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Nacionales - 22-09-2019 / 10:09
LOS PROCESOS JUDICIALES CONTRA EL PRESIDENTE AVANZARON A PASO MUY LENTO EN COMODORO PY

Las causas contra Macri y su entorno van a “despertar”, tras el 10 de diciembre

Las causas contra Macri y su entorno van a “despertar”, tras el 10 de diciembre
El resultado de las primarias PASO del 11 de agosto fue un shock para el presidente Mauricio Macri. Pero no fue solo desde lo político y económico sino también desde lo judicial, ya que el mandatario tiene muchas denuncias en su contra en los tribunales federales Comodoro Py que estaban "freezadas", pero que ahora comenzaron a avanzar.
El resultado de las primarias PASO del 11 de agosto fue un shock para el presidente Mauricio Macri. Pero no fue solo desde lo político y económico sino también desde lo judicial, ya que el mandatario tiene muchas denuncias en su contra en los tribunales federales Comodoro Py que estaban "freezadas", pero que ahora comenzaron a avanzar.
 
En otras palabras, el cambio de contexto político tuvo su correlato entre los jueces y fiscales, que rápidamente están adaptándose a la nueva situación. Con la casi segura derrota en las generales de octubre, su círculo íntimo teme que las investigaciones judiciales tomen velocidad luego de que deje el poder, lo que eventualmente ocurriría el próximo 10 de diciembre.
 
En los últimos días, las medidas económicas tomadas para contener el precio del dólar se transformaron en un foco de problemas para el oficialismo también en la Justicia. Los fueros Contencioso Administrativo y Federal analizan denuncias por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la suba del dólar, provocada por Macri, que ocurrió tras las PASO.
 
Pero las denuncias no abarcan solo al Presidente sino también a muchos de sus actuales y ex funcionarios. Por caso, al ex ministro Nicolás Dujovne, que ahora es investigado por una eventual responsabilidad penal durante las recientes devaluaciones.
 
Lo cierto es que, casi como en una situación paralela a la que se vivió con la causa "dólar futuro" -en la que se investigó la responsabilidad de funcionarios K por medidas de política económica- ahora aparece también la pretensión de judicializar actos de Gobierno.
 
Con respecto a Macri, las causas judiciales más relevantes, aunque no las únicas son: Correo Argentino, Blanqueo de familiares de funcionarios, Venta de la empresa Ausol (peajes), Parques eólicos, Avianca, Panamá Papers...
 
Las denuncias por la obra pública no alcanzan solo al Presidente sino también a parte de su círculo cercano (familiar y político). Por ejemplo, en la causa por el presunto pago de coimas por el soterramiento del tren Sarmiento, está involucrado el empresario Ángelo Calcaterra, primo del jefe de Estado.

 
Con respecto a Mauricio Macri, estas son las causas judiciales más relevantes:
 
1. Correo Argentino
 
En esta causa se investiga si el Presidente y algunos de sus funcionarios buscaron defraudar a la administración pública al favorecer a la empresa de la familia Macri con una quita del 98,87% de su deuda con el Estado.
 
Si bien la condonación fue en junio de 2016, el caso se conoció a principios de 2017 con la oposición de la fiscal de la cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, y casi en paralelo se inició la causa penal. Allí, Macri fue imputado por el fiscal Juan Pedro Zoni, quien luego fue apartado.
 
Ahora, el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita tratan de determinar si el acuerdo es abusivo y contrario a los intereses estatales, cuyas arcas dejarían de percibir más de 4.656 millones por intereses por la deuda.
 
El magistrado ya indagó al ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa; al exministro de Comunicaciones y actual ministro de Defensa Oscar Aguad; al presidente del Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa y al abogado de la empresa, Jaime Kleidermacher. Están acusados de ser partícipes necesarios de la maniobra.
 
2. Blanqueo de familiares de funcionarios
 
El 30 de noviembre de 2016 el presidente Mauricio Macri firmó un DNU para modificar un artículo de la ley de Blanqueo de Capitales y permitir que padres, cónyuges e hijos de funcionarios pudieran sincerar su dinero y sus bienes.
 
El diputado Felipe Solá presentó un amparo para que se declare inconstitucional y una medida cautelar para que se suspendiera su aplicación. La denuncia fue radicada en el fuero Contencioso Administrativo Federal.
 
Ahora se aguarda la decisión de la Corte Suprema que indique si el legislador está legitimado para cuestionar esa norma judicialmente.
 
Gracias a esa medida, Gianfranco Macri (hermano del presidente) blanqueó 622 millones de pesos.
 
3. Venta de la empresa Ausol (peajes)
 
En esta causa, se denunció una maniobra previa a la venta de las acciones de la empresa AUSOL en la que el Grupo Macri tenía el 7% de participación. En concreto, se dijo que tres días antes asumir como presidente, Macri "simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de u$s1.100 millones por supuestos atrasos tarifarios, que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020".
 
El fiscal Carlos Stornelli y el juez Rodolfo Canicoba Corral están a cargo del caso.
 
Además, de acuerdo al expediente, el Gobierno dispuso compensar (sin dictamen) la suma de 499 millones de dólares, lo que constituiría un despojo al patrimonio público que debía ser investigado por la justicia penal".
 
Es decir, el Gobierno habría accedido a pagarle a una empresa del Grupo Macri una reparación millonaria y habría utilizado la negociación para renovar el contrato de peajes en la Panamericana.
 
4. Parques eólicos
 
El juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano investigan si el Gobierno favoreció a empresas de la familia Macri en la adjudicación de seis contratos de parques eólicos sin pasar por licitación pública y que luego pudieran revenderlos por una suma cuatro veces mayor.
 
Los delitos que se denunciaron son negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. La causa está paralizada.
 
5. Avianca
 
Se busca determinar si hubo irregularidades en la maniobra de venta por parte del Grupo Macri de la aerolínea Mac Air a Avianca, a los fines de que el Gobierno le adjudicara nuevas rutas.
 
El expediente comenzó con una denuncia por la concesión de las rutas y luego fue sumando denuncias por otros hechos vinculados a la gestión macrista en el ámbito aeronáutico.
 
6) Panamá Papers
 
En abril de 2016 se filtraron los denominados "Panamá Papers", en los que se informaba sobre miles de sociedades armadas por el estudio Mossack Fonseca que se usaron para mover dinero negro en paraísos fiscales.
 
Allí aparecieron casi cincuenta sociedades vinculadas a la familia Macri. El juez Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado investigaron puntualmente dos de esas sociedades: Fleg Trading y Kagemusha porque, a pesar de que Mauricio Macri aparecía como el director, ninguna de ellas figuraba en sus declaraciones juradas.
 
El juez, tras un pedido de la Unidad de Información Fiscal (UIF), determinó que el caso se correspondía más con una omisión maliciosa que con lavado. La causa se derivó a un juzgado de Penal Económico y podría "despertarse" del letargo el próximo año.
 
 
Causas que involucran a su círculo cercano
 
Las denuncias por la obra pública no alcanzan solo al Presidente sino también a parte de su círculo cercano (familiar y político). Por ejemplo, en la causa por el presunto pago de coimas por el soterramiento del tren Sarmiento, está involucrado el empresario Ángelo Calcaterra, primo del jefe de Estado.
 
El juez Marcelo Martínez de Giorgi determinó que no hay prueba del pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y sus socias locales. Procesó sólo a los ex funcionarios kirchneristas, sobreseyó a los familiares del "des-arrepentido" Vázquez y dictó 21 faltas de mérito, entre las que está la del primo presidencial. El fiscal Franco Picardi apeló. La definición de los procesamientos está a cargo de la sala II de la Cámara Federal.
 
En la causa "Paseo del Bajo", el juez Claudio Bonadio investiga el supuesto direccionamiento de la licitación de la obra. Si bien Macri no está denunciado sí lo está su socio político Horacio Rodríguez Larreta.
 
Por otro lado, las medidas económicas para contener el precio del dólar también comenzaron a judicializarse. En el fuero Contencioso Administrativo y Federal se denunciaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la suba del dólar pos PASO por considerarlos ruinosos para el erario público.
 
El juez Rodolfo Canicoba Corral analiza los pedidos de la fiscal Paloma Ochoa para que investigue el papel del entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, por la suba del dólar durante la jornada del 12 de agosto.
 
Hay que tener en cuenta que el nombre de Dujovne figura en 16 denuncias acumuladas a lo largo de los dos años en que ejerció la función pública. Como en el caso de Macri, un cambio en la conducción del país podría significar un avance más rápido de los trámites en los juzgados federales.
 
Por Sebastián Albornos
 
Fuente: iProfesional
 

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17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
La Opinión Popular
 

14-02-2026 / 10:02
Hace 12 meses, Javier "el Loco" Milei promocionó el lanzamiento de la memecoin $Libra: hizo perder decenas millones de dólares a inversores en distintos continentes. Quedan flotando en el aire al menos 20 preguntas distintas que el Jefe de Estado debería responder, pero en la causa $Libra, en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano quienes aún no han citado a ninguno de los sospechosos.
 
La inacción llegó a tal punto que la Sala I de la Cámara Federal que le imprimiera celeridad a una acción que tiene como imputados al norteamericano Hayden Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Por el escándalo están denunciados también el propio Jefe de Estado; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el empresario Julian Peh y Sergio Morales, ex funcionario de la Comisión Nacional de Valores.
 
1-¿Por qué dijo que consiguió el código alfa numérico para hacer la inversión desde internet si esa fuente de números y letras nunca había tomado estado público antes que él posteara? Ahora, se sabe que el mensaje exclusivo nació en Dallas y contenía un código de 44 dígitos que alternaba mayúsculas, minúsculas y números.
 
Servía como llave para comprar la recién creada criptomoneda $LIBRA. Sin ese mensaje, el precio del token no se hubiese disparado. - ¿Por qué el ex jefe de gabinete Guillermo Francos tampoco respondió cuando fue citado por el Congreso Nacional cómo accedió Milei al "contrato"? La respuesta del experimentado funcionario fue tan escueta como inverosímil: "No sé dónde estaba ese código".
 
2-Si $Libra se creó el 14 de febrero a las 18:38 horas. ¿Cómo puede ser que a las 19:00 horas (22 minutos más tarde) 74 billeteras compraron US$ 13 millones en cripto antes del tuit de Milei? ¿Tenían información privilegiada? Uno de los grandes ganadores del truco financiero embolsó US$ 8 millones en ganancias. Cabe recordar que el tuit del Jefe de Estado se produjo a las 19:01, apenas un minuto después que las posiciones estuvieron consolidadas.
 
3-¿Por qué borró su posteo a las 00.36 horas del sábado 15 de febrero si la baja estrepitosa de la cotización ya llevaba más de 4 horas "masacrando" inversores que confiaron en Milei a lo largo y ancho de todo el mundo? Alcanzó un monto de US$ 280 millones la recaudación en apenas 5 horas de la nueva cripto.
 
4-¿Por qué su posteo se materializó un viernes de San Valentín a una hora de la tarde/noche cuando los mercados estarían cerrados hasta las llegada del lunes 17 de febrero de 2025?
 
5-¿Por qué promocionó un producto de un "empresario" como Hayden Davis, quien ya tenía antecedentes negativos en el mercado cripto? Este pseudo financista, minutos después de la publicación de Milei en redes, hizo movimientos de blockchain: 2 transferencias por US$ 507.000 cada una enviadas a una billetera virtual perteneciente a un hombre de 75 años, señalado como intermediario en la conversión de criptos a moneda tradicional.
 
6-¿Tampoco conocía los antecedentes de Novelli y Terrones quienes estuvieron involucrados en "esquemas ponzi"?
 
7-¿Por qué no se pusieron los hermanos Milei a disposición inmediata de la justicia y la comisión parlamentaria investigadora del caso? ¿No hubiera ayudado su completa colaboración en lugar de plantear chicanas para evitar que Karina tuviera que comparecer en el Congreso Nacional?
 
8-¿No le llamó nunca la atención que todos los involucrados en $LIBRA haya escogido el silencio absoluto frente a los requerimientos de la Comisión Investigadora y todavía no fueron citados por la Justicia?
 

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