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Nacionales - 15-11-2019 / 09:11
LIBERTAD DE PRENSA EN RIESGO: ATACAN EN LAS CALLES A ENVIADOS DE CANALES ARGENTINOS

Periodistas argentinos en Bolivia fueron acusados de "sedición" por el gobierno golpista proyanqui

Periodistas argentinos en Bolivia fueron acusados de
LAMENTABLE. Ayer un grupo de manifestantes golpeó al equipo de trabajo que lidera Rolando Graña y otros cronistas argentinos fueron violentados y se les impidió realizar su trabajo. Luego, la ministra transitoria de Comunicación, Roxana Lizarraga, tildó de "pseuperiodistas" a los equipos de comunicadores argentinos y confirmó que "están identificados y el ministro de Gobierno va a tomar las acciones pertinentes".
Los equipos periodísticos de TN, América 24, Crónica TV y Telefé fueron agredidos y acusados de realizar actos de sedición por parte del gobierno golpista proyanqui de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez. Tras las amenazas, los periodistas argentinos tuvieron que ser refugiados por la embajada en La Paz.
 
Fue la ministra transitoria de Comunicación, Roxana Lizarraga, la que tildó de "pseuperiodistas" a los equipos de comunicadores y confirmó que "están identificados y el ministro de Gobierno va a tomar las acciones pertinentes". "Comenzaron mal", se limitó a decir el embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García. Las organizaciones de prensa repudiaron el accionar del gobierno autoproclamado.
 
Álvarez García, en diálogo con A24 -cuyo corresponsal Rolando Graña es uno de los expulsados por el gobierno golpista-, confirmó esta tarde que los periodistas de TN, América 24 y Telefé ya habían sido recogidos por funcionarios de la embajada y se encontraban en su residencia por seguridad.
 
Por su parte, el canciller Jorge Faurie calificó de "totalmente infeliz" las declaraciones de Lizarriaga e indicó que se comunicará con quien ejerza el rol de canciller en el gobierno autoproclamado de Añez para expresar la "viva disconformidad" del gobierno argentino.
 
El embajador, que el lunes negó el golpe de Estado en curso, evitó condenar la actitud del denominado "gobierno de transición" contra la libertad de prensa. Ante la consulta, Álvarez García se excusó por no haber escuchado a Lizarraga y luego minimizó el hecho: "Voy a hablar con algún funcionario. Comenzaron mal, pero bueno...", respondió.
 
Las expulsiones por "sedición" fueron anticipadas más temprano por la ministra transitoria de Comunicación del gobierno de facto quien aseguró que para "aquellos periodistas o pseudoperiodistas que están haciendo sedición se va a actuar conforme a ley" e indicó que "ya se tiene identificados", a quienes después recibirían la orden de expulsión.
 
Al conocer la aplicación de la figura de sedición contra los trabajadores de prensa argentinos, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) repudió "los ataques a les trabajadores de prensa y a la libertad de expresión en Bolivia" e instó la Cancillería argentina a "garantizar la libertad de trabajo e integridad física de las y los colegas que cubren el golpe de Estado".
 
Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas manifestó su "preocupación" por los ataques recibidos por los equipos periodísticos y por los dichos de Lizarriaga, sin hacer mención a que lo ocurre se da en el marco de un golpe de Estado. 
 
La Opinión Popular

 
Golpe en Bolivia: tras las amenazas, los periodistas argentinos tuvieron que ser refugiados por la embajada en La Paz
 
Luego de que ayer un grupo de manifestantes opositores a Evo Morales golpeara al equipo de trabajo que lidera Rolando Graña en La Paz, Bolivia, y tras las declaraciones de la nueva ministra de Comunicación boliviana, que amenazó a periodistas locales y extranjeros por cometer presunta "sedición", cronistas de los canales TN y Crónica sufrieron agresiones.
 
Amenazas y agresiones a periodistas y profesionales de la comunicación, ataques contra instalaciones de radios, canales de televisión y diarios son algunos de los actos de intimidación que están ocurriendo en las últimas horas en el marco de las protestas sociales que comenzaron luego de las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre.
 
Tras las agresiones a los distintos cronistas y sus compañeros de trabajo, el equipo de TN fue evacuado del hotel donde se estaban hospedando. El operativo fue llevado a cabo por un grupo de élite de una fuerza de seguridad argentina.
 
Al respecto, el Canciller Jorge Faurie aseguró que "todos los equipos de los diferentes medios de comunicación que estaban cubriendo los acontecimientos en Bolivia están a resguardo, en un lugar apropiado. Algunos otros están en contacto con personal del consulado y la embajada. La embajada trabajó de manera eficiente para ubicar a los periodistas y llevarlos a un lugar en seguridad".
 
Esta tarde, la cronista de TN Carolina Amoroso fue interrumpida mientras hacía su trabajo por una mujer que empezó a gritar "váyanse de mi país". Cuando Amoroso intentó darle la palabra para que dijera lo que quisiera, la mujer dijo: "No tengo nada que hablar contigo, ¿para qué?, ¿para qué cambies mi discurso? A mí qué me importa que estés en vivo". A continuación, varias personas rodearon al camarógrafo Federico Gandolfi y empezaron a gritar frente a la cámara y amenazaron e increparon a ambos.
 
Más tarde, mientras el equipo de Crónica TV trabajaba en el centro de La Paz, otro grupo de manifestantes los increpó y los periodistas fueron perseguidos hasta su hotel.
 
Todo esto se dio luego de que ayer Rolado Graña y su equipo fueran agredidos mientras trabajaban en La Paz, al tiempo que un grupo de trabajo de Telefé también sufriera intimidaciones.
 
Al conocerse la situación de los trabajadores de prensa, la Cancillería argentina solicitó mediante un comunicado a las autoridades en ejercicio del poder en Bolivia velar por la seguridad e integridad física de los medios argentinos presentes en territorio boliviano, trabajando en la cobertura de los sucesos que son de público conocimiento. Y añadió que el consulado argentino en La Paz ya tomó contacto con los periodistas argentinos.
 
"El Gobierno Argentino solicitó a las autoridades en ejercicio del poder en Bolivia velar por la seguridad e integridad física de los medios argentinos presentes en territorio boliviano, trabajando en la cobertura de los sucesos que son de público conocimiento", detalló el comunicado de la cartera que conduce Jorge Faurie.
 
En esa línea, sostuvo que "por otro lado, el Consulado General de Argentina en La Paz ya tomó contacto con los periodistas argentinos a raíz de las situaciones de violencia a las que fueron sometidos en estas últimas horas y se continuará en seguimiento de la situación para asegurar la defensa de la libertad de prensa y la asistencia a los ciudadanos argentinos".
 
En diálogo con Crónica TV, el presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) Daniel Dessein, aseguró que lo que está sucediendo con las agresiones a la prensa es "una situación muy grave, condenamos las agresiones y manifestamos nuestra solidaridad. Nos comunicamos con el Canciller (Faurie), que nos informó que la Embajada argentina en Bolivia estaba realizando las gestiones para intentar garantizar la seguridad de los periodistas. Nos preocupó mucho las declaraciones de la Ministra (de Comunicación) Lizárraga, que amenazó con utilizar la ley de sedición contra periodistas. Es una situación muy crítica que está avanzando negativamente y nos genera mucha preocupación".
 
Finalmente, a última hora del jueves ADEPA informó a través de su cuenta de Twitter que el subsecretario de Seguridad de la Nación, Gerardo Milman, confirmó que "todos los periodistas argentinos en La Paz, Bolivia, están a salvo".
 
La ministra de Comunicación de Bolivia, Roxana Lizárraga, había amenazado a la prensa boliviana e internacional con acusarla de sedición "si no cumplen con su trabajo". "La prensa tiene todas las garantías para trabajar y aquellos periodistas o pseudoperiodistas que estén haciendo sedición se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas, bolivianos o extranjeros, es causar sedición en nuestro país y por eso responderemos con la ley boliviana", afirmó Lizárraga en una improvisada conferencia de prensa.
 
Al ser consultada sobre si las autoridades del gobierno de la presidente interina Jeanine Áñez tienen identificados a los supuestos trabajadores de prensa que habrían causado "sedición", respondió que "ya se tiene identificados a quiénes serían los periodistas" y adelantó que "el ministro de gobierno va a tomar las medidas necesarias".
 
Tras esas declaraciones, Lizárraga habló con el canal TN y afirmó: "No he hecho ninguna declaración de que la prensa internacional esté haciendo sedición, existen los bloggeros digitales en el país, existe una embajada de Cuba y Venezuela que están utilizando sus medios y sus redes para desinformar y convocar a un enfrentamiento entre bolivianos. Eso se llama sedición y es un delito".
 
"Las mentiras, la falta de honestidad, el desvirtuar lo que pasa en un país, el tratar de generar convulsión, eso sí es sedición y no es trabajo periodístico. Debe haber imparcialidad, es lo único que estamos pidiendo quienes estamos en este gobierno de transición", concluyó.
 
Poco antes de la declaración de la ministra, el camarógrafo de Telefé Lucio Gómez, que ayer fue agredido mientras realizaba su cobertura, anunció en un video publicado en las redes sociales que el canal evacuaría a su equipo en las próximas horas de la capital boliviana tras haber sido acusado de sedición por el actual gobierno boliviano.
 
En diálogo con A24, el Canciller Faurie dijo que las declaraciones de Lizárraga fueron "atentatorias contra el ejercicio de la tarea periodística, contraria al criterio de libertad de prensa, que defendemos a ultranza". "La labor de los equipos de prensa que están en Bolivia quieren informar a los argentinos sobre lo que se vive en Bolivia y la afirmación de que es sedición es infeliz", agregó.
 
En tanto, concluyó: "Estamos procurando entrar en contacto con el encargado del área de relaciones exteriores para expresar nuestra disconformidad. Defender la libertad de prensa en cualquier lugar del mundo es una de las tareas para reforzar el sistema democrático".
 
Fuente: Infobae
 

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20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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