"Este régimen provoca que la gran mayoría de las provincias, sobre todo las más pequeñas, se vuelvan dependientes del reparto de los ingresos nacionales. Por ende, en un contexto recesivo donde el nivel de actividad disminuyó a niveles de 2010, los recursos nacionales se redujeron enormemente perjudicando el accionar presupuestario de las provincias", analizó en un completo informe.
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Nacionales - 09-11-2019 / 10:11
LA CRISIS NEOLIBERAL SE REPLICA EN EL INTERIOR FEDERAL

Las provincias terminan el mandato de Macri con un mega endeudamiento

Las provincias terminan el mandato de Macri con un mega endeudamiento
La apertura económica neoliberal trajo aparejada una profunda recesión que a su vez redujo la recaudación impositiva, que tiene una vital dependencia del consumo. El escenario se reprodujo dentro de las provincias, que aumentaron exponencialmente sus pasivos y ahora algunas se encuentran en una delicada situación.
La fuga de capitales que fomentó Mauricio Macri desde 2015 se alimentó de los dólares que el Gobierno consiguió a través del mega endeudamiento. La apertura económica neoliberal trajo aparejada una profunda recesión que a su vez redujo la recaudación impositiva, que tiene una vital dependencia del consumo.
 
El escenario se reprodujo dentro de las provincias, que aumentaron exponencialmente sus pasivos y ahora algunas se encuentran en una delicada situación. El caso más drástico es de la provincia de Buenos Aires, que deberá afrontar una deuda equiparable la mitad de la suma de todas las provincias.
 
La estructura tributaria argentina se mantuvo sumamente recesiva por décadas, lo que empeoró aún más con Cambiemos. La mayoría de lo que AFIP recolecta está explicado por el IVA (un tercio del total), mientras que el impuesto a los bienes personales ocupa un rol secundario.
 
De esta manera, ante una retracción en la demanda por el derrumbe del poder adquisitivo, el Estado ve mermar drásticamente sus ingresos en términos reales. En octubre, la recaudación ascendió 42,8%, mientras que la inflación fue de 53,5% interanual en septiembre, último dato disponible.
 
Ante el panorama de recesión nacional, las provincias se chocan con muchos obstáculos para generar ingresos propios. Sólo cuatro de las 23 provincias recaudan el 60% del total de sus ingresos. El resto depende exclusivamente del sistema de reparto de fondos nacionales.
 
"La falta de flexibilidad de los gastos resulta uno de los mayores problemas fiscales para las provincias, que en promedio destinan más del 50% de sus ingresos al pago de sueldos y, en algunos casos, hasta el 70% entre prestaciones a la seguridad social y el pago al personal", advierte en este contexto la consultora Ficonomics.
 
En Argentina los distritos con mayores ingresos son 'solidarios' con aquellos que no generan los suficientes para hacer frente a sus obligaciones.
 
"Este régimen provoca que la gran mayoría de las provincias, sobre todo las más pequeñas, se vuelvan dependientes del reparto de los ingresos nacionales. Por ende, en un contexto recesivo donde el nivel de actividad disminuyó a niveles de 2010, los recursos nacionales se redujeron enormemente perjudicando el accionar presupuestario de las provincias", analizó en un completo informe.

 
Sólo Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz poseen una recaudación local mayor al 60% del total. "El resto se encuentran en una situación de dependencia fiscal que resulta complicada de revertir", alerta la consultora económica.
 
Por el contrario, más del 70% del dinero que manejan Catamarca, Formosa, Jujuy, Chaco, La Rioja, San Luis y Santiago del Estero provienen del Estado central. Esto las convierte en las más perjudicadas cuando la reactivación económica parece ser un objetivo lejano.
 
En promedio, el 52% de los gastos (excluidos los de seguridad social) cubre sueldos, lo que es menor (40%) en San Juan y Santiago del Estero, pero mayor (70%) en Chubut, según Ficonomics. Presenta una brecha muy superior la inversión real directa: entre el 1,9% en Tucumán y el 18,8% en Santiago del Estero.
 
Ante el consenso fiscal que firmaron los gobernadores con Macri en 2017 para disminuir el déficit fiscal. Si bien sólo Tucumán, Santa Fe, Río Negro y Chubut aún no lograron cambiar su situación, todas tomaron deuda para conseguir mayores fondos ante la profunda crisis económica que generó Macri. Esto puede desencadenar un problema aún mayor.
 
 
Problemas de endeudamiento
 
Del mismo modo, los compromisos de cada jurisdicción representan una encrucijada. La provincia de Buenos Aires tiene una deuda de $ 505.418 millones, una suma que equivale prácticamente a la mitad de la suma de todas las provincias.
 
En el ranking nacional, le siguen Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Entre Ríos, según los últimos datos disponibles correspondientes al segundo trimestre de este año. De acuerdo a lo informado por el Minsiterio de Hacienda, la deuda de todas las provincias había alcanzado en 2018 el 7,6% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, el porcentaje más alto desde 2010.
 
Un condicionante a tener en cuenta es la composición de las deudas provinciales. El promedio de todas las provincias indica que el 70% corresponde a deuda en títulos públicos, el 13% a deuda con Nación y el 10% con organismos internacionales.
 
Como la mayoría de los ingresos de las provincias corresponden a ingresos nacionales -que dado el contexto recesivo están recorriendo un camino hacia la baja- el pago de la deuda en las provincias también se verá afectado, no sólo por las continuas devaluaciones sufridas en los últimos meses sino también por la falta de generación de ingresos que permita a cada provincia cumplir con sus obligaciones.
 
El peso de los intereses es claramente mayor en las provincias más grandes (Buenos Aires y CABA, Chubut y Córdoba), aunque provincias como Jujuy y Chaco se posicionan en el cuarto y sexto lugar en la escala a nivel nacional. Formosa, La Pampa y San Luis aquellas con menor presión en cuanto al pago de servicios de deuda.
 
Por Ezequiel Orlando
Por Rodrigo Núñez
 
Fuente: El Destape
 

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20-01-2020 / 11:01
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuestionó a distintos funcionarios, -en su mayoría gerentes y directivos- de empresas públicas que ingresaron con cargos políticos al Estado durante el Gobierno del ex presidente, Mauricio Macri, y que en este nuevo período gubernamental no quieren dejar sus cargos en las diferentes dependencias estatales.
 
Massa denunció que dichos funcionarios, en caso de irse, piden doble indemnización y los definió como "okupas". Fuentes de distintos organismos estatales explicaron cómo esta situación afecta a la implementación de proyectos y políticas públicas.
 
El Presidente de la Cámara baja aseguró que "son unos inmorales", y que "no sólo no renuncian a los cargos a los que llegaron por una decisión política, sino que además piden la doble indemnización que ellos mismos rechazaban cuando estaban en el gobierno".
 
Massa se refería a esto ya que el 20 de mayo de 2016 Macri había vetado la ley de Emergencia Ocupacional, que fue sancionada por ambas cámaras legislativas y que pretendía prohibir los despidos por 180 días e implementar la doble indemnización.
 
Es decir, los funcionarios de Cambiemos que aún quedan en el estado, piden para irse la doble indemnización mientras que su gobierno estaba en contra de aplicar ese resarcimiento a los trabajadores despedidos.
 
Massa detalló que se trata de "gerentes de Aerolíneas Argentinas, Anses, Ferrocarriles Argentinos, Pami, Aysa y de otras empresas públicas, que se hacen los distraídos esperando que los echen para pedir que les liquiden la doble indemnización".
 
"Esta gente no llegó con los clasificados bajo el brazo sino que fue designada políticamente y ahora pide una doble indemnización que el mismo Gobierno anterior vetó cuando el Congreso aprobó la Ley", agregó el funcionario. 

19-01-2020 / 18:01
Al grito de "¡no fue suicidio, fue un magnicidio!" un grupo de manifestantes antiperonistas se movilizó a la Plaza del Vaticano, para recordar al fiscal Alberto Nisman a cinco años de su muerte. Los manifestantes se ufanaron de "no llevar banderas políticas". Sin embargo, en el discurso dispararon contra el presidente, Alberto Fernández, y festejaron la presencia de dirigentes del macrismo.
 
Todo el acto fue en línea con los dichos bolzonaristas de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich en los últimos días. La ex funcionaria acusó al jefe de Estado de haber pactado "la demolición de la causa del Memorándum con Irán" que tiene como acusada a Cristina Fernández. Aunque varios dirigentes opositores confirmaron que no judicializarán esta acusación.
 
La ceremonia tuvo de invitados estrellas a los mediáticos diputados Waldo Wolff y Fernando Iglesias, ambos del PRO. De la Coalición Cívica hicieron su aparición Elisa Carrió y su heredero político Maximilano Ferraro. No solo legisladores gurkas del macrismo asistieron, en las primeras filas estaba el ex secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, el ex titular de Medios Públicos Hernán Lombardi y el ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro. Con estos dirigentes macristas bien presentes, los oradores seguían jurando la "independencia política" del acto.
 
Lo que hace varias semanas parecía que iba a ser un acto cargado de contenido opositor con concurrencia masiva, se fue desinflando en los últimos días a medida de que las distintas organizaciones de la comunidad judía en la Argentina anunciaron que no participarían. Tanto la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) decidieron no participar de esta movilización que pedía "Justicia por el asesinato del fiscal", cuando a cinco años de su muerte la Justicia aun no encontró pruebas que definan al caso. Es una muerte utilizada por el macrismo para reforzar la demonización del kirchnerismo.
 
Su ex pareja y jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, y sus hijas tampoco asistieron. Incluso, algunos meses atrás dejaron de ser querellantes en la causa que investiga la muerte de Nisman. Sin embargo, los manifestantes colmaron la pequeña Plaza del Vaticano.
 
La previa fue caliente: intimidaciones a periodistas y reproches entre los manifestantes por la escasez de jóvenes en este acto. Lo cierto es que el calor en una plaza seca, con poca sombra, generó molestia en una buena parte de los adultos mayores que se acercaron temprano.
 
Antes que comenzara el acto, desde la organización pidieron que "respetaran a todos los periodistas". La consigna no fue tomada de la mejor manera por los "defensores de la república", muchos abuchearon, otros chistaban por lo bajo, mientras que otros gritaron: "Son cómplices y corruptos".
 
La Opinión Popular

19-01-2020 / 11:01
En el siglo XX se firmaron, como jamás antes, tratados internacionales que limitan la violencia entre Estados, regulan el trato a prisioneros de guerra, refugiados y migrantes, prohíben la tortura y cien etcéteras. Rigen hoy en día, se amplían regularmente. Centenares de naciones adhieren, se celebran reuniones para ratificar principios universales.
 
Sin embargo el presidente de la mayor potencia del planeta --promotora y signataria de muchas de esas normas, sede física de organismos internacionales-- manda asesinar a un general de otro país. Sin que medie guerra declarada, sin cumplir las (de por sí laxas) leyes de su país. Los propios funcionarios de Donald Trump no alcanzan a justificar, ni siquiera a explicar, la movida. Los opositores la critican con ineficaz dureza.
 
El magnicidio es presenciado impávidamente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU): el poder expuesto en carne viva. Suena cándido o sarcástico preguntarse qué habría pasado si el mandatario homicida fuera iraní, argentino o hasta belga.
 
El orden global siempre fue asimétrico, tendencia que se agrava en la era de la globalización financiera y la primacía de líderes de derecha, racistas, violentos, xenófobos, machistas. Hiper tácticos, predispuestos a adoptar decisiones tremendas mientras tuitean. A toda velocidad, a pura ligereza.
 
Cuando asumieron Trump y su colega brasileño Jair Bolsonaro algunos expertos predijeron que poderes establecidos de sus patrias les demarcarían límites. Las Agencias de Estados Unidos, su élite económica, el Departamento de Estado, allá en el Norte que manda.
 
Acá cerca, Itamaraty, la célebre y profesional Cancillería de Brasil que, se supone, ensilló a la dictadura militar o limó diferencias entre presidentes tan disímiles como José Sarney, Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva.
 
Esos frenos y balances fracasaron, no actuaron, entraron en el pasado. Las mesas chicas de los presidentes del siglo XXI resultan ser minúsculas, a veces se superponen con la reunión familiar. Bolsonaro y sus críos, sin ir más lejos.
 
En ese contexto espantoso, volátil, filo indescifrable, el presidente Alberto Fernández intenta instalar un esquema de negociación de la deuda externa bastante novedoso (nada lo es del todo). Trata de conciliar ciertos principios básicos de soberanía y de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
 
Pagar pero supeditándose a la normalización de la economía, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la deuda interna. La oferta parece sensata, en particular porque la formula un país pacífico, sin violencia racial ni ansias bélicas, una suerte de remanso en el vecindario soliviantado.

18-01-2020 / 10:01
El "fifty-fifty" que proponía Juan Perón para la Argentina era un anhelo por el cual trabajadores y empresas se repartían en partes iguales, 50-50, los ingresos que genera el país. Más allá de que el fifty-fifty no sea un nivel de distribución ideal, el dato publicado por el Indec muestra que la dinámica tiende a alejarse.
 
Ya que, durante el cierre del período Cambiemos, los asalariados volvieron a perder porciones de la distribución del ingreso. Esta vez el fenómeno vino acompañado de una novedad: los empresarios no mejoraron su participación. Y es que los que capturaron la diferencia fueron los trabajadores no asalariados.
 
El cuentapropismo, surgido por la fuerte crisis económica del 2018-2019, creció con fuerza, creó 265.000 puestos de subsistencia, que no califican ni como asalariados ni como empresarios, y llevó a la participación del ingreso mixto a crecer hasta quedarse con el 12,6% de la torta.
 
En este caso, la mencionada torta es el valor agregado por la economía local. Sobre el total del producto nacional, los asalariados se quedaron con el 45,1%. Eso implicó una caída fuerte desde el 52% con el que se quedaba en el 2015, según los datos del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (Ceped).
 
El Indec comenzó a publicar sus números en el 2016 y en el tercer trimestre de ese año todavía era el 52,7%. El deterioro se aceleró durante la gestión Cambiemos.
 
Los empresarios se quedaron con el 44,4% durante el tercer trimestre del 2019. Fue la primera caída en mucho tiempo, ya que en el mismo período del 2018 habían obtenido el 44,9%. Mientras tanto, los cuentapropistas pasaron del 11,4% al 12,6%.
 
Los asalariados son tres cuartos de quienes generan el ingreso nacional y se quedan con el 45,1% del producto; los empresarios son apenas el 3,9% y se quedan con el 44,4%; los cuentapropistas son el 22,9% y se quedan sólo con el 12,6%.
 
La Opinión Popular

18-01-2020 / 09:01
"Iba a presentar una denuncia contra el gobierno y apareció muerto, ya está, no hay nada que agregar". Está el prejuicio, la prepotencia, la intención. Y una pauta de la monstruosidad que puede cometer la manipulación de la información y el "periodismo de guerra", un concepto que inventaron los que lo ejercían.
 
La afirmación del encabezado es un resumen de golpes bajos, inexactitudes y simplificaciones groseras. Es el único sostén de la hipótesis que a Alberto Nisman lo mataron: un crimen virtual, sin rastros de asesinos, con presencias imposibles, sin datos ni motivo, crimen virtual, asesino virtual, pruebas virtuales.
 
Solamente es una frase que busca la complicidad en el prejuicio: "iba a presentar una denuncia contra el gobierno y lo mataron". No puede tener ninguna prosecución legal, solamente impacto político.
 
Las pruebas que determinan el suicidio y rechazan la posibilidad de homicidio han sido muy desarrolladas por Raúl Kollmann en varias notas de este diario; en el libro de Pablo Duggan están analizadas hasta el mínimo detalle, y en el reciente documental de Netflix queda expuesta la solvencia profesional de la fiscal Viviana Fein, que fue despedazada por los medios y finalmente apartada de la causa simplemente porque no se doblegaba al discurso que quería instalar la campaña mediática.
 
Lo más importante fue el resultado del peritaje realizado por los trece médicos forenses dependientes de la Corte. Se trata de un equipo acostumbrado a realizar este tipo de estudios, a diferencia de Gendarmería, que investiga otros delitos y no tiene esa experiencia, y que realizó el peritaje dos años después y en un escenario falso porque el original ya no existía.
 
La jefa de Gendarmería era en ese momento Patricia Bullrich, la misma que en 2015 perseguía por teléfono a Nisman para que se presente a la audiencia en el Congreso. Primero presionó a Nisman hasta lo imposible y después ordenó a Gendarmería que realizara un peritaje cuyas conclusiones fueron las que ella quería, contradiciendo a los peritos de la Corte.
 
El gobierno de Cristina era al que menos le convenía la muerte del fiscal. El macrismo había convocado a Nisman a informar en una sesión parlamentaria secreta. En vez de obstaculizar la reunión, el kirchnerismo logró que el informe fuera público. El kirchnerismo quería que se hiciera esa reunión porque sabía que el fiscal no tenía pruebas y había quedado en una situación desesperada después que el ex titular de Interpol, Richard Noble, lo desmintiera y acusara de mentiroso.
 
La frase que da a entender que el gobierno K lo mató, miente por varios motivos. En primer lugar porque nadie lo mató. Y en segundo lugar porque el gobierno K quería que fuera a hacer la denuncia al Congreso. En realidad este escenario con Nisman muerto le convenía más a los que impulsaban la denuncia de Nisman porque su comparecencia pública podía desnudar la operación sin pruebas que habían montado los servicios de inteligencia en la causa por el memorándum con Irán por el atentado a la AMIA.

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