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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 26-09-2019 / 09:09
CAMBIA LA VISIÓN SOBRE LA RELACIÓN CON EL FONDO

El plan secreto de Alberto: poner "en pausa" al FMI y pedirle que congele las cuotas del stand by

El plan secreto de Alberto: poner
Alberto Fernández analiza poner la relación con el Fondo Monetario "en modo pausa". La resolución final dependerá, en buena parte, del resultado de las conversaciones que Hernán Lacunza, concluirá en Washington con los máximos responsables del organismo.
Alberto Fernández analiza poner la relación con el Fondo Monetario "en modo pausa". La resolución final dependerá, en buena parte, del resultado de las conversaciones que Hernán Lacunza, concluirá en Washington con los máximos responsables del organismo.
 
"Si, como creemos, Lacunza se vuelve con las manos vacías, sin los u$s5.400 millones del desembolso del FMI, tendremos la responsabilidad de definir el futuro de la relación a partir del 10 de diciembre", afirma uno de los miembros del equipo del candidato que sigue de cerca el vínculo con el organismo.
 
El equipo de asesores del candidato le acercó en los últimos días un plan que implica un cambio respecto de las versiones manejadas hasta ahora, y que apuntaban hacia la búsqueda de un acuerdo de facilidades extendidas, que ampliaría el plazo de pago al FMI. La nueva visión surgió como consecuencia de los sucesos de las últimas semanas y ante la alarma por una situación financiera peor a la prevista.
 
Ahora, el candidato del Frente de Todos analiza si seguir el consejo de su equipo en el sentido de cambiar drásticamente la relación con el Fondo.
 
En concreto, en caso de que ese desembolso del Fondo no se concrete en las próximas semanas, Alberto F. baraja la posibilidad de suspender el pedido de esos u$s5.400 millones (y los aproximadamente u$s1.000 millones que deberían "bajar" en diciembre) y, a partir de ahí, relanzar la relación con ese organismo.
 
La idea pasa por limitar los pagos de Argentina sólo a los intereses de la deuda contraída, pero sin la apertura de una discusión por un nuevo acuerdo que permita diferir los giros del capital de esos pasivos. El año que viene, por caso, habría que abonar unos u$s1.500 millones sólo en concepto de intereses. No hay vencimientos de capital.
 
Hacia 2021, las obligaciones resultan un poco más exigentes: además de los u$s1.500 millones de intereses habría que abonar otros u$s3.250 millones por vencimientos de capital.
 
Los vencimientos con el Fondo Monetario explotan recién a partir de 2022. Ese año ya habría que abonar, además de los intereses, cerca de u$s18.000 millones del súper crédito otorgado por el organismo a partir de mediados del año pasado.
 
El resto de la deuda con Washington debería cancelarse durante 2023.

 
Un cronograma de pagos recargado
 
A diferencia de lo que se creía hasta ahora, Fernández desistiría de abrir una renegociación para lograr una postergación de los vencimientos. En el mercado suponen que el FMI podría darle hasta diez años de plazo para pagar la deuda.
 
Sin embargo, varios de los asesores financieros del candidato le están sugiriendo que, aun en ese escenario, las obligaciones con el FMI serían "impagables".
 
"A la Argentina se le haría muy cuesta arriba pagarle al FMI a razón de u$s5.000 millones cada año, para dejar saldada la deuda en una década. Porque, además, hay que tener en cuenta la deuda con los acreedores privados", analiza uno de los asesores que frecuenta al candidato y que está cerca de las cuentas públicas.
 
"¿Los inversores privados aceptarían una reestructuración si saben que estamos ahorcados con los pagos al FMI? Seguro que no", reflexiona la misma fuente.
 
De hecho, al equipo de Alberto F. no se les escapa que durante el año que viene habrá que abonar alrededor de u$s5.550 millones a organismos internacionales, a saber: intereses por u$s2.900 millones (al FMI, BID, BM y otros) y otros u$s2.650 millones al Club de París, entre intereses y amortización de capital.
 
En simultáneo, existen vencimientos con acreedores privados por otros u$s14.500 millones -entre títulos con jurisdicción local e internacional-, que habría que abonarlos a menos que se haga una reestructuración que vaya más allá del reperfilamiento anunciado y que espera en el Congreso.
 
Es en este contexto súper complicado que algunos asesores de Fernández le dijeron al candidato que lo mejor sería "poner en pausa" la relación con el Fondo Monetario y apuntarle a la renegociación con los privados.
 
 
Un plan B sin la auditoría del Fondo
 
¿Qué se ganaría? De acuerdo a esa visión, aprovechando que no hay vencimientos de capital con el FMI durante 2020 (sólo los u$s1.500 millones de intereses que habría que abonar sí o sí para no caer en default), la idea sería eludir una discusión de fondo que obligue a la Argentina a aplicar un fuerte ajuste de sus cuentas públicas y, en simultáneo, el planteo de reformas estructurales, como la laboral y también la previsional.
 
Si, finalmente, opta por esta posibilidad que está analizando, Alberto F. le diría al Fondo que no envíe los u$s5.400 millones pendientes, siempre y cuando -obviamente- ese dinero no llegue antes del 10 de diciembre, cosa por demás improbable.
 
Es más: también queda bajo análisis que si Fernández se consagra como Presidente, le reintegre al Fondo Monetario los u$s7.200 millones que están en las reservas y que el FMI mandó en su momento para reforzarlas.
 
En concreto, este verdadero "Plan B" le permitiría al (eventual) próximo gobierno ganar tiempo y postergar una renegociación con el FMI mientras no haya vencimientos de capital con ese organismo. De esa forma, evalúan cerca del candidato, tendría un mayor margen de maniobra para tomar medidas en medio de la crisis.
 
Una fuente del entorno de Alberto Fernández lo define así: "Sería una demostración de que no se quiere patear el tablero, pero sí tomar distancia del Fondo hasta que la economía muestre signos de reactivación".
 
Si, por el contrario, el nuevo gobierno quisiera enfocarse en una renegociación de los vencimientos de la deuda, eso habría que hacerlo, sí o sí, en el marco de un nuevo programa. Algo que se quisiera evitar al menos durante el primer año de mandato.
 
 
Peores números que los previstos
 
Lo que también debe quedar en claro es que esta alternativa de "Plan B" surgió como consecuencia de que los números lucen más críticos de lo evaluado en un primer momento. Y no como una postura ideológica. "Alberto venía diciendo 'no al cepo' pero la realidad se impuso. El escenario es muy complicado", califican desde el equipo del candidato.
 
Justamente, la evaluación que se formula es que, al día de hoy, se sabe que la economía que heredará el próximo Presidente será como la de 2015 pero "recargada". Con abultados vencimientos de la deuda, una relación con el FMI y un shock inflacionario. Además de una brecha cambiaria que, si bien por ahora no es tan amplia como hace cuatro años, ya existe.
 
Sobre esa cuestión, el economista Pablo Goldin imagina que, así como están las cosas, "la economía de fin de año se parecerá a la de 1989. Sin la hiperinflación, pero con el ajuste hecho a mitad de camino", dice, al diferenciar este escenario con el que recibió Néstor Kirchner en 2003, con la actividad ya en recuperación.
 
Esto no significa que, llegado el caso de un gobierno de AF, no se les preste atención al ordenamiento de las cuentas públicas. Los asesores del candidato aseguran que si no se dan claras señales de un mayor equilibrio fiscal no hay chances de una reestructuración con los acreedores privados. "Pero una cosa es intentarlo con un plan propio, y otra muy distinta con el FMI como auditor y queriendo imponer su agenda", dicen.
 
Lejos de imaginar una economía ordenada, algunos de los principales asesores de Alberto F. se preparan para la administración de la emergencia. En el marco de un "revival" del "vivir con lo nuestro". Con el objetivo central en la estabilización financiera. Un objetivo que, al día de hoy, se le vino escapando a la administración Macri, que no pudo encontrar el ancla de las expectativas ni siquiera con un programa histórico con el Fondo Monetario.
 
Como aseguran desde el entorno del candidato peronista, se vienen tiempos de negociaciones "multi bandas". Con los acreedores privados primeros en la lista para evitar un escenario traumático como el de 2001. El terreno de juego está totalmente abierto. En las próximas semanas, Alberto F. definirá si, en este esquema, el Fondo Monetario va a parar último en esa hilera.
 
Por Claudio Zlotnik
 
Fuente: iProfesional
 

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31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

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