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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 03-11-2019 / 11:11
HASTA AHORA LA JUSTICIA FEDERAL AVANZÓ A PASO LENTO CONTRA EL MANDATARIO

El fantasma de la cárcel acechará a Macri y sus amigos tras la salida del poder

El fantasma de la cárcel acechará a Macri y sus amigos tras la salida del poder
Además del Correo, los peajes, los parques eólicos y la venta de Macair son algunas de las investigaciones por corrupción en las que figura Macri. Pero las causas hasta ahora se mueven muy lentas. Para tapar tantos chanchullos de corrupción, el Presidente contó con el respaldo del aparato judicial adicto de Comodoro Py, que en algunos casos se dedicó a enterrar directamente los escándalos y en otros casos hay expedientes abiertos en los que se vienen medidas de máxima importancia cuando cambie el gobierno.
Durante los primeros allanamientos de la causa Hotesur, ordenados por el juez Claudio Bonadio, Cristina Fernández era presidenta. Restaba más de un año para que dejara el poder. Su re-relección no era una opción. Era noviembre de 2014. Era investigada por lavado de dinero de la corrupción. Ya fuera del Ejecutivo, su primer llamado a indagatoria fue en febrero de 2016 por la causa dólar futuro.
 
El presidente Mauricio Macri no tuvo un Bonadio. Sí tiene una serie de frentes judiciales que avanzan a ritmos diferentes en los tribunales federales. En algunos de ellos, los jueces y fiscales acumulan documentación, envían exhortos al extranjero y encargan análisis. Así lo informaron los magistrados a cargo de estos expedientes ante la consulta de Perfil.
 
¿Tendrá este ritmo fecha de vencimiento? Un magistrado le dijo a Perfil esta semana que aguardará al cambio de gobierno para solicitar el resto de los documentos que necesita para investigar a Macri y a varios de sus funcionarios.
 
La familia y los negocios son el principal eje de los frentes judiciales de Macri que podrían significar dificultades tras su salida del poder. El caso Correo Argentino SA es el central, el más avanzado en cuanto a acumulación de pruebas y citaciones a indagatorias (hasta el momento) y el que se ramificó en distintos fueros y expedientes.
 
Además del Correo, los peajes, los parques eólicos y la venta de Macair son algunas de las investigaciones por corrupción en las que figura Macri. Pero las causas hasta ahora se mueven muy lentas.
 
Para tapar tantos chanchullos de corrupción, el Presidente contó con el respaldo del aparato judicial adicto de Comodoro Py, que en algunos casos se dedicó a enterrar directamente los escándalos y en otros casos hay expedientes abiertos en los que se vienen medidas de máxima importancia cuando cambie el gobierno.
 
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Cartas varias
 
En la causa penal de Correo, el juez Ariel Lijo investiga si el Presidente participó de un acuerdo para condonar el 98,87 por ciento de la deuda que la empresa de su familia mantenía con el Estado.
 
Macri Macri está formalmente imputado, pero nunca fue citado. Lijo indagó en marzo al ministro Oscar Aguad; a su segundo Juan Manuel Mocoroa; al director de Correo; y al abogado de la compañía (todos participaron del acuerdo de junio de 2016). Todavía no dictó los procesamientos. Tras la intervención de la Cámara Federal, el juez debe ordenar un informe contable en los próximos días para volver a determinar si el acuerdo con Correo fue perjudicial para el Estado, informó una fuente del expediente.
 
También por este caso, varios de los miembros de su gabinete y aliados de otros Poderes son el blanco de diferentes expedientes judiciales y administrativos. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) indaga en un capítulo del caso que podría tener más consecuencias penales. Además, en el Fuero Comercial un legajo también alcanza a familiares, ejecutivos y asesores del grupo Macri, destacó Perfil.
 
 
Por arriba
 
Autopistas es un caso reciente a nivel judicial: los hechos ocurrieron en 2018 pero la causa se abrió el 17 de julio último. Macri fue denunciado junto a su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y el ex director de Vialidad, Javier Iguacel.
 
Son investigados por un posible conflicto de intereses entre el Gobierno y una empresa vinculada a la familia presidencial; por presunto fraude a la administración pública y tráfico de influencias.
 
El caso se centra en la decisión del Gobierno de renegociar en 2018 los contratos de concesión de las Autopistas Norte y Oeste con la compañía extranjera Abertis y sus socias y reconocerles deudas por 747 millones de dólares.
 
Abertis fue socia de Sideco (de Sociedades Macri) en Autopistas del Sol hasta 2017. El Gobierno niega las acusaciones y sostiene que el acuerdo con Abertis le ahorró dinero al Estado. La causa está en etapa de recolección de documentación y su análisis, y ya recibió la respuesta a un exhorto internacional, según consta en el expediente.
 
El juzgado de Rodolfo Canicoba Corral aún aguarda más documentos de distintos organismos como la Comisión Nacional de Valores (CNV).
 
 
Por abajo
 
La causa penal por el supuesto direccionamiento de la licitación de la obra del Paseo del Bajo nació a fines de 2018. Macri no está imputado. Se investiga a su primo Ángelo Calcaterra (ex dueño de Iecsa); a su principal aliado territorial, Horacio Rodríguez Larreta; y a algunos de sus funcionarios clave, de acuerdo a fuentes directas del expediente.
 
Esta megaobra fue realizada con fondos de Nación, pero ejecutados por la Ciudad. La empresa beneficiada para construir uno de los tramos del paseo fue Iecsa. El caso quedó a cargo del juez Claudio Bonadio, quien firmó órdenes de presentación para obtener documentación oficial.
 
La fiscal Alejandra Mángano y la PIA continúan requiriendo el secuestro de más documentos necesarios para avanzar en la investigación. En octubre, el juez accedió a nuevos pedidos y ordenó algunas testimoniales. La Ciudad sostiene que "fue una licitación absolutamente transparente, internacional y con la supervisión del Banco de Desarrollo de América Latina y con sus reglamentos".
 
 
La política
 
Fuera de los negocios y la familia, otro eje pendiente en la Justicia es la financiación de la política. Tras varias decisiones judiciales a favor de Cambiemos, la causa por los aportes truchos de la campaña bonaerense de 2017 quedó radicada en el fuero electoral, recordó Perfil.
 
La recaudación era investigada como una presunta maniobra de lavado de dinero de origen ilícito. El juez Ariel Lijo tiene otros dos expedientes por aportes falsos de campaña de la elección presidencial de Macri en 2015 y de las Legislativas porteñas de 2017 en la Ciudad de Buenos Aires. Aún no ha habido movimientos relevantes en estas causas, informó una fuente de la investigación.
 
Sideco es propiedad de Socma (Sociedades Macri), que a su vez tiene como accionista a la familia Macri. Cuando el Presidente se desprendió de su participación en el grupo, las acciones pasaron a nombre de miembros de su familia, entre ellos, sus hermanos Gianfranco y Mariano; y los hijos del mandatario.
 
Sideco y Socma son blanco de varios de los expedientes judiciales que tienen abiertos Mauricio Macri y su círculo de mayor confianza, asesores y ejecutivos de las empresas. Además del frente penal por el caso Correo Argentino SA, en el fuero comercial la fiscal general Gabriela Boquin investiga el presunto vaciamiento de la empresa Correo. La acusación se centra en que parte de los fondos que debían destinarse al pago de los acreedores habrían sido desviados a otras empresas de los Macri.
 
 
Blanqueo
 
El decreto de Macri que habilitó que los familiares de funcionarios públicos pudieran entrar al blanqueo de capitales es otro frente pendiente para el Presidente. Tiempo después del decreto, artículos periodísticos revelaron cómo la decisión de Macri favoreció a su hermano Gianfranco, quien adhirió al sinceramiento fiscal con más de cuatro millones de dólares ocultos en el exterior.
 
 
Por el viento
 
La causa de los parques eólicos nació en febrero de 2018, tras una investigación de Perfil y posterior denuncia del diputado Rodolfo Tailhade (FpV). Durante 2016, Sideco y un grupo de socios armaron una estrategia para ingresar en el negocio de las energías renovables sin pasar por licitaciones públicas.
 
Adquirieron seis contratos con el Estado para explotar energía eólica. Luego los revendieron con una ganancia de 69,2 millones de dólares. La Justicia indaga si los entonces miembros del ex Ministerio de Energía beneficiaron a los Macri y sus socios permitiendo que otra compañía actuara como pantalla para ganar dos de esos contratos.
 
Sin licitación, el Grupo Macri compró y luego revendió seis parques eólicos El juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi solicitó información a organismos oficiales y a las empresas. Encargó su análisis a una oficina especializada de la Corte Suprema que demoró meses, de acuerdo a fuentes de la causa. Todavía aguarda la respuesta a dos exhortos internacionales. No hay indagados.
 
 
Y otra vez, Correo
 
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) investiga otro capítulo del principal caso contra Macri. Mientras la Justicia Penal determina si el acuerdo con Correo fue abusivo para el Estado, la PIA indaga si miembros del Gobierno participaron en una maniobra para planificar de antemano un acuerdo perjudicial para el Estado.
 
Es decir: sospechan que no solo aceptaron un acuerdo abusivo, sino que además habrían formado parte de la planificación. El Gobierno lo niega. El fiscal general Sergio Rodríguez viene solicitando al Ejecutivo desde hace dos años los originales de dos notas internas de 2016 en donde consta un intercambio entre Aguad (entonces ministro de Comunicaciones y hoy de Defensa) y su segundo, Mocoroa, sobre el acuerdo con Correo.
 
Estas notas solo figuran en fotocopias, las cuales despertaron ciertas sospechas en la PIA porque las fechas no coinciden con las de otros documentos del expediente, explicó una fuente del caso. Perfil consultó a Modernización, donde admitieron que no encuentran los originales.
 
Aguad, derivó la consulta en Mocoroa.
 
Mocoroa respondió que al dejar Comunicaciones "toda" la documentación quedó en poder del Ejecutivo o de la Procuración del Tesoro, pero en papel porque aún no había sido digitalizada. En la Procuración contestaron: "Acá no está".
 
Fuente: Análisis Digital
 

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29-11-2025 / 10:11
Con un señor en cueros haciendo equilibrio para que no se le caiga un pedazo de fierro que sostenía en sus grandes pectorales flácidos empezó en el Congreso la reunión antivacunas que convocó la diputada oficialista Marilú Quiroz.
 
El hombre quedó "imantado" por las vacunas, según denunciaron, mientras el Senado retrasaba, hasta que ingresen los nuevos senadores, la discusión sobre la incorporación de la rionegrina oficialista Lorena Villaverde, ya rechazada por la comisión de Asuntos Constitucionales por sus antecedentes vinculados con el narcotráfico.
 
El INDEC retocó los índices de crecimiento para ocultar que el país está en recesión desde principios de año. Pero cuando se habla con los industriales, parecen vacas que van al matadero al balbucear que igual respaldan a este gobierno "porque es el único que se preocupó por la macro".
 
La pobreza de pensamiento de la clase empresarial produce hasta molestia física. Cuestionan aspectos como los antivacunas o la corrupción del famoso tres por ciento, pero no pueden ver que se intenta cambiar la matriz productiva y que el primer paso es el industricidio.
 
Aplauden como focas un proyecto de reforma laboral que atrasa 200 años las relaciones de trabajo, mientras tienen que cerrar sus propias empresas. Esta semana Whirlpool cerró la fábrica de Pilar, que había inaugurado hace tres años con una inversión de 50 millones de dólares.
 
Desde noviembre de 2023, cerraron más de quince mil empresas. Las patronales del campo pensaban que tenían la vaca atada pero ahora, con un dólar barato, tienen que afrontar insumos inflacionados, rutas abandonadas e inundaciones y sequias sin asistencia.
 
"Unos 220 obreros quedaron en la calle por el cierre de Whirlpool" adujo el periodista. El economista oficialista Miguel Boggiano, hijo de un ex juez de la Corte menemista, explicó: "Pero ahora tenés a 850 mil que van a comprar más barato el lavarropa". Aplazado el economista Boggiano, porque los desocupados y los que tienen bajos salarios dejaran de comprar lavarropas, heladeras, televisores, bicicletas, motos, etc., etc. Sin comprar nada de eso, la mayoría de los argentinos no llega a fin de mes con lo que gana.
 
Con este proyecto de país, industriales y comerciantes se van al bombo o se ajustan y los patrones rurales se achican. En contrapartida, las tecnológicas, extremistas del discurso anti Estado, reciben subsidios. El capital concentrado trata de volcarse a la energía, la minería y la timba financiera, que son los únicos que crecieron realmente. Y el INDEC funciona como vaselina con dibujos de los índices de crecimiento, de inflación o de consumo, para que el infierno parezca paraíso.
 
El Gobierno que salió airoso de las elecciones de medio término, ahora se dirige a cobrar el premio. Un Consejo de Mayo inútil, que no resuelve nada, pensado para una foto mentirosa que quiera dar la imagen de "diálogo", anunció que antes de fin de año el gobierno enviará al Congreso un proyecto de Reforma Laboral, que no tuvo consenso ni fue aprobado por ese Consejo por el nivel esclavista que propone para los trabajadores.
 

28-11-2025 / 10:11
El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, alertó por el cierre de empresas en Argentina, y entre las principales causas detalla la baja en el consumo y la apertura de importaciones que impulsa el gobierno de Javier "el Loco" Milei. Diab mencionó el reciente cierre de Whirlpool, que dejó a 220 personas sin trabajo, y el de la láctea La Suipachense señalando que estas no son "grandes empresas" pero si son significativas.
 
Vale recordar que la CAME tomó partido por Milei antes del balotaje con Sergio Massa, apoyó públicamente el mega DNU del presidente en diciembre de 2023 sobre la desregulación total de la economía y respaldó junto a otras cámaras de grandes empresas el endeudamiento de Luis Caputo ante el FMI.
 
En primer lugar, el presidente de CAME sostuvo que la baja en el consumo "hace que el comercio en sí mismo no demande a la industria producto por este mismo motivo. Nosotros solicitamos otras alternativas de incentivo al consumo, en lo que tenía que ver con los planes de cuota a largo plazo que dio en un momento facilidades en la forma de estirar el salario".
 
Sin embargo, indicó que no tuvo éxito porque el Estado no interviene en las cuestiones de los privados: "Si los bancos no acceden, no aceptan o las plataformas de tarjeta, es muy difícil llevarlo a cabo". A esto se le suma la apertura de importaciones: "Muchas empresas ven que no son competitivas con respecto a productos que vienen fundamentalmente de China". El empresario señaló que incluso en rubros como el alimenticio se observa un aumento de productos importados que compiten con los nacionales.
 
Aunque el comercio internacional es "imprescindible", para Diab en el crecimiento económico en tecnología y materias primas, ciertos sectores nacionales no logran ser competitivos, lo que "lleva al cierre". Observó, además, que la tendencia es "creciente", al punto que empresarios que no tenían entre sus proyectos ser importadores, ahora lo están analizando.
 
El dirigente también destacó el impacto de la carga tributaria en la competitividad de las empresas argentinas. "Si sabemos que automáticamente cualquiera de nuestros productos tiene un 50% de impuesto, ya partimos de una situación impositiva muy difícil de resolver", afirmó, y comparó la situación con otros países que tienen menores cargas o distintos estilos de producción.
 
En cuanto al mercado laboral, Diab fue contundente al señalar que "en línea genérica, no hay actividad que esté demandando empleo". Explicó que, aunque una adecuación de la legislación laboral es necesaria, no será suficiente "si no hay demanda productiva". El presidente de CAME reconoció que, si bien la gente no consume porque "no tiene salarios buenos", las propias empresas, en especial las PyMEs, están imposibilitadas de mejorar esos salarios sustancialmente debido a la falta de rentabilidad y la fragilidad del contexto económico.
 
La industria nacional, a contramano de los datos que promociona el Gobierno de Milei, sigue en un pozo del que no puede salir. "Estamos inmersos casi en un círculo negativo donde los mismos que declamamos no lo podemos llevar a cabo fácilmente", afirmó. Además, el dirigente mencionó que, si bien han dialogado con el Gobierno, "el Estado hoy no interviene absolutamente en nada que tenga que ver los privados".
 
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27-11-2025 / 10:11
El industricidio avanza gracias a las políticas neoliberales de Javier "el Loco" Milei y Luis "Toto" Caputo. Ya pasó un mes de aquellas elecciones legislativas donde Milei logró un triunfo que hizo crecer la soberbia de su gobierno, lo cual impulsa la reforma laboral que propone. No obstante, se enfrenta a un panorama complicado que lo desafía por completo.

A un mes de la "Argentina" violeta, se acumulan los despidos en fábricas ante la apertura de importaciones. Whirlpool cerró la planta de Pilar inaugurada en 2022 y despidió a sus 220 trabajadores. Asimismo, el consumo continúa en caída libre mientras que diciembre se avecina con nuevos aumentos que sigue golpeando más de un bolsillo. Por su parte, el salario continúa congelado y no hay sueldo que aguante.

Sin embargo, el Gobierno anarco capitalista hace vista ciega y avanza a fondo por la reforma laboral. Tal es así que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reunió este miércoles (26/11) en Casa Rosada a los miembros del Consejo de Mayo y, pese a la falta de consensos, anunció que la administración libertaria enviará el proyecto al Congreso el próximo 9 de diciembre.

Si los tiempos avanzan como pretende Milei, la reforma laboral se debatirá al filo o durante la Navidad y Año Nuevo anticipando semanas difíciles para aquellos trabajadores que perdieron su empleo, lo que se intensificó en los últimos días luego de la victoria electoral de La Libertad Avanza, donde nada cambió para la economía real pese al rescate del INDEC.

Las pálidas continúan y están a la vista de todos los argentinos. Sin ir más lejos, los datos del último informe de CEPA, que abarca hasta agosto, sostienen que desde que Milei inició su gestión, por día cierran 30 empresas y, en total, se destruyeron 276.000 puestos de trabajo registrados. "Creer o reventar", dice la frase.

Por su parte, el INDEC que conduce Marco Lavagna quedó en el centro de una nueva polémica por una sugestiva corrección de los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) para evitar que la economía entre en recesión técnica. El organismo que en septiembre la actividad económica tuvo un incremento de 0,5% en comparación con agosto, un dato mucho mejor que el estimado por las consultoras privadas que preveían una caída de entre 0,1% y 0,3%. Dibujando los números, el gobierno logró evitar ese título negativo pese que el tercer trimestre fue el más afectado por la inestabilidad económica consecuencia de las elecciones.

En tanto, los principales bancos y consultoras nacionales e internacionales recortaron sus previsiones de crecimiento para la economía argentina en 2026. Según el relevamiento de FocusEconomics, el Producto Bruto Interno se expandirá menos de la estimación previa. El ajuste refleja un escenario menos optimista y expone el desgaste del discurso libertario, que hasta ahora muestra más promesas que resultados.

El relato libertario remacha que la economía empieza a mostrar signos de recuperación, pero la realidad en las góndolas y en los bolsillos cuenta otra historia. El consumo masivo sigue estancado, sin el menor atisbo de mejora en la segunda mitad del año. Los datos publicados por el Indec este miércoles son contundentes: las ventas en supermercados cayeron a nivel intermensual y ya suman seis meses consecutivos de baja hasta septiembre. El golpe al consumo es tan fuerte que, en la comparación interanual, las ventas también retrocedieron. El ingreso de productos importados que compiten con los de fabricación nacional, el dólar barato y el encarecimiento de los costos productivos alientan la desindustrialización y el desempleo.

La Opinión Popular



26-11-2025 / 09:11
El conjunto de las organizaciones sociales y piqueteras movilizarán a la Secretaría de Trabajo cuando se realice la audiencia del Consejo del Salario convocada por el Secretario de Trabajo, Julio Cordero. El Consejo del Salario se reúne este miércoles en forma virtual. Para recuperar el valor de noviembre de 2015, el ingreso que hoy es de $322 mi debería ser de $760 mil.
 
La reunión se realizará en formato virtual a pesar del reclamo formulado por las dos CTA para que la misma retomara la presencialidad que dejó atrás desde la pandemia. Con todo, esas organizaciones sindicales junto con las organizaciones sociales agrupadas en la UTEP y las que militan en el Frente de Lucha Piquetero marcharán a la cartera laboral desde las 15.30 en lo que, además, será el comienzo de un plan de acción conjunto que incluye una movilización en los primeros días de diciembre y, casi con seguridad, una gran marcha el 20 de diciembre cuando se conmemore el 24 aniversario del levantamiento popular que puso fin al gobierno neoliberal de Fernando De La Rúa.
 
La movilización del miércoles exige una mejora inmediata y sustancial del salario mínimo vital y móvil hoy fijado en $322 mil, valor en el que se encuentra congelado desde agosto de este año. Se trata del monto más bajo desde el punto de vista del poder adquisitivo desde al menos el año 1994 y representa menos de la mitad del valor que llegó a alcanzar en diciembre de 2015.
 
Según un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA), "las cinco reuniones del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo que tuvieron lugar en esta gestión finalizaron sin acuerdo entre el sector empresario y los representantes de los trabajadores". Como resultado, continúan, "fue la Secretaría de Trabajo la que determinó los aumentos nominales -prácticamente equivalentes a la propuesta empresarial-, los cuales no sólo no buscaron recuperar el poder de compra perdido tras la devaluación, sino que incluso continuaron erosionándolo".
 
Para CIFRA "la pérdida sufrida durante este gobierno se acumula con retrocesos previos, por lo que el salario mínimo se ubicó en octubre de 2025 en un nivel real que resulta 45,6% más bajo que en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos y 58,4% menor que noviembre de 2015". Más en concreto, concluyen "si el salario mínimo no hubiese perdido poder de adquisitivo a lo largo de esta década, se acercaría actualmente los $ 760.000".
 
El informe destaca que el haber "representa en la actualidad menos de una quinta parte del salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado" y que "es inferior al que rigió durante la mayor parte de la década de 1990 y en la crisis final del régimen de Convertibilidad".
 
Pero, además, el informe de centro de la CTA de los Trabajadores indica que "la comparación entre el salario mínimo y las líneas de pobreza y de indigencia revela una situación incluso peor que la del año 2001. En octubre, una familia tipo (compuesta por dos adultos y dos niños) necesitó casi cuatro salarios mínimos para cubrir el costo de la canasta básica que determina la línea de pobreza, que ronda los $ 1,2 millones". En la misma línea, en agosto de 2025, el salario mínimo vital y móvil equivalía a 0,62 canastas básicas alimentarias que miden la indigencia para una familia integrada por dos mayores y dos menores cuando, en agosto de 2017, llegaba a representar 1,44 canastas básicas alimentarias.
 
La reunión será el primer encuentro entre la nueva conducción de la CGT y el gobierno libertario. La conducción sindical no adelantó cuál será el reclamo que llevarán a la negociación. Es posible que, como hicieron en anteriores encuentros, lleven un reclamo elevado para que, sin plan de lucha mediante, resulte testimonial y deje en manos del gobierno de los Hermanos Milei la definición del valor.
 
La Opinión Popular
 

24-11-2025 / 09:11
Las ficciones en que se desenvuelve el Gobierno de los Hermanos Milei volvieron a quedar plasmadas con la caída del préstamo por 20 mil millones de dólares diseñado por el JP Morgan, junto con el Citigroup y el Bank of América. Decían que estaban bosquejándolo, en realidad. El ministro de Economía ensayó responder que nunca habían aludido a la probable existencia de ese empréstito. Que, por tanto, se trataba de otra de las "operaciones" dirigidas a afectar la firme marcha hacia nuestro destino de potencia mundial.
 
Es cierto, convengamos, que las autoridades económicas jamás dieron seguridad ni información acerca de esa ayuda. Simplemente, resulta veraz porque el gobierno argentino es ajeno por completo a cualquier notificación del área. Todo, desde la asunción de Scott Bessent como ministro real, es comunicado desde Estados Unidos en formas oficiales u oficiosas. Todo.
 
Caputo Toto, quien persiste como el ícono de la timba financiera puesto en funciones de Estado, busca ahora un "repo" por mucho menos que aquella cifra. Necesita al menos 5 mil millones de dólares a fines de pagar vencimientos en enero, que corresponden a la deuda contraída por Macri.
 
Es muy probable que, apoyo de Washington mediante, consiga la plata. En esa perspectiva, los medios oficialistas prácticamente ningunearon la información y se dedicaron al nuevo título que inventó la AFA, al fin de semana largo, a los incendios en el gremio de Camioneros o a las transas en ambas Cámaras que continúan preanunciando el grave astillamiento del peronismo.
 
En estas horas, metieron otra cuña los nombramientos de Alejandra Monteoliva y Carlos Alberto Presti. La mano derechísima de Patricia Bullrich en Seguridad estaba prevista. Pero no deja de impactar que el jefe del Ejército será el primer militar en ocupar Defensa desde el regreso de la democracia, "dando por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados", según el comunicado de la Oficina del Presidente.
 
Mientras tanto, inclusive si no quisiera estimarse la incertidumbre de mediano plazo sobre el frente financiero externo, los relevamientos de la economía "micro" son contundentes. No transcurre día sin que se acumulen cierres y quebrantos de empresas, con las pymes a la cabeza.
 
En la medición interanual, descendió marcadamente el consumo en hipermercados, mayoristas y farmacias. La actividad industrial acusa lo mismo. La suba en el precio de los alimentos, con carne y frescos en primer lugar, explican un tercio del Índice de Precios al Consumidor; pero el Indec no quiere, o no consigue, que se actualice la medición. Las tarifas de servicios públicos, los alquileres, el transporte, las prepagas, determinan sumado a lo anterior el peso aplastante en la canasta familiar.
 
Si acaso no fuera suficiente con la credibilidad de esos números, que surgen de consultoras como de entes oficiales, debería bastar el semblante vacío o poco menos que exhiben los comercios, los súper, los changuitos, los lugares de entretenimiento.  No hay casi nada que no dé para abajo, salvo los indicadores "macro" que, como el superávit fiscal, el Gobierno dibuja. Pero simultáneamente, el acostumbramiento a que esto es lo que hay redunda en la estabilidad precaria, aceptada, que enfrente no tiene rival.
 
En las encuestas post-electorales, publicadas y reservadas, la coincidencia es unánime: la imagen negativa de Milei supera con amplitud a la positiva, y una mayoría de la población -alrededor del 60 por ciento- se manifiesta pesimista en cuanto al futuro económico. Esos datos no provienen de encuestólogos adversos al oficialismo. Todo lo contrario.
 

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