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Nacionales - 04-11-2019 / 08:11
DENUNCIA POR VIOLACIÓN DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

Naciones Unidas pide explicaciones a Macri por "intimidar y perseguir a la Justicia argentina"

Naciones Unidas pide explicaciones a Macri por
Por primera vez en cuatro años la Organización de las Naciones Unidas tomó como propias las sospechas sobre violación de la independencia de la Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri. Tras una presentación de los Abogados por la Justicia Social, la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU que encabeza el jurista peruano Diego García-Sayán dio 60 días al Gobierno para contestar los cargos sobre presiones, arbitrariedades y manipulaciones.
Un enviado de las Naciones Unidas acaba de pedir explicaciones al gobierno de Mauricio Macri por una serie de hechos que van de presiones, persecución y designación de jueces "amigos". La causa del Correo Argentino y las presiones hacia el juez Ramos Padilla, entre los casos nombrados.
 
Un Relator Especial sobre la independencia de jueces, Diego García Sayán, envió un informe a la Cancillería argentina para que responda -al cabo de 60 días- sobre diferentes denuncias de "aprietes" y desplazamientos de jueces incómodos para el gobierno de Macri.
 
El caso que Sayán mencionó puntualmente es el pedido de jury hacia el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien todavía tiene en sus manos una investigación que salpica al gobierno en el marco de una trama inmensa de agentes de inteligencia, jueces y políticos que espiaban y extorsionaban a su favor.
 
También hace especial énfasis en el accionar del gobierno frente a los fiscales de la causa del Correo Argentino, que como se recuerda, afectaba principalmente al presidente, quien le perdonó una deuda millonaria a la empresa que había manejado su padre y por lo tanto, al Grupo Macri.
 
"Los alegados actos de intimidación y presión a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, tales como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, habrían socavado su independencia obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo", expresó, tajante, García Sayán.
 
Lo cierto es que el enviado de las Naciones Unidas le dio un plazo de 60 días al Gobierno para que responda, a sabiendas de que para entonces Macri ya habrá abandonado el poder. Por lo cual, en caso de que el actual gobierno no lo haga, la respuesta oficial deberá nacer de la gestión de Alberto Fernández.
 
En su documento, la denuncia también puntualiza la designación por decreto de dos jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quizás uno de los atropellos a la Justicia más criticados hacia el gobierno de Macri.
 
"Estos ataques, presuntamente, se llevaron a cabo en sintonía con los principales medios de comunicación, que también tendrían intereses en otras áreas de la economía y, por ello, identificarían al derecho laboral y a los jueces de dicho fuero como un obstáculo para sus intereses", sostuvo el relator especial de Naciones Unidas.
 
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Macri armó una Justicia a la carta y la ONU sospecha
 
Por primera vez en cuatro años la Organización de las Naciones Unidas tomó como propias las sospechas sobre violación de la independencia de la Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri. Tras una presentación de los abogados de la agrupación Ajus, Abogados por la Justicia Social, la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados que encabeza el jurista peruano Diego García-Sayán dio 60 días al Gobierno para contestar los cargos sobre presiones, arbitrariedades y manipulaciones.
 
El documento de García-Sayán fue recibido por el ex vicecanciller y actual representante argentino en Ginebra Carlos Foradori el viernes 1° de noviembre. Foradori debe girarlo al canciller Jorge Faurie y el ministro recopilar la defensa que pueda hacer el Poder Ejecutivo.
 
"Hace poco más de un año, en septiembre de 2018, hicimos la presentación a la Relatoría, y en junio de 2019 estuvimos en Lima para entrevistarnos con García-Sayán y darle precisiones", dijo a Página/12 Emanuel Desojo, presidente de Ajus en el área de La Plata, Berisso y Ensenada.
 
"Lo que nos deja satisfechos --dijo Desojo-- es que la Relatoría tomó los elementos de nuestra denuncia y derivó al Gobierno los cargos sobre la existencia de un plan sistemático, específico y estructural del Ejecutivo para cooptar la Corte Suprema por decreto, manipular el Consejo de la Magistratura, atacar a jueces porque supuestamente no comulgaban con el Gobierno o porque fallaron en contra de medidas consideradas claves para la política económica oficial, agredir especialmente a magistrados del fuero laboral y designar arbitrariamente jueces afines sin seguir las reglas."
 
Este diario pudo saber que los detalles de la denuncia resultaron tan frondosos que además Ajus está preparando un libro, "Justicia a la carta", sobre la estrategia seguida por Macri en sus cuatro años de gestión. Los originales, a los que tuvo acceso Página/12, ocupan 400 páginas.
 
Uno de los párrafos señala que Macri buscó "establecer un sistema judicial a la carta, donde no importa mantener la imparcialidad de sus jueces o reforzar la calidad institucional de la magistratura, sino más bien todo lo contrario". Es decir, "encontrar un respaldo punitivo a decisiones políticas que, sin ese escudo judicial, no podrían ser llevadas a cabo".
 
 
Herramienta
  
Ahora, el Estado argentino tiene 60 días de plazo para contestar. Se abren, entonces, dos posibilidades:
 
* Una es que Macri se apure y responda de aquí al 10 de diciembre, para deslindar responsabilidades políticas antes del final de su mandato.
 
* Otra es que suponga que le conviene aprovechar el plazo para que el pedido de García-Sayán quede en los cajones de la burocracia estatal.
 
El Presidente no la tiene fácil, porque García-Sayán revela en el texto que se guía más por presunciones sobre la base de relatos fiables que por simple curiosidad. Por eso señala que mientras espera la respuesta insta al Gobierno a que "adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la(s) persona(s) mencionada(s) e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas". También lo insta "a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan".
 
 
Fiables
 
"Tengo la intención de expresar públicamente mis preocupaciones en un futuro cercano", señala la carta del relator. "Considero que las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata." Más aún: "Además, considero que la opinión pública tiene que ser informada sobre las implicaciones potenciales relacionadas con las alegaciones arriba mencionadas".
 
En términos institucionales, para la ONU los responsables son los Estados, gobierne quien gobierne. Pero si Macri no responde a tiempo las sospechas de la Relatoría, quien lo hará es el Estado bajo la jefatura de Alberto Fernández.
 
En ambos casos, como Presidente electo o como Presidente en ejercicio, Fernández podrá hacer suya una herramienta valiosa: ya no serán suspicacias del Frente de Todos las acusaciones sobre el funcionamiento macrista de la Justicia sino irregularidades consideradas como serias por las Naciones Unidas. Tan serias como para abrir un expediente que no será vinculante pero sí formará parte de la evaluación que haga público el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
 
 
Urgencia
  
En su carta, García-Sayán reclama al Gobierno argentino "atención urgente" para la información que recibió "respecto de la presunta existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República Argentina".
 
Lo interroga a partir de una denuncia sobre "una serie de actos concatenados" que "habrían socavado" la independencia del sistema judicial argentino y obstaculizado "la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo, así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo".
 
García-Sayán no hizo un simple pedido de datos. Reclamó información sobre trece puntos relacionados con las medidas que el Gobierno adopte ya mismo para garantizar, por ejemplo, la inamovilidad de los jueces, asegurar que no sean evadidos los concursos y dar cuenta de cómo se arregló el funcionamiento conforme a Derecho del Consejo de la Magistratura.
 
Uno de los ejemplos que dio Ajus y fue tomado por el relator fue el logro de una mayoría política en el Consejo de la Magistratura mediante la designación como miembro del diputado Pablo Tonelli, la paralización de concursos como coartada y el uso de esa coartada para trasladar como subrogantes "magistrados vinculados o cercanos al partido gobernante sin respetar los requisitos establecidos en la legislación".
 
Un ejemplo de subrogación sería el de Juan Manuel Culotta como juez con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Culotta no había concursado para ello. "Según la alegación recibida, el doctor Juan Manuel Culotta poseería vínculos estrechos y de amistad con el Presidente Macri, con su abogado personal y especialmente con el doctor Pablo Clusellas, secretario Legal y Técnico de la Nación".
 
Otro ejemplo es el conjunto de presiones para que renunciara la procuradora Alejandra Gils Carbó.
 
Hay capítulo especial en la denuncia que se llama "ataque a los jueces que han dictado resoluciones contrarias a los objetivos del Presidente Mauricio Macri". Otro capítulo lleva por título "ataque a los abogados y jueces laboralistas".
 
Creada en 2011 por un grupo de abogados "para defender los derechos de las personas", según la definición del propio Desojo, Ajus incluyó en su denuncia, tomada por García-Sayán, detalles sobre el ataque a los jueces Jorge Ballesteros y Eduardo Farah, al magistrado Alejo Ramos Padilla, la manipulación de fiscales en la causa del concurso preventivo del Correo Argentino SA y las designaciones ilegales en la Cámara Federal de Casación Penal y en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
 
Por Martín Granovsky
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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Naciones Unidas pide explicaciones a Macri por
La ONU denuncia “una serie de actos concatenados” que “habrían socavado” la independencia del sistema judicial argentino y obstaculizado “la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo, así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”.
15-11-2019 / 09:11
Los equipos periodísticos de TN, América 24, Crónica TV y Telefé fueron agredidos y acusados de realizar actos de sedición por parte del gobierno golpista proyanqui de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez. Tras las amenazas, los periodistas argentinos tuvieron que ser refugiados por la embajada en La Paz.
 
Fue la ministra transitoria de Comunicación, Roxana Lizarraga, la que tildó de "pseuperiodistas" a los equipos de comunicadores y confirmó que "están identificados y el ministro de Gobierno va a tomar las acciones pertinentes". "Comenzaron mal", se limitó a decir el embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García. Las organizaciones de prensa repudiaron el accionar del gobierno autoproclamado.
 
Álvarez García, en diálogo con A24 -cuyo corresponsal Rolando Graña es uno de los expulsados por el gobierno golpista-, confirmó esta tarde que los periodistas de TN, América 24 y Telefé ya habían sido recogidos por funcionarios de la embajada y se encontraban en su residencia por seguridad.
 
Por su parte, el canciller Jorge Faurie calificó de "totalmente infeliz" las declaraciones de Lizarriaga e indicó que se comunicará con quien ejerza el rol de canciller en el gobierno autoproclamado de Añez para expresar la "viva disconformidad" del gobierno argentino.
 
El embajador, que el lunes negó el golpe de Estado en curso, evitó condenar la actitud del denominado "gobierno de transición" contra la libertad de prensa. Ante la consulta, Álvarez García se excusó por no haber escuchado a Lizarraga y luego minimizó el hecho: "Voy a hablar con algún funcionario. Comenzaron mal, pero bueno...", respondió.
 
Las expulsiones por "sedición" fueron anticipadas más temprano por la ministra transitoria de Comunicación del gobierno de facto quien aseguró que para "aquellos periodistas o pseudoperiodistas que están haciendo sedición se va a actuar conforme a ley" e indicó que "ya se tiene identificados", a quienes después recibirían la orden de expulsión.
 
Al conocer la aplicación de la figura de sedición contra los trabajadores de prensa argentinos, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) repudió "los ataques a les trabajadores de prensa y a la libertad de expresión en Bolivia" e instó la Cancillería argentina a "garantizar la libertad de trabajo e integridad física de las y los colegas que cubren el golpe de Estado".
 
Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas manifestó su "preocupación" por los ataques recibidos por los equipos periodísticos y por los dichos de Lizarriaga, sin hacer mención a que lo ocurre se da en el marco de un golpe de Estado. 
 
La Opinión Popular

15-11-2019 / 08:11
El presidente Mauricio Macri autorizó un desembolso millonario a favor de sus amigos de las petroleras a menos de un mes de dejar el poder. El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobó este jueves a través de la resolución 735/19 la compensación para las petroleras por las diferencias surgidas entre el precio que les abonaron las distribuidoras y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de este año.
 
La deuda original sumaba 19.531 millones, pero le terminarán transfiriendo 24.524 millones ya que el monto fue actualizado por la tasa pasiva del Banco Nación. "El compromiso era dejar la discusión para el año que viene, lo que ahora hizo el gobierno es, directamente, actuar como empleados de los intereses de las petroleras y beneficiarlas en perjuicio de la población", dijo indignado el especialista y ex funcionario de la Secretaría de Energía Andrés Repar.
 
La diferencia entre lo que oportunamente recibieron las empresas y lo que deberían haber recibido surge porque del vergonzoso acuerdo firmado el 29 de noviembre del año pasado entre las productoras de gas natural y las distribuidoras, avalado por el entonces Ministerio de Energía e informado por el Enargas en la actuación 574/18, establecía en el inciso f del punto 2 que los precios del gas estaban dolarizados.
 
Sin embargo, lo que había trascendido de las conversaciones entre el Gobierno y las gasíferas, a raíz de la demanda de estas últimas por el aumento del dólar no trasladado a tarifas, era que se revisaría el criterio de indexación del precio del gas en función de una situación de mercado absolutamente distinta.
 
Ese esquema regulatorio había sido presentado como parte de un "proceso de normalización del sector y de recomposición de precios y tarifas". Como consecuencia de la "normalización" las tarifas de gas treparon en promedio más de 1000 por ciento entre abril de 2016 y abril de 2018 y con la disparada que registró el dólar a partir de entonces el aumento que se le debería haber otorgado a las empresas debería haber estado por encima del ajuste autorizado por el Enargas.
 
A pesar de las elevadas tarifas, se redujo el monto de inversiones. No hubo expansión de clientes, por lo tanto no hubo obras de expansión de la red, de trazado de nuevos ramales ni colocación de medidores. Lo que se hizo ahora es burlarse de esos compromisos y concederle a las empresas los 24 mil millones de pesos.
 
Simplemente, le siguen pagando todo lo que les concedió el macrismo por el perverso sistema de dolarización del gas del año 2017 sin ejercer la más mínima defensa del interés público. Pero ni siquiera así se dan por conformes: las petroleras, uno de los sectores más favorecidos por las políticas neoliberales de Macri, afirman que la actualización del monto adeudado con la tasa pasiva del Banco Nación, las perjudica porque esa variación quedó por debajo de la evolución del tipo de cambio y de la inflación. Son insaciables.
 
La Opinión Popular

14-11-2019 / 09:11
Por la desastrosa gestión económica neoliberal del gobierno del inepto Mauricio Macri, la actividad industrial no deja de caer y eso llevó a la proporción de maquinarias en desuso a pegar un nuevo salto en septiembre.
 
Así, la Utilización de la Capacidad Instalada (UCII) del sector, informada ayer por el Indec, perforó el piso del 60% y se desplomó hasta el 57,7%, un nivel incluso peor que el de septiembre del 2002. De hecho, fue el peor mes del año y de toda la gestión de la alianza Cambiemos, si se toma en cuenta que sólo en períodos de vacaciones se registraron niveles numéricos inferiores.
 
De hecho, sólo diciembre del 2018 y enero del 2019 registraron números inferiores a este 57,7%. Pero aquellos fueron meses en los que las paradas estivales se sumaron a la crisis cambiaria. Ni siquiera diciembre del 2017 y enero del 2018 marcaron números tan bajos como el publicado ayer.
 
El informe publicado ayer por el Indec dejó entrever una dinámica bastante clara. Los rubros que mostraron los mayores desplomes de su utilización de la capacidad instalada fueron aquellos que se dedican a proveer a otros sectores productivos de insumos y maquinarias. La inversión, que atraviesa momentos depresivos, metió la cola ahí.
 
Así fue que las sustancias y productos químicos registraron una UCII de apenas 47,7%, lo que implicó un derrumbe extraordinario de 15,5 puntos respecto a lo registrado en septiembre del año pasado. La contracción del sector se explicó principalmente por el bajón de 45% en la producción de materias primas plásticas y caucho sintético. También impactaron los químicos básicos, cuya producción cayó 53,1%, y los farmacéuticos, con una baja de 7,6%.
 
En la misma línea, las metálicas básicas tuvieron una UCII de 79,1%. Una caída de 5,2 puntos respecto al mismo mes del 2018. Ahí la clave fue la siderurgia, que perdió 11,8% de su producción, por la menor demanda de la construcción (en baja por la devaluación y el ajuste en la obra pública), de la maquinaria agrícola y de la industria automotriz.
 
La UCII en el sector de automóviles volvió a desplomarse hasta una de 37,4%, es decir 7,4 puntos menos en la comparación interanual. Ahí la clave es el consumo de bienes durables, en franca caída. De hecho, el consumo interno de automóviles se vino abajo 28,1% y el de utilitarios 28,1%.
 
Por su parte, las exportaciones cayeron 29% para los automóviles. Y la metalmecánica, que excluye a la automotriz, marcó una utilización de sus instalaciones de 40%. Eso implicó una baja de 6 puntos versus el mismo mes del año pasado, explicada por la escasa demanda de la construcción, del sector petrolero y de la inversión del agro.
 
La Opinión Popular

14-11-2019 / 08:11
La Cámara de Diputados aprobó en sesión especial, y por medio de la votación a mano alzada, el proyecto de declaración en repudio al golpe de Estado cívico-policial apoyado por las FFAA con la injerencia de los Estados Unidos y la bendición de Donald Trump. El mecanismo de votación, que impulsó la oposición, fue resuelto por el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, luego de que la oposición y el macrismo no pudieran limar diferencias y ponerse de acuerdo en un texto común.
 
Tras casi 5 horas de sesión, la alianza Cambiemos decidió la abstención pero la modalidad de votación impidió que pudiera expresarse en ese sentido. El proyecto macrista solo proponía aludir a una situación de "quiebre institucional".
 
La declaración aprobada enfatiza un "profundo repudio al golpe de Estado perpetrado del 10 de noviembre de 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia" y al mismo tiempo convoca "a todo el arco político de la región a exigir el cese inmediato de la persecución y violación de derechos humanos de funcionarios, dirigentes políticos, sociales, sindicales, feministas y de la población en general".
 
En tanto, el Senado aprobó la declaración de "enérgico repudio al golpe de Estado" en Bolivia. Allí, la votación dejó como saldo la división de Cambiemos: mientras el radicalismo se abstuvo, el Pro terminó votando en contra. La declaración se aprobó con 29 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones, pero hubo seis senadores de Cambiemos que iban a abstenerse y terminaron votando en contra para evitar que la sesión se quedara sin quórum, por lo que los votos de rechazo genuinos fueron dos: Federico Pinedo y Roberto Basualdo.
 
Dado que las abstenciones restan al quórum necesario para sesionar (37 senadores), la oposición y el oficialismo acordaron en pleno recinto, con la mediación del presidente provisional de la Cámara, Federico Pinedo, evitar esa situación.
 
La declaración que se aprobó fue la que impulsaron los bloques del Frente para la Victoria y Justicialista expresa el "más enérgico repudio al golpe de Estado" en Bolivia "contra el gobierno democráticamente electo del presidente Juan Evo Morales Ayma".
 
Además, exhorta al Poder Ejecutivo a que "en virtud del quiebre democrático ocurrido en el hermano país, conceda asilo a cualquier integrante del gobierno" de Morales que lo solicite.
 
Cambiemos presentó un proyecto de declaración propio en el que evitaba hablar de "golpe de Estado" para no contrariar la postura negacionista de Macri por lo cual el PRO y la UCR acordaron un texto ambiguo que hablaba de un "golpe a la democracia".
 
La Opinión Popular

13-11-2019 / 10:11
El Gobierno de Donald Trump calificó como "un momento significativo para la democracia en el Hemisferio Occidental" la destitución de Evo Morales, que no fue otra cosa que el resultado de un golpe de Estado en Bolivia, tras 14 años de gobierno del MAS. El millonario yanqui felicitó y aplaudió al Ejército boliviano por exigirle la renuncia a Morales. También advirtió a "los regímenes ilegítimos en Venezuela y Nicaragua".
 
Por su parte, el presidente electo Alberto Fernández salió a marcar posiciones claras en favor del respeto a la institucionalidad en los países de la región tras el golpe de Estado que destituyó en Bolivia al gobierno de Evo Morales, criticó con dureza la posición asumida por Estados Unidos ante el derrocamiento del líder indígena - echando por tierra la posibilidad de una eventual alineación con la principal potencia mundial-, y buscó dejar en claro su decisión de liderar al progresismo al sur del continente.
 
"Es una vergüenza lo que pasó en Bolivia", dijo Fernández, quien cuestionó además "la actitud de la OEA" y la auditoría que realizó ese organismo en torno al resultado electoral cuestionado por la oposición, que le había dado el triunfo al ahora depuesto líder indígena: "Es de una endeblez importante y está absolutamente manipulado en sus resultados y aún así" Evo "volvió a aceptar hacer nuevamente la elección y en verdad no se entiende el porqué del golpe de Estado".
 
Dispuesto a dejar en claro su posición, el líder del Frente de Todos sostuvo que "para el continente todo lo que pasó fue definitivamente malo", y criticó la postura adoptada por el imperialismo yanqui respecto a la crisis institucional en el país andino.
 
"A mi juicio, Estados Unidos retrocedió décadas, volvió a las peores épocas de los años 70, avalando intervenciones militares contra gobiernos populares, gobiernos elegidos democráticamente e insisto que todo esto ocurrió después que Evo Morales había desatado un nuevo proceso electoral", precisó Fernández buscando poner distancia con la postura de la principal potencia mundial imperialista.
 
Pero además, dijo que espera "que Bolivia recupere rápidamente la democracia, que se hagan elecciones transparentes y sin ningún tipo de proscripciones", y sostuvo que si se da el caso de tachar candidaturas "sería tremendo porque lo único que demuestra es que no querían las elecciones porque no podían ganarle" a Morales.
 
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