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Nacionales - 19-09-2019 / 09:09
NI SIQUIERA HUBO ABSTENCIONES EN LA VOTACIÓN POR LOS 10.400 MILLONES EXTRA

Con las organizaciones sociales en la calle, el Senado aprobó la ley de Emergencia Alimentaria

Con las organizaciones sociales en la calle, el Senado aprobó la ley de Emergencia Alimentaria
Los movimientos sociales vienen protagonizando jornadas de lucha en reclamo no sólo de la emergencia alimentaria sino también de trabajo genuino, aumento del salario social complementario (que es el ingreso que perciben los cooperativas) que hoy es de $7.500 y rechazo a las políticas de ajuste y hambre dictadas por el FMI. Con estas organizaciones en la calle, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de prórroga de la emergencia alimentaria tras un debate que no tuvo mayores tensiones, salvo que la discusión fue una lluvia de críticas opositoras al modelo neoliberal, con el macrismo dando la explicación de la cantinela que le dejaron un país fundido y lleno de pobres. La iniciativa que venía de Diputados tuvo 61 votos a favor y ningún voto negativo ni abstención.
El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de prórroga de la emergencia alimentaria tras un debate que no tuvo mayores tensiones, salvo que la discución fue una lluvia de críticas opositoras al modelo neoliberal, con el macrismo dando la explicación de la cantinela que le dejaron un país fundido y lleno de pobres. La iniciativa que venía de Diputados tuvo 61 votos a favor y ningún voto negativo ni abstención.
 
El debate acordado para una sesión rápida fue un rosario de duras críticas del grueso de la oposición a la política económica neoliberal del Gobierno de Mauricio Macri que desató la crisis socioeconómica. Criticaron su favorecimiento a los sectores más ricos, el "brutal endeudamiento externo", la fuga de capitales y la dolarización de la comida, los combustibles y las tarifas, además de cuestionar a los funcionarios y dirigentes macristas que niegan el hambre y que definieron como "la ideología del desprecio a la gente".
 
La primera senadora en hacer uso de la palabra fue la salteña Cristina Fiore Viñuales, del bloque PARES, quien recordó que de 2014 a 2016 "2,5 millones de personas en la Argentina padecían hambre" según la FAO y que "ése número saltó a 5 millones de 2016 a 2018". A lo que agregó: "Esta sesión es una oportunidad para que quienes tiene la oportunidad de decidir vean que este tema no es un eslogan de campaña, existe y es vergonzoso".
 
La santafesina María de los Ángeles Sacnun, del Frente para la Victoria, apuntó contra la política económica y sostuvo que "estos ciclos de endeudamiento con fuga de capitales son los que terminan poniendo a la Argentina una y otra vez en estas situaciones de emergencia". A su turno, el formoseño José Mayans, del Bloque Justicialista, anticipó que votará a favor del proyecto pese a no estar de acuerdo porque, según dijo, "el 80%" de los fondos destinados a la emergencia "se lo lleva la Ciudad de Buenos Aires".
 
Lejos de asumir las responsabilidades, el senador radical Luis Naidenoff (Cambiemos-Formosa) buscó culpar a los gobiernos peronistas por la crisis alimentaria, insistió en que la emergencia lleva 18 años vigente, exaltó "la inversión social" de la gestión de Cambiemos, aunque lo incluyó como uno de los "condicionantes del endeudamiento". Extrañamente, el senador Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio y contrario al proyecto de emergencia alimentaria, faltó a la sesión.
 
Desde temprano, miles de militantes de diferentes organizaciones sociales se manifestaron en las inmediaciones del Congreso, mientras transcurría el debate en el Senado.  La protesta, que comenzó cerca de las 11, era liderada por un sector de Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y el Frente Popular Darío Santillán, entre otras agrupaciones.
 
La Opinión Popular

 
El Senado unánime con la Emergencia Alimentaria
 
Por unanimidad el Senado convirtió en ley la prórroga de la Emergencia Alimentaria hasta diciembre de 2022. Ahora, el Gobierno --que se negó a implementar la emergencia por DNU- debe promulgarla para reasignar partidas presupuestarias por 10.400 millones de pesos para paliar la urgencia de los sectores más vulnerables de la sociedad en lo que queda del año.
 
El proyecto incluye a partir de 2020 un aumento trimestral de las partidas alimentarias en base al incremento del rubro "alimentos y bebidas" del Indice de Precios al Consumidor y la variación de la canasta básica medida por el INDEC.
 
La probación fue unánime: 61 votos a favor. No hubo votos en contra ni abstenciones. Pero el tablero electrónico de la votación no reflejó la confrontación de modelos económicos que se dio en el debate a poco más de un mes de la elección que definirá el nuevo Gobierno para los próximos cuatro años. De los trece oradores que tuvo la sesión, doce fueron opositores y el oficialismo solo se reservó la palabra final para el cierre del debate.
 
La salteña María Cristina Fiore fue la primera en abrir el debate. "No nos cabe duda de la necesidad del tratamiento de este proyecto, porque la pobreza lamentablemente ha aumentado", afirmó la senadora que acompañó muchos de los proyectos del oficialismo. Citó las cifras que arrojan el Observatorio de la Deuda Social de la UCA y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para sostener que la inseguridad alimentaria grave, "quienes comen una vez al día o pasa sin comer, aumento de 2,5 millones en 2015 a 5 millones de personas en 2018", sin contar este último año de agravamiento de la crisis. Luego calificó como "vergonzoso, grave e irresponsable" las declaraciones de los funcionarios del Gobierno que "niegan el hambre", que también "trae muerte".
 
"Acompañamos este proyecto, pero debemos rediscutir el modelo económico de la Argentina si queremos hacer efectivos los derechos sociales, políticos y económicos garantizados en la Constitución", sostuvo la santafesina María de los Angeles Sacnun (FpV-PJ) y agregó: "Los modelos económicos neoliberales fundados en el endeudamiento y fuga de capitales quiebran ese contrato social". Sacnun propuso avanzar en la "soberanía alimentaria" para pensar en la producción de alimentos y no solo en el acceso a los mismos.
 
En un duro discurso, el formoseño José Mayans (BJ) se quejó de la falta de funcionamiento del Senado para discutir los "temas importantes" y que había que discutir la emergencia "rapidito". Sostuvo que Macri les recortó a las provincias por DNU unos "50 mil millones de pesos", mientras que los 18 mil millones presupuestados que el gobierno destina a la ayuda alimentaria, "16 mil van a la provincia y la ciudad de Buenos Aires y los otros 2 mil al resto de las provincias".
 
Mayans también le puso números a la "herencia" que el Gobierno de Cambiemos le deja a la futura gestión en materia de deuda "que no pasó por el Congreso": incluyendo intereses y capital, la Argentina deberá pagar 56 mil millones de dólares en 2020; 53 mil millones en 2021; otros 83 mil millones en 2023 y 73 mil en 2024.
 
"La situación de hambre debería avergonzarnos porque somos un país capaz de darle de comer a 400 millones de personas y no somos capaces de darle de comer a 15 millones", dijo la rionegrina Magdalena Odarda. "Cuando el dólar costaba 16 pesos, eran de 16 pesos las partidas para alimentos. Hoy el dólar roza los 60 y también son de 16 pesos las partidas para almuerzo en las escuelas y algunos comedores comunitarios", describió la tucumana Beatriz Mirkin.
 
"Por segunda vez en la historia contemporánea, la aventura del proyecto neoliberal termina en una hambruna, termina en desnutridos, termina en una tasa de indigentes enorme, y hoy 5 millones de argentinos comen una sola vez por día", arrancó Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur), antes de referirse en otro trazo de la política económica del macrismo: "La tasa de desocupación es enorme, el endeudamiento nacional es poderoso, pagamos 3.500 millones de pesos diarios de servicios de deuda".
 
Para el jefe del bloque kirchnerista del FpV-PJ, Marcelo Fuentes, "Estamos ante un hecho político significativo: la carnalidad de la visibilidad del hambre" y señaló "que si no fuera por las movilizaciones que incomodan tanto a quienes quieren desplazarse legítimamente, ese sujeto que padece el hambre sería siendo siempre una abstracción".
 
"No estamos ante una emergencia producto de un cataclismo natural. No hay inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas o terremotos que quiebren la infraestructura de transporte o la producción de alimentos. Estamos ante un dato de naturaleza política. El hambre en Argentina, con los recursos que hay, es una construcción política", continuó Fuentes y advirtió: "Si esto no ardió todavía es porque el pueblo tiene la esperanza de votar en octubre".
 
El flamante jefe del Bloque Justicialista, Carlos Caserio afirmó que "es una circunstancia trágica que Argentina le venda alimentos a 400 millones de personas en el mundo y que no sepamos cómo resolver el hambre de 15 millones de argentinos". "No hay soluciones mágicas, no estamos ante una catástrofe natural, sino ante políticas económicas erradas", insistió el senador cordobés. Luego de calificar a la emergencia como un "paliativo", Caserio propuso que "más allá de quien gobierne, la única solución pasa por generar que la Argentina crezca", y propuso que "se termine la fiesta financiera".
 
Sin otros oradores, el oficialismo se reservó el cierre del debate. Como jefe del interbloque de Cambiemos, Naidenoff trató de exculpar a su gobierno por la crisis: "La pobreza es un problema que excede a una mirada mezquina en el contexto previo al 27 de octubre", consideró Naidenoff, y alertó que "independientemente de los ciclos siempre pendulares (de la economía), la variable inmodificable fue estos 18 años de emergencia alimentaria y social", dijo el senador radical.
 
Afirmó que Cambiemos heredó una pobreza de la gestión kirhnerista: "el 34 por ciento de los argentinos estaba en situaciones de precariedad o informalidad"; "el 50 por ciento de los chicos no habían terminado la secundaria"; y "de cada tres hogares, uno presentaba condiciones de construcción que dejaban mucho que desear". Después dobló la apuesta: "Cuando uno asume en default, con cinco tipos de cambio, con una economía cerrada, con socios poco recomendables como Irán y Venezuela, sin margen por te dejaron sin reservas, ¿cómo financiás un Estado?, dijo y preguntó el formoseño.
 
Naidenoff dejó para el final fue una advertencia para la oposición en modo electoral: "Lo que estoy escuchando de una elección que no se realizó es más miedo que propuestas. Ojo cuando se siembra el miedo".
 
Por Miguel Jorquera
 
Fuente: Página12
 

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Con las organizaciones sociales en la calle, el Senado aprobó la ley de Emergencia Alimentaria
Senadores nacionales Carlos Caserio, Federico Pinedo, Anabel Fernández Sagasti y Luis Naidenoff.
24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

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