05:28 | Lunes 05 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 19-11-2019 / 09:11

LA POLÍTICA FISCAL NO MODERÓ LAS DESIGUALDADES

Reformas tributarias de Macri generaron transferencias por $690.000 millones a los ricos

Un esquema tributario más regresivo que el que había antes de asumir es unas de las herencias que deja el macrismo. Las distintas reformas impositivas que aplicó Cambiemos en los cuatro años de gobierno representaron la transferencia de 690.825 millones de pesos de recursos hacia el sector privado más concentrado.

Las modificaciones tributarias realizadas por el gobierno de Mauricio Macri generaron una transferencia de $690.000 millones desde el Estado hacia los más ricos: exportadores del agro, las empresas y las personas físicas con mayores ingresos. Esta dinámica regresiva de la política fiscal impactó en las posibilidades de alcanzar el déficit cero en 2019. En 2020 el rojo primario heredado sería de 1,9% del PBI. Reformas impositivas achicarían la brecha.

Un informe publicado por Proyecto Económico calculó el impacto que tuvieron las reformas en bienes personales, derechos de exportación y contribuciones patronales sobre los recursos fiscales. Las decisiones que toman los gobiernos acerca de cómo recaudar y cómo gastar, es decir la política fiscal, son clave en la distribución de los recursos.

Con la participación del salario sobre el PBI cayendo al 42,5%, cada vez más lejos del fifty-fifty y de los niveles de los países desarrollados (en Estados Unidos y Canadá supera al 60%), las decisiones impositivas no apuntaron a contrarrestar las desigualdades del mercado. Por el lado del gasto, el ajuste enfocado en los subsidios y en la obra pública también fue regresivo. Con la pobreza trepando cerca del 40% para fines del 2019, el Indec mostró que tampoco hubo mejoras en la cobertura de cloacas, agua potable y acceso a gas de red.

Por las reformas en los tres tributos, en 2019 el estado perdió 1,2% del PBI en ingresos, según el cálculo de Proyecto Económico. Esa cantidad habría alcanzado para cerrar el déficit primario, que según privados cerrará el año en 1% del PBI.

El informe destacó: "Por el mero efecto de las modificaciones en los impuestos seleccionados, el Estado Nacional dejó de recaudar $483.632 millones, que equivalen a $690.825 millones a precios de 2019. Dependiendo del año, la merma recaudatoria por estos tributos rondó entre 0,5% y 1,2% del PBI. En particular, para el año 2019, nuestra estimación indica que la diferencia recaudatoria para el año 2019 (primeros 3 trimestres), supera el 1% del PBI, diferencia que quizá sea suficiente para el añorado (por el FMI) equilibrio primario".

Otro trabajo reciente, de la consultora LCG, indagó en la cuestión de los mermados recursos del estado. Al 1% de rojo primario sobre el PBI proyectado para 2019, habrá que agregarle otro 0,9% en 2020, porque este año hubo privatizaciones para engordar los ingresos y porque la ley de movilidad tendrá impacto en los gastos. Con los acreedores observando todo lo que ocurra en las cuentas públicas, la necesidad de dar señales de achicamiento del rojo fiscal obliga a tomar decisiones. "El Gobierno entrante apelará a la suba de retenciones, a nuevos impuestos al patrimonio, y posiblemente al turismo, y un mayor señoreaje (impuesto inflacionario)" sostuvo.

La Opinión Popular

EL ESTADO PERDIÓ 690 MIL MILLONES DE PESOS DE RECAUDACIÓN POR LAS REFORMAS

¿Quiénes ganaron con los cambios impositivos?

Un esquema tributario más regresivo que el que había antes de asumir es unas de las herencias que deja el macrismo. Las distintas reformas impositivas que aplicó Cambiemos en los cuatro años de gobierno representaron la transferencia de 690.825 millones de pesos de recursos hacia el sector privado más concentrado.

Según un relevamiento de Proyecto Económico, ese flujo se repartió en 287.690 millones de pesos en "perdones impositivos" a grandes propietarios, 277.022 millones a exportadores de granos y 133.066 millones a empresarios.

Esto no derivó en una mejora en la actividad, lo que echa por tierra el argumento de que una disminución en los impuestos y aportes conducen necesariamente a una mejora de la producción y en los niveles de inversión y empleo. La clave no es más o menos impuestos sino avanzar a un sistema tributario progresivo.

Entre los dogmas neoliberales y pro mercado con los que asumió Cambiemos, la idea de eliminar impuestos como un factor clave para estimular la inversión y la oferta era uno de los más destacados. De la misma magnitud que la receta de contraer la base monetaria al extremo para bajar la inflación o ajustar el gasto para crecer. Todas estas recetas tuvieron un fracaso rotundo al aplicarse, el mismo resultado de dos décadas atrás y que, aun así, volvieron a instrumentarse desde 2015.

En materia tributaria, la primera medida que tomó Cambiemos fue la eliminación de retenciones a la mayoría de los granos -con reducción escalonada para la soja-, la minería y la industria. En los últimos meses de su mandato tuvo que reinstaurarlas en formato de retención fija porque el desfinanciamiento del Estado ya se le había ido de la mano.

Esta medida, junto con la eliminación de Ganancias para los trabajadores, había sido eje de campaña de Macri. Solo eliminó las retenciones. En cuatro años sin retenciones el complejo maicero no agregó valor y el 60 por ciento de las exportaciones representa el grano en bruto, mientras que en el caso de la soja las ventas externas del poroto representan sólo el 10 por ciento del total", según un informe de la consultora Ecolatina.

Los cambios

El gobierno de Cambiemos emprendió una serie de modificaciones impositivas que se tradujeron en fuertes transferencias del Estado al sector privado.

Bienes personales. Es el impuesto progresivo por excelencia, porque grava la riqueza. En 2015 las alícuotas aplicadas a partir de un mínimo no imponible de alrededor de 30.000 dólares eran de 0,5, 0,75, 1 y 1,25 por ciento. El Gobierno las redujo entre 2016 y 2018 a una alícuota única de 0,25 por ciento y un mínimo no imponible más elevado. La eliminación de la escalas le quitó el carácter progresivo al impuesto.

Retenciones. Apenas asumió el Gobierno, una de las primeras decisiones que tomó consistió en la eliminación de los Derechos de Exportación a todos los productos agropecuarios e industriales (típicamente manufacturas de origen agropecuario). En cambio, las retenciones a la soja disminuyeron del 35 al 30 por ciento, estableciendo a su vez una política de baja gradual del 0,5 mensual que se detuvo hasta alcanzar un 25,5 por ciento.

Contribuciones patronales. El Gobierno instrumentó una reducción gradual de las contribuciones que pagan los empleadores. Estableciendo un mínimo no imponible que alcanzaba a los 12.000 (actualizables) pesos para el año 2022. Esta medida impactó en una merma recaudatoria del fisco en beneficio de las empresas, pese a lo cual no se tradujo en un incremento del empleo formal. Por el contrario, la ocupación no registrada fue en permanente aumento, hasta alcacanzar el 34,5 por ciento en el segundo trimestre del año, último dato oficial.

Ganancias. El impuesto a las Ganancias sufrió una modificación a fines de 2016. Se introdujo una actualización de los mínimos no imponibles por el índice de salarios a los trabajadores. El cambio más relevante consistió en la implementación de un sistema de integración parcial en donde se gravan las ganancias de la sociedad y la distribución de dividendos a sus accionistas.

Los ganadores

Las modificaciones en los impuestos mencionados provocaron que el Estado nacional dejara de recaudar 483.632 millones de pesos, equivalente a 690.825 millones a precios de 2019. Dependiendo del año, la merma recaudatoria por estos tributos rondó entre 0,5 por ciento y 1,2 por ciento del PBI, según las cifras de Proyecto Económico.

"Estas modificaciones representaron para el Estado nacional un costo de 690.000 millones de pesos, es decir que en la práctica se produjo una transferencia millonaria de recursos al sector privado, por lo que dejó de recaudar durante estos casi cuatro años. Esta política impositiva benefició fundamentalmente a las empresas (vía cargas patronales), a los exportadores agropecuarios (mediante la rebaja en las retenciones) y a las personas físicas de mayores ingresos (por la reducción de la alícuota de Bienes Personales)", explican desde la entidad que dirige la economista y diputada Fernanda Vallejos.

Por el contrario, el aumento en la recaudación es el resultado de una mejora en la actividad económica. "La macroeconomía impacta de forma directa en la recaudación: Ganancias e Ingresos Brutos reaccionan ante la inflación y el crecimiento; Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social se encuentran asociados al nivel de empleo, los salarios y la formalización del trabajo", detalla el informe.

Por Cristian Carrillo
Por Mariano Cuparo Ortiz

Fuentes: Página12 y BAE Negocios

04-01-2026 / 17:01

Trump consuma otro ciclo imperialista con la fuerza como único argumento

La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.

Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.

Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".

El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.

Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.

Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.

Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.

El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.

"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.

No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.

02-01-2026 / 10:01

SIDE: la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos, gremialistas y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.