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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 14-11-2019 / 08:11

LA DECLARACIÓN FUE APROBADA POR DIPUTADOS Y SENADORES

El Congreso expresó su fuerte rechazo al golpe de Estado en Bolivia que Macri justificó

El Congreso nacional aprobó en sesión especial, y por medio de la votación a mano alzada, el proyecto de declaración en repudio al golpe de Estado cívico-policial apoyado por las FFAA con la injerencia de los Estados Unidos y el apoyo de Donald Trump, luego de que la oposición y el macrismo no pudieran limar diferencias y ponerse de acuerdo en un texto común.

La Cámara de Diputados aprobó en sesión especial, y por medio de la votación a mano alzada, el proyecto de declaración en repudio al golpe de Estado cívico-policial apoyado por las FFAA con la injerencia de los Estados Unidos y la bendición de Donald Trump. El mecanismo de votación, que impulsó la oposición, fue resuelto por el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, luego de que la oposición y el macrismo no pudieran limar diferencias y ponerse de acuerdo en un texto común.

Tras casi 5 horas de sesión, la alianza Cambiemos decidió la abstención pero la modalidad de votación impidió que pudiera expresarse en ese sentido. El proyecto macrista solo proponía aludir a una situación de "quiebre institucional".

La declaración aprobada enfatiza un "profundo repudio al golpe de Estado perpetrado del 10 de noviembre de 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia" y al mismo tiempo convoca "a todo el arco político de la región a exigir el cese inmediato de la persecución y violación de derechos humanos de funcionarios, dirigentes políticos, sociales, sindicales, feministas y de la población en general".

En tanto, el Senado aprobó la declaración de "enérgico repudio al golpe de Estado" en Bolivia. Allí, la votación dejó como saldo la división de Cambiemos: mientras el radicalismo se abstuvo, el Pro terminó votando en contra. La declaración se aprobó con 29 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones, pero hubo seis senadores de Cambiemos que iban a abstenerse y terminaron votando en contra para evitar que la sesión se quedara sin quórum, por lo que los votos de rechazo genuinos fueron dos: Federico Pinedo y Roberto Basualdo.

Dado que las abstenciones restan al quórum necesario para sesionar (37 senadores), la oposición y el oficialismo acordaron en pleno recinto, con la mediación del presidente provisional de la Cámara, Federico Pinedo, evitar esa situación.

La declaración que se aprobó fue la que impulsaron los bloques del Frente para la Victoria y Justicialista expresa el "más enérgico repudio al golpe de Estado" en Bolivia "contra el gobierno democráticamente electo del presidente Juan Evo Morales Ayma".

Además, exhorta al Poder Ejecutivo a que "en virtud del quiebre democrático ocurrido en el hermano país, conceda asilo a cualquier integrante del gobierno" de Morales que lo solicite.

Cambiemos presentó un proyecto de declaración propio en el que evitaba hablar de "golpe de Estado" para no contrariar la postura negacionista de Macri por lo cual el PRO y la UCR acordaron un texto ambiguo que hablaba de un "golpe a la democracia".

La Opinión Popular

En un clima de incertidumbre y tensión, el Congreso nacional sesionó para aprobar una declaración a nivel nacional sobre el repudio al golpe de Estado en Bolivia, donde el presidente Evo Morales se vio obligado a renunciar el último domingo bajo presión militar.

Diputados y Senadores se reunieron para discutir la medida, en medio de diferencias dentro del oficialismo y críticas a la postura del Gobierno de Mauricio Macri.

Después de que la Asamblea Legislativa proclamara como ganadora de las elecciones del pasado 27 de octubre a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, ambas Cámaras iniciaron sus debates para discutir el rechazo a lo sucedido en el país vecino.

Tras dos meses sin sesionar, el Senado aprobó con 29 votos positivos, 8 negativos y 4 abstenciones, con la abstención del radicalismo y el rechazo del Pro, "su más enérgico repudio al golpe de Estado perpetrado en el Estado Plurinacional de Bolivia contra el Gobierno democráticamente electo del presidente Juan Evo Morales Ayma".

El respaldado fue el proyecto impulsado por el diputado y futuro canciller, Felipe Solá y varios legisladores de Cambiemos cambiaron el sentido su voto sobre el final para evitar que la sesión se quedara sin quórum.

Los senadores que votaron en contra del proyecto que repudia el golpe fueron la provida Silvia Elías de Pérez y Silvia Giacoppo, de la UCR, los macristas Alfredo de Angeli, Federico Pinedo, Gladys González, Humberto Schiavoni y el aliado cambiemita Roberto Basualdo.

En tanto, se abstuvieron Julio Cobos, Luis Naidenoff, Ángel Rozas y Pamela Verasay.

En Diputados la sesión especial comenzó sin la presencia de Cambiemos, que finalmente bajó al recinto pero se abstuvo en la votación final.

De los tres proyectos presentados logró aprobarse, por medio de votación a mano alzada, el que impulsó el Frente de Todos.

El proyecto oficialista evitaba la expresión "golpe de Estado" y en cambio proponía aludir a lo sucedido en Bolivia con la salida de Evo Morales como una situación de "quiebre institucional".

A la hora de la votación, el titular de la bancada de Cambiemos, Mario Negri, pidió votar en conjunto los tres textos en cuestión -el propio, el del peronismo y un tercero del bloque Evolución-, con el argumento de que se trataba de una declaración y no de una ley.

Sin embargo, esa moción fue rechazada y finalmente por impulso de Emilio Monzó fue aprobado a mano alzada, un formato que benefició al oficialismo, que se debatía entre la abstención o abandonar el recinto.

"Ante el impedimento de la mayoría, nos abstenemos a los efectos de la votación. Pero que quede constancia de que estamos ante el acto antidemocrático más importante después de haber invocado la democracia durante 10 horas", denunció Negri.

Fuente: El Destape

18-11-2025 / 10:11

Las pruebas de la participación de Milei en la estafa $LIBRA ya está en las manos de la justicia

De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.

Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.

La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.

Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.

Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.

En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.

La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.

Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.

En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

17-11-2025 / 10:11

El plan de la derecha cipaya para convertir Argentina en la colonia yanqui de Trump

16-11-2025 / 09:11

Coimeros: Macri, Milei, Spagnuolo y la trama detrás de los sobre precios increíbles y el 3% para la hermana Karina

El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.

Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.

Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.

En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".

La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.

Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.

A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.

El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.

15-11-2025 / 10:11

La falacia de los precios y la pobreza: la inflación sigue subiendo, pero el Indec no refleja la realidad

Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.

Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.

Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.

La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.

La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.

La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.

En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.

La Opinión Popular

15-11-2025 / 09:11

Miserable sumisión del gobierno del cipayo Javier Milei a Donald Trump

En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza.

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".

Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.

Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.

En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.

No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.

Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.

La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.

La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía.