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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 17-10-2019 / 10:10
SUSPENDEN LA ENTREGA CON FINES ELECTORALES DE BONOS DE 5000 PESOS A 114.000 BENEFICIARIOS

Compra de votos: La Justicia frena el clientelismo “republicano” de Cambiemos

Compra de votos: La Justicia frena el clientelismo “republicano” de Cambiemos
El fiscal federal Jorge Di Lello dictaminó, a través de una medida cautelar, que se debe suspender la entrega de subsidios para desocupados, ante la sospecha que el macrismo los utiliza con fines electorales, para comprar votos desesperados a favor de Mauricio Macri.
 
El fiscal federal Jorge Di Lello dictaminó, a través de una medida cautelar, que se debe suspender la entrega de subsidios para desocupados, ante la sospecha que el macrismo los utiliza con fines electorales, para comprar votos desesperados a favor de Mauricio Macri.
 
La Secretaría de Empleo había dispuesto en la resolución 1177 del último 2 de octubre que se asignara una partida de 650 millones de pesos de las arcas del Estado nacional, para 114.000 beneficiarios, a quienes se les podrían repartir bonos de 5000 pesos.
 
Llamativamente, el Gobierno de Macri publicó el miércoles un rebalanceo del presupuesto, donde le destina a la Secretaría de Empleo el monto exacto que figura en esa resolución: 650 millones. Varios intendentes peronistas alertaron en las últimas semanas que candidatos y punteros del macrismo habrían comenzado a hacer uso clientelista de estos planes.
 
Ahora, la Justicia busca ponerle freno a la compra de votos, con dineros del Estado, por parte del aparato electoral "republicano" de Juntos por el Cambio.
 
La Opinión Popular

 
SUSPENDEN LA ENTREGA CON FINES ELECTORALES DE BONOS DE 5000 PESOS A 114.000 BENEFICIARIOS
 
El clientelismo republicano de Cambiemos
 
El fiscal advirtió en su dictamen ante la jueza María Servini que se estaría utilizando la estructura pública por medio del Ministerio de la Producción para "actuar en forma deliberada cautivando al electorado con la entrega de sumas de dinero como subsidios, que además de estar dentro de la veda electoral, podría estar estratégicamente dirigido a una franja de ciudadanos argentinos que transitan este tiempo sin trabajo".
 
En el rebalanceo presupuestario, el gobierno destina a la Secretaría de Empleo el monto exacto de los subsidios.
 
Di Lello abrió en un comienzo una investigación preliminar en base a una publicación del periodista Mariano Martín en Ambito Financiero, que revelaba la existencia de la resolución firmada por el secretario de Empleo, Fernando Prémoli, quien depende de la estructura del ministerio de Producción y Trabajo, a cargo de Dante Sica.
 
El programa para reparto de estos subsidios no se publicitó, pero se habría encomendado a punteros y candidatos. Martín también reveló que la mitad de esos subsidios clandestinos del gobierno nacional fueron destinados a la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora se habría aprobado la entrega de 80.000, mientras que 25.000 fueron rechazados por la Anses por incompatibilidades, como la percepción de otro beneficio o salario.
 
En la fiscalía con competencia electoral también se presentó Jorge Landau en representación del Frente de Todos y pidió una medida cautelar para frenar la aplicación de los fondos en cuestión. A este planteo responde el dictamen que ahora debe evaluar la jueza Servini. Landau también pidió que se investigue a Prémoli y a Sica, quienes podrían a la larga ser citados a indagatoria.
 
La utilización de estos subsidios fue señalada por intendentes peronistas como Francisco Durañona, de San Antonio de Areco, Juan Carlos Gasparini, de Roque Pérez, y Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas. El candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, advirtió sobre la "gravedad increíble" de las denuncias.
 
Cristina Fernández de Kirchner dijo que "con la emergencia alimentaria se pueden generar bonos de 5 mil pesos, pero los están utilizando para el clientelismo político". Hay algunos audios que mostrarían los ofrecimientos.
 
Cuando le preguntaron a la gobernadora María Eugenia Vidal por el tema, se hizo la distraída y le pasó la palabra al candidato a intendente de Areco, Francisco Ratto, quien ya había reconocido en una entrevista: "A nosotros nos solicitaron y nosotros accedimos a buscar beneficiarios".
 
Especificó que ofrecieron el plan a 200 personas y que no veía un problema en ese uso de fondos públicos. En Roque Pérez, por ejemplo, el bono se ofrece en la página de Juntos por el Cambio, donde se especifica que hay que anotarse en las oficinas del partido.
 
Landau agregó otra arista a su denuncia. Sostuvo que tiene sospechas de que los montos previstos podrían ser utilizados "para pagarles a los fiscales de Juntos por el Cambio 5000 pesos, y otros 5000 si llevan mesas ganadoras", le explicó a Página/12. En Santiago del Estero también se abrió una causa por la presunta utilización de fondos de la Anses para compra de votos. Fueron denunciados funcionarios de esa dependencia local y punteros.
 
El fiscal Di Lello dictaminó que el objetivo de una medida cautelar no es "desproteger a aquellos que necesitan de un ayuda", sino "garantizar la transparencia" en el proceso electoral, y que pasado el 27 de octubre se podrían otorgar los subsidios. El problema es que ahora se estarían aplicando dentro del período de veda de 25 días previos a las elecciones, que prohíbe este tipo de actividades desde la administración estatal.
 
Se trata de evitar, alertó, que en ese plazo de veda "el Ministerio de la Producción pueda actuar en forma deliberada cautivando al electorado con la entrega de sumas de dinero como subsidios", lo que además "podría estar estratégicamente dirigido a una franja de ciudadanos argentinos que transitan este tiempo sin trabajo".
 
La firma de la resolución en cuestión "en tiempos electoralistas vedados por la ley podrían albergar en su ejecución el condicionamiento sobre la voluntad de los electores, situación necesariamente constitutiva del delito previsto en el artículo 139 del Código Nacional Electoral".
 
"No puede permitirse que en el marco de 'necesidades laborales' se apele a la entrega bajo el ropaje de subsidios dinero que por el tiempo en que se otorgan pueden estar utilizados como un mensaje electoralista", se sostiene.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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29-03-2026 / 15:03
La gestión de Javier Milei atraviesa un momento muy complejo, atrapada en una tenaza que combina corrupción sistémica y degradación económica. La narrativa de austeridad se ha quebrado frente a pruebas judiciales contundentes: por un lado, el Caso $LIBRA, donde el peritaje técnico confirma un esquema de promoción de estafas piramidales que involucra directamente al Presidente y a Karina Milei por presuntos cobros millonarios; por otro, el escándalo de Manuel Adorni, cuya utilización de vuelos privados y un crecimiento patrimonial injustificado -que incluye mansiones y gastos de lujo- lo colocan como el nuevo emblema de los privilegios que el Gobierno prometió desterrar.

Sin embargo, el factor que transforma estos escándalos en un veneno letal para el oficialismo es el contexto de asfixia social. La paciencia popular, que hasta hace poco funcionaba como un cheque en blanco, se está agotando ante una realidad incontrastable marcada por la pobreza récord Con indicadores que ya superan el 55%, el ajuste ha dejado de caer sobre la política para ensañarse con la clase media y los sectores vulnerables; la inflación persistente, la cual, a pesar del discurso oficial, el costo de vida -especialmente en alimentos y servicios públicos- sigue demoliendo el poder adquisitivo de los salarios. A esto se le suma la crisis de expectativas: El contraste entre el "no hay plata" para comedores escolares y el despliegue de recursos en el entorno de Adorni ha roto el vínculo de confianza con su base electoral.


En definitiva, la caída en las encuestas no es solo producto de los tribunales; es el resultado de un modelo que pide sacrificios extremos a la población mientras sus máximos referentes se ven cercados por causas de corrupción que huelen a vieja política. La "libertad" parece haberse convertido, para el círculo íntimo del poder, en la libertad de gozar de privilegios mientras el resto del país cae en la indigencia.


De la redacción de La Opinión Popular

28-03-2026 / 07:03
La historia, caprichosa pero justa, suele poner las cosas en su lugar. El reciente fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que rechaza de plano la demanda de los fondos buitres contra la República Argentina por la recuperación de YPF, no es solo un alivio para las cuentas públicas; es la partida de nacimiento de una verdad que el relato libertario intentó asfixiar: la soberanía nacional no fue un error, sino el acierto estratégico más importante del siglo XXI.


Este veredicto no constituye únicamente una victoria jurídica, sino que representa una reivindicación política total para Axel Kicillof. En 2012, el entonces ministro de Economía comprendió que un país sin el control de su propia energía es un país sin destino. El tiempo, ese juez implacable, terminó por darle la razón: hoy, Vaca Muerta no es una entelequia, sino una realidad que bate récords de producción y sostiene el andamiaje de una Argentina que, de otro modo, estaría de rodillas.

 
En este escenario, es imperativo apelar a la memoria y desenmascarar el cinismo. El hoy presidente no fue un observador neutral en esta disputa; fue un militante activo y un lobbista desfachatado del bando buitre. Javier Milei, el mismo hombre que ahora intenta "caranchear" miserablemente un triunfo judicial ajeno, construyó su carrera mediática descalificando sistemáticamente la recuperación de YPF como un "robo" y un "atropello a la propiedad privada". Su alineamiento con el capital especulativo fue tan obsceno que llegó a proponer la creación de un humillante "Impuesto Kicillof": una tasa destinada a esquilmar al pueblo argentino para pagarle a los fondos buitres una deuda que, hoy lo sabemos, era ilegítima. Como bien señaló el gobernador bonaerense ante la contundencia del fallo: "Es lamentable que el presidente de la Nación haya defendido a los fondos buitres en lugar de defender los intereses del país".

 
La contundencia de la sentencia dictada en Nueva York se traduce en una victoria multidimensional. En el plano fiscal, la Argentina logra un alivio monumental al evitar el desembolso de una cifra astronómica fabricada por la voracidad especuladora. En lo estratégico, el fallo ratifica la legalidad internacional de la expropiación, blindando la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Finalmente, en el terreno político, el veredicto desmantela el relato de la "mala praxis" esgrimido por Milei, validando la solvencia técnica y el coraje de una defensa que priorizó el patrimonio nacional por sobre los dictados de los mercados financieros internacionales.


De la redacción de La Opinión Popular
27-03-2026 / 19:03
24-03-2026 / 13:03
24-03-2026 / 13:03
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