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"Macri sigue en la política y no va a poder irse. Tiene 93 causas judiciales en su contra". Jorge Asís
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Nacionales - 02-11-2019 / 09:11
HOSTIGÓ Y PERSIGUIÓ A MAPUCHES PARA FAVORECER NEGOCIOS INMOBILIARIOS

Por fin: Patricia Bullrich investigada por construir un grupo terrorista inexistente para justificar la represión

Por fin: Patricia Bullrich investigada por construir un grupo terrorista inexistente para justificar la represión
El gobierno de Cambiemos implementó un plan de despojo y represión hacia las comunidades mapuches que desembocó en la muerte de dos jóvenes: la de Santiago Maldonado, durante la represión de Gendarmería en Chubut en agosto de 2017 y la de Rafael Nahuel, en noviembre de ese año en Río Negro, durante un desalojo realizado por Prefectura.
Los abrazos entre los magnates dueños de la tierra en la Patagonia y el presidente Mauricio Macri, las amenazas de los funcionarios de Cambiemos, la represión a las comunidades mapuche que recuperaron territorio, el espionaje ilegal a las víctimas y las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel no son sucesos aislados.
 
"En función de la denuncia de la APDH y los hechos allí plasmados, así como de los elementos colectados hasta el momento, este Ministerio Público considera pertinente iniciar una investigación penal para determinar si la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y funcionarios de esa cartera, se han valido de sus funciones para desarrollar un plan destinado a utilizar fuera del marco legal las atribuciones y funciones a ellos conferidas, dando incluso órdenes operativas a las fuerzas de seguridad bajo su responsabilidad".
 
Con estas palabras el fiscal federal Franco Picardi impulsó la acción penal contra estos funcionarios del gobierno saliente. El avance de esta causa podría derivar en una acusación contra Patricia Bullrich por delitos cometidos en el armado de un plan represivo que involucra a funcionarios públicos en el exceso de sus funciones, desde espionaje ilegal hasta asociación ilícita, pasando por violación de la propiedad privada, apremios y violencia institucional.
 
Según Picardi el objeto fue "coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras, en beneficio de estos últimos, para así resguardar distintos negocios inmobiliarios y de lucro llevados a cabo por aquellos que detentan o pretenden la propiedad y/o explotación formal de tierras en la Patagonia Argentina, muchos de los cuales tendrían relaciones de distinta índole con funcionarios del actual gobierno Federal".
 
"La planificación ilícita aludida tendría también una intención de disciplinamiento del resto de la sociedad, especialmente de aquellos sectores que no concuerdan con el poder de turno", completó el representante del Ministerio Público.
 
"Asimismo, la investigación deberá dilucidar si en el marco de dicha organización se han llevado adelante tareas de inteligencia ilegal, entre ellas, aquellas efectuadas en coordinación con Carabineros de la República de Chile, a los fines de involucrar falsamente a personas en actividades ilícitas así como a construir en la figura del R.A.M., una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente o sobredimensionada adrede, con el fin de justificar la represión de comunidades indígenas y/o el cercenamiento de los derechos constitucionales que las asisten", destacó el fiscal en sus conclusiones.
 
La lucha contra la impunidad no se detendrá. Bullrich y el gobierno de Cambiemos, junto a las fuerzas represivas que intervinieron en estos crímenes van a ser juzgados por perseguir, espiar y hostigar a comunidades mapuches para favorecer negocios inmobiliarios de sus amigos millonarios.
 
La Opinión Popular

 
Imputaron a Patricia Bullrich por espionaje ilegal a la comunidad mapuche
 
El fiscal Franco Picardi impulsó la apertura de una investigación penal para determinar si la ministra de Seguridad y otros funcionarios de dicha cartera actuaron fuera del marco legal con el objeto de coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras.
 
El fiscal Franco Picardi pidió este viernes determinar si la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y funcionarios de esa cartera desarrollaron un plan destinado a utilizar, fuera del marco legal, sus atribuciones, con el objeto de coaccionar y administrar el conflicto entre comunidades mapuches y propietarios de tierras, en beneficios de estos últimos.
 
En su dictamen el fiscal apuntó a negocios inmobiliarios y de lucro llevados a cabo por aquellos que detentan o pretenden la propiedad y/o explotación formal de tierras en la Patagonia Argentina, muchos de los cuales tendrían relaciones de distinta índole con funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.
 
En su presentación a la jueza María Eugenia Capuchetti, el fiscal pidió compulsar otro expediente en el que se investigan hechos de espionaje a la familia Maldonado que podrían ser de interés para la causa.
 
La causa judicial se inició a raíz de una denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) que advirtió que funcionarios del Ministerio de Seguridad habrían encabezado desde diciembre del año 2015, "un plan organizado con el objeto de llevar adelante un accionar ilegal contra las comunidades mapuches, aprovechándose del aparato coercitivo estatal con el propósito de coaccionar ilegalmente a los mismos a fin de que depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras y de esta manera favorecer negocios inmobiliarios" de poderosos.
 
En su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió investigar si se realizaron tareas de inteligencia ilegal, en coordinación con carabineros de Chile para involucrar falsamente a personas, y "construir en la figura del RAM una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente , con el fin de justificar la represión de comunidades indígenas".
 
El fiscal pidió además saber si los funcionarios de Macri utilizaron recursos estatales para manipular investigaciones penales, y encubrir su responsabilidad en ellas.
 
En la denuncia, la APDH, destaca la actuación de fuerzas de seguridad federales sin orden judicial en determinados conflictos, la realización de tareas de inteligencia ilegal, la creación de un falso enemigo interno en la figura de la Resistencia Ancestral Mapuche (R.A.M) y los hechos que culminaron con la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel Domingo Salvo.
 
En tal sentido, la APDH expuso cómo, a su criterio, los funcionarios del Ministerio de Seguridad utilizaron de forma ilegal y excediéndose en sus facultades la figura de flagrancia, apuntando así a una resolución violenta de los conflictos que terminó en muchos casos, en fatalidades; para luego intentar influir en las investigaciones en curso y así sustraerse de su responsabilidad y la de otros miembros de las fuerzas de seguridad en ellos.
 
A lo largo de su dictamen, el fiscal expone la situación actual de los pueblos originarios en base al Informe del Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia tras su misión a la Argentina en mayo de 2016, así como de los Comités de Derechos Humanos y Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, respectivamente.
 
Por otro lado, se agregó que la planificación ilícita tendría también una intención de disciplinamiento del resto de la sociedad, especialmente de aquellos sectores que no concuerdan con el poder de turno.
 
Pidió dilucidar además si en el marco de dicha organización se llevaron adelante tareas de inteligencia ilegal, entre ellas, aquellas efectuadas en coordinación con Carabineros de la República de Chile, a los fines de involucrar falsamente a personas en actividades ilícitas así como a construir en la figura del R.A.M. una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente o sobredimensionada adrede, con el fin de justificar la represión de comunidades indígenas y/o el cercenamiento de los derechos constitucionales que las asisten.
 
Además, se delimitó la pesquisa a establecer si mediante un acuerdo entre los funcionarios, una vez producidos hechos ilegales y/o incluso muertes luego de las actuaciones presuntamente irregulares por ellos promovidas, "han utilizado los recursos estatales a su disposición para entorpecer y manipular las investigaciones penales en curso, encubrir su responsabilidad en las mismas así como las de miembros de las fuerzas de seguridad e instalar versiones falsas e inexactas de los sucesos acaecidos".
 
Finalmente, el Fiscal Federal sugirió a la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 5 María Eugenia Capuchetti la realización de distintas medidas de prueba, entre las que se encuentran distintas declaraciones testimoniales, la recopilación de documentación pertinente y pedidos de colaboración internacional.
 
Como la pesquisa se encuentra orientada a investigar la existencia de graves violaciones a los Derechos Humanos vinculadas con la utilización por parte de un grupo de funcionarios del poder coercitivo estatal de forma arbitraria y con el objeto de cercenar otros derechos constitucionales, el fiscal estimó que se encuentran dadas las condiciones previstas para tener por querellante en la causa a la APDH, tal cual lo solicitara en su denuncia.
 
Fuente: minuto1
 

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21-11-2019 / 09:11
En medio de lo que es una grieta en la cadena jerárquica, el gobierno de Mauricio Macri dio marcha atrás con el nuevo protocolo nacional para la interrupción legal del embarazo (ILE), publicado ayer en el Boletín Oficial. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, será la encargada de revocar la resolución que firmó el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, al que -varios en el macrismo- acusan de no haber consultado la letra del texto.
 
La resolución 3158/2019 causó casi el mismo revuelo que su posterior anulación. Según fuentes del Poder Ejecutivo, Stanley no fue consultada sobre el protocolo que buscaba reemplazar al que rige desde 2015; "mucho menos el Presidente", que rápidamente respaldó a la ministra para que corrija el escrito a través de otra resolución, que se difundirá hoy, y que le pida la renuncia a Rubinstein.
 
Aunque desde la cartera de Desarrollo Social aseguraron que Stanley "no le pidió la renuncia" al secretario de Salud, en la administración central dan por descontada su salida del ministerio. "Si bien su postura pública siempre fue a favor del aborto, esta vez Rubinstein se cortó sólo", dijeron desde la Casa Rosada.
 
Y agregaron: "Es inentendible que haya tomado semejante decisión cuando faltan veinte días para terminar el gobierno". Lo que hasta ayer nadie logró explicar es cómo el nuevo protocolo llegó a publicarse en el Boletín Oficial sin la anuencia, como mínimo, de la ministra de Desarrollo Social.
 
La postura del secretario de Salud sobre la interrupción voluntaria del embarazo no es un tema menor dentro del Gobierno, sobre todo si se tiene en cuenta que quien está por arriba de él en el escalafón jerárquico tiene una posición contraria a la legalización del aborto. Stanley, al igual que otros funcionarios -incluido el propio jefe de Estado-, dejó entrever en más de una oportunidad cuál era su pensamiento sobre esa cuestión.
 
Uno de los primeros legisladores oficialistas en pronunciarse abiertamente en contra del protocolo para el aborto no punible fue el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, uno de los más activos detractores del proyecto de aborto en esa Cámara, a través de su cuenta de Twitter: "Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica".
 
Como sucedió días atrás con el golpe de Estado en Bolivia, desde el radicalismo se diferenciaron de PRO respecto al protocolo, lo que podría abrir una nueva fuente de conflicto entre ambos espacios políticos. Tanto el dirigente radical Ernesto Sanz como el ex diputado de la UCR Ricardo Gil Lavedra brindaron su apoyo públicamente a RubinsteinLa instrucción que habría impartido Macri para anular el nuevo protocolo todavía no fue publicada en el Boletín Oficial.
 
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20-11-2019 / 11:11
El presidente electo, Alberto Fernández, y la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dialogaron telefónicamente sobre la deuda que Argentina tiene con el FMI.
 
Desde el organismo financiero habían pedido en público que Argentina hiciera más ajuste, pero el ganador de las últimas elecciones rechazó la propuesta y pidió un esquema de pago sostenible que permita propiciar el crecimiento económico.
 
"Vamos a proponer un plan económico sostenible y un acuerdo de pago que podamos cumplir, pero sin más ajuste", sostuvo el comunicado oficial. El futuro jefe de Estado reafirmó: "Queremos asumir un compromiso que podamos cumplir".
 
"Me han conmovido sus prioridades: la reducción de la pobreza y la lucha contra el hambre en un entorno económico que permita crecer y generar empleo, para mejorar la vida del pueblo argentino", subarayó Georgieva. Ante la respuesta, Fernández aclaró que está "en condiciones de proponer" un acuerdo de pago pero "sin más ajustes".
 
"Hemos elaborado un plan sustentable que nos va a permitir crecer y cumplir con las obligaciones que la Argentina tiene con ustedes y con el resto de los acreedores. Estamos  asumiendo un compromiso que podamos cumplir", destacó Fernández durante la conversación telefónica.
 
En la misma línea, el Presidente electo subrayó: "Entiendo la relevancia de la viabilidad fiscal, no me tiene que convencer de eso. Pero es mi deber anticiparle que en la situación en la que se encuentra la economía argentina es difícil propiciar un mayor ajuste. No podemos hacer más ajustes fiscales porque la situación es de una complejidad enorme, el nivel de ajustes en la era de Macri ha sido tremendo".
 
En declaraciones a la agencia Bloomberg, la sucesora de Christine Lagarde había solicitado profundizar una política fiscal restrictiva, que es la misma fórmula que tiene el FMI para todos los países y que ha dado desastrosos resultados. 
 
El presidente electo le reiteró que la Argentina está "en un momento particularmente difícil" e insistió en que "estamos en condiciones de proponer un plan para resolver el problema de la Argentina y poder pagar la deuda con el FMI y el resto de los acreedores".
 
Por su parte, Giorgieva recalcó: "Queremos trabajar con usted atacando el problema de la inflación y promoviendo el crecimiento". Además, se mostró "muy ansiosa de conocer más detalles de su plan (de gobierno), porque cuando un país es dueño de su plan, esos planes son efectivos".
 
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19-11-2019 / 09:11
Las modificaciones tributarias realizadas por el gobierno de Mauricio Macri generaron una transferencia de $690.000 millones desde el Estado hacia los más ricos: exportadores del agro, las empresas y las personas físicas con mayores ingresos. Esta dinámica regresiva de la política fiscal impactó en las posibilidades de alcanzar el déficit cero en 2019. En 2020 el rojo primario heredado sería de 1,9% del PBI. Reformas impositivas achicarían la brecha.
 
Un informe publicado por Proyecto Económico calculó el impacto que tuvieron las reformas en bienes personales, derechos de exportación y contribuciones patronales sobre los recursos fiscales. Las decisiones que toman los gobiernos acerca de cómo recaudar y cómo gastar, es decir la política fiscal, son clave en la distribución de los recursos.
 
Con la participación del salario sobre el PBI cayendo al 42,5%, cada vez más lejos del fifty-fifty y de los niveles de los países desarrollados (en Estados Unidos y Canadá supera al 60%), las decisiones impositivas no apuntaron a contrarrestar las desigualdades del mercado. Por el lado del gasto, el ajuste enfocado en los subsidios y en la obra pública también fue regresivo. Con la pobreza trepando cerca del 40% para fines del 2019, el Indec mostró que tampoco hubo mejoras en la cobertura de cloacas, agua potable y acceso a gas de red.
 
Por las reformas en los tres tributos, en 2019 el estado perdió 1,2% del PBI en ingresos, según el cálculo de Proyecto Económico. Esa cantidad habría alcanzado para cerrar el déficit primario, que según privados cerrará el año en 1% del PBI.
 
El informe destacó: "Por el mero efecto de las modificaciones en los impuestos seleccionados, el Estado Nacional dejó de recaudar $483.632 millones, que equivalen a $690.825 millones a precios de 2019. Dependiendo del año, la merma recaudatoria por estos tributos rondó entre 0,5% y 1,2% del PBI. En particular, para el año 2019, nuestra estimación indica que la diferencia recaudatoria para el año 2019 (primeros 3 trimestres), supera el 1% del PBI, diferencia que quizá sea suficiente para el añorado (por el FMI) equilibrio primario".
 
Otro trabajo reciente, de la consultora LCG, indagó en la cuestión de los mermados recursos del estado. Al 1% de rojo primario sobre el PBI proyectado para 2019, habrá que agregarle otro 0,9% en 2020, porque este año hubo privatizaciones para engordar los ingresos y porque la ley de movilidad tendrá impacto en los gastos. Con los acreedores observando todo lo que ocurra en las cuentas públicas, la necesidad de dar señales de achicamiento del rojo fiscal obliga a tomar decisiones. "El Gobierno entrante apelará a la suba de retenciones, a nuevos impuestos al patrimonio, y posiblemente al turismo, y un mayor señoreaje (impuesto inflacionario)" sostuvo.
  
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18-11-2019 / 09:11
Alberto Fernández recibió el viernes por la mañana una de las peores noticias que le depararán para su inminente mandato presidencial: en lo que va del tercer trimestre de este año se incrementó del 7,9% del 2018 al 9,3% de 2019 la cantidad de la población urbana que vive en hogares donde padecen hambre o inseguridad alimentaria severa. No sólo esto. La inseguridad alimentaria en total pasó del 20,2% del 2018 al 22,2% al 2019 en todo el país.
 
Los datos que se desprenden de la encuesta del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (UCA) fueron presentados por el director de ese instituto Agustín Salvia al presidente electo en medio de la reunión por el Consejo de lucha contra el Hambre donde Fernández y el futuro ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, reunieron Marcelo Tinelli junto con sectores empresarios, sociales y sindicales para avanzar en un plan de lucha contra la falta de alimentación en la Argentina.
 
Salvia presentó en informe ante la mirada preocupante de Fernández y todo su equipo. A algunos líderes de movimientos sociales o dirigentes de comedores escolares los datos no les llamaron la atención en función del deterioro de la economía, el golpe de la inflación y la ausencia de políticas sociales activas para atender este flagelo, según dijeron.
 
"No vamos a poder llegar a la pobreza cero como se prometió pero en la medida que objetivemos bien el trabajo vamos a poder enfocarnos en sacar a la gente de la pobreza y el hambre", señaló Salvia en un tramo de la primer reunión del Consejo contra el Hambre que participó con el presidente electo y un amplio abanico de referentes sociales, empresariales y sindicales.
 
La encuesta de la UCA también revela una curva ascendente desde el 2017 hasta ahora en lo que respecta a inseguridad alimentaria severa en los hogares argentinos: mientras que en el 2017 era del 5%, en 2018 fue del 6% y en 2019 del 7,4%.
 
En términos técnicos inseguridad alimentaria severa indica "la percepción de experiencias de hambre por parte de alguno de los adultos o niños por problemas económicos durante los últimos 12 meses". Y define a los hogares que experimentaron situaciones de hambre porque no hubo suficiente dinero para comprar alimentos en el último año.

17-11-2019 / 10:11
Lo de Bolivia es una dictadura convalidada, racismo apenas encubierto respecto del indígena, Evo Morales, que vino a ser el presidente más estable y con mejores logros cuantificables de su país. En este Sur nos vamos acostumbrando a los golpes de Estado (más o menos camuflados) y a la decadencia de las democracias recuperadas. Su suscitan remembranzas, comparaciones con un pasado que se imaginaba perimido.
 
El golpe y la renuncia de Evo suscitan reminiscencias de la Revolución Libertadora de 1955 y la renuncia del presidente Juan Perón quien argumentó después que había optado en la disyuntiva entre el tiempo y la sangre. El discurso de Evo al dimitir contiene ecos de esa frase. El fisgoneo acusador en su casa, sus pertenencias reversionan los perpetrados contra Eva Perón.
 
La fluida coyuntura admite que se imaginen, en términos esquemáticos y extremos, dos salidas. Una con elecciones libres, sin proscripciones, inminentes y cese de la represión feroz. La demanda de los bien intencionados o quienes simulan serlo. Otro desemboque posible: con comicios amañados, sin presencia del MAS. O prolongación de la dictadura con cualquier pretexto. Lonardi o Aramburu, estirando un cachito el ansia comparativa. Según la tendencia histórica, los halcones suelen comerse a las palomas.
 
Ya que de revival ominosos hablamos, evoquemos el "cerco" internacional que encerró al gobierno peronista en 1973. Héctor Cámpora asumió en mayo, en junio hubo autogolpe en Uruguay, en septiembre fue asesinado Salvador Allende y asumió Augusto Pinochet. Las dictaduras de Bolivia y Brasil preexistían. Represión, terrorismo de Estado que propició y apoyó Estados Unidos con más desparpajo que hoy en día aunque con similar direccionalidad. La dictadura chilena acentuó el cerco e inspiró a los militares argentinos.
 
Alberto Fernández asumirá rodeado por regímenes de derecha dentro de 23 días. Democracias degradadas en Brasil y Chile, dictadura en Bolivia... Es factible que se sume otro gobierno de derecha en Uruguay, con mejores credenciales que los demás; elecciones libres y nada atroz que criticar, por ahora.
 
Estados Unidos se ha retirado, algo, de Medio Oriente y retornó a nuestros pagos. Los consabidos daños de su intervencionismo pueden volver con esas oscuras golondrinas: exilios masivos y dolorosos. El creciente protagonismo político de las Fuerzas Armadas y las de Seguridad en América Latina mete miedo sin haber tocado techo.
 
La presidenta auto designada Jeanine Núñez carece de legitimidad de origen; propala un discurso violento y excluyente. Camacho, fundamentalista religioso y político, ni participó en las elecciones. La agenda de hoy son las violaciones a derechos humanos, los asesinatos de manifestantes en la calle, la persecución y ataques físicos a políticos ahora opositores. Una dictadura por su origen, su prédica y su praxis.

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