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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 20-09-2019 / 10:09
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Wall Street mide a Alberto mientras vuelan viejas facturas

Wall Street mide a Alberto mientras vuelan viejas facturas
El martes, un pequeño grupo de directivos de JP Morgan fue recibido con máxima discreción en las oficinas de Alberto Fernández, en la calle México. Los financistas llegaron directamente desde Nueva York y pidieron ver al candidato del Frente de Todos, quien apareció al final de un largo encuentro que capitaneó Guillermo Nielsen.
El martes, un pequeño grupo de directivos de JP Morgan fue recibido con máxima discreción en las oficinas de Alberto Fernández, en la calle México. Los financistas llegaron directamente desde Nueva York y pidieron ver al candidato del Frente de Todos, quien apareció al final de un largo encuentro que capitaneó Guillermo Nielsen.
 
La expresión que más se utilizó no fue reperfilamiento, reestructuración ni haircut (quita). Se habló de un "step up". Lo mismo que varios le mencionaron al ex viceministro Emmanuel Agis en la Gran Manzana, donde se instaló durante toda esta semana para atender nuevos clientes de su consultora PxQ.
 
¿Qué sería un "step up"? Un pacto con los acreedores para estirar los vencimientos de capital (de 2020 a 2025, por ejemplo) y reducir a la vez la carga de intereses durante los primeros años a cambio de aumentarlos en los siguientes. Un "patear para adelante".
 
Es el modelo que se aplicó en casi toda Latinoamérica a inicios de los 90, con el impulso del entonces secretario del Tesoro, Nicholas Brady. En Argentina no terminó bien, pero su fracaso no puede aislarse del colapso de la convertibilidad en 2001/2002.
 
La estrategia del "step up" podría aplicarse incluso sin canjear los actuales bonos de deuda por otros nuevos. En las charlas informales con el equipo de Fernández, según revelaron fuentes que participan en ellas, lo mencionan los propios enviados de los bancos.
 
Intuyen que, de concretarse un arreglo de ese tipo, los bonos subirían de precio en vez de bajar. Es porque sus cotizaciones actuales reflejan la expectativa de un default inminente.
 
En todos los modelos macroeconómicos que bosquejan para el próximo mandato dan por hecho que el control de cambios que terminó por imponer Macri se mantendrá por varios años.
 
Es una pista que podría resultarles útil a los traders que empiezan a ilusionarse con un Alberto más macrista que Macri, otra vez engañados por las trampas del wishful thinking y por consultores que llegan a cobrarles 3 mil dólares por una conferencia de una hora.

 
El colombiano Luis Alberto Moreno fue directo al grano.
 
-Yo la conozco muy bien a Kristalina. Va a ser abierta en la negociación y nosotros podemos perfectamente ayudar a acercar posiciones.
 
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID) desde los albores del kirchnerismo, Moreno ya conoce tan bien a la Argentina que no se sorprende por los bruscos vaivenes de la economía ni por las traiciones que cruzan la transición política más larga de la que se tenga memoria.
 
Él mismo fue uno de los más entusiastas auspiciantes en Washington del volantazo pro-mercado de Mauricio Macri y hasta llegó a apadrinar en Puerto Varas en 2016 su intento de sumarse a la Alianza del Pacífico. Anteayer al mediodía, en el búnker de la calle México, se ofreció ante Alberto Fernández como mediador ante la próxima jefa del Fondo Monetario.
 
La búlgara Kristalina Georgieva tiene en sus manos el destino de la gestión Fernández-Fernández. Lo sabe ella, lo sabe la línea técnica del Fondo, lo saben en el Tesoro estadounidense y lo saben en la calle México.
 
Los términos de refinanciación de la monstruosa deuda que deja Mauricio Macri con el organismo serán los que definan si el país vuelve a crecer o no durante el próximo mandato. Pero esa negociación con la sucesora de Christine Lagarde ni siquiera comenzó.
 
Como dijo ayer a BAE Negocios uno de los referentes económicos del Frente de Todos, "estamos como los boxeadores en los primeros rounds, midiéndonos y buscando que el otro se canse".
 
La que sí empezó es otra discusión: la de la deuda con los acreedores privados. Hay conversaciones donde interviene Jorge Horacio Brito y otras donde el puente con Wall Street lo hace Gabriel Martino, el jefe local del HSBC que, veloces, ya varios en el búnker albertista tienen agendado en sus celulares.
 
Nadie cree que vaya a debatirse en serio en el Congreso, por más que anoche Hacienda haya sorprendido con el proyecto de Ley que había anunciado para dos semanas atrás. Las tratativas son directamente con quien Wall Street considera el próximo presidente.
 
 
Uruguay For Export
 
En la danza de propuestas puertas adentro ya casi nadie menciona como ejemplo el aplazamiento amigable de vencimientos que hizo Uruguay en 2003 con el apoyo del FMI, sin default y sin quita de intereses ni de capital. Según las cuentas que sacaron Matías Kulfas y Cecilia Todesca, no alcanzaría.
 
"La carga de intereses es demasiado alta. Lo que necesitamos es despejar el panorama por unos años, que el peso de los intereses baje mucho aunque después suba de vuelta", comentó uno de los dirigentes que accedió al informe interno que redactaron ambos.
 
En Tucumán, al margen de los aprontes pactistas del candidato a presidente, el propio Kulfas destacó ante empresarios que el peso de intereses para el fisco ya triplica el de 2015.
 
Otros dos economistas que mantienen perfil bajo pero trabajan cerca de Fernández, Arnaldo Bocco y Miguel Ángel Pesce, estuvieron la semana pasada en el Banco Central para conversar con funcionarios de línea y con el único miembro del directorio que jamás perdió contacto con la oposición.
 
Un globo que pinchó Agis ante sus interlocutores neoyorquinos en privado y también en el seminario abierto del banco BTG Pactual donde participó: "Acuérdense que Alberto Fernández está a la izquierda de Cambiemos", aclaró.
 
-¿Puede sorprender con un superávit primario del 3% del PBI en 2020? -le insistió uno de los asistentes al seminario.
 
-No lo creo. Para eso tendría que hacer un ajuste el triple de brutal que el de (Nicolás) Dujovne -respondió.
 
-¿Y una reforma laboral a lo Bolsonaro? -inquirió otro.
 
-Insisto. El que va a empezar es un gobierno peronista -replicó Agis.
 
 
Yo no fui
 
Mientras tanto, el desbande de Cambiemos expone antiguas facturas y tensa vínculos que se sostenían durante su auge político. Carlos Melconian aprovechó el lanzamiento de su libro, titulado con escasa humildad "Cantar la justa", para cargar contra Alfonso Prat-Gay y por elevación contra el propio Macri por no haber hecho antes el ajuste que terminó por instrumentar Dujovne de la mano del FMI.
 
Algo que llamó la atención en el gremio bancario, donde recuerdan al entonces presidente del Banco Nación como un fiscalista ortodoxo en lo verbal pero un pródigo pagador de paritarias adelantadas a la hora de gestionar.
 
Uno de los reproches postreros de Melconian apuntó contra quienes, como Prat-Gay, decían que la salida del control de cambios kirchnerista no implicaría un golpe inflacionario.
 
Pero en diciembre de 2015, mientras se concretaba esa reunificación cambiaria, él mismo le respondió al periodista Claudio Zlotnik que aunque el dólar oficial subiera de $9 a $15 no pasaría "nada". Varios de sus enemigos internos compartieron esta semana el video de aquella entrevista en Canal 26.
 
Otro a quien acusan de sacarle el culo a la jeringa, como diría el mejor alumno de Miguel Ángel Broda, es a Federico Sturzenegger. Al revuelo que generó "Macris Macro", su paper auto exculpatorio para la Brookings Institution, le siguió una durísima respuesta de Rafael Di Tella, un economista argentino -hijo de Guido, el excanciller de Carlos Menem- que enseña en Harvard.
 
"Las restricciones políticas en el mundo de Sturzenegger son como el gato de Alicia en el País de las Maravillas: ahora las ves, ahora no las ves más", escribió Di Tella, un estudioso de lo que en la academia estadounidense definen como populismos. No habría segundas intenciones en la elección del animal para la metáfora; Di Tella nunca ocultó su simpatía por el Presidente.
 
Macri administra ese desbande como puede. No impidió que Luis "Toto" Caputo volara la semana pasada por tres días a Manhattan en clase business con su esposa, Ximena Ruiz Hanglin, para un raíd de compras y un par de reuniones en Wall Street.
 
Ni siquiera lo frenó el riesgo de que lo acusaran de conspirar contra el futuro gobierno, justo cuando los jueces empiezan a hurgar en los miles de expedientes que firmó para emitir deuda.
 
Tampoco se opuso a la megafiesta que organizó para este fin de semana su hermano de la vida Nicky, el otro Caputo, para celebrar la boda de uno de sus hijos en un lujoso haras de Exaltación de la Cruz. Podrían haberla aplazado un par de semanas para no coincidir con la emergencia alimentaria, el estallido social en Chubut y el tramo final de la campaña. No lo creyeron necesario. ¿Irá el Presidente?
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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