17:04 | Viernes 02 de Enero de 2013 | Entre Ríos

Por

“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 25-10-2019 / 10:10

CONTRA TODAS LAS ENCUESTAS

Macri todavía está ilusionado con el “la damos vuelta”

Las encuestas no hablan de balotaje. La oposición tampoco. El Gobierno de Mauricio Macri sigue entusiasmado con el "La damos vuelta". El operativo para levantar la brutal derrota de las elecciones PASO comenzó a gestarse con todos los recursos del Estado y de la mano del asesor ecuatoriano, Jaime Durán Barba, y del jefe de gabinete, Marcos Peña.

Las encuestas no hablan de balotaje. La oposición tampoco. El Gobierno de Mauricio Macri sigue entusiasmado con el "La damos vuelta". El operativo para levantar la brutal derrota de las elecciones PASO comenzó a gestarse con todos los recursos del Estado y de la mano del asesor ecuatoriano, Jaime Durán Barba, y del jefe de gabinete, Marcos Peña.

En privado, Macri hace cálculos. Cree que podrá acceder a una segunda vuelta basado en dos ejes: mayor participación y mejor fiscalización. "Esa es la premisa que se plantean para llegar al balotaje", reconoció el asesor de un ministro.

Hasta ahora se habla de porcentajes en la Casa Rosada. "Alberto Fernández debe bajar a 44 por ciento y Macri subir a 37 por ciento", calculó otra fuente del entorno presidencial.

En la primera vuelta de 2015, el actual Presidente había quedado con una desventaja de sólo tres puntos sobre Daniel Scioli por lo que fue mucho más fácil revertirlo en una segunda vuelta. Pero hubo una gran afluencia de público entre las primarias y las generales. Había votado casi un 9 por ciento más del padrón, superando el 81%.

En las PASO del 11 de agosto fue a votar el 75,7%. Pero la diferencia es que en los comicios de este año los dos principales oponentes tuvieron una brecha de casi 17 puntos, lo que significa 4 millones de votos.

Juntos por el Cambios apuesta a disminuir ese porcentaje con Alberto Fernández. Macri debería aumentar más de 1,3 millones de votos. Cómo mínimo llegar al millón. Pero el lado opositor, debería disminuir el caudal de votantes o por lo menos mantenerse en los 12,2 millones.

Para evitar la segunda vuelta y ser proclamado presidente, la Constitución Nacional establece que el candidato necesita el 45 por ciento de los votos o 10 puntos de ventaja respecto de la otra fórmula.

Entonces la fórmula del Frente de Todos debería disminuir 2 puntos, ya que sacó más de 47% en agosto y además la otra dupla llegar a acortar la diferencia porcentual. La esperanza está puesta a lograr una participación de 84 por ciento, algo similar al récord registrado en 1983 (85,3%) con el regreso de la Democracia.

Por otro lado, el macrismo apuesta a revertir el resultado con una mejor fiscalización, uno de los puntos que el Ejecutivo señala como causal de la derrota de las PASO. El Gobierno promete que 150 mil fiscales estarán controlando las urnas de todo el país. Juntos por el Cambio quiere asegurarse que no haya fallas, sobre todo en los territorios más complejos.

En el Frente de Todos habla de una diferencia de al menos 20 puntos sobre Macri, miran hacia la transición y temen por la reacción de Cambiemos ante una derrota. Esperan que el Presidente no complique el traspaso de mando, con una economía muy debilitada.

La Opinión Popular

En el Peronismo miran hacia la transición y temen por la reacción de Macri ante una derrota

A menos de 72 horas del comienzo de los comicios, el resultado de la elección es la última de las preocupaciones en las oficinas de la calle México, donde funciona el corazón estratégico del Frente de Todos. Los triunfos de las fórmulas presidenciales y a la gobernación bonaerense se descuentan, así como una performance exitosa a lo largo y ancho del país que permitirá al futuro gobierno articular mayorías en el Congreso Nacional a partir del 10 de diciembre. Lo que suceda entre las elecciones del domingo y el traspaso formal del mando, en cambio, es un rompecabezas complejo para Alberto Fernández. Empezando por las primeras horas.

En el equipo del candidato consideran que lo que suceda entre la noche del domingo y el mediodía del lunes puede marcar el tono de los primeros meses de gestión. Si el país amanece en calma y el mercado responde de manera acorde, será una prematura señal positiva de las expectativas que genera el cambio político. Una turbulencia similar a la del 12 de agosto, después de las PASO, puede ser leído como el aviso de que los cuarenta y cuatro días de transición serán tumultuosos, agregando nuevamente incertidumbre a un escenario complejo.

Una incógnita clave en esa ecuación es qué lugar decidirá tomar Mauricio Macri en ese proceso. Cualquier hipótesis optimista sobre el futuro inmediato del país parte de la base de que prestará colaboración razonable. Este mediodía, después de la reunión de gabinete, el ministro de Relaciones Exteriores Jorge Faurie, oficiando como vocero, aseguró que el Presidente "estará altamente a la altura de la responsabilidad que le cabe" porque es "profundamente republicano, respeta la institucionalidad y el valor de la democracia, defiende la moderación y es consciente del rol que tiene como primer magistrado de la República".

En la Casa Rosada aseguran que Macri quiere hacer un paso de mando "impecable" para contrastar con el desaguisado de diciembre de 2015, cuando el Presidente no quiso recibir el bastón presidencial de manos de Cristina Fernández de Kirchner porque pensaba que tenía una macumba, como reveló recientemente el orfebre Juan Carlos Pallarols. En el Frente de Todos, empero, no confían. La relación personal con Alberto Fernández está agotada, como se hizo evidente durante el último debate, delante y detrás de cámara. Y el recuerdo del lunes fatal posterior a las primarias todavía está fresco.

Hay cuatro escenarios en los que el mandatario podría empiojar la transición, comprometiendo seriamente el futuro inmediato de los argentinos, estiman en el peronismo. En primer lugar, está el económico. Al día siguiente de las PASO el gobierno dejó que la moneda se devalúe casi un tercio de su valor en pocas horas. Después, fue dejando que drenen las reservas a un ritmo que no decayó a pesar de las restricciones cambiarias. Con el nivel actual de reservas, otro episodio similar puede dejar a la Argentina al borde de la hiperinflación. Las herramientas para evitarlo están aún en manos de Macri.

Ese es el segundo escenario, el político. Para estabilizar la situación, serán necesarias medidas que no pueden esperar al 10 de diciembre y que deberán ser consensuadas entre el mandatario saliente y el electo. Si no hay colaboración a ese nivel, si el Presidente se niega a respaldar las decisiones que tome su sucesor o si actúa en un sentido contrario resultará difícil llegar al final del mandato sin que se extremen las tensiones. Asímismo, en el peronismo consideran clave que haya una transición fluida entre los equipos políticos y técnicos para poder empezar a trabajar desde el día uno en los asuntos más urgentes.

En tercer lugar, existe preocupación con lo que pueda pasar el mismo domingo. Las sospechas sobre la labor de SmartMatic no disminuyeron desde agosto, sino que se sumaron nuevas irregularidades. Las declaraciones de Elisa Carrió ("A las seis nosotros vamos a decir que ganamos"), María Eugenia Vidal ("El domingo se elige si vamos a tener democracia") y Marcos Peña ("El que crea que está definido se puede llevar una sorpresa, a nosotros nos pasó y no se los recomiendo") causaron suspicacias. Si el oficialismo decidiera no reconocer su derrota generaría un escenario de incertidumbre peligroso.

Por último, está el temor a lo que pueda suceder en la calle. A través de las redes sociales, los militantes y simpatizantes peronistas ya se están convocando para celebrar, en todo el país. Esta clase de festejos son tradicionales y pacíficos en la historia reciente del país y no deberían causar ningún problema. El antecedente de infiltrados en manifestaciones populares, que se repitió como un modus operandi para justificar la represión de las protestas durante el mandato de Cambiemos, enciende una luz de alarma. El contexto regional tampoco ayuda.

Un escenario de cooperación, por el contrario, podría contribuir a aplacar los ánimos y conducir al país de manera ordenada hacia un nuevo gobierno. Un llamado telefónico en privado y un intercambio de mensajes en las redes sociales la misma noche de la elección y un encuentro con foto a la mañana siguiente es lo que tienen en mente algunos funcionarios del gobierno que planifican la transición adecuada sin saber si el Presidente tomará en cuenta o no sus indicaciones. En el bunker del Frente de Todos, dicen, todavía no hubo ningún contacto.

Por Nicolás Lantos

Fuente: El Destape

02-01-2026 / 10:01

La SIDE, la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".