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Nacionales - 09-11-2019 / 09:11
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Lula libre: por fin un poco de Justicia

Lula libre: por fin un poco de Justicia
El sitio de noticias The Intercept publicó el intercambio de mensajes entre los fiscales y el discutible juez Sergio Moro. Quedó claro que el magistrado tenía una inquina personal con el ex presidente Lula da Silva y buscaba perjudicarlo. Moro no pudo reunir prueba y el fallo se basó en su "íntima convicción", una fórmula polémica si el juez no observa ecuanimidad absoluta. Si un juez condena a un ex presidente a doce años de prisión solamente por datos circunstanciales y por su "íntima convicción", por lo menos tendría que mostrarse imparcial hasta la exageración. No fue el caso de Moro.
El sitio de noticias The Intercept publicó el intercambio de mensajes entre los fiscales y el discutible juez Sergio Moro. Quedó claro que el magistrado tenía una inquina personal con el ex presidente Lula da Silva y buscaba perjudicarlo. Moro no pudo reunir prueba y el fallo se basó en su "íntima convicción", una fórmula polémica si el juez no observa ecuanimidad absoluta. 

Si un juez condena a un ex presidente a doce años de prisión solamente por datos circunstanciales y por su "íntima convicción", por lo menos tendría que mostrarse imparcial hasta la exageración. No fue el caso de Moro
 
Su sentencia a 12 años de cárcel impidió que Lula fuera candidato en las elecciones presidenciales. Y de esa manera abrió camino al triunfo del energúmeno Jair Bolsonaro. En agradecimiento, Bolsonaro nombró a este ambicioso juez de provincia como su ministro de Justicia. La aceptación de Moro tiñó aún más su sentencia contra Lula como política y no judicial.
 
En 2016, el Tribunal Superior de Justicia discutió sobre lo mismo que ahora y decidió lo contrario, es decir, que podían permanecer detenidos los acusados sin sentencia en firme. Casi tres años después, con un Sergio Moro en declive, igual que Bolsonaro, la decisión es la opuesta. El tema no cambió. Lo que cambió fue el contexto político.
 
El abuso de las prisiones preventivas o cuando el acusado todavía no tiene condena en firme se convirtió en moneda corriente en los últimos años en América Latina. Bajo el paraguas de consejos y sugerencias del Departamento de Justicia de Estados Unidos estos temas se debatieron en numerosas reuniones con jueces y fiscales latinoamericanos pero siempre referidos a casos de terrorismo, lavado o narcotráfico. Oh casualidad, nunca se aplicó para estos casos, sino como herramienta de persecución a dirigentes populares que no fueron dóciles a las políticas yanquis.
 
Aunque el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Brasil argumentó con la Constitución, la discusión no pasó por ahí, sino que fue un debate político. Hay cinco mil detenidos que estarían afectados por esta decisión. Pero la discusión fue sobre Lula o el Lava Jato. Hubo magistrados que consideran que el ex presidente merece un juicio justo que no tuvo. Otros jueces temen que el Lava Jato caiga sobre sus cabezas si liberan a Lula.
 
Son temas políticos, no judiciales. Porque la guerra contra los gobiernos populares del continente corrompió a la justicia o a un sector de cada Poder Judicial para convertirlo en instrumento político. El daño ha sido profundo. El término que se usa para agrupar estos métodos de corrupción judicial es lawfare, en el idioma de quienes lo concibieron.
 
Esta ola de corrupción de la Justicia se hizo en nombre de la República, cuyo pilar fundamental es la independencia de poderes. Es el mismo razonamiento de los militares que instalaban dictaduras para defender la democracia.

 
PANORAMA POLÍTICO: EL LAWFARE EN BRASIL Y ARGENTINA
 
Lula libre: Un poco de Justicia
  
Cuando murió su hermano, Lula no pudo asistir al entierro porque estaba preso. "El travieso solamente quería pasear", se burló Januario Paludo, uno de los fiscales del tribunal que lo juzgó. Cuando murió su nieto de siete años, le dieron permiso para asistir al velorio. "Uf, prepárense para una nueva novela de ida al velorio", "en medio del carnaval", ironizaron otros dos. "Estrategia para humanizarse, como si fuera posible en su caso", intervino el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol. Ahora resulta que esa detención de más de un año y medio fue inconstitucional.
 
El sitio de noticias The Intercept publicó el intercambio de mensajes entre los fiscales y el juez Sergio Moro. Queda claro que el magistrado tenía una inquina personal con el ex presidente y buscaba perjudicarlo. Moro no pudo reunir prueba y el fallo se basó en su "íntima convicción", una fórmula polémica si el juez no observa ecuanimidad absoluta.
 
En Argentina fue condenado Amado Boudou en un juicio donde no se probó lo que se acusaba. El ex vicepresidente de Cristina Kirchner fue el que arrebató el negociado de las jubilaciones privadas a grandes grupos económicos, que nunca se lo perdonaron.
 
La estafa de las jubilaciones privadas que cobran comisiones millonarias y después devuelven menos de la mínima a los jubilados es uno de los reclamos más sentidos de las protestas chilenas. Boudou evitó el desastre que hubiera condenado a millones de jubilados, pero se ganó enemigos poderosos.
 
De repente quedó en el foco de una campaña de denuncias mediáticas que rápidamente se transformaron en causas judiciales. En algunas fue sobreseído, en otra fue condenado por la venta de un auto de los años '90. Y en la causa más importante, fue condenado por el juez Ariel Lijo sin que las pruebas aportadas certificaran las acusaciones.
 
Si un juez condena a un ex presidente a doce años de prisión solamente por datos circunstanciales y por su "íntima convicción", por lo menos tendría que mostrarse imparcial hasta la exageración. No fue el caso de Moro. Los mensajes que publicó Intercept evidenciaron la forma irregular como manejó la investigación con los fiscales y su abierta animosidad contra Lula.
 
Su sentencia a 12 años de cárcel impidió que Lula fuera candidato en las elecciones presidenciales. Y de esa manera abrió camino al triunfo del energúmeno Jair Bolsonaro. En agradecimiento, Bolsonaro nombró a este ambicioso juez de provincia como su ministro de Justicia. La aceptación de Moro tiñó aún más su sentencia contra Lula como política y no judicial.
 
En 2016, el Tribunal Superior de Justicia discutió sobre lo mismo que ahora y decidió lo contrario, es decir, que podían permanecer detenidos los acusados sin sentencia en firme. Casi tres años después, con un Sergio Moro en declive, igual que Bolsonaro, la decisión es la opuesta. El tema no cambió. Lo que cambió fue el contexto político.
 
En el caso de Boudou, el Tribunal que confirmó la condena lo metió a la cárcel sin esperar que se definiera Casación, que hubiera sido lo usual. Cuando la periodista de Página/12, Irina Hauser, preguntó la razón, la respuesta fue "los tiempos cambiaron".
 
El abuso de las prisiones preventivas o cuando el acusado todavía no tiene condena en firme se convirtió en moneda corriente en los últimos años en América Latina.
 
Bajo el paraguas de consejos y sugerencias del Departamento de Justicia de Estados Unidos estos temas se debatieron en numerosas reuniones con jueces y fiscales latinoamericanos pero siempre referidos a casos de terrorismo, lavado o narcotráfico. Oh casualidad, nunca se aplicó para estos casos, sino como herramienta de persecución a dirigentes populares que no fueron dóciles a las políticas norteamericanas.
 
Aunque el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Brasil argumentó con la Constitución, la discusión no pasó por ahí, sino que fue un debate político. Hay cinco mil detenidos que estarían afectados por esta decisión. Pero la discusión fue sobre Lula o el Lava Jato. Hubo magistrados que consideran que el ex presidente merece un juicio justo que no tuvo. Otros jueces temen que el Lava Jato caiga sobre sus cabezas si liberan a Lula.
 
Son temas políticos, no judiciales. Porque la guerra contra los gobiernos populares del continente corrompió a la justicia o a un sector de cada Poder Judicial para convertirlo en instrumento político. El daño ha sido profundo. El término que se usa para agrupar estos métodos de corrupción judicial es lawfare, en el idioma de quienes lo concibieron.
 
Mauricio Macri perdió las elecciones y, qué casualidad, el fiscal Carlos Stornelli, que andaba por la vida con la prepotencia y la impunidad de un Intocable, anunció que después de ignorar olímpicamente siete citaciones del juzgado, concurrirá a declarar ante el juez Alejo Ramos Padilla.
 
Macri protegió a Stornelli y presionó a Ramos Padilla. En pleno conflicto con el fiscal, al mejor estilo mafioso, Macri lo exhibió a su costado en un acto oficial y ordenó al Procurador interino, Eduardo Casal, que hiciera la vista gorda. Se había convertido prácticamente en un prófugo, pero gracias a la protección presidencial, Stornelli pudo burlar a la Justicia.
 
Ahora, el fiscal estrella del macrismo dijo que había esperado a terminar la causa de los cuadernos para presentarse. Fue la excusa, lo real es que sin la protección mafiosa presidencial, Stornelli está obligado a comparecer ante Ramos Padilla. Y es muy probable que quede imputado, al borde del juicio político.
 
Cambian los tiempos, cambian las sentencias. Argentina tiene alrededor de 30 presos políticos. Y una doctrina Irurzun por la cual los ex funcionarios del gobierno kirchnerista perdieron sus garantías constitucionales y el derecho a ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No todos los argentinos son iguales ante la ley. Según esta doctrina, a los ex funcionarios kirchneristas se los puede detener solamente con acusarlos.
 
Los radicales, con el gobernador de Jujuy, Gerardo Zamora, a la cabeza, arrasaron con la independencia del Poder Judicial de esa provincia para poder encarcelar a Milagro Sala. El presidente electo, Alberto Fernández, fue claro: tuvo diferencias políticas con la dirigente social presa, pero el proceso de copamiento de la Corte provincial y los tribunales que la juzgaron fue vergonzoso.
 
Esta ola de corrupción de la Justicia se hizo en nombre de la República, cuyo pilar fundamental es la independencia de poderes. Es el mismo razonamiento de los militares que instalaban dictaduras para defender la democracia. No es casual que muchos de los integrantes del gobierno macrista hayan sido conocidos defensores de los genocidas y las dictaduras, negacionistas o voceros de la teoría de los dos demonios.
 
Esta semana, el gobierno de Macri recibió un pedido de informes del relator de Naciones Unidas para la independencia de los jueces, el peruano Diego García Sayán.
 
La inquisitoria de García Sayán, hace un prolijo listado que va desde las presiones para desplazar a la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó, hasta las maniobras contra jueces que emitieron fallos contrarios al interés del gobierno, como el pedido de juicio político al juez Alejo Ramos Padilla, o la ofensiva contra los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah.
 
La libertad de Lula es un acto de Justicia, como será la libertad de los presos políticos en Argentina que han sido juzgados de manera irregular y sin que sean respetados sus derechos.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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Apenas salido de la prisión de Curitiba, el expresidente brasileño Lula da Silva ofreció un discurso con una fuerte crítica a la operación Lava Jato, que lo envió a prisión.
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Alberto Fernández y Cristina Kirchner celebraron la libertad de Lula Da Silva. El presidente electo y la vicepresidenta electa se emocionaron en redes sociales. Mientras ella sostuvo que la detención del expresidente brasilero fue una "privación ilegítima de la libertad", él remarcó "la fortaleza" del exmandatario.
06-06-2020 / 10:06
¿Te acordás de Mauricio Macri hablando sobre la importancia de la libertad de prensa? Bueno, ahora sabemos que usó la AFI para espiar a 403 periodistas. A ver si queda claro: Macri mandó a espiar a 403 periodistas, muchos de ellos integrantes del famoso whatsapp presidencial. Se creyeron parte del poder, eran apenas unos boludos útiles del macrismo.  
 
"Siempre con posturas contra el Gobierno". "Se opone fuertemente al kirchnerismo". "Hay una (foto) con Estela de Carlotto". "Se destaca que en FB la única pagina de políticos a la que le dio 'Me Gusta' es a la de Laura Alonso". "Utiliza las redes como herramienta de viralización de contenidos feminista". "En las elecciones presidenciales de 2015 apoyó a Cambiemos". Estas frases figuran en algunas de las fichas de 403 periodistas que fueron espiados de manera ilegal.
 
También han sido espiados Jorge Rubén Lugones, obispo diocesano de Lomas de Zamora; los periodistas del diario macrista La Nación Hugo Alconada Mon y Marcelo Veneranda; el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun, quien estuvo a cargo de intervenir comunicaciones; la diputada Graciela Camaño, su esposo y  gremialista Luis Barrionuevo, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó y el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli.
 
También el ex diputado del PRO Nicolás Massot, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano; el diputado nacional de Cambiemos Waldo Wolff, el senador nacional Maurice Closs, los intendentes, de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y de Avellaneda, Jorge Ferraresi, además del ex alcalde de La Plata, Pablo Bruera. Y el sacerdote José María "Pepe" Di Paola, del clero diocesano de la Arquidiócesis de Buenos Aires; Salvatore Pica (pareja de la Florencia Macri, hermana menor del ex presidente); e integrantes de la Comunidad del Pueblo Mapuche en Argentina. Todos fueron o serán notificados.
 

06-06-2020 / 09:06
Durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri una doctrina predominó en el gobierno. Los medios la denominaron "doctrina Chocobar". Como toda propuesta conservadora, la Chocobar no inventó nada sino que estimuló el lado oscuro, subyacente, que puja por aprovechar esa violencia en forma discrecional.
 
Además de la represión violenta a la protesta social, hubo grandes inversiones en equipo represivo, se elaboró un discurso que alentó a los efectivos de las fuerzas de seguridad a disparar antes de preguntar, garantizándoles protección mediática y judicial.
 
Una doctrina no es un discurso nada más. Requiere un programa, acción política para aplicarlo, complicidad mediática para bloquear la reacción de la sociedad y complicidad judicial para garantizar impunidad, como quedó demostrado en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
 
Esas son las fuerzas de seguridad que dejaron los cuatro años del gobierno del PRO, los radicales PRO y los seguidores de Carrió. Y en algunos casos esa práctica está aún más contaminada en algunas provincias, por el racismo y por prácticas feudales como si las policías fueran propiedad privada del poder económico local.
 
Alberto Fernández y su ministra de Seguridad, Sabina Frederic, repudiaron estos abusos criminales de policías de San Luis, Tucumán y Chaco. "Venimos de cuatro años en los que todo esto estuvo habilitado", graficó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.
 
La subsecretaria de Derechos Humanos del Chaco, Nayla Bosch, pertenece al CELS, y allí el gobierno provincial separó a los policías, inició la investigación y se sumó a la querella. No es la primera vez que se producen abusos contra la comunidad qom, pero ni el gobierno nacional ni el provincial reaccionaron para esconder el abuso policial como sucedió en los casos de Maldonado y de Rafael Nahuel y, por el contrario, se impulsó la investigación y la intervención de la justicia.
 

05-06-2020 / 12:06
Miguel Acevedo le sonrió todo lo que pudo a la camarita de su laptop. Estaba en su casa pero de saco y corbata, igual que el resto de los directivos de la Unión Industrial. -El milagro de la pandemia es que la AFIP sea la buena de la película. ¡Hay que agradecer!
 
Fue el martes a la tarde y Mercedes Marcó del Pont le acababa de dar dos buenas noticias en medio de la caída libre que atraviesa la economía: que la recaudación cayó un poco menos en mayo que en abril, tal como se oficializó al día siguiente, y que la semana que viene se deposita la parte de los sueldos que paga el Estado a los empleados cuyos patrones solicitaron la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).
 
Con el malo de la película le tocó hablar anoche. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, le prometió -también por videoconferencia- que no complicará el acceso a dólares de las industrias que quieran importar.
 
La inquietud de todo el empresariado apareció el viernes pasado, cuando Pesce estableció que las empresas que posean dólares declarados en el exterior deberán usarlos para pagar las importaciones que quieran hacer. Y que recién cuando los hayan gastado podrán acceder a más en el mercado oficial.
 
Acevedo ya había protestado diplomáticamente contra esa resolución anteayer, cuando Alberto Fernández lo recibió en Olivos junto a una docena de CEOs de grandes empresas, como Javier Madanes (Aluar), Luis Pagani (Arcor), Sergio Kaufman (Accenture), Luis Perez Companc (Molinos) y Daniel Herrero (Toyota).
 
El Presidente lo miró a Matías Kulfas. "Es algo temporario", aclaró el ministro de Producción. "Y además, con los insumos para la industria no deberían tener problema", agregó.
 

05-06-2020 / 11:06
04-06-2020 / 11:06
"Expresamos nuestra condena a los graves hechos de violencia institucional que se han suscitado en los últimos días en nuestro país y que son de conocimiento público", indicó el partido de la derecha en un comunicado que firmó el ex secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, pero no la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien -como ministra de Seguridad- justificó el asesinato por la espalda de personas a manos de policías y prefectos.
 
Se entiende por qué la omisión: como ministra de Seguridad, Bullrich justificó cuanto acto de violencia institucional ocurrió durante su paso por el gobierno de Mauricio Macri. El mandatario, dicho sea de paso, recibió en Casa Rosada y felicitó al policía Luis Chocobar, mientras estaba siendo investigando penalmente por matar por la espalda al sospechoso de un delito.
 
Bullrich también justificó el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel por la espalda por parte de integrantes de la Prefectura. Antes de que siquiera comenzara la investigación penal, la ministra emitió un comunicado en el cual aseguró que los prefectos habían sido atacados por poco menos que un comando guerrillero.
 
Nunca se encontraron evidencias de esto, pero la entonces ministra jamás se retractó. De hecho, dijo que en casos de violencia institucional como ese "no necesitamos pruebas: le otorgamos el carácter de verdad a la versión de Prefectura". Lo mismo hizo a lo largo de las semanas y semanas que estuvo desaparecido Santiago Maldonado: defendió sin pruebas a los gendarmes y se negó a hablar de desaparición forzada (un término que, por suerte, ahora el PRO aprendió a usar en su comunicado).
 
La nueva posición del PRO despertó ironías y críticas en las redes, donde no dudaron de tildarlos de farsantes. 

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