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Nacionales - 28-11-2019 / 10:11
LA TITULAR DE LA OA HABÍA CONFESADO ESTAR ENAMORADA DEL PRESIDENTE MACRI

Laura Alonso, jefa macrista de Anticorrupción, ante la Justicia acusada de encubrir la corrupción de Aranguren

Laura Alonso, jefa macrista de Anticorrupción, ante la Justicia acusada de encubrir la corrupción de Aranguren
De manera desfachatada, desde la alianza Cambiemos, pretendían dar lecciones de moral y ética... Y ahora Laura Alonso es citada en Comodoro Py acusada de encubrir al ex Ministro Aranguren en el delito de "negociaciones incompatibles con la función pública", que es la manera elegante con que se autodesigna la corrupción macrista.
Laura Alonso encabezó la oficina de la venganza en el gobierno de Mauricio Macri. Fue una de las voceras de la persecución política, mediática y judicial de este Gobierno, que instaló teorías falsas en 2015 para llegar al poder, que reprochaba a exfuncionarios que no declaraban y presentaban escritos, se mostró a la Justicia, no declaró y presentó un escrito.
 
Frente a las narices de Laura Alonso se armaron algunas de las operaciones más grotescas que perpetró el Grupo Macri. Se creían intocables, que nunca iban a tener que rendir cuentas ante la Justicia. Alonso se negó a entregar información a la Auditoria General de la Nación (AGN) y por eso fue condenada por la Justicia, que la obligó a ceder los datos. Desde el vamos, fue un nombramiento ilegal porque hubo que cambiar la normativa de la OA ya que Alonso no es abogada.
 
No es únicamente la causa por los aumentos y compras de Juan José Aranguren. A Autopistas del Sol se le reconoció un insólito resarcimiento de 500 millones de dólares y se le renovó el contrato por la Panamericana sin justificación alguna. A eso debe agregarse un increíble aumento de los peajes. Con semejantes ventajas otorgadas por Mauricio Macri, las acciones de Ausol multiplicaron su valor por 40 y ahí el Grupo Macri --o sea Mauricio Macri-- vendió su parte. Alonso ni objetó ni se presentó como querellante en el expediente en el que se investiga semejante negociado.
 
Lo mismo ocurrió con los parques eólicos. La empresa Isolux, tradicional socia del Grupo Macri, había ganado la licitación por seis parques eólicos en Chubut. Sin embargo, la compañía española estaba en una fuerte crisis por las denuncias de corrupción en su país de origen y no desarrolló cinco de los seis parques. El habitual contador del Grupo Macri, Mariano Payaslián, armó varias sociedades que compraron los parques, una operación que debió ser impedida por el estado comandado por Macri justamente por los incumplimientos de Isolux.
 
Lo cierto es que las sociedades compraron los parques en 25 millones de dólares y vendieron cinco a una empresa china y uno a una empresa argentina en 73 millones. O sea, el Grupo Macri, escudado en sociedades constituidas en Luxemburgo, se quedó con 48 millones de dólares en un pase de manos. Nada dijo Alonso sobre el tema.
 
También ante la mirada de la titular de la OA se hizo el acuerdo en el que, según denunció la fiscal Gabriela Boquín, se intentó perdonarle al Grupo Macri casi toda la deuda del Correo. Se trató de "un acuerdo ruinoso para el Estado". Alonso fue denunciada por su inacción.
 
El listado podría continuarse: tras la concesión de Macri de rutas aéreas, Macair, Macri Air, se vendió a Avianca. La aerolínea tenía aviones valorados en 1.200.000 dólares, y la venta se hizo en 10 millones. Fueron tantas las irregularidades que el negocio nunca terminó de perfeccionarse. El negocio no dio y los trabajadores de Avianca--Macair hace nueve meses que no cobran. De Alonso no hubo ni noticias.
 
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PARCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES Y POSIBLES RETORNOS, LOS OTROS CASOS
 
Tras su primera indagatoria, cuáles son las otras causas que complican a Laura Alonso
  
El expediente por "encubrir" al exministro de Energía no es el única que incomoda a la titular de la OA en los tribunales de Comodoro Py.
 
La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, enfrentó este miércoles su primera declaración indagatoria. Fue ante el juez federal Luis Rodríguez, quien la acusa de "encubrir" el accionar del entonces ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, sobre quien pesa una imputación de incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber sido accionista de Shell y, a la vez, haber favorecido desde la cartera que conducía a esa misma petrolera. Pero esta no es la única causa que la exdiputada macrista tiene abierta en los tribunales federales de Comodoro Py. Ni la más incómoda.
 
 
El caso Aranguren
  
El magistrado Luis Rodríguez le imputa a Alonso haber actuado "con abuso de autoridad y violando los deberes y funciones que le comprendían en razón del cargo detentado, al dar una apariencia de legalidad y cobertura al actuar al Ing. Juan José Aranguren como Ministro de Energía y Minería". "Todo ello en miras de ayudar al nombrado a eludir las acciones de la oficina a su cargo en torno al conflicto de intereses que registraba, como así también las investigaciones judiciales en razón a la posible comisión de distintas conductas delictivas que se encontraban vinculadas al ejercicio de la función pública" de Aranguren en la cartera energética, añadió el titular del juzgado federal Nº 9.  
 
Entre otras cosas, Rodríguez le recrimina a la titular de la OA "no haber evaluado y controlado el contenido de la declaración jurada" que Aranguren emitiera ante la dependencia a su cargo el 16 de febrero de 2016 "y de la cual surgiera manifiesto el conflicto de intereses existente entre el nombrado y el grupo empresario Shell".
 
Ante el juez, Alonso se negó a responder preguntas y presentó un escrito en el que sostuvo que no encubrió una infracción de Aranguren ni omitió actuación alguna en la OA. Entre otras cosas, aseguró que "el conflicto de intereses no es en sí mismo una situación irregular o intrínsecamente negativa", algo que es rechazado por distintos especialistas consultados.
 
La postura de Alonso respecto al conflicto de intereses no sorprende.
 
 
Oficina Antikirchnerista
  
En otra causa que avanza en los tribunales de Retiro, a la titular de la OA se la investiga por su parcialidad política en los casos a seguir desde la oficina que dirige. Concretamente, se sospecha que no intervino a conciencia en los casos donde hubo funcionarios macristas denunciados.
 
Este caso la expone a Laura Alonso como uno de los brazos ejecutores de la persecución del actual Gobierno contra exfuncionarios de la gestión anterior.
 
Según la pesquisa el fiscal federal Ramiro González (el caso lo delegó en él el juez Ariel Lijo), la OA durante la gestión de Alonso se presentó como querellante en 20 causas: 19 fueron expedientes contra exfuncionarios kirchneristas. Uno solo fue contra un macirsta: el titular de la AFI, Gustavo Arribas, cuyo caso no prosperó
 
Esa cifra surgió de una consulta que realizó González a todos los juzgados de Comodoro Py para que informen si tenían causas con funcionarios o exfuncionarios denunciados en los que la OA se hubiera presentado como querellante. La consulta era para casos abiertos desde diciembre de 2015. Es decir, durante la gestión de la exdiputada PRO.
 
Ahora, otro interrogante que están buscando despejar los investigadores es si algún juzgado le pidió intervención a la OA en expedientes donde había funcionarios macristas apuntados y la oficina miró para otro lado. Según pudo reconstruir El Destape, el informe sobre este punto está en elaboración pero ya apareció al menos un caso donde el organismo encabezado por la exlegisladora PRO prefirió no intervenir. Se trata de una causas aún en trámite que tiene a Esteban Bullrich como protagonista.
 
Atenta a que el panorama judicial se le está volviendo cada vez más espeso, Laura Alonso nombró abogada defensora en este expediente el pasado 12 de noviembre. Se trata de la misma letrada que la defiende en la causa en que esta imputada con Aranguren: Marta Nercellas, quien patrocinó al extitular de la DAIA, Rubén Beraja, y al funcionario de AFIP vinculado a Carrió, Jaime Mecikovsky, quien está siendo investigado en la causa por espionaje ilegal a jueces.
 
 
La huella en el Correogate
  
Otro expediente "sensible" en el que está denunciada Laura Alonso es el del Correogate, que involucra directamente al presidente Mauricio Macri. Allí fue apuntada por lo que ya parece un modus operandi: una resolución de la OA en la que se considera que los funcionarios del gobierno involucrados en el armado de un acuerdo que beneficiaba a la familia Macri en detrimento del Estado no cometieron ninguna irregularidad.
 
Se trata de la causa penal en que se investiga la condonación por parte del Gobierno de una deuda millonaria que tiene la familia Macri con el Estado. El mentado expediente se inició luego de un dictamen revelador de la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, quien denunció el bochornoso acuerdo que impulsaba la Casa Rosada.
 
A pesar de "la buena voluntad" de Alonso, por ese acuerdo ruinoso para el Estado ya fueron indagados distintos funcionarios, entre ellos, quien fuera ministro de Comunicaciones (hoy ministro saliente de Defensa), el radical Oscar Aguad. También está involucrado el propio presidente de la Nación.
 
 
Conflicto de interés...en la OA
  
Otra causa con un caudal probatorio que compromete a Laura Alonso se desarrolla en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello. En este caso, hay sospechas de conflicto de intereses y abuso de autoridad por parte de Alonso para supuestamente beneficiar a una consultora amiga. Y se investiga si la titular de la OA pagó con fondos públicos su promoción política.
 
Según pudo constatar El Destape hubo declaraciones de empleados de la Oficina Anticorrupción en sede judicial y allanamientos que complicaron a la titular de la Oficina Anticorrupción.
 
En el centro de este expediente está una consultora vinculada al PRO, Consuasor, que estaba a cargo de la comunicación de la OA. 
 
De acuerdo a una denuncia que hizo el abogado Leonardo Martínez Herrero, en base a un trabajo periodístico de Sebastián Lacunza, se supo que Consuasor "se dedica nada menos que al lobbying, lo cual pone a la Lic. Alonso ante un evidente conflicto de intereses". El lobbying es la representación de intereses privados frente al Estado.
 
De acuerdo a la presentación del letrado, "el vínculo de Alonso con Consuasor era uno entre varios ya que Triaca, Bergman, Federico Pinedo y Julio Martinez (Defensa) más Urtubey en Salta le habían extendido contratos similares". Es decir, era una consultora PRO con muchos vínculos comerciales con el Estado.
 
Los socios de Consuasor, Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giudice, tenían contratos con la OA y otros organismos estatales dirigidos por funcionarios macristas. Esto se conoció por un pedido de información pública que realizó Lacunza. Entonces, las dependencias comenzaron a dar de baja los vínculos comerciales con estas personas.
 
Como están involucrados funcionarios, Casanello apeló a la Fiscalía Anticorrupción -la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)- para que realizara un estudio técnico sobre eventuales incompatibilidades en las contrataciones cuestionadas. Todavía no está listo.
 
En el marco de esta causa, el 5 de junio pasado, se realizó un allanamiento en un domicilio de Alejandro Giudice. Del procedimiento surgieron documentos relacionados a la imputación inicial por malversación de fondos públicos.
 
En un archivo informático se encontró una planilla Excel con los montos facturados y los realmente cobrados entre 2016 y 2018. Allí apareció el nombre de Laura Alonso, en dos columnas. Entre ambas, se consignaron pagos entre marzo de 2017 y abril de 2018 por más de un millón de pesos, tal como publicó Lacunza -y ratificaron en sede judicial-. No está claro si el dinero salió de la OA o, por ejemplo, lo aportó la propia Alonso, de forma personal. Como se sospecha que podría tratarse de retornos, el juez Casanello presentó una denuncia que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas.
 
 
Una causa derivada
  
A partir de la causa a cargo de Casanello, se abrió otro expediente en el juzgado a cargo de Rafecas. Es que a partir del procedimiento en el domicilio de uno de los socios de Consuasor surgieron indicios de posibles retornos entre la consultora y no sólo Laura Alonso sino también otras dependencias del Estado. Se trata de una hipótesis que actualmente analiza la Justicia.
 
Por todo esto, el horizonte judicial de Alonso asoma bastante cargado.
 
Por Franco Mizrahi
 
Fuente: El Destape
 

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13-02-2026 / 10:02
Con un discurso que es música para los oídos de los ricos empresarios, el gobierno ultra derechista de Javier "el Loco" Milei aprobó en la Cámara Alta el proyecto de Reforma Laboral esclavista que es la continuidad de la Motosierra aplicada desde su asunción. Empezó con el DNU 70/2023, siguió con la Ley Bases y otros engendros como el desfinanciamiento en Educación y en Discapacidad; y ahora remata con el recorte y hasta la eliminación de conquistas históricas de justicia social obtenidas tras décadas de lucha obrera y resistencia popular, que costó muchas vidas.
 
La reforma laboral del Gobierno ultra derechista de Milei destruye el derecho de las y los trabajadores por tres grandes vías. Ataca el contrato individual -con la creación del banco de horas, el fraccionamiento de las vacaciones o el recorte a las licencias por enfermedad-, debilita la acción sindical -con los límites al derecho a huelga, o la prohibición de las asambleas- y por último, también ataca a la justicia laboral -con, por ejemplo, el traspaso a los tribunales a la Ciudad de Buenos Aires-.
 
Una encerrona a la que la administración del fascista Milei pretende llevar a los empleados formales, pero también a los informales, a los que deja tanto o más desprotegidos de lo que estaban hasta ahora. Ni trabajadores de aplicaciones ni monotributistas, el proyecto libertario no tiene beneficiarios entre la masa trabajadora.
 
"Si te lastimaste jugando al fútbol, tu jefe no tiene nada que ver". La frase del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, resume el argumento libertario para romper con un derecho histórico: las licencias por enfermedad. Si la ley se sanciona, aquella persona que tenga una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de las tareas laborales cobrará solo el 50 por ciento del sueldo que percibía al momento del accidente durante 3 meses o 6 si tiene personas a cargo.
 
Los libertarios fueron un poco más generosos con aquellos que padezcan "enfermedades no voluntarias", es decir, que no sean consecuencia de actividades voluntarias riesgosas. En ese caso, el empleado tendrá derecho a percibir el 75 por ciento del salario. Una situación a la que la senadora de Fuerza Patria Cristina López calificó como "esclavitud laboral". "Si te enfermás, perdés. Si tu cuerpo no da más perdés, igual que en el siglo XIX", dijo.
 
El proyecto que Bullrich logró sancionar en el Senado habla de una "negociación dinámica" del salario, es decir, que los gremios o los trabajadores particulares pueden acordar con las empresas extras como bonos o compensaciones que estén vinculados a niveles de productividad o de objetivos. También habilita el "banco de horas", que hace que el empleado sume las extras y acumule una especie de saldo para después canjear por días libres o jornadas de trabajo reducidas.
 
Es decir, pone a trabajadores y empresarios en igualdad de condiciones para poder negociar en una relación que es desigual, en la que las fuerzas son distintas. Para el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matías Cremonte, "la ley lo que hace es volver a desequilibrar la balanza en favor de los empresarios". Al modificar la Ley de Contrato de Trabajo, el Gobierno busca que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días (antes eran por 15) y que el trabajador tenga, al menos, un período de vacaciones en verano cada 3 años. Una complicación a la hora de combinar con el ritmo escolar en los casos de quienes tienen hijos.
 
Su aprobación es una dura derrota para el movimiento obrero y los trabajadores precarizados, no se crearán más puestos de trabajo, sino que habrá más precarización laboral y superexplotación, generando más riquezas para los empresarios y más penurias para quienes no tienen más que su fuerza de trabajo.
 
La Opinión Popular
 

12-02-2026 / 10:02
El aire pica, arde, lastima la garganta. No se puede respirar. Lágrimas y ojos rojos. Corridas. Un rato antes de las cuatro de la tarde, la calma tensa de la Plaza del Congreso estalló en pedazos. A mansalva, el pelotón de gendarmes dispara sus escopetas desde la avenida Entre Ríos mientras los camiones hidrantes escupen agua para despejar lo que la política no pudo convencer. Llueven las bombas lacrimógenas sobre una plaza que, apenas una hora antes, era un hervidero de trabajadores protestando contra una reforma laboral que se dice moderna pero es esclavista y decimonónica: un viaje sin escalas al siglo XIX.
 
Otra vez el panic show mileísta: un despliegue de detenciones y balas de goma para vaciar la calle mientras adentro, en el palacio legislativo de mármol, se ejecuta el remate de la dignidad de los laburantes. La jornada había comenzado con un blanco nuclear. No era el sol de la justicia, sino el resplandor de una subasta que no admite ofertas en pesos, solo se liquida con el lomo del que labura. Obreros, docentes, judiciales, bancarios, jubilados...
 
A las dos de la tarde, las columnas de los gremios empezaron a ganar la calle, y para las tres, la Plaza ya era un mar de banderas y espanto bajo un sol tremendo. Los gendarmes, alineados con una simetría maníaca, exhiben botas con un brillo obsceno, casi un espejo donde podés peinarte antes de que te partan el alma. Estaban agazapados tras las vallas, custodiando un Congreso enjaulado como pajarera de lujo.
 
En el corralito antes del Palacio, el ingenio popular intentó ganarle al cinismo: un cartel gritaba "Saluden a las horas extras que se van", mientras otro advertía: "Con el banco de horas despedite de tu familia". Hay carteles más directos que se agitan sobre las cabezas: "Quitar derechos laborales viola la Constitución Nacional".
 
Bajo un celeste furioso, los paraguas de los ferroviarios servían para taparse del sol mientras una señora repartía estampitas de la Virgen de Luján "para que nos salve". Luis, operario metalúrgico de Quilmes, buscaba un resto de sombra bajo un ombú: "Si te pueden pagar el sueldo con fideos o fraccionarte las vacaciones, lo único que liberan es la mano del patrón para apretarnos más fuerte". Gabriel Espósito, delegado de ATE en Atucha, miraba las vallas con preocupación: "Estamos peleando para tirar atrás esta reforma que nos regresa cien años en el tiempo. Es un capítulo más de un proyecto que quiere ver a los sectores populares de rodillas".
 
Mientras en la calle se ponía el cuerpo, en los pasillos del Senado se pulía el desguace. El clan Caputo y los Menem cerraron el canje de Ganancias por la Reforma Laboral. La perversión es quirúrgica: se derogan estatutos y se liquida la indemnización plena. Pablo Luna, jubilado de YPF, no lo podía creer: "Se están pasando el 14 bis por las pelotas. ¡Qué futuro les espera a los chicos!".
 
Antes de que el gas lo cubriera todo, un solo grito unificaba las columnas: "¡Paro, paro, paro... paro general!". Era el reclamo de la calle que el Parlamento se negaba a escuchar. Pasadas las cuatro, el escenario mutó en pesadilla. Un grupo de encapuchados protagonizó incidentes contra el vallado, la excusa perfecta para que la represión se volviera cacería. El avance de la Gendarmería y de los cosacos de la Ciudad convirtió la Plaza en un territorio ocupado. El "modelo Milei" consiguió su victoria de papel entre nubes de tóxicos.
 
En el asfalto caliente, donde todavía flota el ácido del gas pimienta, el aire se volvió irrespirable. Adentro del Congreso brinda la casta mileísta; afuera, el pueblo mastica el polvo de una traición. La patria no se vende, se defiende, y esta tarde la defensa se escribió con el cuero aguantando el fuego del amo. Pero no seremos su esclavo: sean eternos los derechos que supimos conseguir.
 
La Opinión Popular
 

11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

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