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Entre Ríos - 01-11-2019 / 19:11
COPARTICIPACIÓN BIRLADA: EL PRESIDENTE PROPUSO PAGAR MENOS

Gustavo Bordet reclamó en la Corte que Macri pague la compensación que corresponde a Entre Ríos

Gustavo Bordet reclamó en la Corte que Macri pague la compensación que corresponde a Entre Ríos
El tribunal supremo ordenó a Nación que reintegre fondos coparticipables de Entre Ríos que usó para financiar medidas pro consumo. El presidente propuso pagar menos de lo que perdió la provincia y el gobernador volvió a quejarse ante los jueces. Foto: Blas García para La Opinión Popular
 
Continúa la guerra entre el interior federal y el centralismo porteño. Los gobernadores peronistas y de fuerzas políticas provinciales cuestionaron las medidas económicas electoralistas ejecutadas por Mauricio Macri, para conseguir algunos votos más, por el impacto que tienen en las finanzas de las provincias. El rechazo quedó plasmado en una presentación judicial que realizaron y que la Corte Suprema le dio la razón.
 
Ahora, la provincia presentó un escrito firmado por el gobernador, Gustavo Bordet, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, planteando discrepancia con la compensación que debe recibir del gobierno nacional tras el fallo del alto cuerpo, solicitando que revea el monto, y que la Comisión Federal de Impuestos (CFI) sea garante del cumplimiento.
 
Es que, tras el fallo, el gobierno de Mauricio Macri le ordenó al Banco Nación que transfiera $674 millones a las 15 provincias que habían reclamado ante la Corte, y que se remitan diariamente fondos de coparticipación hasta completar $2.629 millones para todas.
 
Pero los distritos -en base a cálculos de la Oficina del Presupuesto del Congreso- entienden que la quita del IVA y la rebaja del Impuesto a las Ganancias -ambos tributos coparticipables- las afectaban en unos $45 mil millones. En el caso sólo de Entre Ríos, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, aseguró que no son menos de $1.600 millones.
 
Es un nuevo ultimátum federal a Macri por el impacto negativo de las medidas en los distritos provinciales.
 
La Opinión Popular
 

 
La presentación de la provincia se interpuso este jueves y fue acordada en una reunión que mantuvieron  ministros de Economía, entre los que estuvo el titular de la cartera entrerriana, Hugo Ballay, en la sede de la Comisión Federal de Impuestos, en Buenos Aires. Los términos del documento fueron cerrados por Bordet, el ministro Ballay y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
 
"Nos reunimos los ministros de Economía de las 15 provincias que acudimos a la Corte Suprema de Justicia y algunas otras provincias, y coincidimos todos en que la devolución que está haciendo el gobierno nacional en la compensación significa solamente lo relacionado con el Impuesto al Valor Agregado, que no considera para nada la detracción del Impuesto de las Ganancias, que es el principal costo fiscal para las provincias", informó el ministro de Economía, Hugo Ballay.
 
A su vez, el ministro, que es además vicepresidente de la CFI, comunicó: "Entre Ríos efectuó la presentación este jueves respecto a rechazar primero la forma en que el gobierno nacional la está realizando, y segundo, solicitando a la Corte que tome a la Comisión Federal de Impuestos como el organismo que por Ley de Coparticipación corresponde que controle el cumplimiento de la sentencia que emitió la Corte".
 
 
El conflicto paso a paso
 
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, repasó los pasos dados en torno a la presentación realizada desde la provincia ante la Corte Suprema para la devolución de los fondos retenidos por Nación de IVA y Ganancias, con resolución favorable.
 
"El 1 de octubre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en la medida cautelar que planteó la provincia de Entre Ríos acerca de los decretos 561 y 567 del Poder Ejecutivo nacional que modificaron el régimen de coparticipación de impuestos y perjudicó a todas las provincias, entre ellas a Entre Ríos", recordó.
 
"La Corte Suprema dijo que el gobierno nacional tenía que asumir el costo fiscal de estas medidas, sin afectar los recursos de coparticipación", recordó el fiscal de Estado.
 
"Las provincias inmediatamente comenzamos a hacer un cálculo de cuánto nos correspondía y para ello nos reunimos la Comisión Federal de Impuestos, ministros de Economía, fiscales de Estado y concluimos en el caso que  la provincia de Entre Ríos debía recibir entre 1600 y 2000 millones de pesos, conforme el cálculo que había hecho el propio Estado nacional", precisó.
 
En ese sentido, Rodríguez Signes continuó: "El Estado nacional primero intentó pedir una audiencia pública, la Corte rechazó ese pedido, y luego ordenó comenzar a cumplir la sentencia. Lo que ocurre es que comenzó a cumplirla de modo insuficiente".
 
Y sobre este punto, puntualizó: "Reconoció en favor de Entre Ríos un poco más de 200 millones de pesos. Nosotros inmediatamente hicimos los cálculos, a través del Ministerio de Economía, y ratificamos que la cifra no era inferior a 1600 millones de pesos".
 
 
Un reclamo más
 
En este contexto se inscribe el escrito rubricado por Gustavo Bordet: "El gobernador insiste en que el cumplimiento de la sentencia por parte del Estado nacional era parcial; no es un cumplimiento total que fue ordenado por la propia Corte. Y los mismos argumentos fueron planteados al Presidente, para que él mismo, que es el jefe de la administración nacional, revise los cálculos que había hecho el Estado nacional y cumpla con el fallo, tal cual lo dispuesto.
 
"Lo único que estamos haciendo es insistir en el cumplimiento de la sentencia del máximo tribunal de la República Argentina, que es la Corte", advierte el Fiscal.
 
Rodríguez Signes reafirmó: "La provincia de Entre Ríos sigue sosteniendo que los decretos modificaron unilateralmente el régimen de coparticipación y los ingresos en rentas generales en violación del artículo 75 de la Constitución argentina, y se trata de recursos que ya estaban presupuestados por las provincias en sus respectivas leyes de Presupuesto".
 
Se trata de "provincias que han cumplido a rajatabla con el Régimen de Responsabilidad Fiscal y con todos los pactos fiscales que se han venido sancionando a lo largo de estos años. Así que estamos a la espera de que el gobierno revise la liquidación practicada", concluyó el fiscal de Estado.
 
Fuente: Informe Digital
 

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Hay que pagar el medio aguinaldo, en la malaria muchos esperan con expectativa este ingreso adicional. El de 2025, según la ley, se puede abonar hasta la última jornada laboral del sexto mes del año, que coincide con el lunes 30 de junio. Cuando pasa eso, las provincias recurren al Estado Nacional. Esta vez Javier Milei solo los autorizó a endeudarse en dólares, ante la retención desde Nación de fondos que le corresponden a las provincias. Rogelio Frigerio intentará juntar de donde pueda, frente a una situación desesperante del Estado provincial. Pero, recién después de mediados de julio, el gobernador les pagará a estatales y docentes entrerrianos. La estrepitosa baja en la coparticipación federal y la caída en la capacidad de recaudación provincial, por la recesión económica, son las causas principales de este escenario. La única política que se ejecuta con todo es el ajuste, mientras se paraliza la obra pública, se frenan los giros comprometidos y se acumulan fondos internacionales sin ejecutar.
 
Frigerio no paga en tiempo porque no tiene plata y no la tiene porque Milei se la queda y el gobernador no reclama como corresponde. La conjura de los necios. La calamidad financiera de la provincia tiene a su autor, el Presidente, prometiendo más ajuste y al Gobernador dispuesto a apoyarlo en el Congreso, en una alianza electoral con La Libertad Avanza. El superávit fiscal del que se jacta Milei no es ningún éxito de su programa económico anarco capitalista sino el resultado del brutal ajuste que aplicó sin anestesia desde que asumió. Las provincias fueron severamente saqueadas y ahora reclaman por los recortes a los fondos coparticipables.
 
Los dos senadores nacionales, Stella Olalla y Alfredo de Angeli y los cuatro diputados nacionales, Atilio Benedetti, Nancy Ballejos, Marcela Antola y Francisco Morchio, que responden a Frigerio son los mismos que votan a favor del saqueo al interior federal. Sirven a las metas impuestas por el FMI y para eso el gobierno nacional pasó la aspiradora en los recursos coparticipables. Milei gobierna por decreto, pero si los legisladores se sacaran la "peluca", sus mandatos pueden caer. La tensión alcanza al PRO, la UCR y a peronistas colaboradores.
 
En Entre Ríos, la preocupación por la caída de la obra pública y la merma de fondos nacionales es tema de todos los días entre legisladores e intendentes. Incluso en distritos donde Milei obtuvo un alto caudal de votos, la paciencia comienza a agotarse frente a la falta de respuestas concretas sobre recursos que la Nación viene robando, reteniendo o subejecutando deliberadamente. El interior siente que no está en la agenda libertaria. En un país históricamente tensionado entre el centro y la periferia, la demanda de mayor equidad y protagonismo federal está en el centro del debate.
 
Reviviendo la histórica lucha entre unitarios y federales y reacios a las gambetas constantes de Milei, que demoran definiciones y generan incertidumbre, el lunes se reunieron gobernadores de todo arco político, en representación de las 23 provincias, para aunar sus quejas en una demanda común. Reclamaron una redistribución equitativa y no discrecional de los fondos coparticipables y de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Estos recursos fueron parte del ajuste que aplicó el gobierno de La Libertad Avanza desde su asunción, y que tuvo sus consecuencias en salarios, jubilaciones, presupuestos educativos y sanitarios, obra pública, políticas públicas de discapacidad, género, etc. A la vista de todo el mundo, Milei viene usando descaradamente los recursos que son de las provincias como prenda de cambio para lograr favores políticos. Ante la cobardía de Frigerio y los gobernadores, la parte del león se la sigue quedando Milei. Estos recursos son imprescindibles para sostener la salud, la educación, la seguridad, la justicia, la contención social y la obra pública en las jurisdicciones del interior.
 
Milei logró aprobar la corrupta Ley de Bases, con votos comprados con favores personales como a Lucila Crexell del MPN o Edgardo Kueider de Unión por la Patria. Apoyado en esa nefasta Ley, Milei viene gobernando a decretazo limpio, por lo que sostener aliados, no solo dentro de la derecha del PRO y la UCR sino también dentro del PJ, le es vital para que no le volteen los decretos en el Congreso. Y mediante extorsiones presupuestarias también lograron los votos para blindar el veto presidencial al aumento a los jubilados. Ahora lo mandatarios deben unirse para obligar a Milei a repartir un billón de pesos que son de las provincias y están en manos de la Nación.
 

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