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Nacionales - 02-11-2019 / 09:11
HOSTIGÓ Y PERSIGUIÓ A MAPUCHES PARA FAVORECER NEGOCIOS INMOBILIARIOS

Por fin: Patricia Bullrich investigada por construir un grupo terrorista inexistente para justificar la represión

Por fin: Patricia Bullrich investigada por construir un grupo terrorista inexistente para justificar la represión
El gobierno de Cambiemos implementó un plan de despojo y represión hacia las comunidades mapuches que desembocó en la muerte de dos jóvenes: la de Santiago Maldonado, durante la represión de Gendarmería en Chubut en agosto de 2017 y la de Rafael Nahuel, en noviembre de ese año en Río Negro, durante un desalojo realizado por Prefectura.
Los abrazos entre los magnates dueños de la tierra en la Patagonia y el presidente Mauricio Macri, las amenazas de los funcionarios de Cambiemos, la represión a las comunidades mapuche que recuperaron territorio, el espionaje ilegal a las víctimas y las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel no son sucesos aislados.
 
"En función de la denuncia de la APDH y los hechos allí plasmados, así como de los elementos colectados hasta el momento, este Ministerio Público considera pertinente iniciar una investigación penal para determinar si la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y funcionarios de esa cartera, se han valido de sus funciones para desarrollar un plan destinado a utilizar fuera del marco legal las atribuciones y funciones a ellos conferidas, dando incluso órdenes operativas a las fuerzas de seguridad bajo su responsabilidad".
 
Con estas palabras el fiscal federal Franco Picardi impulsó la acción penal contra estos funcionarios del gobierno saliente. El avance de esta causa podría derivar en una acusación contra Patricia Bullrich por delitos cometidos en el armado de un plan represivo que involucra a funcionarios públicos en el exceso de sus funciones, desde espionaje ilegal hasta asociación ilícita, pasando por violación de la propiedad privada, apremios y violencia institucional.
 
Según Picardi el objeto fue "coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras, en beneficio de estos últimos, para así resguardar distintos negocios inmobiliarios y de lucro llevados a cabo por aquellos que detentan o pretenden la propiedad y/o explotación formal de tierras en la Patagonia Argentina, muchos de los cuales tendrían relaciones de distinta índole con funcionarios del actual gobierno Federal".
 
"La planificación ilícita aludida tendría también una intención de disciplinamiento del resto de la sociedad, especialmente de aquellos sectores que no concuerdan con el poder de turno", completó el representante del Ministerio Público.
 
"Asimismo, la investigación deberá dilucidar si en el marco de dicha organización se han llevado adelante tareas de inteligencia ilegal, entre ellas, aquellas efectuadas en coordinación con Carabineros de la República de Chile, a los fines de involucrar falsamente a personas en actividades ilícitas así como a construir en la figura del R.A.M., una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente o sobredimensionada adrede, con el fin de justificar la represión de comunidades indígenas y/o el cercenamiento de los derechos constitucionales que las asisten", destacó el fiscal en sus conclusiones.
 
La lucha contra la impunidad no se detendrá. Bullrich y el gobierno de Cambiemos, junto a las fuerzas represivas que intervinieron en estos crímenes van a ser juzgados por perseguir, espiar y hostigar a comunidades mapuches para favorecer negocios inmobiliarios de sus amigos millonarios.
 
La Opinión Popular

 
Imputaron a Patricia Bullrich por espionaje ilegal a la comunidad mapuche
 
El fiscal Franco Picardi impulsó la apertura de una investigación penal para determinar si la ministra de Seguridad y otros funcionarios de dicha cartera actuaron fuera del marco legal con el objeto de coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras.
 
El fiscal Franco Picardi pidió este viernes determinar si la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y funcionarios de esa cartera desarrollaron un plan destinado a utilizar, fuera del marco legal, sus atribuciones, con el objeto de coaccionar y administrar el conflicto entre comunidades mapuches y propietarios de tierras, en beneficios de estos últimos.
 
En su dictamen el fiscal apuntó a negocios inmobiliarios y de lucro llevados a cabo por aquellos que detentan o pretenden la propiedad y/o explotación formal de tierras en la Patagonia Argentina, muchos de los cuales tendrían relaciones de distinta índole con funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.
 
En su presentación a la jueza María Eugenia Capuchetti, el fiscal pidió compulsar otro expediente en el que se investigan hechos de espionaje a la familia Maldonado que podrían ser de interés para la causa.
 
La causa judicial se inició a raíz de una denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) que advirtió que funcionarios del Ministerio de Seguridad habrían encabezado desde diciembre del año 2015, "un plan organizado con el objeto de llevar adelante un accionar ilegal contra las comunidades mapuches, aprovechándose del aparato coercitivo estatal con el propósito de coaccionar ilegalmente a los mismos a fin de que depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras y de esta manera favorecer negocios inmobiliarios" de poderosos.
 
En su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió investigar si se realizaron tareas de inteligencia ilegal, en coordinación con carabineros de Chile para involucrar falsamente a personas, y "construir en la figura del RAM una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente , con el fin de justificar la represión de comunidades indígenas".
 
El fiscal pidió además saber si los funcionarios de Macri utilizaron recursos estatales para manipular investigaciones penales, y encubrir su responsabilidad en ellas.
 
En la denuncia, la APDH, destaca la actuación de fuerzas de seguridad federales sin orden judicial en determinados conflictos, la realización de tareas de inteligencia ilegal, la creación de un falso enemigo interno en la figura de la Resistencia Ancestral Mapuche (R.A.M) y los hechos que culminaron con la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel Domingo Salvo.
 
En tal sentido, la APDH expuso cómo, a su criterio, los funcionarios del Ministerio de Seguridad utilizaron de forma ilegal y excediéndose en sus facultades la figura de flagrancia, apuntando así a una resolución violenta de los conflictos que terminó en muchos casos, en fatalidades; para luego intentar influir en las investigaciones en curso y así sustraerse de su responsabilidad y la de otros miembros de las fuerzas de seguridad en ellos.
 
A lo largo de su dictamen, el fiscal expone la situación actual de los pueblos originarios en base al Informe del Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia tras su misión a la Argentina en mayo de 2016, así como de los Comités de Derechos Humanos y Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, respectivamente.
 
Por otro lado, se agregó que la planificación ilícita tendría también una intención de disciplinamiento del resto de la sociedad, especialmente de aquellos sectores que no concuerdan con el poder de turno.
 
Pidió dilucidar además si en el marco de dicha organización se llevaron adelante tareas de inteligencia ilegal, entre ellas, aquellas efectuadas en coordinación con Carabineros de la República de Chile, a los fines de involucrar falsamente a personas en actividades ilícitas así como a construir en la figura del R.A.M. una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente o sobredimensionada adrede, con el fin de justificar la represión de comunidades indígenas y/o el cercenamiento de los derechos constitucionales que las asisten.
 
Además, se delimitó la pesquisa a establecer si mediante un acuerdo entre los funcionarios, una vez producidos hechos ilegales y/o incluso muertes luego de las actuaciones presuntamente irregulares por ellos promovidas, "han utilizado los recursos estatales a su disposición para entorpecer y manipular las investigaciones penales en curso, encubrir su responsabilidad en las mismas así como las de miembros de las fuerzas de seguridad e instalar versiones falsas e inexactas de los sucesos acaecidos".
 
Finalmente, el Fiscal Federal sugirió a la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 5 María Eugenia Capuchetti la realización de distintas medidas de prueba, entre las que se encuentran distintas declaraciones testimoniales, la recopilación de documentación pertinente y pedidos de colaboración internacional.
 
Como la pesquisa se encuentra orientada a investigar la existencia de graves violaciones a los Derechos Humanos vinculadas con la utilización por parte de un grupo de funcionarios del poder coercitivo estatal de forma arbitraria y con el objeto de cercenar otros derechos constitucionales, el fiscal estimó que se encuentran dadas las condiciones previstas para tener por querellante en la causa a la APDH, tal cual lo solicitara en su denuncia.
 
Fuente: minuto1
 

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02-07-2020 / 10:07
Aunque mantiene un espeso silencio ante las novedades judiciales, Mauricio Macri está cada vez más preocupado por la causa por espionaje ilegal. O al menos eso denota las voces que lo rodean. "Vienen por él", "es un ataque a Macri", son algunas de las frases que se escuchan en su entorno con respecto a las detenciones y al allanamiento a su ex secretario Darío Nieto, al que le negaron la eximición de prisión.
 
Es que, como "organización criminal" calificó el juez de Lomas de Zamora al grupo de 22 personas que detuvo el martes, entre ellas la ex secretaria de Documentación de la Presidencia de la Nación en tiempos de Macri. El inusual operativo puso de manifiesto la enorme estructura de espionaje ilegal que prosperó durante la gestión macrista, sus frondosas ramificaciones y sus estrechos vínculos con lo más alto del poder político.
 
Entre los apresados figuran el exjefe de Contrainteligencia de la AFI, el ex director de Operaciones Especiales de ese organismo (detenido días antes), ex altos oficiales de la Policía Metropolitana, integrantes actuales y retirados de la Policía Federal, integrantes actuales y retirados de la AFI, integrantes actuales y retirados del Servicio Penitenciario Federal, funcionarios del gobierno porteño, un chef contratado por el ex titular de la AFI, y la citada ex secretaria de la Presidencia.
 
No hay precedentes de una organización criminal de semejante magnitud enquistada en el seno del Estado y amparada por las máximas instancias políticas bajo un gobierno constitucional, lo cual revela que su armado y funcionamiento obedeció a una política deliberada y no al accionar anárquico de "kioscos" de espías. 
 

02-07-2020 / 10:07
Es cada vez más evidente que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, es un francotirador contra la administración provincial que integra y el gobierno nacional. Sus ambiciones de ser candidato presidencial en 2023, por los sectores sociales de la derecha, desilusionados con Mauricio Macri, lo lleva a buscar un alto protagonismo en los medios.
 
El primer día de cuarentena reforzada en el Área Metropolitana de Buenos Aires amaneció con un nuevo cortocircuito entre el gobierno nacional y el de la Provincia de Buenos Aires en materia de Seguridad. El miércoles a la mañana, en Puente La Noria, Berni, irrumpió enojado en unos de los retenes de control vehicular que realizaba la Policía Federal para exigir que se alivianara el paso.
 
"Los controles son para facilitarle la vida a la gente, no para generarle más quilombo en esta situación especial", exclamó, irritado, en despliegue frente a los canales de televisión. Evidentemente está en campaña. Desde Seguridad de Nación manifestaron su enojo directa e indirectamente.
 
"Se extralimitó en sus responsabilidades y de una manera muy irresponsable. No sé lo que está esgrimiendo porque el ministro tiene mi teléfono, entonces, si tuviera buenas intenciones me hubiera llamado y no estaría apareciendo frente a las cámaras de televisión", declaró el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, criticando públicamente la actitud de Berni durante el operativo vehicular en Puente La Noria.
 
Según trascendió, el ministro de Seguridad irrumpió en el retén y se puso a discutir con uniformados de la Policía Federal --que no son sus subordinados-- y el jefe del operativo, que responde al Ministerio de Seguridad de la Nación, es decir, a Sabina Frederic
 

01-07-2020 / 11:07
El presidente de la UCR y actual diputado nacional mendocino, Alberto Cornejo, propuso "independizar" su provincia del resto del país. Afirmó que Mendoza tiene las características para ser "un país independiente", ante lo cual el peronismo tildó esa manifestación de "ridícula", una "cortina de humo" y parte de un "juego divisivo" del referente radical y de la oposición más gurka en momentos en que se necesita "unidad" para afrontar la pandemia de coronavirus.

Adjudican la ridícula actitud, que bordea el patetismo, del ex gobernador, por la decisión del Coirco sobre la represa Portezuelo del Viento, a cuestiones relacionadas con las intenciones electorales del radical, que quiere ser candidato a presidente por la alianza antiperonista en 2023. 
¿De Argentina o de la "República de Mendoza"?


Más cerca del berrinche de un niño caprichoso que de la actitud que cabría aguardar de un dirigente político experimentado, la amenaza separatista proferida en público ante medios de comunicación porteños es una muestra de cómo plantea la dirigencia radical mendocina su relación con el resto del país.

Lo que provocó semejante reacción fue la actuación institucional del Consejo de Gobierno del comité de cuenca del río Colorado, que es su máximo órgano de conducción. A ese cuerpo lo integran los gobernadores de las cinco provincias condóminas más el ministro del Interior en representación del presidente de la Nación. Mayor representatividad política, imposible. De ahí lo inexplicable de la pataleta radical mendocina.

La decisión de suspender la obra y realizar una evaluación exhaustiva del impacto ambiental en toda la superficie de la cuenca, fue adoptada por una mayoría abrumadora de cuatro votos contra uno: La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén contra la solitaria postura de Mendoza. 

01-07-2020 / 10:07
Crece el escándalo. Tras ordenar este martes el arresto de una ex funcionaria cercana al ex presidente Mauricio Macri y varios ex miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, comienza a indagar a los espías macristas detenidos.
 
Según el cronograma, a partir de las 9.30 fueron convocados María Andrea Fermani, Mariano Ignacio Flores, Andrés Patricio Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez, Daiana Romina Baldassarre, Denise Aya Tenorio, María Belén Sáez, Jorge Guillermo Ochoa y Gustavo Ciccarelli.
 
Para el jueves, también desde las 9.30, están citados Susana Martinengo (ex jefa de Documentación Presidencial), Diego Dalmau Pereyra (ex jefe de Contrainteligencia de la AFI), Jorge Horacio "Turco" Sáez, Leandro César Araque, Facundo Melo, Emiliano Matta y Mercedes Funes Silva, informaron fuentes judiciales.
 
En tanto, para el lunes, a la misma hora, se dispuso la indagatoria para Alan Ruiz, quien ya está detenido en la causa por supuesto espionaje ilegal contra el Instituto Patria y la vicepresidenta Cristina Fernández. Ese expediente lo lleva adelante el juez de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé.
 
Este martes el juez Villena ordenó detener a un total de 22 personas en el marco de la investigación por supuesto espionaje ilegal a funcionarios, políticos y empresarios durante el gobierno de Cambiemos. Estas detenciones no son prisiones preventivas, porque no se puede dictar la preventiva sin haber indagado antes al acusado.
 

30-06-2020 / 11:06
La figura del ex presidente Mauricio Macri se convirtió en una verdadera piedra en el zapato para la unidad de la coalición opositora de Juntos por el Cambio. El comunicado que publicó el espacio político el domingo por la tarde, tuvo entretelones antes de ser publicado, además, que tuvo la ausencia de adhesiones como de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.
 
Por el lado opositor dialogan entre ellos en búsqueda de respuestas tras lo que fue el 2019. En ese año, se hablaba de que muchos querían mantener a Macri dentro del espacio para que vuelva a ser candidato. Actualmente, ya nadie habla de esa opción. Las elecciones del 2023, parecen lejanas, pero que los dirigentes de Juntos por el Cambio están pensando en ello, no quepa duda.
 
Desde Horacio Rodríguez Larreta hasta Alfredo Cornejo, pasando por María Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, piensan en un macrismo sin Macri o, más precisamente, en un rol de líder político retirado, un posicionamiento que suelen tener los ex presidentes yanquis después de los dos mandatos constitucionales.
 
Sucede, en este caso, que Macri no reeligió. Pensaba retirarse y dejar paso a los más jóvenes de la coalición en el 2023. ¿Querrá una nueva oportunidad? La verdad es que nadie sabe, y seguramente tampoco él mismo.
 
"No hay ninguna razón para tirarlo a Macri por la ventana, no me parece justo con él ni con la posibilidad que le dio a la Argentina de encarar un camino distinto, aunque haya quedado trunco", dijo Ángel Pichetto, que encabezo la oposición a Macri en el Senado durante 4 años y después se dio vuelta.
 
Algo similar piensa la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que gasta horas de Zoom con heridos que dejó el partido en todo el país. Es cada vez más claro que a Macri solamente lo quieren la Embajada yanqui, Pichetto, la Bulrich y Clarín.
 
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