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Nacionales - 02-10-2019 / 10:10
OBLIGÓ AL GOBIERNO NACIONAL A COMPENSAR A LAS PROVINCIAS

La Corte Suprema defendió el federalismo y frenó la arbitrariedad de Macri

La Corte Suprema defendió el federalismo y frenó la arbitrariedad de Macri
En un sistema federal, remarcó la Corte Suprema, “los principios constitucionales de buena fe y lealtad federal –que repelen la idea de una nación fragmentada y procuran el armónico desarrollo de las necesidades locales junto con las nacionales—impiden que uno de los sujetos del sistema adopte de modo intempestivo medidas que pueden afectar al resto de los miembros de la federación”. La posibilidad de “detraer recursos coparticipables”, insistieron los supremos, “debe ser dispuesta por el Congreso”.
La Corte Suprema cuestionó dos decretos "parche" que Mauricio Macri firmó como paliativos económicos para remontar la derrota en las PASO en los que redujo el IVA a un grupo de alimentos y el impuesto a las ganancias, e hizo lugar a las medidas cautelares planteadas por 15 provincias que sostuvieron que esas disposiciones afectan fondos coparticipables y, por ende, reducen los recursos locales.
 
La Corte estableció que la reducción del IVA y del impuesto a las ganancias no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias. Esto quiere decir que si Macri quiere hacer campaña electoral debe hacerlo con impacto fiscal en el dinero que percibe Nación en la coparticipación, pero no con dinero de los gobernadores.
 
El tribunal sostuvo que es el Estado nacional quien debe hacerse cargo de compensar los costos fiscales. El fallo lleva las firmas de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, y su resultado implica un duro golpe para el Gobierno pero deja el mensaje que pretende resguardar el interés de la ciudadanía y los principios del sistema federal.
 
En disidencia, contra los reclamos provinciales, votó Carlos Rosenkrantz, el juez ex abogado de Clarín y más cercano al macrismo, que en otro tiempo cuando era abogado de Santa Fe defendía el federalismo. La reacción más agresiva contra la Corte llegó de la polémica Elisa Carrió y su equipo que dijeron: "Tres jueces PJ atacan a Macri veinte días antes de las elecciones, eso no es un tribunal independiente".
 
El reclamo resuelto por la Corte se refiere a dos decretos comunes que firmó Macri después de la derrota en las elecciones primarias: el 561/19, que le encomendó a la AFIP la suba del mínimo no imponible, de modo que paguen el impuesto los salarios superiores a 55.376 pesos (en el caso de trabajadores solteros) y a 70.274 (en casos de familia tipo) y el decreto 567/2019 que eliminó el IVA a alimentos de la canasta básica.
 
Hubo quince provincias que cuestionaron la validez y pidieron medidas cautelares: señalaban que el Poder Ejecutivo había modificado "inconstitucional y arbitrariamente" el régimen de impuestos y el de coparticipación tributaria vigente, lo que generaba un perjuicio económico a cada estado provincial, que además tenían los recursos asignados y comprometidos, por ejemplo, para políticas públicas.
 
La mayoría suprema "dispuso cautelarmente que los costos fiscales de la aplicación de los decretos" en cuestión "sean asumidos con recursos del propio Estado Nacional, sin afectar la coparticipación". Como ejemplo mostraba la demanda de la provincia de Entre Ríos, que incluso había presentado un informe de la Comisión Federal de Impuestos que estimaba que el impacto de las medidas económicas por decreto supera los 1.000 millones de pesos.


La Corte que votó a favor de las provincias, concluyó que "las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional, sin contar con competencia para ello, podrían importar una erosión de la masa coparticipable a las provincias".
 
La Opinión Popular

 
EL COSTO FISCAL DEL FALLO DE LA CORTE INCREMENTA 30% EL DÉFICIT PREVISTO EN EL ACUERDO CON EL FMI
 
La compensación a provincias por baja de IVA y Ganancias superará los $30.000 millones
 
La Corte Suprema de Justicia volvió a darle un revés al Gobierno nacional, al ordenarle al Ejecutivo a compensar a las provincias por las rebajas anunciadas tras las elecciones primarias en el Impuesto al Valor Agregado en alimentos de primera necesidad y Ganancias. Se trata de un fallo que tiene un costo fiscal de más de $30.000 millones y favorece a los quince gobernadores que recurrieron al máximo tribunal ante la pérdida de recursos coparticipables que les ocasionaron los decretos 561 y 567. Y que al equivaler a un 0,16% del PBI, podría incrementar en un 30% la meta pautada con el Fondo Monetario Internacional.
 
En el escrito firmado por la mayoría que conforman Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti -el presidente Carlos Rosenkrantz se opuso-, los jueces resolvieron que "los efectos fiscales sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a la Provincia de Entre Ríos sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a la Provincia de Entre Ríos".
 
Es decir, la Corte no dio de baja el decreto sino que obligó al Gobierno a financiarlo por su cuenta sin perjudicar a los gobernadores, que fueron los que se llevaron la peor parte. Por el momento, en el Ejecutivo evaluaban el mecanismo para llevarlo adelante, consideraron que el fallo no era del todo claro en este aspecto y casi descontaban que la negociación recaerá en la próxima administración.
 
En el ministerio de Hacienda estimaban que el costo del fallo estaba en torno a los $30.000 millones. Sin embargo, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal llevó la cifra a $34.381 millones.
 
Los decretos en cuestión son los que redujeron el IVA al 0% para una serie de productos de la canasta básica y elevaron el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, todo en un intento por recuperar el voto de clase media que se le escapó al oficialismo y acotar el impacto en los alimentos de la última devaluación, ya que el beneficio dura hasta diciembre.
 
El Iaraf calculó que la eliminación del IVA tiene un costo de $11.300 millones y la baja de Ganancias $48.000 millones, lo que en total hacía $59.362 millones.
 
Ahora bien, como desde el 2018 Ganancias se coparticipa en su totalidad, la mayor parte de la financiación de la medida recaía sobre las provincias: el 59% o 34.381 millones. Por el contrario, el Tesoro y Anses sólo aportaban el 41% o $21.500 millones.
 
Así, el Gobierno nacional debería girar, por ejemplo, unos $7.062 millones a Buenos Aires y $395 millones a Tierra del Fuego siempre que no se incluyan en las proyecciones los hipotéticos recuperos por mayor consumo o actividad.
 
"Si así fuera la situación, el Tesoro Nacional tendría un aumento de erogaciones equivalente al 0,16% del PBI, 0,13% del PBI por el impuesto a las ganancias a las personas humanas y 0,03% del PBI por el impuesto al valor agregado", advirtió el Iaraf.
 
"Este dinero no es un monto menor teniendo en cuenta que con el uso de ajustadores autorizados por el FMI, el déficit primario de este año puede ser de 0,5% del PBI, por lo que el fallo significaría un aumento del 30%", evaluó el instituto cordobés. "Como esto no es posible porque en ese caso no se cumpliría con la meta del FMI, el Tesoro Nacional tendrá que encontrar otras fuentes de recursos para cubrir ese porcentaje", pronosticaron.
 
Por Ignacio Ostera
 
Fuente: BAE Negocios
 

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07-08-2020 / 10:08
Aunque hace tiempo que nadie en el poder se lo toma demasiado en serio ni le pide opinión, Guillermo Moreno pudo haber sido la excepción que confirmara la regla. El acuerdo que enhebró Martín Guzmán con los acreedores privados para aplazar y aliviar los pagos de la deuda jamás haría desdecirse al pintoresco exsecretario de Comercio, quien semanas atrás vaticinó que fracasaría porque le faltaba "haber pateado más la calle".
 
En el mundo empresario, entre los apostadores bursátiles y entre los consultores más cotizados de la City, en cambio, no hubo ningún reparo para la pirueta: hasta quienes le pedían el mes pasado a Alberto Fernández que lo eche -en público y en privado- se vistieron de guzmanistas de la primera hora. Todos salieron a gritar el gol que añoraban tanto la hinchada como el técnico, aun cuando está lejos de haber definido el partido.
 
Puertas adentro de la coalición, el primero en cantarlo fue Sergio Massa, quien no solo había convocado varias veces durante abril y mayo a su propio gabinete económico para interconsultas sino quien además entabló diálogos paralelos con Wall Street que obligaron al Presidente a avisar en tres ocasiones que el único interlocutor oficial era Guzmán.
 
Pasado pisado: tanto se apuró el jefe de Diputados en sacar pecho por el entendimiento que incluso primereó a Fernández. Pidió disculpas.
 
El recorrido de Guzmán antes del cierre de las negociaciones reflejó fielmente el equilibrio de fuerzas en el Frente de Todos
 

07-08-2020 / 10:08
En plena recesión y en medio del proceso de flexibilización de las restricciones por la pandemia, el debate sobre cómo sería la recuperación de la economía toma vigencia. ¿Cómo será? ¿Un dibujo en V? ¿Será acaso más apaisada? ¿O la Argentina estará condenada a convivir con una L, en el mejor de los casos, castigada por la crisis permanente?
 
Ese debate se mezcla con la política. María Eugenia Vidal, por caso, levantó el perfil público el jueves por la mañana en un "zoom" en el que planteó -en base a su economista de cabecera, Hernán Lacunza, que la economía caerá este año un 12%, pero que en 2021 no podrá recuperar lo perdido.
 
Más optimista, el economista Emmanuel Álvarez Agis -cercano ideológicamente a la Casa Rosada- cree que la actividad se recuperará pero para asegurarlo reclama una mayor y decisiva participación del Estado, a través del gasto público.
 
"Ahora que arreglamos con los acreedores llegó el momento de gastar. En la pandemia, hay que gastar más. El Estado argentino gasta la mitad que su par de Chile o Perú. Y mucho menos que Brasil", argumenta Agis.
 
Desde Economía se aboga por un ordenamiento fiscal, de cara a las inminentes negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Pero no sólo por eso. Martín Guzmán demostró desde un primer momento que valora la cautela a la hora de programar el gasto público, lo que quedó a la vista cuando se suspendió la actualización automática de las jubilaciones.
 
En el Gobierno creen que esta semana fue la mejor desde que Alberto Fernández se puso la banda presidencial.
En el equipo económico sospechan que la buena onda perdurará. Y no lo avalan por una cuestión de fe religiosa. Los funcionarios comparten algunos de los datos positivos de la actividad, que los sorprendió gratamente a ellos mismos.
 
Juzgan, sin temor a hacerlo con premura, que se trata de los primeros indicios de una recuperación veloz. Incluso destacan la "V corta" de la palabra "veloz".
 

06-08-2020 / 11:08
La valiente fiscal Gabriela Boquin, quien llevó adelante la acusación contra la familia Macri en la causa Correo Argentino, denunció este miércoles ante una comisión bicameral que una empleada de su fiscalía "le entregaba documentación en pleno trámite de la investigación de la causa al diputado (del Pro) Pablo Tonelli" y que al denunciar esa situación ante su superior, el Procurador interino, Eduardo Casal, "no tomó ninguna medida al respecto".
 
Boquin expuso este miércoles ante la comisión bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. La semana pasada, Casal, quien asumió como jefe de los fiscales durante la gestión de Cambiemos, le inició un sumario administrativo por supuesto maltrato y mobbing laboral a ex empleados de la fiscalía.
 
La comisión bicameral tiene previsto volver a reunirse en diez días para tratar una serie de denuncias y pedidos de juicio político contra Casal por supuestas arbitrariedades en traslados y medidas disciplinarias contra fiscales que investigaban al macrismo.
 
En su presentación, la fiscal Boquin, que interviene en una de las causas más complicadas para el ex presidente y su familia, dijo: "Es falaz decir que se retiraron de mis dependencias por maltratos o pidieron traslados. Esto no existió. Es más, a una de las testigos el traslado lo pedí yo".
 
Y amplió Boquin que realizó ese pedido "por falta de confianza" de la empleada de su fiscalía tras "descubrir que le entregaba documentación en pleno trámite de la investigación de la causa Correo Argentino al diputado Pablo Tonelli".
 
"Esa documentación que le pasaba y que le iba comunicando los pasos del expediente a Tonelli estaban relacionados con su propia vinculación en la causa porque cuando yo denuncié el vaciamiento, estaban las facturas de Tonelli por millones de pesos retirando dinero de Correo Argentino", agregó la fiscal. 
 

06-08-2020 / 10:08
"La cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) impartió órdenes a un grupo de agentes orgánicos e inorgánicos quienes se dedicaron a realizar tareas de inteligencia y espionaje ilegal consistentes en llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas por el solo hecho de su pertenencia político-partidaria, social, sindical y/o cultural".
 
Con estas frases contundentes, el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, procesó a los directores de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por espionaje ilegal, abuso de autoridad y falsificación de documentos. La suma de los delitos establece penas de hasta 12 años de prisión. Al mismo tiempo, el juez les prohibió la salida del país, retuvo sus pasaportes y los embargó por dos millones de pesos. Y Mauricio Macri, ¿para cuándo?
 
Eso sí, no ocurrió como en los cuatro años anteriores: no los fueron a buscar a sus casas a la medianoche o a la madrugada, no les pusieron chaleco antibalas ni casco ni convocaron a las cámaras de televisión, pese a que los delitos prevén penas como las señaladas, superiores a las previstas en las causas contra los ex funcionarios y empresarios detenidos en tiempos de Macri.
 
Como ocurre en casi todas las causas que tienen imputados macristas, la defensa principal consiste en tratar de llevar el expediente a los tribunales de Comodoro Py, donde juegan de locales. Es a lo que apuestan las ex autoridades de la AFI. Se sabe que en el edificio de Retiro encuentran cobijo judicial-mediático-político aunque sea para empantanar las cosas por unos años.
 

05-08-2020 / 13:08
Cada vez que alguna selección argentina, del deporte que sea, llega a la final de algún torneo importante, la televisión se llena de especialistas en. Los argentinos fueron especialistas en rally dakar, rugby, handball, judo. También en ciencia forense con el caso Nisman y en infectología con la covid-19.
 
En el día del cierre del acuerdo de deuda  entre el gobierno y los tenedores de bonos en dólares bajo legislación extranjera, muchos argentinos, los funcionarios que participaron de un gobierno que endeudó al país por 96.602 millones de dólares, pasando de representar un 52 al 81 por ciento del PBI, también se animaron a opinar.
 
Sin ninguna vergüenza, miembros del equipo económico de Mauricio Macri, que lideraron el mayor ciclo de endeudamiento de la economía argentina hasta desembocar en un default virtual, salieron a opinar de la negociación exitosa del ministro Martín Guzmán.
 
"Se podría haber logrado un acuerdo mejor. Como Ecuador: más rápido, mayor alivio de intereses, mayores plazos y quita de capital. Pero ya está: con acuerdo no alcanza; sin acuerdo no arranca. Ahora a ponerle todo el diálogo y toda la energía para salir de esta dolorosa recesión", twitteó el ex Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay.
 
Puede que Prat-Gay quiera tomar de referencia la rapidez con la que cerró la negociación con los fondos buitre que, luego de haber litigado quince años contra la Argentina, se beneficiaron con una ganancia de 1600 por ciento gracias al acuerdo que alcanzó con el gobierno que a su vez implicó un endeudamiento para el país del orden de los 16.500 millones de dólares. "Chau default, arranca una nueva etapa", celebraba el flamante ministro en aquel entonces. Era verdad, empezaba en aquel entonces la etapa del presidente que más se endeudó de los últimos 50 años. 
 

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