14:02 | Domingo 04 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 27-11-2019 / 09:11

ESTRATEGIA PARA REFINANCIAR VENCIMIENTOS SIN QUEDAR ATRAPADO DEL PLIEGO DE CONDICIONES REGRESIVO DEL FONDO

Alberto no usará el crédito pendiente del FMI: "Quiero dejar de pedir y que me dejen pagar"

El presidente electo anunció que no utilizaría el último desembolso que quedó pendiente del acuerdo de Macri con el Fondo Monetario. Alberto Fernández remarcó su voluntad de pagar las deudas de la Argentina pero subrayó que necesitará tiempo para que el país reencuentre el camino del crecimiento y genere condiciones para poder pagar.

El presidente electo Alberto Fernández adelantó que no quiere el saldo del megacrédito del FMI que recibió el gobierno de Mauricio Macri. Busca así eludir la urgencia de reflotar el acuerdo, que implicaría la presión del organismo para imponer reformas regresivas.

Los fuertes vencimientos con el Fondo están concentrados en 2022 y 2023, por unos 45 mil millones de dólares. Si ante un acreedor no se le muestra urgencia para conseguir más dinero, el deudor está un poco más aliviado en la negociación. Por lo menos, le retira una carta fuerte de la mesa al dueño del mazo.

Si ese acreedor concentra la mitad de su cartera crediticia en un solo deudor, y éste adelanta que no quiere más dólares de esa caja, la urgencia para que cumpla los compromisos queda del lado de la mesa de quien entregó el préstamo.

Ese acreedor es el FMI, que a la vez es privilegiado, y el deudor es Argentina, que no puede disponer el default de esa deuda ni pretender una quita de capital. En el mejor escenario, puede aspirar a que el repago de esa deuda no lo asfixie.

El FMI es un organismo multilateral y los accionistas son los 189 países miembros, siendo Estados Unidos su patrón con el 16,5 por ciento del capital. Se entiende entonces que no es viable declarar la cesación de pagos a todos los países, en especial a las potencias económicas. En caso de hacerlo, el país se convertiría en un paria financiero y comercial, sin posibilidad de tener vínculos con el resto del mundo.

Con todas esas condiciones, a favor y en contra, la carta que exhibió Fernández tiene la meta de ampliar un poco los estrechos márgenes de negociación. El objetivo que se plantea es refinanciar los vencimientos del megacrédito del FMI al gobierno de Macri, que heredará y que aseguró que pagará, eludiendo condicionalidades del organismo.

Los desembolsos del FMI estuvieron concentrados en apenas 14 meses, para financiar la campaña electoral de Macri. Y los plazos de cancelación de ese préstamo están apretados en el 2022 y 2023.

En los dos primeros años del gobierno de Alberto Fernández no aparecen vencimientos relevantes con el FMI; en los dos siguientes suman casi 45 mil millones de dólares. Esta es la deuda que apunta a refinanciar, sin urgencia al no requerir más dólares, y sin que el FMI le exija las regresivas reformas en materia laboral y previsional.

Esta carta fue lanzada por Alberto en la mesa de negociación, al tiempo que remarca la corresponsabilidad del FMI en la crisis que deja la economía macrista. Habrá que ver cuál es la carta que jugará el Fondo.

La Opinión Popular

"¿TENGO UN PROBLEMÓN CON LA DEUDA Y VOY A PEDIR 11 MIL MILLONES MÁS?", SE PREGUNTÓ EL PRESIDENTE ELECTO

Alberto Fernández anticipó que no usará el crédito del FMI

Argentina rechazará los desembolsos previstos en el programa pactado con el Fondo Monetario Internacional. La definición la ofreció el presidente electo Alberto Fernández el martes por la tarde durante una entrevista radial: "¿Si tenés un problema porque estás muy endeudado, creés que la solución es seguir endeudándose?". No es la solución", expresó el mandatario al precisar que "una de las primeras reglas que tenemos que tener es dejar de pedir dinero".

El acuerdo alcanzado por el gobierno de Mauricio Macri con el FMI prevé un crédito por unos 56.700 millones de dólares de los cuales el organismo multilateral ya transfirió 44.149 millones de dólares. A dos semanas para asumir, Fernández reiteró la fórmula que utilizó durante la conversación que mantuvo con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, cuando le anticipó que presentará un plan para retomar el sendero del crecimiento económico sin profundizar en el ajuste.

El recorte del gasto es una exigencia que el FMI impone a todos los países con programas de financiamiento en marcha. Cortar ese canal de financiamiento mejora las perspectivas para la renegociación con el principal acreedor individual del país. "Necesitamos reactivar la economía para poder pagar y resolver el problema de la deuda con sensatez", destacó Fernández.

"No sé si va a venir el dinero (que resta) del acuerdo, un acuerdo que dice que le van a mandar a Argentina casi 57 mil millones de dólares y le han dado hasta acá 45 mil millones, quedan 11 mil millones. ¿Tengo un problemón y voy a pedir 11 mil millones más? Yo quiero dejar de pedir y que me dejen pagar", expresó Fernández en conversación con Radio con vos.

Los recursos que restan ingresar son levemente superiores a los señalados por el mandatario electo durante la entrevista: alrededor de 12.400 millones de dólares. Resta un desembolso por 5400 millones de dólares que estaba congelado desde mediados de septiembre y los siete tramos de 1000 que, según el diseño acordado entre el FMI y el gobierno saliente, iban a transferirse durante el próximo gobierno.

"Intento ser una persona seria, una persona que dice que va a hacer algo y sabés que lo va a cumplir. No quiero firmar acuerdos que no voy a cumplir, esos acuerdos los firmó Macri y no cumplió ninguno. Yo voy a firmar uno y lo voy a cumplir. La primera regla para cumplir es decir 'no me presten más plata y déjenme desarrollarme para poder pagarles'", expresó Fernández que comenzó así a ofrecer detalles sobre el proceso de renegociación de los pasivos heredados del gobierno saliente.

"Discutamos cuánto tiempo necesito, pero no me des más plata. Porque es querer calmar la borrachera tomando más vino. No quiero agrandar el problema, quiero resolverlo, pero con sensatez", aseguró el presidente electo.

El FMI devino en el principal acreedor individual del país y, por eso, la renegociación de la abultada deuda con el organismo constituye un punto de partida para el próximo gobierno. Los lineamientos ofrecidos por Fernández sobre las conversaciones bilaterales que comenzaron la semana pasada durante una llamada telefónica con Georgieva apuntan a limitar la injerencia del Fondo sobre el diseño de la política económica. Argentina seguirá siendo el principal acreedor pero, al menos, no inflará la dimensión de sus obligaciones con ese prestamista.

Las declaraciones de Fernández coincidieron con el encuentro que mantuvo con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Edward Prado (se informa en nota aparte). El respaldo del gobierno norteamericano fue determinante para que el FMI habilite el préstamo más grande de su historia y flexibilice sus tradicionales exigencias.

Consejo de experto

Existen distintos equipos de economistas y abogados cercanos al Frente de Todos que trabajan en posibles lineamientos para una renegociación de la deuda con el FMI y los acreedores privados para resolver el principal condicionante macroeconómico que dejará el gobierno de Macri. Una de las posibilidades que comenzó a tomar fuerza es la impulsada por el economista Martín Guzmán.

El investigador de la Universidad de Columbia, colaborador cercano del Premio Nobel Joseph Stiglitz que en los últimos meses devino en un experto de consulta para distintos miembros del próximo gobierno, plantea acordar con tenedores de bonos privados dejar de pagar los servicios de deuda durante los próximos dos años.

Extender los plazos de vencimiento, reperfilar los intereses y, como expresó este martes Fernández, dejar de recibir los desembolsos que quedan del préstamo del FMI. Si se deja de recibir los desembolsos del FMI, explicó Guzmán a finales de octubre, Argentina se liberaría de las condicionalidades y exigencias del organismo.

Durante la conversación con Radio con vos, Fernández señaló que "nadie me pide un ajuste porque saben que no hay por dónde ajustar. Se ajustó tanto que se dejaron de dar vacunas", apuntó para recordar que "se lo dije a la directora del Fondo, en Argentina reaparecieron enfermedades porque se dejaron de dar vacunas: sarampión, varicela, tuberculosis. Para que se haya dejado de darles vacunas a los chicos, es que ajustaron en lo que no debían".

El presidente electo enfatizó la importancia de reactivar la actividad a partir de la demanda interna: "La economía está hace más de dos años paralizada con caída del consumo. Tenemos que volver a fabricar, dar créditos para que se reactive la producción, darles dinero a los jubilados para que consuman. Tenemos que hacer lo que acá se llama peronismo", consideró el ex jefe de Gabinete.

Fuente: Página12

02-01-2026 / 10:01

SIDE: la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos, gremialistas y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".