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Nacionales - 04-11-2019 / 08:11
DENUNCIA POR VIOLACIÓN DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

Naciones Unidas pide explicaciones a Macri por "intimidar y perseguir a la Justicia argentina"

Naciones Unidas pide explicaciones a Macri por
Por primera vez en cuatro años la Organización de las Naciones Unidas tomó como propias las sospechas sobre violación de la independencia de la Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri. Tras una presentación de los Abogados por la Justicia Social, la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU que encabeza el jurista peruano Diego García-Sayán dio 60 días al Gobierno para contestar los cargos sobre presiones, arbitrariedades y manipulaciones.
Un enviado de las Naciones Unidas acaba de pedir explicaciones al gobierno de Mauricio Macri por una serie de hechos que van de presiones, persecución y designación de jueces "amigos". La causa del Correo Argentino y las presiones hacia el juez Ramos Padilla, entre los casos nombrados.
 
Un Relator Especial sobre la independencia de jueces, Diego García Sayán, envió un informe a la Cancillería argentina para que responda -al cabo de 60 días- sobre diferentes denuncias de "aprietes" y desplazamientos de jueces incómodos para el gobierno de Macri.
 
El caso que Sayán mencionó puntualmente es el pedido de jury hacia el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien todavía tiene en sus manos una investigación que salpica al gobierno en el marco de una trama inmensa de agentes de inteligencia, jueces y políticos que espiaban y extorsionaban a su favor.
 
También hace especial énfasis en el accionar del gobierno frente a los fiscales de la causa del Correo Argentino, que como se recuerda, afectaba principalmente al presidente, quien le perdonó una deuda millonaria a la empresa que había manejado su padre y por lo tanto, al Grupo Macri.
 
"Los alegados actos de intimidación y presión a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, tales como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, habrían socavado su independencia obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo", expresó, tajante, García Sayán.
 
Lo cierto es que el enviado de las Naciones Unidas le dio un plazo de 60 días al Gobierno para que responda, a sabiendas de que para entonces Macri ya habrá abandonado el poder. Por lo cual, en caso de que el actual gobierno no lo haga, la respuesta oficial deberá nacer de la gestión de Alberto Fernández.
 
En su documento, la denuncia también puntualiza la designación por decreto de dos jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quizás uno de los atropellos a la Justicia más criticados hacia el gobierno de Macri.
 
"Estos ataques, presuntamente, se llevaron a cabo en sintonía con los principales medios de comunicación, que también tendrían intereses en otras áreas de la economía y, por ello, identificarían al derecho laboral y a los jueces de dicho fuero como un obstáculo para sus intereses", sostuvo el relator especial de Naciones Unidas.
 
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Macri armó una Justicia a la carta y la ONU sospecha
 
Por primera vez en cuatro años la Organización de las Naciones Unidas tomó como propias las sospechas sobre violación de la independencia de la Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri. Tras una presentación de los abogados de la agrupación Ajus, Abogados por la Justicia Social, la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados que encabeza el jurista peruano Diego García-Sayán dio 60 días al Gobierno para contestar los cargos sobre presiones, arbitrariedades y manipulaciones.
 
El documento de García-Sayán fue recibido por el ex vicecanciller y actual representante argentino en Ginebra Carlos Foradori el viernes 1° de noviembre. Foradori debe girarlo al canciller Jorge Faurie y el ministro recopilar la defensa que pueda hacer el Poder Ejecutivo.
 
"Hace poco más de un año, en septiembre de 2018, hicimos la presentación a la Relatoría, y en junio de 2019 estuvimos en Lima para entrevistarnos con García-Sayán y darle precisiones", dijo a Página/12 Emanuel Desojo, presidente de Ajus en el área de La Plata, Berisso y Ensenada.
 
"Lo que nos deja satisfechos --dijo Desojo-- es que la Relatoría tomó los elementos de nuestra denuncia y derivó al Gobierno los cargos sobre la existencia de un plan sistemático, específico y estructural del Ejecutivo para cooptar la Corte Suprema por decreto, manipular el Consejo de la Magistratura, atacar a jueces porque supuestamente no comulgaban con el Gobierno o porque fallaron en contra de medidas consideradas claves para la política económica oficial, agredir especialmente a magistrados del fuero laboral y designar arbitrariamente jueces afines sin seguir las reglas."
 
Este diario pudo saber que los detalles de la denuncia resultaron tan frondosos que además Ajus está preparando un libro, "Justicia a la carta", sobre la estrategia seguida por Macri en sus cuatro años de gestión. Los originales, a los que tuvo acceso Página/12, ocupan 400 páginas.
 
Uno de los párrafos señala que Macri buscó "establecer un sistema judicial a la carta, donde no importa mantener la imparcialidad de sus jueces o reforzar la calidad institucional de la magistratura, sino más bien todo lo contrario". Es decir, "encontrar un respaldo punitivo a decisiones políticas que, sin ese escudo judicial, no podrían ser llevadas a cabo".
 
 
Herramienta
  
Ahora, el Estado argentino tiene 60 días de plazo para contestar. Se abren, entonces, dos posibilidades:
 
* Una es que Macri se apure y responda de aquí al 10 de diciembre, para deslindar responsabilidades políticas antes del final de su mandato.
 
* Otra es que suponga que le conviene aprovechar el plazo para que el pedido de García-Sayán quede en los cajones de la burocracia estatal.
 
El Presidente no la tiene fácil, porque García-Sayán revela en el texto que se guía más por presunciones sobre la base de relatos fiables que por simple curiosidad. Por eso señala que mientras espera la respuesta insta al Gobierno a que "adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la(s) persona(s) mencionada(s) e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas". También lo insta "a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan".
 
 
Fiables
 
"Tengo la intención de expresar públicamente mis preocupaciones en un futuro cercano", señala la carta del relator. "Considero que las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata." Más aún: "Además, considero que la opinión pública tiene que ser informada sobre las implicaciones potenciales relacionadas con las alegaciones arriba mencionadas".
 
En términos institucionales, para la ONU los responsables son los Estados, gobierne quien gobierne. Pero si Macri no responde a tiempo las sospechas de la Relatoría, quien lo hará es el Estado bajo la jefatura de Alberto Fernández.
 
En ambos casos, como Presidente electo o como Presidente en ejercicio, Fernández podrá hacer suya una herramienta valiosa: ya no serán suspicacias del Frente de Todos las acusaciones sobre el funcionamiento macrista de la Justicia sino irregularidades consideradas como serias por las Naciones Unidas. Tan serias como para abrir un expediente que no será vinculante pero sí formará parte de la evaluación que haga público el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
 
 
Urgencia
  
En su carta, García-Sayán reclama al Gobierno argentino "atención urgente" para la información que recibió "respecto de la presunta existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República Argentina".
 
Lo interroga a partir de una denuncia sobre "una serie de actos concatenados" que "habrían socavado" la independencia del sistema judicial argentino y obstaculizado "la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo, así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo".
 
García-Sayán no hizo un simple pedido de datos. Reclamó información sobre trece puntos relacionados con las medidas que el Gobierno adopte ya mismo para garantizar, por ejemplo, la inamovilidad de los jueces, asegurar que no sean evadidos los concursos y dar cuenta de cómo se arregló el funcionamiento conforme a Derecho del Consejo de la Magistratura.
 
Uno de los ejemplos que dio Ajus y fue tomado por el relator fue el logro de una mayoría política en el Consejo de la Magistratura mediante la designación como miembro del diputado Pablo Tonelli, la paralización de concursos como coartada y el uso de esa coartada para trasladar como subrogantes "magistrados vinculados o cercanos al partido gobernante sin respetar los requisitos establecidos en la legislación".
 
Un ejemplo de subrogación sería el de Juan Manuel Culotta como juez con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Culotta no había concursado para ello. "Según la alegación recibida, el doctor Juan Manuel Culotta poseería vínculos estrechos y de amistad con el Presidente Macri, con su abogado personal y especialmente con el doctor Pablo Clusellas, secretario Legal y Técnico de la Nación".
 
Otro ejemplo es el conjunto de presiones para que renunciara la procuradora Alejandra Gils Carbó.
 
Hay capítulo especial en la denuncia que se llama "ataque a los jueces que han dictado resoluciones contrarias a los objetivos del Presidente Mauricio Macri". Otro capítulo lleva por título "ataque a los abogados y jueces laboralistas".
 
Creada en 2011 por un grupo de abogados "para defender los derechos de las personas", según la definición del propio Desojo, Ajus incluyó en su denuncia, tomada por García-Sayán, detalles sobre el ataque a los jueces Jorge Ballesteros y Eduardo Farah, al magistrado Alejo Ramos Padilla, la manipulación de fiscales en la causa del concurso preventivo del Correo Argentino SA y las designaciones ilegales en la Cámara Federal de Casación Penal y en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
 
Por Martín Granovsky
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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Naciones Unidas pide explicaciones a Macri por
La ONU denuncia “una serie de actos concatenados” que “habrían socavado” la independencia del sistema judicial argentino y obstaculizado “la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo, así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”.
29-11-2025 / 10:11
Con un señor en cueros haciendo equilibrio para que no se le caiga un pedazo de fierro que sostenía en sus grandes pectorales flácidos empezó en el Congreso la reunión antivacunas que convocó la diputada oficialista Marilú Quiroz.
 
El hombre quedó "imantado" por las vacunas, según denunciaron, mientras el Senado retrasaba, hasta que ingresen los nuevos senadores, la discusión sobre la incorporación de la rionegrina oficialista Lorena Villaverde, ya rechazada por la comisión de Asuntos Constitucionales por sus antecedentes vinculados con el narcotráfico.
 
El INDEC retocó los índices de crecimiento para ocultar que el país está en recesión desde principios de año. Pero cuando se habla con los industriales, parecen vacas que van al matadero al balbucear que igual respaldan a este gobierno "porque es el único que se preocupó por la macro".
 
La pobreza de pensamiento de la clase empresarial produce hasta molestia física. Cuestionan aspectos como los antivacunas o la corrupción del famoso tres por ciento, pero no pueden ver que se intenta cambiar la matriz productiva y que el primer paso es el industricidio.
 
Aplauden como focas un proyecto de reforma laboral que atrasa 200 años las relaciones de trabajo, mientras tienen que cerrar sus propias empresas. Esta semana Whirlpool cerró la fábrica de Pilar, que había inaugurado hace tres años con una inversión de 50 millones de dólares.
 
Desde noviembre de 2023, cerraron más de quince mil empresas. Las patronales del campo pensaban que tenían la vaca atada pero ahora, con un dólar barato, tienen que afrontar insumos inflacionados, rutas abandonadas e inundaciones y sequias sin asistencia.
 
"Unos 220 obreros quedaron en la calle por el cierre de Whirlpool" adujo el periodista. El economista oficialista Miguel Boggiano, hijo de un ex juez de la Corte menemista, explicó: "Pero ahora tenés a 850 mil que van a comprar más barato el lavarropa". Aplazado el economista Boggiano, porque los desocupados y los que tienen bajos salarios dejaran de comprar lavarropas, heladeras, televisores, bicicletas, motos, etc., etc. Sin comprar nada de eso, la mayoría de los argentinos no llega a fin de mes con lo que gana.
 
Con este proyecto de país, industriales y comerciantes se van al bombo o se ajustan y los patrones rurales se achican. En contrapartida, las tecnológicas, extremistas del discurso anti Estado, reciben subsidios. El capital concentrado trata de volcarse a la energía, la minería y la timba financiera, que son los únicos que crecieron realmente. Y el INDEC funciona como vaselina con dibujos de los índices de crecimiento, de inflación o de consumo, para que el infierno parezca paraíso.
 
El Gobierno que salió airoso de las elecciones de medio término, ahora se dirige a cobrar el premio. Un Consejo de Mayo inútil, que no resuelve nada, pensado para una foto mentirosa que quiera dar la imagen de "diálogo", anunció que antes de fin de año el gobierno enviará al Congreso un proyecto de Reforma Laboral, que no tuvo consenso ni fue aprobado por ese Consejo por el nivel esclavista que propone para los trabajadores.
 

28-11-2025 / 10:11
El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, alertó por el cierre de empresas en Argentina, y entre las principales causas detalla la baja en el consumo y la apertura de importaciones que impulsa el gobierno de Javier "el Loco" Milei. Diab mencionó el reciente cierre de Whirlpool, que dejó a 220 personas sin trabajo, y el de la láctea La Suipachense señalando que estas no son "grandes empresas" pero si son significativas.
 
Vale recordar que la CAME tomó partido por Milei antes del balotaje con Sergio Massa, apoyó públicamente el mega DNU del presidente en diciembre de 2023 sobre la desregulación total de la economía y respaldó junto a otras cámaras de grandes empresas el endeudamiento de Luis Caputo ante el FMI.
 
En primer lugar, el presidente de CAME sostuvo que la baja en el consumo "hace que el comercio en sí mismo no demande a la industria producto por este mismo motivo. Nosotros solicitamos otras alternativas de incentivo al consumo, en lo que tenía que ver con los planes de cuota a largo plazo que dio en un momento facilidades en la forma de estirar el salario".
 
Sin embargo, indicó que no tuvo éxito porque el Estado no interviene en las cuestiones de los privados: "Si los bancos no acceden, no aceptan o las plataformas de tarjeta, es muy difícil llevarlo a cabo". A esto se le suma la apertura de importaciones: "Muchas empresas ven que no son competitivas con respecto a productos que vienen fundamentalmente de China". El empresario señaló que incluso en rubros como el alimenticio se observa un aumento de productos importados que compiten con los nacionales.
 
Aunque el comercio internacional es "imprescindible", para Diab en el crecimiento económico en tecnología y materias primas, ciertos sectores nacionales no logran ser competitivos, lo que "lleva al cierre". Observó, además, que la tendencia es "creciente", al punto que empresarios que no tenían entre sus proyectos ser importadores, ahora lo están analizando.
 
El dirigente también destacó el impacto de la carga tributaria en la competitividad de las empresas argentinas. "Si sabemos que automáticamente cualquiera de nuestros productos tiene un 50% de impuesto, ya partimos de una situación impositiva muy difícil de resolver", afirmó, y comparó la situación con otros países que tienen menores cargas o distintos estilos de producción.
 
En cuanto al mercado laboral, Diab fue contundente al señalar que "en línea genérica, no hay actividad que esté demandando empleo". Explicó que, aunque una adecuación de la legislación laboral es necesaria, no será suficiente "si no hay demanda productiva". El presidente de CAME reconoció que, si bien la gente no consume porque "no tiene salarios buenos", las propias empresas, en especial las PyMEs, están imposibilitadas de mejorar esos salarios sustancialmente debido a la falta de rentabilidad y la fragilidad del contexto económico.
 
La industria nacional, a contramano de los datos que promociona el Gobierno de Milei, sigue en un pozo del que no puede salir. "Estamos inmersos casi en un círculo negativo donde los mismos que declamamos no lo podemos llevar a cabo fácilmente", afirmó. Además, el dirigente mencionó que, si bien han dialogado con el Gobierno, "el Estado hoy no interviene absolutamente en nada que tenga que ver los privados".
 
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27-11-2025 / 10:11
El industricidio avanza gracias a las políticas neoliberales de Javier "el Loco" Milei y Luis "Toto" Caputo. Ya pasó un mes de aquellas elecciones legislativas donde Milei logró un triunfo que hizo crecer la soberbia de su gobierno, lo cual impulsa la reforma laboral que propone. No obstante, se enfrenta a un panorama complicado que lo desafía por completo.

A un mes de la "Argentina" violeta, se acumulan los despidos en fábricas ante la apertura de importaciones. Whirlpool cerró la planta de Pilar inaugurada en 2022 y despidió a sus 220 trabajadores. Asimismo, el consumo continúa en caída libre mientras que diciembre se avecina con nuevos aumentos que sigue golpeando más de un bolsillo. Por su parte, el salario continúa congelado y no hay sueldo que aguante.

Sin embargo, el Gobierno anarco capitalista hace vista ciega y avanza a fondo por la reforma laboral. Tal es así que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reunió este miércoles (26/11) en Casa Rosada a los miembros del Consejo de Mayo y, pese a la falta de consensos, anunció que la administración libertaria enviará el proyecto al Congreso el próximo 9 de diciembre.

Si los tiempos avanzan como pretende Milei, la reforma laboral se debatirá al filo o durante la Navidad y Año Nuevo anticipando semanas difíciles para aquellos trabajadores que perdieron su empleo, lo que se intensificó en los últimos días luego de la victoria electoral de La Libertad Avanza, donde nada cambió para la economía real pese al rescate del INDEC.

Las pálidas continúan y están a la vista de todos los argentinos. Sin ir más lejos, los datos del último informe de CEPA, que abarca hasta agosto, sostienen que desde que Milei inició su gestión, por día cierran 30 empresas y, en total, se destruyeron 276.000 puestos de trabajo registrados. "Creer o reventar", dice la frase.

Por su parte, el INDEC que conduce Marco Lavagna quedó en el centro de una nueva polémica por una sugestiva corrección de los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) para evitar que la economía entre en recesión técnica. El organismo que en septiembre la actividad económica tuvo un incremento de 0,5% en comparación con agosto, un dato mucho mejor que el estimado por las consultoras privadas que preveían una caída de entre 0,1% y 0,3%. Dibujando los números, el gobierno logró evitar ese título negativo pese que el tercer trimestre fue el más afectado por la inestabilidad económica consecuencia de las elecciones.

En tanto, los principales bancos y consultoras nacionales e internacionales recortaron sus previsiones de crecimiento para la economía argentina en 2026. Según el relevamiento de FocusEconomics, el Producto Bruto Interno se expandirá menos de la estimación previa. El ajuste refleja un escenario menos optimista y expone el desgaste del discurso libertario, que hasta ahora muestra más promesas que resultados.

El relato libertario remacha que la economía empieza a mostrar signos de recuperación, pero la realidad en las góndolas y en los bolsillos cuenta otra historia. El consumo masivo sigue estancado, sin el menor atisbo de mejora en la segunda mitad del año. Los datos publicados por el Indec este miércoles son contundentes: las ventas en supermercados cayeron a nivel intermensual y ya suman seis meses consecutivos de baja hasta septiembre. El golpe al consumo es tan fuerte que, en la comparación interanual, las ventas también retrocedieron. El ingreso de productos importados que compiten con los de fabricación nacional, el dólar barato y el encarecimiento de los costos productivos alientan la desindustrialización y el desempleo.

La Opinión Popular



26-11-2025 / 09:11
El conjunto de las organizaciones sociales y piqueteras movilizarán a la Secretaría de Trabajo cuando se realice la audiencia del Consejo del Salario convocada por el Secretario de Trabajo, Julio Cordero. El Consejo del Salario se reúne este miércoles en forma virtual. Para recuperar el valor de noviembre de 2015, el ingreso que hoy es de $322 mi debería ser de $760 mil.
 
La reunión se realizará en formato virtual a pesar del reclamo formulado por las dos CTA para que la misma retomara la presencialidad que dejó atrás desde la pandemia. Con todo, esas organizaciones sindicales junto con las organizaciones sociales agrupadas en la UTEP y las que militan en el Frente de Lucha Piquetero marcharán a la cartera laboral desde las 15.30 en lo que, además, será el comienzo de un plan de acción conjunto que incluye una movilización en los primeros días de diciembre y, casi con seguridad, una gran marcha el 20 de diciembre cuando se conmemore el 24 aniversario del levantamiento popular que puso fin al gobierno neoliberal de Fernando De La Rúa.
 
La movilización del miércoles exige una mejora inmediata y sustancial del salario mínimo vital y móvil hoy fijado en $322 mil, valor en el que se encuentra congelado desde agosto de este año. Se trata del monto más bajo desde el punto de vista del poder adquisitivo desde al menos el año 1994 y representa menos de la mitad del valor que llegó a alcanzar en diciembre de 2015.
 
Según un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA), "las cinco reuniones del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo que tuvieron lugar en esta gestión finalizaron sin acuerdo entre el sector empresario y los representantes de los trabajadores". Como resultado, continúan, "fue la Secretaría de Trabajo la que determinó los aumentos nominales -prácticamente equivalentes a la propuesta empresarial-, los cuales no sólo no buscaron recuperar el poder de compra perdido tras la devaluación, sino que incluso continuaron erosionándolo".
 
Para CIFRA "la pérdida sufrida durante este gobierno se acumula con retrocesos previos, por lo que el salario mínimo se ubicó en octubre de 2025 en un nivel real que resulta 45,6% más bajo que en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos y 58,4% menor que noviembre de 2015". Más en concreto, concluyen "si el salario mínimo no hubiese perdido poder de adquisitivo a lo largo de esta década, se acercaría actualmente los $ 760.000".
 
El informe destaca que el haber "representa en la actualidad menos de una quinta parte del salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado" y que "es inferior al que rigió durante la mayor parte de la década de 1990 y en la crisis final del régimen de Convertibilidad".
 
Pero, además, el informe de centro de la CTA de los Trabajadores indica que "la comparación entre el salario mínimo y las líneas de pobreza y de indigencia revela una situación incluso peor que la del año 2001. En octubre, una familia tipo (compuesta por dos adultos y dos niños) necesitó casi cuatro salarios mínimos para cubrir el costo de la canasta básica que determina la línea de pobreza, que ronda los $ 1,2 millones". En la misma línea, en agosto de 2025, el salario mínimo vital y móvil equivalía a 0,62 canastas básicas alimentarias que miden la indigencia para una familia integrada por dos mayores y dos menores cuando, en agosto de 2017, llegaba a representar 1,44 canastas básicas alimentarias.
 
La reunión será el primer encuentro entre la nueva conducción de la CGT y el gobierno libertario. La conducción sindical no adelantó cuál será el reclamo que llevarán a la negociación. Es posible que, como hicieron en anteriores encuentros, lleven un reclamo elevado para que, sin plan de lucha mediante, resulte testimonial y deje en manos del gobierno de los Hermanos Milei la definición del valor.
 
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24-11-2025 / 09:11
Las ficciones en que se desenvuelve el Gobierno de los Hermanos Milei volvieron a quedar plasmadas con la caída del préstamo por 20 mil millones de dólares diseñado por el JP Morgan, junto con el Citigroup y el Bank of América. Decían que estaban bosquejándolo, en realidad. El ministro de Economía ensayó responder que nunca habían aludido a la probable existencia de ese empréstito. Que, por tanto, se trataba de otra de las "operaciones" dirigidas a afectar la firme marcha hacia nuestro destino de potencia mundial.
 
Es cierto, convengamos, que las autoridades económicas jamás dieron seguridad ni información acerca de esa ayuda. Simplemente, resulta veraz porque el gobierno argentino es ajeno por completo a cualquier notificación del área. Todo, desde la asunción de Scott Bessent como ministro real, es comunicado desde Estados Unidos en formas oficiales u oficiosas. Todo.
 
Caputo Toto, quien persiste como el ícono de la timba financiera puesto en funciones de Estado, busca ahora un "repo" por mucho menos que aquella cifra. Necesita al menos 5 mil millones de dólares a fines de pagar vencimientos en enero, que corresponden a la deuda contraída por Macri.
 
Es muy probable que, apoyo de Washington mediante, consiga la plata. En esa perspectiva, los medios oficialistas prácticamente ningunearon la información y se dedicaron al nuevo título que inventó la AFA, al fin de semana largo, a los incendios en el gremio de Camioneros o a las transas en ambas Cámaras que continúan preanunciando el grave astillamiento del peronismo.
 
En estas horas, metieron otra cuña los nombramientos de Alejandra Monteoliva y Carlos Alberto Presti. La mano derechísima de Patricia Bullrich en Seguridad estaba prevista. Pero no deja de impactar que el jefe del Ejército será el primer militar en ocupar Defensa desde el regreso de la democracia, "dando por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados", según el comunicado de la Oficina del Presidente.
 
Mientras tanto, inclusive si no quisiera estimarse la incertidumbre de mediano plazo sobre el frente financiero externo, los relevamientos de la economía "micro" son contundentes. No transcurre día sin que se acumulen cierres y quebrantos de empresas, con las pymes a la cabeza.
 
En la medición interanual, descendió marcadamente el consumo en hipermercados, mayoristas y farmacias. La actividad industrial acusa lo mismo. La suba en el precio de los alimentos, con carne y frescos en primer lugar, explican un tercio del Índice de Precios al Consumidor; pero el Indec no quiere, o no consigue, que se actualice la medición. Las tarifas de servicios públicos, los alquileres, el transporte, las prepagas, determinan sumado a lo anterior el peso aplastante en la canasta familiar.
 
Si acaso no fuera suficiente con la credibilidad de esos números, que surgen de consultoras como de entes oficiales, debería bastar el semblante vacío o poco menos que exhiben los comercios, los súper, los changuitos, los lugares de entretenimiento.  No hay casi nada que no dé para abajo, salvo los indicadores "macro" que, como el superávit fiscal, el Gobierno dibuja. Pero simultáneamente, el acostumbramiento a que esto es lo que hay redunda en la estabilidad precaria, aceptada, que enfrente no tiene rival.
 
En las encuestas post-electorales, publicadas y reservadas, la coincidencia es unánime: la imagen negativa de Milei supera con amplitud a la positiva, y una mayoría de la población -alrededor del 60 por ciento- se manifiesta pesimista en cuanto al futuro económico. Esos datos no provienen de encuestólogos adversos al oficialismo. Todo lo contrario.
 

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