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Nacionales - 17-10-2019 / 10:10
SUSPENDEN LA ENTREGA CON FINES ELECTORALES DE BONOS DE 5000 PESOS A 114.000 BENEFICIARIOS

Compra de votos: La Justicia frena el clientelismo “republicano” de Cambiemos

Compra de votos: La Justicia frena el clientelismo “republicano” de Cambiemos
El fiscal federal Jorge Di Lello dictaminó, a través de una medida cautelar, que se debe suspender la entrega de subsidios para desocupados, ante la sospecha que el macrismo los utiliza con fines electorales, para comprar votos desesperados a favor de Mauricio Macri.
 
El fiscal federal Jorge Di Lello dictaminó, a través de una medida cautelar, que se debe suspender la entrega de subsidios para desocupados, ante la sospecha que el macrismo los utiliza con fines electorales, para comprar votos desesperados a favor de Mauricio Macri.
 
La Secretaría de Empleo había dispuesto en la resolución 1177 del último 2 de octubre que se asignara una partida de 650 millones de pesos de las arcas del Estado nacional, para 114.000 beneficiarios, a quienes se les podrían repartir bonos de 5000 pesos.
 
Llamativamente, el Gobierno de Macri publicó el miércoles un rebalanceo del presupuesto, donde le destina a la Secretaría de Empleo el monto exacto que figura en esa resolución: 650 millones. Varios intendentes peronistas alertaron en las últimas semanas que candidatos y punteros del macrismo habrían comenzado a hacer uso clientelista de estos planes.
 
Ahora, la Justicia busca ponerle freno a la compra de votos, con dineros del Estado, por parte del aparato electoral "republicano" de Juntos por el Cambio.
 
La Opinión Popular

 
SUSPENDEN LA ENTREGA CON FINES ELECTORALES DE BONOS DE 5000 PESOS A 114.000 BENEFICIARIOS
 
El clientelismo republicano de Cambiemos
 
El fiscal advirtió en su dictamen ante la jueza María Servini que se estaría utilizando la estructura pública por medio del Ministerio de la Producción para "actuar en forma deliberada cautivando al electorado con la entrega de sumas de dinero como subsidios, que además de estar dentro de la veda electoral, podría estar estratégicamente dirigido a una franja de ciudadanos argentinos que transitan este tiempo sin trabajo".
 
En el rebalanceo presupuestario, el gobierno destina a la Secretaría de Empleo el monto exacto de los subsidios.
 
Di Lello abrió en un comienzo una investigación preliminar en base a una publicación del periodista Mariano Martín en Ambito Financiero, que revelaba la existencia de la resolución firmada por el secretario de Empleo, Fernando Prémoli, quien depende de la estructura del ministerio de Producción y Trabajo, a cargo de Dante Sica.
 
El programa para reparto de estos subsidios no se publicitó, pero se habría encomendado a punteros y candidatos. Martín también reveló que la mitad de esos subsidios clandestinos del gobierno nacional fueron destinados a la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora se habría aprobado la entrega de 80.000, mientras que 25.000 fueron rechazados por la Anses por incompatibilidades, como la percepción de otro beneficio o salario.
 
En la fiscalía con competencia electoral también se presentó Jorge Landau en representación del Frente de Todos y pidió una medida cautelar para frenar la aplicación de los fondos en cuestión. A este planteo responde el dictamen que ahora debe evaluar la jueza Servini. Landau también pidió que se investigue a Prémoli y a Sica, quienes podrían a la larga ser citados a indagatoria.
 
La utilización de estos subsidios fue señalada por intendentes peronistas como Francisco Durañona, de San Antonio de Areco, Juan Carlos Gasparini, de Roque Pérez, y Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas. El candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, advirtió sobre la "gravedad increíble" de las denuncias.
 
Cristina Fernández de Kirchner dijo que "con la emergencia alimentaria se pueden generar bonos de 5 mil pesos, pero los están utilizando para el clientelismo político". Hay algunos audios que mostrarían los ofrecimientos.
 
Cuando le preguntaron a la gobernadora María Eugenia Vidal por el tema, se hizo la distraída y le pasó la palabra al candidato a intendente de Areco, Francisco Ratto, quien ya había reconocido en una entrevista: "A nosotros nos solicitaron y nosotros accedimos a buscar beneficiarios".
 
Especificó que ofrecieron el plan a 200 personas y que no veía un problema en ese uso de fondos públicos. En Roque Pérez, por ejemplo, el bono se ofrece en la página de Juntos por el Cambio, donde se especifica que hay que anotarse en las oficinas del partido.
 
Landau agregó otra arista a su denuncia. Sostuvo que tiene sospechas de que los montos previstos podrían ser utilizados "para pagarles a los fiscales de Juntos por el Cambio 5000 pesos, y otros 5000 si llevan mesas ganadoras", le explicó a Página/12. En Santiago del Estero también se abrió una causa por la presunta utilización de fondos de la Anses para compra de votos. Fueron denunciados funcionarios de esa dependencia local y punteros.
 
El fiscal Di Lello dictaminó que el objetivo de una medida cautelar no es "desproteger a aquellos que necesitan de un ayuda", sino "garantizar la transparencia" en el proceso electoral, y que pasado el 27 de octubre se podrían otorgar los subsidios. El problema es que ahora se estarían aplicando dentro del período de veda de 25 días previos a las elecciones, que prohíbe este tipo de actividades desde la administración estatal.
 
Se trata de evitar, alertó, que en ese plazo de veda "el Ministerio de la Producción pueda actuar en forma deliberada cautivando al electorado con la entrega de sumas de dinero como subsidios", lo que además "podría estar estratégicamente dirigido a una franja de ciudadanos argentinos que transitan este tiempo sin trabajo".
 
La firma de la resolución en cuestión "en tiempos electoralistas vedados por la ley podrían albergar en su ejecución el condicionamiento sobre la voluntad de los electores, situación necesariamente constitutiva del delito previsto en el artículo 139 del Código Nacional Electoral".
 
"No puede permitirse que en el marco de 'necesidades laborales' se apele a la entrega bajo el ropaje de subsidios dinero que por el tiempo en que se otorgan pueden estar utilizados como un mensaje electoralista", se sostiene.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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06-06-2020 / 10:06
¿Te acordás de Mauricio Macri hablando sobre la importancia de la libertad de prensa? Bueno, ahora sabemos que usó la AFI para espiar a 403 periodistas. A ver si queda claro: Macri mandó a espiar a 403 periodistas, muchos de ellos integrantes del famoso whatsapp presidencial. Se creyeron parte del poder, eran apenas unos boludos útiles del macrismo.  
 
"Siempre con posturas contra el Gobierno". "Se opone fuertemente al kirchnerismo". "Hay una (foto) con Estela de Carlotto". "Se destaca que en FB la única pagina de políticos a la que le dio 'Me Gusta' es a la de Laura Alonso". "Utiliza las redes como herramienta de viralización de contenidos feminista". "En las elecciones presidenciales de 2015 apoyó a Cambiemos". Estas frases figuran en algunas de las fichas de 403 periodistas que fueron espiados de manera ilegal.
 
También han sido espiados Jorge Rubén Lugones, obispo diocesano de Lomas de Zamora; los periodistas del diario macrista La Nación Hugo Alconada Mon y Marcelo Veneranda; el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun, quien estuvo a cargo de intervenir comunicaciones; la diputada Graciela Camaño, su esposo y  gremialista Luis Barrionuevo, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó y el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli.
 
También el ex diputado del PRO Nicolás Massot, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano; el diputado nacional de Cambiemos Waldo Wolff, el senador nacional Maurice Closs, los intendentes, de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y de Avellaneda, Jorge Ferraresi, además del ex alcalde de La Plata, Pablo Bruera. Y el sacerdote José María "Pepe" Di Paola, del clero diocesano de la Arquidiócesis de Buenos Aires; Salvatore Pica (pareja de la Florencia Macri, hermana menor del ex presidente); e integrantes de la Comunidad del Pueblo Mapuche en Argentina. Todos fueron o serán notificados.
 

06-06-2020 / 09:06
Durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri una doctrina predominó en el gobierno. Los medios la denominaron "doctrina Chocobar". Como toda propuesta conservadora, la Chocobar no inventó nada sino que estimuló el lado oscuro, subyacente, que puja por aprovechar esa violencia en forma discrecional.
 
Además de la represión violenta a la protesta social, hubo grandes inversiones en equipo represivo, se elaboró un discurso que alentó a los efectivos de las fuerzas de seguridad a disparar antes de preguntar, garantizándoles protección mediática y judicial.
 
Una doctrina no es un discurso nada más. Requiere un programa, acción política para aplicarlo, complicidad mediática para bloquear la reacción de la sociedad y complicidad judicial para garantizar impunidad, como quedó demostrado en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
 
Esas son las fuerzas de seguridad que dejaron los cuatro años del gobierno del PRO, los radicales PRO y los seguidores de Carrió. Y en algunos casos esa práctica está aún más contaminada en algunas provincias, por el racismo y por prácticas feudales como si las policías fueran propiedad privada del poder económico local.
 
Alberto Fernández y su ministra de Seguridad, Sabina Frederic, repudiaron estos abusos criminales de policías de San Luis, Tucumán y Chaco. "Venimos de cuatro años en los que todo esto estuvo habilitado", graficó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.
 
La subsecretaria de Derechos Humanos del Chaco, Nayla Bosch, pertenece al CELS, y allí el gobierno provincial separó a los policías, inició la investigación y se sumó a la querella. No es la primera vez que se producen abusos contra la comunidad qom, pero ni el gobierno nacional ni el provincial reaccionaron para esconder el abuso policial como sucedió en los casos de Maldonado y de Rafael Nahuel y, por el contrario, se impulsó la investigación y la intervención de la justicia.
 

05-06-2020 / 12:06
Miguel Acevedo le sonrió todo lo que pudo a la camarita de su laptop. Estaba en su casa pero de saco y corbata, igual que el resto de los directivos de la Unión Industrial. -El milagro de la pandemia es que la AFIP sea la buena de la película. ¡Hay que agradecer!
 
Fue el martes a la tarde y Mercedes Marcó del Pont le acababa de dar dos buenas noticias en medio de la caída libre que atraviesa la economía: que la recaudación cayó un poco menos en mayo que en abril, tal como se oficializó al día siguiente, y que la semana que viene se deposita la parte de los sueldos que paga el Estado a los empleados cuyos patrones solicitaron la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).
 
Con el malo de la película le tocó hablar anoche. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, le prometió -también por videoconferencia- que no complicará el acceso a dólares de las industrias que quieran importar.
 
La inquietud de todo el empresariado apareció el viernes pasado, cuando Pesce estableció que las empresas que posean dólares declarados en el exterior deberán usarlos para pagar las importaciones que quieran hacer. Y que recién cuando los hayan gastado podrán acceder a más en el mercado oficial.
 
Acevedo ya había protestado diplomáticamente contra esa resolución anteayer, cuando Alberto Fernández lo recibió en Olivos junto a una docena de CEOs de grandes empresas, como Javier Madanes (Aluar), Luis Pagani (Arcor), Sergio Kaufman (Accenture), Luis Perez Companc (Molinos) y Daniel Herrero (Toyota).
 
El Presidente lo miró a Matías Kulfas. "Es algo temporario", aclaró el ministro de Producción. "Y además, con los insumos para la industria no deberían tener problema", agregó.
 

05-06-2020 / 11:06
04-06-2020 / 11:06
"Expresamos nuestra condena a los graves hechos de violencia institucional que se han suscitado en los últimos días en nuestro país y que son de conocimiento público", indicó el partido de la derecha en un comunicado que firmó el ex secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, pero no la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien -como ministra de Seguridad- justificó el asesinato por la espalda de personas a manos de policías y prefectos.
 
Se entiende por qué la omisión: como ministra de Seguridad, Bullrich justificó cuanto acto de violencia institucional ocurrió durante su paso por el gobierno de Mauricio Macri. El mandatario, dicho sea de paso, recibió en Casa Rosada y felicitó al policía Luis Chocobar, mientras estaba siendo investigando penalmente por matar por la espalda al sospechoso de un delito.
 
Bullrich también justificó el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel por la espalda por parte de integrantes de la Prefectura. Antes de que siquiera comenzara la investigación penal, la ministra emitió un comunicado en el cual aseguró que los prefectos habían sido atacados por poco menos que un comando guerrillero.
 
Nunca se encontraron evidencias de esto, pero la entonces ministra jamás se retractó. De hecho, dijo que en casos de violencia institucional como ese "no necesitamos pruebas: le otorgamos el carácter de verdad a la versión de Prefectura". Lo mismo hizo a lo largo de las semanas y semanas que estuvo desaparecido Santiago Maldonado: defendió sin pruebas a los gendarmes y se negó a hablar de desaparición forzada (un término que, por suerte, ahora el PRO aprendió a usar en su comunicado).
 
La nueva posición del PRO despertó ironías y críticas en las redes, donde no dudaron de tildarlos de farsantes. 

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