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Nacionales - 26-09-2019 / 09:09
CAMBIA LA VISIÓN SOBRE LA RELACIÓN CON EL FONDO

El plan secreto de Alberto: poner "en pausa" al FMI y pedirle que congele las cuotas del stand by

El plan secreto de Alberto: poner
Alberto Fernández analiza poner la relación con el Fondo Monetario "en modo pausa". La resolución final dependerá, en buena parte, del resultado de las conversaciones que Hernán Lacunza, concluirá en Washington con los máximos responsables del organismo.
Alberto Fernández analiza poner la relación con el Fondo Monetario "en modo pausa". La resolución final dependerá, en buena parte, del resultado de las conversaciones que Hernán Lacunza, concluirá en Washington con los máximos responsables del organismo.
 
"Si, como creemos, Lacunza se vuelve con las manos vacías, sin los u$s5.400 millones del desembolso del FMI, tendremos la responsabilidad de definir el futuro de la relación a partir del 10 de diciembre", afirma uno de los miembros del equipo del candidato que sigue de cerca el vínculo con el organismo.
 
El equipo de asesores del candidato le acercó en los últimos días un plan que implica un cambio respecto de las versiones manejadas hasta ahora, y que apuntaban hacia la búsqueda de un acuerdo de facilidades extendidas, que ampliaría el plazo de pago al FMI. La nueva visión surgió como consecuencia de los sucesos de las últimas semanas y ante la alarma por una situación financiera peor a la prevista.
 
Ahora, el candidato del Frente de Todos analiza si seguir el consejo de su equipo en el sentido de cambiar drásticamente la relación con el Fondo.
 
En concreto, en caso de que ese desembolso del Fondo no se concrete en las próximas semanas, Alberto F. baraja la posibilidad de suspender el pedido de esos u$s5.400 millones (y los aproximadamente u$s1.000 millones que deberían "bajar" en diciembre) y, a partir de ahí, relanzar la relación con ese organismo.
 
La idea pasa por limitar los pagos de Argentina sólo a los intereses de la deuda contraída, pero sin la apertura de una discusión por un nuevo acuerdo que permita diferir los giros del capital de esos pasivos. El año que viene, por caso, habría que abonar unos u$s1.500 millones sólo en concepto de intereses. No hay vencimientos de capital.
 
Hacia 2021, las obligaciones resultan un poco más exigentes: además de los u$s1.500 millones de intereses habría que abonar otros u$s3.250 millones por vencimientos de capital.
 
Los vencimientos con el Fondo Monetario explotan recién a partir de 2022. Ese año ya habría que abonar, además de los intereses, cerca de u$s18.000 millones del súper crédito otorgado por el organismo a partir de mediados del año pasado.
 
El resto de la deuda con Washington debería cancelarse durante 2023.

 
Un cronograma de pagos recargado
 
A diferencia de lo que se creía hasta ahora, Fernández desistiría de abrir una renegociación para lograr una postergación de los vencimientos. En el mercado suponen que el FMI podría darle hasta diez años de plazo para pagar la deuda.
 
Sin embargo, varios de los asesores financieros del candidato le están sugiriendo que, aun en ese escenario, las obligaciones con el FMI serían "impagables".
 
"A la Argentina se le haría muy cuesta arriba pagarle al FMI a razón de u$s5.000 millones cada año, para dejar saldada la deuda en una década. Porque, además, hay que tener en cuenta la deuda con los acreedores privados", analiza uno de los asesores que frecuenta al candidato y que está cerca de las cuentas públicas.
 
"¿Los inversores privados aceptarían una reestructuración si saben que estamos ahorcados con los pagos al FMI? Seguro que no", reflexiona la misma fuente.
 
De hecho, al equipo de Alberto F. no se les escapa que durante el año que viene habrá que abonar alrededor de u$s5.550 millones a organismos internacionales, a saber: intereses por u$s2.900 millones (al FMI, BID, BM y otros) y otros u$s2.650 millones al Club de París, entre intereses y amortización de capital.
 
En simultáneo, existen vencimientos con acreedores privados por otros u$s14.500 millones -entre títulos con jurisdicción local e internacional-, que habría que abonarlos a menos que se haga una reestructuración que vaya más allá del reperfilamiento anunciado y que espera en el Congreso.
 
Es en este contexto súper complicado que algunos asesores de Fernández le dijeron al candidato que lo mejor sería "poner en pausa" la relación con el Fondo Monetario y apuntarle a la renegociación con los privados.
 
 
Un plan B sin la auditoría del Fondo
 
¿Qué se ganaría? De acuerdo a esa visión, aprovechando que no hay vencimientos de capital con el FMI durante 2020 (sólo los u$s1.500 millones de intereses que habría que abonar sí o sí para no caer en default), la idea sería eludir una discusión de fondo que obligue a la Argentina a aplicar un fuerte ajuste de sus cuentas públicas y, en simultáneo, el planteo de reformas estructurales, como la laboral y también la previsional.
 
Si, finalmente, opta por esta posibilidad que está analizando, Alberto F. le diría al Fondo que no envíe los u$s5.400 millones pendientes, siempre y cuando -obviamente- ese dinero no llegue antes del 10 de diciembre, cosa por demás improbable.
 
Es más: también queda bajo análisis que si Fernández se consagra como Presidente, le reintegre al Fondo Monetario los u$s7.200 millones que están en las reservas y que el FMI mandó en su momento para reforzarlas.
 
En concreto, este verdadero "Plan B" le permitiría al (eventual) próximo gobierno ganar tiempo y postergar una renegociación con el FMI mientras no haya vencimientos de capital con ese organismo. De esa forma, evalúan cerca del candidato, tendría un mayor margen de maniobra para tomar medidas en medio de la crisis.
 
Una fuente del entorno de Alberto Fernández lo define así: "Sería una demostración de que no se quiere patear el tablero, pero sí tomar distancia del Fondo hasta que la economía muestre signos de reactivación".
 
Si, por el contrario, el nuevo gobierno quisiera enfocarse en una renegociación de los vencimientos de la deuda, eso habría que hacerlo, sí o sí, en el marco de un nuevo programa. Algo que se quisiera evitar al menos durante el primer año de mandato.
 
 
Peores números que los previstos
 
Lo que también debe quedar en claro es que esta alternativa de "Plan B" surgió como consecuencia de que los números lucen más críticos de lo evaluado en un primer momento. Y no como una postura ideológica. "Alberto venía diciendo 'no al cepo' pero la realidad se impuso. El escenario es muy complicado", califican desde el equipo del candidato.
 
Justamente, la evaluación que se formula es que, al día de hoy, se sabe que la economía que heredará el próximo Presidente será como la de 2015 pero "recargada". Con abultados vencimientos de la deuda, una relación con el FMI y un shock inflacionario. Además de una brecha cambiaria que, si bien por ahora no es tan amplia como hace cuatro años, ya existe.
 
Sobre esa cuestión, el economista Pablo Goldin imagina que, así como están las cosas, "la economía de fin de año se parecerá a la de 1989. Sin la hiperinflación, pero con el ajuste hecho a mitad de camino", dice, al diferenciar este escenario con el que recibió Néstor Kirchner en 2003, con la actividad ya en recuperación.
 
Esto no significa que, llegado el caso de un gobierno de AF, no se les preste atención al ordenamiento de las cuentas públicas. Los asesores del candidato aseguran que si no se dan claras señales de un mayor equilibrio fiscal no hay chances de una reestructuración con los acreedores privados. "Pero una cosa es intentarlo con un plan propio, y otra muy distinta con el FMI como auditor y queriendo imponer su agenda", dicen.
 
Lejos de imaginar una economía ordenada, algunos de los principales asesores de Alberto F. se preparan para la administración de la emergencia. En el marco de un "revival" del "vivir con lo nuestro". Con el objetivo central en la estabilización financiera. Un objetivo que, al día de hoy, se le vino escapando a la administración Macri, que no pudo encontrar el ancla de las expectativas ni siquiera con un programa histórico con el Fondo Monetario.
 
Como aseguran desde el entorno del candidato peronista, se vienen tiempos de negociaciones "multi bandas". Con los acreedores privados primeros en la lista para evitar un escenario traumático como el de 2001. El terreno de juego está totalmente abierto. En las próximas semanas, Alberto F. definirá si, en este esquema, el Fondo Monetario va a parar último en esa hilera.
 
Por Claudio Zlotnik
 
Fuente: iProfesional
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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