04:08 | Sabado 03 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 04-11-2019 / 08:11

DENUNCIA POR VIOLACIÓN DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

Naciones Unidas pide explicaciones a Macri por "intimidar y perseguir a la Justicia argentina"

Por primera vez en cuatro años la Organización de las Naciones Unidas tomó como propias las sospechas sobre violación de la independencia de la Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri. Tras una presentación de los Abogados por la Justicia Social, la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU que encabeza el jurista peruano Diego García-Sayán dio 60 días al Gobierno para contestar los cargos sobre presiones, arbitrariedades y manipulaciones.

Un enviado de las Naciones Unidas acaba de pedir explicaciones al gobierno de Mauricio Macri por una serie de hechos que van de presiones, persecución y designación de jueces "amigos". La causa del Correo Argentino y las presiones hacia el juez Ramos Padilla, entre los casos nombrados.

Un Relator Especial sobre la independencia de jueces, Diego García Sayán, envió un informe a la Cancillería argentina para que responda -al cabo de 60 días- sobre diferentes denuncias de "aprietes" y desplazamientos de jueces incómodos para el gobierno de Macri.

El caso que Sayán mencionó puntualmente es el pedido de jury hacia el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien todavía tiene en sus manos una investigación que salpica al gobierno en el marco de una trama inmensa de agentes de inteligencia, jueces y políticos que espiaban y extorsionaban a su favor.

También hace especial énfasis en el accionar del gobierno frente a los fiscales de la causa del Correo Argentino, que como se recuerda, afectaba principalmente al presidente, quien le perdonó una deuda millonaria a la empresa que había manejado su padre y por lo tanto, al Grupo Macri.

"Los alegados actos de intimidación y presión a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, tales como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, habrían socavado su independencia obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo", expresó, tajante, García Sayán.

Lo cierto es que el enviado de las Naciones Unidas le dio un plazo de 60 días al Gobierno para que responda, a sabiendas de que para entonces Macri ya habrá abandonado el poder. Por lo cual, en caso de que el actual gobierno no lo haga, la respuesta oficial deberá nacer de la gestión de Alberto Fernández.

En su documento, la denuncia también puntualiza la designación por decreto de dos jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quizás uno de los atropellos a la Justicia más criticados hacia el gobierno de Macri.

"Estos ataques, presuntamente, se llevaron a cabo en sintonía con los principales medios de comunicación, que también tendrían intereses en otras áreas de la economía y, por ello, identificarían al derecho laboral y a los jueces de dicho fuero como un obstáculo para sus intereses", sostuvo el relator especial de Naciones Unidas.

La Opinión Popular

Macri armó una Justicia a la carta y la ONU sospecha

Por primera vez en cuatro años la Organización de las Naciones Unidas tomó como propias las sospechas sobre violación de la independencia de la Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri. Tras una presentación de los abogados de la agrupación Ajus, Abogados por la Justicia Social, la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados que encabeza el jurista peruano Diego García-Sayán dio 60 días al Gobierno para contestar los cargos sobre presiones, arbitrariedades y manipulaciones.

El documento de García-Sayán fue recibido por el ex vicecanciller y actual representante argentino en Ginebra Carlos Foradori el viernes 1° de noviembre. Foradori debe girarlo al canciller Jorge Faurie y el ministro recopilar la defensa que pueda hacer el Poder Ejecutivo.

"Hace poco más de un año, en septiembre de 2018, hicimos la presentación a la Relatoría, y en junio de 2019 estuvimos en Lima para entrevistarnos con García-Sayán y darle precisiones", dijo a Página/12 Emanuel Desojo, presidente de Ajus en el área de La Plata, Berisso y Ensenada.

"Lo que nos deja satisfechos --dijo Desojo-- es que la Relatoría tomó los elementos de nuestra denuncia y derivó al Gobierno los cargos sobre la existencia de un plan sistemático, específico y estructural del Ejecutivo para cooptar la Corte Suprema por decreto, manipular el Consejo de la Magistratura, atacar a jueces porque supuestamente no comulgaban con el Gobierno o porque fallaron en contra de medidas consideradas claves para la política económica oficial, agredir especialmente a magistrados del fuero laboral y designar arbitrariamente jueces afines sin seguir las reglas."

Este diario pudo saber que los detalles de la denuncia resultaron tan frondosos que además Ajus está preparando un libro, "Justicia a la carta", sobre la estrategia seguida por Macri en sus cuatro años de gestión. Los originales, a los que tuvo acceso Página/12, ocupan 400 páginas.

Uno de los párrafos señala que Macri buscó "establecer un sistema judicial a la carta, donde no importa mantener la imparcialidad de sus jueces o reforzar la calidad institucional de la magistratura, sino más bien todo lo contrario". Es decir, "encontrar un respaldo punitivo a decisiones políticas que, sin ese escudo judicial, no podrían ser llevadas a cabo".

Herramienta

Ahora, el Estado argentino tiene 60 días de plazo para contestar. Se abren, entonces, dos posibilidades:

* Una es que Macri se apure y responda de aquí al 10 de diciembre, para deslindar responsabilidades políticas antes del final de su mandato.

* Otra es que suponga que le conviene aprovechar el plazo para que el pedido de García-Sayán quede en los cajones de la burocracia estatal.

El Presidente no la tiene fácil, porque García-Sayán revela en el texto que se guía más por presunciones sobre la base de relatos fiables que por simple curiosidad. Por eso señala que mientras espera la respuesta insta al Gobierno a que "adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la(s) persona(s) mencionada(s) e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas". También lo insta "a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan".

Fiables

"Tengo la intención de expresar públicamente mis preocupaciones en un futuro cercano", señala la carta del relator. "Considero que las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata." Más aún: "Además, considero que la opinión pública tiene que ser informada sobre las implicaciones potenciales relacionadas con las alegaciones arriba mencionadas".

En términos institucionales, para la ONU los responsables son los Estados, gobierne quien gobierne. Pero si Macri no responde a tiempo las sospechas de la Relatoría, quien lo hará es el Estado bajo la jefatura de Alberto Fernández.

En ambos casos, como Presidente electo o como Presidente en ejercicio, Fernández podrá hacer suya una herramienta valiosa: ya no serán suspicacias del Frente de Todos las acusaciones sobre el funcionamiento macrista de la Justicia sino irregularidades consideradas como serias por las Naciones Unidas. Tan serias como para abrir un expediente que no será vinculante pero sí formará parte de la evaluación que haga público el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Urgencia

En su carta, García-Sayán reclama al Gobierno argentino "atención urgente" para la información que recibió "respecto de la presunta existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República Argentina".

Lo interroga a partir de una denuncia sobre "una serie de actos concatenados" que "habrían socavado" la independencia del sistema judicial argentino y obstaculizado "la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo, así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo".

García-Sayán no hizo un simple pedido de datos. Reclamó información sobre trece puntos relacionados con las medidas que el Gobierno adopte ya mismo para garantizar, por ejemplo, la inamovilidad de los jueces, asegurar que no sean evadidos los concursos y dar cuenta de cómo se arregló el funcionamiento conforme a Derecho del Consejo de la Magistratura.

Uno de los ejemplos que dio Ajus y fue tomado por el relator fue el logro de una mayoría política en el Consejo de la Magistratura mediante la designación como miembro del diputado Pablo Tonelli, la paralización de concursos como coartada y el uso de esa coartada para trasladar como subrogantes "magistrados vinculados o cercanos al partido gobernante sin respetar los requisitos establecidos en la legislación".

Un ejemplo de subrogación sería el de Juan Manuel Culotta como juez con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Culotta no había concursado para ello. "Según la alegación recibida, el doctor Juan Manuel Culotta poseería vínculos estrechos y de amistad con el Presidente Macri, con su abogado personal y especialmente con el doctor Pablo Clusellas, secretario Legal y Técnico de la Nación".

Otro ejemplo es el conjunto de presiones para que renunciara la procuradora Alejandra Gils Carbó.

Hay capítulo especial en la denuncia que se llama "ataque a los jueces que han dictado resoluciones contrarias a los objetivos del Presidente Mauricio Macri". Otro capítulo lleva por título "ataque a los abogados y jueces laboralistas".

Creada en 2011 por un grupo de abogados "para defender los derechos de las personas", según la definición del propio Desojo, Ajus incluyó en su denuncia, tomada por García-Sayán, detalles sobre el ataque a los jueces Jorge Ballesteros y Eduardo Farah, al magistrado Alejo Ramos Padilla, la manipulación de fiscales en la causa del concurso preventivo del Correo Argentino SA y las designaciones ilegales en la Cámara Federal de Casación Penal y en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

Por Martín Granovsky

Fuente: pagina12.com.ar

La ONU denuncia “una serie de actos concatenados” que “habrían socavado” la independencia del sistema judicial argentino y obstaculizado “la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo, así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”.

02-01-2026 / 10:01

SIDE: la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos, gremialistas y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".