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Nacionales - 18-11-2019 / 09:11
ENCUESTA DE LA UCA

Gestión Macri: el 9,3% de la población urbana padece hambre

Gestión Macri: el 9,3% de la población urbana padece hambre
En lo que va del tercer trimestre de este año se incrementó del 7,9% del 2018 al 9,3% de 2019 la cantidad de la población urbana que vive en hogares donde padecen hambre o inseguridad alimentaria severa. No sólo esto. La inseguridad alimentaria en total pasó del 20,2% del 2018 al 22,2% al 2019 en todo el país.
Alberto Fernández recibió el viernes por la mañana una de las peores noticias que le depararán para su inminente mandato presidencial: en lo que va del tercer trimestre de este año se incrementó del 7,9% del 2018 al 9,3% de 2019 la cantidad de la población urbana que vive en hogares donde padecen hambre o inseguridad alimentaria severa. No sólo esto. La inseguridad alimentaria en total pasó del 20,2% del 2018 al 22,2% al 2019 en todo el país.
 
Los datos que se desprenden de la encuesta del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (UCA) fueron presentados por el director de ese instituto Agustín Salvia al presidente electo en medio de la reunión por el Consejo de lucha contra el Hambre donde Fernández y el futuro ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, reunieron Marcelo Tinelli junto con sectores empresarios, sociales y sindicales para avanzar en un plan de lucha contra la falta de alimentación en la Argentina.
 
Salvia presentó en informe ante la mirada preocupante de Fernández y todo su equipo. A algunos líderes de movimientos sociales o dirigentes de comedores escolares los datos no les llamaron la atención en función del deterioro de la economía, el golpe de la inflación y la ausencia de políticas sociales activas para atender este flagelo, según dijeron.
 
"No vamos a poder llegar a la pobreza cero como se prometió pero en la medida que objetivemos bien el trabajo vamos a poder enfocarnos en sacar a la gente de la pobreza y el hambre", señaló Salvia en un tramo de la primer reunión del Consejo contra el Hambre que participó con el presidente electo y un amplio abanico de referentes sociales, empresariales y sindicales.
 
La encuesta de la UCA también revela una curva ascendente desde el 2017 hasta ahora en lo que respecta a inseguridad alimentaria severa en los hogares argentinos: mientras que en el 2017 era del 5%, en 2018 fue del 6% y en 2019 del 7,4%.
 
En términos técnicos inseguridad alimentaria severa indica "la percepción de experiencias de hambre por parte de alguno de los adultos o niños por problemas económicos durante los últimos 12 meses". Y define a los hogares que experimentaron situaciones de hambre porque no hubo suficiente dinero para comprar alimentos en el último año.

 
En los gráficos que Salvia mostró a Fernández y los miembros del Consejo del Hambre figura también que la inseguridad alimentaria se disparó en mayor medida en los niños de 0 a 17 años: pasó del 29% en el 2018 al 30,1% en este año. Y la inseguridad alimentaria severa, es decir los chicos que padecieron hambre de verdad fue del 12,7% en 2018 y del 14,1% en 2019.
 
Estos datos resultan ser un lamentable récord histórico de la Argentina ya que no se veían picos de inseguridad alimentaria severa desde el 2010 (13,7%) y 2014 (13,6%) según el mismo informe de la UCA.
 
"Está claro que este año se agravó la situación de inseguridad alimentaria por el aumento de los precios, el impacto de la inflación en los salarios a pesar de que hubo cierta contención de los comedores escolares o merenderos en aumento", explicó a Infobae Juan Ignacio Bonfiglio, uno de los coordinadores, junto con Salvia, del trabajo de la UCA titulado: "Incidencia de la inseguridad alimentaria severa y total para los hogares y la población urbana de la Argentina 2010-2019". Este trabajo será presentado en detalle en los primeros días de diciembre.
 
Salvia llevó este trabajo a la reunión del Consejo del Hambre para que Fernández tenga un panorama bien realista de lo que se encontrará a la hora de establecer políticas sociales de lucha contra la pobreza. Así, destacó que el aumento de la inseguridad alimentaria severa se registró, según el sondeo del Observatorio de la Deuda Social, este año con mayor énfasis en los hogares del conurbano bonaerense fue del 7,9% en el 2018 y este año fue del 9,3%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,6% al 2,4% este año y en el resto urbano pasó del 6,8% al 7,6%.
 
Bonfiglio explicó que si bien el conurbano bonaerense es el lugar donde más creció el hambre de los hogares vulnerables en ciudades como Córdoba, CABA, Tucumán, Mendoza y Rosario también se evidenciaron picos de aumento importantes.
 
"Los comedores escolares han contenido situaciones de hambre en la Argentina pero está claro que no resultaron suficientes para frenar un problema económico global como el que se percibe con aumento de precios, desempleo y pobreza", añadió el coordinador de la UCA.
 
La inseguridad alimentaria severa impactó fuertemente en hogares donde hay trabajadores marginales (pasó del 18,5% al 20,5% en este año) y el obrero integrado que fue del 8,5% al 9,5%.
 
La encuesta que Salvia le entregó a Fernández y al resto de los integrantes del Consejo del Hambre es mucho más amplia y será presentada formalmente en su totalidad en diciembre. Ya fue girada también al gobierno de Mauricio Macri y se hizo sobre 5.800 casos en aglomerados urbanos con más de 80.000 habitantes.
 
 
Salud en el área metropolitana
 
En complemento con estos datos de inseguridad alimentaria y teniendo en cuenta que el conurbano bonaerense es el más afectado en relación a la pobreza y la inseguridad alimentaria, la UCA presentó también un informe sobre el estado de la salud en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
 
Según este informe al que también tuvo acceso Infobae revela que al comparar los años 2017 y 2018, se observa un aumento del 5% en las personas de 18 años y más, que declaran un estado de salud deficitario en territorio metropolitano.
 
Por otra parte, el deterioro en la salud aumenta en función de la edad, alcanzando a 3 de cada 10 personas de 75 años y más, en 2017 y 2018.
 
Con respecto a las características de desigualdad social, los datos de la UCA mostraron que un mayor nivel de déficit en el estado de salud percibido en las personas que se encuentran en condición de pobreza, tanto en el año 2017 como en el 2018. Así, en el 2017, el 10% de las personas no pobres y el 16,7% de personas bajo condición de pobreza percibieron su estado de salud como deficitario. Este dato se elevó en el 2018 a un 15,3% y 20,2% en no pobres y pobres, respectivamente.
 
En relación a la cobertura médica, se determinó que la más utilizada durante el 2017 y 2018 fue la obra social o Mutual con un 36,4% y 40,6% respectivamente, seguida de la cobertura exclusivamente pública. Así, en comparación con el 2017, en el 2018 hubo un incremento del porcentaje de personas que se atienden mediante Obra Social o Mutual. Y al analizar esta variable según la condición de pobreza, se observa que 7 de cada 10 pobres dicen utilizar solamente la cobertura pública en salud, a pesar de que ésta ha disminuido de un año a otro (77,0% para el año 2017 y un 70, 8% para el 2018).
 
Otra muestra del deterioro económico que se registra hoy en la Argentina es que en el 2017, más de la mitad de las personas de estrato socio- ocupacional medio profesional poseía una prepaga en la provincia de Buenos Aires para acceder a la atención en salud o tratamiento (57,3%), pero en el 2018 este porcentaje descendió a 47,9%.
 
También hay un dato llamativo en esta encuesta. Según el estrato socio-ocupacional, se observó un mayor uso de los centros de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por parte de los bonaerenses. Seis de cada diez personas pertenecientes al estrato no profesional asisten a instituciones en CABA, frente a 2 de cada 10 trabajadores marginales.
 
En tanto, la encuesta de la UCA reveló que la mitad de los hogares que se encuentran bajo condiciones de pobreza en el área metropolitana, han debido abandonar las consultas al médico o dentista por problemas económicos, situación que es notoriamente distinta en los hogares no pobres.
 
Esta situación de privación en atención de la salud, debido a problemas económicos es similar en el Conurbano Norte (29,8%) y en el Conurbano Sur (27,6%) y en menor proporción en el Conurbano Norte (21,1%). En la misma línea de análisis, dos de cada diez hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, debieron dejar de comprar medicamentos debido a los problemas económicos en el último año.
 
Específicamente, 1 de cada 10 hogares no pobres frente a casi la mitad de los hogares bajo la línea de pobreza, dejó de comprar medicamentos en el año anterior por problemas económicos. Los resultados que muestra la encuesta de la UCA evidencian a su vez, mayores dificultades para seguir comprando medicamentos en los hogares del Conurbano en comparación con aquellos pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Por otra parte, el tema de la asistencia a un médico aparece como otro grave problema: un tercio del total de los encuestados no realizaron una consulta médica anual (28,7%). Y la privación de consulta médica se presenta en mayor medida en condiciones de mayor carencia económica y precariedad laboral.
 
Al comparar grupos según condición de pobreza y estrato socio - ocupacional, presentaron un mayor porcentaje de este indicador las personas pobres (43,3%) y las personas que pertenecen al estrato trabajador marginal (39,8%), en comparación con las personas no pobres (39.8%) y pertenecientes al estrato medio profesional (16.3%). Según el área de residencia, las personas en el Conurbano Norte presentan el porcentaje superior de personas que no realizaron una consulta médica en el último año (36,5%).
 
En general, cerca de la mitad de las personas que obtuvieron un turno con un médico especialista tuvieron que esperar alrededor de un mes para la atención (45,6%), seguido de la espera de una semana (38,2%) y de más de dos meses (16,2%).
 
Por Martín Dinatale
 
Fuente: Infobae
 

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Gestión Macri: el 9,3% de la población urbana padece hambre
Hambre.
24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

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