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Nacionales - 22-09-2019 / 10:09
LOS PROCESOS JUDICIALES CONTRA EL PRESIDENTE AVANZARON A PASO MUY LENTO EN COMODORO PY

Las causas contra Macri y su entorno van a “despertar”, tras el 10 de diciembre

Las causas contra Macri y su entorno van a “despertar”, tras el 10 de diciembre
El resultado de las primarias PASO del 11 de agosto fue un shock para el presidente Mauricio Macri. Pero no fue solo desde lo político y económico sino también desde lo judicial, ya que el mandatario tiene muchas denuncias en su contra en los tribunales federales Comodoro Py que estaban "freezadas", pero que ahora comenzaron a avanzar.
El resultado de las primarias PASO del 11 de agosto fue un shock para el presidente Mauricio Macri. Pero no fue solo desde lo político y económico sino también desde lo judicial, ya que el mandatario tiene muchas denuncias en su contra en los tribunales federales Comodoro Py que estaban "freezadas", pero que ahora comenzaron a avanzar.
 
En otras palabras, el cambio de contexto político tuvo su correlato entre los jueces y fiscales, que rápidamente están adaptándose a la nueva situación. Con la casi segura derrota en las generales de octubre, su círculo íntimo teme que las investigaciones judiciales tomen velocidad luego de que deje el poder, lo que eventualmente ocurriría el próximo 10 de diciembre.
 
En los últimos días, las medidas económicas tomadas para contener el precio del dólar se transformaron en un foco de problemas para el oficialismo también en la Justicia. Los fueros Contencioso Administrativo y Federal analizan denuncias por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la suba del dólar, provocada por Macri, que ocurrió tras las PASO.
 
Pero las denuncias no abarcan solo al Presidente sino también a muchos de sus actuales y ex funcionarios. Por caso, al ex ministro Nicolás Dujovne, que ahora es investigado por una eventual responsabilidad penal durante las recientes devaluaciones.
 
Lo cierto es que, casi como en una situación paralela a la que se vivió con la causa "dólar futuro" -en la que se investigó la responsabilidad de funcionarios K por medidas de política económica- ahora aparece también la pretensión de judicializar actos de Gobierno.
 
Con respecto a Macri, las causas judiciales más relevantes, aunque no las únicas son: Correo Argentino, Blanqueo de familiares de funcionarios, Venta de la empresa Ausol (peajes), Parques eólicos, Avianca, Panamá Papers...
 
Las denuncias por la obra pública no alcanzan solo al Presidente sino también a parte de su círculo cercano (familiar y político). Por ejemplo, en la causa por el presunto pago de coimas por el soterramiento del tren Sarmiento, está involucrado el empresario Ángelo Calcaterra, primo del jefe de Estado.

 
Con respecto a Mauricio Macri, estas son las causas judiciales más relevantes:
 
1. Correo Argentino
 
En esta causa se investiga si el Presidente y algunos de sus funcionarios buscaron defraudar a la administración pública al favorecer a la empresa de la familia Macri con una quita del 98,87% de su deuda con el Estado.
 
Si bien la condonación fue en junio de 2016, el caso se conoció a principios de 2017 con la oposición de la fiscal de la cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, y casi en paralelo se inició la causa penal. Allí, Macri fue imputado por el fiscal Juan Pedro Zoni, quien luego fue apartado.
 
Ahora, el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita tratan de determinar si el acuerdo es abusivo y contrario a los intereses estatales, cuyas arcas dejarían de percibir más de 4.656 millones por intereses por la deuda.
 
El magistrado ya indagó al ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa; al exministro de Comunicaciones y actual ministro de Defensa Oscar Aguad; al presidente del Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa y al abogado de la empresa, Jaime Kleidermacher. Están acusados de ser partícipes necesarios de la maniobra.
 
2. Blanqueo de familiares de funcionarios
 
El 30 de noviembre de 2016 el presidente Mauricio Macri firmó un DNU para modificar un artículo de la ley de Blanqueo de Capitales y permitir que padres, cónyuges e hijos de funcionarios pudieran sincerar su dinero y sus bienes.
 
El diputado Felipe Solá presentó un amparo para que se declare inconstitucional y una medida cautelar para que se suspendiera su aplicación. La denuncia fue radicada en el fuero Contencioso Administrativo Federal.
 
Ahora se aguarda la decisión de la Corte Suprema que indique si el legislador está legitimado para cuestionar esa norma judicialmente.
 
Gracias a esa medida, Gianfranco Macri (hermano del presidente) blanqueó 622 millones de pesos.
 
3. Venta de la empresa Ausol (peajes)
 
En esta causa, se denunció una maniobra previa a la venta de las acciones de la empresa AUSOL en la que el Grupo Macri tenía el 7% de participación. En concreto, se dijo que tres días antes asumir como presidente, Macri "simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de u$s1.100 millones por supuestos atrasos tarifarios, que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020".
 
El fiscal Carlos Stornelli y el juez Rodolfo Canicoba Corral están a cargo del caso.
 
Además, de acuerdo al expediente, el Gobierno dispuso compensar (sin dictamen) la suma de 499 millones de dólares, lo que constituiría un despojo al patrimonio público que debía ser investigado por la justicia penal".
 
Es decir, el Gobierno habría accedido a pagarle a una empresa del Grupo Macri una reparación millonaria y habría utilizado la negociación para renovar el contrato de peajes en la Panamericana.
 
4. Parques eólicos
 
El juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano investigan si el Gobierno favoreció a empresas de la familia Macri en la adjudicación de seis contratos de parques eólicos sin pasar por licitación pública y que luego pudieran revenderlos por una suma cuatro veces mayor.
 
Los delitos que se denunciaron son negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. La causa está paralizada.
 
5. Avianca
 
Se busca determinar si hubo irregularidades en la maniobra de venta por parte del Grupo Macri de la aerolínea Mac Air a Avianca, a los fines de que el Gobierno le adjudicara nuevas rutas.
 
El expediente comenzó con una denuncia por la concesión de las rutas y luego fue sumando denuncias por otros hechos vinculados a la gestión macrista en el ámbito aeronáutico.
 
6) Panamá Papers
 
En abril de 2016 se filtraron los denominados "Panamá Papers", en los que se informaba sobre miles de sociedades armadas por el estudio Mossack Fonseca que se usaron para mover dinero negro en paraísos fiscales.
 
Allí aparecieron casi cincuenta sociedades vinculadas a la familia Macri. El juez Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado investigaron puntualmente dos de esas sociedades: Fleg Trading y Kagemusha porque, a pesar de que Mauricio Macri aparecía como el director, ninguna de ellas figuraba en sus declaraciones juradas.
 
El juez, tras un pedido de la Unidad de Información Fiscal (UIF), determinó que el caso se correspondía más con una omisión maliciosa que con lavado. La causa se derivó a un juzgado de Penal Económico y podría "despertarse" del letargo el próximo año.
 
 
Causas que involucran a su círculo cercano
 
Las denuncias por la obra pública no alcanzan solo al Presidente sino también a parte de su círculo cercano (familiar y político). Por ejemplo, en la causa por el presunto pago de coimas por el soterramiento del tren Sarmiento, está involucrado el empresario Ángelo Calcaterra, primo del jefe de Estado.
 
El juez Marcelo Martínez de Giorgi determinó que no hay prueba del pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y sus socias locales. Procesó sólo a los ex funcionarios kirchneristas, sobreseyó a los familiares del "des-arrepentido" Vázquez y dictó 21 faltas de mérito, entre las que está la del primo presidencial. El fiscal Franco Picardi apeló. La definición de los procesamientos está a cargo de la sala II de la Cámara Federal.
 
En la causa "Paseo del Bajo", el juez Claudio Bonadio investiga el supuesto direccionamiento de la licitación de la obra. Si bien Macri no está denunciado sí lo está su socio político Horacio Rodríguez Larreta.
 
Por otro lado, las medidas económicas para contener el precio del dólar también comenzaron a judicializarse. En el fuero Contencioso Administrativo y Federal se denunciaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la suba del dólar pos PASO por considerarlos ruinosos para el erario público.
 
El juez Rodolfo Canicoba Corral analiza los pedidos de la fiscal Paloma Ochoa para que investigue el papel del entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, por la suba del dólar durante la jornada del 12 de agosto.
 
Hay que tener en cuenta que el nombre de Dujovne figura en 16 denuncias acumuladas a lo largo de los dos años en que ejerció la función pública. Como en el caso de Macri, un cambio en la conducción del país podría significar un avance más rápido de los trámites en los juzgados federales.
 
Por Sebastián Albornos
 
Fuente: iProfesional
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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