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Nacionales - 02-10-2019 / 10:10
OBLIGÓ AL GOBIERNO NACIONAL A COMPENSAR A LAS PROVINCIAS
La Corte Suprema defendió el federalismo y frenó la arbitrariedad de Macri
En un sistema federal, remarcó la Corte Suprema, “los principios constitucionales de buena fe y lealtad federal –que repelen la idea de una nación fragmentada y procuran el armónico desarrollo de las necesidades locales junto con las nacionales—impiden que uno de los sujetos del sistema adopte de modo intempestivo medidas que pueden afectar al resto de los miembros de la federación”. La posibilidad de “detraer recursos coparticipables”, insistieron los supremos, “debe ser dispuesta por el Congreso”.
La Corte Suprema cuestionó dos decretos "parche" que Mauricio Macri firmó como paliativos económicos para remontar la derrota en las PASO en los que redujo el IVA a un grupo de alimentos y el impuesto a las ganancias, e hizo lugar a las medidas cautelares planteadas por 15 provincias que sostuvieron que esas disposiciones afectan fondos coparticipables y, por ende, reducen los recursos locales.
La Corte estableció que la reducción del IVA y del impuesto a las ganancias no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias. Esto quiere decir que si Macri quiere hacer campaña electoral debe hacerlo con impacto fiscal en el dinero que percibe Nación en la coparticipación, pero no con dinero de los gobernadores.
El tribunal sostuvo que es el Estado nacional quien debe hacerse cargo de compensar los costos fiscales. El fallo lleva las firmas de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, y su resultado implica un duro golpe para el Gobierno pero deja el mensaje que pretende resguardar el interés de la ciudadanía y los principios del sistema federal.
En disidencia, contra los reclamos provinciales, votó Carlos Rosenkrantz, el juez ex abogado de Clarín y más cercano al macrismo, que en otro tiempo cuando era abogado de Santa Fe defendía el federalismo. La reacción más agresiva contra la Corte llegó de la polémica Elisa Carrió y su equipo que dijeron: "Tres jueces PJ atacan a Macri veinte días antes de las elecciones, eso no es un tribunal independiente".
El reclamo resuelto por la Corte se refiere a dos decretos comunes que firmó Macri después de la derrota en las elecciones primarias: el 561/19, que le encomendó a la AFIP la suba del mínimo no imponible, de modo que paguen el impuesto los salarios superiores a 55.376 pesos (en el caso de trabajadores solteros) y a 70.274 (en casos de familia tipo) y el decreto 567/2019 que eliminó el IVA a alimentos de la canasta básica.
Hubo quince provincias que cuestionaron la validez y pidieron medidas cautelares: señalaban que el Poder Ejecutivo había modificado "inconstitucional y arbitrariamente" el régimen de impuestos y el de coparticipación tributaria vigente, lo que generaba un perjuicio económico a cada estado provincial, que además tenían los recursos asignados y comprometidos, por ejemplo, para políticas públicas.
La mayoría suprema "dispuso cautelarmente que los costos fiscales de la aplicación de los decretos" en cuestión "sean asumidos con recursos del propio Estado Nacional, sin afectar la coparticipación". Como ejemplo mostraba la demanda de la provincia de Entre Ríos, que incluso había presentado un informe de la Comisión Federal de Impuestos que estimaba que el impacto de las medidas económicas por decreto supera los 1.000 millones de pesos.
La Corte que votó a favor de las provincias, concluyó que "las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional, sin contar con competencia para ello, podrían importar una erosión de la masa coparticipable a las provincias".
La Opinión Popular
La Corte estableció que la reducción del IVA y del impuesto a las ganancias no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias. Esto quiere decir que si Macri quiere hacer campaña electoral debe hacerlo con impacto fiscal en el dinero que percibe Nación en la coparticipación, pero no con dinero de los gobernadores.
El tribunal sostuvo que es el Estado nacional quien debe hacerse cargo de compensar los costos fiscales. El fallo lleva las firmas de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, y su resultado implica un duro golpe para el Gobierno pero deja el mensaje que pretende resguardar el interés de la ciudadanía y los principios del sistema federal.
En disidencia, contra los reclamos provinciales, votó Carlos Rosenkrantz, el juez ex abogado de Clarín y más cercano al macrismo, que en otro tiempo cuando era abogado de Santa Fe defendía el federalismo. La reacción más agresiva contra la Corte llegó de la polémica Elisa Carrió y su equipo que dijeron: "Tres jueces PJ atacan a Macri veinte días antes de las elecciones, eso no es un tribunal independiente".
El reclamo resuelto por la Corte se refiere a dos decretos comunes que firmó Macri después de la derrota en las elecciones primarias: el 561/19, que le encomendó a la AFIP la suba del mínimo no imponible, de modo que paguen el impuesto los salarios superiores a 55.376 pesos (en el caso de trabajadores solteros) y a 70.274 (en casos de familia tipo) y el decreto 567/2019 que eliminó el IVA a alimentos de la canasta básica.
Hubo quince provincias que cuestionaron la validez y pidieron medidas cautelares: señalaban que el Poder Ejecutivo había modificado "inconstitucional y arbitrariamente" el régimen de impuestos y el de coparticipación tributaria vigente, lo que generaba un perjuicio económico a cada estado provincial, que además tenían los recursos asignados y comprometidos, por ejemplo, para políticas públicas.
La mayoría suprema "dispuso cautelarmente que los costos fiscales de la aplicación de los decretos" en cuestión "sean asumidos con recursos del propio Estado Nacional, sin afectar la coparticipación". Como ejemplo mostraba la demanda de la provincia de Entre Ríos, que incluso había presentado un informe de la Comisión Federal de Impuestos que estimaba que el impacto de las medidas económicas por decreto supera los 1.000 millones de pesos.
La Corte que votó a favor de las provincias, concluyó que "las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional, sin contar con competencia para ello, podrían importar una erosión de la masa coparticipable a las provincias".
La Opinión Popular
EL COSTO FISCAL DEL FALLO DE LA CORTE INCREMENTA 30% EL DÉFICIT PREVISTO EN EL ACUERDO CON EL FMI
La compensación a provincias por baja de IVA y Ganancias superará los $30.000 millones
La Corte Suprema de Justicia volvió a darle un revés al Gobierno nacional, al ordenarle al Ejecutivo a compensar a las provincias por las rebajas anunciadas tras las elecciones primarias en el Impuesto al Valor Agregado en alimentos de primera necesidad y Ganancias. Se trata de un fallo que tiene un costo fiscal de más de $30.000 millones y favorece a los quince gobernadores que recurrieron al máximo tribunal ante la pérdida de recursos coparticipables que les ocasionaron los decretos 561 y 567. Y que al equivaler a un 0,16% del PBI, podría incrementar en un 30% la meta pautada con el Fondo Monetario Internacional.
En el escrito firmado por la mayoría que conforman Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti -el presidente Carlos Rosenkrantz se opuso-, los jueces resolvieron que "los efectos fiscales sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a la Provincia de Entre Ríos sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a la Provincia de Entre Ríos".
Es decir, la Corte no dio de baja el decreto sino que obligó al Gobierno a financiarlo por su cuenta sin perjudicar a los gobernadores, que fueron los que se llevaron la peor parte. Por el momento, en el Ejecutivo evaluaban el mecanismo para llevarlo adelante, consideraron que el fallo no era del todo claro en este aspecto y casi descontaban que la negociación recaerá en la próxima administración.
En el ministerio de Hacienda estimaban que el costo del fallo estaba en torno a los $30.000 millones. Sin embargo, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal llevó la cifra a $34.381 millones.
Los decretos en cuestión son los que redujeron el IVA al 0% para una serie de productos de la canasta básica y elevaron el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, todo en un intento por recuperar el voto de clase media que se le escapó al oficialismo y acotar el impacto en los alimentos de la última devaluación, ya que el beneficio dura hasta diciembre.
El Iaraf calculó que la eliminación del IVA tiene un costo de $11.300 millones y la baja de Ganancias $48.000 millones, lo que en total hacía $59.362 millones.
Ahora bien, como desde el 2018 Ganancias se coparticipa en su totalidad, la mayor parte de la financiación de la medida recaía sobre las provincias: el 59% o 34.381 millones. Por el contrario, el Tesoro y Anses sólo aportaban el 41% o $21.500 millones.
Así, el Gobierno nacional debería girar, por ejemplo, unos $7.062 millones a Buenos Aires y $395 millones a Tierra del Fuego siempre que no se incluyan en las proyecciones los hipotéticos recuperos por mayor consumo o actividad.
"Si así fuera la situación, el Tesoro Nacional tendría un aumento de erogaciones equivalente al 0,16% del PBI, 0,13% del PBI por el impuesto a las ganancias a las personas humanas y 0,03% del PBI por el impuesto al valor agregado", advirtió el Iaraf.
"Este dinero no es un monto menor teniendo en cuenta que con el uso de ajustadores autorizados por el FMI, el déficit primario de este año puede ser de 0,5% del PBI, por lo que el fallo significaría un aumento del 30%", evaluó el instituto cordobés. "Como esto no es posible porque en ese caso no se cumpliría con la meta del FMI, el Tesoro Nacional tendrá que encontrar otras fuentes de recursos para cubrir ese porcentaje", pronosticaron.
Por Ignacio Ostera
Fuente: BAE Negocios
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