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Nacionales - 09-09-2019 / 10:09

Las últimas medidas de Macri asfixian a las provincias

Las últimas medidas de Macri asfixian a las provincias
Las provincias argentinas transitan un deterioro de sus finanzas públicas a raíz del combo dado por la caída de la recaudación por la crisis económica, la merma de recursos coparticipables a causa del “plan alivio” del gobierno de Mauricio Macri, el congelamiento de los combustibles que afectó a las regalías, el default selectivo de títulos en pesos y la devaluación.
Las provincias argentinas transitan un deterioro de sus finanzas públicas a raíz del combo dado por la caída de la recaudación por la crisis económica, la merma de recursos coparticipables a causa del "plan alivio" del gobierno de Mauricio Macri, el congelamiento de los combustibles que afectó a las regalías, el default selectivo de títulos en pesos y la devaluación.
 
Los factores negativos superan al impulso a las arcas provinciales que da la mayor coparticipación de recursos antes afectados a la Anses, según precisó la Corte a finales de 2015 y ratificó el Consenso Fiscal. Las administraciones provinciales mostraban hasta hace unos meses buenos números fiscales en base a las mayores transferencias de recursos coparticipables por parte de la Nación, beneficio que tuvo como mayores privilegiados los distritos macristas de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
 
Sin embargo, la magnitud de la crisis desploma la recaudación de Ingresos Brutos (principal fuente de los recursos provinciales) y también afecta a impuestos nacionales coparticipables, como el IVA y Ganancias. En lo que va del año la recaudación del IVA subió en términos nominales un 40 por ciento según AFIP, 15 puntos por debajo de la inflación. Ganancias, por su parte, le empata a los precios.
 
Más del 80 por ciento de los ingresos fiscales de las provincias provienen de la recaudación de Ingresos Brutos (IIBB), que depende muy estrechamente del nivel de actividad. En una crisis como la actual muchos contribuyentes dejan de pagar IIBB.
 
La suba del mínimo no imponible y devolución de Ganancias, impuesto totalmente coparticipable, implica una pérdida de recaudación para las provincias de $26 mil millones de acá a diciembre. La quita de IVA para alimentos hasta fin de año implica otros 5 mil millones y las medidas para monotributistas, otros 500 millones. En total, son unos $30 mil millones que dejan de percibir las provincias.
 
Muchas provincias se sumaron al festival de la deuda externa en 2016 y 2017, de la mano del Gobierno de Macri. Se calculan emisiones provinciales por 12.336 millones de dólares de deuda. Con las sucesivas devaluaciones, la carga de intereses es uno de los principales componentes del gasto público provincial.
 
Los títulos en pesos emitidos por el Tesoro nacional y defolteados (modificación unilateral de los plazos de repago) eran instrumentos de usual utilización por parte de varias administraciones provinciales. Se calcula que el conjunto de las provincias quedaron atrapadas en 1248 millones de dólares.
 
Quienes ganan son los mismos de siempre, los banqueros, las empresas privatizadas de servicios, los sojeros y especuladores. Aquellos que el día post elecciones PASO, mostraron con descaro e impunidad quiénes ponen las reglas; con una fuerte devaluación y el aval extorsivo de un Macri que no digiere la derrota y pretende saquear al interior federal.
 
La Opinión Popular

 
Caída de la recaudación
 
Más del 80 por ciento de los ingresos fiscales de las provincias provienen de la recaudación de Ingresos Brutos (IIBB), que depende muy estrechamente del nivel de actividad. Es más, en una crisis como la actual muchos contribuyentes dejan de pagar IIBB, cosa que es menos común en el caso del IVA. Es decir, IIBB pierde tanto por caída de la actividad como en la capacidad recaudatoria. De ahí que los ingresos provinciales vengan sufriendo por la crisis.
 
"La medición del primer semestre muestra una caída de entre el 5 y el 10 por ciento en términos reales en IIBB. Al mismo tiempo, caen los ingresos fiscales derivados de la coparticipación, del 3 al 6 por ciento salvo Buenos Aires y La Pampa. Si se suma el efecto IIBB y de la coparticipación, se verifica una reducción de los ingresos en términos reales de 5 a 7 puntos. Es una caída relevante", explica Ariel Barraud, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
 
"Por otro lado, en el gasto en general no se hizo un ajuste fiscal grande y hay muchos distritos con negociaciones salariales atadas a algún índice de inflación. De manera que con la aceleración inflacionaria, cae la recaudación por nivel de actividad y sube el gasto en salarios", agrega Barraud.
 
En ese sentido, corren más riesgos de deterioro fiscal las provincias del norte del país, que dependen mayormente de los envíos de fondos coparticipables.
 
"Las provincias venían desendeudadas y relativamente ordenadas. Pero indudablemente hoy la situación es mucho más ajustada. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hace más de un año que cae la recaudación en términos reales. Y el Consenso Fiscal, aquel acuerdo para ir ordenando impuestos en el marco de la suba de recursos coparticipables, queda muy deteriorado, en el mejor de los casos, luego de las medidas del Gobierno nacional que afectan a las provincias sin previa consulta a los gobernadores", indicó a este diario Martín Di Bella, asesor económico del bloque de senadores de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires.
 
 
El plan "alivio"
 
Se calcula que la suba del mínimo no imponible y devolución de Ganancias, que es un impuesto totalmente coparticipable, implica una pérdida de recaudación para las provincias del orden de los 26 mil millones de pesos de acá a diciembre. La quita de IVA para alimentos hasta fin de año implica otros 5 mil millones y las medidas para monotributistas, otros 500 millones.
 
En total, son unos 30 mil millones de pesos que dejan de percibir las provincias, de los cuales 6 mil millones corresponden a la provincia de Buenos Aires. En el caso de Tucumán, por ejemplo, son 1500 millones de pesos, equivalentes a un mes de sueldos del Estado de esa provincia. El Gobierno enfatiza que una parte (difícil de cuantificar) volverá a las arcas provinciales con la mejora de la recaudación de ingresos brutos.
 
"Para tener una referencia, esos 30 mil millones de pesos representa un tres por ciento del total de los recursos coparticipables que la Nación envió a las provincias entre enero y agosto. No parece ser un número imposible de sostener a nivel macroeconómico, pero la decisión unilateral del gobierno choca directamente con la necesidad de aprobación parlamentaria. Las provincias patagónicas están más complicadas, porque también dejan de percibir ingresos por regalías a partir del congelamiento de los combustibles", explica Martín Mangas, investigador docente de la Universidad General Sarmiento.
 
 
Devaluación y deuda extranjera
 
Las provincias se sumaron al festival de la deuda externa en 2016 y 2017, de la mano del Gobierno nacional. Se calculan emisiones provinciales por 12.336 millones de dólares de deuda de los cuales la provincia de Buenos Aires emitió unos 5100 millones.
 
"Hubo una política irresponsable de endeudamiento en moneda extranjera y bajo legislación extranjera. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Neuquén son los distritos que más se endeudaron. En Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, cerca del 80 por ciento de la deuda es en moneda extranjera. Con las sucesivas devaluaciones, la carga de intereses es uno de los principales componentes del gasto público provincial. Los servicios de deuda vuelven a ser, como en los '90, las estrellas de los presupuestos de las provincias", agrega Mangas.
 
Otros distritos con mucho peso de la deuda en moneda extranjera son Chubut y Neuquén.
 
En 2018 y en lo que va de este año las emisiones de deuda externa cesaron con el cierre de los mercados internacionales. Ante la necesidad de refinanciar vencimientos de capital, las provincias también miran con mucha preocupación a la suba del riesgo país.
 
"Si bien no hay tanta deuda de cortísimo plazo como tiene el Estado nacional, hay necesidad de refinanciar o incluso de reperfilar. Y hay fuerte suba del peso de los intereses de deuda sobre el gasto corriente", advierte Barraud.
 
"En la ley de presupuesto bonaerense 2019 el pago de intereses implicaba 68 mil millones de pesos, más que todas las partidas destinadas a Salud (51 mil millones de pesos), y casi el triple que lo destinado a Desarrollo Social (23 mil millones)", agrega Mangas.
 
Durante su gestión, la gobernadora Vidal incrementó la deuda en un 40 por ciento valuada en dólares. La deuda total pasó del 5,9 por ciento del producto bruto geográfico en 2015 al 8,4 por ciento a junio de 2019.
 
El peso de la deuda subió fuertemente con la devaluación posterior a las PASO, ya que el 80 por ciento de la deuda bonaerense está nominado en dólares y bajo ley extranjera. El mayor endeudamiento se verificó a pesar del período de bonanza fiscal dado por el impacto del Consenso Fiscal y de las mayores transferencias de la Nación.
 
 
Default selectivo
 
Los títulos en pesos emitidos por el Tesoro nacional y defolteados (modificación unilateral de los plazos de repago) eran instrumentos de usual utilización por parte de varias administraciones provinciales.
 
"Se calcula que el conjunto de las provincias quedaron adentro de esos títulos por 1248 millones de dólares. La decisión de reperfilar genera nuevos inconvenientes financieros para las provincias, que a su vez tendrán que 'reperfilar' sus obligaciones con proveedores y otros acreedores. El derrame también llega a los municipios", dice Mangas.
 
Según datos de la UNGS, Buenos Aires invirtió unos 500 millones de dólares en los títulos defolteados, seguida de San Juan (234 millones), Mendoza (205 millones), la Ciudad de Buenos Aires (123 millones), Río Negro (83 millones), Salta (35 millones), Formosa (20 millones), Santa Fe (20 millones), Catamarca (15 millones) y La Rioja (13 millones).
 
Además, en casos como el de Buenos Aires, "el juego de comprar bonos del Tesoro para obtener rendimiento y luego pagar sus propios bonos provinciales se rompió con el reperfilamiento", agregó Martín Di Bella.
 
Por Javier Lewkowicz
 
Fuente: Página12
 

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13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

12-12-2025 / 10:12
El gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei mandó al Senado un proyecto de contrarreforma para eliminar derechos laborales, sindicales y de huelga que atrasa un siglo. Contra la Constitución desconoce hasta la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. Redactado por los abogados de las grandes empresas, de Paolo Rocca, Galperin y Eurnekian, en cada rubro empeora la posición de los trabajadores. Perjudica también a monotributistas e informales y se propone financiar los despidos con la plata de los jubilados.
 
El gobierno libertario demoró la presentación de la contrareforma laboral, que no registra precedentes desde la dictadura genocida de 1976, para estirar los tiempos de negociación y definir cuán a fondo iría en su ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. El proyecto que ingresó al Senado retoma lo peor de todas las versiones anteriores y lo condensa en 71 páginas y 191 artículos.
 
Enmascarada en una supuesta "modernización", la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga. Lejos de mejorar la vida de los trabajadores, crear empleo o incorporar a los informales al mercado formal, la reforma sólo busca abaratar costos para que el empleador pueda despedir y amplía la desprotección sobre el sector más débil.
 
Los especialistas coinciden en que "invierte la presunción de laborabilidad" perjudicando a monotributistas y trabajadores "independientes". El texto final del proyecto confirma la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del gran capital, debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades.
 
La reforma laboral, firmada por Milei, fue elevada al Congreso de manera errónea por parte de Gobierno. Legisladores opositores y abogados laboralistas cuestionaron el ingreso por el Senado, ya que la reforma laboral contiene un capítulo tributario que modifica impuestos centrales. Al respecto, la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.
 
La reforma laboral que impulsa Milei atrasa porque reinstala un modelo previo al propio nacimiento del derecho laboral. La abogada Natalia Salvo advierte que es "una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas". El proyecto permite jornadas de hasta 12 horas, un retroceso a antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica.

También elimina ítems remunerativos para achicar aguinaldo y vacaciones, ahora fraccionadas como en etapas de precariedad anteriores a cualquier estándar moderno. Al mismo tiempo, remarca que la iniciativa desconoce los avances globales sobre las plataformas: mientras en Europa los tribunales y países como España o Portugal ya reconocen a esos trabajadores como dependientes, aquí se los deja en un limbo jurídico. Modernizar sería ampliar la protección, no recortarla. Con un 43 por ciento de informalidad, el proyecto empuja al país hacia un pasado sin resguardo, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad de la patronal.

Un Gobierno que miente en todo, presenta el argumento principal en la supuesta "creación de trabajo formal". Silogismo falaz, acaba de ser refutado por un hombre del gran capital, el abogado Julián de Diego. Dijo que "sin crecimiento, no habrá generación de empleo". Ese crecimiento se presenta, como promesa lejana, relato de un provenir etéreo, medido en décadas. Equiparada a Irlanda, Alemania, y otras naciones. Por ahora, lo que hay es recesión, inflación en alza y deuda. Cada vez más deuda.

La Opinión Popular


11-12-2025 / 10:12
Turismo "con la nuestra". Nuevo papelón internacional de Javier "el Loco" Milei que fue a perder el tiempo a Noruega disfrazado con el mameluco de YPF, viajó 25.000 kilómetros para sacarse una foto... y se volvió sin nada. María Corina Machado faltó a su premiación como Nobel de la Paz. Viajó con su hermana Karina a Oslo en el avión presidencial, en un viaje que cuesta 300 mil dólares, y se alojó en el Gran Hotel de Oslo, en donde una habitación cuesta mil euros por noche. "El Peluca" volvió a las apuradas y de inmediato puso su firma en el funesto proyecto que apunta contra la justicia social y modifica la regulación de horas extras, vacaciones e indemnizaciones.
 
El fugaz y costoso paseo de Milei por Noruega terminó en un traspié político que expuso improvisación y falta de estrategia. La salida apresurada dejó al libertario sin el rédito simbólico que buscaba y reforzó las críticas sobre un viaje reducido a gestos vacíos, sin resultados concretos ni agenda internacional consistente. Tenía una agenda que incluía reuniones con el primer ministro y con el rey, además de la posibilidad de un encuentro cara a cara con Corina Machado, y los dejó "de garpe". Cosa de loco.
 
Milei regresó de apuro para evitar que una interna ponga en riesgo el tratamiento de la reforma laboral. Las explicaciones oficiales, en off the record, hablaban de la necesidad de "firmar la ley de reforma laboral" después de hacer "algún ajuste de último momento", sin embargo, tanto los cambios como la firma se pueden gestionar de manera remota. Lo que sucedió en realidad es que una nueva interna en el gobierno casi hace volar por los aires la Ley Rifle. Lo más llamativo, en este caso, es que los que frenaron el proyecto son dos enemigos íntimos: Santiago Caputo y Martín Menem.
 
Ellos son los dos interlocutores más fluidos que tiene la CGT dentro de la estructura libertaria y vienen advirtiendo desde hace tiempo que así como la estaba planteando Federico Sturzenegger, la reforma laboral corre el riesgo de empantanarse en el Congreso y terminar siendo rechazada, modificada hasta volverla irreconocible o aprobada a un costo demasiado alto. El recuerdo de la reforma previsional de Mauricio Macri en 2017 está presente en todos los cálculos.
 
Las partes observadas son justamente las que apuntan contra el andamiaje financiero y normativo que sostiene a los sindicatos, los llamados "derechos colectivos" que la CGT prioriza antes que las condiciones de trabajo individuales. De hecho, este lunes Sturzenegger estuvo reunido con los diputados de LLA, en un encuentro del que Menem no participó, y ante las consultas sobre estos asuntos el ministro prometió una "versión light", más sencilla de aprobar.
 
Sin embargo, el anuncio que hizo el vocero con sueldo de jefe de gabinete, Manuel Adorni, al día siguiente, no contempla la mayoría de esos recortes e incluye cláusulas inaceptables para el más dialoguista de los líderes gremiales. Dicen en la Casa Rosada que la orden de ir a fondo la dio el mismo Milei. El proyecto ya estaba listo para ingresar al Senado cuando Caputo y los Menem lograron frenarlo. Ese fue el motivo por el que el presidente tuvo que volver de apuro.
 
Patricia Bullrich, en tanto, defiende la redacción de Stuzenegger pero reclama que la situación se destrabe porque cree que si la reforma no tiene un tratamiento express y media sanción antes de las fiestas, después puede empantanarse. Su plan original de dictaminar esta misma semana, incluso el viernes a última hora, se fue diluyendo con el correr de las horas. El escenario más optimista apunta a sesionar en vísperas de noche buena. Sería un verdadero milagro navideño, mientras la CGT y el peronismo se abroquelan contra la reforma laboral anti obrera y pro patronal de Milei.
 
La Opinión Popular
 

10-12-2025 / 09:12
La denuncia por la compra de chatarra militar suma un nuevo capítulo. A la venta por un euro de los F-16 a Rumania, se añade el inminente acuerdo entre Polonia y Estados Unidos para la comprar de 250 vehículos blindados Stryker por sólo el valor simbólico de un dólar.
 
Los Stryker forman parte del catálogo militar yanqui que fueron utilizados en Afganistán e Irak y están diseñados para el transporte ágil de tropas y equipamiento. Según versiones oficiales, la elección del modelo responde a una planificación que prioriza la movilidad, la protección y la capacidad de respuesta ante diversas situaciones operativas.
 
Se trata de unidades adaptadas a distintos escenarios urbanos y misiones, con posibilidad de implementación progresiva conforme a los requerimientos logísticos y de capacitación establecidos por el Ejército Argentino.
 
Ya en julio que había opciones mejores que estaban siendo barajadas como el Guaraní de Brasil, que son vehículos muy similares a los que se usan en Argentina con el aditamento que los componentes mecánicos son argentinos como el motor y transmisión de IVECO.
 
Según publicó el medio ecuatoriano El Universal en base a un informe de Interesting Engineering, con esta oferta se pretende que los Strykers, que actualmente están desplegados en Europa, no vuelvan a territorio estadounidense, sino que sean entregados directamente a Polonia como parte del proceso de disminución de presencia militar norteamericana en la región.
 
Un análisis de Breaking Defense detalla que los Strykers llegarían en condiciones deterioradas, lo que implicaría reparaciones costosas, modernización y la creación de un nuevo sistema de soporte y entrenamiento, especialmente complejo para una plataforma que Argentina nunca operó.
 
Por otra parte, sostiene el informe, también hay dudas sobre el impacto industrial que traería la llegada de estos blindados, ya que puede desplazar la demanda de vehículos de fabricación nacional, como el Rosomak. En efecto, como ocurre con los F-16, se confirma que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están deshaciéndose de la buena parte de su material militar por considerarlo vetusto y desactualizado.
 
Por eso, en el Ejército argentino preferían El Guaraní brasileño dado no se impone límite de cantidad, son nuevos, se transfiere tecnología de fabricación de partes y es interoperable con Brasil.
 
"Los EEUU limitan la cantidad, nos entregan un lote de usados que Chile descartó oportunamente. No son anfibios y puede ser que venga una flota final heterogénea, con menor ciclo de vida útil y mayor costo de mantenimiento. Es relevante que no sean anfibios. No van a poder varear nuestros ríos", detalló un militar activo en ese momento.
 
Para armas, plata hay. De los 27 vehículos que el gobierno le compró a Estados Unidos el valor total fue de 100 millones de dólares. La propuesta de Brasil por los Guaraní era de 161 vehículos (156 + 5 de entrenamiento) por 400 millones de dólares, quedando cada unidad en valor de 2,5 millones de dólares cada uno contra los 3,7 de los Stryker. Es decir, si se hubiesen comprado la misma cantidad a Brasil, hubiera gastado 67 millones, 32 millones menos que lo que gastó ahora. ¿Aliados a EEUU? Las pelotas... A Milei, los yanquis lo toman de gil.

 

 

09-12-2025 / 08:12
La compra de los 24 aviones F-16 daneses, que entregarán 6 por año, expone el negociado millonario de Javier Milei con los aviones chatarra que no cambian la correlación estratégica ante un eventual conflicto en el Atlántico Sur. Los F-16 son antiguos e inútiles para nuestra principal hipótesis de conflicto. El avión elegido carece de misiles modernos de largo alcance, capacidades SEAD/DEAD, apoyo AWACS y autonomía suficiente para operar a grandes distancias. Y la infraestructura de mantenimiento de la Fuerza Aérea está por debajo de los estándares necesarios. La OTAN jamás lo permitiría.
 
Estados Unidos y el Reino Unido -ambos miembros de la OTAN- mantienen restricciones tecnológicas que limitan cualquier avance argentino en términos de disuasión real. Seguimos igual de indefensos que antes, a pesar de la celebración marketinera del Gobierno libertario. Las críticas a la compra de los aviones F-16 por parte de Argentina son variadas y provienen de diferentes sectores, abarcando aspectos económicos, militares y geopolíticos. Un resumen de los principales puntos de crítica:
 
Alto Costo de Operación: la hora de vuelo de un F-16 es muy cara (rondan entre los $10.000 y $20.000 dólares). En un contexto de ajuste fiscal, esto generaría dudas sobre si el país tendrá los fondos necesarios para mantener los aviones operativos y entrenar adecuadamente a los pilotos.

Prioridades de Gasto: Hay críticas sobre destinar una suma importante del presupuesto de defensa (alrededor de $650 millones de dólares para el paquete completo contra un euro que pagó Rumania) a aviones, en lugar de utilizar esos recursos en áreas con mayores necesidades sociales o productivas. Esos dólares que nos prestan no son para un Procrear, son para comprar aviones obsoletos y equipos en mal estado.

Inversión en Infraestructura: Además del costo de compra y operación, se requiere una inversión adicional significativa para actualizar y readecuar las bases aéreas, pistas, talleres y sistemas logísticos para poder soportar la operación de estas aeronaves.

Aviones Usados y Desfase Tecnológico: Aunque modernizados, los aviones son de segunda mano (Europa los está reemplazando por F-35 de quinta generación) y tienen 40 años de antigüedad. Esto no representa la "última tecnología" y Argentina queda rezagada frente a los avances en aviación de combate, cuando los drones y los sistemas no tripulados están redefiniendo el combate aéreo.

Insuficiente para la Extensión Territorial: Argentina es el octavo país más extenso del mundo. Una flota de 24 aviones no es suficiente para cubrir eficazmente todo el territorio nacional y su espacio aéreo.
 
Limitaciones Logísticas y Técnicas: el F-16 tiene un sistema de reabastecimiento en vuelo por pértiga rígida, lo cual es un problema, ya que la Fuerza Aérea Argentina utiliza un sistema de cesta y manguera, lo que obligaría a readecuar la flota de tanqueros o a depender exclusivamente del sistema rígido.
 
La compra de armamento estadounidense fomenta un claro alineamiento cipayo con Estados Unidos y la OTAN. Esto limita la soberanía en política exterior y que todo el control logístico, mantenimiento y la provisión de repuestos queden sujetos al visto bueno de los EEUU (y a las restricciones impuestas por el Reino Unido), como ha ocurrido históricamente con otras ventas militares. La elección del F-16 priorizó el alineamiento internacional por sobre otras opciones, como los aviones chinos JF-17 (más modernos y que incluían armamento), los cuales fueron objetados por Gran Bretaña.
 
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