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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 15-09-2019 / 10:09
SOBRE PACTOS Y CLASES

Macrismo clasista y combativo

Macrismo clasista y combativo
La narrativa macrista niega la existencia de la lucha de clases; sin embargo su praxis la radicalizó. El macrismo desechó el gradualismo en sus primeros cien días. Cimentó en ellos la redistribución regresiva de los ingresos, el poder y las oportunidades.
La narrativa macrista niega la existencia de la lucha de clases; sin embargo su praxis la radicalizó. El macrismo desechó el gradualismo en sus primeros cien días. Cimentó en ellos la redistribución regresiva de los ingresos, el poder y las oportunidades.
 
Sentó las bases para que prosperaran la Banca, los especuladores, el capital financiero, los exportadores agropecuarios, los fondos buitres, las concesionarias de servicios públicos. Favoreció a los medios concentrados. Definió a los ganadores (por goleada) y a los perdedores del modelo. Implantó la persecución judicial a opositores, mediante la doctrina Gerardo Morales- Irurzun.
 
El gobierno de clase se propuso bajar los salarios y presionar a los trabajadores con el cruel dilema: aceptar sueldos de hambre o quedar en la calle. Dicho objetivo se concretó en buena medida, limitado en parte por la movilización social, por la cultura resistente de los argentinos y por la red de protección social creada o consolidada por el peronismo.
 
Otra ambición animaba al macrismo: instalar una hegemonía político-cultural que le garantizara poner fin al populismo y perpetuarse en el poder. Fracasó ese designio, tan ajeno a la historia nacional.
 
Si, como todo lo indica, se ratifica su derrota en el todavía lejano 27 de octubre dejará un país asolado, endeudado hasta el tuétano.
 
La herencia del macrismo moviliza a los cuerpos de sus candidatos y líderes territoriales. Todos se alejan de Mauricio Macri, reniegan de su existencia y de su legado que incluye legislación regresiva, doctrina Chocobar y otras lindezas.
 
Todas maquilladas bajo el seudónimo "republicano", adoptado por la derecha nativa que ni siquiera tiene la franqueza de reconocer su propia identidad.
 

 
Los flujos de dinero, información, Netflix, pornografía, circulan en tiempo real o a la velocidad de la luz sin enterarse de la existencia de fronteras. Los seres humanos topan con escollos severos, la inversión para repeler migraciones se incrementa exponencialmente.
 
El desmoronamiento berlinés, a tres décadas vista, diseminó un legado imprevisto: los muros proliferan, la xenofobia mezclada con sadismo hacia el diferente signa la época.
 
Sin embargo, los contactos cara siguen siendo indispensables, en la vida común y en la política. Los cuerpos cuentan, las muchedumbres resisten al nuevo caos internacional, los grandes jugadores toman decisiones tras verse los rostros.
 
Los presidentes y funcionarios viajan, se (des)encuentran. Las fotos publicitan las reuniones, mienten más que mil palabras: esconden adrede las asimetrías de poder.
 
Los enviados del Fondo Monetario Internacional (FMI) remolonean la venida a la Argentina, el tránsito funciona como prerrequisito del desembolso de 5400 millones de dólares. El tiempo fluye a su modo. Se duda sobre si el Fondo remesará ese tramo: el plazo prefijado vence mañana... se pateó para adelante.
 
Es casi un dato que quedará para después de las elecciones. Seis semanas no son tanto para soltar una fortuna pero pesan como décadas en la coyuntura nacional.
 
El apretón de manos no arriba, la burocracia del organismo internacional frena que alguien dé "enter" a la transferencia que llegaría en segundos si no mediaran obstáculos.
 
El ministro de Hacienda Hernán Lacunza viajará hacia Washington a fin de mes recorriendo el camino de Damasco fatigado por varios antecesores en el cargo.
 
En la Casa Rosada se marchitan las ilusiones. El Gobierno del presidente Mauricio Macri echa mano a la matemática creativa, una de sus especialidades. Alega que las metas pactadas con el FMI se cumplieron, a diferencia de las promesas destinadas al pueblo cuatro años atrás o dos o uno.
 
¿Creerán en sus embustes como en las encuestas que amañaron? No se me apure a contestar: el enfrascamiento de Palacio sabe ser imbatible.
 
 
De Europa a Tucumán
 
Alberto Fernández regresa del periplo europeo, hace escala en Buenos Aires, rebota hacia San Miguel de Tucumán. La minigira norteña abarca una reunión con el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, en un momento desolador para la actividad.
 
Las cifras "finitas" quedan para los expertos: cuanti y cualitativamente la capacidad ociosa replica o agrava la padecida en 2001. Crecen y se multiplican las quiebras, los concursos, los despidos, las suspensiones, los cierres.
 
Se concuerda en la necesidad de un viraje en la economía política tanto como en la de un acuerdo intersectorial de precios y salarios para los primeros meses del gobierno peronista, si es que se ratifica el plebiscito de las PASO.
 
Enunciar la necesidad constituye un prólogo ineludible. Tal vez sea hora de pensar mecanismos estables, normados, de Diálogo Social. Inviable en la coyuntura la perspectiva de una reforma de la Constitución, cualquier novedad institucional se fortificaría si naciera en el Congreso convalidada por un amplio arco político.
 
El Pacto Social de la tercera presidencia de Juan Domingo Perón vale como referencia remota, difusa. Demasiada agua pasó bajo el puente desde esa encomiable experiencia, tramada cuando epilogaban los treinta años gloriosos del Estado benefactor, agonía que pasaba desapercibida para la mayoría de los actores.
 
No se recuerda mucho pero durante los gobiernos kirchneristas se cabildeó más de una vez sobre un Consejo económico social tripartito, con ese nombre u otros.
 
En campaña presidencial durante 2007 y en el discurso de apertura de sesiones del Congresos en marzo de 2008 la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner enunció la necesidad y la puesta en marcha de un Acuerdo del Bicentenario.
 
Discurrió sobre la iniciativa en reuniones con la cúpula de la Iglesia, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la CTA. Quedó en agua de borrajas, en gran medida arrollada por las secuelas del conflicto con "el campo".
 
Otro precedente se remonta al 2001, magnificado por intérpretes interesados. La apodada "Mesa de Diálogo", promovida por la cúpula de la Iglesia Católica y conducida por un funcionario internacional, el español Carmelo Angulo.
 
Más declamatoria que efectiva, constreñida por la carencia, congregaba al gobierno de Fernando de la Rúa, al peronismo duhaldista y a representaciones sectoriales. Angulo la apodaba "nuestra Moncloa" pecando de voluntarismo y carencia de perspectiva histórica.
 
Se le atribuye a la Mesa haber sido la mentora del ingreso ciudadano universal (onda la Asignación Universal por Hijo) o el Plan Jefas y Jefes de Hogar puesto en práctica durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Al endiosarla tanto se subestima el influjo del Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO) que produjo una movilización formidable en pos de un programa social reparador.
 
Un célebre cónclave de la Mesa de Diálogo terminó con estrépito en diciembre de 2001 cuando la fronda ciudadana abucheó y puso en fuga a importantísimos dirigentes nacionales.
 
La experiencia comparada pinta un abanico de estructuras posibles. El ex presidente brasileño Lula da Silva al comienzo de su primer mandato creó un órgano asesor, llamado Consejo de Desarrollo Económico y Social (CDES). Lo concibió para debatir rumbos futuros de la acción estatal: políticas sociales, la reforma fiscal, proyecciones de largo plazo.
 
El CDES estaba compuesto por representantes de empresarios, sindicalistas, organizaciones sociales y hasta religiosas. Sus 82 integrantes eran elegidos por el Ejecutivo cuyo titular asistía a sus sesiones. Lula y luego Dilma Rousseff escuchaban sus discursos (limitados en el tiempo de exposición pero no en sus contenidos), respondían, tomaba nota.
 
Los antecedentes locales, pues, escasean... la existencia de algún formato de Acuerdo Social es deseable y necesario. Peliagudo concretarlo con una economía devastada y con una estructura social muy distinta a la que moldeó el primer peronismo y se sostuvo, bien que mal, hasta los años '90.
 
 
La clase trabajadora
 
La CGT suscribió el Pacto Social de 1973, cuando bastaba para representar a una mayoría consistente de los trabajadores. El desempleo era bajísimo, altri tempi.
 
La oratoria del General herbívoro basculaba cuando hablaba de la "columna vertebral" del peronismo: en ocasiones aludía al Movimiento Obrero Organizado (MOO), en otras a la clase trabajadora. La segunda acepción pasa a ser la única adecuada para el siglo XXI.
 
Un interesante libro del periodista Agustín Álvarez Rey, "La nueva columna vertebral" recorre la irrupción y crecimiento de los movimientos sociales.
 
Álvarez Rey pinta bien el nuevo mapa de la clase: la condición de trabajador no se limita a quienes tienen empleo formal. Ni siquiera a quienes trabajan, "la única clase de hombres", conforme rezaba un apotegma del peronismo original.
 
Son trabajadores los desempleados, los informales, los integrantes de cooperativas sociales, quienes la reman en empresas recuperadas, los productores de la economía social y un sinfín de etcéteras. Componen un conjunto que se hizo visible ya en la Marcha Federal de la CTA hace un cuarto de siglo.
 
La representación de un sector tan vasto y variopinto desafía a un posible gobierno nacional-popular que no puede ignorarlos ni dejarlos en la angustiante situación que atraviesan hoy en día. La explotación capitalista se agudiza; no se expresa solamente en la relación entre patrones y empleados.
 
La fragmentación de la clase se propaga a las agrupaciones que la representan sin expresar tampoco a la totalidad. La resistencia a la ofensiva macrista tuvo la "virtud" de aglutinarlos en la unidad de acción. Hasta despabiló a los más esclarecidos dirigentes cegetistas que captaron que la clase excedía los límites de la más poderosa Central del MOO.
 
Supera las competencias del cronista proponer cómo incluir a las nuevas expresiones de la clase trabajadora, como darles un espacio en nuevo diseño de Estado, para imaginar políticas públicas que promuevan una mejor subsistencia y articulación. Solo le cabe subrayar que una sociedad inclusiva exige herramientas bien distintas a las funcionales cuarenta o veinte años atrás.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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