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Nacionales - 22-09-2019 / 10:09
LOS PROCESOS JUDICIALES CONTRA EL PRESIDENTE AVANZARON A PASO MUY LENTO EN COMODORO PY

Las causas contra Macri y su entorno van a “despertar”, tras el 10 de diciembre

Las causas contra Macri y su entorno van a “despertar”, tras el 10 de diciembre
El resultado de las primarias PASO del 11 de agosto fue un shock para el presidente Mauricio Macri. Pero no fue solo desde lo político y económico sino también desde lo judicial, ya que el mandatario tiene muchas denuncias en su contra en los tribunales federales Comodoro Py que estaban "freezadas", pero que ahora comenzaron a avanzar.
El resultado de las primarias PASO del 11 de agosto fue un shock para el presidente Mauricio Macri. Pero no fue solo desde lo político y económico sino también desde lo judicial, ya que el mandatario tiene muchas denuncias en su contra en los tribunales federales Comodoro Py que estaban "freezadas", pero que ahora comenzaron a avanzar.
 
En otras palabras, el cambio de contexto político tuvo su correlato entre los jueces y fiscales, que rápidamente están adaptándose a la nueva situación. Con la casi segura derrota en las generales de octubre, su círculo íntimo teme que las investigaciones judiciales tomen velocidad luego de que deje el poder, lo que eventualmente ocurriría el próximo 10 de diciembre.
 
En los últimos días, las medidas económicas tomadas para contener el precio del dólar se transformaron en un foco de problemas para el oficialismo también en la Justicia. Los fueros Contencioso Administrativo y Federal analizan denuncias por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la suba del dólar, provocada por Macri, que ocurrió tras las PASO.
 
Pero las denuncias no abarcan solo al Presidente sino también a muchos de sus actuales y ex funcionarios. Por caso, al ex ministro Nicolás Dujovne, que ahora es investigado por una eventual responsabilidad penal durante las recientes devaluaciones.
 
Lo cierto es que, casi como en una situación paralela a la que se vivió con la causa "dólar futuro" -en la que se investigó la responsabilidad de funcionarios K por medidas de política económica- ahora aparece también la pretensión de judicializar actos de Gobierno.
 
Con respecto a Macri, las causas judiciales más relevantes, aunque no las únicas son: Correo Argentino, Blanqueo de familiares de funcionarios, Venta de la empresa Ausol (peajes), Parques eólicos, Avianca, Panamá Papers...
 
Las denuncias por la obra pública no alcanzan solo al Presidente sino también a parte de su círculo cercano (familiar y político). Por ejemplo, en la causa por el presunto pago de coimas por el soterramiento del tren Sarmiento, está involucrado el empresario Ángelo Calcaterra, primo del jefe de Estado.

 
Con respecto a Mauricio Macri, estas son las causas judiciales más relevantes:
 
1. Correo Argentino
 
En esta causa se investiga si el Presidente y algunos de sus funcionarios buscaron defraudar a la administración pública al favorecer a la empresa de la familia Macri con una quita del 98,87% de su deuda con el Estado.
 
Si bien la condonación fue en junio de 2016, el caso se conoció a principios de 2017 con la oposición de la fiscal de la cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, y casi en paralelo se inició la causa penal. Allí, Macri fue imputado por el fiscal Juan Pedro Zoni, quien luego fue apartado.
 
Ahora, el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita tratan de determinar si el acuerdo es abusivo y contrario a los intereses estatales, cuyas arcas dejarían de percibir más de 4.656 millones por intereses por la deuda.
 
El magistrado ya indagó al ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa; al exministro de Comunicaciones y actual ministro de Defensa Oscar Aguad; al presidente del Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa y al abogado de la empresa, Jaime Kleidermacher. Están acusados de ser partícipes necesarios de la maniobra.
 
2. Blanqueo de familiares de funcionarios
 
El 30 de noviembre de 2016 el presidente Mauricio Macri firmó un DNU para modificar un artículo de la ley de Blanqueo de Capitales y permitir que padres, cónyuges e hijos de funcionarios pudieran sincerar su dinero y sus bienes.
 
El diputado Felipe Solá presentó un amparo para que se declare inconstitucional y una medida cautelar para que se suspendiera su aplicación. La denuncia fue radicada en el fuero Contencioso Administrativo Federal.
 
Ahora se aguarda la decisión de la Corte Suprema que indique si el legislador está legitimado para cuestionar esa norma judicialmente.
 
Gracias a esa medida, Gianfranco Macri (hermano del presidente) blanqueó 622 millones de pesos.
 
3. Venta de la empresa Ausol (peajes)
 
En esta causa, se denunció una maniobra previa a la venta de las acciones de la empresa AUSOL en la que el Grupo Macri tenía el 7% de participación. En concreto, se dijo que tres días antes asumir como presidente, Macri "simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de u$s1.100 millones por supuestos atrasos tarifarios, que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020".
 
El fiscal Carlos Stornelli y el juez Rodolfo Canicoba Corral están a cargo del caso.
 
Además, de acuerdo al expediente, el Gobierno dispuso compensar (sin dictamen) la suma de 499 millones de dólares, lo que constituiría un despojo al patrimonio público que debía ser investigado por la justicia penal".
 
Es decir, el Gobierno habría accedido a pagarle a una empresa del Grupo Macri una reparación millonaria y habría utilizado la negociación para renovar el contrato de peajes en la Panamericana.
 
4. Parques eólicos
 
El juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano investigan si el Gobierno favoreció a empresas de la familia Macri en la adjudicación de seis contratos de parques eólicos sin pasar por licitación pública y que luego pudieran revenderlos por una suma cuatro veces mayor.
 
Los delitos que se denunciaron son negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. La causa está paralizada.
 
5. Avianca
 
Se busca determinar si hubo irregularidades en la maniobra de venta por parte del Grupo Macri de la aerolínea Mac Air a Avianca, a los fines de que el Gobierno le adjudicara nuevas rutas.
 
El expediente comenzó con una denuncia por la concesión de las rutas y luego fue sumando denuncias por otros hechos vinculados a la gestión macrista en el ámbito aeronáutico.
 
6) Panamá Papers
 
En abril de 2016 se filtraron los denominados "Panamá Papers", en los que se informaba sobre miles de sociedades armadas por el estudio Mossack Fonseca que se usaron para mover dinero negro en paraísos fiscales.
 
Allí aparecieron casi cincuenta sociedades vinculadas a la familia Macri. El juez Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado investigaron puntualmente dos de esas sociedades: Fleg Trading y Kagemusha porque, a pesar de que Mauricio Macri aparecía como el director, ninguna de ellas figuraba en sus declaraciones juradas.
 
El juez, tras un pedido de la Unidad de Información Fiscal (UIF), determinó que el caso se correspondía más con una omisión maliciosa que con lavado. La causa se derivó a un juzgado de Penal Económico y podría "despertarse" del letargo el próximo año.
 
 
Causas que involucran a su círculo cercano
 
Las denuncias por la obra pública no alcanzan solo al Presidente sino también a parte de su círculo cercano (familiar y político). Por ejemplo, en la causa por el presunto pago de coimas por el soterramiento del tren Sarmiento, está involucrado el empresario Ángelo Calcaterra, primo del jefe de Estado.
 
El juez Marcelo Martínez de Giorgi determinó que no hay prueba del pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y sus socias locales. Procesó sólo a los ex funcionarios kirchneristas, sobreseyó a los familiares del "des-arrepentido" Vázquez y dictó 21 faltas de mérito, entre las que está la del primo presidencial. El fiscal Franco Picardi apeló. La definición de los procesamientos está a cargo de la sala II de la Cámara Federal.
 
En la causa "Paseo del Bajo", el juez Claudio Bonadio investiga el supuesto direccionamiento de la licitación de la obra. Si bien Macri no está denunciado sí lo está su socio político Horacio Rodríguez Larreta.
 
Por otro lado, las medidas económicas para contener el precio del dólar también comenzaron a judicializarse. En el fuero Contencioso Administrativo y Federal se denunciaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la suba del dólar pos PASO por considerarlos ruinosos para el erario público.
 
El juez Rodolfo Canicoba Corral analiza los pedidos de la fiscal Paloma Ochoa para que investigue el papel del entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, por la suba del dólar durante la jornada del 12 de agosto.
 
Hay que tener en cuenta que el nombre de Dujovne figura en 16 denuncias acumuladas a lo largo de los dos años en que ejerció la función pública. Como en el caso de Macri, un cambio en la conducción del país podría significar un avance más rápido de los trámites en los juzgados federales.
 
Por Sebastián Albornos
 
Fuente: iProfesional
 

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26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

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