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El clima en Paraná

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 01-10-2019 / 08:10
TERMINARÁ CON 5 MILLONES DE POBRES MÁS QUE AL ASUMIR

Macri lo hizo: En un año y medio, aumentó la pobreza de 25,7% a 35,4%

Macri lo hizo: En un año y medio, aumentó la pobreza de 25,7% a 35,4%
A pesar de las promesas de campaña que realizó la alianza antiperonista Cambiemos, la pobreza ascendió al 35,4% en el primer semestre de este año y se trata del peor registro en la era Mauricio Macri. A su vez, el deterioro social, generado por las políticas de ajuste, llevó a que la indigencia trepe al 7,7%
A pesar de las promesas de campaña que realizó la alianza antiperonista Cambiemos, la pobreza ascendió al 35,4% en el primer semestre de este año y se trata del peor registro en la era Mauricio Macri. A su vez, el deterioro social, generado por las políticas de ajuste, llevó a que la indigencia trepe al 7,7%
 
A poco más de un año de la vuelta del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la escena nacional, y de su injerencia sobre el rumbo de la economía, el INDEC confirmó que la cantidad de personas que permanecen por debajo de la línea de la pobreza aumentó 8,1 puntos porcentuales, desde una perspectiva interanual. En esos mismos términos, la cifra de indigencia saltó 2.8 puntos porcentuales.
 
Según el documento, se encuentran por debajo de la línea de pobreza 2.394.274 hogares, los cuales incluyen 10.015.728 de personas. En ese conjunto, 514.273 hogares se encuentran, a su vez, bajo la línea de indigencia, e incluyen a 2.169.496 personas indigentes. Una realidad alarmante consecuencia del fracaso del modelo neoliberal de Macri y del ajuste salvaje exigido por el FMI.
 
Cabe recalcar que el organismo de estadísticas toma como referencia a 31 aglomerados urbanos, que equivalen a 28.295.683 personas. Proyectados a la población urbana nacional, pasó de 11.150.000 a 14.400.000, lo cual equivale a 3.250.000 nuevos pobres. Si se incluye la población rural, el número se eleva a 15.800.000 personas.
 
Además, lo peor de la crisis es que la pobreza fue de 52,6% entre los menores de 15 años; de 42,3% en las personas de 15 a 29; de 30,4% en las de 30 a 64; y de 10,4% en las mayores de 65.
 
Tras el anuncio del acuerdo con el FMI y la mega devaluación del año pasado, el empeoramiento de la situación social en los polos urbanos había producido que el número de pobres se haya disparado un 7%, frente al mismo período del 2017. Y la situación empeoró.
 
Los salarios arrastran en los últimos 12 meses una pérdida del 9,8%. En el primer semestre de este año, las remuneraciones aumentaron un 21,1%, mientras que la inflación fue del 22,4%, 1,3 puntos porcentuales menos. Con relación a diciembre de 2015, la pérdida es mucho mayor, y trepa al 17%.
 
Las perspectivas no son alentadoras respecto al próximo período, ya que el salto en la cotización del dólar tras las PASO destrozó los sueños macristas de una leve recuperación. Analistas, bancos de inversión y consultoras estimaron que la inflación cerrará 2019 en el 55% anual y una contracción del PBI en torno al 2,5%.
 
El modelo neoliberal de Macri necesita un piso de pobreza e indigencia que actué como disciplinador social en los momentos de crisis y a su vez como regulador para bajar los salarios beneficiando a los empresarios.
 
La Opinión Popular

 
EL 35,4% DE LA POBLACIÓN NO CUBRE LA CANASTA BÁSICA
 
Macri, una fábrica de pobreza
 
La pobreza alcanzó al 35,4 por ciento de las personas que habitan la Argentina, el máximo valor desde que asumió Mauricio Macri, mientras que el número de indigencia se ubicó en el 7,7 por ciento, informó este lunes el Indec. En términos absolutos, hay más de 16 millones de pobres en el país, de los cuales 3,4 millones están en una situación de indigencia.
 
La comparación frente al primer semestre del año pasado arroja una suba del índice de pobreza de 8,1 puntos porcentuales, equivalentes a casi 4 millones de personas. Semejante deterioro de la situación social se explica por la destrucción del poder adquisitivo del salario y de otros ingresos junto a la crisis del mercado de trabajo, con reducción de horas trabajadas y aumento del desempleo.
 
En el segundo semestre, con la nueva devaluación posterior a las PASO y la paralización de la economía, la pobreza seguirá en ascenso, estiman especialistas. Es el saldo de una política económica que desde el día uno apuntó a recomponer la rentabilidad empresaria mediante la baja del salario y el ingreso de capitales externos, que derivó luego en el incremento de la deuda y el ajuste como único salvataje.
 
El informe de pobreza e indigencia del Indec se calcula de manera semestral, lo cual implica un promedio de los datos trimestrales. Se estima que en el primer trimestre, la pobreza alcanzó al 34 por ciento de la población, mientras que en segundo ascendió al 36,8 por ciento.
 
Esto implica que para finales de junio pasado en la Argentina había 16,5 millones de personas cuyo ingreso está por debajo de la línea que define la pobreza, asociada a la canasta básica de bienes y servicios, calcula la economista Eva Sacco, del CEPA. De modo similar, la indigencia habría sido del 7 por ciento en el primer trimestre y del 8,4 por ciento en el segundo, con lo cual en términos absolutos para mediados de año había 3,7 millones de indigentes a lo largo y ancho del país.
 
El gobierno de Mauricio Macri llegó al poder con un nivel de pobreza del 29 por ciento, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, y terminaría su mandato con un nivel del 38 por ciento, calcula Agustín Salvia, director de ese centro de estudios. Esto implica que uno de cada cinco personas que está en situación de pobreza transita este problema desde que asumió Macri.
 
La evolución de la pobreza e indigencia por ingresos tiene que ver con la falta de acceso a una determinada canasta de bienes y servicios básicos. Según las estadísticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la canasta básica de bienes y servicios para un matrimonio de 35 años, ambos trabajadores activos y propietarios y con dos hijos menores de edad, era de 12.356 pesos mensuales en mayo de 2016.
 
El mes pasado, ese valor se ubicó en 32.823 pesos, lo cual implica una suba del 165 por ciento en algo más de tres años. En el caso de la canasta de indigencia, el valor pasó de 6110 pesos por mes a 16.181 pesos, un crecimiento del 164 por ciento.
 
En el mismo período, el salario mínimo pasó de 6060 pesos a 12.500 pesos, un incremento del 106 por ciento, 60 puntos por debajo de la inflación, mientras que la jubilación pasó de 4959 pesos a 11.537 pesos, lo cual implica una suba del 132 por ciento, 30 puntos por debajo de la inflación.
 
Pero no sólo se redujo el poder adquisitivo del ingreso sino que en este período hubo un fuerte deterioro del mercado de trabajo. El Indec difundió recientemente que en el segundo trimestre del año la desocupación se ubicó en el 10,6 por ciento, el nivel más alto en catorce años.
 
El informe oficial de pobreza detalla que en promedio el hogar pobre en términos de ingresos tiene un tamaño promedio de 4,18 personas y un ingreso total familiar promedio de 18.437 pesos. En el caso de la indigencia, el ingreso total promedio del hogar es de 7733 pesos. En ambos casos, la brecha es de casi el 40 por ciento entre el ingreso promedio del grupo familiar y el valor de la canasta en cuestión.
 
En el desagregado por franjas de edad, el pico de pobreza se verifica en niños y niñas de hasta los 14 años, con el 52,6 por ciento de pobres. O sea que en ese grupo etario hay más personas en condición de pobreza que no pobres. La indigencia en chicos y chicas alcanza al 13,1 por ciento.
 
En la franja de 15 a 29 años, la pobreza alcanza al 42,3 por ciento de las personas y la indigencia, al 9,4 por ciento. Entre los 60 y los 64 años, la pobreza afecta al 30,4 por ciento de las personas y al 10,4 por ciento entre las personas de 65 o más años.
 
El distrito con mayor porcentaje de personas por debajo de la línea de la pobreza es Concordia, con el 52,9 por ciento, seguido de Gran Resistencia (46,9 por ciento), Santiago del Estero - La Banda (44,8) y Salta (41,8).
 
El mayor número de pobres en aglomerados urbanos se verifica en el Gran Buenos Aires, con 4,8 millones de personas en esa situación. En segundo lugar está Gran Córdoba, con 568 mil personas, seguido de Gran Rosario (466 mil personas), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (429 mil), Gran Mendoza (381 mil) y Gran Tucumán - Tafí Viejo (360 mil personas).
 
La comparación interanual arroja una suba de la pobreza en Formosa de 24,9 a 40,1 por ciento (15,2 puntos), del 28,8 al 46,9 por ciento (18,1 puntos) en Gran Resistencia y del 34,7 al 52,9 por ciento en Concordia (18,2) . En Gran Buenos Aires, el incremento fue de 31,9 a 39,8 por ciento (7,9 puntos).
 
Fuente: Página12
 

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Macri lo hizo: En un año y medio, aumentó la pobreza de 25,7% a 35,4%
DATO INDEC. La pobreza alcanzó al 35,4% de las personas y al 25,4% de los hogares en el primer semestre de 2019.
Macri lo hizo: En un año y medio, aumentó la pobreza de 25,7% a 35,4%
La polémica tapa de Clarín blinda a Macri el día que se disparó la pobreza. Ante un nuevo aumento de pobreza, el diario ultra oficialista decidió ubicar aquella noticia en un apartado a la derecha, priorizando el conflicto institucional en Perú como título de tapa, acompañado por una foto gigante de pasajeros varados en Aeroparque. Esto se suma así a la larga lista de ejemplo de cómo el diario protege al gobierno macrista.
19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
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