19:58 | Viernes 29 de Mayo de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
“La pandemia nos demostró que vivimos en un país injusto y que la calidad de vida incide fuertemente en el riesgo de contagio”. Alberto Fernández
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Entre Ríos - 08-10-2019 / 13:10
PANORAMA POLÍTICO PROVINCIAL
En Entre Ríos, los recursos preocupan más que los comicios
Más allá que la Corte Suprema le dio la razón al Gobierno de Gustavo Bordet y haya reconocido a través de un fallo la pertinencia de los reclamos, el Gobierno de Mauricio Macri no repondrá inmediatamente la coparticipación perdida por la provincia y mucho menos devolverá los recursos coparticipables resignados durante el último mes y medio, cifra que para Entre Ríos solo en septiembre, asciende a 350 millones de pesos.
A semanas de una elección que preanuncia un cambio copernicano en el rumbo nacional, Entre Ríos vive el proceso electoral más retraído en décadas. Todo parece haber sido dicho, todas las cartas parecen haber sido jugadas, todo indica que esta provincia mantendrá su postura de las PASO, y la inercia contiene tanto de resignación como de anticipada esperanza por lo que viene.
El Peronismo provincial como los socios radicales y conservadores de Juntos por el Cambio se preparan para un reacomodamiento político forzado y traumático. El proceso será más arduo para la UCR y el PRO, que sólo encuentran una noción de futuro en las bancas legislativas que les deparará el 11 de diciembre y se piensan ya en espacios separados y carentes de liderazgos que puedan sacarlos del pozo.
La brutal crisis de la economía nacional tiene un nítido correlato en los sectores productivos provinciales y en una ciudadanía agobiada por más desocupación, más pobreza y menos chances de llegar a fin de mes. No es tan frecuente que coincidan con tanta exactitud el ánimo de los ciudadanos de a pie y el de los gobernantes: unos y otros tienen la sensación que lo peor no termina de pasar.
Más allá que la Corte Suprema le dio la razón al Gobierno de Gustavo Bordet y haya reconocido a través de un fallo la pertinencia de los reclamos, el Gobierno de Mauricio Macri no repondrá inmediatamente la coparticipación perdida por la provincia y mucho menos devolverá los recursos coparticipables resignados durante el último mes y medio, cifra que para Entre Ríos solo en septiembre, asciende a 350 millones de pesos.
Como ocurren puertas adentro de la mayor parte de los hogares, en a Casa Gris y en la Municipalidad de Paraná el día a día es una seguidilla de cuentas que no cierran y recursos que se escurren. El modo en que cada administración hace frente a esa misma realidad es tan diferente como las circunstancias políticas que atraviesa cada administración. Pero, a no ser que Macri decida enviar los recursos que adeuda a la Provincia, llegar a fin de año no será fácil.
El dramatismo es mayor en la Municipalidad de Paraná, donde a la misma situación económica se suma un fin de ciclo traumático en términos políticos y explosivo en términos de gestión: se agregan los problemas urbanos irresueltos, la carencia severa de recursos y la decisión política de sostener -cueste lo que cueste- la gestión de Sergio Varisco, tan comprometida en lo penal como en lo personal.
En el equipo de Adán Bahl ya anotan todo eso en el rubro pérdidas. Y empiezan a tomar nota de que la billetera provincial no tendrá saldo suficiente para envíos extraordinarios a partir del 10 de diciembre. El 27 de octubre -si es que no hay ballottage- se cerrará la etapa electoral. Pero la política seguirá activa y repleta de movimientos. Aquí y en todas partes.
La Opinión Popular
El Peronismo provincial como los socios radicales y conservadores de Juntos por el Cambio se preparan para un reacomodamiento político forzado y traumático. El proceso será más arduo para la UCR y el PRO, que sólo encuentran una noción de futuro en las bancas legislativas que les deparará el 11 de diciembre y se piensan ya en espacios separados y carentes de liderazgos que puedan sacarlos del pozo.
La brutal crisis de la economía nacional tiene un nítido correlato en los sectores productivos provinciales y en una ciudadanía agobiada por más desocupación, más pobreza y menos chances de llegar a fin de mes. No es tan frecuente que coincidan con tanta exactitud el ánimo de los ciudadanos de a pie y el de los gobernantes: unos y otros tienen la sensación que lo peor no termina de pasar.
Más allá que la Corte Suprema le dio la razón al Gobierno de Gustavo Bordet y haya reconocido a través de un fallo la pertinencia de los reclamos, el Gobierno de Mauricio Macri no repondrá inmediatamente la coparticipación perdida por la provincia y mucho menos devolverá los recursos coparticipables resignados durante el último mes y medio, cifra que para Entre Ríos solo en septiembre, asciende a 350 millones de pesos.
Como ocurren puertas adentro de la mayor parte de los hogares, en a Casa Gris y en la Municipalidad de Paraná el día a día es una seguidilla de cuentas que no cierran y recursos que se escurren. El modo en que cada administración hace frente a esa misma realidad es tan diferente como las circunstancias políticas que atraviesa cada administración. Pero, a no ser que Macri decida enviar los recursos que adeuda a la Provincia, llegar a fin de año no será fácil.
El dramatismo es mayor en la Municipalidad de Paraná, donde a la misma situación económica se suma un fin de ciclo traumático en términos políticos y explosivo en términos de gestión: se agregan los problemas urbanos irresueltos, la carencia severa de recursos y la decisión política de sostener -cueste lo que cueste- la gestión de Sergio Varisco, tan comprometida en lo penal como en lo personal.
En el equipo de Adán Bahl ya anotan todo eso en el rubro pérdidas. Y empiezan a tomar nota de que la billetera provincial no tendrá saldo suficiente para envíos extraordinarios a partir del 10 de diciembre. El 27 de octubre -si es que no hay ballottage- se cerrará la etapa electoral. Pero la política seguirá activa y repleta de movimientos. Aquí y en todas partes.
La Opinión Popular
La economía real sigue en picada
Cumpliendo con los pronósticos formulados por el presidente Mauricio Macri cuando insistentemente afirmaba que, de ser reelegido, su gestión profundizaría el mismo rumbo neoliberal, los datos socioeconómicos que relevan el INDEC y consultoras privadas dan fe que el país avanza con decisión por el camino de la absoluta debacle que comenzó a transitar hace un año y medio.
Mientras los analistas calculan hasta cuándo le alcanzarán las reservas al Banco Central para sostener la cotización del dólar en un contexto en el que ninguna tasa de interés parece suficiente para compensar la desconfianza que genera la propia moneda, la economía real sigue en picada, la industria cerró su 16° mes de caída interanual consecutiva, más fábricas despiden personal o directamente bajan sus persianas y analistas consultados por el Banco Central trazan perspectivas cada vez más sombrías.
El dato más revelador de la profundidad de la crisis lo arrojó el último informe de incidencia de la pobreza que mide el INDEC. Según este trabajo, 35,4% de los argentinos se ubicaron debajo de la línea de la pobreza durante el primer semestre de 2019, casi 10 puntos porcentuales más que el índice observado en el primer semestre de 2018, el más bajo de la administración Macri.
Los especialistas esperan que la pobreza aumente durante el segundo semestre de 2019, en tanto que la última mega devaluación desatada luego de las PASO está generando el mismo impacto devastador que las anteriores. Según estimó el director del Observatorio de Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, a fin de año la pobreza no sería inferior al 39%.
"El empeoramiento será sistemático porque en los hogares de clase media se reducen los fondos de reservas. Además, las empresas van a seguir despidiendo gente, reduciendo horas, poniendo empleados en negro y no ajustando salarios", pronosticó Salvia.
El industricidio
Si algo caracterizó a la economía durante la presidencia de Macri fue la destrucción de la industria, el industricidio. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), más de 21 mil pymes del sector cerraron en el país y se perdieron casi 150 mil empleos.
Según el Indec, en agosto el índice de la producción industrial manufacturero cayó 6,4% respecto a igual mes de 2018. Con relación al mes anterior, la serie desestacionalizada marcó una retracción de 2,8%, mientras que el acumulado de los ocho meses de 2019 presenta una disminución de 8,1% respecto a igual período de 2018. La construcción (Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) también tuvo una fuerte baja interanual en agosto: 5,9%.
Macri consolida su electorado, con definiciones que antes evitaba
En este panorama económico muy complicado que el gobierno quiere esquivar, una sucesión de hechos y definiciones políticas galvanizó en los últimos días un giro en la estrategia del Gobierno de cara a las elecciones del 27 de octubre. Es el fin de la ilusión macrista de ser mayoría electoral.
El propio Macri pegó un volantazo derechista al pronunciarse abiertamente en contra de la legalización del aborto. En momentos en que se está jugando su futuro político, el Presidente ya no cultiva la equidistancia en asuntos que son centrales para la sociedad. Cambiemos tampoco.
La coalición gobernante adoptó finalmente un perfil que estaba en el ADN de sus dirigentes pero que había sido diluido en pos de convertirse en un proyecto político de mayorías. El homenaje a soldados que fueron abatidos por la guerrilla hace 44 años en Formosa, en sintonía con el voto de la "familia militar"; la implementación de controles de identidad a los pobres en transportes públicos, atendiendo a los prejuicios de los sectores medios y alto; y la asimilación de las villas como guaridas narco -que hizo el candidato a vicepresidente Miguel Pichetto- forman parte de esa redefinición.
No se trata de una cadena de declaraciones al azar o medidas de gobierno que parecen tardías, porque Macri ya consumió prácticamente todo su mandato. Por el contrario, el Presidente y sus principales asesores decidieron avanzar en esa dirección. Ahora que las cartas están echadas, afloran las tendencias naturales del auténtico Macri.
El Presidente necesita sumar votos en las próximas elecciones y el 2,8% que sacó Ricardo Gómez Centurión -encaramado entre los pañuelos celestes- no es desdeñable, ya que los últimos sondeos no están registrando un crecimiento de la candidatura de Macri sino un estancamiento e incluso un leve descenso. Las esperanzas de llegar a un ballotage empiezan, para el macrismo, en la imperiosa necesidad de alcanzar el 35% de los sufragios, lo que no está garantizado.
Macri no tiene tiempo, ahora, para revertir la realidad y proyectar a futuro. La urgencia que lo lleva a tratar de consolidar su propio electorado conservador, derechista y antiperonista le bloquea el acceso a las mayorías que le dieron envión a la ilusión política de la alianza Cambiemos sólo cuatro años atrás.
Es que, junto con el desastre macrista reapareció la cantinela de siempre: "todos los políticos son iguales". A quien lance esta opinión, tan elemental como recurrente, hay que responderle que quienes nos gobiernan ahora no son políticos, son los economistas, son empresarios, gerentes de empresas, financistas que están ejerciendo un rol político.
Sus ancestros conservadores y derechistas fueron los que derrocaron a Yrigoyen, a Perón, a Illia y arrinconaron a Alfonsín hasta obligarlo a renunciar. Los que todo el tiempo le pusieron palos en la rueda a los gobiernos populares. Gracias a los políticos se produjeron avances democráticos. Con Macri, por primera vez en la historia el poder económico tuvo la posibilidad de ejercer el poder pleno. Y así estamos.
Terminando la etapa Macri-Scioli. Alberto Fernández podría ser el inicio la esperanza de un retorno a la política, a la verdadera, a esa que nace como pasión y solo se resuelve como destino común.
Alberto busca superar el 50% y ya tiene los problemas de un gobernante
Las proyecciones del opositor Frente de Todos son más ambiciosas en el terreno electoral. La estrategia definida en el bunker de Alberto Fernández apunta a superar el 50% de los votos para que el candidato pueda acumular poder político y consolidar mayorías parlamentarias.
La tendencia le resulta favorable y, tal vez por eso mismo, los problemas del postulante de Alberto no parecen propios de un candidato en campaña sino los de alguien que está muy cerca de gobernar.
La intervención de Alberto en las negociaciones con los gremios aeronáuticos -específicamente con los pilotos de Pablo Biró, el dirigente más combativo del sector- fue una prueba de esta situación. El candidato opositor convocó a su propia casa al sindicalista y le pidió que bajara la intensidad del conflicto, que hubiera dejado sin vuelos a miles de pasajeros este fin de semana. La palabra de Alberto tuvo más peso que la pelea de Biró con el Gobierno.
El candidato del FdT ya había hecho un llamado a las organizaciones sociales a dejar las calles y ahora intercedió para que los pilotos no paralizaran el transporte aéreo. Contrariamente a la imagen que dejó el kirchnerismo en la "década ganada", Alberto propone un acuerdo económico y social como base para amortiguar el conflicto que proyecta la continuidad de la crisis económica.
Además de los sindicatos y las organizaciones, resulta indispensable para Alberto que las cámaras empresarias se involucren en las conversaciones. Lanzará como prueba piloto un plan contra el hambre, que contará con la participación de la industria de la alimentación. Será para Alberto una forma de diferenciarse de Macri, tras el brusco aumento de la pobreza, pero también una demostración de la forma en que piensa gobernar la Argentina.
Después de las urnas
Fernández es el presidente electo virtual que les pide a los sindicalistas que levanten medidas de fuerza. Al mismo tiempo reúne a los gobernadores, les baja línea a los empresarios y habla como si ya le hubieran cruzado la banda presidencial.
Como contraespejo, Macri recorre ciudades y pueblos, colgado de una camioneta, desde la que se desgañita prometiendo cosas que nunca cumplió durante sus casi cuatro años de gobierno ni tiene intención de cumplir si es reelecto.
Los que conocen el paño de las internas macristas advierten que, después del 27 de octubre, Elisa Carrió baldeará los pisos del infierno cambiemita con nafta. Lo que está haciendo Lilita (de lo más neblinoso del oficialismo) al atacar a Frigerio (de lo mejor del oficialismo) es limar la posibilidad de un posmacrismo moderado.
Esto es coincidente con lo que piensa Marcos Peña, que trabaja para que Macri sea el jefe de la oposición. Y es lo que teme Rodríguez Larreta porque Peña querrá convertir a Macri en el jefe de una oposición ultra dura, incendiaria, a "la venezolana".
Fallo histórico para las provincias
Un fallo de la Corte Suprema que le dio la razón al Gobierno de Entre Ríos en su demanda contra el decreto por el cual el presidente Macri se había excedido en sus atribuciones al aplicar medidas que reducirían la recaudación coparticipable cuando eliminó el IVA de los alimentos básicos y bajó el impuesto a las Ganancias, lo que cayó como una bomba de profundidad en la Casa Rosada.
El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, se refirió al fallo de Corte Suprema que le da la razón a las provincias en cuanto a los recursos coparticipables. La sentencia se basa "en la presentación de Entre Ríos que fue la más consistente".
"Buscamos una instancia de diálogo que como no la tuvimos acudimos a la Justicia. Son recursos que corresponden a Entre Ríos. No estamos en contra de las medidas tomadas con el IVA y Ganancias, pero debe hacer en el marco de un consenso", aclaró Bordet.
La norma del Ejecutivo nacional viola el principio de división de poderes: Macri se arroga una facultad del Congreso. Ni siquiera firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que requiere, al menos, aprobación ulterior del Legislativo.
El supuesto "alivio" a los ciudadanos se define tras 46 meses de gestión consagrada a saquear los bolsillos populares y agrandar la desigualdad social. Y se pretende bancar, en buena medida, con plata ajena, de las provincias que están habitadas por millones de argentinos y no solo por los gobernadores.
El fallo del Supremo Tribunal estableció que el decreto es inconstitucional, que la eliminación dispuesta de manera unilateral e inconsulta por el Gobierno nacional luego de la derrota en las elecciones primarias PASO, no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias.
Se trató de la primera demanda que formuló Entre Ríos en materia de distribución de recursos federales, una decisión trascendental y no exenta de riesgos porque lo que resolviera la Corte quedaría como precedente para futuras administraciones.
Una presentación de Entre Ríos, sólidamente fundamentada, que hizo causa común con demandas similares de otras 14 provincias, resultó clave para garantizar los recursos de la provincia frente a una medida unilateral adoptada por el Gobierno centralista porteño y para establecer jurisprudencia en defensa del federalismo.
Altos funcionarios de Cambiemos y su cohorte mediática de periodistas, soldados macrista de los batallones: Clarín, La Nación e Infobae, pusieron el grito en el cielo con magro respaldo legal. Acusaron a la Corte de "hacer política", de sentenciar durante una supuesta tregua preelectoral.
Los medios "amigos" describieron a Macri como un mandatario preocupado por "la gente" versus los gobernadores que solo piensan en sí mismos. Una falacia en medio de la ofensiva de la Casa Rosada contra las arcas provinciales.
Más allá de que la Corte haya reconocido a través de un fallo la pertinencia de los reclamos formulados por Entre Ríos, el Gobierno nacional no repondrá inmediatamente la coparticipación perdida por las provincias y mucho menos devolverá los recursos coparticipables resignados durante el último mes y medio, cifra que para Entre Ríos solo en septiembre, asciende a alrededor de 350 millones de pesos.
La administración Macri presentó un escrito ante la Corte en el que le pide que le aclare cómo debería implementar la cautelar que lo obliga a devolver a las provincias la quita en el IVA a los alimentos y la devolución de Ganancias a los empleados registrados. Además solicitó al supremo tribunal que convoque a una "audiencia pública" entre el Estado Nacional y las provincias.
Lo que busca el Gobierno de Macri, con el pedido de una audiencia pública, es hacer correr a los gobernadores con el costo político de retrotraer medidas que fueron anunciadas como un alivio a los castigados bolsillos de los asalariados, aunque en definitiva no tuvieron el resultado esperado, especialmente la eliminación del IVA a alimentos que no logró reducir la inflación en ese tipo de productos.
Con el respaldo de un fallo de la Corte que les da la razón, las provincias entienden que hay "cosa juzgada" y no es tiempo de parlamentar sino de acatar lo que dispuso la justicia.
Afinar el lápiz
Los ministros de Economía provinciales tienen ahora que afinar el lápiz para pasar en limpio un dato: cuánto será el monto de lo que la Nación deja de retener a las provincias para asumir el costo fiscal de medidas clave para el "encantamiento" electoral de los desanimados.
Bordet acotó que "a Entre Ríos le significa una pérdida de 1.650 millones de pesos hasta fin de año que es el 70% del aguinaldo que hay que pagar, por lo que nos genera un gran desfinanciamiento". "Estamos dispuestos a bajar impuestos como lo hicimos con Ingresos Brutos y la Ley 4035, pero debe hacerse programadamente", manifestó.
"Queremos hacer valer el fallo y los derechos porque hay gastos corrientes que tenemos que pagarlos y a la plata la estamos perdiendo ahora. Hay una irresponsabilidad muy grande que ha desfinanciado a las provincias y nos hace correr el riesgo de perder un equilibrio fiscal que nos costó mucho trabajo restablecerlo", subrayó el gobernador.
La Nación analiza cómo hacer frente a este sobrecosto financiero de hacerse cargo totalmente de las medidas que buscaban cambiarles el humor a los asalariados y a aquellas franjas sociales más vulnerables a la devaluación y a la inflación reinante, para que votaran la reelección de Macri.
Lo concreto es que las decisiones presidenciales se corporizaron a través de un decreto y que no hubo consultas previas a los gobernadores ni a los ministros provinciales que integran los consejos encargados de armonizar las políticas fiscales.
La politización de la batería de medidas de alto impacto social fue en virtud de haber sido anunciadas tras el desfavorable resultado de las PASO, el 11 de agosto pasado. Si se hubieran definido, por ejemplo, al inicio del año fiscal en curso, tal vez otra hubiera sido la predisposición de los gobiernos subnacionales, de la misma manera que cuando se firmó el Consenso Fiscal para bajar la carga tributaria en todo el país.
Hay algo que aclarar: si el gobernante de turno hubiera sido otro que no sea Macri, la discusión se hubiese planteado con la misma tónica. La caja no se toca porque los recursos son más escasos de lo habitual. Las elecciones del domingo 27 aceleran todo tipo de negociaciones. Nadie quiere perder. Ni votos ni dinero.
Está claro quiénes son los que pagan las consecuencias. Y más elocuente es el resultado de la falta de políticas nacionales adecuadas para darles cobertura a las franjas sociales más vulnerables a los vaivenes económicos, financieros y cambiarios del modelo neoliberal en la Argentina.
En el país no se puede permitir que casi el 40% de las personas sean pobres porque no tienen los ingresos necesarios para abandonar ese escalón socioeconómico. Hay culpas compartidas, incluso de la actividad privada que alimenta la informalidad de una economía cuya actividad, en un 40%, está en negro. Mientras eso no cambie, los esfuerzos para combatir la pobreza, serán muy difíciles.
La Opinión Popular
El gobernador Gustavo Bordet ratificó la decisión de priorizar la contención social y la continuidad de la obra pública con fondos propios en medio de un escenario de recesión. Garantizó además la paritaria acordada con los gremios que contempla un incremento con los salarios de octubre.
Ministros de Economía y fiscales de Estado de las provincias se reunirán este martes en Buenos Aires para consensuar el monto de compensación, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a la nación financiar el costo fiscal de las medidas que redujeron los ingresos de las provincias.
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