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Nacionales - 12-09-2019 / 08:09
ESCÁNDALO POR FALTA DE "TRANSPARENCIA" PRO

Intervinieron el Correo de Macri por esconder y brindar información trucha a la Justicia

Intervinieron el Correo de Macri por esconder y brindar información trucha a la Justicia
La jueza Marta Cirulli resolvió intervenir el Correo en la causa por la cuantiosa deuda del Grupo Macri con el Estado. La magistrada dispuso una coadministración porque la empresa ocultó información en forma reiterada y fue reticente a responder sobre pasivos millonarios y movimientos de fondos que no tenían justificación.
En plena campaña electoral, se conoció una determinación judicial que es un escándalo para la supuesta "transparencia" PRO: la justicia intervino Correo Argentino, la empresa residual de los Macri a la que el presidente Mauricio Macri intentó condonarle $ 70 mil millones de deuda con el Estado, por sospechas de que obstaculiza y proporciona información trucha sobre sus cuentas.
 
La jueza Marta Cirulli, a cargo del expediente concursal del Correo (de los Macri) donde se dirime la deuda millonaria que tiene con el Estado, resolvió intervenir la empresa ante lo que consideró ocultamientos reiterados de información, que entre otras cosas atañen a llamativos pasivos por préstamos de sus propias controlantes, que son Socma y Sideco, claves en el grupo empresario de la familia presidencial. La resolución dispone una "coadministración" de la compañía, pero no desplaza a quienes están actualmente a cargo.
 
La fiscal Gabriela Boquín, quien denunció en 2017 un intento de condonación de la deuda que hoy llega a 4500 millones de pesos a través de un pacto entre el Correo y los representantes estatales, había pedido ya entonces la intervención, con el desplazamiento de síndicos y administradores.
 
La jueza señaló también la reticencia a responder a los pedidos de datos para el expediente, donde se están investigando maniobras de vaciamiento, y contradicciones.
 
La empresa Correo, en su situación concursal actual, está declarada inactiva. A pesar de esto la fiscalía ante la Cámara denunció distintos tipos de erogaciones que podrían implicar desvíos y/o vaciamiento. Boquín reveló, por ejemplo, contratos de alquiler y de locación de servicios, en algunos casos con sus propias controlantes. En otros, con sociedades y abogados macristas amigos.
 
Después de dos años de idas y vueltas, trabas impuestas por la empresa y resoluciones judiciales sinuosas, la jueza Cirulli tuvo que iniciar una investigación. Por eso comenzó a pedir información específica al Correo, además de los libros contables de Socma y Sideco, que ambas se negaban a entregar. La Corte Suprema destrabó esa discusión, al rechazar un recurso del Grupo Macri.
 
Desde un principio, el Gobierno de Macri hizo todo lo posible por esconder datos y atacar a los que querían investigar. El primer fiscal del caso en el fuero federal, Juan Pedro Zoni, fue desplazado del cargo, mientras que el primer procurador del Tesoro designado por Macri, Carlos Balbín, fue despedido tras haber elaborado un dictamen crítico de la gestión de Aguad sobre el Correo. Balbín fue reemplazado por Bernardo Saravia Frías, ex abogado del Grupo Macri. Obviamente, los abogados del Correo también intentaron apartar a la fiscal Boquín.
 
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LA COMPAÑÍA OCULTÓ INFORMACIÓN EN REITERADAS OPORTUNIDADES
 
El Poder Judicial intervino el Correo, la empresa de la familia Macri
 
La jueza sostuvo que cuando le pidió explicaciones al Correo sobre préstamos recibidos de sus controlantes "nada explicó respecto de sus necesidades actuales, ni sobre la cuantía de lo que había utilizado ni sobre lo que pendía de devolución".
 
La propia firma había sostenido que recibía préstamos: 2 millones de pesos Socma y 4,5 millones de Sideco en 2017. También se habían detectado contratos de locación de servicios y bienes, por los que se habían pagado desde 2012 18.000 dólares mensuales y en determinado momento en 2014 se dejaron de pagar, aunque continuaban los sin contraprestación.
 
Sin embargo, la jueza explica que ahora el Correo da una versión distinta a la anterior y resulta que existe una deuda posconcursal acumulada nunca antes admitida y, que aparecen irregularidades tales como que Sideco no emitía facturas por los supuestos servicios y locaciones.
 
Cirulli había pedido explicaciones en este año a la empresa postal, pero "guardó absoluto silencio" "a pesar de la señalada gravedad". El pasivo posconcursal que antes negaba, según la jueza asciende a 1.144.260 dólares. Ante la Cámara, el Correo dijo que le habían dejado de cobrar "en su beneficio y de todos sus acreedores", lo que hacía suponer que las contrataciones no estaban vigentes, sin embargo no era así.
 
Además, todo indica, Sideco le pagaba gastos legales al Correo. "Su explicación, acreditación y justificación se le exigió" y "la concursada solo aludió a conceptualmente a varios asesoramientos concentrados en materia tributaria y administrativa", dice la jueza.
 
"No justificó la contabilización de tales erogaciones adicionales ni denunció la cuantía". La resolución es taxativa al señalar un "reprochable ocultamiento de un pasivo postconcursal".
 
La jueza explica la intervención así: "la omisión de denunciar tal nuevo y creciente pasivo (integrado por una prestación millonaria cuya vigencia era inimaginable a tenor de sus propias afirmaciones; y por otros 'gastos legales' anunciados genéricamente sin concreción aritmética) implicó el ocultamiento de la información necesaria para que este Tribunal, las sindicaturas intervinientes y los acreedores verificados pudiesen tomar conocimiento de la real situación de la convocatoria respecto del engrosamiento actual de su deuda posconcursal; y , naturalmente, arroja un manto de duda sobre la sinceridad del os expresado ahora sobre su real endeudamiento".
 
La intervención, señala la resolución, es la respuesta posible ante la omisión de información o un acto que perjudique a los acreedores. Recuerda que le reclamó tres veces la información.
 
El coadministrador tendrá que cumplir con "las labores a cargo de la sidnicatura controladora, y con las sindicaturas general y verificante" también. Deberá participar en las deliberaciones de la administración y proponer al directorio medidas para reorganizar la estructura. Tendrá que entregar toda la información adeuda. La intervención, por lo pronto, durará 30 días. Todavía no se conoce el nombre del coadministrador/a designado.
 
La decisión de intervenir, que llega tarde (pero llega), está acompañada de una gran cantidad de paradojas. Por lo pronto, la fiscal Boquín ya había denunciado los mutuos dudosos y los movimientos cuantiosos de dinero a partir de 2017: primero señaló retiros de fondos de las propias cuentas del Correo, compra de acciones de una empresa automotriz, y los gastos en alquileres y otros servicios; luego denunció el desvío de al menos 35 millones de pesos en pagos a abogados allegados (algunos integrantes actuales del Gobierno y el oficialismo, como Pablo Clusellas y Pablo Tonelli) y empresas de publicidad amigas, sin explicación.
 
Esta pesquisa y sus pericias estuvieron trabadas hasta mitad de este año. La propia Boquín había pedido la intervención del Correo y el desplazamiento de los administradores en tres oportunidades.
 
Entre otras cuestiones singulares, la resolución de Cirulli la no desplazar a la gestión actual, deja al mando -por ejemplo- al titular Jaime Cibils Robirosa, otro de los beneficiados con pagos sospechosos e indagado en la causa penal por el acuerdo denunciado para licuar la deuda, igual que el apoderado Jaime Kleidermarcher.
 
La propia jueza Cirulli está denunciada en la causa penal a cargo de Ariel Lijo.
 
Boquín misma marcó en sus escritos que sus decisiones siempre tendieron a dilatar un expediente concursal que no debía durar más de dos años, pero que ya lleva 18, mientras el Correo sigue especulando con sacarle plata al Estado en lugar de pagarle y la y las empresas de los Macri esquivan una quiebra. Es un momento crucial y en estos meses se sabrá si los vientos realmente empiezan a cambiar.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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22-09-2019 / 10:09
El resultado de las primarias PASO del 11 de agosto fue un shock para el presidente Mauricio Macri. Pero no fue solo desde lo político y económico sino también desde lo judicial, ya que el mandatario tiene muchas denuncias en su contra en los tribunales federales Comodoro Py que estaban "freezadas", pero que ahora comenzaron a avanzar.
 
En otras palabras, el cambio de contexto político tuvo su correlato entre los jueces y fiscales, que rápidamente están adaptándose a la nueva situación. Con la casi segura derrota en las generales de octubre, su círculo íntimo teme que las investigaciones judiciales tomen velocidad luego de que deje el poder, lo que eventualmente ocurriría el próximo 10 de diciembre.
 
En los últimos días, las medidas económicas tomadas para contener el precio del dólar se transformaron en un foco de problemas para el oficialismo también en la Justicia. Los fueros Contencioso Administrativo y Federal analizan denuncias por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la suba del dólar, provocada por Macri, que ocurrió tras las PASO.
 
Pero las denuncias no abarcan solo al Presidente sino también a muchos de sus actuales y ex funcionarios. Por caso, al ex ministro Nicolás Dujovne, que ahora es investigado por una eventual responsabilidad penal durante las recientes devaluaciones.
 
Lo cierto es que, casi como en una situación paralela a la que se vivió con la causa "dólar futuro" -en la que se investigó la responsabilidad de funcionarios K por medidas de política económica- ahora aparece también la pretensión de judicializar actos de Gobierno.
 
Con respecto a Macri, las causas judiciales más relevantes, aunque no las únicas son: Correo Argentino, Blanqueo de familiares de funcionarios, Venta de la empresa Ausol (peajes), Parques eólicos, Avianca, Panamá Papers...
 
Las denuncias por la obra pública no alcanzan solo al Presidente sino también a parte de su círculo cercano (familiar y político). Por ejemplo, en la causa por el presunto pago de coimas por el soterramiento del tren Sarmiento, está involucrado el empresario Ángelo Calcaterra, primo del jefe de Estado.

21-09-2019 / 09:09
El profesor Joseph Stiglitz es una excepción lúcida en el castillo calculador del imperio liberal. Consiente, según escribe, de que "el experimento neoliberal ha sido un fracaso espectacular", Stiglitz promueve hoy lo que él denomina "un capitalismo progresista" como reemplazo al fracasado ultra liberalismo.
 
No es un antiliberal pero si un reformista y, sobre todo, un acérrimo adversario de las políticas del FMI. Precisamente, cuando ocupaba el puesto de economista jefe del Banco Mundial, sus posturas adversaras el FMI le valieron el Premio Nobel de Economía en 2001.
 
A sus casi 77 años Stiglitz perdura con toda la legitimidad de su voz alternativa. Tanto más legítima cuando que, en lo que toca a la Argentina, sus premisas se hicieron una realidad fatal. En sus planteos contra el esquema actual, las experiencias argentinas de los últimos años ocupan un lugar especial.
 
Entre las políticas económicas nacionales erradas y los organismos multilaterales de crédito que las alentaron y las financiaron con un endeudamiento suicida, Stiglitz ve todo el abanico negativo que va desde la desregulación de los mercados, el corte de los impuestos para los más pudientes, la financiarizacion de la economía, la austeridad, el ahogo del crecimiento, tasas de interés descabelladas, la inflación, la devaluación y la deuda.
 
Stiglitz ha sido un crítico del modelo macrista y en más de una ocasión predijo que la Argentina podría terminar como Grecia y el dólar en la estratosfera. También se ha mostrado muy mordaz con el Fondo Monetario Internacional y sus "modelos impregnados de ideología". Ambas líneas, la política del presidente Macri y la intervención de los organismos multilaterales de crédito, han sido, asegura Stiglitz, el desencadenante del desastre argentino. 

21-09-2019 / 08:09
El 35 por ciento de los niños argentinos asiste a comedores populares y más de la mitad está bajo la línea de pobreza, más del 10 por ciento de los trabajadores sin trabajo, el 40 por ciento del pueblo pobre y casi el diez por ciento indigente, más 50 pequeñas y medianas empresas que cierran por día, más hambre, hiperinflación, derrumbe del PBI, y salarios que perdieron el 30 por ciento, son datos de la crisis.
 
Mauricio Macri se ha convertido en el blanco de todas las críticas, el que tiene la culpa. El supervillano que mintió, manipuló a la justicia y persiguió a sus opositores para hacer negocios con sus empresas y fundir al país. Es cierto hasta un punto. Porque Macri no es el único responsable de la catástrofe. Aunque es el exponente más crudo de un sistema que fracasó como comunidad, como país o Nación, pero no como negocio particular.
 
Los factores de poder económico están interesados en personificar en Macri la culpa de la tragedia. Pero no es el fracaso de una persona, sino del modelo de país que propuso la alianza de conservadores radicales, del PRO y de la Coalición Cívica. Ellos propusieron un modelo neoliberal gestionado por empresarios.
 
El primer ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay representó al JP Morgan, igual que Vladimir Werning, secretario de Política Económica; Marcos Ayerra, presidente de la CNV; Santiago Bausili, secretario de Finanzas, más el ex presidente del Banco Central y ex ministro de Finanzas, Luis Caputo, uno de los grandes responsables del endeudamiento actual, revistaron en el Deutsche Bank, otro de los colocadores de deuda.
 
El ex ministro de Producción, Francisco Cabrera, además de haber trabajado para los grupos Clarín y La Nación, también viene del HSBC. El ex secretario de Energía, Juan José Aranguren, era gerente y fue inversionista de la Shell, el sector aeronáutico privado fue representado por Gustavo Lopetegui, y los fondos de inversión por Mario Quintana o el mismo Caputo.
 
Hubo representantes de las viejas AFJP como Francisco Cabrera, de cámaras patronales del campo como Ricardo Buryaile y Luis Etchevehere y abogados de estudios jurídicos contratados por grandes empresas como Celeste Plee, María Eugenia Talerico. Son solamente algunos de los Ceos que formaron parte de este gobierno, quizás el peor de todos, después de la dictadura.
 
Macri no es el gran estúpido, el único burro que produjo este desastre. Hubo muchos alrededor suyo que fueron presentados como "el mejor equipo de los últimos 50 años". Además de los grandes empresarios estaba la presencia de viejas familias oligárquicas, como los Braun Menéndez, (Marcos Peña Braun), los Bullrich, con la ministra de Seguridad o los Blaquier, dignamente representados por el ex director del Fondo de Garantía de Sustentibilidad de la ANSES.
 
El mismo Federico Sturzenegger con chapa académica del M.I.T., gran teórico del libre mercado que ya había participado en la tragedia previa con Fernando de la Rúa, al igual que el secretario de Medios Hernán Lombardi y Patricia Bullrich. El modelo que fracasó en forma tan costosa para los argentinos, es el neoliberal de libre mercado, así como el modelo de gestión pública por empresarios y oligarcas.

20-09-2019 / 10:09
El martes, un pequeño grupo de directivos de JP Morgan fue recibido con máxima discreción en las oficinas de Alberto Fernández, en la calle México. Los financistas llegaron directamente desde Nueva York y pidieron ver al candidato del Frente de Todos, quien apareció al final de un largo encuentro que capitaneó Guillermo Nielsen.
 
La expresión que más se utilizó no fue reperfilamiento, reestructuración ni haircut (quita). Se habló de un "step up". Lo mismo que varios le mencionaron al ex viceministro Emmanuel Agis en la Gran Manzana, donde se instaló durante toda esta semana para atender nuevos clientes de su consultora PxQ.
 
¿Qué sería un "step up"? Un pacto con los acreedores para estirar los vencimientos de capital (de 2020 a 2025, por ejemplo) y reducir a la vez la carga de intereses durante los primeros años a cambio de aumentarlos en los siguientes. Un "patear para adelante".
 
Es el modelo que se aplicó en casi toda Latinoamérica a inicios de los 90, con el impulso del entonces secretario del Tesoro, Nicholas Brady. En Argentina no terminó bien, pero su fracaso no puede aislarse del colapso de la convertibilidad en 2001/2002.
 
La estrategia del "step up" podría aplicarse incluso sin canjear los actuales bonos de deuda por otros nuevos. En las charlas informales con el equipo de Fernández, según revelaron fuentes que participan en ellas, lo mencionan los propios enviados de los bancos.
 
Intuyen que, de concretarse un arreglo de ese tipo, los bonos subirían de precio en vez de bajar. Es porque sus cotizaciones actuales reflejan la expectativa de un default inminente.
 
En todos los modelos macroeconómicos que bosquejan para el próximo mandato dan por hecho que el control de cambios que terminó por imponer Macri se mantendrá por varios años.
 
Es una pista que podría resultarles útil a los traders que empiezan a ilusionarse con un Alberto más macrista que Macri, otra vez engañados por las trampas del wishful thinking y por consultores que llegan a cobrarles 3 mil dólares por una conferencia de una hora.

20-09-2019 / 09:09
Gracias al ajuste de Mauricio Macri y el FMI, uno de cada diez argentinos está desocupado. Son más de dos millones de personas que no tienen empleo. Como consecuencia de la aplicación de un brutal plan que llevó a un sostenido proceso de destrucción de puestos de trabajo y la profunda retracción en la capacidad de compra de los salarios, la tasa de desempleo subió al 10,6% en el segundo trimestre de 2019. Es el nivel más elevado en catorce años. Hay que remontarse a 2005 para encontrar un nivel más elevado, aunque en aquel momento la tendencia era de recuperación tras el estallido de 2001.
 
La crisis cambiaria, productiva y social que profundiza el programa neoliberal de austeridad, desocupación y pobreza, se traduce en un incremento de 1 punto porcentual frente a los registros del mismo período del año pasado (9,6). El aumento en la desocupación está acompañado por un proceso de precarización laboral y la extensión de los plazos que las personas buscan empleo sin éxito.
 
Las cifras publicadas por el Indec evidencian el marcado deterioro laboral acumulado durante la gestión de Macri, que heredó un nivel de desocupación del 5,9%. El segmento más afectado por el incremento en el desempleo son las mujeres de 14 a 29 años, entre las que el nivel de desocupación escaló de 21,5 a 23,4% en doce meses.
 
¿Cómo se explica el aumento en el desempleo? Con el poder de compra en caída libre y la sostenida destrucción de empleo registrado, miles de personas que doce meses atrás no buscaban trabajo se vieron forzadas a hacerlo para intentar amortiguar el impacto de la crisis en su economía familiar.
 
Esa dinámica se observa en el aumento en la tasa de actividad, que escaló de 46,4 a 47,7% en el segundo trimestre del año. Una limitada porción de quienes salieron a buscar trabajo y aquellos que perdieron sus puestos anteriores consiguieron acceder a otros trabajos, como muestra el aumento en la tasa de empleo, de 41,9 a 42,6. La mayoría de esas inserciones laborales fueron en empleos precarizados.
 
Pero, la capacidad que tiene una economía en caída libre para absorber puestos de trabajo informales y de baja productividad también es limitada. Y, por lo tanto, no todos los trabajadores que ingresaron al mundo laboral para intentar amortiguar la pérdida de ingresos en sus hogares tienen la posibilidad de conseguir un empleo.
 
El nivel de empleo registrado acumula diez meses consecutivos en caída. El sector fabril lidera las pérdidas. Con caídas en 42 de los 43 meses de la gestión macrista cubiertos por las estadísticas, suman 151.304 los puestos de trabajo manufactureros destruidos desde que comenzó el gobierno de Cambiemos.
 
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