La Opinión Popular
                  22:55  |  Jueves 18 de Diciembre de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
Recomendar Imprimir
Nacionales - 22-09-2019 / 10:09
LOS PROCESOS JUDICIALES CONTRA EL PRESIDENTE AVANZARON A PASO MUY LENTO EN COMODORO PY

Las causas contra Macri y su entorno van a “despertar”, tras el 10 de diciembre

Las causas contra Macri y su entorno van a “despertar”, tras el 10 de diciembre
El resultado de las primarias PASO del 11 de agosto fue un shock para el presidente Mauricio Macri. Pero no fue solo desde lo político y económico sino también desde lo judicial, ya que el mandatario tiene muchas denuncias en su contra en los tribunales federales Comodoro Py que estaban "freezadas", pero que ahora comenzaron a avanzar.
El resultado de las primarias PASO del 11 de agosto fue un shock para el presidente Mauricio Macri. Pero no fue solo desde lo político y económico sino también desde lo judicial, ya que el mandatario tiene muchas denuncias en su contra en los tribunales federales Comodoro Py que estaban "freezadas", pero que ahora comenzaron a avanzar.
 
En otras palabras, el cambio de contexto político tuvo su correlato entre los jueces y fiscales, que rápidamente están adaptándose a la nueva situación. Con la casi segura derrota en las generales de octubre, su círculo íntimo teme que las investigaciones judiciales tomen velocidad luego de que deje el poder, lo que eventualmente ocurriría el próximo 10 de diciembre.
 
En los últimos días, las medidas económicas tomadas para contener el precio del dólar se transformaron en un foco de problemas para el oficialismo también en la Justicia. Los fueros Contencioso Administrativo y Federal analizan denuncias por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la suba del dólar, provocada por Macri, que ocurrió tras las PASO.
 
Pero las denuncias no abarcan solo al Presidente sino también a muchos de sus actuales y ex funcionarios. Por caso, al ex ministro Nicolás Dujovne, que ahora es investigado por una eventual responsabilidad penal durante las recientes devaluaciones.
 
Lo cierto es que, casi como en una situación paralela a la que se vivió con la causa "dólar futuro" -en la que se investigó la responsabilidad de funcionarios K por medidas de política económica- ahora aparece también la pretensión de judicializar actos de Gobierno.
 
Con respecto a Macri, las causas judiciales más relevantes, aunque no las únicas son: Correo Argentino, Blanqueo de familiares de funcionarios, Venta de la empresa Ausol (peajes), Parques eólicos, Avianca, Panamá Papers...
 
Las denuncias por la obra pública no alcanzan solo al Presidente sino también a parte de su círculo cercano (familiar y político). Por ejemplo, en la causa por el presunto pago de coimas por el soterramiento del tren Sarmiento, está involucrado el empresario Ángelo Calcaterra, primo del jefe de Estado.

 
Con respecto a Mauricio Macri, estas son las causas judiciales más relevantes:
 
1. Correo Argentino
 
En esta causa se investiga si el Presidente y algunos de sus funcionarios buscaron defraudar a la administración pública al favorecer a la empresa de la familia Macri con una quita del 98,87% de su deuda con el Estado.
 
Si bien la condonación fue en junio de 2016, el caso se conoció a principios de 2017 con la oposición de la fiscal de la cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, y casi en paralelo se inició la causa penal. Allí, Macri fue imputado por el fiscal Juan Pedro Zoni, quien luego fue apartado.
 
Ahora, el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita tratan de determinar si el acuerdo es abusivo y contrario a los intereses estatales, cuyas arcas dejarían de percibir más de 4.656 millones por intereses por la deuda.
 
El magistrado ya indagó al ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa; al exministro de Comunicaciones y actual ministro de Defensa Oscar Aguad; al presidente del Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa y al abogado de la empresa, Jaime Kleidermacher. Están acusados de ser partícipes necesarios de la maniobra.
 
2. Blanqueo de familiares de funcionarios
 
El 30 de noviembre de 2016 el presidente Mauricio Macri firmó un DNU para modificar un artículo de la ley de Blanqueo de Capitales y permitir que padres, cónyuges e hijos de funcionarios pudieran sincerar su dinero y sus bienes.
 
El diputado Felipe Solá presentó un amparo para que se declare inconstitucional y una medida cautelar para que se suspendiera su aplicación. La denuncia fue radicada en el fuero Contencioso Administrativo Federal.
 
Ahora se aguarda la decisión de la Corte Suprema que indique si el legislador está legitimado para cuestionar esa norma judicialmente.
 
Gracias a esa medida, Gianfranco Macri (hermano del presidente) blanqueó 622 millones de pesos.
 
3. Venta de la empresa Ausol (peajes)
 
En esta causa, se denunció una maniobra previa a la venta de las acciones de la empresa AUSOL en la que el Grupo Macri tenía el 7% de participación. En concreto, se dijo que tres días antes asumir como presidente, Macri "simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de u$s1.100 millones por supuestos atrasos tarifarios, que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020".
 
El fiscal Carlos Stornelli y el juez Rodolfo Canicoba Corral están a cargo del caso.
 
Además, de acuerdo al expediente, el Gobierno dispuso compensar (sin dictamen) la suma de 499 millones de dólares, lo que constituiría un despojo al patrimonio público que debía ser investigado por la justicia penal".
 
Es decir, el Gobierno habría accedido a pagarle a una empresa del Grupo Macri una reparación millonaria y habría utilizado la negociación para renovar el contrato de peajes en la Panamericana.
 
4. Parques eólicos
 
El juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano investigan si el Gobierno favoreció a empresas de la familia Macri en la adjudicación de seis contratos de parques eólicos sin pasar por licitación pública y que luego pudieran revenderlos por una suma cuatro veces mayor.
 
Los delitos que se denunciaron son negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. La causa está paralizada.
 
5. Avianca
 
Se busca determinar si hubo irregularidades en la maniobra de venta por parte del Grupo Macri de la aerolínea Mac Air a Avianca, a los fines de que el Gobierno le adjudicara nuevas rutas.
 
El expediente comenzó con una denuncia por la concesión de las rutas y luego fue sumando denuncias por otros hechos vinculados a la gestión macrista en el ámbito aeronáutico.
 
6) Panamá Papers
 
En abril de 2016 se filtraron los denominados "Panamá Papers", en los que se informaba sobre miles de sociedades armadas por el estudio Mossack Fonseca que se usaron para mover dinero negro en paraísos fiscales.
 
Allí aparecieron casi cincuenta sociedades vinculadas a la familia Macri. El juez Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado investigaron puntualmente dos de esas sociedades: Fleg Trading y Kagemusha porque, a pesar de que Mauricio Macri aparecía como el director, ninguna de ellas figuraba en sus declaraciones juradas.
 
El juez, tras un pedido de la Unidad de Información Fiscal (UIF), determinó que el caso se correspondía más con una omisión maliciosa que con lavado. La causa se derivó a un juzgado de Penal Económico y podría "despertarse" del letargo el próximo año.
 
 
Causas que involucran a su círculo cercano
 
Las denuncias por la obra pública no alcanzan solo al Presidente sino también a parte de su círculo cercano (familiar y político). Por ejemplo, en la causa por el presunto pago de coimas por el soterramiento del tren Sarmiento, está involucrado el empresario Ángelo Calcaterra, primo del jefe de Estado.
 
El juez Marcelo Martínez de Giorgi determinó que no hay prueba del pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y sus socias locales. Procesó sólo a los ex funcionarios kirchneristas, sobreseyó a los familiares del "des-arrepentido" Vázquez y dictó 21 faltas de mérito, entre las que está la del primo presidencial. El fiscal Franco Picardi apeló. La definición de los procesamientos está a cargo de la sala II de la Cámara Federal.
 
En la causa "Paseo del Bajo", el juez Claudio Bonadio investiga el supuesto direccionamiento de la licitación de la obra. Si bien Macri no está denunciado sí lo está su socio político Horacio Rodríguez Larreta.
 
Por otro lado, las medidas económicas para contener el precio del dólar también comenzaron a judicializarse. En el fuero Contencioso Administrativo y Federal se denunciaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la suba del dólar pos PASO por considerarlos ruinosos para el erario público.
 
El juez Rodolfo Canicoba Corral analiza los pedidos de la fiscal Paloma Ochoa para que investigue el papel del entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, por la suba del dólar durante la jornada del 12 de agosto.
 
Hay que tener en cuenta que el nombre de Dujovne figura en 16 denuncias acumuladas a lo largo de los dos años en que ejerció la función pública. Como en el caso de Macri, un cambio en la conducción del país podría significar un avance más rápido de los trámites en los juzgados federales.
 
Por Sebastián Albornos
 
Fuente: iProfesional
 

Agreganos como amigo a Facebook
18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar