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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 06-11-2019 / 08:11
ALTA FICCIÓN: ASÍ DICE EL GOBIERNO QUE DEJA LA ECONOMÍA

Para Macri, se creó empleo, la deuda dejó de ser problema y se resolvió la inflación

Para Macri, se creó empleo, la deuda dejó de ser problema y se resolvió la inflación
RELATO MACRISTA CONSTRUIDO SOBRE FALACIAS. En la transición, el Gobierno de Macri realizó un documento titulado "Ocho puntos sobre la economía" en el que desarrolla la herencia que le dejará al presidente electo, Alberto Fernández. El informe fue elaborado por Marcos Peña y Hernán Lacunza. La economía sigue en descenso, con alta inflación y pérdida de empleo, pero para el Gobierno el país está "listo para crecer" y afirma que se "pudo revertir la herencia de 2015". ¿Por qué perdieron las elecciones?
Real o mentirosa, de buena o de mala fe, franca o cínica, la narrativa es parte de la política. En los últimos años fue denominada "relato" y es el sentido que una fuerza política busca darle a su práctica para que los propios sepan adónde van y qué deben hacer, para que los espectadores se sumen y para que los adversarios no la tengan fácil.
 
A partir del 10 de diciembre será feroz la pelea de Alberto Fernández por detener la caída, mitigar el hambre y comenzar la recuperación económica. En un principio la misma crisis puede ayudarlo. La esperanza colectiva será un insumo clave. La victoria convirtió al ex jefe de gabinete en el nuevo líder de la reconstrucción.
 
La narrativa de Alberto es doble. Por un lado, describe y explica el gobierno de Macri como una combinación de inutilidad, búsqueda de beneficios para los amigos, insensibilidad social, endeudamiento brutal y timba financiera. Esa narrativa sintonizó con la mitad de los votantes. Sentían lo que él decía y le creyeron.
 
La otra parte de la narrativa es el sentido del futuro gobierno: derrota del hambre, freno a la caída de los trabajadores y la clase media baja, renacimiento de las pymes, fin de los privilegios para los amigos, articulación latinoamericana, pragmatismo con los Estados Unidos, negociación dilatoria con el Fondo Monetario Internacional.
 
Se verá si Alberto consigue o no sus objetivos. Pero son módicos. No prometen el paraíso. La narrativa de Fernández se parece a la de Néstor Kirchner cuando proponía a los argentinos el sueño de salir del infierno y llegar al purgatorio.
 
El problema de Macri, en cambio, es que se quedó sin narrativa creíble. Hipótesis a comprobar: su 40 por ciento de votos no se debe al relato falseado sobre los cuatro años de macrismo sino al antiperonismo cerril, a la utopía de la salvación individual y al recuerdo negativo del kirchnerismo por sus cosas malas y por sus cosas buenas.
 
El paper de los "Ocho puntos sobre la economía", el informe macrista sobre la herencia, diseñado por Marcos Peña son una vuelta a la inverosimilitud que irritó a millones de votantes. Es malo percibirse en bancarrota. Peor aún resulta escuchar que la bancarrota no existe o es un breve calvario hacia la prosperidad.
 
En lugar de ofrecer un puesto de lucha contra Fernández-Fernández, lo cual sería una aspiración legítima y tendría una suculenta clientela, Peña parece haber convencido a Macri que importa la fábula y no la política. Error: la gente puede comprar futuro pero no dentífrico con olor a podrido.
 
Si ésa es la narrativa del macrismo, el Frente de Todos puede respirar tranquilo. Sin narrativa propia, la esperanza del macrismo consiste en ensuciar el mensaje de Fernández.

 
MENOS MAL QUE APAGARON "EL MOTOR DE LA INFLACIÓN"
 
El insólito documento de Marcos Peña sobre los "logros" de la economía macrista
 
El gobierno elaboró un documento en donde asegura que "el país está listo para crecer" ya que, entre otras cosas, "en estos cuatro años nos ocupamos de apagar los motores de la inflación". También resalta que "en nuestra gestión se crearon 1.250.000 puestos de trabajo", aunque aclara que en esa cuenta incluye a los puestos informales y pronostica que "la deuda pública dejará de ser un problema".
 
El presidente electo, Alberto Fernández, le respondió diciendo que "este problema de la deuda no existía hace cuatro años y hace dos años nadie pensaba que la Argentina iba a tener la crisis de deuda que hoy tiene, que es producto de la gran inoperancia. Aunque les queden diez minutos de gobierno, tienen que parar con la mentira". Desde todos los puntos del arco ideológico, en la Argentina y en el exterior, economistas contradicen al relato macrista.
 
"Ocho puntos sobre la economía" se titula el paper que el gobierno hizo circular entre funcionarios y periodistas con la idea de reforzar el relato de cara al recambio presidencial. Dice que el gobierno de Mauricio Macri recibió en 2015 "un Banco Central sin reservas y restricciones cambiarias para importar y viajar", "déficit brutal del 7 por ciento con una presión impositiva récord", "desempleo mentiroso y pobreza estructural altísima", "inflación ya alta durante ocho años y en ascenso", "tipo de cambio atrasado que perjudicaba la actividad productiva", "un Estado arrasado" y "crisis energética".
 
El documento luego resume que "hemos revertido la herencia de 2015. A fin de 2019 el país está listo para crecer". Distinta es la mirada del Financial Times, principal diario económico del mundo, que publicó hace dos semanas que "el vencedor de las elecciones en Argentina heredará uno de los desastres económicos menos envidiables del mundo. Macri ha logrado lo que pocos creían posible: entregará la economía argentina en peor estado que cuando la heredó en 2015".
 
El gobierno miente cuando dice que revirtió la herencia del Banco Central sin reservas y con restricciones. La autoridad monetaria cuenta con menos de 10 mil millones de dólares de reservas utilizables para afrontar una deuda externa que es muy pesada para los próximos años. De ahí que el riesgo de default esté a la vuelta de la esquina.
 
Por eso el Washington Post publicó que "la economía argentina se precipita una vez más hacia el abismo económico. Los frutos de la tarea de Macri son una economía fallida que ahora está más moribunda que la que heredó". Todos los economistas e inversores del mundo descuenten que la Argentina va hacia una reestructuración de la deuda, que incluso fue anticipada por el actual gobierno.
 
Como frutilla del postre, la administración de Macri se va con restricciones cambiarias más duras de que recibió, ya que al momento sólo se pueden adquirir 200 dólares mensuales para atesorar.
 
La inflación es otro capítulo en donde el gobierno hace un autobombo inverosímil. "Lamentablemente, no se puede eliminar la inflación de un día para el otro -como prometió Macri en campaña--, pero en estos cuatro años hemos dado los pasos necesarios para empezar a ver una reducción sostenida y sostenible de la inflación. Nos ocupamos de apagar esos motores, empezamos a corregir los problemas de fondo, y sin atajos. Las tarifas ya valen casi lo mismo que lo que cuestan. El dólar, más allá de las restricciones recientes, vale lo que se dice que vale. Y, lo más importante, vamos a terminar 2019 con un Estado cerca del equilibrio", dice el gobierno.
 
Según el índice de precios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la inflación en 2015 fue del 26,9 por ciento, por debajo de la suba del 38 por ciento registrada en 2014. En 2013, fue del 26,6 por ciento. El mismo indicador porteño mostró una inflación del 41 por ciento en 2016; 26,1 en 2017 -en línea con la herencia que recibió Macri--, luego subió al 45,5 por ciento el año pasado y cerraría al menos en el 55 por ciento en 2019.
 
No sólo la inflación que deja Macri es muy superior a la que recibió, sino que tampoco apagó los motores de la inflación, más bien abrió la llave de gas y encendió una mecha.
 
"El Banco Central ya ha comenzado a perder el control de la emisión monetaria y este fenómeno se acentuará apenas se produzca el vencimiento de las Lecaps y las Letes cuyos plazos fueron prorrogados entre tres y seis meses. Aun cuando no se produzca en noviembre y diciembre, la hiperinflación seguirá siendo un gran riesgo durante los años 2020 y 2021". No lo dice "la grasa militante", sino el ex ministro Domingo Cavallo.
 
En el tema de la deuda, el informe dice que "si se considera el período entre 2009 y 2015, el déficit financiero fue superior a los 100.000 millones de dólares e implicó que la deuda pública creciera 65.000 millones de dólares. La totalidad de ese incremento la aportó el BCRA, a través de mayores tenencias de letras intransferibles y el crecimiento de los adelantos transitorios.
 
Durante el período 2016-2019, el déficit acumulado será de 110.000 millones de dólares y el incremento de la deuda de 75.000 millones de dólares (la deuda con el Banco Central medida en dólares se redujo 12.000 millones)".
 
Los propios números oficiales recopilados por la UMET muestran que desde octubre de 2015 y hasta el segundo trimestre de este año, la deuda pública creció en un 43 por ciento. El ratio deuda/PBI para el final del mandato de Macri habrá pasado del 37,6 por ciento al 80,7 por ciento.
 
En particular, la deuda externa, que exige a la economía nacional con fuertes vencimientos en moneda dura, subió un 69,4 por ciento desde finales de 2015. La deuda externa podría no ser un fuerte escollo si la Argentina tuviera acceso al mercado internacional de crédito, pero Macri perdió esa carta muy rápidamente, luego de dos años de mala praxis.
 
"La situación es muy compleja, no tenemos financiamiento de ningún lado", dijo esta semana el economista ortodoxo Miguel Ángel Broda. La deuda interna también representa un grave problema, según consigna el propio Carlos Rodríguez, ex viceministro de Economía del menemismo, quien sugirió implementar "un Plan Bonex para la deuda interna".
 
El gobierno dice que "el desempleo está en niveles similares a los que dejó el gobierno anterior". Sin embargo, la Cepal muestra que el desempleo en el primer trimestre se ubicó en el 10,1 por ciento y que en el mismo período de 2015 estaba en el 7,1 (un incremento del 42 por ciento).
 
A pesar de la afirmación anterior, el gobierno aclara que "el aumento del desempleo no se da por una destrucción del empleo. La cantidad de personas que trabajan sigue creciendo. En nuestra gestión se crearon 1.250.000 puestos de trabajo, incluidos los informales".
 
Los datos del sistema previsional muestran que en agosto de 2015 había 11.967.000 trabajadores registrados y que en agosto de este año, último número disponible, había 12.107.000 empleados. Son 140 mil puestos más que se explican por la aparición de 135 mil nuevos monotributistas y 120 mil nuevos empleados públicos, mientras que se destruyeron 162 mil puestos en el sector privado.
 
En particular, la industria perdió 155 mil puestos en cuatro años. En otra parte del documento, el gobierno dice que "el empleo privado es el gran organizador social".
 
En el capítulo energético, el gobierno se ufana que "volvió a crecer la producción de petróleo y la de gas y volvimos a exportar gas a Chile". Si bien se redujo el déficit energético, en parte por la caída de la producción industrial, hay fuertes desafíos vinculados a las tarifas, que fueron multiplicadas en favor de las petroleras y de las distribuidoras y en contra de la producción manufacturera local; en la relación con el sector petrolero, que busca aumentar las naftas, lo cual tendría impacto recesivo y en el propio esquema de incentivos de Vaca Muerta.
 
Por Javier Lewkowicz
Por Martín Granovsky
 
Fuente: Página12
 

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Para Macri, se creó empleo, la deuda dejó de ser problema y se resolvió la inflación
Mauricio Macri y su jefe de Gabinete, Marcos Peña, celebraron los resultados de su mandato en un documento muy poco creíble.
02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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