". Por obvias restricciones de su línea editorial no tituló "The end of neoliberalism", pero sería el encabezado más adecuado para describir el actual panorama.
 
La crónica de The Economist ya no comparte alegrías con los lectores, sino que describe que por sexta vez desde la década del '80 el país sufre una crisis económica. No precisa, también por razones de ideología editorial, que esos derrumbes sucedieron durante proyectos políticos neoliberales: en cinco de esas seis crisis que menciona.
 
Incluye en esa enumeración la del último mandato de Cristina sólo por razones políticas, repitiendo el discurso conservador que suma ese período como parte de la debacle macrista. No fue así. En 2015 había tensiones en diferentes frentes en la economía, que requerían estrategias renovadas para atenderlas, pero no había una crisis. Sin embargo la ortodoxia liberal busca confundir acerca de que el fracaso no es de su exclusiva responsabilidad.
  
Luego de las elecciones de diciembre de 2015, Macri era uno de los principales eslabones de la reversión del proceso político de experiencias progresistas en América latina, que el análisis dominante denominó despectivamente como gobiernos populistas, y los más extremistas lo calificaron de regímenes socialistas.
 
Macri es hoy la esperanza que no fue de la derecha regional. Su derrota electoral junto a la crisis de Sebastián Piñera, en Chile, y de Lenín Moreno, en Ecuador, son señales fuertes que indican que el ciclo político conservador en la región está herido.
 
Estallidos populares en Ecuador, por el aumento del 120 por ciento en los combustibles, y en Chile, por el alza de la tarifa del transporte en subte, y la rebelión en las urnas en Argentina, con una paliza electoral de la fórmula Fernández-Fernández a la alianza macrismo-radicalismo, expresan el hastío de esas sociedades, cada una con sus particularidades, tradiciones e historias, a programas socioeconómicos de exclusión.
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Nacionales - 27-10-2019 / 10:10

El hastío popular por el ajuste neoliberal se manifestará en las urnas

El hastío popular por el ajuste neoliberal se manifestará en las urnas
Hace pocos años, el mundo conservador festejaba el nuevo ciclo político de líderes de derecha en la región, con una agenda subordinada a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. La rebelión popular en Chile y en Ecuador y la contundente derrota electoral del macrismo, son señales del agotamiento de otra experiencia neoliberal en América latina.
"The end of populism". Así saludó la revista conservadora británica The Economist el triunfo electoral de Mauricio Macri. La crónica del 26 de noviembre de 2015 comienza con los festejos. Describe que las bocinas de los autos aullaron, los petardos iluminaron el cielo y los gritos de ¡"Vamos!" resonaron entre los edificios de departamentos de estilo parisino de Buenos Aires. Hasta el propio periodista festejaba la victoria de Macri como el comienzo de "una nueva era para el país, y tal vez para América del Sur en su conjunto".
 
Casi cuatro años después, el 3 de octubre pasado, con el gobierno de Cambiemos agonizando, la economía macrista naufragando y fuerzas política de derecha en el poder acorraladas en Ecuador y en Chile, The Economist publicó "Argentina's difficult road to redemption". Por obvias restricciones de su línea editorial no tituló "The end of neoliberalism", pero sería el encabezado más adecuado para describir el actual panorama.
 
La crónica de The Economist ya no comparte alegrías con los lectores, sino que describe que por sexta vez desde la década del '80 el país sufre una crisis económica. No precisa, también por razones de ideología editorial, que esos derrumbes sucedieron durante proyectos políticos neoliberales: en cinco de esas seis crisis que menciona.
 
Incluye en esa enumeración la del último mandato de Cristina sólo por razones políticas, repitiendo el discurso conservador que suma ese período como parte de la debacle macrista. No fue así. En 2015 había tensiones en diferentes frentes en la economía, que requerían estrategias renovadas para atenderlas, pero no había una crisis. Sin embargo la ortodoxia liberal busca confundir acerca de que el fracaso no es de su exclusiva responsabilidad.
  
Luego de las elecciones de diciembre de 2015, Macri era uno de los principales eslabones de la reversión del proceso político de experiencias progresistas en América latina, que el análisis dominante denominó despectivamente como gobiernos populistas, y los más extremistas lo calificaron de regímenes socialistas.
 
Macri es hoy la esperanza que no fue de la derecha regional. Su derrota electoral junto a la crisis de Sebastián Piñera, en Chile, y de Lenín Moreno, en Ecuador, son señales fuertes que indican que el ciclo político conservador en la región está herido.
 
Estallidos populares en Ecuador, por el aumento del 120 por ciento en los combustibles, y en Chile, por el alza de la tarifa del transporte en subte, y la rebelión en las urnas en Argentina, con una paliza electoral de la fórmula Fernández-Fernández a la alianza macrismo-radicalismo, expresan el hastío de esas sociedades, cada una con sus particularidades, tradiciones e historias, a programas socioeconómicos de exclusión.

 
Límites
 
El economista Paul Segal, de la King's College London, presentó en su cuenta de Twitter una provocadora hipótesis acerca de las diferentes características de esos estallidos sociales. Escribió que "Argentina no ha explotado como Chile, a pesar de una caída mayor en el estándar de vida, porque el peronismo provee una salida constitucional para la ira. El peronismo representa, por lo tanto, la ira contra la derecha del gobierno que se traduce en política, no en violencia".
 
Es un sendero analítico que agita la modorra en la reflexión que impone el discurso convencional. Propone evaluar en clave política los cuatro años de ajuste macrista, con tarifazos de cuatro cifras, impactante caída del salario real, aumento del desempleo y asalto sobre el ingreso de los jubilados con la modificación de la movilidad.
 
La presencia de una fuerza política, pero fundamentalmente la de una líder política que, pese a la campaña para demonizarla, siguió reuniendo la adhesión de un tercio de la población, que fue la más castigada por las medidas del macrismo, actuó como contención social. La figura de CFK fue la depositaria de la esperanza de grupos sociales azotados por el ajuste de que la situación podía revertirse.
 
La intervención de organizaciones sociales y el trabajo territorial de fuerzas políticas, comunitarias y religiosas también constituyeron una red de refugio para los excluidos de la economía macrista.
 
En 2001 no había un/a político/a que reuniese las cualidades de ser una figura que despertara entusiasmo popular ni expectativas de cambio. Por ese motivo la consigna era "Que se vayan todos". Tampoco había un dispositivo de protección efectiva ni de organizaciones sociales ni de políticas del Estado (el Plan Jefes y Jefas de Hogar apareció después de la debacle, y la ampliación de la cobertura previsional y de derechos con la AUH fue desplegada durante el kirchnerismo).
 
El estallido social contra el macrismo no adquirió las características dramáticas de las calles chilenas o ecuatorianas, sino que fue por la vía del voto popular llenando las urnas con la boleta de la principal fuerza política de la oposición, y con CFK como actor clave en la construcción de esa alianza.
 
 
Agenda
  
Desde junio de 2009, con el golpe contra el presidente democrático Manuel Zelaya en Honduras, el movimiento del péndulo político hacia el cuadrante de la derecha en la región fue empujado por Estados Unidos. Fue a partir de recuperar el objetivo estratégico de atender con más dedicación cuestiones latinoamericanas, después de un tiempo en el que la Casa Blanca había concentrado la atención en Medio Oriente, motivado por el 11-S.
 
Estados Unidos no se había olvidado de América latina, sino que la había relegado en términos relativos de su agenda, para luego retomarla con la misma intensidad anterior. No lo hizo solamente por el despliegue en términos económicos y sociales del populismo, sino que, fundamentalmente, porque esos gobiernos abrieron las puertas de la región a China y Rusia, dos potencias que le disputan el liderazgo mundial.
 
Uno de los tantos mensajes explícitos, sin necesidad de bucear en conspiraciones, fue trasmitido por la entonces secretaria de Estado estadounidense, Condolezza Rice, en el gobierno de Bush, cuando alertó sobre la necesidad de "crear nuevos mecanismos para reprender a aquellos países que se apartan del camino democrático". Le preguntaron a Rice si gobiernos elegidos por el voto popular con políticas de redistribución progresiva del ingreso se "apartan del camino democrático". Ella respondió que "para Estados Unidos y los poderes locales, la respuesta es sí". Las características de ese "camino democrático" fueron definidas de acuerdo a los intereses estadounidenses. No son democráticos, entonces para Estados Unidos, los gobiernos populistas; en el caso argentino, el kirchnerista.
 
La definición del carácter democrático de los gobiernos es la forma de deslegitimar al otro, que despliegan con impunidad sectores conservadores. El macrismo ha desarrollado esa estrategia a lo largo de estos años, y desde la paliza que recibió en las elecciones PASO la ha profundizado. Es un adelanto también de la posición que tendrá Macri junto a sus aliados fundamentalistas, como Elisa Carrió, a partir de mañana mismo y que acentuará desde el próximo 10 de diciembre.
 
Alineados con esa agenda estadounidense en la región, postulan "ellos o nosotros" o "está en juego la democracia". La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, lo dijo sin inhibiciones, en una recorrida de campaña en Tigre: "El domingo se elige si vamos a tener democracia plena o no".
  
  
Populismo
  
Washington ha combatido como "amenazas" lo que representan movimientos nacionalistas, siempre bajo la excusa, primero, de la Guerra Fría, después, para garantizar la Seguridad Nacional, y, ahora en el siglo XXl, para preservar "valores democráticos".
 
Durante la década del '80, Estados Unidos cambió su enfoque de política exterior e inició una política explícita de "promoción de la democracia" en todo el mundo. En lugar de apoyar directamente a líderes de derecha autoritarios (militares), impulsó a dirigentes que abrazaran los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos e impulsaran políticas económicas neoliberales.
 
La línea argumental de numerosas investigaciones en el mundo académico y de publicaciones circulando en medios de comunicación acerca de la importancia de Estados Unidos en la región señala que sus objetivo van desde promover la democracia y los derechos humanos, fomentar el desarrollo y la justicia social, hasta combatir las influencias de actores extranjeros (China, Rusia, Irán) en América latina.
 
Para ello alientan la consolidación de instituciones sólidas y advierten que las débiles son vulnerables a la injerencia de compañías extranjeras (no estadounidenses) y a la irrupción de líderes populistas. Con ese marco conceptual y político, Estados Unidos definió explícitamente al "populismo radical" como una nueva amenaza a sus intereses, que, con la participación activa de intelectuales y actores sociales domésticos influyentes, la extendieron a cualquier tipo de populismo. Este es asociado al autoritarismo y, por lo tanto, es antidemocrático, lo que habilita a combatirlo.
 
 
Agencias
 
La National Endowment for Democracy (NED) es una organización estadounidense fundada en 1983, cuyos objetivos explícitos son ayudar a los grupos que están a favor de la democracia en Latinoamérica. Es una organización privada pero gran parte de los fondos es aportada por el Congreso de Estados Unidos. Tiene como objetivo no explícito el debilitamiento de los gobiernos, sean o no democráticos, que se oponen a los intereses de Estados Unidos.
 
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), creada en 1961 inicialmente para brindar ayuda económica, ahora también proporciona respaldo político en varias regiones del mundo. Es la institución encargada de distribuir la mayoría de la ayuda exterior de carácter no militar. Es un organismo independiente, aunque responde a los objetivos estratégicos del Departamento de Estado. Declara explícitamente que se dedica a ayudar a "los países en transición a la democracia y a fortalecer las instituciones democráticas, aprovechando los momentos críticos para expandir la libertad y la oportunidad". Aunque oficialmente no lo reconocen trabaja estrechamente con la CIA, y apoya a fuerzas políticas opositoras de gobiernos latinoamericanos que no se alinean con los intereses estadounidenses.
 
El gobierno de Estados Unidos también ha establecido un grupo que promueve la democracia en zonas del mundo devastadas por la guerra y altamente inestables: la Office for Transition Initiatives (OTI). El propósito de esa agencia es ayudar a los países a "hacer la transición del autoritarismo a la democracia, de la violencia a la paz, o después de una paz frágil", al proporcionar "asistencia rápida, flexible y de corto plazo dirigida a las necesidades clave de la transición política y estabilización". Otra agencia con la cual el Departamento de Estado influye en la región es el Bureau for Democracy, Human Rights, and Labor (DRL).
 
 
Misión
  
Este dispositivo de intervención encubre la misión de Estados Unidos de ordenar el mapa político latinoamericano de acuerdo a sus propios intereses. Lo hace bajo el supuesto de que los espacios vacíos de la democracia son ocupados por el crimen organizado, el caos social o el narcotráfico, fantasmas, además del "populismo radical", que vinieron a reemplazar el peligro del comunismo de la Guerra Fría.
 
La NED y la Usaid son dos agencias claves de ese equipo de intervención e influencia de la potencia mundial en América latina. Fueron un soporte importante de los actores de la oposición para desplazar a los líderes de centro izquierda, reunidos bajo la categoría "populistas", que fueron elegidos democráticamente.
 
Timothy M. Gill es profesor de sociología de la University of North Carolina-Wilmington y se dedica a la investigación de la política exterior de Estados Unidos. En "From promoting political polyarchy to defeating participatory democracy: U.S. foreign policy towards the far left in Latin America", publicado en el Journal of World-Systems Research (Vol. 24 Issue 1), explica que la NED y la Usaid trabajaron activamente para desestabilizar a gobiernos de "izquierda". En base a entrevistas que realizó a personas que trabajaron en NED y Usaid, a ex embajadores en países latinoamericanos y a miembros del Departamento de Estado, Gill afirma que, para cumplir con esa misión desestabilizadora, financiaron y proporcionaron asistencia técnica a ONG y partidos de la oposición.
 
A diferencia de la década del '80, Estados Unidos no trabajó para fortalecer a las instituciones democráticas existentes, sino que ayudó a partidos y fuerzas políticas para desplazar a gobiernos populistas, ya sea por golpes blandos (Honduras) y parlamentarios (Paraguay y Brasil) o por las urnas (Argentina y Ecuador).
 
El gobierno de Fernández-Fernández se topará con ese dispositivo de injerencia estadounidense, con sus ramificaciones locales, en la vida política doméstica.
 
 
Rebelión
  
Después del triunfo de Occidente en la Guerra Fría, en la década del '90 predominó en América latina líderes políticos alineados con los intereses de Estados Unidos y orientados hacia políticas neoliberales siguiendo el decálogo del denominado "Consenso de Washington". El resultado de esas políticas profundizó los problemas estructurales de América latina de subdesarrollo y desigualdad social. Las crisis económicas y sociales fueron el terreno abonado para la irrupción de liderazgos regionales que desafiaron los postulados neoliberales e implementaron políticas de redistribución progresiva del ingreso.
 
Estados Unidos fomentó entonces una nueva generación de líderes latinoamericanos de derecha, que desplegaron políticas ortodoxas, de libre comercio y predominio de las finanzas. Otra vez no pudieron exhibir resultados satisfactorios teniendo en cuenta los casos de Argentina y Ecuador.
 
El populismo se fortalece por las frustraciones de la población abrumada por la precariedad económica y por la amenazante inseguridad de lo que deparará el futuro. La apuesta estadounidense y del poder local fue que sus renovadas iniciativas, que en esencia fueron las mismas del conocido recetario neoliberal, produjeran resultados positivos de manera que otros líderes en la región prosperaran políticamente en sus propios países. Fue un desafío a uno de las frases más conocidas de Albert Einstein: si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo.
 
Macri con su coalición política y económica fue una pieza clave de esa estrategia regional, nuevamente fallida. El objetivo de Estados Unidos fue ayudar a garantizar resultados favorables de aquellos que siguieran caminos alineados con su filosofía económica y política. En ese marco se comprende con mayor densidad el apoyo financiero extraordinario del FMI a la Argentina de Macri, que ha comprometido la mitad de su cartera crediticia en un único deudor, que además ahora es insolvente.
 
Macri se abrazó a Estados Unidos, pero los resultados políticos de esa subordinación fueron negativos. La política económica regresiva, maquillada con una extraordinaria red de cobertura mediática pública y privada, donde los funcionarios dicen cualquier cosa sin ruborizarse, la alianza con Estados Unidos y con un amplio entramado del poder local en el campo judicial, mediático y económico, tuvo como saldo un derrota aplastante en la elección para presidente. El estallido popular en Argentina no fue en las calles como en Chile y en Ecuador. Fue en las urnas.
 
Por Alfredo Zaiat
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

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