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Nacionales - 09-09-2019 / 10:09

Las últimas medidas de Macri asfixian a las provincias

Las últimas medidas de Macri asfixian a las provincias
Las provincias argentinas transitan un deterioro de sus finanzas públicas a raíz del combo dado por la caída de la recaudación por la crisis económica, la merma de recursos coparticipables a causa del “plan alivio” del gobierno de Mauricio Macri, el congelamiento de los combustibles que afectó a las regalías, el default selectivo de títulos en pesos y la devaluación.
Las provincias argentinas transitan un deterioro de sus finanzas públicas a raíz del combo dado por la caída de la recaudación por la crisis económica, la merma de recursos coparticipables a causa del "plan alivio" del gobierno de Mauricio Macri, el congelamiento de los combustibles que afectó a las regalías, el default selectivo de títulos en pesos y la devaluación.
 
Los factores negativos superan al impulso a las arcas provinciales que da la mayor coparticipación de recursos antes afectados a la Anses, según precisó la Corte a finales de 2015 y ratificó el Consenso Fiscal. Las administraciones provinciales mostraban hasta hace unos meses buenos números fiscales en base a las mayores transferencias de recursos coparticipables por parte de la Nación, beneficio que tuvo como mayores privilegiados los distritos macristas de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
 
Sin embargo, la magnitud de la crisis desploma la recaudación de Ingresos Brutos (principal fuente de los recursos provinciales) y también afecta a impuestos nacionales coparticipables, como el IVA y Ganancias. En lo que va del año la recaudación del IVA subió en términos nominales un 40 por ciento según AFIP, 15 puntos por debajo de la inflación. Ganancias, por su parte, le empata a los precios.
 
Más del 80 por ciento de los ingresos fiscales de las provincias provienen de la recaudación de Ingresos Brutos (IIBB), que depende muy estrechamente del nivel de actividad. En una crisis como la actual muchos contribuyentes dejan de pagar IIBB.
 
La suba del mínimo no imponible y devolución de Ganancias, impuesto totalmente coparticipable, implica una pérdida de recaudación para las provincias de $26 mil millones de acá a diciembre. La quita de IVA para alimentos hasta fin de año implica otros 5 mil millones y las medidas para monotributistas, otros 500 millones. En total, son unos $30 mil millones que dejan de percibir las provincias.
 
Muchas provincias se sumaron al festival de la deuda externa en 2016 y 2017, de la mano del Gobierno de Macri. Se calculan emisiones provinciales por 12.336 millones de dólares de deuda. Con las sucesivas devaluaciones, la carga de intereses es uno de los principales componentes del gasto público provincial.
 
Los títulos en pesos emitidos por el Tesoro nacional y defolteados (modificación unilateral de los plazos de repago) eran instrumentos de usual utilización por parte de varias administraciones provinciales. Se calcula que el conjunto de las provincias quedaron atrapadas en 1248 millones de dólares.
 
Quienes ganan son los mismos de siempre, los banqueros, las empresas privatizadas de servicios, los sojeros y especuladores. Aquellos que el día post elecciones PASO, mostraron con descaro e impunidad quiénes ponen las reglas; con una fuerte devaluación y el aval extorsivo de un Macri que no digiere la derrota y pretende saquear al interior federal.
 
La Opinión Popular

 
Caída de la recaudación
 
Más del 80 por ciento de los ingresos fiscales de las provincias provienen de la recaudación de Ingresos Brutos (IIBB), que depende muy estrechamente del nivel de actividad. Es más, en una crisis como la actual muchos contribuyentes dejan de pagar IIBB, cosa que es menos común en el caso del IVA. Es decir, IIBB pierde tanto por caída de la actividad como en la capacidad recaudatoria. De ahí que los ingresos provinciales vengan sufriendo por la crisis.
 
"La medición del primer semestre muestra una caída de entre el 5 y el 10 por ciento en términos reales en IIBB. Al mismo tiempo, caen los ingresos fiscales derivados de la coparticipación, del 3 al 6 por ciento salvo Buenos Aires y La Pampa. Si se suma el efecto IIBB y de la coparticipación, se verifica una reducción de los ingresos en términos reales de 5 a 7 puntos. Es una caída relevante", explica Ariel Barraud, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
 
"Por otro lado, en el gasto en general no se hizo un ajuste fiscal grande y hay muchos distritos con negociaciones salariales atadas a algún índice de inflación. De manera que con la aceleración inflacionaria, cae la recaudación por nivel de actividad y sube el gasto en salarios", agrega Barraud.
 
En ese sentido, corren más riesgos de deterioro fiscal las provincias del norte del país, que dependen mayormente de los envíos de fondos coparticipables.
 
"Las provincias venían desendeudadas y relativamente ordenadas. Pero indudablemente hoy la situación es mucho más ajustada. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hace más de un año que cae la recaudación en términos reales. Y el Consenso Fiscal, aquel acuerdo para ir ordenando impuestos en el marco de la suba de recursos coparticipables, queda muy deteriorado, en el mejor de los casos, luego de las medidas del Gobierno nacional que afectan a las provincias sin previa consulta a los gobernadores", indicó a este diario Martín Di Bella, asesor económico del bloque de senadores de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires.
 
 
El plan "alivio"
 
Se calcula que la suba del mínimo no imponible y devolución de Ganancias, que es un impuesto totalmente coparticipable, implica una pérdida de recaudación para las provincias del orden de los 26 mil millones de pesos de acá a diciembre. La quita de IVA para alimentos hasta fin de año implica otros 5 mil millones y las medidas para monotributistas, otros 500 millones.
 
En total, son unos 30 mil millones de pesos que dejan de percibir las provincias, de los cuales 6 mil millones corresponden a la provincia de Buenos Aires. En el caso de Tucumán, por ejemplo, son 1500 millones de pesos, equivalentes a un mes de sueldos del Estado de esa provincia. El Gobierno enfatiza que una parte (difícil de cuantificar) volverá a las arcas provinciales con la mejora de la recaudación de ingresos brutos.
 
"Para tener una referencia, esos 30 mil millones de pesos representa un tres por ciento del total de los recursos coparticipables que la Nación envió a las provincias entre enero y agosto. No parece ser un número imposible de sostener a nivel macroeconómico, pero la decisión unilateral del gobierno choca directamente con la necesidad de aprobación parlamentaria. Las provincias patagónicas están más complicadas, porque también dejan de percibir ingresos por regalías a partir del congelamiento de los combustibles", explica Martín Mangas, investigador docente de la Universidad General Sarmiento.
 
 
Devaluación y deuda extranjera
 
Las provincias se sumaron al festival de la deuda externa en 2016 y 2017, de la mano del Gobierno nacional. Se calculan emisiones provinciales por 12.336 millones de dólares de deuda de los cuales la provincia de Buenos Aires emitió unos 5100 millones.
 
"Hubo una política irresponsable de endeudamiento en moneda extranjera y bajo legislación extranjera. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Neuquén son los distritos que más se endeudaron. En Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, cerca del 80 por ciento de la deuda es en moneda extranjera. Con las sucesivas devaluaciones, la carga de intereses es uno de los principales componentes del gasto público provincial. Los servicios de deuda vuelven a ser, como en los '90, las estrellas de los presupuestos de las provincias", agrega Mangas.
 
Otros distritos con mucho peso de la deuda en moneda extranjera son Chubut y Neuquén.
 
En 2018 y en lo que va de este año las emisiones de deuda externa cesaron con el cierre de los mercados internacionales. Ante la necesidad de refinanciar vencimientos de capital, las provincias también miran con mucha preocupación a la suba del riesgo país.
 
"Si bien no hay tanta deuda de cortísimo plazo como tiene el Estado nacional, hay necesidad de refinanciar o incluso de reperfilar. Y hay fuerte suba del peso de los intereses de deuda sobre el gasto corriente", advierte Barraud.
 
"En la ley de presupuesto bonaerense 2019 el pago de intereses implicaba 68 mil millones de pesos, más que todas las partidas destinadas a Salud (51 mil millones de pesos), y casi el triple que lo destinado a Desarrollo Social (23 mil millones)", agrega Mangas.
 
Durante su gestión, la gobernadora Vidal incrementó la deuda en un 40 por ciento valuada en dólares. La deuda total pasó del 5,9 por ciento del producto bruto geográfico en 2015 al 8,4 por ciento a junio de 2019.
 
El peso de la deuda subió fuertemente con la devaluación posterior a las PASO, ya que el 80 por ciento de la deuda bonaerense está nominado en dólares y bajo ley extranjera. El mayor endeudamiento se verificó a pesar del período de bonanza fiscal dado por el impacto del Consenso Fiscal y de las mayores transferencias de la Nación.
 
 
Default selectivo
 
Los títulos en pesos emitidos por el Tesoro nacional y defolteados (modificación unilateral de los plazos de repago) eran instrumentos de usual utilización por parte de varias administraciones provinciales.
 
"Se calcula que el conjunto de las provincias quedaron adentro de esos títulos por 1248 millones de dólares. La decisión de reperfilar genera nuevos inconvenientes financieros para las provincias, que a su vez tendrán que 'reperfilar' sus obligaciones con proveedores y otros acreedores. El derrame también llega a los municipios", dice Mangas.
 
Según datos de la UNGS, Buenos Aires invirtió unos 500 millones de dólares en los títulos defolteados, seguida de San Juan (234 millones), Mendoza (205 millones), la Ciudad de Buenos Aires (123 millones), Río Negro (83 millones), Salta (35 millones), Formosa (20 millones), Santa Fe (20 millones), Catamarca (15 millones) y La Rioja (13 millones).
 
Además, en casos como el de Buenos Aires, "el juego de comprar bonos del Tesoro para obtener rendimiento y luego pagar sus propios bonos provinciales se rompió con el reperfilamiento", agregó Martín Di Bella.
 
Por Javier Lewkowicz
 
Fuente: Página12
 

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17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
La Opinión Popular
 

14-02-2026 / 10:02
Hace 12 meses, Javier "el Loco" Milei promocionó el lanzamiento de la memecoin $Libra: hizo perder decenas millones de dólares a inversores en distintos continentes. Quedan flotando en el aire al menos 20 preguntas distintas que el Jefe de Estado debería responder, pero en la causa $Libra, en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano quienes aún no han citado a ninguno de los sospechosos.
 
La inacción llegó a tal punto que la Sala I de la Cámara Federal que le imprimiera celeridad a una acción que tiene como imputados al norteamericano Hayden Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Por el escándalo están denunciados también el propio Jefe de Estado; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el empresario Julian Peh y Sergio Morales, ex funcionario de la Comisión Nacional de Valores.
 
1-¿Por qué dijo que consiguió el código alfa numérico para hacer la inversión desde internet si esa fuente de números y letras nunca había tomado estado público antes que él posteara? Ahora, se sabe que el mensaje exclusivo nació en Dallas y contenía un código de 44 dígitos que alternaba mayúsculas, minúsculas y números.
 
Servía como llave para comprar la recién creada criptomoneda $LIBRA. Sin ese mensaje, el precio del token no se hubiese disparado. - ¿Por qué el ex jefe de gabinete Guillermo Francos tampoco respondió cuando fue citado por el Congreso Nacional cómo accedió Milei al "contrato"? La respuesta del experimentado funcionario fue tan escueta como inverosímil: "No sé dónde estaba ese código".
 
2-Si $Libra se creó el 14 de febrero a las 18:38 horas. ¿Cómo puede ser que a las 19:00 horas (22 minutos más tarde) 74 billeteras compraron US$ 13 millones en cripto antes del tuit de Milei? ¿Tenían información privilegiada? Uno de los grandes ganadores del truco financiero embolsó US$ 8 millones en ganancias. Cabe recordar que el tuit del Jefe de Estado se produjo a las 19:01, apenas un minuto después que las posiciones estuvieron consolidadas.
 
3-¿Por qué borró su posteo a las 00.36 horas del sábado 15 de febrero si la baja estrepitosa de la cotización ya llevaba más de 4 horas "masacrando" inversores que confiaron en Milei a lo largo y ancho de todo el mundo? Alcanzó un monto de US$ 280 millones la recaudación en apenas 5 horas de la nueva cripto.
 
4-¿Por qué su posteo se materializó un viernes de San Valentín a una hora de la tarde/noche cuando los mercados estarían cerrados hasta las llegada del lunes 17 de febrero de 2025?
 
5-¿Por qué promocionó un producto de un "empresario" como Hayden Davis, quien ya tenía antecedentes negativos en el mercado cripto? Este pseudo financista, minutos después de la publicación de Milei en redes, hizo movimientos de blockchain: 2 transferencias por US$ 507.000 cada una enviadas a una billetera virtual perteneciente a un hombre de 75 años, señalado como intermediario en la conversión de criptos a moneda tradicional.
 
6-¿Tampoco conocía los antecedentes de Novelli y Terrones quienes estuvieron involucrados en "esquemas ponzi"?
 
7-¿Por qué no se pusieron los hermanos Milei a disposición inmediata de la justicia y la comisión parlamentaria investigadora del caso? ¿No hubiera ayudado su completa colaboración en lugar de plantear chicanas para evitar que Karina tuviera que comparecer en el Congreso Nacional?
 
8-¿No le llamó nunca la atención que todos los involucrados en $LIBRA haya escogido el silencio absoluto frente a los requerimientos de la Comisión Investigadora y todavía no fueron citados por la Justicia?
 

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