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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 03-11-2019 / 11:11
HASTA AHORA LA JUSTICIA FEDERAL AVANZÓ A PASO LENTO CONTRA EL MANDATARIO

El fantasma de la cárcel acechará a Macri y sus amigos tras la salida del poder

El fantasma de la cárcel acechará a Macri y sus amigos tras la salida del poder
Además del Correo, los peajes, los parques eólicos y la venta de Macair son algunas de las investigaciones por corrupción en las que figura Macri. Pero las causas hasta ahora se mueven muy lentas. Para tapar tantos chanchullos de corrupción, el Presidente contó con el respaldo del aparato judicial adicto de Comodoro Py, que en algunos casos se dedicó a enterrar directamente los escándalos y en otros casos hay expedientes abiertos en los que se vienen medidas de máxima importancia cuando cambie el gobierno.
Durante los primeros allanamientos de la causa Hotesur, ordenados por el juez Claudio Bonadio, Cristina Fernández era presidenta. Restaba más de un año para que dejara el poder. Su re-relección no era una opción. Era noviembre de 2014. Era investigada por lavado de dinero de la corrupción. Ya fuera del Ejecutivo, su primer llamado a indagatoria fue en febrero de 2016 por la causa dólar futuro.
 
El presidente Mauricio Macri no tuvo un Bonadio. Sí tiene una serie de frentes judiciales que avanzan a ritmos diferentes en los tribunales federales. En algunos de ellos, los jueces y fiscales acumulan documentación, envían exhortos al extranjero y encargan análisis. Así lo informaron los magistrados a cargo de estos expedientes ante la consulta de Perfil.
 
¿Tendrá este ritmo fecha de vencimiento? Un magistrado le dijo a Perfil esta semana que aguardará al cambio de gobierno para solicitar el resto de los documentos que necesita para investigar a Macri y a varios de sus funcionarios.
 
La familia y los negocios son el principal eje de los frentes judiciales de Macri que podrían significar dificultades tras su salida del poder. El caso Correo Argentino SA es el central, el más avanzado en cuanto a acumulación de pruebas y citaciones a indagatorias (hasta el momento) y el que se ramificó en distintos fueros y expedientes.
 
Además del Correo, los peajes, los parques eólicos y la venta de Macair son algunas de las investigaciones por corrupción en las que figura Macri. Pero las causas hasta ahora se mueven muy lentas.
 
Para tapar tantos chanchullos de corrupción, el Presidente contó con el respaldo del aparato judicial adicto de Comodoro Py, que en algunos casos se dedicó a enterrar directamente los escándalos y en otros casos hay expedientes abiertos en los que se vienen medidas de máxima importancia cuando cambie el gobierno.
 
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Cartas varias
 
En la causa penal de Correo, el juez Ariel Lijo investiga si el Presidente participó de un acuerdo para condonar el 98,87 por ciento de la deuda que la empresa de su familia mantenía con el Estado.
 
Macri Macri está formalmente imputado, pero nunca fue citado. Lijo indagó en marzo al ministro Oscar Aguad; a su segundo Juan Manuel Mocoroa; al director de Correo; y al abogado de la compañía (todos participaron del acuerdo de junio de 2016). Todavía no dictó los procesamientos. Tras la intervención de la Cámara Federal, el juez debe ordenar un informe contable en los próximos días para volver a determinar si el acuerdo con Correo fue perjudicial para el Estado, informó una fuente del expediente.
 
También por este caso, varios de los miembros de su gabinete y aliados de otros Poderes son el blanco de diferentes expedientes judiciales y administrativos. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) indaga en un capítulo del caso que podría tener más consecuencias penales. Además, en el Fuero Comercial un legajo también alcanza a familiares, ejecutivos y asesores del grupo Macri, destacó Perfil.
 
 
Por arriba
 
Autopistas es un caso reciente a nivel judicial: los hechos ocurrieron en 2018 pero la causa se abrió el 17 de julio último. Macri fue denunciado junto a su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y el ex director de Vialidad, Javier Iguacel.
 
Son investigados por un posible conflicto de intereses entre el Gobierno y una empresa vinculada a la familia presidencial; por presunto fraude a la administración pública y tráfico de influencias.
 
El caso se centra en la decisión del Gobierno de renegociar en 2018 los contratos de concesión de las Autopistas Norte y Oeste con la compañía extranjera Abertis y sus socias y reconocerles deudas por 747 millones de dólares.
 
Abertis fue socia de Sideco (de Sociedades Macri) en Autopistas del Sol hasta 2017. El Gobierno niega las acusaciones y sostiene que el acuerdo con Abertis le ahorró dinero al Estado. La causa está en etapa de recolección de documentación y su análisis, y ya recibió la respuesta a un exhorto internacional, según consta en el expediente.
 
El juzgado de Rodolfo Canicoba Corral aún aguarda más documentos de distintos organismos como la Comisión Nacional de Valores (CNV).
 
 
Por abajo
 
La causa penal por el supuesto direccionamiento de la licitación de la obra del Paseo del Bajo nació a fines de 2018. Macri no está imputado. Se investiga a su primo Ángelo Calcaterra (ex dueño de Iecsa); a su principal aliado territorial, Horacio Rodríguez Larreta; y a algunos de sus funcionarios clave, de acuerdo a fuentes directas del expediente.
 
Esta megaobra fue realizada con fondos de Nación, pero ejecutados por la Ciudad. La empresa beneficiada para construir uno de los tramos del paseo fue Iecsa. El caso quedó a cargo del juez Claudio Bonadio, quien firmó órdenes de presentación para obtener documentación oficial.
 
La fiscal Alejandra Mángano y la PIA continúan requiriendo el secuestro de más documentos necesarios para avanzar en la investigación. En octubre, el juez accedió a nuevos pedidos y ordenó algunas testimoniales. La Ciudad sostiene que "fue una licitación absolutamente transparente, internacional y con la supervisión del Banco de Desarrollo de América Latina y con sus reglamentos".
 
 
La política
 
Fuera de los negocios y la familia, otro eje pendiente en la Justicia es la financiación de la política. Tras varias decisiones judiciales a favor de Cambiemos, la causa por los aportes truchos de la campaña bonaerense de 2017 quedó radicada en el fuero electoral, recordó Perfil.
 
La recaudación era investigada como una presunta maniobra de lavado de dinero de origen ilícito. El juez Ariel Lijo tiene otros dos expedientes por aportes falsos de campaña de la elección presidencial de Macri en 2015 y de las Legislativas porteñas de 2017 en la Ciudad de Buenos Aires. Aún no ha habido movimientos relevantes en estas causas, informó una fuente de la investigación.
 
Sideco es propiedad de Socma (Sociedades Macri), que a su vez tiene como accionista a la familia Macri. Cuando el Presidente se desprendió de su participación en el grupo, las acciones pasaron a nombre de miembros de su familia, entre ellos, sus hermanos Gianfranco y Mariano; y los hijos del mandatario.
 
Sideco y Socma son blanco de varios de los expedientes judiciales que tienen abiertos Mauricio Macri y su círculo de mayor confianza, asesores y ejecutivos de las empresas. Además del frente penal por el caso Correo Argentino SA, en el fuero comercial la fiscal general Gabriela Boquin investiga el presunto vaciamiento de la empresa Correo. La acusación se centra en que parte de los fondos que debían destinarse al pago de los acreedores habrían sido desviados a otras empresas de los Macri.
 
 
Blanqueo
 
El decreto de Macri que habilitó que los familiares de funcionarios públicos pudieran entrar al blanqueo de capitales es otro frente pendiente para el Presidente. Tiempo después del decreto, artículos periodísticos revelaron cómo la decisión de Macri favoreció a su hermano Gianfranco, quien adhirió al sinceramiento fiscal con más de cuatro millones de dólares ocultos en el exterior.
 
 
Por el viento
 
La causa de los parques eólicos nació en febrero de 2018, tras una investigación de Perfil y posterior denuncia del diputado Rodolfo Tailhade (FpV). Durante 2016, Sideco y un grupo de socios armaron una estrategia para ingresar en el negocio de las energías renovables sin pasar por licitaciones públicas.
 
Adquirieron seis contratos con el Estado para explotar energía eólica. Luego los revendieron con una ganancia de 69,2 millones de dólares. La Justicia indaga si los entonces miembros del ex Ministerio de Energía beneficiaron a los Macri y sus socios permitiendo que otra compañía actuara como pantalla para ganar dos de esos contratos.
 
Sin licitación, el Grupo Macri compró y luego revendió seis parques eólicos El juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi solicitó información a organismos oficiales y a las empresas. Encargó su análisis a una oficina especializada de la Corte Suprema que demoró meses, de acuerdo a fuentes de la causa. Todavía aguarda la respuesta a dos exhortos internacionales. No hay indagados.
 
 
Y otra vez, Correo
 
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) investiga otro capítulo del principal caso contra Macri. Mientras la Justicia Penal determina si el acuerdo con Correo fue abusivo para el Estado, la PIA indaga si miembros del Gobierno participaron en una maniobra para planificar de antemano un acuerdo perjudicial para el Estado.
 
Es decir: sospechan que no solo aceptaron un acuerdo abusivo, sino que además habrían formado parte de la planificación. El Gobierno lo niega. El fiscal general Sergio Rodríguez viene solicitando al Ejecutivo desde hace dos años los originales de dos notas internas de 2016 en donde consta un intercambio entre Aguad (entonces ministro de Comunicaciones y hoy de Defensa) y su segundo, Mocoroa, sobre el acuerdo con Correo.
 
Estas notas solo figuran en fotocopias, las cuales despertaron ciertas sospechas en la PIA porque las fechas no coinciden con las de otros documentos del expediente, explicó una fuente del caso. Perfil consultó a Modernización, donde admitieron que no encuentran los originales.
 
Aguad, derivó la consulta en Mocoroa.
 
Mocoroa respondió que al dejar Comunicaciones "toda" la documentación quedó en poder del Ejecutivo o de la Procuración del Tesoro, pero en papel porque aún no había sido digitalizada. En la Procuración contestaron: "Acá no está".
 
Fuente: Análisis Digital
 

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14-01-2026 / 10:01
En la segunda semana de enero, los conflictos por despidos se propagan en la papelera Lustramax de Tortuguitas y la textil TN Platex de Tucumán y hasta en el gigante Mercado Libre. En ese cuadro, que contradice por completo la euforia del gobierno de Javier "el Loco" Milei, el INDEC dio a conocer el dato de inflación más alto de los últimos ocho meses, una señal de que ni siquiera el activo principal que vende el gobierno está funcionando bien.
 
El último IPC del año fue del 2,8% y los precios terminaron 2025 con un alza acumulada de 31,5%. Las Canastas Básicas aumentaron por encima: una familia tipo necesita más de $1,3 millones al mes para no ser pobre. La inflación subió por séptimo mes consecutivo y las Canastas Básicas aumentaron por encima de la variación de precios según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicado este martes. El estudio indica que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 2,8% en diciembre y cerró 2025 con un incremento acumulado anual de 31,5%. Por su parte, las líneas de pobreza e indigencia saltaron un 4,1% cada una.
 
La inflación se disparó un 2,8% el último mes del año pasado motorizada principalmente por las subas en Transporte (4%), tarifas (3,4%), Comunicación (3,3%), Restaurantes y hoteles (3,2%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,1%). Se trata de la marca más elevada desde abril de 2025 y el séptimo mes consecutivo sin caídas tras mayo (1,5%), junio (1,6%), julio (1,9%), agosto (1,9%), septiembre (2,1%), octubre (2,3%) y noviembre (2,5%).
 
En tanto, las Canastas Básicas Alimentaria y Total crecieron un 4,1% cada una - más de un punto por encima de la inflación mensual. Las CBA y CBT marcaron así sus subas más altas en los últimos meses: la línea de indigencia no registraba un incremento así desde marzo de 2025 (5,9%), mientras que la línea de pobreza tuvo su marca más alta del último año en diciembre. Trasladado a precios, la CBA se asentó en $190.780 y la CBT cerró a $423.532 en términos individuales mensuales. Por otra parte, un hogar de cuatro integrantes necesitó $589.510 al mes para no ser indigente y $1.308.713 para no ser pobre.
 
Por otra parte, la temporada turística no remonta. Pese a la profusa publicidad que desde las usinas oficiales lanzaron en los primeros días del año, la verdad, vista desde los propios lugares de vacaciones de los argentinos y comparando con la ocupación de cuando "estábamos mal", es que las vacaciones de millones de argentinos se achicaron a unos pocos días o nada.
 
Así lo revela la simple mirada a las playas de la costa atlántica o una recorrida por la disponibilidad de hospedajes. Enero, un mes donde era imposible conseguir un lugar y cuando se lograba, la exigencia era que se debía contratar por lo menos una semana, ha dado paso hoy a conseguir alojamiento en casi cualquier punto del país, y con una predisposición hotelera o de casas de alquiler a aceptar uno, dos o tres días, sin mayores exigencias.
 
Es que, como dicen los vendedores ambulantes de playa o de sierra, o los comerciantes céntricos, o las inmobiliarias, hay poca gente en comparación con otros años, con el agravante que vienen pocos días, preferentemente fines de semana, y con un presupuesto ajustado, "gasolero", como se dice.
 
Si se tiene en cuenta que diciembre es el mes donde millones de argentinos que aún gozan de un empleo en blanco cobran el medio aguinaldo y que al ser el mes de las fiestas se tiende culturalmente a consumir más alimentos y a comprar obsequios, la cifra de una caída tal da cuenta del desastre económico que el ajuste provoca en la parte media de la pirámide social y económica. No hablemos ya de la parte baja. Pero la Argentina es hoy un país donde al parecer, como en el dicho, hay una supuesta mayoría que le gusta que le mientan.
 
La Opinión Popular
 

13-01-2026 / 10:01
El Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) publicó un informe que refleja el ajuste del gobierno de Javier Milei sobre los jubilados. "Las jubilaciones tienen un techo, no recuperaron lo perdido al inicio del gobierno y están atadas a la inflación (desde el DNU 274/2024), por lo tanto, con la actual ley tampoco lo recuperarán", señaló el escrito.
 
El centro de estudios calculó que la jubilación media es hoy 23% menor a la de diciembre de 2023, cuando inició la gestión libertaria. Como resultado, cada jubilado acumula, en promedio, una pérdida de 4,8 millones de pesos desde que asumió Milei.
 
Esto significó un brutal ajuste. Desde MATE alertaron que el Estado "ahorró" 100,8 billones de pesos desde que gobierna Milei, siendo los recortes en jubilaciones junto con obra pública y programa sociales, los tres segmentos más golpeados.
 
"El ajuste sobre los jubilados sigue siendo uno de los principales componentes del ahorro fiscal con 16,5 billones de pesos", detallaron. De esta manera, los adultos mayores se transformaron en "el sector social más castigado por el gobierno".
 
En paralelo, días atrás, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que el haber mínimo jubilatorio sería 27% superior si la gestión libertaria no hubiera modificado la fórmula en 2024.
 
En este sentido, en diciembre de 2025, la jubilación mínima sin bono se ubicó en $340.886 pesos. De haber continuado el esquema anterior, ese haber habría alcanzado los $434.279 pesos, un 27,4% más.
 
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13-01-2026 / 08:01
Cinismo libertario al palo. Después de desfinanciar el Plan de Manejo de Fuego en un 80% y rebajar los sueldos del área hasta un 30%, Javier "el Loco" Milei buscó capitalizar el trabajo de los que están controlando los incendios en el sur. Publicó una imagen suya con fuego y brigadistas, creada con IA, y los llamó "héroes". Le respondieron denunciando el destrato que reciben, la pérdida salarial y la precarización creciente.

Luego que su gobierno desfinanciara el Plan de Manejo del Fuego y negara las consecuencias del cambio climático, ni él ni sus funcionarios pisaron la zona de los incendios que llevan arrasadas 21 mil hectáreas en la Patagonia. Pero el presidente Milei se mostró en la red X en una foto trucha con las llamas de fondo y saludando a un brigadista. ¿Nos gobierna un idiota?

En medio de una ola de críticas en las redes sociales, el gobierno libertario esperó a la lluvia que este domingo cayó en la zona de Epuyén y El Hoyo, la más afectada por el desastre de los incendios, para salir a chapear sobre el despliegue de recursos nacionales que supuestamente ayudó a extinguir 22 de los 32 focos.
 
"Quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego", escribió un muy formal Milei en X. Pero en Instagram compartió imágenes hechas con IA que lo muestran como un héroe en la zona de los incendios.
 
Pero la realidad es que Milei no viajó a la zona de incendios y ni siquiera llamó por teléfono al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, según contó en declaraciones televisivas. Pero además el gobierno nacional viene recortando sistemáticamente los fondos para combate de los incendios.
 
Organizaciones ambientalistas denunciaron que el Presupuesto 2026 establece un recorte del 78,5% en términos reales de las partidas para Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Además, los ambientalistas denunciaron que en 2025 el gobierno dejó sin ejecutar el 25% de los recursos asignado al SNMF y en 2024 apenas había ejecutado el 22%.
 
En ese sentido, este fin de semana los brigadistas de Parques Nacionales denunciaron las condiciones en las que trabajan. "Nuestra situación viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos pidiendo lo esencial: un salario digno, una planta permanente, estabilidad y una jubilación acorde. Necesitamos las respuestas de manera urgente", afirman.
 
El brigadista Hernán Mondino explicó que en la Patagonia están cobrando alrededor de 860 mil pesos de sueldo, mientras que en otras zonas del país perciben unos 600 mil pesos. "Empezamos a las 7 de la mañana y, si hay cierta estabilidad en el incendio, trabajamos hasta las 8 de la noche. Si pasa como el otro día, que el fuego estaba descontrolado, estás hasta las 12 o 1 de la mañana. Y no se pagan horas extras, no te devuelven el día", contó en radio Led.
 
Ariel Dattoli, brigadista de Parques Nacionales, apuntó que la pérdida salarial oscila entre un 25 y un 30 por ciento desde 2023: "Nos llaman héroes porque ahora les sirve, pero durante dos años nos castigaron salarialmente y nos tuvieron con contratos trimestrales, con el miedo de no saber si el periodo siguente ibamos o no a tener trabajo".
 
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12-01-2026 / 10:01
Una denuncia penal presentada en el ámbito de la Justicia Federal volvió a poner en el centro de la escena al presidente Javier "el Loco" Milei, esta vez por presuntas responsabilidades internacionales vinculadas al Estatuto de Roma y a la Corte Penal Internacional. El planteo fue registrado bajo el expediente CFP 58/2026 y lleva la firma de Aldo Sergio Parodi, quien acusa a Milei de ser cómplice y encubridor de un crimen de agresión cometido contra el Estado soberano de Venezuela.
 
Según el escrito, la denuncia se basa en la Ley 25.390, mediante la cual la Argentina aprobó el Estatuto de Roma en 1998, aceptando la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Parodi sostiene que el 3 de enero de 2026, en horas de la madrugada, se habría producido un "brutal y terrorista crimen de agresión" atribuido al presidente yanqui Donald Trump, con un saldo de víctimas fatales aún indeterminado.
 
En ese contexto, afirma que el presidente Milei omitió denunciar el hecho ante los organismos internacionales correspondientes, lo que, a su entender, configura un grave encubrimiento. El denunciante argumenta que, al ser la Argentina un Estado parte del Estatuto de Roma, el Poder Ejecutivo no solo puede sino que debe denunciar ante la Corte Penal Internacional cualquier crimen de lesa humanidad, especialmente aquellos tipificados como crimen de agresión en el artículo 8 bis del tratado.
 
En su presentación, Parodi afirma que la supuesta inacción del presidente Milei no sería un hecho menor, sino una violación directa a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino. En el escrito se remarca que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y de jurisdicción universal, conforme a lo establecido también por la Ley 26.200.
 
Bajo esa premisa, Parodi solicita que se investigue penalmente al presidente Milei para que explique por qué motivo no promovió una denuncia internacional y por qué, según su interpretación, habría avalado públicamente el accionar atribuido a Trump. La denuncia va más allá del ámbito local y pide que la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional investigue el comportamiento de los jefes de Estado miembros del Estatuto de Roma que, siempre según el planteo, habrían aceptado o tolerado el hecho denunciado.
 
Parodi sostiene que, hasta el momento, la única acción penal internacional concreta estaría radicada ante la Justicia Federal argentina, situación que califica como "preocupante" por el impacto que estos hechos tendrían sobre la paz mundial. En otro tramo del escrito, el denunciante solicita expresamente que sea citado el ex fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, para que, desde su experiencia en derechos humanos, ilustre al fiscal interviniente sobre la responsabilidad del Estado argentino frente a este tipo de situaciones.
 
También afirma que las expresiones públicas de Milei ante organismos internacionales, lejos de condenar el crimen, lo habrían avalado, lo que encuadra, a su criterio, en el delito de apología del crimen previsto en el Código Penal argentino. La presentación concluye con un pedido formal para que se investigue a Milei por una presunta violación a la Ley 25.390 y por apología de un crimen de agresión en perjuicio de un Estado soberano miembro del Estatuto de Roma.
 
El expediente quedó en manos del fiscal federal interviniente, quien deberá evaluar la viabilidad jurídica de la denuncia y los pasos a seguir. Por el momento, no se conocieron respuestas oficiales de Milei ni pronunciamientos de la Justicia sobre el fondo de la acusación, en torno a la política exterior argentina y a las obligaciones internacionales del Estado.
 
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10-01-2026 / 09:01
El video con la imagen de un guardia de inmigración norteamericano que asesina a una mujer en Minneapolis, Estados Unidos, tiene muchas similitudes con el del asesinato de Juan Gabriel González, en Villa Lugano, por un efectivo policial. Ambos videos circularon por las redes. En la brutalidad de esas escenas está la esencia de dos proyectos de país que coinciden en su desprecio al prójimo.
 
El presidente norteamericano Donald Trump declaró al New York Times que "mi único límite es mi mente" que es el mismo criterio que siguieron los dos efectivos de seguridad, en Minneapolis y en Buenos Aires, para disparar a quemarropa contra personas desarmadas. Trump lo hizo al secuestrar al presidente de Venezuela.
 
Javier "el Loco" Milei es un admirador de Trump, cuyo gobierno se aleja de la idea de democracia y libertad. El estadounidense creó una fuerza policial de carácter federal para perseguir a inmigrantes. Estos policías tienen la prerrogativa de detener a cualquier persona solamente por el color de su piel.
 
La fuerza del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) "tienen inmunidad absoluta para hacer su trabajo" respondió el vicepresidente J.D. Vance cuando le preguntaron por el asesino de Renee Nicole-Good, de 37 años y madre de tres hijos.
 
La mujer era una poetiza premiada en su país. Se interpuso con su camioneta a un contingente del ICE que iba a realizar razzias en su barrio. Un agente le ordenó que bajara de automóvil, pero ella dio marcha atrás para alejarse y el tipo le descerrajó tres tiros en la cara. En Estados Unidos, el pueblo bautizó al ICE como la Gestapo.
 
Para no ser menos, el mandatario argentino emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia que le da prerrogativas similares a los servicios de espionaje. Podrán detener personas sin orden judicial, exigir datos personales de ciudadanos a instituciones públicas como la AFIP, así como incorporar al espionaje interno a los servicios de inteligencia militar. Creó una policía política o una policía secreta. Una Gestapo.
 
La diferencia está en que el argentino se llenó la boca para gritar ¡Viva la libertad, carajo! pero creó una policía secreta para controlar a los argentinos. En cambio, el Trump que admira Milei nunca dijo que estaba por la libertad, ni siquiera por el libre comercio, y por eso tiene su Gestapo propia. Lo que dijo fue: "Hagamos grande a América, otra vez", lo que anunció un imperialismo más agresivo, sobre todo donde considera que está su "patio trasero". Y Milei acepta encantado poner a la Argentina como patio trasero de Trump.
 
En Estados Unidos, la justicia aclaró que el Cartel de los Soles que Trump usó como excusa para el secuestro de Nicolás Maduro, no existe. Lo tendrían que haber soltado. Pero ya le agregaron otros cargos sacados de la manga. El Senado, a su vez, busca prohibirle al inquilino de la Casa Blanca otros actos de agresión contra Venezuela.
 
En Argentina, la justicia declaró inconstitucional el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich, que penalizaba la protesta social, gremial o política. Igual se aplica contra los jubilados, pero no cuando los venezolanos antichavistas hacen manifestaciones para festejar la invasión de su patria y el asesinato de sus compatriotas. Al mismo tiempo, dirigentes de la oposición de distintas corrientes, plantearon recursos en la Justicia contra el decreto que pretende institucionalizar una policía secreta "libertaria".
 
En esta puja está en juego una democracia que va perdiendo por goleada. Tanto Trump como Milei tienen el respaldo de gran parte del capital concentrado, grandes corporaciones y millonarios que consideran que la democracia, más que facilitar, constituye un obstáculo para aumentar sus ganancias. 
 

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