". Por obvias restricciones de su línea editorial no tituló "The end of neoliberalism", pero sería el encabezado más adecuado para describir el actual panorama.
 
La crónica de The Economist ya no comparte alegrías con los lectores, sino que describe que por sexta vez desde la década del '80 el país sufre una crisis económica. No precisa, también por razones de ideología editorial, que esos derrumbes sucedieron durante proyectos políticos neoliberales: en cinco de esas seis crisis que menciona.
 
Incluye en esa enumeración la del último mandato de Cristina sólo por razones políticas, repitiendo el discurso conservador que suma ese período como parte de la debacle macrista. No fue así. En 2015 había tensiones en diferentes frentes en la economía, que requerían estrategias renovadas para atenderlas, pero no había una crisis. Sin embargo la ortodoxia liberal busca confundir acerca de que el fracaso no es de su exclusiva responsabilidad.
  
Luego de las elecciones de diciembre de 2015, Macri era uno de los principales eslabones de la reversión del proceso político de experiencias progresistas en América latina, que el análisis dominante denominó despectivamente como gobiernos populistas, y los más extremistas lo calificaron de regímenes socialistas.
 
Macri es hoy la esperanza que no fue de la derecha regional. Su derrota electoral junto a la crisis de Sebastián Piñera, en Chile, y de Lenín Moreno, en Ecuador, son señales fuertes que indican que el ciclo político conservador en la región está herido.
 
Estallidos populares en Ecuador, por el aumento del 120 por ciento en los combustibles, y en Chile, por el alza de la tarifa del transporte en subte, y la rebelión en las urnas en Argentina, con una paliza electoral de la fórmula Fernández-Fernández a la alianza macrismo-radicalismo, expresan el hastío de esas sociedades, cada una con sus particularidades, tradiciones e historias, a programas socioeconómicos de exclusión.
'/> El hastío popular por el ajuste neoliberal se manifestará en las urnas / La Opinión Popular
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                  13:48  |  Domingo 21 de Diciembre de 2013  |  Entre Ríos
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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 27-10-2019 / 10:10

El hastío popular por el ajuste neoliberal se manifestará en las urnas

El hastío popular por el ajuste neoliberal se manifestará en las urnas
Hace pocos años, el mundo conservador festejaba el nuevo ciclo político de líderes de derecha en la región, con una agenda subordinada a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. La rebelión popular en Chile y en Ecuador y la contundente derrota electoral del macrismo, son señales del agotamiento de otra experiencia neoliberal en América latina.
"The end of populism". Así saludó la revista conservadora británica The Economist el triunfo electoral de Mauricio Macri. La crónica del 26 de noviembre de 2015 comienza con los festejos. Describe que las bocinas de los autos aullaron, los petardos iluminaron el cielo y los gritos de ¡"Vamos!" resonaron entre los edificios de departamentos de estilo parisino de Buenos Aires. Hasta el propio periodista festejaba la victoria de Macri como el comienzo de "una nueva era para el país, y tal vez para América del Sur en su conjunto".
 
Casi cuatro años después, el 3 de octubre pasado, con el gobierno de Cambiemos agonizando, la economía macrista naufragando y fuerzas política de derecha en el poder acorraladas en Ecuador y en Chile, The Economist publicó "Argentina's difficult road to redemption". Por obvias restricciones de su línea editorial no tituló "The end of neoliberalism", pero sería el encabezado más adecuado para describir el actual panorama.
 
La crónica de The Economist ya no comparte alegrías con los lectores, sino que describe que por sexta vez desde la década del '80 el país sufre una crisis económica. No precisa, también por razones de ideología editorial, que esos derrumbes sucedieron durante proyectos políticos neoliberales: en cinco de esas seis crisis que menciona.
 
Incluye en esa enumeración la del último mandato de Cristina sólo por razones políticas, repitiendo el discurso conservador que suma ese período como parte de la debacle macrista. No fue así. En 2015 había tensiones en diferentes frentes en la economía, que requerían estrategias renovadas para atenderlas, pero no había una crisis. Sin embargo la ortodoxia liberal busca confundir acerca de que el fracaso no es de su exclusiva responsabilidad.
  
Luego de las elecciones de diciembre de 2015, Macri era uno de los principales eslabones de la reversión del proceso político de experiencias progresistas en América latina, que el análisis dominante denominó despectivamente como gobiernos populistas, y los más extremistas lo calificaron de regímenes socialistas.
 
Macri es hoy la esperanza que no fue de la derecha regional. Su derrota electoral junto a la crisis de Sebastián Piñera, en Chile, y de Lenín Moreno, en Ecuador, son señales fuertes que indican que el ciclo político conservador en la región está herido.
 
Estallidos populares en Ecuador, por el aumento del 120 por ciento en los combustibles, y en Chile, por el alza de la tarifa del transporte en subte, y la rebelión en las urnas en Argentina, con una paliza electoral de la fórmula Fernández-Fernández a la alianza macrismo-radicalismo, expresan el hastío de esas sociedades, cada una con sus particularidades, tradiciones e historias, a programas socioeconómicos de exclusión.

 
Límites
 
El economista Paul Segal, de la King's College London, presentó en su cuenta de Twitter una provocadora hipótesis acerca de las diferentes características de esos estallidos sociales. Escribió que "Argentina no ha explotado como Chile, a pesar de una caída mayor en el estándar de vida, porque el peronismo provee una salida constitucional para la ira. El peronismo representa, por lo tanto, la ira contra la derecha del gobierno que se traduce en política, no en violencia".
 
Es un sendero analítico que agita la modorra en la reflexión que impone el discurso convencional. Propone evaluar en clave política los cuatro años de ajuste macrista, con tarifazos de cuatro cifras, impactante caída del salario real, aumento del desempleo y asalto sobre el ingreso de los jubilados con la modificación de la movilidad.
 
La presencia de una fuerza política, pero fundamentalmente la de una líder política que, pese a la campaña para demonizarla, siguió reuniendo la adhesión de un tercio de la población, que fue la más castigada por las medidas del macrismo, actuó como contención social. La figura de CFK fue la depositaria de la esperanza de grupos sociales azotados por el ajuste de que la situación podía revertirse.
 
La intervención de organizaciones sociales y el trabajo territorial de fuerzas políticas, comunitarias y religiosas también constituyeron una red de refugio para los excluidos de la economía macrista.
 
En 2001 no había un/a político/a que reuniese las cualidades de ser una figura que despertara entusiasmo popular ni expectativas de cambio. Por ese motivo la consigna era "Que se vayan todos". Tampoco había un dispositivo de protección efectiva ni de organizaciones sociales ni de políticas del Estado (el Plan Jefes y Jefas de Hogar apareció después de la debacle, y la ampliación de la cobertura previsional y de derechos con la AUH fue desplegada durante el kirchnerismo).
 
El estallido social contra el macrismo no adquirió las características dramáticas de las calles chilenas o ecuatorianas, sino que fue por la vía del voto popular llenando las urnas con la boleta de la principal fuerza política de la oposición, y con CFK como actor clave en la construcción de esa alianza.
 
 
Agenda
  
Desde junio de 2009, con el golpe contra el presidente democrático Manuel Zelaya en Honduras, el movimiento del péndulo político hacia el cuadrante de la derecha en la región fue empujado por Estados Unidos. Fue a partir de recuperar el objetivo estratégico de atender con más dedicación cuestiones latinoamericanas, después de un tiempo en el que la Casa Blanca había concentrado la atención en Medio Oriente, motivado por el 11-S.
 
Estados Unidos no se había olvidado de América latina, sino que la había relegado en términos relativos de su agenda, para luego retomarla con la misma intensidad anterior. No lo hizo solamente por el despliegue en términos económicos y sociales del populismo, sino que, fundamentalmente, porque esos gobiernos abrieron las puertas de la región a China y Rusia, dos potencias que le disputan el liderazgo mundial.
 
Uno de los tantos mensajes explícitos, sin necesidad de bucear en conspiraciones, fue trasmitido por la entonces secretaria de Estado estadounidense, Condolezza Rice, en el gobierno de Bush, cuando alertó sobre la necesidad de "crear nuevos mecanismos para reprender a aquellos países que se apartan del camino democrático". Le preguntaron a Rice si gobiernos elegidos por el voto popular con políticas de redistribución progresiva del ingreso se "apartan del camino democrático". Ella respondió que "para Estados Unidos y los poderes locales, la respuesta es sí". Las características de ese "camino democrático" fueron definidas de acuerdo a los intereses estadounidenses. No son democráticos, entonces para Estados Unidos, los gobiernos populistas; en el caso argentino, el kirchnerista.
 
La definición del carácter democrático de los gobiernos es la forma de deslegitimar al otro, que despliegan con impunidad sectores conservadores. El macrismo ha desarrollado esa estrategia a lo largo de estos años, y desde la paliza que recibió en las elecciones PASO la ha profundizado. Es un adelanto también de la posición que tendrá Macri junto a sus aliados fundamentalistas, como Elisa Carrió, a partir de mañana mismo y que acentuará desde el próximo 10 de diciembre.
 
Alineados con esa agenda estadounidense en la región, postulan "ellos o nosotros" o "está en juego la democracia". La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, lo dijo sin inhibiciones, en una recorrida de campaña en Tigre: "El domingo se elige si vamos a tener democracia plena o no".
  
  
Populismo
  
Washington ha combatido como "amenazas" lo que representan movimientos nacionalistas, siempre bajo la excusa, primero, de la Guerra Fría, después, para garantizar la Seguridad Nacional, y, ahora en el siglo XXl, para preservar "valores democráticos".
 
Durante la década del '80, Estados Unidos cambió su enfoque de política exterior e inició una política explícita de "promoción de la democracia" en todo el mundo. En lugar de apoyar directamente a líderes de derecha autoritarios (militares), impulsó a dirigentes que abrazaran los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos e impulsaran políticas económicas neoliberales.
 
La línea argumental de numerosas investigaciones en el mundo académico y de publicaciones circulando en medios de comunicación acerca de la importancia de Estados Unidos en la región señala que sus objetivo van desde promover la democracia y los derechos humanos, fomentar el desarrollo y la justicia social, hasta combatir las influencias de actores extranjeros (China, Rusia, Irán) en América latina.
 
Para ello alientan la consolidación de instituciones sólidas y advierten que las débiles son vulnerables a la injerencia de compañías extranjeras (no estadounidenses) y a la irrupción de líderes populistas. Con ese marco conceptual y político, Estados Unidos definió explícitamente al "populismo radical" como una nueva amenaza a sus intereses, que, con la participación activa de intelectuales y actores sociales domésticos influyentes, la extendieron a cualquier tipo de populismo. Este es asociado al autoritarismo y, por lo tanto, es antidemocrático, lo que habilita a combatirlo.
 
 
Agencias
 
La National Endowment for Democracy (NED) es una organización estadounidense fundada en 1983, cuyos objetivos explícitos son ayudar a los grupos que están a favor de la democracia en Latinoamérica. Es una organización privada pero gran parte de los fondos es aportada por el Congreso de Estados Unidos. Tiene como objetivo no explícito el debilitamiento de los gobiernos, sean o no democráticos, que se oponen a los intereses de Estados Unidos.
 
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), creada en 1961 inicialmente para brindar ayuda económica, ahora también proporciona respaldo político en varias regiones del mundo. Es la institución encargada de distribuir la mayoría de la ayuda exterior de carácter no militar. Es un organismo independiente, aunque responde a los objetivos estratégicos del Departamento de Estado. Declara explícitamente que se dedica a ayudar a "los países en transición a la democracia y a fortalecer las instituciones democráticas, aprovechando los momentos críticos para expandir la libertad y la oportunidad". Aunque oficialmente no lo reconocen trabaja estrechamente con la CIA, y apoya a fuerzas políticas opositoras de gobiernos latinoamericanos que no se alinean con los intereses estadounidenses.
 
El gobierno de Estados Unidos también ha establecido un grupo que promueve la democracia en zonas del mundo devastadas por la guerra y altamente inestables: la Office for Transition Initiatives (OTI). El propósito de esa agencia es ayudar a los países a "hacer la transición del autoritarismo a la democracia, de la violencia a la paz, o después de una paz frágil", al proporcionar "asistencia rápida, flexible y de corto plazo dirigida a las necesidades clave de la transición política y estabilización". Otra agencia con la cual el Departamento de Estado influye en la región es el Bureau for Democracy, Human Rights, and Labor (DRL).
 
 
Misión
  
Este dispositivo de intervención encubre la misión de Estados Unidos de ordenar el mapa político latinoamericano de acuerdo a sus propios intereses. Lo hace bajo el supuesto de que los espacios vacíos de la democracia son ocupados por el crimen organizado, el caos social o el narcotráfico, fantasmas, además del "populismo radical", que vinieron a reemplazar el peligro del comunismo de la Guerra Fría.
 
La NED y la Usaid son dos agencias claves de ese equipo de intervención e influencia de la potencia mundial en América latina. Fueron un soporte importante de los actores de la oposición para desplazar a los líderes de centro izquierda, reunidos bajo la categoría "populistas", que fueron elegidos democráticamente.
 
Timothy M. Gill es profesor de sociología de la University of North Carolina-Wilmington y se dedica a la investigación de la política exterior de Estados Unidos. En "From promoting political polyarchy to defeating participatory democracy: U.S. foreign policy towards the far left in Latin America", publicado en el Journal of World-Systems Research (Vol. 24 Issue 1), explica que la NED y la Usaid trabajaron activamente para desestabilizar a gobiernos de "izquierda". En base a entrevistas que realizó a personas que trabajaron en NED y Usaid, a ex embajadores en países latinoamericanos y a miembros del Departamento de Estado, Gill afirma que, para cumplir con esa misión desestabilizadora, financiaron y proporcionaron asistencia técnica a ONG y partidos de la oposición.
 
A diferencia de la década del '80, Estados Unidos no trabajó para fortalecer a las instituciones democráticas existentes, sino que ayudó a partidos y fuerzas políticas para desplazar a gobiernos populistas, ya sea por golpes blandos (Honduras) y parlamentarios (Paraguay y Brasil) o por las urnas (Argentina y Ecuador).
 
El gobierno de Fernández-Fernández se topará con ese dispositivo de injerencia estadounidense, con sus ramificaciones locales, en la vida política doméstica.
 
 
Rebelión
  
Después del triunfo de Occidente en la Guerra Fría, en la década del '90 predominó en América latina líderes políticos alineados con los intereses de Estados Unidos y orientados hacia políticas neoliberales siguiendo el decálogo del denominado "Consenso de Washington". El resultado de esas políticas profundizó los problemas estructurales de América latina de subdesarrollo y desigualdad social. Las crisis económicas y sociales fueron el terreno abonado para la irrupción de liderazgos regionales que desafiaron los postulados neoliberales e implementaron políticas de redistribución progresiva del ingreso.
 
Estados Unidos fomentó entonces una nueva generación de líderes latinoamericanos de derecha, que desplegaron políticas ortodoxas, de libre comercio y predominio de las finanzas. Otra vez no pudieron exhibir resultados satisfactorios teniendo en cuenta los casos de Argentina y Ecuador.
 
El populismo se fortalece por las frustraciones de la población abrumada por la precariedad económica y por la amenazante inseguridad de lo que deparará el futuro. La apuesta estadounidense y del poder local fue que sus renovadas iniciativas, que en esencia fueron las mismas del conocido recetario neoliberal, produjeran resultados positivos de manera que otros líderes en la región prosperaran políticamente en sus propios países. Fue un desafío a uno de las frases más conocidas de Albert Einstein: si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo.
 
Macri con su coalición política y económica fue una pieza clave de esa estrategia regional, nuevamente fallida. El objetivo de Estados Unidos fue ayudar a garantizar resultados favorables de aquellos que siguieran caminos alineados con su filosofía económica y política. En ese marco se comprende con mayor densidad el apoyo financiero extraordinario del FMI a la Argentina de Macri, que ha comprometido la mitad de su cartera crediticia en un único deudor, que además ahora es insolvente.
 
Macri se abrazó a Estados Unidos, pero los resultados políticos de esa subordinación fueron negativos. La política económica regresiva, maquillada con una extraordinaria red de cobertura mediática pública y privada, donde los funcionarios dicen cualquier cosa sin ruborizarse, la alianza con Estados Unidos y con un amplio entramado del poder local en el campo judicial, mediático y económico, tuvo como saldo un derrota aplastante en la elección para presidente. El estallido popular en Argentina no fue en las calles como en Chile y en Ecuador. Fue en las urnas.
 
Por Alfredo Zaiat
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

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