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Nacionales - 09-09-2019 / 10:09

Las últimas medidas de Macri asfixian a las provincias

Las últimas medidas de Macri asfixian a las provincias
Las provincias argentinas transitan un deterioro de sus finanzas públicas a raíz del combo dado por la caída de la recaudación por la crisis económica, la merma de recursos coparticipables a causa del “plan alivio” del gobierno de Mauricio Macri, el congelamiento de los combustibles que afectó a las regalías, el default selectivo de títulos en pesos y la devaluación.
Las provincias argentinas transitan un deterioro de sus finanzas públicas a raíz del combo dado por la caída de la recaudación por la crisis económica, la merma de recursos coparticipables a causa del "plan alivio" del gobierno de Mauricio Macri, el congelamiento de los combustibles que afectó a las regalías, el default selectivo de títulos en pesos y la devaluación.
 
Los factores negativos superan al impulso a las arcas provinciales que da la mayor coparticipación de recursos antes afectados a la Anses, según precisó la Corte a finales de 2015 y ratificó el Consenso Fiscal. Las administraciones provinciales mostraban hasta hace unos meses buenos números fiscales en base a las mayores transferencias de recursos coparticipables por parte de la Nación, beneficio que tuvo como mayores privilegiados los distritos macristas de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
 
Sin embargo, la magnitud de la crisis desploma la recaudación de Ingresos Brutos (principal fuente de los recursos provinciales) y también afecta a impuestos nacionales coparticipables, como el IVA y Ganancias. En lo que va del año la recaudación del IVA subió en términos nominales un 40 por ciento según AFIP, 15 puntos por debajo de la inflación. Ganancias, por su parte, le empata a los precios.
 
Más del 80 por ciento de los ingresos fiscales de las provincias provienen de la recaudación de Ingresos Brutos (IIBB), que depende muy estrechamente del nivel de actividad. En una crisis como la actual muchos contribuyentes dejan de pagar IIBB.
 
La suba del mínimo no imponible y devolución de Ganancias, impuesto totalmente coparticipable, implica una pérdida de recaudación para las provincias de $26 mil millones de acá a diciembre. La quita de IVA para alimentos hasta fin de año implica otros 5 mil millones y las medidas para monotributistas, otros 500 millones. En total, son unos $30 mil millones que dejan de percibir las provincias.
 
Muchas provincias se sumaron al festival de la deuda externa en 2016 y 2017, de la mano del Gobierno de Macri. Se calculan emisiones provinciales por 12.336 millones de dólares de deuda. Con las sucesivas devaluaciones, la carga de intereses es uno de los principales componentes del gasto público provincial.
 
Los títulos en pesos emitidos por el Tesoro nacional y defolteados (modificación unilateral de los plazos de repago) eran instrumentos de usual utilización por parte de varias administraciones provinciales. Se calcula que el conjunto de las provincias quedaron atrapadas en 1248 millones de dólares.
 
Quienes ganan son los mismos de siempre, los banqueros, las empresas privatizadas de servicios, los sojeros y especuladores. Aquellos que el día post elecciones PASO, mostraron con descaro e impunidad quiénes ponen las reglas; con una fuerte devaluación y el aval extorsivo de un Macri que no digiere la derrota y pretende saquear al interior federal.
 
La Opinión Popular

 
Caída de la recaudación
 
Más del 80 por ciento de los ingresos fiscales de las provincias provienen de la recaudación de Ingresos Brutos (IIBB), que depende muy estrechamente del nivel de actividad. Es más, en una crisis como la actual muchos contribuyentes dejan de pagar IIBB, cosa que es menos común en el caso del IVA. Es decir, IIBB pierde tanto por caída de la actividad como en la capacidad recaudatoria. De ahí que los ingresos provinciales vengan sufriendo por la crisis.
 
"La medición del primer semestre muestra una caída de entre el 5 y el 10 por ciento en términos reales en IIBB. Al mismo tiempo, caen los ingresos fiscales derivados de la coparticipación, del 3 al 6 por ciento salvo Buenos Aires y La Pampa. Si se suma el efecto IIBB y de la coparticipación, se verifica una reducción de los ingresos en términos reales de 5 a 7 puntos. Es una caída relevante", explica Ariel Barraud, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
 
"Por otro lado, en el gasto en general no se hizo un ajuste fiscal grande y hay muchos distritos con negociaciones salariales atadas a algún índice de inflación. De manera que con la aceleración inflacionaria, cae la recaudación por nivel de actividad y sube el gasto en salarios", agrega Barraud.
 
En ese sentido, corren más riesgos de deterioro fiscal las provincias del norte del país, que dependen mayormente de los envíos de fondos coparticipables.
 
"Las provincias venían desendeudadas y relativamente ordenadas. Pero indudablemente hoy la situación es mucho más ajustada. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hace más de un año que cae la recaudación en términos reales. Y el Consenso Fiscal, aquel acuerdo para ir ordenando impuestos en el marco de la suba de recursos coparticipables, queda muy deteriorado, en el mejor de los casos, luego de las medidas del Gobierno nacional que afectan a las provincias sin previa consulta a los gobernadores", indicó a este diario Martín Di Bella, asesor económico del bloque de senadores de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires.
 
 
El plan "alivio"
 
Se calcula que la suba del mínimo no imponible y devolución de Ganancias, que es un impuesto totalmente coparticipable, implica una pérdida de recaudación para las provincias del orden de los 26 mil millones de pesos de acá a diciembre. La quita de IVA para alimentos hasta fin de año implica otros 5 mil millones y las medidas para monotributistas, otros 500 millones.
 
En total, son unos 30 mil millones de pesos que dejan de percibir las provincias, de los cuales 6 mil millones corresponden a la provincia de Buenos Aires. En el caso de Tucumán, por ejemplo, son 1500 millones de pesos, equivalentes a un mes de sueldos del Estado de esa provincia. El Gobierno enfatiza que una parte (difícil de cuantificar) volverá a las arcas provinciales con la mejora de la recaudación de ingresos brutos.
 
"Para tener una referencia, esos 30 mil millones de pesos representa un tres por ciento del total de los recursos coparticipables que la Nación envió a las provincias entre enero y agosto. No parece ser un número imposible de sostener a nivel macroeconómico, pero la decisión unilateral del gobierno choca directamente con la necesidad de aprobación parlamentaria. Las provincias patagónicas están más complicadas, porque también dejan de percibir ingresos por regalías a partir del congelamiento de los combustibles", explica Martín Mangas, investigador docente de la Universidad General Sarmiento.
 
 
Devaluación y deuda extranjera
 
Las provincias se sumaron al festival de la deuda externa en 2016 y 2017, de la mano del Gobierno nacional. Se calculan emisiones provinciales por 12.336 millones de dólares de deuda de los cuales la provincia de Buenos Aires emitió unos 5100 millones.
 
"Hubo una política irresponsable de endeudamiento en moneda extranjera y bajo legislación extranjera. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Neuquén son los distritos que más se endeudaron. En Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, cerca del 80 por ciento de la deuda es en moneda extranjera. Con las sucesivas devaluaciones, la carga de intereses es uno de los principales componentes del gasto público provincial. Los servicios de deuda vuelven a ser, como en los '90, las estrellas de los presupuestos de las provincias", agrega Mangas.
 
Otros distritos con mucho peso de la deuda en moneda extranjera son Chubut y Neuquén.
 
En 2018 y en lo que va de este año las emisiones de deuda externa cesaron con el cierre de los mercados internacionales. Ante la necesidad de refinanciar vencimientos de capital, las provincias también miran con mucha preocupación a la suba del riesgo país.
 
"Si bien no hay tanta deuda de cortísimo plazo como tiene el Estado nacional, hay necesidad de refinanciar o incluso de reperfilar. Y hay fuerte suba del peso de los intereses de deuda sobre el gasto corriente", advierte Barraud.
 
"En la ley de presupuesto bonaerense 2019 el pago de intereses implicaba 68 mil millones de pesos, más que todas las partidas destinadas a Salud (51 mil millones de pesos), y casi el triple que lo destinado a Desarrollo Social (23 mil millones)", agrega Mangas.
 
Durante su gestión, la gobernadora Vidal incrementó la deuda en un 40 por ciento valuada en dólares. La deuda total pasó del 5,9 por ciento del producto bruto geográfico en 2015 al 8,4 por ciento a junio de 2019.
 
El peso de la deuda subió fuertemente con la devaluación posterior a las PASO, ya que el 80 por ciento de la deuda bonaerense está nominado en dólares y bajo ley extranjera. El mayor endeudamiento se verificó a pesar del período de bonanza fiscal dado por el impacto del Consenso Fiscal y de las mayores transferencias de la Nación.
 
 
Default selectivo
 
Los títulos en pesos emitidos por el Tesoro nacional y defolteados (modificación unilateral de los plazos de repago) eran instrumentos de usual utilización por parte de varias administraciones provinciales.
 
"Se calcula que el conjunto de las provincias quedaron adentro de esos títulos por 1248 millones de dólares. La decisión de reperfilar genera nuevos inconvenientes financieros para las provincias, que a su vez tendrán que 'reperfilar' sus obligaciones con proveedores y otros acreedores. El derrame también llega a los municipios", dice Mangas.
 
Según datos de la UNGS, Buenos Aires invirtió unos 500 millones de dólares en los títulos defolteados, seguida de San Juan (234 millones), Mendoza (205 millones), la Ciudad de Buenos Aires (123 millones), Río Negro (83 millones), Salta (35 millones), Formosa (20 millones), Santa Fe (20 millones), Catamarca (15 millones) y La Rioja (13 millones).
 
Además, en casos como el de Buenos Aires, "el juego de comprar bonos del Tesoro para obtener rendimiento y luego pagar sus propios bonos provinciales se rompió con el reperfilamiento", agregó Martín Di Bella.
 
Por Javier Lewkowicz
 
Fuente: Página12
 

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21-01-2020 / 10:01
El asesinato de Fernando Báez Sosa que la UAR (Unión Argentina de Rugby) llamó fallecimiento es apenas una parte -la más importante-, de un combo letal.
 
La tipificación jurídica, responsabilidad penal y carradas de opiniones sobre el crimen, con mayor o menor espesura analítica, no le devolverán la vida al joven de 19 años y nos colocan en una endeble situación argumentativa.
 
Las sucesivas agresiones de rugbiers que terminan en muertes o sin ellas, con premeditación y alevosía, con el afán de destruir al otro por ser diferente, por las razones que fueren, son una noticia incómoda para un deporte que se arroga ciertos valores.
 
Los casos anteriores tuvieron una efímera visibilidad mediática. Algunos siguen impunes, como el asesinato de Ariel Malvino, a quien tres correntinos mataron en 2006 en Ferrugem, todos de familias influyentes en esa provincia.
 
Esa muerte y la de Báez Sosa tienen un componente clasista que deviene de la posición social de estas manadas de criminales musculados.
 
El rugby estigmatizado refuerza esa concepción de deporte cheto cuando ya no lo es. Hace tiempo dejó de serlo. Lo juegan los pueblos originarios en sus territorios, los pobres en las villas, los presos en las cárceles, crece entre las mujeres de cualquier condición social.
 
En la gran mayoría de estos crímenes no se percibe con claridad un ingrediente de consumo social que cruza a muchos de los victimarios. La ingesta desenfrenada de alcohol que confirman todas las estadísticas y en especial de la cerveza.
 
Cualquier campaña de concientización que busque antídotos contra la brutalidad de una manada de rugbiers, debería tomar en cuenta cuál es la única droga social legalizada y cuyo consumo está lejos de llegar a su techo.

20-01-2020 / 11:01
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuestionó a distintos funcionarios, -en su mayoría gerentes y directivos- de empresas públicas que ingresaron con cargos políticos al Estado durante el Gobierno del ex presidente, Mauricio Macri, y que en este nuevo período gubernamental no quieren dejar sus cargos en las diferentes dependencias estatales.
 
Massa denunció que dichos funcionarios, en caso de irse, piden doble indemnización y los definió como "okupas". Fuentes de distintos organismos estatales explicaron cómo esta situación afecta a la implementación de proyectos y políticas públicas.
 
El Presidente de la Cámara baja aseguró que "son unos inmorales", y que "no sólo no renuncian a los cargos a los que llegaron por una decisión política, sino que además piden la doble indemnización que ellos mismos rechazaban cuando estaban en el gobierno".
 
Massa se refería a esto ya que el 20 de mayo de 2016 Macri había vetado la ley de Emergencia Ocupacional, que fue sancionada por ambas cámaras legislativas y que pretendía prohibir los despidos por 180 días e implementar la doble indemnización.
 
Es decir, los funcionarios de Cambiemos que aún quedan en el estado, piden para irse la doble indemnización mientras que su gobierno estaba en contra de aplicar ese resarcimiento a los trabajadores despedidos.
 
Massa detalló que se trata de "gerentes de Aerolíneas Argentinas, Anses, Ferrocarriles Argentinos, Pami, Aysa y de otras empresas públicas, que se hacen los distraídos esperando que los echen para pedir que les liquiden la doble indemnización".
 
"Esta gente no llegó con los clasificados bajo el brazo sino que fue designada políticamente y ahora pide una doble indemnización que el mismo Gobierno anterior vetó cuando el Congreso aprobó la Ley", agregó el funcionario. 

19-01-2020 / 18:01
Al grito de "¡no fue suicidio, fue un magnicidio!" un grupo de manifestantes antiperonistas se movilizó a la Plaza del Vaticano, para recordar al fiscal Alberto Nisman a cinco años de su muerte. Los manifestantes se ufanaron de "no llevar banderas políticas". Sin embargo, en el discurso dispararon contra el presidente, Alberto Fernández, y festejaron la presencia de dirigentes del macrismo.
 
Todo el acto fue en línea con los dichos bolzonaristas de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich en los últimos días. La ex funcionaria acusó al jefe de Estado de haber pactado "la demolición de la causa del Memorándum con Irán" que tiene como acusada a Cristina Fernández. Aunque varios dirigentes opositores confirmaron que no judicializarán esta acusación.
 
La ceremonia tuvo de invitados estrellas a los mediáticos diputados Waldo Wolff y Fernando Iglesias, ambos del PRO. De la Coalición Cívica hicieron su aparición Elisa Carrió y su heredero político Maximilano Ferraro. No solo legisladores gurkas del macrismo asistieron, en las primeras filas estaba el ex secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, el ex titular de Medios Públicos Hernán Lombardi y el ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro. Con estos dirigentes macristas bien presentes, los oradores seguían jurando la "independencia política" del acto.
 
Lo que hace varias semanas parecía que iba a ser un acto cargado de contenido opositor con concurrencia masiva, se fue desinflando en los últimos días a medida de que las distintas organizaciones de la comunidad judía en la Argentina anunciaron que no participarían. Tanto la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) decidieron no participar de esta movilización que pedía "Justicia por el asesinato del fiscal", cuando a cinco años de su muerte la Justicia aun no encontró pruebas que definan al caso. Es una muerte utilizada por el macrismo para reforzar la demonización del kirchnerismo.
 
Su ex pareja y jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, y sus hijas tampoco asistieron. Incluso, algunos meses atrás dejaron de ser querellantes en la causa que investiga la muerte de Nisman. Sin embargo, los manifestantes colmaron la pequeña Plaza del Vaticano.
 
La previa fue caliente: intimidaciones a periodistas y reproches entre los manifestantes por la escasez de jóvenes en este acto. Lo cierto es que el calor en una plaza seca, con poca sombra, generó molestia en una buena parte de los adultos mayores que se acercaron temprano.
 
Antes que comenzara el acto, desde la organización pidieron que "respetaran a todos los periodistas". La consigna no fue tomada de la mejor manera por los "defensores de la república", muchos abuchearon, otros chistaban por lo bajo, mientras que otros gritaron: "Son cómplices y corruptos".
 
La Opinión Popular

19-01-2020 / 11:01
En el siglo XX se firmaron, como jamás antes, tratados internacionales que limitan la violencia entre Estados, regulan el trato a prisioneros de guerra, refugiados y migrantes, prohíben la tortura y cien etcéteras. Rigen hoy en día, se amplían regularmente. Centenares de naciones adhieren, se celebran reuniones para ratificar principios universales.
 
Sin embargo el presidente de la mayor potencia del planeta --promotora y signataria de muchas de esas normas, sede física de organismos internacionales-- manda asesinar a un general de otro país. Sin que medie guerra declarada, sin cumplir las (de por sí laxas) leyes de su país. Los propios funcionarios de Donald Trump no alcanzan a justificar, ni siquiera a explicar, la movida. Los opositores la critican con ineficaz dureza.
 
El magnicidio es presenciado impávidamente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU): el poder expuesto en carne viva. Suena cándido o sarcástico preguntarse qué habría pasado si el mandatario homicida fuera iraní, argentino o hasta belga.
 
El orden global siempre fue asimétrico, tendencia que se agrava en la era de la globalización financiera y la primacía de líderes de derecha, racistas, violentos, xenófobos, machistas. Hiper tácticos, predispuestos a adoptar decisiones tremendas mientras tuitean. A toda velocidad, a pura ligereza.
 
Cuando asumieron Trump y su colega brasileño Jair Bolsonaro algunos expertos predijeron que poderes establecidos de sus patrias les demarcarían límites. Las Agencias de Estados Unidos, su élite económica, el Departamento de Estado, allá en el Norte que manda.
 
Acá cerca, Itamaraty, la célebre y profesional Cancillería de Brasil que, se supone, ensilló a la dictadura militar o limó diferencias entre presidentes tan disímiles como José Sarney, Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva.
 
Esos frenos y balances fracasaron, no actuaron, entraron en el pasado. Las mesas chicas de los presidentes del siglo XXI resultan ser minúsculas, a veces se superponen con la reunión familiar. Bolsonaro y sus críos, sin ir más lejos.
 
En ese contexto espantoso, volátil, filo indescifrable, el presidente Alberto Fernández intenta instalar un esquema de negociación de la deuda externa bastante novedoso (nada lo es del todo). Trata de conciliar ciertos principios básicos de soberanía y de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
 
Pagar pero supeditándose a la normalización de la economía, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la deuda interna. La oferta parece sensata, en particular porque la formula un país pacífico, sin violencia racial ni ansias bélicas, una suerte de remanso en el vecindario soliviantado.

18-01-2020 / 10:01
El "fifty-fifty" que proponía Juan Perón para la Argentina era un anhelo por el cual trabajadores y empresas se repartían en partes iguales, 50-50, los ingresos que genera el país. Más allá de que el fifty-fifty no sea un nivel de distribución ideal, el dato publicado por el Indec muestra que la dinámica tiende a alejarse.
 
Ya que, durante el cierre del período Cambiemos, los asalariados volvieron a perder porciones de la distribución del ingreso. Esta vez el fenómeno vino acompañado de una novedad: los empresarios no mejoraron su participación. Y es que los que capturaron la diferencia fueron los trabajadores no asalariados.
 
El cuentapropismo, surgido por la fuerte crisis económica del 2018-2019, creció con fuerza, creó 265.000 puestos de subsistencia, que no califican ni como asalariados ni como empresarios, y llevó a la participación del ingreso mixto a crecer hasta quedarse con el 12,6% de la torta.
 
En este caso, la mencionada torta es el valor agregado por la economía local. Sobre el total del producto nacional, los asalariados se quedaron con el 45,1%. Eso implicó una caída fuerte desde el 52% con el que se quedaba en el 2015, según los datos del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (Ceped).
 
El Indec comenzó a publicar sus números en el 2016 y en el tercer trimestre de ese año todavía era el 52,7%. El deterioro se aceleró durante la gestión Cambiemos.
 
Los empresarios se quedaron con el 44,4% durante el tercer trimestre del 2019. Fue la primera caída en mucho tiempo, ya que en el mismo período del 2018 habían obtenido el 44,9%. Mientras tanto, los cuentapropistas pasaron del 11,4% al 12,6%.
 
Los asalariados son tres cuartos de quienes generan el ingreso nacional y se quedan con el 45,1% del producto; los empresarios son apenas el 3,9% y se quedan con el 44,4%; los cuentapropistas son el 22,9% y se quedan sólo con el 12,6%.
 
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