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Nacionales - 26-09-2019 / 09:09
CAMBIA LA VISIÓN SOBRE LA RELACIÓN CON EL FONDO

El plan secreto de Alberto: poner "en pausa" al FMI y pedirle que congele las cuotas del stand by

El plan secreto de Alberto: poner
Alberto Fernández analiza poner la relación con el Fondo Monetario "en modo pausa". La resolución final dependerá, en buena parte, del resultado de las conversaciones que Hernán Lacunza, concluirá en Washington con los máximos responsables del organismo.
Alberto Fernández analiza poner la relación con el Fondo Monetario "en modo pausa". La resolución final dependerá, en buena parte, del resultado de las conversaciones que Hernán Lacunza, concluirá en Washington con los máximos responsables del organismo.
 
"Si, como creemos, Lacunza se vuelve con las manos vacías, sin los u$s5.400 millones del desembolso del FMI, tendremos la responsabilidad de definir el futuro de la relación a partir del 10 de diciembre", afirma uno de los miembros del equipo del candidato que sigue de cerca el vínculo con el organismo.
 
El equipo de asesores del candidato le acercó en los últimos días un plan que implica un cambio respecto de las versiones manejadas hasta ahora, y que apuntaban hacia la búsqueda de un acuerdo de facilidades extendidas, que ampliaría el plazo de pago al FMI. La nueva visión surgió como consecuencia de los sucesos de las últimas semanas y ante la alarma por una situación financiera peor a la prevista.
 
Ahora, el candidato del Frente de Todos analiza si seguir el consejo de su equipo en el sentido de cambiar drásticamente la relación con el Fondo.
 
En concreto, en caso de que ese desembolso del Fondo no se concrete en las próximas semanas, Alberto F. baraja la posibilidad de suspender el pedido de esos u$s5.400 millones (y los aproximadamente u$s1.000 millones que deberían "bajar" en diciembre) y, a partir de ahí, relanzar la relación con ese organismo.
 
La idea pasa por limitar los pagos de Argentina sólo a los intereses de la deuda contraída, pero sin la apertura de una discusión por un nuevo acuerdo que permita diferir los giros del capital de esos pasivos. El año que viene, por caso, habría que abonar unos u$s1.500 millones sólo en concepto de intereses. No hay vencimientos de capital.
 
Hacia 2021, las obligaciones resultan un poco más exigentes: además de los u$s1.500 millones de intereses habría que abonar otros u$s3.250 millones por vencimientos de capital.
 
Los vencimientos con el Fondo Monetario explotan recién a partir de 2022. Ese año ya habría que abonar, además de los intereses, cerca de u$s18.000 millones del súper crédito otorgado por el organismo a partir de mediados del año pasado.
 
El resto de la deuda con Washington debería cancelarse durante 2023.

 
Un cronograma de pagos recargado
 
A diferencia de lo que se creía hasta ahora, Fernández desistiría de abrir una renegociación para lograr una postergación de los vencimientos. En el mercado suponen que el FMI podría darle hasta diez años de plazo para pagar la deuda.
 
Sin embargo, varios de los asesores financieros del candidato le están sugiriendo que, aun en ese escenario, las obligaciones con el FMI serían "impagables".
 
"A la Argentina se le haría muy cuesta arriba pagarle al FMI a razón de u$s5.000 millones cada año, para dejar saldada la deuda en una década. Porque, además, hay que tener en cuenta la deuda con los acreedores privados", analiza uno de los asesores que frecuenta al candidato y que está cerca de las cuentas públicas.
 
"¿Los inversores privados aceptarían una reestructuración si saben que estamos ahorcados con los pagos al FMI? Seguro que no", reflexiona la misma fuente.
 
De hecho, al equipo de Alberto F. no se les escapa que durante el año que viene habrá que abonar alrededor de u$s5.550 millones a organismos internacionales, a saber: intereses por u$s2.900 millones (al FMI, BID, BM y otros) y otros u$s2.650 millones al Club de París, entre intereses y amortización de capital.
 
En simultáneo, existen vencimientos con acreedores privados por otros u$s14.500 millones -entre títulos con jurisdicción local e internacional-, que habría que abonarlos a menos que se haga una reestructuración que vaya más allá del reperfilamiento anunciado y que espera en el Congreso.
 
Es en este contexto súper complicado que algunos asesores de Fernández le dijeron al candidato que lo mejor sería "poner en pausa" la relación con el Fondo Monetario y apuntarle a la renegociación con los privados.
 
 
Un plan B sin la auditoría del Fondo
 
¿Qué se ganaría? De acuerdo a esa visión, aprovechando que no hay vencimientos de capital con el FMI durante 2020 (sólo los u$s1.500 millones de intereses que habría que abonar sí o sí para no caer en default), la idea sería eludir una discusión de fondo que obligue a la Argentina a aplicar un fuerte ajuste de sus cuentas públicas y, en simultáneo, el planteo de reformas estructurales, como la laboral y también la previsional.
 
Si, finalmente, opta por esta posibilidad que está analizando, Alberto F. le diría al Fondo que no envíe los u$s5.400 millones pendientes, siempre y cuando -obviamente- ese dinero no llegue antes del 10 de diciembre, cosa por demás improbable.
 
Es más: también queda bajo análisis que si Fernández se consagra como Presidente, le reintegre al Fondo Monetario los u$s7.200 millones que están en las reservas y que el FMI mandó en su momento para reforzarlas.
 
En concreto, este verdadero "Plan B" le permitiría al (eventual) próximo gobierno ganar tiempo y postergar una renegociación con el FMI mientras no haya vencimientos de capital con ese organismo. De esa forma, evalúan cerca del candidato, tendría un mayor margen de maniobra para tomar medidas en medio de la crisis.
 
Una fuente del entorno de Alberto Fernández lo define así: "Sería una demostración de que no se quiere patear el tablero, pero sí tomar distancia del Fondo hasta que la economía muestre signos de reactivación".
 
Si, por el contrario, el nuevo gobierno quisiera enfocarse en una renegociación de los vencimientos de la deuda, eso habría que hacerlo, sí o sí, en el marco de un nuevo programa. Algo que se quisiera evitar al menos durante el primer año de mandato.
 
 
Peores números que los previstos
 
Lo que también debe quedar en claro es que esta alternativa de "Plan B" surgió como consecuencia de que los números lucen más críticos de lo evaluado en un primer momento. Y no como una postura ideológica. "Alberto venía diciendo 'no al cepo' pero la realidad se impuso. El escenario es muy complicado", califican desde el equipo del candidato.
 
Justamente, la evaluación que se formula es que, al día de hoy, se sabe que la economía que heredará el próximo Presidente será como la de 2015 pero "recargada". Con abultados vencimientos de la deuda, una relación con el FMI y un shock inflacionario. Además de una brecha cambiaria que, si bien por ahora no es tan amplia como hace cuatro años, ya existe.
 
Sobre esa cuestión, el economista Pablo Goldin imagina que, así como están las cosas, "la economía de fin de año se parecerá a la de 1989. Sin la hiperinflación, pero con el ajuste hecho a mitad de camino", dice, al diferenciar este escenario con el que recibió Néstor Kirchner en 2003, con la actividad ya en recuperación.
 
Esto no significa que, llegado el caso de un gobierno de AF, no se les preste atención al ordenamiento de las cuentas públicas. Los asesores del candidato aseguran que si no se dan claras señales de un mayor equilibrio fiscal no hay chances de una reestructuración con los acreedores privados. "Pero una cosa es intentarlo con un plan propio, y otra muy distinta con el FMI como auditor y queriendo imponer su agenda", dicen.
 
Lejos de imaginar una economía ordenada, algunos de los principales asesores de Alberto F. se preparan para la administración de la emergencia. En el marco de un "revival" del "vivir con lo nuestro". Con el objetivo central en la estabilización financiera. Un objetivo que, al día de hoy, se le vino escapando a la administración Macri, que no pudo encontrar el ancla de las expectativas ni siquiera con un programa histórico con el Fondo Monetario.
 
Como aseguran desde el entorno del candidato peronista, se vienen tiempos de negociaciones "multi bandas". Con los acreedores privados primeros en la lista para evitar un escenario traumático como el de 2001. El terreno de juego está totalmente abierto. En las próximas semanas, Alberto F. definirá si, en este esquema, el Fondo Monetario va a parar último en esa hilera.
 
Por Claudio Zlotnik
 
Fuente: iProfesional
 

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21-01-2026 / 08:01
A pesar de la cerrada negativa oficial, la Justicia ordenó que el Gobierno de Javier "el Loco" Milei deberá poner en plena vigencia la Ley de Emergencia en Discapacidad. Si el 4 de febrero no está implementada toda la normativa aprobada por el Congreso Nacional, que hasta rechazó el veto de Milei, "comienzan a regir las multas diarias a funcionarios". Si en diez días hábiles no está implementada toda la normativa comenzaran a regir multas diarias a funcionarios como Manuel Adorni y Sandra Pettovello.
 
El Gobierno libertario había promulgado la ley, pero la había suspendido al mismo tiempo con la excusa de no tener fondos. Una mentira escandalosa. Este fallo de la Justicia le da la razón a quienes pelearon por su sanción. Milei, fiel a su política de motosierra y recorte sobre los sectores más vulnerables, la había suspendido mediante veto con la excusa de no tener fondos, dejando a miles de personas a la intemperie y a cientos de instituciones al borde del cierre. Aun así, con la movilización popular, el Congreso había rechazado el veto a la ley.
 
En plena feria judicial, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hizo ejecutar una sentencia que había dictado a fines de diciembre e intimó al Poder Ejecutivo a poner la ley en funcionamiento dentro de las próximas dos semanas. En la misma resolución, además, ordenó al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad que, en un plazo de cinco días, "informen y acrediten con la documentación correspondiente el avance de los trámites destinados al cumplimiento de la sentencia, todo ello bajo apercibimiento de sanciones". De no cumplirse, tanto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, podrían enfrentar multas económicas y represalias judiciales.
 
"La Justicia le puso un ultimátum al Gobierno: el 4 de febrero la ley tiene que estar funcionando sí o sí, al cien por ciento. Ya llevamos más de 130 días desde que está vigente y no se cumple", manifestó la actriz Lola Berthet, referente del colectivo, y exigió al Ejecutivo que ponga fin a las "dilaciones y las excusas". "Ya no se aceptan más informes técnicos, como los que venían presentando hasta ahora. Esta es una intimación final", celebró la actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con trastorno del espectro autista.
 
El argumento de Milei, de la "sostenibilidad fiscal" es una excusa escandalosa. Mientras recortan a quienes más lo necesitan, el Gobierno sigue garantizando ganancias a los sectores empresarios, la fuga de capitales y los negocios de las patronales del campo. Como señala el fallo, el Gobierno realizó más de 19 modificaciones presupuestarias desde diciembre de 2023, demostrando que cuando se trata de beneficiar a los ricos siempre hay fondos. Pero para la discapacidad, la motosierra.
 
Desde las organizaciones, sin embargo, ponen en duda que Milei vaya a respetar los fallos judiciales. "Va a dilatar su implementación todo lo que pueda", advierte Lorena Aguirre, abogada y referente de la Asamblea Discas en Lucha, y anticipa que están evaluando presentar amparos colectivos en cada jurisdicción del país. "Necesitamos que todos los jueces federales cumplan con sus funciones, se expidan y sancionen al Gobierno, porque no se están respetando los compromisos internacionales. Existe un principio de no regresividad y de no discriminación que está siendo tolerado", añade Aguirre y solicita una mayor participación de la dirigencia opositora.
 
La experiencia de estos meses demuestra que no hay salida individual ni respuesta estatal si no es con la organización y la movilización popular.
 
La Opinión Popular
 

20-01-2026 / 09:01
"El proyecto de reforma laboral del Ejecutivo es extremadamente regresivo y nuestra oposición es total", declaró la diputada nacional de Fuerza Patria Kelly Olmos, en relación a una de las leyes que el Gobierno tratará de impulsar en las sesiones extraordinarias de febrero. Ante esto, el peronismo prepara una serie de propuestas para presentar una reforma laboral alternativa, que amplíe los derechos de las y los trabajadores. "Nosotros queremos alimentar el debate público y mostrar que lo que el Gobierno hace no moderniza sino que, por el contrario, precariza", sostuvo Olmos.
 
Por su parte, el senador Mariano Recalde aseguró que avanzaron en varios sentidos. "Trabajamos en ocho ideas fuerza que están plasmadas en muchos y diversos proyectos ya presentados en el congreso durante años". Por su parte, Olmos destacó que: "La modernización se asienta en otras regulaciones como las que nosotros promovemos", dijo la diputada.
 
El Peronismo avanza con una propuesta laboral diferente a la del oficialismo. Apunta a promover una recomposición salarial para que los ciudadanos recuperen su poder adquisitivo. También marca que los salarios deberán ser abonados íntegramente en dinero, a diferencia de la Reforma Laboral mileísta que abre la posibilidad de otorgar pagos en especie (bienes o servicios). "Lo que hace el Gobierno en su propuesta es congelar la situación actual, que es una de mucha precariedad y falta de derechos", dijo la diputada, y afirmó que la sociedad necesita de regulaciones para que todos sus actores puedan de verdad ejercer sus derechos, porque sin regulación no hay más libertad, como pregonan los libertarios, sino que hay más injusticia y concentración de poder.
 
La propuesta peronista podría incluir una reducción de la jornada laboral, con un máximo de 7 horas por día y 42 horas semanales, en contraste con la Reforma de Milei que busca conseguir jornadas de hasta 12 horas diarias. La reforma libertaria no busca modernizar sino flexibilizar y destruir derechos de los trabajadores. Olmos sostuvo que buscan una concepción más moderna para encarar las regulaciones laborales de los argentinos. "Para nosotros una concepción moderna es la que amplía derechos", aseguró.
 
Para el peronismo, la Ley de "Modernización Laboral" con la que insiste el Gobierno comprende dos grandes mentiras. La primera es la pretendida modernización que no es tal, ya que la ley propone aumentar la jornada laboral mientras el mundo busca reducirla, no protege a los trabajadores de las nuevas plataformas, la licencia por paternidad se mantiene en 2 días, y pretende derogar normas modernas como la ley de teletrabajo y restablecer artículos que tienen un siglo de antigüedad. La segunda mentira es que creará empleo, cuando en realidad desde que asumió Milei se destruyen puestos de trabajo todos los días, y esta ley no promueve la creación de empleo sino la reducción de indemnizaciones por despido.
 
Entre las propuestas del Partido Justicialista también resaltan las licencias parentales igualitarias, con licencias por maternidad de 120 días, por paternidad de 90 días, y también por adopción, lo que distribuye de manera más equitativa las tareas de cuidado y protege las oportunidades laborales de ambas partes. También contemplan un resguardo digital, para proteger los límites de la jornada laboral al garantizar el derecho de no contestar comunicaciones fuera de horario y, de ser así, compensar con tiempo y dinero.
 
En términos generales, el peronismo apunta al fortalecimiento de la negociación colectiva, para que el empleador y los empleados puedan dialogar de forma equilibrada. Olmos afirmó que la idea es "emparejar la cancha, donde los empleadores van de un modo organizado pero los trabajadores también, porque si el trabajador va sólo el desequilibrio hace que no haya negociación sino solo la posibilidad de adherir a la imposición del empleador". El concepto que se enarbola en términos de libertad, en realidad más que libertad es prepotencia: muchos invocan la libertad sólo para ejercer la prepotencia, la unilateralidad del empleador sobre las y los trabajadores. La reforma laboral es una ley muy regresiva y, por el bien de las y los trabajadores, en el Congreso debería ser rechazada.
 
La Opinión Popular
 

19-01-2026 / 18:01
Meses antes de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca, Javier Milei ya había jugado todas sus fichas por el magnate republicano, incluso cuando Joe Biden todavía gobernaba Estados Unidos. Hoy, con Trump cumpliendo su primer año de mandato, esa apuesta se tradujo en una subordinación personal y política cada vez más obsecuente, con consecuencias directas para la política exterior argentina y un alineamiento automático con las decisiones de Washington.
 
La sintonía entre Milei y Trump se consolidó rápidamente. El presidente argentino convirtió a Estados Unidos en su principal destino internacional, con 15 viajes en lo que va de su gestión, y definió a ese país, junto con el gobierno genocida de Israel, como socios prioritarios. En paralelo, la Argentina comenzó a votar en bloque con Estados Unidos en los organismos internacionales y a respaldar su estrategia en Medio Oriente, dejando de lado cualquier margen de autonomía diplomática.
 
Desde la Casa Blanca llegaron gestos políticos y financieros de alto impacto. Trump recibió a Milei en Washington, impulsó señales públicas de respaldo a su programa económico neoliberal y apoyó a la Argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
 
Además, el Tesoro yanqui desembolsó cerca de 20.000 millones de dólares para apuntalar la situación financiera del país en la antesala de las elecciones legislativas de octubre, una decisión que generó fuertes críticas internas en Estados Unidos, especialmente entre productores agropecuarios y sectores de la oposición. Ese rescate financiero no fue gratuito. Para Trump, el auxilio económico funcionó como una forma de asegurar lealtad política neocolonial en un momento en el que busca recuperar influencia del Imperio en el continente.
 
Para Milei, el respaldo tuvo un carácter vital, tanto para sostener su programa económico anarco capitalista en crisis como para reforzar su posición interna. La contracara fue una política exterior cada vez más subordinada, con gestos concretos de alineamiento estratégico y escasa distancia frente a las decisiones más agresivas de Washington.
 
En el plano económico y geopolítico, la relación también se inscribe en la disputa global entre Estados Unidos y China. Las reservas de hidrocarburos y de minerales estratégicos de la Argentina se volvieron un factor central para la Casa Blanca, que busca garantizar que esos recursos queden bajo el control de gobiernos políticamente afines. Al mismo tiempo, el éxito o fracaso del modelo económico de Milei es observado como una pieza clave para frenar la expansión de proyectos alternativos en América latina.
 
Sin embargo, no todo el impacto de esta sociedad es positivo para la Argentina. Las tarifas impuestas por Estados Unidos al acero y al aluminio afectan directamente a sectores industriales locales, y la dependencia del respaldo financiero externo deja al país expuesto a cambios bruscos en el humor político de Trump. La relación es marcadamente asimétrica: mientras Milei necesita imperiosamente el apoyo de Trump para sostener su gestión, para el presidente yanqui la alianza es útil, pero no determinante.
 
Pero el vínculo entre dos líderes de perfil confrontativo y decisiones imprevisibles deja abierto un interrogante central: qué ocurrirá cuando aparezcan los primeros desacuerdos de fondo y hasta dónde está dispuesta la Argentina a ceder autonomía para sostener una alianza que, en los hechos, favorece mucho más a la estrategia global de Estados Unidos que al desarrollo soberano del país. Este miércoles, Milei volverá a disertar en el foro internacional de Davos. Buscará mostrarse como el mejor alcahuete de Trump.
 
La Opinión Popular
 

17-01-2026 / 21:01
En una semana, los incendios se dieron la mano con la inflación sostenidos por un fenómeno de la época como la desinformación sumada al negacionismo ambiental. Inesperado en un mundo caótico, el informe sobre riesgo global para el Foro de Davos que comienza este lunes, advirtió que dos de los problemas centrales que afronta el planeta son la desinformación y el cambio climático.
 
Los incendios que asolaron sobre todo a la provincia de Chubut se produjeron 20 días después de que el vocero presidencial Manuel Adorni anunciara la intención de derogar las leyes de Tierras y la de Manejo del Fuego. La primera limitó la extranjerización de la tierra y la segunda trata de evitar los incendios intencionales de bosques nativos.
 
Durante la semana se habló mucho de los incendios y la destrucción que provocaron. El tema sumó negacionismo ambiental y desinformación como forma de manipulación política. Primero fue el intento bizarro de responsabilizar a la comunidad mapuche, lo que fue desmentido por el fiscal general de la provincia, Carlos Díaz Mayer.
 
La Constitución protege al bosque nativo, pero no habla de lo que sucede una vez que deja de existir porque lo incendian. Y allí empiezan desde proyectos mineros, turísticos, inmobiliarios o siembra de soja.
 
La Ley de Manejo del Fuego dice que a esas tierras no se les puede dar otro uso hasta 50 o 60 años después del incendio. Y con relación a la extranjerización, la ley delimita ese principio por departamento y por provincia, en cambio la Constitución habla en general de todo el país. Decir que con la Constitución alcanza, es otra forma de mentir.
 
El presidente Milei no fue a la zona de desastre para apoyar a los bomberos y acompañar a las víctimas. Colgó en sus redes una imagen como si estuviera en medio de las llamas saludando a un bombero y rodeado de pobladores que lo aplauden. No aclaró que se trataba de inteligencia artificial.
 
Milei tiene millones de seguidores en las redes que verán esa imagen y creerán que el presidente estuvo en la zona de desastre. La norma de este gobierno es abandonar las víctimas a su suerte. En Bahía Blanca hizo eso pero igual lo volvieron a votar. En Chubut también ganó a pesar del desinterés que demostró.
 
El informe sobre riesgo global de Davos 2026 señaló que el peligro de la desinformación es crítico cuando la sociedad ya no puede distinguir la ficción de lo real. Es interesante que el planteo haya sido presentado en Davos porque plantea un debate en el interior de un sector supuestamente favorecido por la desinformación.
 
Los incendios forestales demuelen el negacionismo ambiental, pero también revelan la forma como la manipulación de la información encubre la acción de priorizar el negocio sobre el cuidado ambiental, porque efectivamente se detectó que uno de los focos del incendio fue intencional.
 

15-01-2026 / 10:01
Desde que Javier "el Loco" Milei llegó a la Casa Rosada, cada 24 horas desaparecieron 30 empresas y se perdieron 400 empleos formales. Semejante carnicería productiva, 21.046 empresas y 272.607 puestos de trabajo menos en dos años, es resultado directo de las políticas oficiales, anarco capitalistas, que cerraron la Secretaría Pyme en el Ministerio de Economía y desfinanciaron todos los organismos destinados a impulsar la producción.
 
La destrucción del entramado productivo avanza a un ritmo sostenido en la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei y no aparece como un efecto colateral inesperado, sino como una consecuencia directa del rumbo elegido. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 desaparecieron 21.046 empleadores con trabajadores registrados, lo que equivale a un promedio de 30 empresas menos por día.
 
En paralelo, se perdieron 272.607 puestos de trabajo formales en unidades productivas, una caída del 2,77 por ciento que implica la eliminación de casi 400 empleos registrados diarios desde el inicio de la gestión libertaria, según los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo procesados por el Centro de Economía Política Argentina.
 
Lejos de tratarse de una anomalía transitoria, el retroceso del empleo y de los empleadores se inscribe en una definición política explícita del Gobierno nacional. Desde el inicio de la administración neoliberal de Milei, la política industrial fue descartada como herramienta de desarrollo.
 
"La mejor política industrial consiste simplemente en tener buenas políticas fiscales y monetarias", repiten los libertontos una consigna que se tradujo en el desmantelamiento de áreas específicas del Estado orientadas a sostener la producción, el entramado Pyme y el empleo formal.
 
En esa línea se inscribe el cierre de la Secretaría Pyme dentro del Ministerio de Economía, la eliminación de programas públicos de crédito productivo y el vaciamiento de instrumentos que históricamente apuntaban a sostener a las pequeñas y medianas empresas frente a los ciclos recesivos.
 
La contracción del Estado como actor de coordinación productiva dejó a miles de firmas expuestas a un contexto macroeconómico adverso, sin amortiguadores ni políticas contracíclicas que atenúen el impacto del ajuste.
 
Los números muestran que el deterioro no distingue rubros ni regiones. La cantidad total de empleadores cayó de 512.357 en noviembre de 2023 a 492.223 en octubre de 2025. El sector más afectado fue transporte y almacenamiento, con 5.042 empleadores menos, seguido por comercio, servicios inmobiliarios, servicios profesionales e industria manufacturera.
 
También la construcción y las actividades agropecuarias registraron caídas significativas, reflejando el efecto combinado de la paralización de la obra pública, la caída del consumo interno y el encarecimiento del financiamiento.
 
Mientras las empresas se cierran y crece la desocupación, Milei se va de joda a Jesús María y a Davos como si el país anduviera bárbaro. Este industricidio aberrante solo se puede hacer con una sociedad completamente desmovilizada, una CGT que parece un club de viejas jugando a la canasta y una juventud idiotizada por internet con toda esa mierda rentada de youtubers e influencers. Esto es tierra fértil para la canalla fascista criolla.
 
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