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Nacionales - 30-11-2019 / 09:11
LOS SACA DE LA ÓRBITA DIRECTA DEL EJECUTIVO
Macri creó una Agencia de testigos para ocultar maniobras con los “arrepentidos”
Los arrepentidos que le interesan al Gobierno Nacional serían José López, Leonardo Fariña y Alejandro Vandenbroele. ¿Cómo se armaron las declaraciones de estas personas? ¿El macrismo tendrá miedo de que cuenten algo? Fariña (foto) es el “arrepentido” estrella de Comodoro Py. Le armaron un discurso con ayuda de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Y el ministro de Justicia, Germán Garavano, lo sacó de la cárcel.
A las apuradas y con desesperación, a once días de dejar la Casa Rosada, Mauricio Macri emitió este viernes un Decreto de Necesidad y Urgencia para que los "arrepentidos" no queden bajo la órbita directa del gobierno de Alberto Fernández.
O sea que Macri armó un ejército de "arrepentidos", los usó contra los ex funcionarios K, los tuvo bajo su control e influencia durante 1449 días y quedándole apenas once jornadas en el poder, decidió que está mal que dependan del Ejecutivo, por lo cual creó una Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, un ente autárquico, con un consejo consultivo que presidirá el titular de la Cámara de Casación.
La urgencia de la Casa Rosada tiene que ver con que el macrismo no quiere que los "arrepentidos" que creó queden bajo control exclusivo y directo de las nuevas autoridades. El peligro evidente que ven es que se devele la forma en que armaron las declaraciones de esos "arrepentidos", direccionándolas políticamente y sirviendo de base para meter en la cárcel a decenas de opositores.
Las maniobras fueron denunciadas en forma reiterada: apretaron a los imputados, los presionaron a declarar contra los ex funcionarios y ni siquiera se preocuparon por verificar lo que decían los "arrepentidos" ni acumular pruebas que ratificaran los testimonios. A cambio de las declaraciones les dieron vivienda, dinero y, sobre todo, libertad.
El Programa de Protección de Testigos (PPT) maneja a más de 200 imputados o testigos que declararon contra otras personas (casos de narcotráfico, derechos humanos, crimen organizado) y, supuestamente, corren algún riesgo por esas declaraciones.
De todas maneras, la administración Macri produce la apurada maniobra preocupado sólo por unos pocos: el chofer Oscar Centeno, clave en la causa de las fotocopias de los cuadernos; el ex secretario José López, que pretendió mezclar a Cristina Fernández con los nueve millones de dólares que se le encontraron cuando los tiraba en el convento; el contador Víctor Manzanares, también declarante contra CFK; el ex ejecutivo Alejandro Vandenbroele, testigo contra Amado Boudou, y su ex esposa, Laura Muñoz, que también fue decisiva contra el ex vicepresidente, aunque quedó claro que mintió.
Para que estos "arrepentidos" no queden en manos de la administración Fernández, para que no cuenten la verdad de cómo se armaron las declaraciones, el gobierno de Macri esquivó al Congreso y armó la nueva estructura con un decreto de necesidad y urgencia, pese a que está claro que no hay necesidad ni urgencia. Es evidente que, como sea, tratan de esquivar que salgan a la luz las oscuras maniobras que se hicieron con los "arrepentidos".
La Opinión Popular
O sea que Macri armó un ejército de "arrepentidos", los usó contra los ex funcionarios K, los tuvo bajo su control e influencia durante 1449 días y quedándole apenas once jornadas en el poder, decidió que está mal que dependan del Ejecutivo, por lo cual creó una Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, un ente autárquico, con un consejo consultivo que presidirá el titular de la Cámara de Casación.
La urgencia de la Casa Rosada tiene que ver con que el macrismo no quiere que los "arrepentidos" que creó queden bajo control exclusivo y directo de las nuevas autoridades. El peligro evidente que ven es que se devele la forma en que armaron las declaraciones de esos "arrepentidos", direccionándolas políticamente y sirviendo de base para meter en la cárcel a decenas de opositores.
Las maniobras fueron denunciadas en forma reiterada: apretaron a los imputados, los presionaron a declarar contra los ex funcionarios y ni siquiera se preocuparon por verificar lo que decían los "arrepentidos" ni acumular pruebas que ratificaran los testimonios. A cambio de las declaraciones les dieron vivienda, dinero y, sobre todo, libertad.
El Programa de Protección de Testigos (PPT) maneja a más de 200 imputados o testigos que declararon contra otras personas (casos de narcotráfico, derechos humanos, crimen organizado) y, supuestamente, corren algún riesgo por esas declaraciones.
De todas maneras, la administración Macri produce la apurada maniobra preocupado sólo por unos pocos: el chofer Oscar Centeno, clave en la causa de las fotocopias de los cuadernos; el ex secretario José López, que pretendió mezclar a Cristina Fernández con los nueve millones de dólares que se le encontraron cuando los tiraba en el convento; el contador Víctor Manzanares, también declarante contra CFK; el ex ejecutivo Alejandro Vandenbroele, testigo contra Amado Boudou, y su ex esposa, Laura Muñoz, que también fue decisiva contra el ex vicepresidente, aunque quedó claro que mintió.
Para que estos "arrepentidos" no queden en manos de la administración Fernández, para que no cuenten la verdad de cómo se armaron las declaraciones, el gobierno de Macri esquivó al Congreso y armó la nueva estructura con un decreto de necesidad y urgencia, pese a que está claro que no hay necesidad ni urgencia. Es evidente que, como sea, tratan de esquivar que salgan a la luz las oscuras maniobras que se hicieron con los "arrepentidos".
La Opinión Popular
POR DECRETO
Macri creó una agencia para que los testigos protegidos no dependan de Alberto F
Después de varios días de idas y vueltas, el Gobierno nacional finalmente decidió por decreto quitarle al Ministerio de Justicia la potestad sobre el programa de testigos protegidos y así evitar que dependa de Alberto Fernández cuando éste asuma la Presidencia el 10 de diciembre próximo.
Lo hizo mediante la creación de la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, que tendrá a su cargo "la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos" que colaboren "de modo trascendente y eficiente" en una investigación judicial de competencia federal.
El decreto 795 fue publicado este viernes (29/11) en Boletín Oficial y lleva las firmas del presidente Mauricio Macri y miembros de su gabinete. Allí se señala también que la nueva agencia funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, pero "con el carácter de ente autárquico dotado de autonomía funcional".
El tema había sido adelantado la semana pasada por el titular de esa cartera, Germán Garavano, al considerar que debía ser un ente "autárquico" y que tuviera independencia del Poder Ejecutivo.
En un principio se pensó en pasarlo a la órbita de la Justicia, pero el Gobierno no había encontrado suficiente respaldo en ese ámbito, y la medida se venía demorando.
Según la norma publicada hoy se transfiere además al nuevo organismo "el cargo de Director Nacional, el personal y la totalidad de los bienes, activos, presupuesto vigente y patrimonio" de los que hasta ahora era el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados.
El decreto dispone que la agencia está destinada a "la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal relativa a los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del Código Penal y lo previsto por la Ley N° 23.737 y sus modificatorias".
Pero agrega que podrá incluir "fundadamente otros casos no previstos en el primer párrafo cuando se tratare de delitos vinculados con la delincuencia organizada o de violencia institucional y la trascendencia e interés político criminal de la investigación lo hagan aconsejable".
La norma además crea un Consejo Consultivo que supervisará su funcionamiento y elaborará una propuesta para designar al director de la nueva agencia.
El traspaso del programa fuera de la estructura del próximo gabinete había sido un pedido de los testigos bajo el programa de protección que se encuadran como 'imputados colaboradores' en causas que atañen al kirchnerismo y que temen por su seguridad bajo el gobierno de los Fernández.
Fuente: Urgente24
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