09:20 | Martes 30 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 28-11-2019 / 10:11

LA TITULAR DE LA OA HABÍA CONFESADO ESTAR ENAMORADA DEL PRESIDENTE MACRI

Laura Alonso, jefa macrista de Anticorrupción, ante la Justicia acusada de encubrir la corrupción de Aranguren

De manera desfachatada, desde la alianza Cambiemos, pretendían dar lecciones de moral y ética... Y ahora Laura Alonso es citada en Comodoro Py acusada de encubrir al ex Ministro Aranguren en el delito de "negociaciones incompatibles con la función pública", que es la manera elegante con que se autodesigna la corrupción macrista.

Laura Alonso encabezó la oficina de la venganza en el gobierno de Mauricio Macri. Fue una de las voceras de la persecución política, mediática y judicial de este Gobierno, que instaló teorías falsas en 2015 para llegar al poder, que reprochaba a exfuncionarios que no declaraban y presentaban escritos, se mostró a la Justicia, no declaró y presentó un escrito.

Frente a las narices de Laura Alonso se armaron algunas de las operaciones más grotescas que perpetró el Grupo Macri. Se creían intocables, que nunca iban a tener que rendir cuentas ante la Justicia. Alonso se negó a entregar información a la Auditoria General de la Nación (AGN) y por eso fue condenada por la Justicia, que la obligó a ceder los datos. Desde el vamos, fue un nombramiento ilegal porque hubo que cambiar la normativa de la OA ya que Alonso no es abogada.

No es únicamente la causa por los aumentos y compras de Juan José Aranguren. A Autopistas del Sol se le reconoció un insólito resarcimiento de 500 millones de dólares y se le renovó el contrato por la Panamericana sin justificación alguna. A eso debe agregarse un increíble aumento de los peajes. Con semejantes ventajas otorgadas por Mauricio Macri, las acciones de Ausol multiplicaron su valor por 40 y ahí el Grupo Macri --o sea Mauricio Macri-- vendió su parte. Alonso ni objetó ni se presentó como querellante en el expediente en el que se investiga semejante negociado.

Lo mismo ocurrió con los parques eólicos. La empresa Isolux, tradicional socia del Grupo Macri, había ganado la licitación por seis parques eólicos en Chubut. Sin embargo, la compañía española estaba en una fuerte crisis por las denuncias de corrupción en su país de origen y no desarrolló cinco de los seis parques. El habitual contador del Grupo Macri, Mariano Payaslián, armó varias sociedades que compraron los parques, una operación que debió ser impedida por el estado comandado por Macri justamente por los incumplimientos de Isolux.

Lo cierto es que las sociedades compraron los parques en 25 millones de dólares y vendieron cinco a una empresa china y uno a una empresa argentina en 73 millones. O sea, el Grupo Macri, escudado en sociedades constituidas en Luxemburgo, se quedó con 48 millones de dólares en un pase de manos. Nada dijo Alonso sobre el tema.

También ante la mirada de la titular de la OA se hizo el acuerdo en el que, según denunció la fiscal Gabriela Boquín, se intentó perdonarle al Grupo Macri casi toda la deuda del Correo. Se trató de "un acuerdo ruinoso para el Estado". Alonso fue denunciada por su inacción.

El listado podría continuarse: tras la concesión de Macri de rutas aéreas, Macair, Macri Air, se vendió a Avianca. La aerolínea tenía aviones valorados en 1.200.000 dólares, y la venta se hizo en 10 millones. Fueron tantas las irregularidades que el negocio nunca terminó de perfeccionarse. El negocio no dio y los trabajadores de Avianca--Macair hace nueve meses que no cobran. De Alonso no hubo ni noticias.

La Opinión Popular

PARCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES Y POSIBLES RETORNOS, LOS OTROS CASOS

Tras su primera indagatoria, cuáles son las otras causas que complican a Laura Alonso

El expediente por "encubrir" al exministro de Energía no es el única que incomoda a la titular de la OA en los tribunales de Comodoro Py.

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, enfrentó este miércoles su primera declaración indagatoria. Fue ante el juez federal Luis Rodríguez, quien la acusa de "encubrir" el accionar del entonces ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, sobre quien pesa una imputación de incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber sido accionista de Shell y, a la vez, haber favorecido desde la cartera que conducía a esa misma petrolera. Pero esta no es la única causa que la exdiputada macrista tiene abierta en los tribunales federales de Comodoro Py. Ni la más incómoda.

El caso Aranguren

El magistrado Luis Rodríguez le imputa a Alonso haber actuado "con abuso de autoridad y violando los deberes y funciones que le comprendían en razón del cargo detentado, al dar una apariencia de legalidad y cobertura al actuar al Ing. Juan José Aranguren como Ministro de Energía y Minería". "Todo ello en miras de ayudar al nombrado a eludir las acciones de la oficina a su cargo en torno al conflicto de intereses que registraba, como así también las investigaciones judiciales en razón a la posible comisión de distintas conductas delictivas que se encontraban vinculadas al ejercicio de la función pública" de Aranguren en la cartera energética, añadió el titular del juzgado federal Nº 9.

Entre otras cosas, Rodríguez le recrimina a la titular de la OA "no haber evaluado y controlado el contenido de la declaración jurada" que Aranguren emitiera ante la dependencia a su cargo el 16 de febrero de 2016 "y de la cual surgiera manifiesto el conflicto de intereses existente entre el nombrado y el grupo empresario Shell".

Ante el juez, Alonso se negó a responder preguntas y presentó un escrito en el que sostuvo que no encubrió una infracción de Aranguren ni omitió actuación alguna en la OA. Entre otras cosas, aseguró que "el conflicto de intereses no es en sí mismo una situación irregular o intrínsecamente negativa", algo que es rechazado por distintos especialistas consultados.

La postura de Alonso respecto al conflicto de intereses no sorprende.

Oficina Antikirchnerista

En otra causa que avanza en los tribunales de Retiro, a la titular de la OA se la investiga por su parcialidad política en los casos a seguir desde la oficina que dirige. Concretamente, se sospecha que no intervino a conciencia en los casos donde hubo funcionarios macristas denunciados.

Este caso la expone a Laura Alonso como uno de los brazos ejecutores de la persecución del actual Gobierno contra exfuncionarios de la gestión anterior.

Según la pesquisa el fiscal federal Ramiro González (el caso lo delegó en él el juez Ariel Lijo), la OA durante la gestión de Alonso se presentó como querellante en 20 causas: 19 fueron expedientes contra exfuncionarios kirchneristas. Uno solo fue contra un macirsta: el titular de la AFI, Gustavo Arribas, cuyo caso no prosperó

Esa cifra surgió de una consulta que realizó González a todos los juzgados de Comodoro Py para que informen si tenían causas con funcionarios o exfuncionarios denunciados en los que la OA se hubiera presentado como querellante. La consulta era para casos abiertos desde diciembre de 2015. Es decir, durante la gestión de la exdiputada PRO.

Ahora, otro interrogante que están buscando despejar los investigadores es si algún juzgado le pidió intervención a la OA en expedientes donde había funcionarios macristas apuntados y la oficina miró para otro lado. Según pudo reconstruir El Destape, el informe sobre este punto está en elaboración pero ya apareció al menos un caso donde el organismo encabezado por la exlegisladora PRO prefirió no intervenir. Se trata de una causas aún en trámite que tiene a Esteban Bullrich como protagonista.

Atenta a que el panorama judicial se le está volviendo cada vez más espeso, Laura Alonso nombró abogada defensora en este expediente el pasado 12 de noviembre. Se trata de la misma letrada que la defiende en la causa en que esta imputada con Aranguren: Marta Nercellas, quien patrocinó al extitular de la DAIA, Rubén Beraja, y al funcionario de AFIP vinculado a Carrió, Jaime Mecikovsky, quien está siendo investigado en la causa por espionaje ilegal a jueces.

La huella en el Correogate

Otro expediente "sensible" en el que está denunciada Laura Alonso es el del Correogate, que involucra directamente al presidente Mauricio Macri. Allí fue apuntada por lo que ya parece un modus operandi: una resolución de la OA en la que se considera que los funcionarios del gobierno involucrados en el armado de un acuerdo que beneficiaba a la familia Macri en detrimento del Estado no cometieron ninguna irregularidad.

Se trata de la causa penal en que se investiga la condonación por parte del Gobierno de una deuda millonaria que tiene la familia Macri con el Estado. El mentado expediente se inició luego de un dictamen revelador de la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, quien denunció el bochornoso acuerdo que impulsaba la Casa Rosada.

A pesar de "la buena voluntad" de Alonso, por ese acuerdo ruinoso para el Estado ya fueron indagados distintos funcionarios, entre ellos, quien fuera ministro de Comunicaciones (hoy ministro saliente de Defensa), el radical Oscar Aguad. También está involucrado el propio presidente de la Nación.

Conflicto de interés...en la OA

Otra causa con un caudal probatorio que compromete a Laura Alonso se desarrolla en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello. En este caso, hay sospechas de conflicto de intereses y abuso de autoridad por parte de Alonso para supuestamente beneficiar a una consultora amiga. Y se investiga si la titular de la OA pagó con fondos públicos su promoción política.

Según pudo constatar El Destape hubo declaraciones de empleados de la Oficina Anticorrupción en sede judicial y allanamientos que complicaron a la titular de la Oficina Anticorrupción.

En el centro de este expediente está una consultora vinculada al PRO, Consuasor, que estaba a cargo de la comunicación de la OA.

De acuerdo a una denuncia que hizo el abogado Leonardo Martínez Herrero, en base a un trabajo periodístico de Sebastián Lacunza, se supo que Consuasor "se dedica nada menos que al lobbying, lo cual pone a la Lic. Alonso ante un evidente conflicto de intereses". El lobbying es la representación de intereses privados frente al Estado.

De acuerdo a la presentación del letrado, "el vínculo de Alonso con Consuasor era uno entre varios ya que Triaca, Bergman, Federico Pinedo y Julio Martinez (Defensa) más Urtubey en Salta le habían extendido contratos similares". Es decir, era una consultora PRO con muchos vínculos comerciales con el Estado.

Los socios de Consuasor, Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giudice, tenían contratos con la OA y otros organismos estatales dirigidos por funcionarios macristas. Esto se conoció por un pedido de información pública que realizó Lacunza. Entonces, las dependencias comenzaron a dar de baja los vínculos comerciales con estas personas.

Como están involucrados funcionarios, Casanello apeló a la Fiscalía Anticorrupción -la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)- para que realizara un estudio técnico sobre eventuales incompatibilidades en las contrataciones cuestionadas. Todavía no está listo.

En el marco de esta causa, el 5 de junio pasado, se realizó un allanamiento en un domicilio de Alejandro Giudice. Del procedimiento surgieron documentos relacionados a la imputación inicial por malversación de fondos públicos.

En un archivo informático se encontró una planilla Excel con los montos facturados y los realmente cobrados entre 2016 y 2018. Allí apareció el nombre de Laura Alonso, en dos columnas. Entre ambas, se consignaron pagos entre marzo de 2017 y abril de 2018 por más de un millón de pesos, tal como publicó Lacunza -y ratificaron en sede judicial-. No está claro si el dinero salió de la OA o, por ejemplo, lo aportó la propia Alonso, de forma personal. Como se sospecha que podría tratarse de retornos, el juez Casanello presentó una denuncia que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas.

Una causa derivada

A partir de la causa a cargo de Casanello, se abrió otro expediente en el juzgado a cargo de Rafecas. Es que a partir del procedimiento en el domicilio de uno de los socios de Consuasor surgieron indicios de posibles retornos entre la consultora y no sólo Laura Alonso sino también otras dependencias del Estado. Se trata de una hipótesis que actualmente analiza la Justicia.

Por todo esto, el horizonte judicial de Alonso asoma bastante cargado.

Por Franco Mizrahi

Fuente: El Destape

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".

28-12-2025 / 12:12

Al revés de lo que pretende Milei, las empresas remarcan para amortiguar caída de ventas y pérdidas millonarias

Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.

Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.

Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.

Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.

Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.

Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.

PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.

Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.

En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.

Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.

27-12-2025 / 09:12

Defendiendo lo indefendible: El apoyo a Milei fue contra los intereses de la mayoría que lo votó, aunque ellos se ilusionan con lo contrario

Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.

Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.

El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.

Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.

En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.

Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.

Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.

Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.

En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza.

26-12-2025 / 07:12

El Loco Milei contra la Iglesia Católica: Una relación que va de fría a congelada

Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.

Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.

Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".

Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".

Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.

El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.

El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).

A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.

"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.

La Opinión Popular

24-12-2025 / 11:12

Corrupción libertaria en la Agencia Nacional de Discapacidad: El exnúmero dos niega todo y deja a Spagnuolo como el corrompido de las compras truchas

La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.

La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.

En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.

Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.

En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.

Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".

El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.

Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.

La Opinión Popular