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Nacionales - 19-11-2019 / 09:11
LA POLÍTICA FISCAL NO MODERÓ LAS DESIGUALDADES

Reformas tributarias de Macri generaron transferencias por $690.000 millones a los ricos

Reformas tributarias de Macri generaron transferencias por $690.000 millones a los ricos
Un esquema tributario más regresivo que el que había antes de asumir es unas de las herencias que deja el macrismo. Las distintas reformas impositivas que aplicó Cambiemos en los cuatro años de gobierno representaron la transferencia de 690.825 millones de pesos de recursos hacia el sector privado más concentrado.
Las modificaciones tributarias realizadas por el gobierno de Mauricio Macri generaron una transferencia de $690.000 millones desde el Estado hacia los más ricos: exportadores del agro, las empresas y las personas físicas con mayores ingresos. Esta dinámica regresiva de la política fiscal impactó en las posibilidades de alcanzar el déficit cero en 2019. En 2020 el rojo primario heredado sería de 1,9% del PBI. Reformas impositivas achicarían la brecha.
 
Un informe publicado por Proyecto Económico calculó el impacto que tuvieron las reformas en bienes personales, derechos de exportación y contribuciones patronales sobre los recursos fiscales. Las decisiones que toman los gobiernos acerca de cómo recaudar y cómo gastar, es decir la política fiscal, son clave en la distribución de los recursos.
 
Con la participación del salario sobre el PBI cayendo al 42,5%, cada vez más lejos del fifty-fifty y de los niveles de los países desarrollados (en Estados Unidos y Canadá supera al 60%), las decisiones impositivas no apuntaron a contrarrestar las desigualdades del mercado. Por el lado del gasto, el ajuste enfocado en los subsidios y en la obra pública también fue regresivo. Con la pobreza trepando cerca del 40% para fines del 2019, el Indec mostró que tampoco hubo mejoras en la cobertura de cloacas, agua potable y acceso a gas de red.
 
Por las reformas en los tres tributos, en 2019 el estado perdió 1,2% del PBI en ingresos, según el cálculo de Proyecto Económico. Esa cantidad habría alcanzado para cerrar el déficit primario, que según privados cerrará el año en 1% del PBI.
 
El informe destacó: "Por el mero efecto de las modificaciones en los impuestos seleccionados, el Estado Nacional dejó de recaudar $483.632 millones, que equivalen a $690.825 millones a precios de 2019. Dependiendo del año, la merma recaudatoria por estos tributos rondó entre 0,5% y 1,2% del PBI. En particular, para el año 2019, nuestra estimación indica que la diferencia recaudatoria para el año 2019 (primeros 3 trimestres), supera el 1% del PBI, diferencia que quizá sea suficiente para el añorado (por el FMI) equilibrio primario".
 
Otro trabajo reciente, de la consultora LCG, indagó en la cuestión de los mermados recursos del estado. Al 1% de rojo primario sobre el PBI proyectado para 2019, habrá que agregarle otro 0,9% en 2020, porque este año hubo privatizaciones para engordar los ingresos y porque la ley de movilidad tendrá impacto en los gastos. Con los acreedores observando todo lo que ocurra en las cuentas públicas, la necesidad de dar señales de achicamiento del rojo fiscal obliga a tomar decisiones. "El Gobierno entrante apelará a la suba de retenciones, a nuevos impuestos al patrimonio, y posiblemente al turismo, y un mayor señoreaje (impuesto inflacionario)" sostuvo.
  
La Opinión Popular

 
EL ESTADO PERDIÓ 690 MIL MILLONES DE PESOS DE RECAUDACIÓN POR LAS REFORMAS
 
¿Quiénes ganaron con los cambios impositivos?
 
Un esquema tributario más regresivo que el que había antes de asumir es unas de las herencias que deja el macrismo. Las distintas reformas impositivas que aplicó Cambiemos en los cuatro años de gobierno representaron la transferencia de 690.825 millones de pesos de recursos hacia el sector privado más concentrado.
 
Según un relevamiento de Proyecto Económico, ese flujo se repartió en 287.690 millones de pesos en "perdones impositivos" a grandes propietarios, 277.022 millones a exportadores de granos y 133.066 millones a empresarios.
 
Esto no derivó en una mejora en la actividad, lo que echa por tierra el argumento de que una disminución en los impuestos y aportes conducen necesariamente a una mejora de la producción y en los niveles de inversión y empleo. La clave no es más o menos impuestos sino avanzar a un sistema tributario progresivo.
 
Entre los dogmas neoliberales y pro mercado con los que asumió Cambiemos, la idea de eliminar impuestos como un factor clave para estimular la inversión y la oferta era uno de los más destacados. De la misma magnitud que la receta de contraer la base monetaria al extremo para bajar la inflación o ajustar el gasto para crecer. Todas estas recetas tuvieron un fracaso rotundo al aplicarse, el mismo resultado de dos décadas atrás y que, aun así, volvieron a instrumentarse desde 2015.
 
En materia tributaria, la primera medida que tomó Cambiemos fue la eliminación de retenciones a la mayoría de los granos -con reducción escalonada para la soja-, la minería y la industria. En los últimos meses de su mandato tuvo que reinstaurarlas en formato de retención fija porque el desfinanciamiento del Estado ya se le había ido de la mano.
 
Esta medida, junto con la eliminación de Ganancias para los trabajadores, había sido eje de campaña de Macri. Solo eliminó las retenciones. En cuatro años sin retenciones el complejo maicero no agregó valor y el 60 por ciento de las exportaciones representa el grano en bruto, mientras que en el caso de la soja las ventas externas del poroto representan sólo el 10 por ciento del total", según un informe de la consultora Ecolatina.
 
 
Los cambios
  
El gobierno de Cambiemos emprendió una serie de modificaciones impositivas que se tradujeron en fuertes transferencias del Estado al sector privado.
 
Bienes personales. Es el impuesto progresivo por excelencia, porque grava la riqueza. En 2015 las alícuotas aplicadas a partir de un mínimo no imponible de alrededor de 30.000 dólares eran de 0,5, 0,75, 1 y 1,25 por ciento. El Gobierno las redujo entre 2016 y 2018 a una alícuota única de 0,25 por ciento y un mínimo no imponible más elevado. La eliminación de la escalas le quitó el carácter progresivo al impuesto.
 
Retenciones. Apenas asumió el Gobierno, una de las primeras decisiones que tomó consistió en la eliminación de los Derechos de Exportación a todos los productos agropecuarios e industriales (típicamente manufacturas de origen agropecuario). En cambio, las retenciones a la soja disminuyeron del 35 al 30 por ciento, estableciendo a su vez una política de baja gradual del 0,5 mensual que se detuvo hasta alcanzar un 25,5 por ciento.
 
Contribuciones patronales. El Gobierno instrumentó una reducción gradual de las contribuciones que pagan los empleadores. Estableciendo un mínimo no imponible que alcanzaba a los 12.000 (actualizables) pesos para el año 2022. Esta medida impactó en una merma recaudatoria del fisco en beneficio de las empresas, pese a lo cual no se tradujo en un incremento del empleo formal. Por el contrario, la ocupación no registrada fue en permanente aumento, hasta alcacanzar el 34,5 por ciento en el segundo trimestre del año, último dato oficial.
 
Ganancias. El impuesto a las Ganancias sufrió una modificación a fines de 2016. Se introdujo una actualización de los mínimos no imponibles por el índice de salarios a los trabajadores. El cambio más relevante consistió en la implementación de un sistema de integración parcial en donde se gravan las ganancias de la sociedad y la distribución de dividendos a sus accionistas.
 
 
Los ganadores
 
Las modificaciones en los impuestos mencionados provocaron que el Estado nacional dejara de recaudar 483.632 millones de pesos, equivalente a 690.825 millones a precios de 2019. Dependiendo del año, la merma recaudatoria por estos tributos rondó entre 0,5 por ciento y 1,2 por ciento del PBI, según las cifras de Proyecto Económico.
 
"Estas modificaciones representaron para el Estado nacional un costo de 690.000 millones de pesos, es decir que en la práctica se produjo una transferencia millonaria de recursos al sector privado, por lo que dejó de recaudar durante estos casi cuatro años. Esta política impositiva benefició fundamentalmente a las empresas (vía cargas patronales), a los exportadores agropecuarios (mediante la rebaja en las retenciones) y a las personas físicas de mayores ingresos (por la reducción de la alícuota de Bienes Personales)", explican desde la entidad que dirige la economista y diputada Fernanda Vallejos.
 
Por el contrario, el aumento en la recaudación es el resultado de una mejora en la actividad económica. "La macroeconomía impacta de forma directa en la recaudación: Ganancias e Ingresos Brutos reaccionan ante la inflación y el crecimiento; Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social se encuentran asociados al nivel de empleo, los salarios y la formalización del trabajo", detalla el informe.  
 
Por Cristian Carrillo
Por Mariano Cuparo Ortiz
 
Fuentes: Página12 y BAE Negocios
 

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24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

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