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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 26-11-2019 / 09:11

MAPA POLÍTICO

De las 18 intendencias que cambiarán de signo político, el PJ fue el gran ganador con 12

De los 83 municipios de la provincia, 65 seguirán bajo la conducción del mismo signo político con el que fueron a las elecciones, mientras que en los 18 restantes, el PJ se quedó con 12 (le ganó 10 a Cambiemos y 2 a los vecinalistas); Cambiemos y el Vecinalismo obtuvieron 3 para cada uno.

Este 10 de diciembre, con el fin del actual período político-institucional del país, las provincias y las ciudades, el cambio de signo político en los palacios municipales, llegará a 18 localidades entrerrianas. 10 de ellas fueron arrebatadas por el peronismo a Cambiemos. La alianza UCR-PRO, por su parte, le quitó tres al PJ.

El vecinalismo, la tercera fuerza provincial en cuanto a gobiernos locales, perdió dos intendencias y ganó tres. Las que deberá resignar el 10 de diciembre se van a manos justicialistas; las que suma son actualmente dos del peronismo y una de la UCR.

Además, vale consignar que, de los cinco municipios que debutaron en dicha categoría en estas elecciones, cuatro serán del peronismo y uno de Cambiemos.

A continuación, en detalle, las intendencias que cambian de signo político para el período 2019-2023 y los resultados que registraron los candidatos ganadores y perdedores en los comicios del 9 de junio.

Las 10 que el PJ le ganó a Cambiemos:

Paraná: Adán Bahl (70.310 votos) a Sergio Varisco (actual intendente, 54.581 votos)
Piedras Blancas: Jorge Mesquida (824) a Sergio Albornoz (739)
Diamante: Juan Carlos Darrichón (6.139) a Lelia Recalde (1.566)
Maciá: Juan Diego Conti (2.442) a Néstor Reynoso (2.419)
General Galarza: Fabián Menescardi (1.929) a Ada Liggerini (actual intendente, 1.664)
Larroque: Leonardo Hassell (2.499) a Darío Benedetti (actual intendente, 2.238)
Ibicuy: Gustavo Roldán (1.950) a Teresa Nestico (1.524)
Federación: Ricardo Bravo (6.209) a Rubén Rastelli (6.068)
San Jaime: Antonio Rodríguez (1.663) a Luis Vargas (1.579)
Los Conquistadores: Adriana Meza Torres (547) a Felipe Sguerzo (461)

Las tres que Cambiemos le ganó al PJ:

María Grande: Héctor Solari (3.061) a Francisco Stang (2.898)
Hasenkamp: Hernán Kisser (2.069) a Javier Damiani (1.972)
Villa Urquiza: Manuel Tennen (615) a Mercedes Maslein (509)

Fuente: Debate Abierto / Informe Digital

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Frigerio, el centralismo porteño y el saqueo inaceptable de fondos que son de las provincias

Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.

El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.

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