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"Macri sigue en la política y no va a poder irse. Tiene 93 causas judiciales en su contra". Jorge Asís
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Nacionales - 03-11-2019 / 11:11
HASTA AHORA LA JUSTICIA FEDERAL AVANZÓ A PASO LENTO CONTRA EL MANDATARIO

El fantasma de la cárcel acechará a Macri y sus amigos tras la salida del poder

El fantasma de la cárcel acechará a Macri y sus amigos tras la salida del poder
Además del Correo, los peajes, los parques eólicos y la venta de Macair son algunas de las investigaciones por corrupción en las que figura Macri. Pero las causas hasta ahora se mueven muy lentas. Para tapar tantos chanchullos de corrupción, el Presidente contó con el respaldo del aparato judicial adicto de Comodoro Py, que en algunos casos se dedicó a enterrar directamente los escándalos y en otros casos hay expedientes abiertos en los que se vienen medidas de máxima importancia cuando cambie el gobierno.
Durante los primeros allanamientos de la causa Hotesur, ordenados por el juez Claudio Bonadio, Cristina Fernández era presidenta. Restaba más de un año para que dejara el poder. Su re-relección no era una opción. Era noviembre de 2014. Era investigada por lavado de dinero de la corrupción. Ya fuera del Ejecutivo, su primer llamado a indagatoria fue en febrero de 2016 por la causa dólar futuro.
 
El presidente Mauricio Macri no tuvo un Bonadio. Sí tiene una serie de frentes judiciales que avanzan a ritmos diferentes en los tribunales federales. En algunos de ellos, los jueces y fiscales acumulan documentación, envían exhortos al extranjero y encargan análisis. Así lo informaron los magistrados a cargo de estos expedientes ante la consulta de Perfil.
 
¿Tendrá este ritmo fecha de vencimiento? Un magistrado le dijo a Perfil esta semana que aguardará al cambio de gobierno para solicitar el resto de los documentos que necesita para investigar a Macri y a varios de sus funcionarios.
 
La familia y los negocios son el principal eje de los frentes judiciales de Macri que podrían significar dificultades tras su salida del poder. El caso Correo Argentino SA es el central, el más avanzado en cuanto a acumulación de pruebas y citaciones a indagatorias (hasta el momento) y el que se ramificó en distintos fueros y expedientes.
 
Además del Correo, los peajes, los parques eólicos y la venta de Macair son algunas de las investigaciones por corrupción en las que figura Macri. Pero las causas hasta ahora se mueven muy lentas.
 
Para tapar tantos chanchullos de corrupción, el Presidente contó con el respaldo del aparato judicial adicto de Comodoro Py, que en algunos casos se dedicó a enterrar directamente los escándalos y en otros casos hay expedientes abiertos en los que se vienen medidas de máxima importancia cuando cambie el gobierno.
 
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Cartas varias
 
En la causa penal de Correo, el juez Ariel Lijo investiga si el Presidente participó de un acuerdo para condonar el 98,87 por ciento de la deuda que la empresa de su familia mantenía con el Estado.
 
Macri Macri está formalmente imputado, pero nunca fue citado. Lijo indagó en marzo al ministro Oscar Aguad; a su segundo Juan Manuel Mocoroa; al director de Correo; y al abogado de la compañía (todos participaron del acuerdo de junio de 2016). Todavía no dictó los procesamientos. Tras la intervención de la Cámara Federal, el juez debe ordenar un informe contable en los próximos días para volver a determinar si el acuerdo con Correo fue perjudicial para el Estado, informó una fuente del expediente.
 
También por este caso, varios de los miembros de su gabinete y aliados de otros Poderes son el blanco de diferentes expedientes judiciales y administrativos. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) indaga en un capítulo del caso que podría tener más consecuencias penales. Además, en el Fuero Comercial un legajo también alcanza a familiares, ejecutivos y asesores del grupo Macri, destacó Perfil.
 
 
Por arriba
 
Autopistas es un caso reciente a nivel judicial: los hechos ocurrieron en 2018 pero la causa se abrió el 17 de julio último. Macri fue denunciado junto a su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y el ex director de Vialidad, Javier Iguacel.
 
Son investigados por un posible conflicto de intereses entre el Gobierno y una empresa vinculada a la familia presidencial; por presunto fraude a la administración pública y tráfico de influencias.
 
El caso se centra en la decisión del Gobierno de renegociar en 2018 los contratos de concesión de las Autopistas Norte y Oeste con la compañía extranjera Abertis y sus socias y reconocerles deudas por 747 millones de dólares.
 
Abertis fue socia de Sideco (de Sociedades Macri) en Autopistas del Sol hasta 2017. El Gobierno niega las acusaciones y sostiene que el acuerdo con Abertis le ahorró dinero al Estado. La causa está en etapa de recolección de documentación y su análisis, y ya recibió la respuesta a un exhorto internacional, según consta en el expediente.
 
El juzgado de Rodolfo Canicoba Corral aún aguarda más documentos de distintos organismos como la Comisión Nacional de Valores (CNV).
 
 
Por abajo
 
La causa penal por el supuesto direccionamiento de la licitación de la obra del Paseo del Bajo nació a fines de 2018. Macri no está imputado. Se investiga a su primo Ángelo Calcaterra (ex dueño de Iecsa); a su principal aliado territorial, Horacio Rodríguez Larreta; y a algunos de sus funcionarios clave, de acuerdo a fuentes directas del expediente.
 
Esta megaobra fue realizada con fondos de Nación, pero ejecutados por la Ciudad. La empresa beneficiada para construir uno de los tramos del paseo fue Iecsa. El caso quedó a cargo del juez Claudio Bonadio, quien firmó órdenes de presentación para obtener documentación oficial.
 
La fiscal Alejandra Mángano y la PIA continúan requiriendo el secuestro de más documentos necesarios para avanzar en la investigación. En octubre, el juez accedió a nuevos pedidos y ordenó algunas testimoniales. La Ciudad sostiene que "fue una licitación absolutamente transparente, internacional y con la supervisión del Banco de Desarrollo de América Latina y con sus reglamentos".
 
 
La política
 
Fuera de los negocios y la familia, otro eje pendiente en la Justicia es la financiación de la política. Tras varias decisiones judiciales a favor de Cambiemos, la causa por los aportes truchos de la campaña bonaerense de 2017 quedó radicada en el fuero electoral, recordó Perfil.
 
La recaudación era investigada como una presunta maniobra de lavado de dinero de origen ilícito. El juez Ariel Lijo tiene otros dos expedientes por aportes falsos de campaña de la elección presidencial de Macri en 2015 y de las Legislativas porteñas de 2017 en la Ciudad de Buenos Aires. Aún no ha habido movimientos relevantes en estas causas, informó una fuente de la investigación.
 
Sideco es propiedad de Socma (Sociedades Macri), que a su vez tiene como accionista a la familia Macri. Cuando el Presidente se desprendió de su participación en el grupo, las acciones pasaron a nombre de miembros de su familia, entre ellos, sus hermanos Gianfranco y Mariano; y los hijos del mandatario.
 
Sideco y Socma son blanco de varios de los expedientes judiciales que tienen abiertos Mauricio Macri y su círculo de mayor confianza, asesores y ejecutivos de las empresas. Además del frente penal por el caso Correo Argentino SA, en el fuero comercial la fiscal general Gabriela Boquin investiga el presunto vaciamiento de la empresa Correo. La acusación se centra en que parte de los fondos que debían destinarse al pago de los acreedores habrían sido desviados a otras empresas de los Macri.
 
 
Blanqueo
 
El decreto de Macri que habilitó que los familiares de funcionarios públicos pudieran entrar al blanqueo de capitales es otro frente pendiente para el Presidente. Tiempo después del decreto, artículos periodísticos revelaron cómo la decisión de Macri favoreció a su hermano Gianfranco, quien adhirió al sinceramiento fiscal con más de cuatro millones de dólares ocultos en el exterior.
 
 
Por el viento
 
La causa de los parques eólicos nació en febrero de 2018, tras una investigación de Perfil y posterior denuncia del diputado Rodolfo Tailhade (FpV). Durante 2016, Sideco y un grupo de socios armaron una estrategia para ingresar en el negocio de las energías renovables sin pasar por licitaciones públicas.
 
Adquirieron seis contratos con el Estado para explotar energía eólica. Luego los revendieron con una ganancia de 69,2 millones de dólares. La Justicia indaga si los entonces miembros del ex Ministerio de Energía beneficiaron a los Macri y sus socios permitiendo que otra compañía actuara como pantalla para ganar dos de esos contratos.
 
Sin licitación, el Grupo Macri compró y luego revendió seis parques eólicos El juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi solicitó información a organismos oficiales y a las empresas. Encargó su análisis a una oficina especializada de la Corte Suprema que demoró meses, de acuerdo a fuentes de la causa. Todavía aguarda la respuesta a dos exhortos internacionales. No hay indagados.
 
 
Y otra vez, Correo
 
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) investiga otro capítulo del principal caso contra Macri. Mientras la Justicia Penal determina si el acuerdo con Correo fue abusivo para el Estado, la PIA indaga si miembros del Gobierno participaron en una maniobra para planificar de antemano un acuerdo perjudicial para el Estado.
 
Es decir: sospechan que no solo aceptaron un acuerdo abusivo, sino que además habrían formado parte de la planificación. El Gobierno lo niega. El fiscal general Sergio Rodríguez viene solicitando al Ejecutivo desde hace dos años los originales de dos notas internas de 2016 en donde consta un intercambio entre Aguad (entonces ministro de Comunicaciones y hoy de Defensa) y su segundo, Mocoroa, sobre el acuerdo con Correo.
 
Estas notas solo figuran en fotocopias, las cuales despertaron ciertas sospechas en la PIA porque las fechas no coinciden con las de otros documentos del expediente, explicó una fuente del caso. Perfil consultó a Modernización, donde admitieron que no encuentran los originales.
 
Aguad, derivó la consulta en Mocoroa.
 
Mocoroa respondió que al dejar Comunicaciones "toda" la documentación quedó en poder del Ejecutivo o de la Procuración del Tesoro, pero en papel porque aún no había sido digitalizada. En la Procuración contestaron: "Acá no está".
 
Fuente: Análisis Digital
 

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21-11-2019 / 09:11
En medio de lo que es una grieta en la cadena jerárquica, el gobierno de Mauricio Macri dio marcha atrás con el nuevo protocolo nacional para la interrupción legal del embarazo (ILE), publicado ayer en el Boletín Oficial. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, será la encargada de revocar la resolución que firmó el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, al que -varios en el macrismo- acusan de no haber consultado la letra del texto.
 
La resolución 3158/2019 causó casi el mismo revuelo que su posterior anulación. Según fuentes del Poder Ejecutivo, Stanley no fue consultada sobre el protocolo que buscaba reemplazar al que rige desde 2015; "mucho menos el Presidente", que rápidamente respaldó a la ministra para que corrija el escrito a través de otra resolución, que se difundirá hoy, y que le pida la renuncia a Rubinstein.
 
Aunque desde la cartera de Desarrollo Social aseguraron que Stanley "no le pidió la renuncia" al secretario de Salud, en la administración central dan por descontada su salida del ministerio. "Si bien su postura pública siempre fue a favor del aborto, esta vez Rubinstein se cortó sólo", dijeron desde la Casa Rosada.
 
Y agregaron: "Es inentendible que haya tomado semejante decisión cuando faltan veinte días para terminar el gobierno". Lo que hasta ayer nadie logró explicar es cómo el nuevo protocolo llegó a publicarse en el Boletín Oficial sin la anuencia, como mínimo, de la ministra de Desarrollo Social.
 
La postura del secretario de Salud sobre la interrupción voluntaria del embarazo no es un tema menor dentro del Gobierno, sobre todo si se tiene en cuenta que quien está por arriba de él en el escalafón jerárquico tiene una posición contraria a la legalización del aborto. Stanley, al igual que otros funcionarios -incluido el propio jefe de Estado-, dejó entrever en más de una oportunidad cuál era su pensamiento sobre esa cuestión.
 
Uno de los primeros legisladores oficialistas en pronunciarse abiertamente en contra del protocolo para el aborto no punible fue el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, uno de los más activos detractores del proyecto de aborto en esa Cámara, a través de su cuenta de Twitter: "Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica".
 
Como sucedió días atrás con el golpe de Estado en Bolivia, desde el radicalismo se diferenciaron de PRO respecto al protocolo, lo que podría abrir una nueva fuente de conflicto entre ambos espacios políticos. Tanto el dirigente radical Ernesto Sanz como el ex diputado de la UCR Ricardo Gil Lavedra brindaron su apoyo públicamente a RubinsteinLa instrucción que habría impartido Macri para anular el nuevo protocolo todavía no fue publicada en el Boletín Oficial.
 
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20-11-2019 / 11:11
El presidente electo, Alberto Fernández, y la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dialogaron telefónicamente sobre la deuda que Argentina tiene con el FMI.
 
Desde el organismo financiero habían pedido en público que Argentina hiciera más ajuste, pero el ganador de las últimas elecciones rechazó la propuesta y pidió un esquema de pago sostenible que permita propiciar el crecimiento económico.
 
"Vamos a proponer un plan económico sostenible y un acuerdo de pago que podamos cumplir, pero sin más ajuste", sostuvo el comunicado oficial. El futuro jefe de Estado reafirmó: "Queremos asumir un compromiso que podamos cumplir".
 
"Me han conmovido sus prioridades: la reducción de la pobreza y la lucha contra el hambre en un entorno económico que permita crecer y generar empleo, para mejorar la vida del pueblo argentino", subarayó Georgieva. Ante la respuesta, Fernández aclaró que está "en condiciones de proponer" un acuerdo de pago pero "sin más ajustes".
 
"Hemos elaborado un plan sustentable que nos va a permitir crecer y cumplir con las obligaciones que la Argentina tiene con ustedes y con el resto de los acreedores. Estamos  asumiendo un compromiso que podamos cumplir", destacó Fernández durante la conversación telefónica.
 
En la misma línea, el Presidente electo subrayó: "Entiendo la relevancia de la viabilidad fiscal, no me tiene que convencer de eso. Pero es mi deber anticiparle que en la situación en la que se encuentra la economía argentina es difícil propiciar un mayor ajuste. No podemos hacer más ajustes fiscales porque la situación es de una complejidad enorme, el nivel de ajustes en la era de Macri ha sido tremendo".
 
En declaraciones a la agencia Bloomberg, la sucesora de Christine Lagarde había solicitado profundizar una política fiscal restrictiva, que es la misma fórmula que tiene el FMI para todos los países y que ha dado desastrosos resultados. 
 
El presidente electo le reiteró que la Argentina está "en un momento particularmente difícil" e insistió en que "estamos en condiciones de proponer un plan para resolver el problema de la Argentina y poder pagar la deuda con el FMI y el resto de los acreedores".
 
Por su parte, Giorgieva recalcó: "Queremos trabajar con usted atacando el problema de la inflación y promoviendo el crecimiento". Además, se mostró "muy ansiosa de conocer más detalles de su plan (de gobierno), porque cuando un país es dueño de su plan, esos planes son efectivos".
 
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19-11-2019 / 09:11
Las modificaciones tributarias realizadas por el gobierno de Mauricio Macri generaron una transferencia de $690.000 millones desde el Estado hacia los más ricos: exportadores del agro, las empresas y las personas físicas con mayores ingresos. Esta dinámica regresiva de la política fiscal impactó en las posibilidades de alcanzar el déficit cero en 2019. En 2020 el rojo primario heredado sería de 1,9% del PBI. Reformas impositivas achicarían la brecha.
 
Un informe publicado por Proyecto Económico calculó el impacto que tuvieron las reformas en bienes personales, derechos de exportación y contribuciones patronales sobre los recursos fiscales. Las decisiones que toman los gobiernos acerca de cómo recaudar y cómo gastar, es decir la política fiscal, son clave en la distribución de los recursos.
 
Con la participación del salario sobre el PBI cayendo al 42,5%, cada vez más lejos del fifty-fifty y de los niveles de los países desarrollados (en Estados Unidos y Canadá supera al 60%), las decisiones impositivas no apuntaron a contrarrestar las desigualdades del mercado. Por el lado del gasto, el ajuste enfocado en los subsidios y en la obra pública también fue regresivo. Con la pobreza trepando cerca del 40% para fines del 2019, el Indec mostró que tampoco hubo mejoras en la cobertura de cloacas, agua potable y acceso a gas de red.
 
Por las reformas en los tres tributos, en 2019 el estado perdió 1,2% del PBI en ingresos, según el cálculo de Proyecto Económico. Esa cantidad habría alcanzado para cerrar el déficit primario, que según privados cerrará el año en 1% del PBI.
 
El informe destacó: "Por el mero efecto de las modificaciones en los impuestos seleccionados, el Estado Nacional dejó de recaudar $483.632 millones, que equivalen a $690.825 millones a precios de 2019. Dependiendo del año, la merma recaudatoria por estos tributos rondó entre 0,5% y 1,2% del PBI. En particular, para el año 2019, nuestra estimación indica que la diferencia recaudatoria para el año 2019 (primeros 3 trimestres), supera el 1% del PBI, diferencia que quizá sea suficiente para el añorado (por el FMI) equilibrio primario".
 
Otro trabajo reciente, de la consultora LCG, indagó en la cuestión de los mermados recursos del estado. Al 1% de rojo primario sobre el PBI proyectado para 2019, habrá que agregarle otro 0,9% en 2020, porque este año hubo privatizaciones para engordar los ingresos y porque la ley de movilidad tendrá impacto en los gastos. Con los acreedores observando todo lo que ocurra en las cuentas públicas, la necesidad de dar señales de achicamiento del rojo fiscal obliga a tomar decisiones. "El Gobierno entrante apelará a la suba de retenciones, a nuevos impuestos al patrimonio, y posiblemente al turismo, y un mayor señoreaje (impuesto inflacionario)" sostuvo.
  
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18-11-2019 / 09:11
Alberto Fernández recibió el viernes por la mañana una de las peores noticias que le depararán para su inminente mandato presidencial: en lo que va del tercer trimestre de este año se incrementó del 7,9% del 2018 al 9,3% de 2019 la cantidad de la población urbana que vive en hogares donde padecen hambre o inseguridad alimentaria severa. No sólo esto. La inseguridad alimentaria en total pasó del 20,2% del 2018 al 22,2% al 2019 en todo el país.
 
Los datos que se desprenden de la encuesta del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (UCA) fueron presentados por el director de ese instituto Agustín Salvia al presidente electo en medio de la reunión por el Consejo de lucha contra el Hambre donde Fernández y el futuro ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, reunieron Marcelo Tinelli junto con sectores empresarios, sociales y sindicales para avanzar en un plan de lucha contra la falta de alimentación en la Argentina.
 
Salvia presentó en informe ante la mirada preocupante de Fernández y todo su equipo. A algunos líderes de movimientos sociales o dirigentes de comedores escolares los datos no les llamaron la atención en función del deterioro de la economía, el golpe de la inflación y la ausencia de políticas sociales activas para atender este flagelo, según dijeron.
 
"No vamos a poder llegar a la pobreza cero como se prometió pero en la medida que objetivemos bien el trabajo vamos a poder enfocarnos en sacar a la gente de la pobreza y el hambre", señaló Salvia en un tramo de la primer reunión del Consejo contra el Hambre que participó con el presidente electo y un amplio abanico de referentes sociales, empresariales y sindicales.
 
La encuesta de la UCA también revela una curva ascendente desde el 2017 hasta ahora en lo que respecta a inseguridad alimentaria severa en los hogares argentinos: mientras que en el 2017 era del 5%, en 2018 fue del 6% y en 2019 del 7,4%.
 
En términos técnicos inseguridad alimentaria severa indica "la percepción de experiencias de hambre por parte de alguno de los adultos o niños por problemas económicos durante los últimos 12 meses". Y define a los hogares que experimentaron situaciones de hambre porque no hubo suficiente dinero para comprar alimentos en el último año.

17-11-2019 / 10:11
Lo de Bolivia es una dictadura convalidada, racismo apenas encubierto respecto del indígena, Evo Morales, que vino a ser el presidente más estable y con mejores logros cuantificables de su país. En este Sur nos vamos acostumbrando a los golpes de Estado (más o menos camuflados) y a la decadencia de las democracias recuperadas. Su suscitan remembranzas, comparaciones con un pasado que se imaginaba perimido.
 
El golpe y la renuncia de Evo suscitan reminiscencias de la Revolución Libertadora de 1955 y la renuncia del presidente Juan Perón quien argumentó después que había optado en la disyuntiva entre el tiempo y la sangre. El discurso de Evo al dimitir contiene ecos de esa frase. El fisgoneo acusador en su casa, sus pertenencias reversionan los perpetrados contra Eva Perón.
 
La fluida coyuntura admite que se imaginen, en términos esquemáticos y extremos, dos salidas. Una con elecciones libres, sin proscripciones, inminentes y cese de la represión feroz. La demanda de los bien intencionados o quienes simulan serlo. Otro desemboque posible: con comicios amañados, sin presencia del MAS. O prolongación de la dictadura con cualquier pretexto. Lonardi o Aramburu, estirando un cachito el ansia comparativa. Según la tendencia histórica, los halcones suelen comerse a las palomas.
 
Ya que de revival ominosos hablamos, evoquemos el "cerco" internacional que encerró al gobierno peronista en 1973. Héctor Cámpora asumió en mayo, en junio hubo autogolpe en Uruguay, en septiembre fue asesinado Salvador Allende y asumió Augusto Pinochet. Las dictaduras de Bolivia y Brasil preexistían. Represión, terrorismo de Estado que propició y apoyó Estados Unidos con más desparpajo que hoy en día aunque con similar direccionalidad. La dictadura chilena acentuó el cerco e inspiró a los militares argentinos.
 
Alberto Fernández asumirá rodeado por regímenes de derecha dentro de 23 días. Democracias degradadas en Brasil y Chile, dictadura en Bolivia... Es factible que se sume otro gobierno de derecha en Uruguay, con mejores credenciales que los demás; elecciones libres y nada atroz que criticar, por ahora.
 
Estados Unidos se ha retirado, algo, de Medio Oriente y retornó a nuestros pagos. Los consabidos daños de su intervencionismo pueden volver con esas oscuras golondrinas: exilios masivos y dolorosos. El creciente protagonismo político de las Fuerzas Armadas y las de Seguridad en América Latina mete miedo sin haber tocado techo.
 
La presidenta auto designada Jeanine Núñez carece de legitimidad de origen; propala un discurso violento y excluyente. Camacho, fundamentalista religioso y político, ni participó en las elecciones. La agenda de hoy son las violaciones a derechos humanos, los asesinatos de manifestantes en la calle, la persecución y ataques físicos a políticos ahora opositores. Una dictadura por su origen, su prédica y su praxis.

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