05:32 | Lunes 06 de Julio de 2013 | Entre Ríos

Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar

“Opinar libremente por redes sociales sin rigor científico es muy fácil, gobernar con sensatez y responsabilidad es otra cosa, no es para cualquiera". Jorge Busti

Nacionales - 03-11-2019 / 11:11

HASTA AHORA LA JUSTICIA FEDERAL AVANZÓ A PASO LENTO CONTRA EL MANDATARIO

El fantasma de la cárcel acechará a Macri y sus amigos tras la salida del poder

Además del Correo, los peajes, los parques eólicos y la venta de Macair son algunas de las investigaciones por corrupción en las que figura Macri. Pero las causas hasta ahora se mueven muy lentas. Para tapar tantos chanchullos de corrupción, el Presidente contó con el respaldo del aparato judicial adicto de Comodoro Py, que en algunos casos se dedicó a enterrar directamente los escándalos y en otros casos hay expedientes abiertos en los que se vienen medidas de máxima importancia cuando cambie el gobierno.

Durante los primeros allanamientos de la causa Hotesur, ordenados por el juez Claudio Bonadio, Cristina Fernández era presidenta. Restaba más de un año para que dejara el poder. Su re-relección no era una opción. Era noviembre de 2014. Era investigada por lavado de dinero de la corrupción. Ya fuera del Ejecutivo, su primer llamado a indagatoria fue en febrero de 2016 por la causa dólar futuro.

El presidente Mauricio Macri no tuvo un Bonadio. Sí tiene una serie de frentes judiciales que avanzan a ritmos diferentes en los tribunales federales. En algunos de ellos, los jueces y fiscales acumulan documentación, envían exhortos al extranjero y encargan análisis. Así lo informaron los magistrados a cargo de estos expedientes ante la consulta de Perfil.

¿Tendrá este ritmo fecha de vencimiento? Un magistrado le dijo a Perfil esta semana que aguardará al cambio de gobierno para solicitar el resto de los documentos que necesita para investigar a Macri y a varios de sus funcionarios.

La familia y los negocios son el principal eje de los frentes judiciales de Macri que podrían significar dificultades tras su salida del poder. El caso Correo Argentino SA es el central, el más avanzado en cuanto a acumulación de pruebas y citaciones a indagatorias (hasta el momento) y el que se ramificó en distintos fueros y expedientes.

Además del Correo, los peajes, los parques eólicos y la venta de Macair son algunas de las investigaciones por corrupción en las que figura Macri. Pero las causas hasta ahora se mueven muy lentas.

Para tapar tantos chanchullos de corrupción, el Presidente contó con el respaldo del aparato judicial adicto de Comodoro Py, que en algunos casos se dedicó a enterrar directamente los escándalos y en otros casos hay expedientes abiertos en los que se vienen medidas de máxima importancia cuando cambie el gobierno.

La Opinión Popular

Cartas varias

En la causa penal de Correo, el juez Ariel Lijo investiga si el Presidente participó de un acuerdo para condonar el 98,87 por ciento de la deuda que la empresa de su familia mantenía con el Estado.

Macri Macri está formalmente imputado, pero nunca fue citado. Lijo indagó en marzo al ministro Oscar Aguad; a su segundo Juan Manuel Mocoroa; al director de Correo; y al abogado de la compañía (todos participaron del acuerdo de junio de 2016). Todavía no dictó los procesamientos. Tras la intervención de la Cámara Federal, el juez debe ordenar un informe contable en los próximos días para volver a determinar si el acuerdo con Correo fue perjudicial para el Estado, informó una fuente del expediente.

También por este caso, varios de los miembros de su gabinete y aliados de otros Poderes son el blanco de diferentes expedientes judiciales y administrativos. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) indaga en un capítulo del caso que podría tener más consecuencias penales. Además, en el Fuero Comercial un legajo también alcanza a familiares, ejecutivos y asesores del grupo Macri, destacó Perfil.

Por arriba

Autopistas es un caso reciente a nivel judicial: los hechos ocurrieron en 2018 pero la causa se abrió el 17 de julio último. Macri fue denunciado junto a su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y el ex director de Vialidad, Javier Iguacel.

Son investigados por un posible conflicto de intereses entre el Gobierno y una empresa vinculada a la familia presidencial; por presunto fraude a la administración pública y tráfico de influencias.

El caso se centra en la decisión del Gobierno de renegociar en 2018 los contratos de concesión de las Autopistas Norte y Oeste con la compañía extranjera Abertis y sus socias y reconocerles deudas por 747 millones de dólares.

Abertis fue socia de Sideco (de Sociedades Macri) en Autopistas del Sol hasta 2017. El Gobierno niega las acusaciones y sostiene que el acuerdo con Abertis le ahorró dinero al Estado. La causa está en etapa de recolección de documentación y su análisis, y ya recibió la respuesta a un exhorto internacional, según consta en el expediente.

El juzgado de Rodolfo Canicoba Corral aún aguarda más documentos de distintos organismos como la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Por abajo

La causa penal por el supuesto direccionamiento de la licitación de la obra del Paseo del Bajo nació a fines de 2018. Macri no está imputado. Se investiga a su primo Ángelo Calcaterra (ex dueño de Iecsa); a su principal aliado territorial, Horacio Rodríguez Larreta; y a algunos de sus funcionarios clave, de acuerdo a fuentes directas del expediente.

Esta megaobra fue realizada con fondos de Nación, pero ejecutados por la Ciudad. La empresa beneficiada para construir uno de los tramos del paseo fue Iecsa. El caso quedó a cargo del juez Claudio Bonadio, quien firmó órdenes de presentación para obtener documentación oficial.

La fiscal Alejandra Mángano y la PIA continúan requiriendo el secuestro de más documentos necesarios para avanzar en la investigación. En octubre, el juez accedió a nuevos pedidos y ordenó algunas testimoniales. La Ciudad sostiene que "fue una licitación absolutamente transparente, internacional y con la supervisión del Banco de Desarrollo de América Latina y con sus reglamentos".

La política

Fuera de los negocios y la familia, otro eje pendiente en la Justicia es la financiación de la política. Tras varias decisiones judiciales a favor de Cambiemos, la causa por los aportes truchos de la campaña bonaerense de 2017 quedó radicada en el fuero electoral, recordó Perfil.

La recaudación era investigada como una presunta maniobra de lavado de dinero de origen ilícito. El juez Ariel Lijo tiene otros dos expedientes por aportes falsos de campaña de la elección presidencial de Macri en 2015 y de las Legislativas porteñas de 2017 en la Ciudad de Buenos Aires. Aún no ha habido movimientos relevantes en estas causas, informó una fuente de la investigación.

Sideco es propiedad de Socma (Sociedades Macri), que a su vez tiene como accionista a la familia Macri. Cuando el Presidente se desprendió de su participación en el grupo, las acciones pasaron a nombre de miembros de su familia, entre ellos, sus hermanos Gianfranco y Mariano; y los hijos del mandatario.

Sideco y Socma son blanco de varios de los expedientes judiciales que tienen abiertos Mauricio Macri y su círculo de mayor confianza, asesores y ejecutivos de las empresas. Además del frente penal por el caso Correo Argentino SA, en el fuero comercial la fiscal general Gabriela Boquin investiga el presunto vaciamiento de la empresa Correo. La acusación se centra en que parte de los fondos que debían destinarse al pago de los acreedores habrían sido desviados a otras empresas de los Macri.

Blanqueo

El decreto de Macri que habilitó que los familiares de funcionarios públicos pudieran entrar al blanqueo de capitales es otro frente pendiente para el Presidente. Tiempo después del decreto, artículos periodísticos revelaron cómo la decisión de Macri favoreció a su hermano Gianfranco, quien adhirió al sinceramiento fiscal con más de cuatro millones de dólares ocultos en el exterior.

Por el viento

La causa de los parques eólicos nació en febrero de 2018, tras una investigación de Perfil y posterior denuncia del diputado Rodolfo Tailhade (FpV). Durante 2016, Sideco y un grupo de socios armaron una estrategia para ingresar en el negocio de las energías renovables sin pasar por licitaciones públicas.

Adquirieron seis contratos con el Estado para explotar energía eólica. Luego los revendieron con una ganancia de 69,2 millones de dólares. La Justicia indaga si los entonces miembros del ex Ministerio de Energía beneficiaron a los Macri y sus socios permitiendo que otra compañía actuara como pantalla para ganar dos de esos contratos.

Sin licitación, el Grupo Macri compró y luego revendió seis parques eólicos El juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi solicitó información a organismos oficiales y a las empresas. Encargó su análisis a una oficina especializada de la Corte Suprema que demoró meses, de acuerdo a fuentes de la causa. Todavía aguarda la respuesta a dos exhortos internacionales. No hay indagados.

Y otra vez, Correo

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) investiga otro capítulo del principal caso contra Macri. Mientras la Justicia Penal determina si el acuerdo con Correo fue abusivo para el Estado, la PIA indaga si miembros del Gobierno participaron en una maniobra para planificar de antemano un acuerdo perjudicial para el Estado.

Es decir: sospechan que no solo aceptaron un acuerdo abusivo, sino que además habrían formado parte de la planificación. El Gobierno lo niega. El fiscal general Sergio Rodríguez viene solicitando al Ejecutivo desde hace dos años los originales de dos notas internas de 2016 en donde consta un intercambio entre Aguad (entonces ministro de Comunicaciones y hoy de Defensa) y su segundo, Mocoroa, sobre el acuerdo con Correo.

Estas notas solo figuran en fotocopias, las cuales despertaron ciertas sospechas en la PIA porque las fechas no coinciden con las de otros documentos del expediente, explicó una fuente del caso. Perfil consultó a Modernización, donde admitieron que no encuentran los originales.

Aguad, derivó la consulta en Mocoroa.

Mocoroa respondió que al dejar Comunicaciones "toda" la documentación quedó en poder del Ejecutivo o de la Procuración del Tesoro, pero en papel porque aún no había sido digitalizada. En la Procuración contestaron: "Acá no está".

Fuente: Análisis Digital

05-07-2020 / 10:07

Angelici, operador judicial de Macri, poseía una AFI paralela

Se complica la situación de Daniel "Tano" Angelici, por las escuchas ilegales. El ex presidente de Boca fue un hombre muy cercano a Mauricio Macri y a Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de asuntos jurídicos de la AFI. Su nombre late fuerte en torno a la causa del espionaje ilegal macrista.

Las declaraciones en el Congreso de dos altos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Macri indicaron que el área de Jurídicos, cuya tarea eran las relaciones con el Poder Judicial, se transformó en la más importante del organismo.

Estaba a cargo del "Enano" De Stéfano, un hombre de Angelici, uno de los operadores judiciales más afilados del macrismo. Esa área concentró desde visitas a jueces con causas que interesaban a las Casas Rosada y hasta las transcripciones de escuchas que terminaban en manos de medios y periodistas serviciales como Luis Majul.

Una de las dos personas que declararon en el Congreso fue detenida en el marco de la causa por espionaje ilegal masivo a dirigentes políticos. La otra fue citada como testigo. No son perejiles, sino todo lo contrario.

Se trata de Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, respectivamente, quienes ocuparon sucesivamente la Dirección de Contrainteligencia de la AFI. Uno de carrera militar, el otro con casi dos décadas entre los espías, fueron parte del aparato de inteligencia macrista a la vez que, según relataron, tuvieron diferencias con Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por el uso partidario de la agencia.

"Todo pasaba por Jurídicos", aseguró y repitió Dalmau Pereyra. "Fue la estructura más fuerte de la gestión Arribas-Majdalani", dijo Coste. Todo lo escucharon los diputados Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Cristian Ritondo y el senador Martín Doñate, miembros de la Bicameral de Inteligencia. Eduardo Valdés también participó en el testimonio de Dalmau Pereyra.

A Angelici se le atribuye influencia sobre Juan Mahiques, ex viceministro de justicia y representante del Gobierno de Macri en el Consejo de la Magistratura, desde donde aseguran que presionaba a jueces por fallar en contra. Ahora es fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.

La Opinión Popular

05-07-2020 / 08:07

Próximas medidas de Alberto: Canje de deuda, nuevo IFE, ATP y proyecto de mini "Plan Marshall"

* Mañana se presentará la enmienda de la oferta argentina para el canje de deuda ante la Comisión de Valores estadounidense (SEC).

* En los próximos días se definirá un nuevo tramo del Ingreso Familiar de Emergencia ("IFE III"). El Gobierno analiza si cubre a menos beneficiarios o si se mantiene el universo original.

* Se prepara otra ronda de Anticipos para el Trabajo y la Producción (ATP III) con cobertura amplísima aunque menor a las previas.

* En Economía comienzan a preocuparse por la emisión monetaria y el déficit fiscal. No han frenado las transferencias masivas de ingresos hasta acá. No causan hiper ni inflación desbocada pero los funcionarios temen que causen problemas cuando se amortigüe la recesión.

* Además se están pensando medidas de creación de empleo, dinamización de obra pública, un "Plan Marshall" exageran a sabiendas en la quinta de Olivos y en la Casa Rosada.

Habrá que redoblar la inversión pública, reperfilar el gasto estatal. Esa última parte, claro, pospuesta hasta que se aletargue la pandemia. Hasta el momento incierto y deseado en que baje la tremenda curva.

Aún con trabas en la sintonía fina, los rumbos de Alberto son lúcidos, sensatos. La protección del empleo, el gasto social sostenido, la asistencia alimentaria, la articulación con la sociedad civil conforman un abanico de aciertos en un contorno de incertidumbre mundial.

04-07-2020 / 10:07

Bancos extranjeros dicen que lo de Vicentin es "la mayor estafa financiera internacional"

Bancos internacionales acreedores de Vicentin estimaron que sus directivos desviaron U$S 400 millones como parte de las "grandes irregularidades financieras" que denunciaron en el proceso judicial que se lleva adelante en la justicia de Nueva York y por lo cual reclamaron documentación a la compañía. Además, pedirán al FBI que investigue presunto lavado de dinero.

Los bancos, entre ellos Rabobank, Credit Agricole, ING e International Finance Corp., brazo privado de préstamos del Banco Mundial, solicitaron a la justicia copias de las transferencias bancarias entre Vicentin y varias empresas relacionadas, publicó la agencia Bloomberg.

"Los demandantes dicen que no pueden entender cómo Vicentin pasó de informar finanzas saludables a mediados de 2019 a colapsar meses después, en diciembre, y entrar en default por la suma de $ 99,3 mil millones de deuda a proveedores y acreedores agrícolas", citó la agencia.

Ahora, los bancos quieren seguir el flujo de fondos que ya rastrearon desde Vicentin hacia las otras compañías propiedad de sus familias controladoras. "Gracias a la orden inicial de este Tribunal, las piezas del rompecabezas que fue el colapso de Vicentin están comenzando a encajar", según la solicitud.

En su presentación ante la Corte de Nueva York, los abogados de los bancos plantean que "si se demostraran estas actividades de 'tunelización' pueden corresponderse con un delito penal tipificado bajo la ley argentina".

04-07-2020 / 09:07

Se destapa la olla macrista: Poder Judicial, periodismo y espionaje

Cuando la Cámara Federal rechazó la preventiva ilegal a dos empresarios perseguidos por Mauricio Macri, el macrismo la despedazó y tres de sus cuatro jueces, Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero salieron expulsados por la ventana; los jueces Luis Arias y Martina Fons que detuvieron el aumento desmedido de tarifas fueron aniquilados por el macrismo; y los jueces laborales Mirta González Burbridge, Diana Cañal y Luis Raffaghelli, que reinstalaron trabajadores despedidos por el macrismo más los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino que se opusieron a los despidos en Telam, fueron todos denunciados por Cambiemos ante el Consejo de la Magistratura que ellos controlaban.

Hay mucho más. Esta sólo es la información que determinó la amonestación al gobierno macrista por parte del relator de la ONU para la independencia de los jueces, un récord internacional anti republicano de Cambiemos.

Con esa influencia determinante sobre tantos jueces y fiscales, durante cuatro años el macrismo se dedicó a perseguir a funcionarios y dirigentes de la gestión anterior, así como a empresarios acusados de haberla apoyado y a opositores, sindicalistas y dirigentes sociales.

Crearon causas tan absurdas como la de unos cuadernos que no existían. Se aceptaron fotocopias que fueron entregadas misteriosamente a un periodista del PRO del diario La Nación. Y aún así para conseguir la prueba tuvieron que aplicar la ley del arrepentido en forma extorsiva contra ex funcionarios y empresarios.

No hay un solo elemento sano en todo ese cuerpo probatorio, como tampoco lo hay en la mayoría de las causas fraguadas con el lawfare, con falsos peritos, excavaciones desopilantes en la Patagonia, show mediático del maltrato a detenidos y el festival de preventivas irregulares para contribuir al circo mediático. Si hubo o no corrupción durante los gobiernos K quedará en la incógnita porque, en la mayoría de las causas que abrieron, se ve la mano en la trampa.

03-07-2020 / 12:07

Repudiables ataques a silobolsas de productores rurales

En los últimos meses se han reportado 60 abominables hechos delictivos contra silobolsas con granos en campos de productores de diferentes provincias. Las pérdidas significan un perjuicio económico para el productor y los Estados nacional, provincial y municipal que dejan de recaudar a través de impuestos y tasas al no poderse vender.

Ayer la cadena agroindustrial respaldó el proyecto de Ley de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, para enfrentar al delito rural y pidió un rápido tratamiento en el Congreso. Mientras, sectores de la oposición política, mediática y económica mas gurka encontraron una nueva excusa para atacar al gobierno; esta vez pretenden responsabilizarlo por la perpetración de delitos penales en establecimientos agropecuarios como la rotura de silobolsas.

La desmesura de estos renovados ataques al gobierno fueron estimulados por los grandes medios de comunicación porteños. Algunos periodistas no dudaron en atribuir la comisión de esos delitos al kirchnerismo, aunque no se sintieron en la obligación de presentar una sola prueba pese a la gravedad de las imputaciones.

Es más, ya van varios días de esta campaña -a la que se sumaron algunas entidades agropecuarias, instituciones económicas, dirigentes políticos y rurales y medios de comunicación afines- sin que nadie pueda aportar evidencias para respaldar las acusaciones. A pesar de ello, nadie bajó el tono de los violentos discursos.

En el colmo del extravío, una de las entidades rurales llegó a acusar al presidente de la Nación por su "silencio cómplice", dando a entender que la máxima autoridad política del país está vinculado a los hechos. Una verdadera falta de prudencia y discernimiento.