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"No se puede pretender que las deudas sean pagadas con sacrificios insoportables para los pueblos". Papa Francisco
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Nacionales - 12-09-2019 / 08:09
ESCÁNDALO POR FALTA DE "TRANSPARENCIA" PRO

Intervinieron el Correo de Macri por esconder y brindar información trucha a la Justicia

Intervinieron el Correo de Macri por esconder y brindar información trucha a la Justicia
La jueza Marta Cirulli resolvió intervenir el Correo en la causa por la cuantiosa deuda del Grupo Macri con el Estado. La magistrada dispuso una coadministración porque la empresa ocultó información en forma reiterada y fue reticente a responder sobre pasivos millonarios y movimientos de fondos que no tenían justificación.
En plena campaña electoral, se conoció una determinación judicial que es un escándalo para la supuesta "transparencia" PRO: la justicia intervino Correo Argentino, la empresa residual de los Macri a la que el presidente Mauricio Macri intentó condonarle $ 70 mil millones de deuda con el Estado, por sospechas de que obstaculiza y proporciona información trucha sobre sus cuentas.
 
La jueza Marta Cirulli, a cargo del expediente concursal del Correo (de los Macri) donde se dirime la deuda millonaria que tiene con el Estado, resolvió intervenir la empresa ante lo que consideró ocultamientos reiterados de información, que entre otras cosas atañen a llamativos pasivos por préstamos de sus propias controlantes, que son Socma y Sideco, claves en el grupo empresario de la familia presidencial. La resolución dispone una "coadministración" de la compañía, pero no desplaza a quienes están actualmente a cargo.
 
La fiscal Gabriela Boquín, quien denunció en 2017 un intento de condonación de la deuda que hoy llega a 4500 millones de pesos a través de un pacto entre el Correo y los representantes estatales, había pedido ya entonces la intervención, con el desplazamiento de síndicos y administradores.
 
La jueza señaló también la reticencia a responder a los pedidos de datos para el expediente, donde se están investigando maniobras de vaciamiento, y contradicciones.
 
La empresa Correo, en su situación concursal actual, está declarada inactiva. A pesar de esto la fiscalía ante la Cámara denunció distintos tipos de erogaciones que podrían implicar desvíos y/o vaciamiento. Boquín reveló, por ejemplo, contratos de alquiler y de locación de servicios, en algunos casos con sus propias controlantes. En otros, con sociedades y abogados macristas amigos.
 
Después de dos años de idas y vueltas, trabas impuestas por la empresa y resoluciones judiciales sinuosas, la jueza Cirulli tuvo que iniciar una investigación. Por eso comenzó a pedir información específica al Correo, además de los libros contables de Socma y Sideco, que ambas se negaban a entregar. La Corte Suprema destrabó esa discusión, al rechazar un recurso del Grupo Macri.
 
Desde un principio, el Gobierno de Macri hizo todo lo posible por esconder datos y atacar a los que querían investigar. El primer fiscal del caso en el fuero federal, Juan Pedro Zoni, fue desplazado del cargo, mientras que el primer procurador del Tesoro designado por Macri, Carlos Balbín, fue despedido tras haber elaborado un dictamen crítico de la gestión de Aguad sobre el Correo. Balbín fue reemplazado por Bernardo Saravia Frías, ex abogado del Grupo Macri. Obviamente, los abogados del Correo también intentaron apartar a la fiscal Boquín.
 
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LA COMPAÑÍA OCULTÓ INFORMACIÓN EN REITERADAS OPORTUNIDADES
 
El Poder Judicial intervino el Correo, la empresa de la familia Macri
 
La jueza sostuvo que cuando le pidió explicaciones al Correo sobre préstamos recibidos de sus controlantes "nada explicó respecto de sus necesidades actuales, ni sobre la cuantía de lo que había utilizado ni sobre lo que pendía de devolución".
 
La propia firma había sostenido que recibía préstamos: 2 millones de pesos Socma y 4,5 millones de Sideco en 2017. También se habían detectado contratos de locación de servicios y bienes, por los que se habían pagado desde 2012 18.000 dólares mensuales y en determinado momento en 2014 se dejaron de pagar, aunque continuaban los sin contraprestación.
 
Sin embargo, la jueza explica que ahora el Correo da una versión distinta a la anterior y resulta que existe una deuda posconcursal acumulada nunca antes admitida y, que aparecen irregularidades tales como que Sideco no emitía facturas por los supuestos servicios y locaciones.
 
Cirulli había pedido explicaciones en este año a la empresa postal, pero "guardó absoluto silencio" "a pesar de la señalada gravedad". El pasivo posconcursal que antes negaba, según la jueza asciende a 1.144.260 dólares. Ante la Cámara, el Correo dijo que le habían dejado de cobrar "en su beneficio y de todos sus acreedores", lo que hacía suponer que las contrataciones no estaban vigentes, sin embargo no era así.
 
Además, todo indica, Sideco le pagaba gastos legales al Correo. "Su explicación, acreditación y justificación se le exigió" y "la concursada solo aludió a conceptualmente a varios asesoramientos concentrados en materia tributaria y administrativa", dice la jueza.
 
"No justificó la contabilización de tales erogaciones adicionales ni denunció la cuantía". La resolución es taxativa al señalar un "reprochable ocultamiento de un pasivo postconcursal".
 
La jueza explica la intervención así: "la omisión de denunciar tal nuevo y creciente pasivo (integrado por una prestación millonaria cuya vigencia era inimaginable a tenor de sus propias afirmaciones; y por otros 'gastos legales' anunciados genéricamente sin concreción aritmética) implicó el ocultamiento de la información necesaria para que este Tribunal, las sindicaturas intervinientes y los acreedores verificados pudiesen tomar conocimiento de la real situación de la convocatoria respecto del engrosamiento actual de su deuda posconcursal; y , naturalmente, arroja un manto de duda sobre la sinceridad del os expresado ahora sobre su real endeudamiento".
 
La intervención, señala la resolución, es la respuesta posible ante la omisión de información o un acto que perjudique a los acreedores. Recuerda que le reclamó tres veces la información.
 
El coadministrador tendrá que cumplir con "las labores a cargo de la sidnicatura controladora, y con las sindicaturas general y verificante" también. Deberá participar en las deliberaciones de la administración y proponer al directorio medidas para reorganizar la estructura. Tendrá que entregar toda la información adeuda. La intervención, por lo pronto, durará 30 días. Todavía no se conoce el nombre del coadministrador/a designado.
 
La decisión de intervenir, que llega tarde (pero llega), está acompañada de una gran cantidad de paradojas. Por lo pronto, la fiscal Boquín ya había denunciado los mutuos dudosos y los movimientos cuantiosos de dinero a partir de 2017: primero señaló retiros de fondos de las propias cuentas del Correo, compra de acciones de una empresa automotriz, y los gastos en alquileres y otros servicios; luego denunció el desvío de al menos 35 millones de pesos en pagos a abogados allegados (algunos integrantes actuales del Gobierno y el oficialismo, como Pablo Clusellas y Pablo Tonelli) y empresas de publicidad amigas, sin explicación.
 
Esta pesquisa y sus pericias estuvieron trabadas hasta mitad de este año. La propia Boquín había pedido la intervención del Correo y el desplazamiento de los administradores en tres oportunidades.
 
Entre otras cuestiones singulares, la resolución de Cirulli la no desplazar a la gestión actual, deja al mando -por ejemplo- al titular Jaime Cibils Robirosa, otro de los beneficiados con pagos sospechosos e indagado en la causa penal por el acuerdo denunciado para licuar la deuda, igual que el apoderado Jaime Kleidermarcher.
 
La propia jueza Cirulli está denunciada en la causa penal a cargo de Ariel Lijo.
 
Boquín misma marcó en sus escritos que sus decisiones siempre tendieron a dilatar un expediente concursal que no debía durar más de dos años, pero que ya lleva 18, mientras el Correo sigue especulando con sacarle plata al Estado en lugar de pagarle y la y las empresas de los Macri esquivan una quiebra. Es un momento crucial y en estos meses se sabrá si los vientos realmente empiezan a cambiar.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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22-02-2020 / 10:02
La centralidad de la deuda en la coyuntura actual es de tal magnitud que cualquier decisión del gobierno queda relegada a un segundo plano y condicionada por esa centralidad, que es económica y política a la vez. El ministro Martín Guzmán expuso con claridad en la Cámara de Diputados la suerte de círculo vicioso en que está la cuestión de la deuda pública nacional: "Hay voluntad firme de pagar la deuda. El problema es que no hay capacidad para hacerlo. Para poder pagar Argentina tiene que crecer y para poder crecer se tiene que sacar de encima el peso de una deuda que asfixia".
 
Este círculo, en el que intervienen jugadores con peso e intereses propios, es el centro del debate. El gobierno caracteriza a la deuda como impagable, pero al mismo tiempo la reconoce y legitima, por lo tanto necesita de una "reestructuración profunda": estiramiento de plazos, quita de capital y reducción de intereses.
 
El FMI estaría dispuesto a posponer los vencimientos a cambio de garantías de la sustentabilidad de los mismos, léase superávit fiscal primario suficiente para hacer frente a los vencimientos, al mismo tiempo que presiona para que los privados acepten quitas de capital, que no está dispuesto a hacer con sus propias acreencias. Los bonistas exigen más pagos ahora, un plan económico y el aval del Fondo de que la deuda total es sustentable para luego acordar.
 
El ministro agregó que en su esquema el equilibrio fiscal recién se obtendría para el 2023 -lo que significa que pedirá como mínimo 4 años de gracia- la economía entonces podría crecer al 2% a partir del año próximo. Los analistas consideran que ese crecimiento es bajo para generar los excedentes necesarios para afrontar los vencimientos.
 
La realidad es que las reservas no alcanzan para afrontar las deudas en dólares mientras que para los vencimientos en pesos -suman hasta junio la friolera de 850.000 millones- no es aconsejable emitir, a riesgo de que la inflación se desmadre del todo, por algo se suspenden la indexación jubilatoria y salarial. Así el margen de maniobras es reducidísimo, sino nulo.
 
Pero ¿qué garantiza que haciendo lo de siempre tengamos resultados diferentes? ¿Dónde está la virtud de seguir honrando una deuda que amenaza con continuar por varios años más el estancamiento de la economía? ¿Dónde está escrito que si hay una reestructuración "exitosa" se abrirán los mercados y habrá nuevo financiamiento? ¿Por qué vendrían inversiones productivas que hace tiempo no vienen? ¿Qué garantiza que dentro de 5 años no haya una nueva crisis de deuda?
 
La figura del default se recorta cada vez más nítidamente en el horizonte, el tema es si lo imponen los mercados y entonces la salida será caótica y muy gravosa para los sectores populares, o bien es producto de una decisión política. Entonces la salida no será un campo de rosas, pero será ordenada -deberá ir acompañada de medidas complementarias, como mayor intervención estatal en la banca y el comercio exterior entre otras- y abrirá un futuro diferente a la mediocridad actual. No hay que dejarse amedrentar por el terrorismo mediático de los medios al servicio de los fondos de inversión.

22-02-2020 / 08:02
Está la sensación de que el gobierno de Alberto Fernández llegó hace mucho a pesar de que apenas pasaron dos meses y días desde que asumió. Hay un clima de rutina sin sorpresa. Que en buen castellano también puede definirse como alivio.
 
Es un problema, porque es más fácil convertir en costumbre al alivio que a la tragedia. No es que el nuevo gobierno haya tomado muchas o pocas decisiones. En este fenómeno tiene más que ver el desastre como terminó la gestión de Mauricio Macri, la incertidumbre ante un gobierno paralizado por una crisis creada por ellos mismos y que todos los días arrojaba resultados nefastos sin que pudieran frenarla.
 
Es fácil acostumbrarse al alivio y olvidarse de la tragedia. Es fácil, pero peligroso. El macrista que odia al peronismo, que se hundía pero no quería dar el brazo a torcer ni reconocerlo, y que a pesar de su situación personal en franca picada volvió a votar a Macri, sintió alivio por la derrota. Nadie podrá decir que facilitó el triunfo del peronismo, su conciencia estará tranquila y, gracias a la derrota de su candidato, el bolsillo también.
 
El primer macrista en reconocerlo ha sido el Fondo Monetario Internacional. El organismo decidió prestarle a Macri 56 mil millones de dólares --el 62 por ciento de su capacidad de préstamo-- para que gane las elecciones. Y el tipo habilitó la fuga del 90 por ciento de esa fortuna y encima perdió las elecciones. La primera línea del Fondo, en especial la que baja de Washington y habilitó esa jugada ultramacrista, apostó a perdedor y llevó las finanzas del organismo al borde de la bancarrota.
 
Ahora resulta que el equipo técnico del organismo que, transgrediendo sus propios estatutos, respaldó a Macri contra el actual gobierno, reconoce que la deuda argentina es "insostenible".
 
O sea: reconoce que el préstamo fue un error, que prestaron una fortuna que no se podría devolver. Antes de pedir al Fondo, el gobierno de Macri se había endeudado con particulares en cien mil millones de dólares, en apenas año y medio. Rompió todos los récords, de los planetarios y de la historia. Cuando el Fondo les prestó, los prestamistas particulares ya no querían hacerlo porque veían el borde del precipicio.
 
Deuda "insostenible" en criollo quiere decir que fue una barrabasada. El Fondo está diciendo que la política neoliberal de Cambiemos fue un desatino que destruyó el aparato productivo y creó adicción y dependencia del endeudamiento.
 
Y no fue ejecutada por cuatros de copa sino por las estrellas locales del neoliberalismo, por los economistas que siempre hablaban por la tele, los preferidos por la mayoría de los empresarios, los Ceos campeones del capitalismo. Si el Fondo Monetario reconoce que la deuda es "insostenible", está diciendo que esa gente hizo un desastre.

21-02-2020 / 12:02
Apenas dos meses después de haber realizado un más que entusiasta diagnóstico en la única cadena nacional de su gestión acerca del país que dejaba, el ahora ex presidente Mauricio Macri aseguró "estar preocupado por la actualidad de la Argentina".
 
En lo que constituyó su regreso a la actividad política tras dejar el gobierno el pasado 10 de diciembre y tras tomarse unas extensas vacaciones, Macri encabezó la reunión de la mesa chica del PRO.
 
En las oficinas que el PRO montó en el edificio "Holiday" (vacaciones en inglés, lo que supuso no pocas chicanas en las redes sociales) de Vicente López, el ex mandatario comenzó a desplegar su estrategia para intentar mantenerse como el mandamás de la oposición a pesar de su resonante fracaso en su intento reeleccionista.
 
Tras el encuentro el ex peronista, ex senador y ex compañero de fórmula de Macri, Miguel Ángel Pichetto, aseguró a los medios que analizaron la coyuntura nacional y comenzaron a trazar los pasos a seguir ya en tanto oposición.
 
De la cumbre del PRO participaron también el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, la ex ministra de Seguridad y presidenta del espacio, Patricia Bullrich y el ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.
 
"Al expresidente lo vi muy bien, con mucho interés en seguir los temas del país, con muchas prudencia y responsabilidad, nosotros a su vez le transmitimos los problemas que nos preocupan", dijo Pichetto y aseguró que Macri "está preocupado por la actualidad del país".
 
Se juntan por inercia, y porque creen que el 40% que sacaron de votos les pertenece. No es poco, pero solo les queda el apoyo mediático y judicial, ya que políticamente están reventados.
 
La Opinión Popular
 

21-02-2020 / 09:02
El apoyo que logró el gobierno de Alberto Fernández del FMI lo fortalece de cara a la negociación con los acreedores privados pero no implica que la cuestión de la deuda esté a punto de resolverse. Ni mucho menos.
 
Si el resultado de la primera misión del Fondo tras la salida de Mauricio Macri fueran los octavos de final de un Mundial, bien podría decirse que la renegociación de la deuda con el organismo son los cuartos y la discusión con los bonistas, la final.
 
Aunque anteayer por la noche algunos de los negociadores descorcharon espumantes, en el quinto piso de Economía no comparten la euforia que se apoderó de otras áreas del Ejecutivo y de la militancia en las redes sociales. "Además de paciencia oriental hay que tener algo de astucia florentina", comentaron desde allí.
 
Lo que aprovechó el Gobierno al máximo fue la coincidencia coyuntural de sus intereses con el FMI, al que circunstancialmente también le conviene que los bonistas cobren lo menos posible. Para poder cobrar más él, por supuesto, pero también para no inflar el "riesgo moral" (moral hazard) del que solía hablar Anne Krueger en 2002.
 
La tesis del "riesgo moral" -un clásico de los tecnócratas del Fondo- sostiene que si los prestamistas nunca pierden, cada vez correrán riesgos mayores. Total, alguien (el Fondo) los rescatará.
 
Esa coincidencia no implica que el Fondo se haya hecho peronista ni que su directora gerente, Kristalina Georgieva, haya vuelto a sus días de estudiante en el Alto Instituto de Economía Karl Marx de la Bulgaria comunista.
 
El FMI necesita que se olvide lo más rápido posible el abochornante préstamo récord que el Tesoro estadounidense forzó a firmar a Christine Lagarde para que Macri fuera reelecto, pero su matriz de pensamiento sigue siendo la misma.
 
Aún tras la purga que se llevó puestos a David Lipton (un halcón demócrata que Donald Trump aprovechó para tirar por la ventana) y al encargado del caso argentino, Roberto Cardarelli, la ortodoxia fiscal de Lagarde sigue vivita y coleando en la calle 19. La gravitación de Wall Street sobre su staff, también.
 
En cuanto a las condiciones que vaya a poner el FMI para aplazar sus cobros, el ministro Martin Guzmán viene repitiendo que no hará "austeridad en recesión".
 

20-02-2020 / 09:02
El comunicado difundido por el Fondo Monetario Internacional tras la visita de una misión técnica, tuvo buena recepción por parte de los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. Es que, en dicha comunicación, el organismo internacional considera que "la deuda argentina no es sostenible" -ni política ni económicamente- y "en consecuencia se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados".
 
Es decir, de la letra de la comunicación resulta que los acreedores privados deberían aceptar un recorte importante en sus créditos para poder encontrar una solución al endeudamiento argentino, en lo que se considera en medios oficiales como "una gran ayuda del Fondo para lograr la reestructuración de la deuda con los privados".
 
En el entorno presidencial se mostraron satisfechos con la evaluación positiva que tuvo el organismo sobre lo actuado hasta la fecha para estabilizar la economía argentina. Como lo expresa el comunicado: "Las autoridades argentinas están actuando para resolver la difícil situación económica y social que enfrenta el país. Han implementado un conjunto de medidas para atacar la problemática de la pobreza y estabilizar la economía. Se ha buscado aumentar la recaudación en parte para financiar un mayor gasto social".
 
La misión ponderó que la "inflación y las expectativas de inflación han bajado en los últimos meses". Al respecto, en fuentes del Gobierno se señala que el FMI estuvo de acuerdo con las medidas adoptadas para romper con la inercia inflacionaria. Asimismo, coincidieron en que para bajar la inflación se requiere un enfoque múltiple del problema, atacando no sólo la cuestión fiscal y monetaria, sino también la política de ingresos.
 
La estrategia del gobierno de Fernández fue, en todo momento, cuestionar el elevado endeudamiento del país y sostener que los costos de la salida a esta situación debían ser compartidos con los acreedores. En este sentido, rescataron positivamente que el comunicado sostenga "nuestra visión es que el superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento del producto potencial satisfactorio no es económicamente ni políticamente factible".
 
En fuentes del Palacio de Hacienda sostienen que "lograron convencer a los técnicos del Fondo acerca de la coherencia política del programa". Particularmente, en lo concerniente a que se apuntará a logar un ingreso genuino de divisas por la vía de las exportaciones, estrategia que lleva implícita la necesidad de mantener el nivel del tipo de cambio real. Ahora, en el Gobierno confían en que se logrará un acuerdo con el Fondo, un paso que contribuiría a lograr un entendimiento con los acreedores privados.
 
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