La Opinión Popular
                  08:33  |  Sabado 21 de Febrero de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
Recomendar Imprimir
Nacionales - 26-10-2019 / 10:10
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

El neoliberalismo de Piñera, Macri y Bolsonaro en jaque en el escenario regional

El neoliberalismo de Piñera, Macri y Bolsonaro en jaque en el escenario regional
El viernes se cumplió el octavo día consecutivo de protestas a nivel nacional con la mayor marcha en la historia de Chile. Las demandas van por una vida digna y atraviesan todo el tejido social. Apuntan a un cambio a la estructura: que a los escolares no se les estigmatice ni se les criminalice, que los universitarios no salgan al campo laboral con deudas que deban pagar en veinte o treinta años. Que el sueldo de los adultos les permita vivir y no sobrevivir. Que los abuelos y abuelas no tengan que trabajar porque las pensiones se les acaben en la compra mensual de medicamentos. En otras palabras, fue el despertar de todos contra el neoliberalismo.
La rebelión en Chile y las PASO en Argentina destruyeron dos mitos centrales del neoliberalismo en la región: el modelo de país y el Che del libre mercado. Ni el modelo ni ese Che de pacotilla se sostuvieron.
 
Estos dos fenómenos más la rebelión popular en Ecuador, el triunfo indiscutible de Evo en Bolivia en primera vuelta, después de doce años de gobierno, más el posible triunfo mañana de Daniel Martínez, el candidato de un Frente Amplio que gobierna Uruguay desde hace 15 años, y la sintonía de estos movimientos con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dibujan la frontera estrecha del neoliberalismo en el continente, que tampoco pudo avanzar sobre Venezuela ni Cuba.
 
El escenario regional tiene un mensaje claro: un modelo de exclusión como es el neoliberal no se sostiene sin la resignación de los excluidos que no se puede lograr ni siquiera con la artillería pesada de las corporaciones mediáticas.
 
Chile vivió bajo dictadura formal y de fondo desde 1973 hasta 1990, pero la dictadura de hecho siguió hasta la muerte de Pinochet en 2006. No es la primera vez que se escucha la voz de la protesta en las calles. Los estudiantes se levantaron contra el costo altísimo de la educación y los mapuches por la devolución de sus tierras.
 
Ninguno de los gobiernos, incluyendo a los socialistas, hicieron nada por resolver esos reclamos. Pero no es solamente responsabilidad de los políticos. La sociedad chilena fue sometida durante tantos años a la figura aplastante de Pinochet como amo indiscutible de un sentido común que se reivindicaba como el Dios severo del Primer Testamento.
 
Y en contrapartida se alimentó una mitología difamatoria contra el primer presidente socialista del continente: Salvador Allende. Fue una regla hasta la muerte de Pinochet. Se podía hablar de cualquier tema, menos elogiar al gobierno y a la figura de Allende. Una máxima que aceptó incluso una parte de la izquierda para legitimar su intervención en la política.
 
La difamación de Allende fue muy parecida a la que se hizo contra Perón en Argentina y a la que se desató más tarde contra el kirchnerismo. Al viajero que había conocido al Chile altamente politizado de Allende le resultaba disonante y hasta ofensivo escuchar los mitos burdos que la gente común, el taxista, el verdulero, el mozo del restaurante comentaban de Allende, que fue uno de los políticos más democráticos que tuvo Chile.
 
Para los argentinos es válido hacer una equivalencia con la Córdoba culta y altamente politizada de los Cordobazos y la actual, ultraconservadora y derechista después del imperio sangriento del general Luciano Benjamín Menéndez que se mantuvo durante muchos años tras la caída de la dictadura. Una expresión de esa inercia posdictadura ha sido el ministro Oscar Aguad, alias "el milico", cortesano de Menéndez y, más recientemente, de Mauricio Macri.

 
La construcción del Pinochet, padre severo, y del Allende populista autoritario y disoluto, fue una tarea de las corporaciones mediáticas chilenas, tanto de los medios amarillistas populares, como los supuestamente "serios" como "El Mercurio".
 
No fueron siete años de dictadura como aquí, sino 33 años de bombardeo sistemático al tiempo que la política económica de la dictadura formateaba una nueva burguesía reaccionaria ligada a los Estados Unidos.
 
La difamación de Allende, igual que la de Perón y el kirchnerismo, buscaba deslegitimar cualquier política de justicia social. Así, el político que hiciera promesas legítimas de justicia social, pasaba a convertirse en poco serio, un mentiroso, un chanta de cuarta. Es una parte del dogma.
 
La otra cara es la meritocracia que intenta convencer al pueblo a resignarse, que cada quien tiene lo que se merece, los pobres, como los ricos, que los derechos como la educación o la salud, son regalos demagógicos.
 
La clase política se encuadró en ese dogma que es incapaz de dar respuesta al reclamo popular. Y ahora se topa con una inmensa movilización, casi espontánea, que levanta reclamos básicos: el costo de la salud, de la educación, del transporte, de los servicios, los bajos salarios y las jubilaciones de hambre.
 
Cada uno de esos reclamos que ahora incendiaron Chile, eran el orgullo de los exégetas del modelo que presumían de haber convertido en grandes negocios para ellos a las jubilaciones privadas, la educación privada, la salud privada, y los bajos salarios y la ausencia de derechos laborales. El modelo neoliberal chileno se sostiene en esas y otras injusticias y por eso era exhibido como un ejemplo para los demás países de la región.
 
Ahora se lo puede exhibir para lo contrario. Ni siquiera alcanzó con más de treinta años de reventarle la cabeza a la gente. Es una lección para la clase política y también para los empresarios chilenos incapaces de comprender los derechos de los trabajadores. Al punto que fue un empresario chileno, el dueño de café Cabrales, quien se convirtió aquí en Argentina en el más entusiasta impulsor de la reforma laboral macrista.
 
En Argentina el proceso es similar en algunos sentidos. Porque en un primer momento, Mauricio Macri fue presentado ante el mundo como un héroe del neoliberalismo, el Che de la burguesía, capaz de derrotar en las urnas a un gobierno popular. Las PASO acabaron con esa imagen que en el mundo ya estaba desprestigiada desde los Panamá papers
 
Macri fue sostenido por grandes empresarios que fueron favorecidos en los gobiernos kirchneristas a los que boicotearon. Y fueron destrozados por el neoliberalismo que respaldaron. Tendrían que hacer una reflexión más seria sobre el dogmatismo en relación con su pensamiento.
 
Y tienen que afrontar una realidad. Los postulados neoliberales generan grandes desigualdades y, por lo tanto, sociedades muy inestables, que cuando se caen los arrastra también a ellos. Tienen que aceptar la realidad y en consecuencia cambiar la forma de pensar, sin que eso signifique dejar de ser empresarios.
 
La rebelión popular en Ecuador cuando se empezaban a aplicar políticas reclamadas por el Fondo Monetario, también fue en un proceso similar al argentino. Lenin Moreno se quedó sin fondos y sin banca y tuvo que recurrir al FMI que cedió un préstamo a cambio de un interés real y otro más real pero que juega en el plano de lo simbólico, que son las exigencias.
 
El hombre que traicionó a Rafael Correa, el presidente que le transfirió sus votos y lo proclamó como su candidato, quiso aumentar el precio de los combustibles y se produjo una pueblada. Moreno dio marcha atrás pero su destino en la política terminó en esa rebelión popular.
 
El papel que jugó la OEA en Bolivia genera inquietud sobre otros procesos electorales, entre ellos, el argentino que tendrá lugar mañana. La derecha apostó todo a pasar a segunda vuelta, apoyándose en el voto de las grandes ciudades. Era lógico que los votos rurales llegaran más tarde y que modificaran los primeros resultados. Pero la derecha se movilizó desde el principio del escrutinio para denunciar un supuesto fraude.
 
La estrategia fue tan burda que se verificó incluso en Argentina donde antes de finalizado el escrutinio, Clarín y La Nación decían que habría segunda vuelta. La OEA, se sumó entonces al reclamo de la derecha, pero a pesar de haber fiscalizado el proceso electoral, no tenía pruebas de que se hubiera realizado fraude.
 
Entonces dijo que, si bien el escrutinio señalaba que Evo había sobrepasado los diez puntos de diferencia sobre su competidor --lo que lo daba como ganador en primera vuelta--, como solamente habían sido unos decimales, lo mejor era pasar a segunda vuelta.
 
Las centrales obreras y campesinas se movilizaron a favor de Evo. Sin pruebas de fraude que respaldara las denuncias, en todo el mundo empezaron a reconocer el triunfo de Evo.
 
La actitud reticente y antidemocrática de las derechas que buscan esconder sus derrotas detrás de denuncias de fraude, sin pruebas que las respalden, más la actitud de la OEA y la advertencia de Washington a Evo, constituyen el verdadero peligro de las democracias en la región y generan preocupación aquí por las elecciones del domingo.
 
 Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

Agreganos como amigo a Facebook
El neoliberalismo de Piñera, Macri y Bolsonaro en jaque en el escenario regional
La Plaza Italia de Santiago de Chile fue desbordada ayer por 1.200.000 chilenos y chilenas que protagonizaron la marcha más masiva que se recuerde desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, pero el clima de celebración popular no pudo escapar a la orden del gobierno de Sebastián Piñera de reprimir y mantener el toque de queda en la región metropolitana y otras ciudades del país.
El neoliberalismo de Piñera, Macri y Bolsonaro en jaque en el escenario regional
Un millón de personas piden la renuncia de Piñera en Chile: ¿es su final? Al cumplirse una semana de las marchas multitudinarias, con denuncias de represión por parte de las fuerzas militares, Chile hace historia aproximadamente 1 millón de personas se reúnen en Plaza Italia, en Santiago de Chile (ciudad capital). Los intentos del presidente Piñera por detener las manifestaciones, con medidas económicas de último momento y un posible cambio de gabinete, no fueron suficientes ya que la población chilena sigue pidiendo por su renuncia.
20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar