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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 18-11-2019 / 09:11

ENCUESTA DE LA UCA

Gestión Macri: el 9,3% de la población urbana padece hambre

En lo que va del tercer trimestre de este año se incrementó del 7,9% del 2018 al 9,3% de 2019 la cantidad de la población urbana que vive en hogares donde padecen hambre o inseguridad alimentaria severa. No sólo esto. La inseguridad alimentaria en total pasó del 20,2% del 2018 al 22,2% al 2019 en todo el país.

Alberto Fernández recibió el viernes por la mañana una de las peores noticias que le depararán para su inminente mandato presidencial: en lo que va del tercer trimestre de este año se incrementó del 7,9% del 2018 al 9,3% de 2019 la cantidad de la población urbana que vive en hogares donde padecen hambre o inseguridad alimentaria severa. No sólo esto. La inseguridad alimentaria en total pasó del 20,2% del 2018 al 22,2% al 2019 en todo el país.

Los datos que se desprenden de la encuesta del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (UCA) fueron presentados por el director de ese instituto Agustín Salvia al presidente electo en medio de la reunión por el Consejo de lucha contra el Hambre donde Fernández y el futuro ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, reunieron Marcelo Tinelli junto con sectores empresarios, sociales y sindicales para avanzar en un plan de lucha contra la falta de alimentación en la Argentina.

Salvia presentó en informe ante la mirada preocupante de Fernández y todo su equipo. A algunos líderes de movimientos sociales o dirigentes de comedores escolares los datos no les llamaron la atención en función del deterioro de la economía, el golpe de la inflación y la ausencia de políticas sociales activas para atender este flagelo, según dijeron.

"No vamos a poder llegar a la pobreza cero como se prometió pero en la medida que objetivemos bien el trabajo vamos a poder enfocarnos en sacar a la gente de la pobreza y el hambre", señaló Salvia en un tramo de la primer reunión del Consejo contra el Hambre que participó con el presidente electo y un amplio abanico de referentes sociales, empresariales y sindicales.

La encuesta de la UCA también revela una curva ascendente desde el 2017 hasta ahora en lo que respecta a inseguridad alimentaria severa en los hogares argentinos: mientras que en el 2017 era del 5%, en 2018 fue del 6% y en 2019 del 7,4%.

En términos técnicos inseguridad alimentaria severa indica "la percepción de experiencias de hambre por parte de alguno de los adultos o niños por problemas económicos durante los últimos 12 meses". Y define a los hogares que experimentaron situaciones de hambre porque no hubo suficiente dinero para comprar alimentos en el último año.

En los gráficos que Salvia mostró a Fernández y los miembros del Consejo del Hambre figura también que la inseguridad alimentaria se disparó en mayor medida en los niños de 0 a 17 años: pasó del 29% en el 2018 al 30,1% en este año. Y la inseguridad alimentaria severa, es decir los chicos que padecieron hambre de verdad fue del 12,7% en 2018 y del 14,1% en 2019.

Estos datos resultan ser un lamentable récord histórico de la Argentina ya que no se veían picos de inseguridad alimentaria severa desde el 2010 (13,7%) y 2014 (13,6%) según el mismo informe de la UCA.

"Está claro que este año se agravó la situación de inseguridad alimentaria por el aumento de los precios, el impacto de la inflación en los salarios a pesar de que hubo cierta contención de los comedores escolares o merenderos en aumento", explicó a Infobae Juan Ignacio Bonfiglio, uno de los coordinadores, junto con Salvia, del trabajo de la UCA titulado: "Incidencia de la inseguridad alimentaria severa y total para los hogares y la población urbana de la Argentina 2010-2019". Este trabajo será presentado en detalle en los primeros días de diciembre.

Salvia llevó este trabajo a la reunión del Consejo del Hambre para que Fernández tenga un panorama bien realista de lo que se encontrará a la hora de establecer políticas sociales de lucha contra la pobreza. Así, destacó que el aumento de la inseguridad alimentaria severa se registró, según el sondeo del Observatorio de la Deuda Social, este año con mayor énfasis en los hogares del conurbano bonaerense fue del 7,9% en el 2018 y este año fue del 9,3%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,6% al 2,4% este año y en el resto urbano pasó del 6,8% al 7,6%.

Bonfiglio explicó que si bien el conurbano bonaerense es el lugar donde más creció el hambre de los hogares vulnerables en ciudades como Córdoba, CABA, Tucumán, Mendoza y Rosario también se evidenciaron picos de aumento importantes.

"Los comedores escolares han contenido situaciones de hambre en la Argentina pero está claro que no resultaron suficientes para frenar un problema económico global como el que se percibe con aumento de precios, desempleo y pobreza", añadió el coordinador de la UCA.

La inseguridad alimentaria severa impactó fuertemente en hogares donde hay trabajadores marginales (pasó del 18,5% al 20,5% en este año) y el obrero integrado que fue del 8,5% al 9,5%.

La encuesta que Salvia le entregó a Fernández y al resto de los integrantes del Consejo del Hambre es mucho más amplia y será presentada formalmente en su totalidad en diciembre. Ya fue girada también al gobierno de Mauricio Macri y se hizo sobre 5.800 casos en aglomerados urbanos con más de 80.000 habitantes.

Salud en el área metropolitana

En complemento con estos datos de inseguridad alimentaria y teniendo en cuenta que el conurbano bonaerense es el más afectado en relación a la pobreza y la inseguridad alimentaria, la UCA presentó también un informe sobre el estado de la salud en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Según este informe al que también tuvo acceso Infobae revela que al comparar los años 2017 y 2018, se observa un aumento del 5% en las personas de 18 años y más, que declaran un estado de salud deficitario en territorio metropolitano.

Por otra parte, el deterioro en la salud aumenta en función de la edad, alcanzando a 3 de cada 10 personas de 75 años y más, en 2017 y 2018.

Con respecto a las características de desigualdad social, los datos de la UCA mostraron que un mayor nivel de déficit en el estado de salud percibido en las personas que se encuentran en condición de pobreza, tanto en el año 2017 como en el 2018. Así, en el 2017, el 10% de las personas no pobres y el 16,7% de personas bajo condición de pobreza percibieron su estado de salud como deficitario. Este dato se elevó en el 2018 a un 15,3% y 20,2% en no pobres y pobres, respectivamente.

En relación a la cobertura médica, se determinó que la más utilizada durante el 2017 y 2018 fue la obra social o Mutual con un 36,4% y 40,6% respectivamente, seguida de la cobertura exclusivamente pública. Así, en comparación con el 2017, en el 2018 hubo un incremento del porcentaje de personas que se atienden mediante Obra Social o Mutual. Y al analizar esta variable según la condición de pobreza, se observa que 7 de cada 10 pobres dicen utilizar solamente la cobertura pública en salud, a pesar de que ésta ha disminuido de un año a otro (77,0% para el año 2017 y un 70, 8% para el 2018).

Otra muestra del deterioro económico que se registra hoy en la Argentina es que en el 2017, más de la mitad de las personas de estrato socio- ocupacional medio profesional poseía una prepaga en la provincia de Buenos Aires para acceder a la atención en salud o tratamiento (57,3%), pero en el 2018 este porcentaje descendió a 47,9%.

También hay un dato llamativo en esta encuesta. Según el estrato socio-ocupacional, se observó un mayor uso de los centros de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por parte de los bonaerenses. Seis de cada diez personas pertenecientes al estrato no profesional asisten a instituciones en CABA, frente a 2 de cada 10 trabajadores marginales.

En tanto, la encuesta de la UCA reveló que la mitad de los hogares que se encuentran bajo condiciones de pobreza en el área metropolitana, han debido abandonar las consultas al médico o dentista por problemas económicos, situación que es notoriamente distinta en los hogares no pobres.

Esta situación de privación en atención de la salud, debido a problemas económicos es similar en el Conurbano Norte (29,8%) y en el Conurbano Sur (27,6%) y en menor proporción en el Conurbano Norte (21,1%). En la misma línea de análisis, dos de cada diez hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, debieron dejar de comprar medicamentos debido a los problemas económicos en el último año.

Específicamente, 1 de cada 10 hogares no pobres frente a casi la mitad de los hogares bajo la línea de pobreza, dejó de comprar medicamentos en el año anterior por problemas económicos. Los resultados que muestra la encuesta de la UCA evidencian a su vez, mayores dificultades para seguir comprando medicamentos en los hogares del Conurbano en comparación con aquellos pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por otra parte, el tema de la asistencia a un médico aparece como otro grave problema: un tercio del total de los encuestados no realizaron una consulta médica anual (28,7%). Y la privación de consulta médica se presenta en mayor medida en condiciones de mayor carencia económica y precariedad laboral.

Al comparar grupos según condición de pobreza y estrato socio - ocupacional, presentaron un mayor porcentaje de este indicador las personas pobres (43,3%) y las personas que pertenecen al estrato trabajador marginal (39,8%), en comparación con las personas no pobres (39.8%) y pertenecientes al estrato medio profesional (16.3%). Según el área de residencia, las personas en el Conurbano Norte presentan el porcentaje superior de personas que no realizaron una consulta médica en el último año (36,5%).

En general, cerca de la mitad de las personas que obtuvieron un turno con un médico especialista tuvieron que esperar alrededor de un mes para la atención (45,6%), seguido de la espera de una semana (38,2%) y de más de dos meses (16,2%).

Por Martín Dinatale

Fuente: Infobae

Hambre.

18-11-2025 / 10:11

Las pruebas de la participación de Milei en la estafa $LIBRA ya está en las manos de la justicia

De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.

Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.

La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.

Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.

Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.

En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.

La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.

Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.

En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

17-11-2025 / 10:11

El plan de la derecha cipaya para convertir Argentina en la colonia yanqui de Trump

16-11-2025 / 09:11

Coimeros: Macri, Milei, Spagnuolo y la trama detrás de los sobre precios increíbles y el 3% para la hermana Karina

El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.

Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.

Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.

En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".

La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.

Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.

A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.

El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.

15-11-2025 / 10:11

La falacia de los precios y la pobreza: la inflación sigue subiendo, pero el Indec no refleja la realidad

Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.

Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.

Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.

La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.

La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.

La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.

En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.

La Opinión Popular

15-11-2025 / 09:11

Miserable sumisión del gobierno del cipayo Javier Milei a Donald Trump

En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza.

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".

Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.

Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.

En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.

No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.

Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.

La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.

La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía.