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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 01-11-2019 / 19:11

COPARTICIPACIÓN BIRLADA: EL PRESIDENTE PROPUSO PAGAR MENOS

Gustavo Bordet reclamó en la Corte que Macri pague la compensación que corresponde a Entre Ríos

El tribunal supremo ordenó a Nación que reintegre fondos coparticipables de Entre Ríos que usó para financiar medidas pro consumo. El presidente propuso pagar menos de lo que perdió la provincia y el gobernador volvió a quejarse ante los jueces. Foto: Blas García para La Opinión Popular

Continúa la guerra entre el interior federal y el centralismo porteño. Los gobernadores peronistas y de fuerzas políticas provinciales cuestionaron las medidas económicas electoralistas ejecutadas por Mauricio Macri, para conseguir algunos votos más, por el impacto que tienen en las finanzas de las provincias. El rechazo quedó plasmado en una presentación judicial que realizaron y que la Corte Suprema le dio la razón.

Ahora, la provincia presentó un escrito firmado por el gobernador, Gustavo Bordet, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, planteando discrepancia con la compensación que debe recibir del gobierno nacional tras el fallo del alto cuerpo, solicitando que revea el monto, y que la Comisión Federal de Impuestos (CFI) sea garante del cumplimiento.

Es que, tras el fallo, el gobierno de Mauricio Macri le ordenó al Banco Nación que transfiera $674 millones a las 15 provincias que habían reclamado ante la Corte, y que se remitan diariamente fondos de coparticipación hasta completar $2.629 millones para todas.

Pero los distritos -en base a cálculos de la Oficina del Presupuesto del Congreso- entienden que la quita del IVA y la rebaja del Impuesto a las Ganancias -ambos tributos coparticipables- las afectaban en unos $45 mil millones. En el caso sólo de Entre Ríos, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, aseguró que no son menos de $1.600 millones.

Es un nuevo ultimátum federal a Macri por el impacto negativo de las medidas en los distritos provinciales.

La Opinión Popular

La presentación de la provincia se interpuso este jueves y fue acordada en una reunión que mantuvieron ministros de Economía, entre los que estuvo el titular de la cartera entrerriana, Hugo Ballay, en la sede de la Comisión Federal de Impuestos, en Buenos Aires. Los términos del documento fueron cerrados por Bordet, el ministro Ballay y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

"Nos reunimos los ministros de Economía de las 15 provincias que acudimos a la Corte Suprema de Justicia y algunas otras provincias, y coincidimos todos en que la devolución que está haciendo el gobierno nacional en la compensación significa solamente lo relacionado con el Impuesto al Valor Agregado, que no considera para nada la detracción del Impuesto de las Ganancias, que es el principal costo fiscal para las provincias", informó el ministro de Economía, Hugo Ballay.

A su vez, el ministro, que es además vicepresidente de la CFI, comunicó: "Entre Ríos efectuó la presentación este jueves respecto a rechazar primero la forma en que el gobierno nacional la está realizando, y segundo, solicitando a la Corte que tome a la Comisión Federal de Impuestos como el organismo que por Ley de Coparticipación corresponde que controle el cumplimiento de la sentencia que emitió la Corte".

El conflicto paso a paso

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, repasó los pasos dados en torno a la presentación realizada desde la provincia ante la Corte Suprema para la devolución de los fondos retenidos por Nación de IVA y Ganancias, con resolución favorable.

"El 1 de octubre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en la medida cautelar que planteó la provincia de Entre Ríos acerca de los decretos 561 y 567 del Poder Ejecutivo nacional que modificaron el régimen de coparticipación de impuestos y perjudicó a todas las provincias, entre ellas a Entre Ríos", recordó.

"La Corte Suprema dijo que el gobierno nacional tenía que asumir el costo fiscal de estas medidas, sin afectar los recursos de coparticipación", recordó el fiscal de Estado.

"Las provincias inmediatamente comenzamos a hacer un cálculo de cuánto nos correspondía y para ello nos reunimos la Comisión Federal de Impuestos, ministros de Economía, fiscales de Estado y concluimos en el caso que la provincia de Entre Ríos debía recibir entre 1600 y 2000 millones de pesos, conforme el cálculo que había hecho el propio Estado nacional", precisó.

En ese sentido, Rodríguez Signes continuó: "El Estado nacional primero intentó pedir una audiencia pública, la Corte rechazó ese pedido, y luego ordenó comenzar a cumplir la sentencia. Lo que ocurre es que comenzó a cumplirla de modo insuficiente".

Y sobre este punto, puntualizó: "Reconoció en favor de Entre Ríos un poco más de 200 millones de pesos. Nosotros inmediatamente hicimos los cálculos, a través del Ministerio de Economía, y ratificamos que la cifra no era inferior a 1600 millones de pesos".

Un reclamo más

En este contexto se inscribe el escrito rubricado por Gustavo Bordet: "El gobernador insiste en que el cumplimiento de la sentencia por parte del Estado nacional era parcial; no es un cumplimiento total que fue ordenado por la propia Corte. Y los mismos argumentos fueron planteados al Presidente, para que él mismo, que es el jefe de la administración nacional, revise los cálculos que había hecho el Estado nacional y cumpla con el fallo, tal cual lo dispuesto.

"Lo único que estamos haciendo es insistir en el cumplimiento de la sentencia del máximo tribunal de la República Argentina, que es la Corte", advierte el Fiscal.

Rodríguez Signes reafirmó: "La provincia de Entre Ríos sigue sosteniendo que los decretos modificaron unilateralmente el régimen de coparticipación y los ingresos en rentas generales en violación del artículo 75 de la Constitución argentina, y se trata de recursos que ya estaban presupuestados por las provincias en sus respectivas leyes de Presupuesto".

Se trata de "provincias que han cumplido a rajatabla con el Régimen de Responsabilidad Fiscal y con todos los pactos fiscales que se han venido sancionando a lo largo de estos años. Así que estamos a la espera de que el gobierno revise la liquidación practicada", concluyó el fiscal de Estado.

Fuente: Informe Digital

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En 2027, Milei vendrá por Entre Ríos: ¿Frigerio ya lo sabe?

El punto de inflexión llegó con el resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre pasado. Allí, ¿el gobernador Rogelio Frigerio terminó de convencerse de que, así como el presidente Javier Milei decidió poblar el Congreso con legisladores propios, el año próximo avanzará sobre Entre Ríos para sentar a un dirigente libertario en el sillón principal de la Casa Gris? En la madrugada triunfal del 27, durante una reunión con su círculo más íntimo, Milei se envalentonó. "Para cambiar definitivamente este país, además de legisladores nacionales, el proyecto también necesita de gobernadores propios, sobre todo en las provincias más importantes", habría dicho el presidente.

Y fue más preciso todavía. Enumeró las seis provincias en las que quiere tener gobernadores anarco capitalistas con sintonía fina. Estos distritos concentran el 72% del electorado nacional, y más del 80% de la producción del país: la provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos. Frigerio tendrá que gobernar con el PRO nacional diluido y La Libertad Avanza al acecho.

Los libertarios entrerrianos no tienen certezas sobre su candidato entrerriano a la gobernación, aunque el dato político relevante es otro: Milei y su hermana Karina -principal armadora de La Libertad Avanza- tienen a Entre Ríos en agenda sin mediación ni influencia del armado libertario local. Milei irá por la gobernación entrerriana en 2027, y ¿Frigerio lo sabe? Buena parte de las decisiones que deberá tomar el gobernador en los próximos meses deben partir de esa certeza: su principal rival será un candidato con el respaldo explícito del presidente.

En ese maco, Frigerio debería ver que el ajuste de Milei complica sus posibilidades de reelección. El reciente Presupuesto nacional aprobado presenta complicaciones para el gobernador, quien busca aumentar los fondos para la Caja de Jubilaciones. Tras modificaciones en Diputados, el oficialismo en el Senado no pudo revertirlas, lo que afecta partidas clave.

Frigerio enfrenta un escenario adverso después de declaraciones de funcionarios nacionales que niegan la deuda de Entre Ríos. Acordó una transferencia provisional de $2.000 millones mensuales, pero su objetivo es incrementar esa cifra significativamente. Sin embargo, el ajuste fiscal promovido por Milei complica esta gestión, generando pesimismo en el entorno provincial.

En la última sesión del año pasado, el Senado convirtió en ley el primer Presupuesto nacional de esta era libertaria. Sin embargo, la sanción dejó un sabor agridulce en la Casa Rosada: en Diputados, la oposición logró sostener partidas sensibles, como las destinadas al sector de discapacidad, el financiamiento universitario y los subsidios para las denominadas "zonas frías". Con el recorte de subsidios, Milei le traslada el costo del ajuste a los gobernadores.

El apuro por tener el Presupuesto aprobado antes del final de las sesiones extraordinarias obligó al oficialismo a aceptar los cambios que impusieron los diputados. Tras esos cambios introducidos en la Cámara Baja, la primera reacción en la Casa Rosada fue anunciar que se revertiría en el Senado para volver al texto original. Esa estrategia implicaba que el proyecto debía regresar a Diputados, pero el tiempo le jugó en contra y los libertarios no pudieron en el Senado tocar una coma del texto que salió con media sanción de la Cámara Baja.

Los fondos restituidos para la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, que habían sido eliminados del Presupuesto 2026, representan un costo fiscal cercano al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con estimaciones de la Oficina Nacional de Presupuesto. El veto fue descartado en la Rosada. Desde el Ministerio de Economía, de Luis Caputo, admiten en privado que el ajuste tendría un destinatario concreto: las provincias.

Esta decisión de la gestión libertaria de volver a apuntar la motosierra a las provincias también funcionaría como una suerte de castigo político. En la Casa Rosada recuerdan que varios gobernadores -especialmente del norte del país- habían prometido acompañar el proyecto como salió del Ejecutivo, pero luego sus diputados votaron modificaciones. ¿Por qué Milei habría de facilitarles recursos?