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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 27-09-2019 / 06:09
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Los efectos del despoder exhiben en carne viva el desbande macrista

Los efectos del despoder exhiben en carne viva el desbande macrista
Los resultados de las PASO propinaron una dura derrota a Mauricio Macri. Los principales empresarios que apoyaban a Cambiemos, una vez que los datos fueron públicos, tuvieron la difícil tarea de borrarse de los finales de campaña. Con el búnker vaciándose, un alicaído Macri, intentar elevar la moral de los seguidores de Juntos por el Cambio y contener la tropa propia para salvar lo que pueda en las elecciones de octubre.
Los efectos del despoder se sienten en el grupo de Whatsapp "Nuestra Voz", un chat de CEOs y empresarios que militó con fervor la reelección del Presidente Mauricio Macri hasta la noche de su contundente derrota en las PASO.
 
El dueño de MercadoLibre, Marcos Galperín, fue más comedido que Enrique Cristofani (Santander) y que Eduardo Costantini (Consultatio) y evitó desuscribirse del grupo, incluso aunque acudió raudamente a reunirse con Alberto Fernández esa misma semana, igual que el fundador de Nordelta.
 
No fueron las únicas deserciones: de los 256 empresarios miembros que había el 10 de agosto -el máximo permitido por el sistema de mensajería instantánea- ayer quedaban 237.
 
Lo que cayó más abruptamente fue la intensidad del intercambio de pareceres. "Ahora hablan solo los talibanes", se sinceró uno de los varios participantes. Así rotuló por ejemplo a Gonzalo Tanoira y a Martín y Agustín Otero Monsegur, que anteayer se congratularon mutuamente por quizás la última conquista del "regreso al mundo" cambiemita: el arribo de las primeras 24 toneladas de limones tucumanos a un puerto de la India.
 
La mayoría de los empresarios hace fila en el campamento que antes percibía como enemigo y que ahora apuesta a modelar a su imagen y semejanza. Pragmático hasta que duela, Fernández no escatima guiños para todos lados.
 
Lo que resta ver es cómo queda Cambiemos después de la casi segura derrota que sufrirá el 27. Emilio Monzó amaga con auspiciar, ya desde el llano, una ruptura del bloque con 8 o 10 diputados para negociar con el nuevo Gobierno.
 
¿Se irá con él una parte del radicalismo, de la mano de Alfredo Cornejo? ¿Quedarán, junto al macrismo residual y a Elisa Carrió, solamente los ultra-antiperonistas, como el incombustible nosiglista Emiliano Yacobitti, que ayer le abrió a Macri las puertas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA? ¿Le reservará a Monzó un ministerio el Frente de Todos para mostrar unidad nacional, o ya tiene demasiados pedidos que atender?

 
Teléfonos ligados
 
El estado de Whatsapp de Pancho Cabrera sorprendió a empresarios que lo tienen agendado entre sus contactos con el teléfono de siempre. El que termina en 0430.
 
"Lo que necesito es la confirmación de que se va a hacer el desembolso. Después si es esta semana o la siguiente no nos cambia, ya venimos remando en dulce de leche hace dos meses y hay retrasos pero bueno, lo importante es saber si vamos adelante o si tengo que tomar alguna medida drástica".
 
Todavía asesor especial de Mauricio Macri, el exministro de la Producción y antiguo jefe de la Fundación Pensar trajina a diario los pasillos del primer piso de la Rosada. Aunque su despacho oficial está a cinco cuadras, en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), su diálogo con el Presidente es permanente.
 
Por eso entre los hombres de negocios llamó tanto la atención la frase, en un casillero donde la gente suele poner "ocupado", "disponible" o "en el gimnasio".
 
¿Sería una pregunta para el mandatario, que el martes esa hora se sumaba por sorpresa a la reunión en Nueva York entre Hernán Lacunza y el director interino del FMI, David Lipton? ¿Sería un mensaje para algún otro miembro de la comitiva que lo acompañaba, para que se lo hiciera llegar? ¿Acaso no se referiría al desembolso de US$ 5.400 millones que esperaba el Gobierno del FMI sino a otra cuestión?
 
Difícil saberlo. Al cabo de un rato, advertido del error, el Latin Lover -como lo apodó con sorna Macri desde que salió en las portadas de las revistas del corazón con Juanita Viale- lo borró.
 
No es el primer blooper que involucra a la telefonía celular desde que las PASO desataron el desbande cambiemita que se palpa en cualquier repartición del Estado. La semana pasada, el propio Macri tuvo que pedir disculpas cuando sonó su Samsung último modelo en pleno discurso, en Jujuy.
 
Como si hubiera estado guionado, ocurrió justo cuando decía "los escucho". "Generalmente no lo tengo prendido", se excusó al instante, mientras los presentes se atragantaban con sus propias carcajadas.
 
Como sea, la confirmación del desembolso que pretendía Cabrera nunca llegó. Al contrario, Lipton enterró cualquier esperanza esa misma tarde, cuando le advirtió a la radio de Bloomberg que Argentina atraviesa una situación "extremadamente compleja".
 
Veterano de mil batallas geopolíticas (llegó a volar de incógnito a Varsovia para redactarle un plan económico de emergencia a Lech Walesa mientras los alemanes del Este derrumbaban el Muro de Berlín) y muy consciente del peso de sus palabras, el representante de Donald Trump afirmó lapidario: "El FMI trabajará para reanudar una relación financiera, que tal vez tenga que esperar un tiempo".
 
Lipton fue tan tajante que el Durán Barba del FMI, Gerry Rice, tuvo que salir a subtitularlo de inmediato, primero a través del equipo de portavoces para América latina y después en la conferencia de prensa de ayer, donde hizo malabares por matizar el "game over" del jefe interino.
 
Lo que nadie pudo explicarse es por qué Macri contó que se había reunido con él si había riesgo de exponerse a otro bochorno de magnitud histórica en plena licuación de su poder.
 
Al menos tres funcionarios le pidieron al vocero presidencial Jorge Grecco que mantuviera en secreto la cita, de la que no hubo siquiera registro fotográfico. Pero el multimillonario Grecco, todavía grogui como Marcos Peña tras el cachetazo del 11 de agosto, no respondió.
 
En el kirchnerismo ya se sienten, muy asordinados, los primeros resquemores. Hasta los ateos en el Instituto Patria rezaban ayer porque el candidato haya encontrado en Córdoba su límite hacia la derecha: la Fundación Mediterránea.
 
¿Acaso es muy distinto lo que plantea respecto del Estado ese foro, donde ayer almorzó Alberto, que lo que se escuchó en la convención de FIEL en la Bolsa que animaron Rodolfo Santángelo y Ricardo López Murphy?
 
Los que esperan pronto a Fernández son los socios del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICyP), que esta semana ya debieron reemplazar a Roberto Lavagna por el candidato frentista uruguayo Daniel Martínez debido a que el exministro pidió aplazar su conferencia allí para un momento más cerca de las elecciones.
 
El jefe del Frente de Todos también prevé ir a almorzar a la Unión Industrial Argentina (UIA), pero después del resultado de las PASO el que define cuándo es él. O más bien Santiago Cafiero, el joven politólogo que lo acompañó como escudero a Bolivia y Perú y que suena como jefe de Gabinete o secretario general de la Presidencia.
 
En el búnker de la calle México saben que la suerte de todo el programa económico depende de la renegociación de la deuda.
 
Tal como se adelantó en esta columna la semana pasada, tanto Matías Kulfas como Cecilia Todesca propusieron incluir en las conversaciones un esquema de "step up" (patear hacia adelante) parecido al que incluyó el Plan Brady a inicios de los 90, con aplazamiento de pago del capital y recálculo de los intereses para que su carga sea baja al inicio y crezca con el tiempo.
 
Ayer, en Córdoba, Fernández habló del "modelo Uruguay": una reestructuración amigable sin quita, y apoyada por el FMI. Pero los técnicos ya le advirtieron que no alcanza.
 
Apenas llegaron a Nueva York, antes de reunirse con las autoridades del Fondo, Lacunza y Sandleris atendieron por separado a varios fondos de inversión. Se habló de la ley para reestructurar la deuda con jurisdicción local y también del reperfilamiento de bonos con ley extranjera.
 
"Los dueños de los bonos son los mismos", explicó a este diario desde Manhattan uno de los negociadores. "Por suerte hay buena sintonía. La oposición compró el esquema de reperfilamiento", agregó.
 
Tanto Lacunza como Sandleris aspiran a negociar una transición ordenada con Alberto después de la elección. El mismo norte al que apuesta Rogelio Frigerio. Como diría Melconian, el plan llegar.
 
No podrían estar más lejos del #SíSePuede del Presidente y el tour proselitista que arranca mañana en Barrancas de Belgrano. El apuro por incluir en ese tour una inauguración faraónica como la de la ampliación del aeropuerto de Ezeiza terminó en una hecatombe: la muerte de José Bulacio.
 
¿Qué podría incluir esa transición ordenada a la que aspiran los moderados del gabinete? Los más audaces apuestan a que se aprueben la ley de reestructuración de la deuda, el presupuesto 2020 y la ley de alquileres.
 
Alberto abonó ayer ese optimismo y pareció confirmar eso de que su Frente "compró" el plan oficial para la deuda. Habló de "reperfilamiento", el mismo eufemismo que acuñó Lacunza cuando defaulteó la deuda local de corto plazo, en Letes y Lecaps.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.
 
La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.
 
El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
 
Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
 
Es curioso que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?
 
Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo.
 
La Opinión Popular
 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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