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Nacionales - 02-10-2019 / 10:10
OBLIGÓ AL GOBIERNO NACIONAL A COMPENSAR A LAS PROVINCIAS

La Corte Suprema defendió el federalismo y frenó la arbitrariedad de Macri

La Corte Suprema defendió el federalismo y frenó la arbitrariedad de Macri
En un sistema federal, remarcó la Corte Suprema, “los principios constitucionales de buena fe y lealtad federal –que repelen la idea de una nación fragmentada y procuran el armónico desarrollo de las necesidades locales junto con las nacionales—impiden que uno de los sujetos del sistema adopte de modo intempestivo medidas que pueden afectar al resto de los miembros de la federación”. La posibilidad de “detraer recursos coparticipables”, insistieron los supremos, “debe ser dispuesta por el Congreso”.
La Corte Suprema cuestionó dos decretos "parche" que Mauricio Macri firmó como paliativos económicos para remontar la derrota en las PASO en los que redujo el IVA a un grupo de alimentos y el impuesto a las ganancias, e hizo lugar a las medidas cautelares planteadas por 15 provincias que sostuvieron que esas disposiciones afectan fondos coparticipables y, por ende, reducen los recursos locales.
 
La Corte estableció que la reducción del IVA y del impuesto a las ganancias no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias. Esto quiere decir que si Macri quiere hacer campaña electoral debe hacerlo con impacto fiscal en el dinero que percibe Nación en la coparticipación, pero no con dinero de los gobernadores.
 
El tribunal sostuvo que es el Estado nacional quien debe hacerse cargo de compensar los costos fiscales. El fallo lleva las firmas de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, y su resultado implica un duro golpe para el Gobierno pero deja el mensaje que pretende resguardar el interés de la ciudadanía y los principios del sistema federal.
 
En disidencia, contra los reclamos provinciales, votó Carlos Rosenkrantz, el juez ex abogado de Clarín y más cercano al macrismo, que en otro tiempo cuando era abogado de Santa Fe defendía el federalismo. La reacción más agresiva contra la Corte llegó de la polémica Elisa Carrió y su equipo que dijeron: "Tres jueces PJ atacan a Macri veinte días antes de las elecciones, eso no es un tribunal independiente".
 
El reclamo resuelto por la Corte se refiere a dos decretos comunes que firmó Macri después de la derrota en las elecciones primarias: el 561/19, que le encomendó a la AFIP la suba del mínimo no imponible, de modo que paguen el impuesto los salarios superiores a 55.376 pesos (en el caso de trabajadores solteros) y a 70.274 (en casos de familia tipo) y el decreto 567/2019 que eliminó el IVA a alimentos de la canasta básica.
 
Hubo quince provincias que cuestionaron la validez y pidieron medidas cautelares: señalaban que el Poder Ejecutivo había modificado "inconstitucional y arbitrariamente" el régimen de impuestos y el de coparticipación tributaria vigente, lo que generaba un perjuicio económico a cada estado provincial, que además tenían los recursos asignados y comprometidos, por ejemplo, para políticas públicas.
 
La mayoría suprema "dispuso cautelarmente que los costos fiscales de la aplicación de los decretos" en cuestión "sean asumidos con recursos del propio Estado Nacional, sin afectar la coparticipación". Como ejemplo mostraba la demanda de la provincia de Entre Ríos, que incluso había presentado un informe de la Comisión Federal de Impuestos que estimaba que el impacto de las medidas económicas por decreto supera los 1.000 millones de pesos.


La Corte que votó a favor de las provincias, concluyó que "las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional, sin contar con competencia para ello, podrían importar una erosión de la masa coparticipable a las provincias".
 
La Opinión Popular

 
EL COSTO FISCAL DEL FALLO DE LA CORTE INCREMENTA 30% EL DÉFICIT PREVISTO EN EL ACUERDO CON EL FMI
 
La compensación a provincias por baja de IVA y Ganancias superará los $30.000 millones
 
La Corte Suprema de Justicia volvió a darle un revés al Gobierno nacional, al ordenarle al Ejecutivo a compensar a las provincias por las rebajas anunciadas tras las elecciones primarias en el Impuesto al Valor Agregado en alimentos de primera necesidad y Ganancias. Se trata de un fallo que tiene un costo fiscal de más de $30.000 millones y favorece a los quince gobernadores que recurrieron al máximo tribunal ante la pérdida de recursos coparticipables que les ocasionaron los decretos 561 y 567. Y que al equivaler a un 0,16% del PBI, podría incrementar en un 30% la meta pautada con el Fondo Monetario Internacional.
 
En el escrito firmado por la mayoría que conforman Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti -el presidente Carlos Rosenkrantz se opuso-, los jueces resolvieron que "los efectos fiscales sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a la Provincia de Entre Ríos sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a la Provincia de Entre Ríos".
 
Es decir, la Corte no dio de baja el decreto sino que obligó al Gobierno a financiarlo por su cuenta sin perjudicar a los gobernadores, que fueron los que se llevaron la peor parte. Por el momento, en el Ejecutivo evaluaban el mecanismo para llevarlo adelante, consideraron que el fallo no era del todo claro en este aspecto y casi descontaban que la negociación recaerá en la próxima administración.
 
En el ministerio de Hacienda estimaban que el costo del fallo estaba en torno a los $30.000 millones. Sin embargo, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal llevó la cifra a $34.381 millones.
 
Los decretos en cuestión son los que redujeron el IVA al 0% para una serie de productos de la canasta básica y elevaron el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, todo en un intento por recuperar el voto de clase media que se le escapó al oficialismo y acotar el impacto en los alimentos de la última devaluación, ya que el beneficio dura hasta diciembre.
 
El Iaraf calculó que la eliminación del IVA tiene un costo de $11.300 millones y la baja de Ganancias $48.000 millones, lo que en total hacía $59.362 millones.
 
Ahora bien, como desde el 2018 Ganancias se coparticipa en su totalidad, la mayor parte de la financiación de la medida recaía sobre las provincias: el 59% o 34.381 millones. Por el contrario, el Tesoro y Anses sólo aportaban el 41% o $21.500 millones.
 
Así, el Gobierno nacional debería girar, por ejemplo, unos $7.062 millones a Buenos Aires y $395 millones a Tierra del Fuego siempre que no se incluyan en las proyecciones los hipotéticos recuperos por mayor consumo o actividad.
 
"Si así fuera la situación, el Tesoro Nacional tendría un aumento de erogaciones equivalente al 0,16% del PBI, 0,13% del PBI por el impuesto a las ganancias a las personas humanas y 0,03% del PBI por el impuesto al valor agregado", advirtió el Iaraf.
 
"Este dinero no es un monto menor teniendo en cuenta que con el uso de ajustadores autorizados por el FMI, el déficit primario de este año puede ser de 0,5% del PBI, por lo que el fallo significaría un aumento del 30%", evaluó el instituto cordobés. "Como esto no es posible porque en ese caso no se cumpliría con la meta del FMI, el Tesoro Nacional tendrá que encontrar otras fuentes de recursos para cubrir ese porcentaje", pronosticaron.
 
Por Ignacio Ostera
 
Fuente: BAE Negocios
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
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18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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