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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 18-11-2019 / 09:11
ENCUESTA DE LA UCA

Gestión Macri: el 9,3% de la población urbana padece hambre

Gestión Macri: el 9,3% de la población urbana padece hambre
En lo que va del tercer trimestre de este año se incrementó del 7,9% del 2018 al 9,3% de 2019 la cantidad de la población urbana que vive en hogares donde padecen hambre o inseguridad alimentaria severa. No sólo esto. La inseguridad alimentaria en total pasó del 20,2% del 2018 al 22,2% al 2019 en todo el país.
Alberto Fernández recibió el viernes por la mañana una de las peores noticias que le depararán para su inminente mandato presidencial: en lo que va del tercer trimestre de este año se incrementó del 7,9% del 2018 al 9,3% de 2019 la cantidad de la población urbana que vive en hogares donde padecen hambre o inseguridad alimentaria severa. No sólo esto. La inseguridad alimentaria en total pasó del 20,2% del 2018 al 22,2% al 2019 en todo el país.
 
Los datos que se desprenden de la encuesta del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (UCA) fueron presentados por el director de ese instituto Agustín Salvia al presidente electo en medio de la reunión por el Consejo de lucha contra el Hambre donde Fernández y el futuro ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, reunieron Marcelo Tinelli junto con sectores empresarios, sociales y sindicales para avanzar en un plan de lucha contra la falta de alimentación en la Argentina.
 
Salvia presentó en informe ante la mirada preocupante de Fernández y todo su equipo. A algunos líderes de movimientos sociales o dirigentes de comedores escolares los datos no les llamaron la atención en función del deterioro de la economía, el golpe de la inflación y la ausencia de políticas sociales activas para atender este flagelo, según dijeron.
 
"No vamos a poder llegar a la pobreza cero como se prometió pero en la medida que objetivemos bien el trabajo vamos a poder enfocarnos en sacar a la gente de la pobreza y el hambre", señaló Salvia en un tramo de la primer reunión del Consejo contra el Hambre que participó con el presidente electo y un amplio abanico de referentes sociales, empresariales y sindicales.
 
La encuesta de la UCA también revela una curva ascendente desde el 2017 hasta ahora en lo que respecta a inseguridad alimentaria severa en los hogares argentinos: mientras que en el 2017 era del 5%, en 2018 fue del 6% y en 2019 del 7,4%.
 
En términos técnicos inseguridad alimentaria severa indica "la percepción de experiencias de hambre por parte de alguno de los adultos o niños por problemas económicos durante los últimos 12 meses". Y define a los hogares que experimentaron situaciones de hambre porque no hubo suficiente dinero para comprar alimentos en el último año.

 
En los gráficos que Salvia mostró a Fernández y los miembros del Consejo del Hambre figura también que la inseguridad alimentaria se disparó en mayor medida en los niños de 0 a 17 años: pasó del 29% en el 2018 al 30,1% en este año. Y la inseguridad alimentaria severa, es decir los chicos que padecieron hambre de verdad fue del 12,7% en 2018 y del 14,1% en 2019.
 
Estos datos resultan ser un lamentable récord histórico de la Argentina ya que no se veían picos de inseguridad alimentaria severa desde el 2010 (13,7%) y 2014 (13,6%) según el mismo informe de la UCA.
 
"Está claro que este año se agravó la situación de inseguridad alimentaria por el aumento de los precios, el impacto de la inflación en los salarios a pesar de que hubo cierta contención de los comedores escolares o merenderos en aumento", explicó a Infobae Juan Ignacio Bonfiglio, uno de los coordinadores, junto con Salvia, del trabajo de la UCA titulado: "Incidencia de la inseguridad alimentaria severa y total para los hogares y la población urbana de la Argentina 2010-2019". Este trabajo será presentado en detalle en los primeros días de diciembre.
 
Salvia llevó este trabajo a la reunión del Consejo del Hambre para que Fernández tenga un panorama bien realista de lo que se encontrará a la hora de establecer políticas sociales de lucha contra la pobreza. Así, destacó que el aumento de la inseguridad alimentaria severa se registró, según el sondeo del Observatorio de la Deuda Social, este año con mayor énfasis en los hogares del conurbano bonaerense fue del 7,9% en el 2018 y este año fue del 9,3%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,6% al 2,4% este año y en el resto urbano pasó del 6,8% al 7,6%.
 
Bonfiglio explicó que si bien el conurbano bonaerense es el lugar donde más creció el hambre de los hogares vulnerables en ciudades como Córdoba, CABA, Tucumán, Mendoza y Rosario también se evidenciaron picos de aumento importantes.
 
"Los comedores escolares han contenido situaciones de hambre en la Argentina pero está claro que no resultaron suficientes para frenar un problema económico global como el que se percibe con aumento de precios, desempleo y pobreza", añadió el coordinador de la UCA.
 
La inseguridad alimentaria severa impactó fuertemente en hogares donde hay trabajadores marginales (pasó del 18,5% al 20,5% en este año) y el obrero integrado que fue del 8,5% al 9,5%.
 
La encuesta que Salvia le entregó a Fernández y al resto de los integrantes del Consejo del Hambre es mucho más amplia y será presentada formalmente en su totalidad en diciembre. Ya fue girada también al gobierno de Mauricio Macri y se hizo sobre 5.800 casos en aglomerados urbanos con más de 80.000 habitantes.
 
 
Salud en el área metropolitana
 
En complemento con estos datos de inseguridad alimentaria y teniendo en cuenta que el conurbano bonaerense es el más afectado en relación a la pobreza y la inseguridad alimentaria, la UCA presentó también un informe sobre el estado de la salud en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
 
Según este informe al que también tuvo acceso Infobae revela que al comparar los años 2017 y 2018, se observa un aumento del 5% en las personas de 18 años y más, que declaran un estado de salud deficitario en territorio metropolitano.
 
Por otra parte, el deterioro en la salud aumenta en función de la edad, alcanzando a 3 de cada 10 personas de 75 años y más, en 2017 y 2018.
 
Con respecto a las características de desigualdad social, los datos de la UCA mostraron que un mayor nivel de déficit en el estado de salud percibido en las personas que se encuentran en condición de pobreza, tanto en el año 2017 como en el 2018. Así, en el 2017, el 10% de las personas no pobres y el 16,7% de personas bajo condición de pobreza percibieron su estado de salud como deficitario. Este dato se elevó en el 2018 a un 15,3% y 20,2% en no pobres y pobres, respectivamente.
 
En relación a la cobertura médica, se determinó que la más utilizada durante el 2017 y 2018 fue la obra social o Mutual con un 36,4% y 40,6% respectivamente, seguida de la cobertura exclusivamente pública. Así, en comparación con el 2017, en el 2018 hubo un incremento del porcentaje de personas que se atienden mediante Obra Social o Mutual. Y al analizar esta variable según la condición de pobreza, se observa que 7 de cada 10 pobres dicen utilizar solamente la cobertura pública en salud, a pesar de que ésta ha disminuido de un año a otro (77,0% para el año 2017 y un 70, 8% para el 2018).
 
Otra muestra del deterioro económico que se registra hoy en la Argentina es que en el 2017, más de la mitad de las personas de estrato socio- ocupacional medio profesional poseía una prepaga en la provincia de Buenos Aires para acceder a la atención en salud o tratamiento (57,3%), pero en el 2018 este porcentaje descendió a 47,9%.
 
También hay un dato llamativo en esta encuesta. Según el estrato socio-ocupacional, se observó un mayor uso de los centros de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por parte de los bonaerenses. Seis de cada diez personas pertenecientes al estrato no profesional asisten a instituciones en CABA, frente a 2 de cada 10 trabajadores marginales.
 
En tanto, la encuesta de la UCA reveló que la mitad de los hogares que se encuentran bajo condiciones de pobreza en el área metropolitana, han debido abandonar las consultas al médico o dentista por problemas económicos, situación que es notoriamente distinta en los hogares no pobres.
 
Esta situación de privación en atención de la salud, debido a problemas económicos es similar en el Conurbano Norte (29,8%) y en el Conurbano Sur (27,6%) y en menor proporción en el Conurbano Norte (21,1%). En la misma línea de análisis, dos de cada diez hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, debieron dejar de comprar medicamentos debido a los problemas económicos en el último año.
 
Específicamente, 1 de cada 10 hogares no pobres frente a casi la mitad de los hogares bajo la línea de pobreza, dejó de comprar medicamentos en el año anterior por problemas económicos. Los resultados que muestra la encuesta de la UCA evidencian a su vez, mayores dificultades para seguir comprando medicamentos en los hogares del Conurbano en comparación con aquellos pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Por otra parte, el tema de la asistencia a un médico aparece como otro grave problema: un tercio del total de los encuestados no realizaron una consulta médica anual (28,7%). Y la privación de consulta médica se presenta en mayor medida en condiciones de mayor carencia económica y precariedad laboral.
 
Al comparar grupos según condición de pobreza y estrato socio - ocupacional, presentaron un mayor porcentaje de este indicador las personas pobres (43,3%) y las personas que pertenecen al estrato trabajador marginal (39,8%), en comparación con las personas no pobres (39.8%) y pertenecientes al estrato medio profesional (16.3%). Según el área de residencia, las personas en el Conurbano Norte presentan el porcentaje superior de personas que no realizaron una consulta médica en el último año (36,5%).
 
En general, cerca de la mitad de las personas que obtuvieron un turno con un médico especialista tuvieron que esperar alrededor de un mes para la atención (45,6%), seguido de la espera de una semana (38,2%) y de más de dos meses (16,2%).
 
Por Martín Dinatale
 
Fuente: Infobae
 

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Gestión Macri: el 9,3% de la población urbana padece hambre
Hambre.
18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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