changas salteadas, los laburantes en empresas recuperadas, los productores de economía popular, los de agricultura familiar.
 
Muchos trabajan sin tener patrón, una fracción relevante entre ellos no aspira a tenerlo (o, mejor dicho, desea no tenerlo). Su estructura organizativa es incipiente, con distintos grados de desarrollo. Las organizaciones sociales más conspicuas representan a parte de ese amplio abanico; no a su totalidad. La Ley de Góndolas repara en ellos, una señal estimulante.
 
De nuevo: las representaciones convencionales, del siglo XX se quedan cortas, "dejan afuera" a más de la mitad de la clase trabajadora. Circunstancia que ya se verificaba al terminar el segundo período de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este cronista, sin mayor originalidad, entiende que ese estadio es estructural, por ahí irreversible... por lo menos dominante en el mediano plazo.
 
La nueva morfología de la clase trabajadora, las experiencias construidas tras la crisis de fin del siglo pasado pusieron en escena a nuevos sujetos castigados durante las experiencias neoconservadoras cuyas necesidades son derechos. Sus formas de producción y comercialización pueden servir para mejorar la alimentación, atenuar la depredación ambiental, combatir la dominancia del capitalismo destructivo.
 
El tema da para mucho más que estas primeras líneas apresuradas, claro.
 
 
Mientras tanto, en Ciudad Gótica
 
El equipazo del presidente Mauricio Macri, fracasado el intento de declarar empatadas las elecciones, propala cortinas de humo, promueve controversias falaces. El ruido y la violencia son connaturales a la derecha regional incluyendo a su capítulo argentino.
 
Por una vez, con ganas de perseverar, este cronista rehúye distraerse con la vara alta, las falsas declaraciones atribuidas a Alberto Fernández o sus allegados, la defensa brutal de los encarcelamientos sin condena firme para los opositores (los actuales, se comprende).
 
Antes que escucharlos conviene mirar cómo tratan de sostener cuadros en el Estado con medidas inmorales y berretas; cómo intentan reactivar organismos del área de Telecomunicaciones que frizaron durante sus cuatro años de fama.
 
Entre tanto, comienzan a sustanciar sus internas que traerán centrifugaciones y desgajamientos en el borde. La designación de la ministra Patricia Bullrich como presidenta del PRO indica una dirección: vista a la derecha y a calzarse la gorra.
 
Los grandes productores agropecuarios liquidan exportaciones a lo pampa, valga la expresión.
 
Los referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) destratan a "Mauricio", tras auparlo contra parte de sus intereses materiales. No contra la totalidad porque consiguieron flexibilizar de hecho, reducir el valor adquisitivo de los sueldos, aumentar "el ejército de reserva".
 
Miguel Acevedo, el presidente de la entidad, se lamentó de la cantidad de despidos y fábricas cerradas o quebradas. Lo enuncia como si hubieran sucedido la semana pasada y no en un proceso evidente y acumulativo.
 
Dirigentes empinados palmearon a Fernández con su mano izquierda mientras con la derecha, la hábil (la de su corazón) remarcan precios de artículos de primera necesidad precaviéndose de los controles o acuerdos que avalarán. La hipótesis de mejorar ganancias vendiendo más a menor precio es, endémicamente, ajena al imaginario del sector hegemónico de la "burguesía nacional".
 
Estamos en diciembre, quedan nueve días. Cercado por regímenes de derecha, injuriado preventivamente por los medios dominantes, asumirá Alberto Fernández. Macri se muda a Los Abrojos, el 10 de diciembre habrá fiesta popular e ilusión en los barrios más humildes. Motivos para festejar, sin negar la incomparable gravedad del legado macrista.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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