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Nacionales - 27-11-2019 / 11:11
INDAGAN A LAURA ALONSO POR ENCUBRIMIENTO A ARANGUREN

Comienza el desfile de funcionarios macristas en la Justicia

Comienza el desfile de funcionarios macristas en la Justicia
Laura Alonso, “la enamorada de Macri”, debuta como imputada en Comodoro Py. La titular de la Oficina Anticorrupción está acusada por el presunto encubrimiento del delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”. Desde su puesto, Alonso se ocupó de perseguir y lograr encarcelar a funcionarios del gobierno anterior, pero no impulsó un solo expediente de funcionarios macristas.
Los pasillos de Comodoro Py no son desconocidos para Laura Alonso. Durante estos casi cuatro años los transitó para darle impulso a las numerosas causas contra funcionarios K, en las que ofició como fanática querellante bajo la bandera de la supuesta lucha contra la corrupción.
 
Sin embargo, este miércoles, el recorrido hasta el tercer piso de los tribunales de retiro tendrá una impronta nueva para la militante ultra macrista. Es porque por primera vez deberá llegar hasta el despacho de un juez en calidad de imputada.
 
Ese juez es Luís Rodríguez, quien la indagará por el presunto delito de encubrimiento en la causa que investiga si Juan José Aranguren benefició a la empresa Shell con los aumentos de tarifas y la compra directa de gas a Chile. El ex ministro de Energía de Mauricio Macri había sido directivo de la petrolera y cuando asumió aún tenía acciones en la firma por más de trece millones de pesos.
 
El juez de instrucción número 9 investiga si Aranguren incurrió en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública con su decisión de incrementar los combustibles mientras aún tenía las acciones clase A en Shell y por la importación del fluido en forma directa. Por su parte, Laura Alonso habría encubierto al ex funcionario.
 
Mientras Aranguren rompió el hielo de las indagatorias en el expediente la semana pasada, este miércoles será el turno de Alonso, quien seguramente argumentará que en su momento firmó un dictamen en el que le recomendaba al exCEO vender su participación en la empresa para evitar conflicto de intereses.
 
Alonso había dictaminado que era aconsejable que Aranguren se deshaga de sus acciones, pero que no era un delito que las conservara, argumento que fue repetido por el exministro ante el magistrado.
 
Sin embargo, según la denuncia presentada en 2016 por los Diputados Rodolfo Tahilade y Mario Doñate, la ex directora de Poder Ciudadano hizo caso omiso a las advertencias que habían ingresado formalmente por la ventanilla de la OA, un mes antes de la decisión de la compra de gas a Chile.
 
La lupa de los investigadores está puesta no sólo en si benefició a la compañía de la que había sido parte antes de asumir en el Estado, sino además si efectivamente vendió sus acciones como anunció el propio Mauricio Macri cuando estalló el escándalo y tras la "recomendación" de la Oficina Anticorrupción. Y, si lo hizo, quién fue el comprador.
 
Aranguren está imputado por al menos ocho hechos y ahora resta definir su situación procesal, lo que sucederá recién después de la declaración de Laura Alonso.  Quien, por su parte, deberá enfrentar la primera indagatoria por su polémico accionar al frente de la Oficina Anticorrupción, desde donde se ocupó de perseguir y lograr encarcelar a funcionarios del gobierno anterior, mientras que no impulsó un solo expediente que involucrara a la gestión macrista.
 
La Opinión Popular

 
Comodoro Py: indagan a Laura Alonso por presunto encubrimiento a Aranguren
  
La titular de la Oficina Anticorrupción declara como imputada en los tribunales de Retiro en la causa por incompatibilidad de funcionario público que se le sigue al ex ministro de Energía.
 
Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, declara hoy en los tribunales de Comodoro Py como indagada en una causa en la que está acusada de "encubrimiento" del ex ministro de Energía Juan José Aranguren, quien se habría beneficiado por su doble rol de funcionario y accionista de la empresa Shell.
 
La secretaria de Ética Pública había sido convocada para el miércoles de la semana pasada, pero su defensora pidió una postergación, la que fue autorizada por el juez Luis Rodríguez a cargo del caso.
 
Alonso está acusada de encubrir a Aranguren ya que no habría denunciado irregularidades que fueron advertidas por los denunciantes de la causa, los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade.
 
La causa se inició en mayo de 2016 por una denuncia de los diputados quienes acusaron al entonces ministro de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su "doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.".
 
Los diputados denunciaron que en su declaración jurada patrimonial, Aranguren, ex presidente de la filial argentina de la petrolera , declaró poseer "más de trece millones de pesos en acciones 'clase A' de la empresa Royal Dutch Shell".
 
El 28 y 29 de marzo de 2016 se dictaron las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial que autorizaron el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell.
 
También se autorizó la "compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia", lo que, según la denuncia puso "en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG, la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino".
 
Aranguren ya fue indagado por negociaciones incompatibles con la función pública. Explicó que "el incremento en el precio del gas no le llega a las compañías petroleras porque el precio que reciben las compañía por el gas durante en el período 2016-2017, que es el periodo imputado, es el mismo que provenía de un plan gas diseñado por la anterior administración".
 
"El incremento del precio que sufrieron los usuarios residenciales lo que logró fue reducir el subsidio por parte del Estado", explicó. Las empresas no se beneficiaron con los aumentos, no fue a las empresas, sino que redujo los subsidios que se pagaban a los usuarios".
 
También argumentó que "en ningún momento me interesé particularmente por algún proveedor, tomé decisiones de carácter general y siempre en beneficio del interés público".
 
En la misma causa fue citada Laura Alonso por el delito de encubrimiento. Por no haber investigado si había o no un conflicto de interés a pesar de haber sido advertida por los denunciantes Tailhade y Doñate.
 
Fuente: minutouno.com
 

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28-02-2026 / 09:02
Morituri te salutant (Los que van a morir te saludan). Así saludan los empresarios argentinos al imperator Javier "el Loco" Milei. Lo aplauden el titular de la Rural, Nicolás Pino; el de la Cámara de Comercio, Mario Grinman; el de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss, y hasta el de la UIA, Martín Rapallini.
 
En dos años del presidente cantor cerraron 23 mil empresas, 30 por día, la mayoría de la construcción, del comercio y de la industria manufacturera, pero los tipos aplauden la masacre de muchos empresarios que ellos representan porque al mismo tiempo 290 mil trabajadores quedaron en la calle. Los empresarios fanáticos aceptan el sacrificio a cambio de la reforma laboral esclavista.
 
En el Congreso, los anarcocerebrales, los del PRO, los radicales y el MID, apoyaron el despojo de los derechos a los trabajadores. Seis gobernadores, tres de ellos de origen peronista lejano (de Río Negro, Alberto Weretilnek; de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Salta, Gustavo Sáenz), otros dos que se siguen llamando peronistas, (Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Raúl Jalil, de Catamarca) otro de origen sindical (Claudio Vidal, de Santa Cruz) y otro que compitió contra el oficialismo (Hugo Passalacqua, de Misiones) mandaron votar con el gobierno nacional.
 
En las elecciones, esos gobernadores hicieron campaña contra el oficialismo libertario. Fueron votados para hacer oposición, pero lejos de sus provincias mandaron a sus legisladores a acatar al gobierno nacional para desvalijar a los trabajadores de todo el país, incluso aquellos que los votaron en su territorio.
 
Jaldo dijo que esos gobernadores representaban la voz del interior como si eso fuera la expresión del federalismo, pero ellos se sometieron a la extorsión del gobierno central y más bien representan todo lo contrario al verdadero federalismo.
 
Hubo seis gobernadores de Unión por la Patria, Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires; Sergio Ziliotto, de La Pampa; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; Elías Suárez, de Santiago del Estero; Gildo Insfrán, de Formosa, y Ricardo Quintela, de La Rioja, que formaron un bloque opositor a la reforma laboral. Jaldo, que es uno de los gobernadores mejor pagos por el gobierno nacional con los ATN que le corresponden a su provincia, trató de disfrazar su sumisión a Milei con un supuesto federalismo que lo diferenciaba del peronismo a nivel nacional.
 
Cuando el primer gobierno peronista decretó las grandes reivindicaciones obreras, lo hizo para los trabajadores de todas las provincias. Nada más contrario al verdadero federalismo que someterse a las políticas antiobreras del gobierno central.
 
Derrotado en las elecciones, el peronismo mantuvo su oposición a las políticas neoliberales del gobierno, lo que le valió deserciones, como la senadora Carolina Moisés, que aceptó ocupar el espacio que correspondía al principal interbloque opositor, que tiene 25 senadores, frente a los 21 del oficialismo. Más atrás están los radicales con 10 bancas y el PRO, con tres y luego hay varios bloques, algunos unipersonales.
 
Un principio democrático que nunca fue transgredido hasta la llegada del PRO y los libertarios, plantea que la conformación de las autoridades de cada Cámara se integre de manera proporcional. La vicepresidencia correspondía a Unión por la Patria, pero el oficialismo, aliado con otros bloques menores, dejó a la segunda minoría sin representación en el esquema de dirección del Senado.
 

27-02-2026 / 10:02
Un peritaje clave en el caso $LIBRA, que el fiscal Eduardo Taiano demoró más de la cuenta, complica al presidente Javier "el Loco" Milei y su hermana la coimera Karina, secretaria general de la Presidencia. La información surge de celulares y computadoras de dos de los involucrados en la estafa: el trader Mauricio Novelli, con quien Milei hacía rato que tenía negocios y fue el nexo con el creador de $LIBRA Hayden Davis; y Sergio Morales, que era funcionario de la Comisión Nacional de Valores (CNV) mientras participaba de este entramado y es, hasta ahora, el único que renunció por este escándalo.
 
Del peritaje se desprende que Milei sabía perfectamente qué estaba haciendo cuando promocionó $LIBRA el 14 de febrero de 2025 y confirma en el expediente judicial lo que ya era evidente por el trabajo periodístico sobre el caso: que tenía una relación muy estrecha con los involucrados y el mundo cripto.
 
El otro dato fundamental del peritaje es que Novelli borró muchos mensajes de su teléfono y sólo "se hallaron dos conversaciones de WhatsApp y una de Instagram" con Milei. Es inverosímil y muestra señales de ocultamiento y encubrimiento, ya que Milei y Novelli tenían un vínculo estrecho de años, con una escuela de negocios financieros en común, presencia de el joven trader en la Casa Rosada e incluso en Olivos e incluso en la exclusiva gala de asunción del libertario en el Teatro Colón.
 
Los mensajes eliminados incluyen también al grupo de Whatsapp que compartían Novelli, Morales y Manuel Terrones Godoy, otro de los involucrados en la estafa. "Todas las conversaciones individuales y las relativas a grupos de WhatsApp conformados por Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales se hallaron vacías o habrían sido eliminadas", dice el peritaje. Novelli también borró mensajes con su madre y su hermana, que inmediatamente después de la estafa fueron a vaciar una caja de seguridad bancaria.
 
A su vez, en otra muestra de letargo voluntario, Taiano requirió este martes al gobierno que informe "si existe un acuerdo confidencial" entre el impulsor de $LIBRA, Hayden Davis, y Milei. Más allá de que lo más probable es que ni le contesten, lo pide tardísimo. Si había una copia en los cajones de la Casa Rosada ya pasó por la trituradora de papeles hace rato.
 
El resultado del peritaje fue elaborado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) que depende del Ministerio Público Fiscal. En gran parte es "reservado", pero lo poco que muestran ya revela que sobran elementos para que Milei, su hermana y todos los involucrados sean, al menos, llamados a indagatoria.
 
De acuerdo a los datos que surgen del estudio de la DATIP, Milei había sido "capacitador en materia de teoría monetaria respecto de criptomonedas" en la escuela "N&W Professional Traders" de Novelli, con quien el jefe de Estado mantenía una aceitada relación. Se hallaron videos e imágenes de las clases que daba Milei. Es decir, no era un ignorante en la materia, como pretende hacer creer. Pero eso no es todo: el estudio de los teléfonos da cuenta de que Milei y su hermana mantuvieron intercambios de mensajes con el lobista Novelli, que es un actor clave en el lanzamiento de $LIBRA. 
 

26-02-2026 / 11:02
En una de las marchas más convocantes del año, los jubilados volvieron a alzar la voz frente al Congreso de la Nación, como acostumbran a hacerlo cada miércoles. En esta ocasión contaron con el apoyo de organizaciones gremiales, con vistas a una nueva marcha en rechazo al proyecto de reforma laboral que debatirá el Senado el próximo viernes. Advirtieron sobre el impacto del funesto Fondo de Asistencia Laboral (FAL) en el financiamiento de las jubilaciones.
 
El gobierno de Javier "el Loco" Milei avanza con la aprobada reforma laboral y, en el centro del proyecto, aparece el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Bajo la promesa de "aliviar" a las empresas, el esquema permitirá distribuir el costo de las desvinculaciones a lo largo de la relación laboral. El Fondo de Asistencia Laboral reducirá aportes patronales y restará 0,37 por ciento del PBI a la Anses, superando lo destinado a ciencia, salud y discapacidad.
 
En los hechos, implicará un recorte anual de 2.600 millones de dólares a la Anses, equivalente al 0,37 por ciento del PBI. El mecanismo es sencillo: las empresas deberán destinar un 2,5 por ciento del salario en el caso de pymes y un 1 por ciento en grandes firmas a un fondo individual.
 
Pero esa erogación será compensada con una reducción equivalente en las cargas patronales. Resultado: el despido queda virtualmente a costo cero para el empleador y el agujero lo absorbe el sistema previsional. Según el Instituto Argentina Grande, con datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la pérdida supera ampliamente partidas que el Ejecutivo consideró inviables por falta de recursos.
 
Este proyecto, redactado por los abogados de las grandes empresas, es nefasto si se lo compara con que el Presupuesto 2026 prevé 1.107 millones de dólares para ciencia, tecnología e innovación, apenas 0,16 por ciento del PBI. Para el Hospital Garrahan asigna 162 millones de dólares, 0,023 por ciento del producto.
 
La comparación se vuelve más áspera al recordar que el Presidente vetó el aumento del 7,2 por ciento a jubilados, la suba del bono a 110.000 pesos y la extensión de la moratoria, con impactos fiscales muy inferiores. También rechazó la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo costo estimado oscilaba entre 0,25 por ciento y 0,45 por ciento del PBI.
 
La apuesta oficial sostiene la falsedad que la reforma generará más empleo formal y fortalecerá el sistema jubilatorio. Sin embargo, la economía acumula dos meses de caída según el EMAE del Indec, y no hay señales de expansión que anticipen una compensación rápida del rojo previsional.
 
¿Y cómo se detiene esta agresividad del gobierno libertario? Seguir dándole pelea, saliendo a la calle, llenando las plazas, protestando, con los partidos populares, con los movimientos sociales, que tienen que hacerles temblar el piso a los dueños del poder y del dinero. La calle a coro, plena, con las voces de la valentía civil.
 
La Opinión Popular
 

25-02-2026 / 11:02
Mientras el Gobierno de Javier "el Loco" Milei apura el tratamiento de la reforma laboral en el Senado en el tramo final de las sesiones extraordinarias, el Gobierno libertario ya deja expuesto el próximo frente de conflicto que pretende abrir en el Congreso: un recorte al régimen de licencias médicas, bajo el argumento de combatir supuestos abusos. Insiste en recortar salarios y derechos laborales bajo el argumento de combatir "abusos" en las licencias médicas.
 
El anticipo llegó de boca del presidente provisional del Senado de la Nación Argentina, Bartolomé Abdala, quien confirmó que el Ejecutivo buscará impulsar durante el período ordinario una ley específica para modificar las licencias por enfermedad. Se trata del mismo capítulo que el Gobierno debió retirar de la reforma laboral original ante el rechazo generalizado de la oposición e incluso de sectores "dialoguistas" que suelen acompañar al oficialismo.
 
El eje de la polémica fue el artículo 44 del proyecto inicial, que introducía una rebaja en el pago de salarios durante licencias por enfermedades o accidentes no laborales. La redacción encendió alarmas por su impacto directo sobre los ingresos de los trabajadores y terminó siendo eliminada para evitar que naufragara el resto de la iniciativa.
 
Lejos de dar marcha atrás, Abdala admitió que la Casa Rosada planea retomar el tema más adelante. "Lo de las licencias es algo menor dentro de una ley mucho más amplia", intentó minimizar el senador puntano, al tiempo que defendió la reforma laboral que se votará el viernes 27 de febrero. Sin embargo, sus declaraciones dejaron en claro que el Gobierno no abandona la idea de avanzar sobre un derecho sensible, alineado con la lógica de ajuste y desregulación de la gestión libertaria.
 
Luego de que Patricia Bullrich admitiera que la retirada del cuestionado artículo 44 sirvió para "blindar" el FAL y otros puntos, el senador Abdalá adelantó que buscarán aprobar una ley en el período ordinario para recortar las licencias pagas. Según Abdala, en el oficialismo existe "preocupación" por licencias extensas, presuntos abusos y certificados médicos irregulares, tanto en el sector público como en el privado.
 
El artículo 44 que generó el escándalo proponía un esquema de pago diferenciado durante las licencias. Para enfermedades o accidentes no vinculados con el trabajo, el trabajador solo percibía una parte del salario. Si la dolencia era consecuencia de una acción considerada voluntaria y riesgosa -como una lesión deportiva-, el ingreso se reducía al 50 por ciento del sueldo por tres meses, o seis si tenía familiares a cargo. En el caso de enfermedades crónicas, además, se endurecían las condiciones para reconocer recaídas.
 
Cuando la causa no se atribuía a una conducta voluntaria, el porcentaje subía al 75 por ciento, aunque siempre con plazos limitados. El texto también aclaraba que eventuales suspensiones económicas o disciplinarias no interrumpían ese pago reducido, consolidando un esquema de menor protección para el trabajador enfermo.
 
Aunque el vergonzoso capítulo fue retirado del dictamen que llegará al recinto, el mensaje político es claro: el Gobierno de Milei solo postergó el conflicto. El debate por las licencias médicas volverá durante el período ordinario, como parte de una agenda que insiste en trasladar el costo del ajuste a los trabajadores, incluso cuando se trata de situaciones de enfermedad. Para el Loco Milei y su pandilla de explotadores, los trabajadores, no tienen derecho a enfermarse.
 
La Opinión Popular
 

24-02-2026 / 09:02
Por decisión unánime, el Comité Ejecutivo de la AFA suspendió la fecha 9 de La Liga Profesional, que va del 5 al 8 de marzo, en repudio a la denuncia de ARCA contra los dirigentes de la institución. La AFA sostiene que "está todo pago" y que, en realidad, el Gobierno del Loco Milei "le está declarando la guerra al fútbol para imponer las Sociedades Anónimas Deportivas que los clubes no quieren", y de la que el Gato Macri se quiere beneficiar. La Asociación refutó las acusaciones contra sus principales dirigentes y votó suspender las fechas que se iban a jugar entre el jueves 5 y el domingo 8. "Se está declarando una guerra contra el fútbol", expresó el presidente de Vélez.
 
El enfrentamiento entre el Gobierno libertario y la alta dirigencia del fútbol argentino se recalentó este lunes a partir de la decisión del Comité Ejecutivo de la AFA de suspender toda la actividad del fútbol local entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo en protesta por la acusación de evasión impositiva hacia las máximas autoridades de la casa madre del fútbol. El parate, de características inéditas en la historia del fútbol argentino, abarcará a la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional y a todas las restantes categorías, incluso formativas, que deberán ser reprogramadas oportunamente.
 
El jueves 5 de marzo, primero del cese de actividades futbolísticas, es el día en el que está prevista la declaración del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico en la causa abierta el 12 de diciembre pasado, a partir de una denuncia del ARCA, el ente recaudador a nivel nacional, por una presunta omisión sistemática en el pago de tributos y la retención de aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El monto estimado superaría los 19 mil millones de pesos.
 
El cronograma de audiencias indagatorias comenzará el jueves 5 con la declaración de Tapia y proseguirá un día más tarde con las de Toviggino y Gustavo Lorenzo, director general de la AFA. Mientras que el lunes 9 deberán presentarse Víctor Blanco Rodríguez, expresidente de Racing y anterior secretario general de la entidad, y Cristian Malaspina, actual titular de Argentinos Juniors. La pelota estará parada mientras duren estas audiencias.
 
La decisión de la alta dirigencia del fútbol argentino se disparó en la reunión de Comité Ejecutivo desarrollada en la mañana de este lunes en el predio Lionel Messi de Ezeiza. En ese encuentro, Gustavo Lorenzo, director general de la AFA y uno de los acusados, presentó una captura de la página oficial de ARCA que, de acuerdo con sus palabras, demostraba que la AFA no registra deudas ni tiene declaraciones juradas pendientes.
 
A partir de este documento, los dirigentes sostuvieron que la deuda que motivó la causa judicial no existe. Por lo cual, los representantes de la Primera División resolvieron impulsar el paro como señal de respaldo institucional e iniciar una ronda de consultas con las mesas de las diferentes divisionales para que adhieran a la medida.
 
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