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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 04-11-2019 / 08:11

DENUNCIA POR VIOLACIÓN DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

Naciones Unidas pide explicaciones a Macri por "intimidar y perseguir a la Justicia argentina"

Por primera vez en cuatro años la Organización de las Naciones Unidas tomó como propias las sospechas sobre violación de la independencia de la Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri. Tras una presentación de los Abogados por la Justicia Social, la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU que encabeza el jurista peruano Diego García-Sayán dio 60 días al Gobierno para contestar los cargos sobre presiones, arbitrariedades y manipulaciones.

Un enviado de las Naciones Unidas acaba de pedir explicaciones al gobierno de Mauricio Macri por una serie de hechos que van de presiones, persecución y designación de jueces "amigos". La causa del Correo Argentino y las presiones hacia el juez Ramos Padilla, entre los casos nombrados.

Un Relator Especial sobre la independencia de jueces, Diego García Sayán, envió un informe a la Cancillería argentina para que responda -al cabo de 60 días- sobre diferentes denuncias de "aprietes" y desplazamientos de jueces incómodos para el gobierno de Macri.

El caso que Sayán mencionó puntualmente es el pedido de jury hacia el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien todavía tiene en sus manos una investigación que salpica al gobierno en el marco de una trama inmensa de agentes de inteligencia, jueces y políticos que espiaban y extorsionaban a su favor.

También hace especial énfasis en el accionar del gobierno frente a los fiscales de la causa del Correo Argentino, que como se recuerda, afectaba principalmente al presidente, quien le perdonó una deuda millonaria a la empresa que había manejado su padre y por lo tanto, al Grupo Macri.

"Los alegados actos de intimidación y presión a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, tales como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, habrían socavado su independencia obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo", expresó, tajante, García Sayán.

Lo cierto es que el enviado de las Naciones Unidas le dio un plazo de 60 días al Gobierno para que responda, a sabiendas de que para entonces Macri ya habrá abandonado el poder. Por lo cual, en caso de que el actual gobierno no lo haga, la respuesta oficial deberá nacer de la gestión de Alberto Fernández.

En su documento, la denuncia también puntualiza la designación por decreto de dos jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quizás uno de los atropellos a la Justicia más criticados hacia el gobierno de Macri.

"Estos ataques, presuntamente, se llevaron a cabo en sintonía con los principales medios de comunicación, que también tendrían intereses en otras áreas de la economía y, por ello, identificarían al derecho laboral y a los jueces de dicho fuero como un obstáculo para sus intereses", sostuvo el relator especial de Naciones Unidas.

La Opinión Popular

Macri armó una Justicia a la carta y la ONU sospecha

Por primera vez en cuatro años la Organización de las Naciones Unidas tomó como propias las sospechas sobre violación de la independencia de la Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri. Tras una presentación de los abogados de la agrupación Ajus, Abogados por la Justicia Social, la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados que encabeza el jurista peruano Diego García-Sayán dio 60 días al Gobierno para contestar los cargos sobre presiones, arbitrariedades y manipulaciones.

El documento de García-Sayán fue recibido por el ex vicecanciller y actual representante argentino en Ginebra Carlos Foradori el viernes 1° de noviembre. Foradori debe girarlo al canciller Jorge Faurie y el ministro recopilar la defensa que pueda hacer el Poder Ejecutivo.

"Hace poco más de un año, en septiembre de 2018, hicimos la presentación a la Relatoría, y en junio de 2019 estuvimos en Lima para entrevistarnos con García-Sayán y darle precisiones", dijo a Página/12 Emanuel Desojo, presidente de Ajus en el área de La Plata, Berisso y Ensenada.

"Lo que nos deja satisfechos --dijo Desojo-- es que la Relatoría tomó los elementos de nuestra denuncia y derivó al Gobierno los cargos sobre la existencia de un plan sistemático, específico y estructural del Ejecutivo para cooptar la Corte Suprema por decreto, manipular el Consejo de la Magistratura, atacar a jueces porque supuestamente no comulgaban con el Gobierno o porque fallaron en contra de medidas consideradas claves para la política económica oficial, agredir especialmente a magistrados del fuero laboral y designar arbitrariamente jueces afines sin seguir las reglas."

Este diario pudo saber que los detalles de la denuncia resultaron tan frondosos que además Ajus está preparando un libro, "Justicia a la carta", sobre la estrategia seguida por Macri en sus cuatro años de gestión. Los originales, a los que tuvo acceso Página/12, ocupan 400 páginas.

Uno de los párrafos señala que Macri buscó "establecer un sistema judicial a la carta, donde no importa mantener la imparcialidad de sus jueces o reforzar la calidad institucional de la magistratura, sino más bien todo lo contrario". Es decir, "encontrar un respaldo punitivo a decisiones políticas que, sin ese escudo judicial, no podrían ser llevadas a cabo".

Herramienta

Ahora, el Estado argentino tiene 60 días de plazo para contestar. Se abren, entonces, dos posibilidades:

* Una es que Macri se apure y responda de aquí al 10 de diciembre, para deslindar responsabilidades políticas antes del final de su mandato.

* Otra es que suponga que le conviene aprovechar el plazo para que el pedido de García-Sayán quede en los cajones de la burocracia estatal.

El Presidente no la tiene fácil, porque García-Sayán revela en el texto que se guía más por presunciones sobre la base de relatos fiables que por simple curiosidad. Por eso señala que mientras espera la respuesta insta al Gobierno a que "adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la(s) persona(s) mencionada(s) e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas". También lo insta "a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan".

Fiables

"Tengo la intención de expresar públicamente mis preocupaciones en un futuro cercano", señala la carta del relator. "Considero que las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata." Más aún: "Además, considero que la opinión pública tiene que ser informada sobre las implicaciones potenciales relacionadas con las alegaciones arriba mencionadas".

En términos institucionales, para la ONU los responsables son los Estados, gobierne quien gobierne. Pero si Macri no responde a tiempo las sospechas de la Relatoría, quien lo hará es el Estado bajo la jefatura de Alberto Fernández.

En ambos casos, como Presidente electo o como Presidente en ejercicio, Fernández podrá hacer suya una herramienta valiosa: ya no serán suspicacias del Frente de Todos las acusaciones sobre el funcionamiento macrista de la Justicia sino irregularidades consideradas como serias por las Naciones Unidas. Tan serias como para abrir un expediente que no será vinculante pero sí formará parte de la evaluación que haga público el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Urgencia

En su carta, García-Sayán reclama al Gobierno argentino "atención urgente" para la información que recibió "respecto de la presunta existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República Argentina".

Lo interroga a partir de una denuncia sobre "una serie de actos concatenados" que "habrían socavado" la independencia del sistema judicial argentino y obstaculizado "la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo, así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo".

García-Sayán no hizo un simple pedido de datos. Reclamó información sobre trece puntos relacionados con las medidas que el Gobierno adopte ya mismo para garantizar, por ejemplo, la inamovilidad de los jueces, asegurar que no sean evadidos los concursos y dar cuenta de cómo se arregló el funcionamiento conforme a Derecho del Consejo de la Magistratura.

Uno de los ejemplos que dio Ajus y fue tomado por el relator fue el logro de una mayoría política en el Consejo de la Magistratura mediante la designación como miembro del diputado Pablo Tonelli, la paralización de concursos como coartada y el uso de esa coartada para trasladar como subrogantes "magistrados vinculados o cercanos al partido gobernante sin respetar los requisitos establecidos en la legislación".

Un ejemplo de subrogación sería el de Juan Manuel Culotta como juez con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Culotta no había concursado para ello. "Según la alegación recibida, el doctor Juan Manuel Culotta poseería vínculos estrechos y de amistad con el Presidente Macri, con su abogado personal y especialmente con el doctor Pablo Clusellas, secretario Legal y Técnico de la Nación".

Otro ejemplo es el conjunto de presiones para que renunciara la procuradora Alejandra Gils Carbó.

Hay capítulo especial en la denuncia que se llama "ataque a los jueces que han dictado resoluciones contrarias a los objetivos del Presidente Mauricio Macri". Otro capítulo lleva por título "ataque a los abogados y jueces laboralistas".

Creada en 2011 por un grupo de abogados "para defender los derechos de las personas", según la definición del propio Desojo, Ajus incluyó en su denuncia, tomada por García-Sayán, detalles sobre el ataque a los jueces Jorge Ballesteros y Eduardo Farah, al magistrado Alejo Ramos Padilla, la manipulación de fiscales en la causa del concurso preventivo del Correo Argentino SA y las designaciones ilegales en la Cámara Federal de Casación Penal y en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

Por Martín Granovsky

Fuente: pagina12.com.ar

La ONU denuncia “una serie de actos concatenados” que “habrían socavado” la independencia del sistema judicial argentino y obstaculizado “la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo, así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”.

27-12-2025 / 09:12

Defendiendo lo indefendible: El apoyo a Milei fue contra los intereses de la mayoría que lo votó, aunque ellos se ilusionan con lo contrario

Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.

Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.

El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.

Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.

En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.

Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.

Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.

Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.

En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza.

26-12-2025 / 07:12

El Loco Milei contra la Iglesia Católica: Una relación que va de fría a congelada

Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.

Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.

Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".

Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".

Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.

El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.

El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).

A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.

"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.

La Opinión Popular

24-12-2025 / 11:12

Corrupción libertaria en la Agencia Nacional de Discapacidad: El exnúmero dos niega todo y deja a Spagnuolo como el corrompido de las compras truchas

La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.

La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.

En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.

Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.

En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.

Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".

El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.

Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.

La Opinión Popular

23-12-2025 / 09:12

La justicia le exige a Milei que informe donde está el oro de las reservas que se encanutó

Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.

En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.

Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.

Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.

Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.

El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.

Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.

La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.

La Opinión Popular

22-12-2025 / 10:12

Las joyas de la abuela que remata el gobierno a los “amigos” hasta agotar stock

Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.

Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.

Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.

A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.

La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".

"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.

Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.

El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.

Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.