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Nacionales - 28-11-2019 / 10:11
LA TITULAR DE LA OA HABÍA CONFESADO ESTAR ENAMORADA DEL PRESIDENTE MACRI

Laura Alonso, jefa macrista de Anticorrupción, ante la Justicia acusada de encubrir la corrupción de Aranguren

Laura Alonso, jefa macrista de Anticorrupción, ante la Justicia acusada de encubrir la corrupción de Aranguren
De manera desfachatada, desde la alianza Cambiemos, pretendían dar lecciones de moral y ética... Y ahora Laura Alonso es citada en Comodoro Py acusada de encubrir al ex Ministro Aranguren en el delito de "negociaciones incompatibles con la función pública", que es la manera elegante con que se autodesigna la corrupción macrista.
Laura Alonso encabezó la oficina de la venganza en el gobierno de Mauricio Macri. Fue una de las voceras de la persecución política, mediática y judicial de este Gobierno, que instaló teorías falsas en 2015 para llegar al poder, que reprochaba a exfuncionarios que no declaraban y presentaban escritos, se mostró a la Justicia, no declaró y presentó un escrito.
 
Frente a las narices de Laura Alonso se armaron algunas de las operaciones más grotescas que perpetró el Grupo Macri. Se creían intocables, que nunca iban a tener que rendir cuentas ante la Justicia. Alonso se negó a entregar información a la Auditoria General de la Nación (AGN) y por eso fue condenada por la Justicia, que la obligó a ceder los datos. Desde el vamos, fue un nombramiento ilegal porque hubo que cambiar la normativa de la OA ya que Alonso no es abogada.
 
No es únicamente la causa por los aumentos y compras de Juan José Aranguren. A Autopistas del Sol se le reconoció un insólito resarcimiento de 500 millones de dólares y se le renovó el contrato por la Panamericana sin justificación alguna. A eso debe agregarse un increíble aumento de los peajes. Con semejantes ventajas otorgadas por Mauricio Macri, las acciones de Ausol multiplicaron su valor por 40 y ahí el Grupo Macri --o sea Mauricio Macri-- vendió su parte. Alonso ni objetó ni se presentó como querellante en el expediente en el que se investiga semejante negociado.
 
Lo mismo ocurrió con los parques eólicos. La empresa Isolux, tradicional socia del Grupo Macri, había ganado la licitación por seis parques eólicos en Chubut. Sin embargo, la compañía española estaba en una fuerte crisis por las denuncias de corrupción en su país de origen y no desarrolló cinco de los seis parques. El habitual contador del Grupo Macri, Mariano Payaslián, armó varias sociedades que compraron los parques, una operación que debió ser impedida por el estado comandado por Macri justamente por los incumplimientos de Isolux.
 
Lo cierto es que las sociedades compraron los parques en 25 millones de dólares y vendieron cinco a una empresa china y uno a una empresa argentina en 73 millones. O sea, el Grupo Macri, escudado en sociedades constituidas en Luxemburgo, se quedó con 48 millones de dólares en un pase de manos. Nada dijo Alonso sobre el tema.
 
También ante la mirada de la titular de la OA se hizo el acuerdo en el que, según denunció la fiscal Gabriela Boquín, se intentó perdonarle al Grupo Macri casi toda la deuda del Correo. Se trató de "un acuerdo ruinoso para el Estado". Alonso fue denunciada por su inacción.
 
El listado podría continuarse: tras la concesión de Macri de rutas aéreas, Macair, Macri Air, se vendió a Avianca. La aerolínea tenía aviones valorados en 1.200.000 dólares, y la venta se hizo en 10 millones. Fueron tantas las irregularidades que el negocio nunca terminó de perfeccionarse. El negocio no dio y los trabajadores de Avianca--Macair hace nueve meses que no cobran. De Alonso no hubo ni noticias.
 
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PARCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES Y POSIBLES RETORNOS, LOS OTROS CASOS
 
Tras su primera indagatoria, cuáles son las otras causas que complican a Laura Alonso
  
El expediente por "encubrir" al exministro de Energía no es el única que incomoda a la titular de la OA en los tribunales de Comodoro Py.
 
La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, enfrentó este miércoles su primera declaración indagatoria. Fue ante el juez federal Luis Rodríguez, quien la acusa de "encubrir" el accionar del entonces ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, sobre quien pesa una imputación de incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber sido accionista de Shell y, a la vez, haber favorecido desde la cartera que conducía a esa misma petrolera. Pero esta no es la única causa que la exdiputada macrista tiene abierta en los tribunales federales de Comodoro Py. Ni la más incómoda.
 
 
El caso Aranguren
  
El magistrado Luis Rodríguez le imputa a Alonso haber actuado "con abuso de autoridad y violando los deberes y funciones que le comprendían en razón del cargo detentado, al dar una apariencia de legalidad y cobertura al actuar al Ing. Juan José Aranguren como Ministro de Energía y Minería". "Todo ello en miras de ayudar al nombrado a eludir las acciones de la oficina a su cargo en torno al conflicto de intereses que registraba, como así también las investigaciones judiciales en razón a la posible comisión de distintas conductas delictivas que se encontraban vinculadas al ejercicio de la función pública" de Aranguren en la cartera energética, añadió el titular del juzgado federal Nº 9.  
 
Entre otras cosas, Rodríguez le recrimina a la titular de la OA "no haber evaluado y controlado el contenido de la declaración jurada" que Aranguren emitiera ante la dependencia a su cargo el 16 de febrero de 2016 "y de la cual surgiera manifiesto el conflicto de intereses existente entre el nombrado y el grupo empresario Shell".
 
Ante el juez, Alonso se negó a responder preguntas y presentó un escrito en el que sostuvo que no encubrió una infracción de Aranguren ni omitió actuación alguna en la OA. Entre otras cosas, aseguró que "el conflicto de intereses no es en sí mismo una situación irregular o intrínsecamente negativa", algo que es rechazado por distintos especialistas consultados.
 
La postura de Alonso respecto al conflicto de intereses no sorprende.
 
 
Oficina Antikirchnerista
  
En otra causa que avanza en los tribunales de Retiro, a la titular de la OA se la investiga por su parcialidad política en los casos a seguir desde la oficina que dirige. Concretamente, se sospecha que no intervino a conciencia en los casos donde hubo funcionarios macristas denunciados.
 
Este caso la expone a Laura Alonso como uno de los brazos ejecutores de la persecución del actual Gobierno contra exfuncionarios de la gestión anterior.
 
Según la pesquisa el fiscal federal Ramiro González (el caso lo delegó en él el juez Ariel Lijo), la OA durante la gestión de Alonso se presentó como querellante en 20 causas: 19 fueron expedientes contra exfuncionarios kirchneristas. Uno solo fue contra un macirsta: el titular de la AFI, Gustavo Arribas, cuyo caso no prosperó
 
Esa cifra surgió de una consulta que realizó González a todos los juzgados de Comodoro Py para que informen si tenían causas con funcionarios o exfuncionarios denunciados en los que la OA se hubiera presentado como querellante. La consulta era para casos abiertos desde diciembre de 2015. Es decir, durante la gestión de la exdiputada PRO.
 
Ahora, otro interrogante que están buscando despejar los investigadores es si algún juzgado le pidió intervención a la OA en expedientes donde había funcionarios macristas apuntados y la oficina miró para otro lado. Según pudo reconstruir El Destape, el informe sobre este punto está en elaboración pero ya apareció al menos un caso donde el organismo encabezado por la exlegisladora PRO prefirió no intervenir. Se trata de una causas aún en trámite que tiene a Esteban Bullrich como protagonista.
 
Atenta a que el panorama judicial se le está volviendo cada vez más espeso, Laura Alonso nombró abogada defensora en este expediente el pasado 12 de noviembre. Se trata de la misma letrada que la defiende en la causa en que esta imputada con Aranguren: Marta Nercellas, quien patrocinó al extitular de la DAIA, Rubén Beraja, y al funcionario de AFIP vinculado a Carrió, Jaime Mecikovsky, quien está siendo investigado en la causa por espionaje ilegal a jueces.
 
 
La huella en el Correogate
  
Otro expediente "sensible" en el que está denunciada Laura Alonso es el del Correogate, que involucra directamente al presidente Mauricio Macri. Allí fue apuntada por lo que ya parece un modus operandi: una resolución de la OA en la que se considera que los funcionarios del gobierno involucrados en el armado de un acuerdo que beneficiaba a la familia Macri en detrimento del Estado no cometieron ninguna irregularidad.
 
Se trata de la causa penal en que se investiga la condonación por parte del Gobierno de una deuda millonaria que tiene la familia Macri con el Estado. El mentado expediente se inició luego de un dictamen revelador de la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, quien denunció el bochornoso acuerdo que impulsaba la Casa Rosada.
 
A pesar de "la buena voluntad" de Alonso, por ese acuerdo ruinoso para el Estado ya fueron indagados distintos funcionarios, entre ellos, quien fuera ministro de Comunicaciones (hoy ministro saliente de Defensa), el radical Oscar Aguad. También está involucrado el propio presidente de la Nación.
 
 
Conflicto de interés...en la OA
  
Otra causa con un caudal probatorio que compromete a Laura Alonso se desarrolla en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello. En este caso, hay sospechas de conflicto de intereses y abuso de autoridad por parte de Alonso para supuestamente beneficiar a una consultora amiga. Y se investiga si la titular de la OA pagó con fondos públicos su promoción política.
 
Según pudo constatar El Destape hubo declaraciones de empleados de la Oficina Anticorrupción en sede judicial y allanamientos que complicaron a la titular de la Oficina Anticorrupción.
 
En el centro de este expediente está una consultora vinculada al PRO, Consuasor, que estaba a cargo de la comunicación de la OA. 
 
De acuerdo a una denuncia que hizo el abogado Leonardo Martínez Herrero, en base a un trabajo periodístico de Sebastián Lacunza, se supo que Consuasor "se dedica nada menos que al lobbying, lo cual pone a la Lic. Alonso ante un evidente conflicto de intereses". El lobbying es la representación de intereses privados frente al Estado.
 
De acuerdo a la presentación del letrado, "el vínculo de Alonso con Consuasor era uno entre varios ya que Triaca, Bergman, Federico Pinedo y Julio Martinez (Defensa) más Urtubey en Salta le habían extendido contratos similares". Es decir, era una consultora PRO con muchos vínculos comerciales con el Estado.
 
Los socios de Consuasor, Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giudice, tenían contratos con la OA y otros organismos estatales dirigidos por funcionarios macristas. Esto se conoció por un pedido de información pública que realizó Lacunza. Entonces, las dependencias comenzaron a dar de baja los vínculos comerciales con estas personas.
 
Como están involucrados funcionarios, Casanello apeló a la Fiscalía Anticorrupción -la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)- para que realizara un estudio técnico sobre eventuales incompatibilidades en las contrataciones cuestionadas. Todavía no está listo.
 
En el marco de esta causa, el 5 de junio pasado, se realizó un allanamiento en un domicilio de Alejandro Giudice. Del procedimiento surgieron documentos relacionados a la imputación inicial por malversación de fondos públicos.
 
En un archivo informático se encontró una planilla Excel con los montos facturados y los realmente cobrados entre 2016 y 2018. Allí apareció el nombre de Laura Alonso, en dos columnas. Entre ambas, se consignaron pagos entre marzo de 2017 y abril de 2018 por más de un millón de pesos, tal como publicó Lacunza -y ratificaron en sede judicial-. No está claro si el dinero salió de la OA o, por ejemplo, lo aportó la propia Alonso, de forma personal. Como se sospecha que podría tratarse de retornos, el juez Casanello presentó una denuncia que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas.
 
 
Una causa derivada
  
A partir de la causa a cargo de Casanello, se abrió otro expediente en el juzgado a cargo de Rafecas. Es que a partir del procedimiento en el domicilio de uno de los socios de Consuasor surgieron indicios de posibles retornos entre la consultora y no sólo Laura Alonso sino también otras dependencias del Estado. Se trata de una hipótesis que actualmente analiza la Justicia.
 
Por todo esto, el horizonte judicial de Alonso asoma bastante cargado.
 
Por Franco Mizrahi
 
Fuente: El Destape
 

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30-05-2020 / 10:05
Llama la atención que los grandes medios macristas porteños: TN, Clarín e Infobae, se preocupen tanto por la salud mental de la población, en tanto no se opusieron, durante la gestión de Cambiemos, a la falta de inversión en el sistema de salud, que llegó hasta el desmantelamiento del Ministerio de Salud por parte del ex presidente Mauricio Macri, desprotegiendo física y psíquicamente a las grandes mayorías sociales.
 
A partir de la pandemia la vida se volvió extraña; de un día para otro nos convertimos en protagonistas de una distopía. El aislamiento, la reclusión en las casas, la suspensión casi total de las actividades, la desorganización de la vida, la pérdida económica, el miedo al contagio y a la muerte, se volvieron moneda corriente.
 
No es necesario ser psicólogo o psicoanalista para reconocer que en la cuarentena se vivencian una amplia gama de sensaciones y afectos displacenteros que implican padecimiento para el aparato psíquico; pero no se trata de una angustia generada por el aislamiento mismo, sino por aquello que lo motiva, el coronavirus.
 
En la Argentina, el aislamiento se produjo con planificación y prevención cuando la epidemia no estaba desencadenada. La estrategia del gobierno de Alberto Fernández consistió en organizar la comunidad, poniendo el Estado al servicio de la salud y la contención pueblo.
 
En la urgencia, se entendió que el otro no es ni enemigo ni el culpable, sino el prójimo. Que la suerte y el cuidado de él también es el nuestro, ya que es imposible salvarse sólo. Que el aislamiento nada tiene que ver con el individualismo neoliberal, en el que cada uno, indiferente al prójimo, se enfrasca en el "sálvese quien pueda", mientras se mira el ombligo.
 
Se configuró en el país un aislamiento que no fue exclusión, sino un acto de cuidado de cada uno y de la comunidad, porque la solidaridad no es caridad, sino la base de lo colectivo. Una acción política democrática de intentar frenar la muerte, no sólo para la élite, sino para todos.
 
Los países gobernados por la lógica del "mercado", EE.UU., Brasil, Reino Unido, Chile, Italia y España, basada en las ganancias de las empresas por la reducción de los costos, dejaron al cuerpo social amenazado por la enfermedad y la muerte. Esos países no cuidaron a su gente, la dejaron a la intemperie, en angustiosa indefensión y expuesta a la agonía.
 

30-05-2020 / 07:05
Susana Giménez, Maximiliano Guerra, Oscar Martínez, Juan José Sebreli son algunos de los nombres que alimentan la inverosímil ofensiva opositora contra las medidas sanitarias del Gobierno. Para hacerlo ignoran elementos centrales de la realidad actual y aquella que los convocaba durante el gobierno de Macri.
 
La empleada doméstica de una casa de Retiro cuya empleadora había regresado de Alemania, vive en la villa Mugica, en una habitación con su marido y sus padres y comparte el baño con otras 13 personas. Ella fue la primera contagiada por el virus en la villa. Y su madre, Toribia Balbuena, de 84 años, la primera víctima fatal.
 
Fue a principios de mayo cuando el gobierno de CABA no había aplicado un protocolo de cuarentena real en la villa. Otras tres muertes por la epidemia en la villa fueron dirigentes sociales que sostenían comedores populares, los tres, menores de 60 años.
 
Hay una campaña mediática de macristas famosos, como Maximiliano Guerra, Susana Giménez y Juan José Sebreli contra la cuarentena. Se sumaron así al actor Oscar Martínez que afirmó que amigos suyos mayores de 70 años se habían auto contagiado el virus para inmunizarse.
 
Estos personajes tendrían que explicarle sus argumentos contra la cuarentena a la señora Balbuena, a Ramona Medina, a Víctor Giracoy, a Agustín Navarro y a otros centenares de personas. Pero no podrán hacerlo porque estas personas murieron contagiadas por el virus.
 
Martínez tendría que demostrar que su anécdota no fue simple mala fe y que realmente cree tanto en esa afirmación que está dispuesto a cumplirla. Sebreli proclamó con indignación que un policía no lo dejó pasear por una plaza. La próxima vez que vaya a una plaza por favor que se saque una fotografía. No le vamos a creer hasta verlo.
 
Sebreli no habló de la villa Mugica, que está en la CABA, sino de la Villa Azul, que está en Quilmes y fue abandonada a su suerte por la gestión anterior del intendente macrista Martiniano Molina, pero que ahora fue desplazado por la intendenta Mayra Mendoza, de La Cámpora. Sebreli no es un viejito que habla con inocencia. Sabe perfectamente porqué no habla de las villas de CABA que tienen mil veces más infectados. 
 

29-05-2020 / 10:05
El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó su propuesta de reprogramación y pago de la deuda externa, del segmento de 68.000 millones de dólares en títulos de moneda extranjera y bajo jurisdicción extranjera. Alegó que Argentina no podía ofrecer más de un plazo de gracia de tres años y reanudar los pagos en 2023; rebaja de los intereses en 62 por ciento y del capital en 5,4 por ciento; baja de intereses anuales al 2,25 por ciento con pequeñas alzas.
 
Mientras esto sucedía, los medios de comunicación masiva, que responden la macrismo, como: Clarín, La Nación, Infobae, América TV y los periodistas que los corean, fueron creando el sentido común de que caer en default era equivalente a la peste del coronavirus, sino peor. Con lo cual reforzaban la posición de los bonistas, eludían explayarse sobre los costos de evitar el default y debilitaban la propuesta argentina.
 
A cinco días de que venza el actual plazo para ingresar al canje y vencido su acuerdo de confidencialidad, dos de los grupos de acreedores enviaron una nueva propuesta conjunta al Gobierno que busca acercar posiciones para alcanzar un acuerdo y avanzar en la reestructuración de deuda externa por U$D66.200 millones.
 
Según comunicaron, la contraoferta implica un alivio en los pagos del país de más de USD36.000 millones en nueve años. El ministro Guzmán reconoció que hubo "un acercamiento importante" con un grupo de bonistas pero aclaró que el ofrecimiento es "insuficiente" y que aún resta un "camino importante por recorrer".
 

29-05-2020 / 10:05
La angustia que cunde en estos días de encierro en el establishment es muy parecida al arquetipo que describió Sigmund Freud. Es un apremio por resolver algo ya, pero sin saber qué hacer. Lo que sentían todos los que se acercaban a la Esfinge de Tebas temerosos de ser engullidos hasta que Edipo consiguió resolver su enigma.
 
Lo que Alberto Fernández reclamó a los medios de comunicación que "dejen de sembrar", tras la retahíla de preguntas sobre aflicciones y sentimientos que le hicieron en Olivos el sábado a la noche.
 
En la cima de la pirámide social, esa angustia mezcla la contrariedad por las gigantescas pérdidas que empezó a generar la pandemia con la frustración por la ausencia de una solución a la vista. No es muy distinto a lo que movió a Susana Giménez a volar en jet privado a su mansión en Punta del Este.
 
Así, no hay Rivotril que aguante. Entre los hombres de empresa eso se mezcla con un duelo particular: por obra de la cuarentena dejaron de ser "los que mandan", como los definió José Luis de Imaz en 1964, en su libro pionero de la sociología de las élites.
 
El magnate siderúrgico Paolo Rocca es de los que mejor transita esa angustia. Tal vez porque, dueño de una experiencia política juvenil en la izquierda revolucionaria italiana que lo distingue de sus colegas, entiende mejor qué es el Estado.
 
Por un lado empujó a su personal a volver a las oficinas la semana pasada, incluso pese a los casos de coronavirus que ya superaron el medio centenar entre los empleados y contratistas de Techint en Brasil.
 
Del gobierno porteño obtuvo permisos de circulación para todos sus ingenieros y dibujantes sin que nadie revisara demasiado si todos estaban afectados a las obras "esenciales" que declaraban. En paralelo, consiguió que la Nación los incluyera en el programa ATP y les pagara parte de los sueldos.
 

29-05-2020 / 09:05
La Justicia Federal investiga contrataciones directas a empresas publicitarias cercanas al gobierno de Mauricio Macri por no menos de 291 millones de pesos durante los últimos cuatro años. La denuncia penal la presentó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que conduce el fiscal Sergio Rodríguez.
 
La denuncia se realizó en base a una investigación preliminar que estableció como principales responsables de presuntas negociaciones incompatibles con la función pública al ex jefe de gabinete de ministros Marcos Peña, al ex secretario de Comunicación Pública Jorge Grecco y a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti. La causa quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal federal Jorge Di Lello.
 
La presentación de Rodríguez apunta a contrataciones efectuadas sin concurso y que tuvieron como beneficiarias a cuatro sociedades anónimas: Aura Advertising, La Comunidad, Circus BA y Power República.
 
Las firmas serían además las mismas que participaron de la campaña presidencial de Macri en 2015 y que también se encargaron de desarrollar publicidad oficial en otros distritos gobernados por Cambiemos, como la ciudad y la provincia de Buenos Aires o el municipio de Vicente López, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Jorge Macri, respectivamente.
 
Para consumar la ilegal maniobra sin controles que la cuestionaran, la Jefatura de Gabinete impulsó la modificación del decreto 984/2009, que otorgaba exclusividad en el desarrollo de la publicidad oficial a la agencia estatal Télam --donde luego intentarían despedir a 357 trabajadores, incluyendo a los del área a la que habían arrebatado su función histórica--. 
 

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