". Por obvias restricciones de su línea editorial no tituló "The end of neoliberalism", pero sería el encabezado más adecuado para describir el actual panorama.
 
La crónica de The Economist ya no comparte alegrías con los lectores, sino que describe que por sexta vez desde la década del '80 el país sufre una crisis económica. No precisa, también por razones de ideología editorial, que esos derrumbes sucedieron durante proyectos políticos neoliberales: en cinco de esas seis crisis que menciona.
 
Incluye en esa enumeración la del último mandato de Cristina sólo por razones políticas, repitiendo el discurso conservador que suma ese período como parte de la debacle macrista. No fue así. En 2015 había tensiones en diferentes frentes en la economía, que requerían estrategias renovadas para atenderlas, pero no había una crisis. Sin embargo la ortodoxia liberal busca confundir acerca de que el fracaso no es de su exclusiva responsabilidad.
  
Luego de las elecciones de diciembre de 2015, Macri era uno de los principales eslabones de la reversión del proceso político de experiencias progresistas en América latina, que el análisis dominante denominó despectivamente como gobiernos populistas, y los más extremistas lo calificaron de regímenes socialistas.
 
Macri es hoy la esperanza que no fue de la derecha regional. Su derrota electoral junto a la crisis de Sebastián Piñera, en Chile, y de Lenín Moreno, en Ecuador, son señales fuertes que indican que el ciclo político conservador en la región está herido.
 
Estallidos populares en Ecuador, por el aumento del 120 por ciento en los combustibles, y en Chile, por el alza de la tarifa del transporte en subte, y la rebelión en las urnas en Argentina, con una paliza electoral de la fórmula Fernández-Fernández a la alianza macrismo-radicalismo, expresan el hastío de esas sociedades, cada una con sus particularidades, tradiciones e historias, a programas socioeconómicos de exclusión.
'/> El hastío popular por el ajuste neoliberal se manifestará en las urnas / La Opinión Popular
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                  05:53  |  Lunes 17 de Noviembre de 2013  |  Entre Ríos
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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 27-10-2019 / 10:10

El hastío popular por el ajuste neoliberal se manifestará en las urnas

El hastío popular por el ajuste neoliberal se manifestará en las urnas
Hace pocos años, el mundo conservador festejaba el nuevo ciclo político de líderes de derecha en la región, con una agenda subordinada a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. La rebelión popular en Chile y en Ecuador y la contundente derrota electoral del macrismo, son señales del agotamiento de otra experiencia neoliberal en América latina.
"The end of populism". Así saludó la revista conservadora británica The Economist el triunfo electoral de Mauricio Macri. La crónica del 26 de noviembre de 2015 comienza con los festejos. Describe que las bocinas de los autos aullaron, los petardos iluminaron el cielo y los gritos de ¡"Vamos!" resonaron entre los edificios de departamentos de estilo parisino de Buenos Aires. Hasta el propio periodista festejaba la victoria de Macri como el comienzo de "una nueva era para el país, y tal vez para América del Sur en su conjunto".
 
Casi cuatro años después, el 3 de octubre pasado, con el gobierno de Cambiemos agonizando, la economía macrista naufragando y fuerzas política de derecha en el poder acorraladas en Ecuador y en Chile, The Economist publicó "Argentina's difficult road to redemption". Por obvias restricciones de su línea editorial no tituló "The end of neoliberalism", pero sería el encabezado más adecuado para describir el actual panorama.
 
La crónica de The Economist ya no comparte alegrías con los lectores, sino que describe que por sexta vez desde la década del '80 el país sufre una crisis económica. No precisa, también por razones de ideología editorial, que esos derrumbes sucedieron durante proyectos políticos neoliberales: en cinco de esas seis crisis que menciona.
 
Incluye en esa enumeración la del último mandato de Cristina sólo por razones políticas, repitiendo el discurso conservador que suma ese período como parte de la debacle macrista. No fue así. En 2015 había tensiones en diferentes frentes en la economía, que requerían estrategias renovadas para atenderlas, pero no había una crisis. Sin embargo la ortodoxia liberal busca confundir acerca de que el fracaso no es de su exclusiva responsabilidad.
  
Luego de las elecciones de diciembre de 2015, Macri era uno de los principales eslabones de la reversión del proceso político de experiencias progresistas en América latina, que el análisis dominante denominó despectivamente como gobiernos populistas, y los más extremistas lo calificaron de regímenes socialistas.
 
Macri es hoy la esperanza que no fue de la derecha regional. Su derrota electoral junto a la crisis de Sebastián Piñera, en Chile, y de Lenín Moreno, en Ecuador, son señales fuertes que indican que el ciclo político conservador en la región está herido.
 
Estallidos populares en Ecuador, por el aumento del 120 por ciento en los combustibles, y en Chile, por el alza de la tarifa del transporte en subte, y la rebelión en las urnas en Argentina, con una paliza electoral de la fórmula Fernández-Fernández a la alianza macrismo-radicalismo, expresan el hastío de esas sociedades, cada una con sus particularidades, tradiciones e historias, a programas socioeconómicos de exclusión.

 
Límites
 
El economista Paul Segal, de la King's College London, presentó en su cuenta de Twitter una provocadora hipótesis acerca de las diferentes características de esos estallidos sociales. Escribió que "Argentina no ha explotado como Chile, a pesar de una caída mayor en el estándar de vida, porque el peronismo provee una salida constitucional para la ira. El peronismo representa, por lo tanto, la ira contra la derecha del gobierno que se traduce en política, no en violencia".
 
Es un sendero analítico que agita la modorra en la reflexión que impone el discurso convencional. Propone evaluar en clave política los cuatro años de ajuste macrista, con tarifazos de cuatro cifras, impactante caída del salario real, aumento del desempleo y asalto sobre el ingreso de los jubilados con la modificación de la movilidad.
 
La presencia de una fuerza política, pero fundamentalmente la de una líder política que, pese a la campaña para demonizarla, siguió reuniendo la adhesión de un tercio de la población, que fue la más castigada por las medidas del macrismo, actuó como contención social. La figura de CFK fue la depositaria de la esperanza de grupos sociales azotados por el ajuste de que la situación podía revertirse.
 
La intervención de organizaciones sociales y el trabajo territorial de fuerzas políticas, comunitarias y religiosas también constituyeron una red de refugio para los excluidos de la economía macrista.
 
En 2001 no había un/a político/a que reuniese las cualidades de ser una figura que despertara entusiasmo popular ni expectativas de cambio. Por ese motivo la consigna era "Que se vayan todos". Tampoco había un dispositivo de protección efectiva ni de organizaciones sociales ni de políticas del Estado (el Plan Jefes y Jefas de Hogar apareció después de la debacle, y la ampliación de la cobertura previsional y de derechos con la AUH fue desplegada durante el kirchnerismo).
 
El estallido social contra el macrismo no adquirió las características dramáticas de las calles chilenas o ecuatorianas, sino que fue por la vía del voto popular llenando las urnas con la boleta de la principal fuerza política de la oposición, y con CFK como actor clave en la construcción de esa alianza.
 
 
Agenda
  
Desde junio de 2009, con el golpe contra el presidente democrático Manuel Zelaya en Honduras, el movimiento del péndulo político hacia el cuadrante de la derecha en la región fue empujado por Estados Unidos. Fue a partir de recuperar el objetivo estratégico de atender con más dedicación cuestiones latinoamericanas, después de un tiempo en el que la Casa Blanca había concentrado la atención en Medio Oriente, motivado por el 11-S.
 
Estados Unidos no se había olvidado de América latina, sino que la había relegado en términos relativos de su agenda, para luego retomarla con la misma intensidad anterior. No lo hizo solamente por el despliegue en términos económicos y sociales del populismo, sino que, fundamentalmente, porque esos gobiernos abrieron las puertas de la región a China y Rusia, dos potencias que le disputan el liderazgo mundial.
 
Uno de los tantos mensajes explícitos, sin necesidad de bucear en conspiraciones, fue trasmitido por la entonces secretaria de Estado estadounidense, Condolezza Rice, en el gobierno de Bush, cuando alertó sobre la necesidad de "crear nuevos mecanismos para reprender a aquellos países que se apartan del camino democrático". Le preguntaron a Rice si gobiernos elegidos por el voto popular con políticas de redistribución progresiva del ingreso se "apartan del camino democrático". Ella respondió que "para Estados Unidos y los poderes locales, la respuesta es sí". Las características de ese "camino democrático" fueron definidas de acuerdo a los intereses estadounidenses. No son democráticos, entonces para Estados Unidos, los gobiernos populistas; en el caso argentino, el kirchnerista.
 
La definición del carácter democrático de los gobiernos es la forma de deslegitimar al otro, que despliegan con impunidad sectores conservadores. El macrismo ha desarrollado esa estrategia a lo largo de estos años, y desde la paliza que recibió en las elecciones PASO la ha profundizado. Es un adelanto también de la posición que tendrá Macri junto a sus aliados fundamentalistas, como Elisa Carrió, a partir de mañana mismo y que acentuará desde el próximo 10 de diciembre.
 
Alineados con esa agenda estadounidense en la región, postulan "ellos o nosotros" o "está en juego la democracia". La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, lo dijo sin inhibiciones, en una recorrida de campaña en Tigre: "El domingo se elige si vamos a tener democracia plena o no".
  
  
Populismo
  
Washington ha combatido como "amenazas" lo que representan movimientos nacionalistas, siempre bajo la excusa, primero, de la Guerra Fría, después, para garantizar la Seguridad Nacional, y, ahora en el siglo XXl, para preservar "valores democráticos".
 
Durante la década del '80, Estados Unidos cambió su enfoque de política exterior e inició una política explícita de "promoción de la democracia" en todo el mundo. En lugar de apoyar directamente a líderes de derecha autoritarios (militares), impulsó a dirigentes que abrazaran los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos e impulsaran políticas económicas neoliberales.
 
La línea argumental de numerosas investigaciones en el mundo académico y de publicaciones circulando en medios de comunicación acerca de la importancia de Estados Unidos en la región señala que sus objetivo van desde promover la democracia y los derechos humanos, fomentar el desarrollo y la justicia social, hasta combatir las influencias de actores extranjeros (China, Rusia, Irán) en América latina.
 
Para ello alientan la consolidación de instituciones sólidas y advierten que las débiles son vulnerables a la injerencia de compañías extranjeras (no estadounidenses) y a la irrupción de líderes populistas. Con ese marco conceptual y político, Estados Unidos definió explícitamente al "populismo radical" como una nueva amenaza a sus intereses, que, con la participación activa de intelectuales y actores sociales domésticos influyentes, la extendieron a cualquier tipo de populismo. Este es asociado al autoritarismo y, por lo tanto, es antidemocrático, lo que habilita a combatirlo.
 
 
Agencias
 
La National Endowment for Democracy (NED) es una organización estadounidense fundada en 1983, cuyos objetivos explícitos son ayudar a los grupos que están a favor de la democracia en Latinoamérica. Es una organización privada pero gran parte de los fondos es aportada por el Congreso de Estados Unidos. Tiene como objetivo no explícito el debilitamiento de los gobiernos, sean o no democráticos, que se oponen a los intereses de Estados Unidos.
 
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), creada en 1961 inicialmente para brindar ayuda económica, ahora también proporciona respaldo político en varias regiones del mundo. Es la institución encargada de distribuir la mayoría de la ayuda exterior de carácter no militar. Es un organismo independiente, aunque responde a los objetivos estratégicos del Departamento de Estado. Declara explícitamente que se dedica a ayudar a "los países en transición a la democracia y a fortalecer las instituciones democráticas, aprovechando los momentos críticos para expandir la libertad y la oportunidad". Aunque oficialmente no lo reconocen trabaja estrechamente con la CIA, y apoya a fuerzas políticas opositoras de gobiernos latinoamericanos que no se alinean con los intereses estadounidenses.
 
El gobierno de Estados Unidos también ha establecido un grupo que promueve la democracia en zonas del mundo devastadas por la guerra y altamente inestables: la Office for Transition Initiatives (OTI). El propósito de esa agencia es ayudar a los países a "hacer la transición del autoritarismo a la democracia, de la violencia a la paz, o después de una paz frágil", al proporcionar "asistencia rápida, flexible y de corto plazo dirigida a las necesidades clave de la transición política y estabilización". Otra agencia con la cual el Departamento de Estado influye en la región es el Bureau for Democracy, Human Rights, and Labor (DRL).
 
 
Misión
  
Este dispositivo de intervención encubre la misión de Estados Unidos de ordenar el mapa político latinoamericano de acuerdo a sus propios intereses. Lo hace bajo el supuesto de que los espacios vacíos de la democracia son ocupados por el crimen organizado, el caos social o el narcotráfico, fantasmas, además del "populismo radical", que vinieron a reemplazar el peligro del comunismo de la Guerra Fría.
 
La NED y la Usaid son dos agencias claves de ese equipo de intervención e influencia de la potencia mundial en América latina. Fueron un soporte importante de los actores de la oposición para desplazar a los líderes de centro izquierda, reunidos bajo la categoría "populistas", que fueron elegidos democráticamente.
 
Timothy M. Gill es profesor de sociología de la University of North Carolina-Wilmington y se dedica a la investigación de la política exterior de Estados Unidos. En "From promoting political polyarchy to defeating participatory democracy: U.S. foreign policy towards the far left in Latin America", publicado en el Journal of World-Systems Research (Vol. 24 Issue 1), explica que la NED y la Usaid trabajaron activamente para desestabilizar a gobiernos de "izquierda". En base a entrevistas que realizó a personas que trabajaron en NED y Usaid, a ex embajadores en países latinoamericanos y a miembros del Departamento de Estado, Gill afirma que, para cumplir con esa misión desestabilizadora, financiaron y proporcionaron asistencia técnica a ONG y partidos de la oposición.
 
A diferencia de la década del '80, Estados Unidos no trabajó para fortalecer a las instituciones democráticas existentes, sino que ayudó a partidos y fuerzas políticas para desplazar a gobiernos populistas, ya sea por golpes blandos (Honduras) y parlamentarios (Paraguay y Brasil) o por las urnas (Argentina y Ecuador).
 
El gobierno de Fernández-Fernández se topará con ese dispositivo de injerencia estadounidense, con sus ramificaciones locales, en la vida política doméstica.
 
 
Rebelión
  
Después del triunfo de Occidente en la Guerra Fría, en la década del '90 predominó en América latina líderes políticos alineados con los intereses de Estados Unidos y orientados hacia políticas neoliberales siguiendo el decálogo del denominado "Consenso de Washington". El resultado de esas políticas profundizó los problemas estructurales de América latina de subdesarrollo y desigualdad social. Las crisis económicas y sociales fueron el terreno abonado para la irrupción de liderazgos regionales que desafiaron los postulados neoliberales e implementaron políticas de redistribución progresiva del ingreso.
 
Estados Unidos fomentó entonces una nueva generación de líderes latinoamericanos de derecha, que desplegaron políticas ortodoxas, de libre comercio y predominio de las finanzas. Otra vez no pudieron exhibir resultados satisfactorios teniendo en cuenta los casos de Argentina y Ecuador.
 
El populismo se fortalece por las frustraciones de la población abrumada por la precariedad económica y por la amenazante inseguridad de lo que deparará el futuro. La apuesta estadounidense y del poder local fue que sus renovadas iniciativas, que en esencia fueron las mismas del conocido recetario neoliberal, produjeran resultados positivos de manera que otros líderes en la región prosperaran políticamente en sus propios países. Fue un desafío a uno de las frases más conocidas de Albert Einstein: si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo.
 
Macri con su coalición política y económica fue una pieza clave de esa estrategia regional, nuevamente fallida. El objetivo de Estados Unidos fue ayudar a garantizar resultados favorables de aquellos que siguieran caminos alineados con su filosofía económica y política. En ese marco se comprende con mayor densidad el apoyo financiero extraordinario del FMI a la Argentina de Macri, que ha comprometido la mitad de su cartera crediticia en un único deudor, que además ahora es insolvente.
 
Macri se abrazó a Estados Unidos, pero los resultados políticos de esa subordinación fueron negativos. La política económica regresiva, maquillada con una extraordinaria red de cobertura mediática pública y privada, donde los funcionarios dicen cualquier cosa sin ruborizarse, la alianza con Estados Unidos y con un amplio entramado del poder local en el campo judicial, mediático y económico, tuvo como saldo un derrota aplastante en la elección para presidente. El estallido popular en Argentina no fue en las calles como en Chile y en Ecuador. Fue en las urnas.
 
Por Alfredo Zaiat
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
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