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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 15-11-2019 / 08:11
REGALO DE DESPEDIDA

A días de irse, Macri autorizó un pago de $25.000 millones para sus amigos de las petroleras

A días de irse, Macri autorizó un pago de $25.000 millones para sus amigos de las petroleras
A pocos días de dejar el poder, el presidente Mauricio Macri autorizó que les paguen 24.524 millones de pesos a las empresas petroleras para “compensarlas” por la devaluación de 2018. La “deuda” surge de la decisión del gobierno de Cambiemos de dolarizar los precios de los combustibles. Lo que hizo el gobierno es, directamente, actuar como empleados de los intereses de las petroleras y beneficiarlas en perjuicio de la población.
El presidente Mauricio Macri autorizó un desembolso millonario a favor de sus amigos de las petroleras a menos de un mes de dejar el poder. El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobó este jueves a través de la resolución 735/19 la compensación para las petroleras por las diferencias surgidas entre el precio que les abonaron las distribuidoras y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de este año.
 
La deuda original sumaba 19.531 millones, pero le terminarán transfiriendo 24.524 millones ya que el monto fue actualizado por la tasa pasiva del Banco Nación. "El compromiso era dejar la discusión para el año que viene, lo que ahora hizo el gobierno es, directamente, actuar como empleados de los intereses de las petroleras y beneficiarlas en perjuicio de la población", dijo indignado el especialista y ex funcionario de la Secretaría de Energía Andrés Repar.
 
La diferencia entre lo que oportunamente recibieron las empresas y lo que deberían haber recibido surge porque del vergonzoso acuerdo firmado el 29 de noviembre del año pasado entre las productoras de gas natural y las distribuidoras, avalado por el entonces Ministerio de Energía e informado por el Enargas en la actuación 574/18, establecía en el inciso f del punto 2 que los precios del gas estaban dolarizados.
 
Sin embargo, lo que había trascendido de las conversaciones entre el Gobierno y las gasíferas, a raíz de la demanda de estas últimas por el aumento del dólar no trasladado a tarifas, era que se revisaría el criterio de indexación del precio del gas en función de una situación de mercado absolutamente distinta.
 
Ese esquema regulatorio había sido presentado como parte de un "proceso de normalización del sector y de recomposición de precios y tarifas". Como consecuencia de la "normalización" las tarifas de gas treparon en promedio más de 1000 por ciento entre abril de 2016 y abril de 2018 y con la disparada que registró el dólar a partir de entonces el aumento que se le debería haber otorgado a las empresas debería haber estado por encima del ajuste autorizado por el Enargas.
 
A pesar de las elevadas tarifas, se redujo el monto de inversiones. No hubo expansión de clientes, por lo tanto no hubo obras de expansión de la red, de trazado de nuevos ramales ni colocación de medidores. Lo que se hizo ahora es burlarse de esos compromisos y concederle a las empresas los 24 mil millones de pesos.
 
Simplemente, le siguen pagando todo lo que les concedió el macrismo por el perverso sistema de dolarización del gas del año 2017 sin ejercer la más mínima defensa del interés público. Pero ni siquiera así se dan por conformes: las petroleras, uno de los sectores más favorecidos por las políticas neoliberales de Macri, afirman que la actualización del monto adeudado con la tasa pasiva del Banco Nación, las perjudica porque esa variación quedó por debajo de la evolución del tipo de cambio y de la inflación. Son insaciables.
 
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IEASA, YPF, TOTAL, PAE, PAMPA ENERGÍA, WINTERSHALL, TECPETROL Y PLUSPETROL, ENTRE LAS QUE MÁS RECIBIRÁN
 
A días de irse, Macri compensó a gasíferas con $25.000 millones por la devaluación de 2018
 
La resolución 735 del Enargas, publicada ayer en el Boletín Oficial, aprobó el desembolso de $24.524 millones para las empresas productoras de gas como compensación por el desfase producido por la megadevaluación de 2018.
 
La decisión, dirigida a uno de los sectores más favorecidos por las políticas oficiales, llega a 26 días de terminar el mandato de Mauricio Macri, en pleno ajuste fiscal a áreas sensibles, después del reperfilamiento de la deuda de corto plazo y de los cortocircuitos con las petroleras generados por el congelamiento de los combustibles recién finalizado.
 
El monto, equivalente hoy a US$410 millones, busca cubrir las diferencias diarias acumuladas (DDA) entre el abril de 2018 y marzo de 2019 a raíz de los saltos cambiarios. Es decir, el desfase entre lo que efectivamente les pagaron las distribuidoras a las petroleras por el gas mayorista y lo que "deberían haber cobrado" según cada operación de compra pactadas.
 
Como en 2018, por la decisión del ministro Juan José Aranguren, los contratos mayoristas estaban dolarizados y convertidos al tipo de cambio oficial del momento pero los pagos se realizaban a 75 días, las subas del dólar que se realizaban en ese lapso generaban estos desbarajustes.
 
El mecanismo de las DDA fue creado en los noventa, en el marco de las privatizaciones, para corregir diferencias pequeñas ya que en ese momento regía la convertibilidad. Cuando Cambiemos volvió a liberalizar los precios, lo que llevó a disparar las tarifas alrededor de 2.000% en cuatro años, retomó aquel marco regulatorio pero en un contexto de fuerte volatilidad cambiaria.
 
La primera solución ideada por el Gobierno, en octubre de 2018, para compensar a las productoras de gas fue trasladarle el multimillonario costo de la devaluación a los usuarios, quienes deberían pagarlo en 24 cuotas a partir de enero de 2019.
 
El rechazo generalizado, que incluyó protestas y fue cuestionado incluso por legisladores de la UCR, hizo retroceder al entonces secretario de Energía, Javier Iguacel, y el Ejecutivo definió que el propio Estado se haría cargo. Sin embargo, la decisión recién se oficializó ayer.
 
Las compañías que más dinero recibirán son las estatales Ieasa, que percibirá $8.903 millones, e YPF, $6.795 millones; seguidas de la multinacional francesa Total, $2.356 millones; PAE, de la familia Bulgheroni, $1.371 millones; Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, uno de los empresarios más cercanos a Macri, $1.218 millones; la alemana Wintershall, $962 millones; Pan American Sur, $751 millones; Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, $635 millones; la argentina Pluspetrol, $476 millones; y CGC, de Eduardo Eurnekian, $409 millones.
 
Como el resarcimiento se les transferirá a las petroleras a través de las distribuidoras, Adigas, la cámara que agrupa a estas últimas, salió a aclarar que la resolución del Enargas "compensa únicamente a las empresas productoras de gas".
 
Por su parte, las petroleras privadas consultadas por BAE Negocios cuestionaron que "la deuda original" de $19.531 millones se actualizó de acuerdo a la tasa pasiva del Banco Nación hasta alcanzar el monto final de $24.524 millones. Pese a que la mayoría de los sectores empresariales y de trabajadores no fueron compensados por el salto del dólar, consideran la nueva devaluación ocurrida este año volvió a afectar la cifra que cobrarán.
 
Con varias propuestas de distintos actores que integran el Frente de Todos en danza, resta ver cómo manejará la política energética el próximo Gobierno. Alberto Fernández habló de pesificar, aunque Vaca Muerta es vista como una potencial fuente de divisas para el país.
 
Por Juan Strasnoy Peyre
 
Fuente: BAE Negocios
 

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14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

12-12-2025 / 10:12
El gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei mandó al Senado un proyecto de contrarreforma para eliminar derechos laborales, sindicales y de huelga que atrasa un siglo. Contra la Constitución desconoce hasta la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. Redactado por los abogados de las grandes empresas, de Paolo Rocca, Galperin y Eurnekian, en cada rubro empeora la posición de los trabajadores. Perjudica también a monotributistas e informales y se propone financiar los despidos con la plata de los jubilados.
 
El gobierno libertario demoró la presentación de la contrareforma laboral, que no registra precedentes desde la dictadura genocida de 1976, para estirar los tiempos de negociación y definir cuán a fondo iría en su ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. El proyecto que ingresó al Senado retoma lo peor de todas las versiones anteriores y lo condensa en 71 páginas y 191 artículos.
 
Enmascarada en una supuesta "modernización", la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga. Lejos de mejorar la vida de los trabajadores, crear empleo o incorporar a los informales al mercado formal, la reforma sólo busca abaratar costos para que el empleador pueda despedir y amplía la desprotección sobre el sector más débil.
 
Los especialistas coinciden en que "invierte la presunción de laborabilidad" perjudicando a monotributistas y trabajadores "independientes". El texto final del proyecto confirma la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del gran capital, debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades.
 
La reforma laboral, firmada por Milei, fue elevada al Congreso de manera errónea por parte de Gobierno. Legisladores opositores y abogados laboralistas cuestionaron el ingreso por el Senado, ya que la reforma laboral contiene un capítulo tributario que modifica impuestos centrales. Al respecto, la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.
 
La reforma laboral que impulsa Milei atrasa porque reinstala un modelo previo al propio nacimiento del derecho laboral. La abogada Natalia Salvo advierte que es "una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas". El proyecto permite jornadas de hasta 12 horas, un retroceso a antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica.

También elimina ítems remunerativos para achicar aguinaldo y vacaciones, ahora fraccionadas como en etapas de precariedad anteriores a cualquier estándar moderno. Al mismo tiempo, remarca que la iniciativa desconoce los avances globales sobre las plataformas: mientras en Europa los tribunales y países como España o Portugal ya reconocen a esos trabajadores como dependientes, aquí se los deja en un limbo jurídico. Modernizar sería ampliar la protección, no recortarla. Con un 43 por ciento de informalidad, el proyecto empuja al país hacia un pasado sin resguardo, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad de la patronal.

Un Gobierno que miente en todo, presenta el argumento principal en la supuesta "creación de trabajo formal". Silogismo falaz, acaba de ser refutado por un hombre del gran capital, el abogado Julián de Diego. Dijo que "sin crecimiento, no habrá generación de empleo". Ese crecimiento se presenta, como promesa lejana, relato de un provenir etéreo, medido en décadas. Equiparada a Irlanda, Alemania, y otras naciones. Por ahora, lo que hay es recesión, inflación en alza y deuda. Cada vez más deuda.

La Opinión Popular


11-12-2025 / 10:12
Turismo "con la nuestra". Nuevo papelón internacional de Javier "el Loco" Milei que fue a perder el tiempo a Noruega disfrazado con el mameluco de YPF, viajó 25.000 kilómetros para sacarse una foto... y se volvió sin nada. María Corina Machado faltó a su premiación como Nobel de la Paz. Viajó con su hermana Karina a Oslo en el avión presidencial, en un viaje que cuesta 300 mil dólares, y se alojó en el Gran Hotel de Oslo, en donde una habitación cuesta mil euros por noche. "El Peluca" volvió a las apuradas y de inmediato puso su firma en el funesto proyecto que apunta contra la justicia social y modifica la regulación de horas extras, vacaciones e indemnizaciones.
 
El fugaz y costoso paseo de Milei por Noruega terminó en un traspié político que expuso improvisación y falta de estrategia. La salida apresurada dejó al libertario sin el rédito simbólico que buscaba y reforzó las críticas sobre un viaje reducido a gestos vacíos, sin resultados concretos ni agenda internacional consistente. Tenía una agenda que incluía reuniones con el primer ministro y con el rey, además de la posibilidad de un encuentro cara a cara con Corina Machado, y los dejó "de garpe". Cosa de loco.
 
Milei regresó de apuro para evitar que una interna ponga en riesgo el tratamiento de la reforma laboral. Las explicaciones oficiales, en off the record, hablaban de la necesidad de "firmar la ley de reforma laboral" después de hacer "algún ajuste de último momento", sin embargo, tanto los cambios como la firma se pueden gestionar de manera remota. Lo que sucedió en realidad es que una nueva interna en el gobierno casi hace volar por los aires la Ley Rifle. Lo más llamativo, en este caso, es que los que frenaron el proyecto son dos enemigos íntimos: Santiago Caputo y Martín Menem.
 
Ellos son los dos interlocutores más fluidos que tiene la CGT dentro de la estructura libertaria y vienen advirtiendo desde hace tiempo que así como la estaba planteando Federico Sturzenegger, la reforma laboral corre el riesgo de empantanarse en el Congreso y terminar siendo rechazada, modificada hasta volverla irreconocible o aprobada a un costo demasiado alto. El recuerdo de la reforma previsional de Mauricio Macri en 2017 está presente en todos los cálculos.
 
Las partes observadas son justamente las que apuntan contra el andamiaje financiero y normativo que sostiene a los sindicatos, los llamados "derechos colectivos" que la CGT prioriza antes que las condiciones de trabajo individuales. De hecho, este lunes Sturzenegger estuvo reunido con los diputados de LLA, en un encuentro del que Menem no participó, y ante las consultas sobre estos asuntos el ministro prometió una "versión light", más sencilla de aprobar.
 
Sin embargo, el anuncio que hizo el vocero con sueldo de jefe de gabinete, Manuel Adorni, al día siguiente, no contempla la mayoría de esos recortes e incluye cláusulas inaceptables para el más dialoguista de los líderes gremiales. Dicen en la Casa Rosada que la orden de ir a fondo la dio el mismo Milei. El proyecto ya estaba listo para ingresar al Senado cuando Caputo y los Menem lograron frenarlo. Ese fue el motivo por el que el presidente tuvo que volver de apuro.
 
Patricia Bullrich, en tanto, defiende la redacción de Stuzenegger pero reclama que la situación se destrabe porque cree que si la reforma no tiene un tratamiento express y media sanción antes de las fiestas, después puede empantanarse. Su plan original de dictaminar esta misma semana, incluso el viernes a última hora, se fue diluyendo con el correr de las horas. El escenario más optimista apunta a sesionar en vísperas de noche buena. Sería un verdadero milagro navideño, mientras la CGT y el peronismo se abroquelan contra la reforma laboral anti obrera y pro patronal de Milei.
 
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10-12-2025 / 09:12
La denuncia por la compra de chatarra militar suma un nuevo capítulo. A la venta por un euro de los F-16 a Rumania, se añade el inminente acuerdo entre Polonia y Estados Unidos para la comprar de 250 vehículos blindados Stryker por sólo el valor simbólico de un dólar.
 
Los Stryker forman parte del catálogo militar yanqui que fueron utilizados en Afganistán e Irak y están diseñados para el transporte ágil de tropas y equipamiento. Según versiones oficiales, la elección del modelo responde a una planificación que prioriza la movilidad, la protección y la capacidad de respuesta ante diversas situaciones operativas.
 
Se trata de unidades adaptadas a distintos escenarios urbanos y misiones, con posibilidad de implementación progresiva conforme a los requerimientos logísticos y de capacitación establecidos por el Ejército Argentino.
 
Ya en julio que había opciones mejores que estaban siendo barajadas como el Guaraní de Brasil, que son vehículos muy similares a los que se usan en Argentina con el aditamento que los componentes mecánicos son argentinos como el motor y transmisión de IVECO.
 
Según publicó el medio ecuatoriano El Universal en base a un informe de Interesting Engineering, con esta oferta se pretende que los Strykers, que actualmente están desplegados en Europa, no vuelvan a territorio estadounidense, sino que sean entregados directamente a Polonia como parte del proceso de disminución de presencia militar norteamericana en la región.
 
Un análisis de Breaking Defense detalla que los Strykers llegarían en condiciones deterioradas, lo que implicaría reparaciones costosas, modernización y la creación de un nuevo sistema de soporte y entrenamiento, especialmente complejo para una plataforma que Argentina nunca operó.
 
Por otra parte, sostiene el informe, también hay dudas sobre el impacto industrial que traería la llegada de estos blindados, ya que puede desplazar la demanda de vehículos de fabricación nacional, como el Rosomak. En efecto, como ocurre con los F-16, se confirma que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están deshaciéndose de la buena parte de su material militar por considerarlo vetusto y desactualizado.
 
Por eso, en el Ejército argentino preferían El Guaraní brasileño dado no se impone límite de cantidad, son nuevos, se transfiere tecnología de fabricación de partes y es interoperable con Brasil.
 
"Los EEUU limitan la cantidad, nos entregan un lote de usados que Chile descartó oportunamente. No son anfibios y puede ser que venga una flota final heterogénea, con menor ciclo de vida útil y mayor costo de mantenimiento. Es relevante que no sean anfibios. No van a poder varear nuestros ríos", detalló un militar activo en ese momento.
 
Para armas, plata hay. De los 27 vehículos que el gobierno le compró a Estados Unidos el valor total fue de 100 millones de dólares. La propuesta de Brasil por los Guaraní era de 161 vehículos (156 + 5 de entrenamiento) por 400 millones de dólares, quedando cada unidad en valor de 2,5 millones de dólares cada uno contra los 3,7 de los Stryker. Es decir, si se hubiesen comprado la misma cantidad a Brasil, hubiera gastado 67 millones, 32 millones menos que lo que gastó ahora. ¿Aliados a EEUU? Las pelotas... A Milei, los yanquis lo toman de gil.

 

 

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