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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 07-09-2019 / 08:09
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Sacrificio macrista: Cuando los más ricos piden esfuerzos a los más pobres

Sacrificio macrista: Cuando los más ricos piden esfuerzos a los más pobres
Los Ceos del gobierno de Mauricio Macri, gerentes y millonarios o hijos de millonarios, formados todos en carísimos colegios y universidades, pontifican sobre el sacrificio que requiere el crecimiento, como si ellos hubieran tenido que sacrificarse alguna vez. Pero se lo exigen a personas, ciudadanos, pueblo, trabajadores y desocupados, para los que toda la vida ha sido sacrificio. Y si no hay crecimiento porque los de su misma clase millonaria se llevan toda la plata afuera del país, entonces admonizan sobre la “poca vocación de esfuerzo” del pueblo argentino, “seducido por los cantos de sirena del populismo”.
Los Ceos del gobierno de Mauricio Macri, gerentes y millonarios o hijos de millonarios, formados todos en carísimos colegios y universidades, pontifican sobre el sacrificio que requiere el crecimiento, como si ellos hubieran tenido que sacrificarse alguna vez.
 
Pero se lo exigen a personas, ciudadanos, pueblo, trabajadores y desocupados, para los que toda la vida ha sido sacrificio. Y si no hay crecimiento porque los de su misma clase millonaria se llevan toda la plata afuera del país, entonces admonizan sobre la "poca vocación de esfuerzo" del pueblo argentino, "seducido por los cantos de sirena del populismo".
 
En menos de diez días hubo dos marchas diferentes para exigir que se declare la emergencia alimentaria. La consigna debería sonar ridícula en el "supermercado" del mundo, en la pampa orgullosa que produce alimentos para millones y millones de personas en el planeta. Decir en la mesa de los Ceos "emergencia alimentaria" es casi un chiste, mientras digieren su exceso de calorías diarias.
 
Hablar de "emergencia alimentaria" es usar un eufemismo del hambre. Una fórmula legalista o parlamentaria para que nadie se asuste, pero habla del hambre, dice que hay millones de argentinos que tienen problemas de alimentación, que muchos no comen lo que deberían. En el granero del mundo.
 
Los funcionarios dicen entonces que se trata de propaganda electoral, que se bate el parche "como si la mitad de los argentinos pasaran hambre", dijo el secretario de Cultura, Pablo Avelluto.
 
En las dos marchas había el doble de personas de las que, pocos días antes, bien vestidos y bien alimentados, expresaron su respaldo al gobierno de Macri. Estos no estaban ni bien vestidos ni bien alimentados.
 
Pero el contraste con la manifestación oficialista no es tan revelador como el que surge de los actos que estos mismos movimientos hacían hace cuatro años y ahora. El deterioro es impresionante.
 
La clase media y las más altas pueden haber sufrido, seguramente. Pero en los sectores más humildes, más vulnerables, el efecto de la crisis provocada por el gobierno de Cambiemos es devastador. Se ve en las caras, en las dentaduras, en la actitud corporal. Escuchar que los funcionarios bien comidos les reclaman "sacrificio" a estas personas, no despierta instintos maternales.

 
Las encuestas dicen que cerca de cuatro millones de personas de clase media se sumergieron bajo la línea de pobreza. Personas que vivían más o menos bien pero con lo justo, ahora no les alcanza. A esos cuatro millones no les alcanza, pero a los millones que antes ya hacían malabares para subsistir, ahora esas estrategias mínimas ya no les sirven para completar la mesa.
 
Ya se habla de 40 por ciento de la población en la pobreza y más del 50 por ciento de los niños. Y esa cifra se puede proyectar en los próximos meses hasta el 50 por ciento de todos los argentinos.
 
Mientras el relato de la prensa oficialista insiste en ocultar la realidad, la nota de tapa del jueves, de PáginaI12, de Laura Vales https://www.pagina12.com.ar/216687-para-no-terminar-en-los-super , abrió una brecha en ese blindaje inmoral que busca preservar al gobierno. Las estrategias solidarias, que muchas veces pueden contar con el apoyo de algún intendente, surgen desde los mismos afectados para sobrellevar la desgracia.
 
La nota hacía referencia al surgimiento de nuevas formas de comercialización de alimentos producidos por cooperativas en barrios de San Martín, la reaparición de ferias de trueque, el aumento de ollas y comedores populares.
 
Las estrategias del límite, de los que no llegan a fin de mes, transcurren por esos carriles, que implican a veces también comer papas los diez últimos días del mes o que los padres decidan comer día por medio para que a sus hijos no les falte.
 
El proceso de empobrecimiento se agudizó apenas asumió el gobierno de Macri, pero tuvo un hito importante desde octubre del año pasado. En ese momento, incapaz de controlar con tasas de interés astronómicas el aumento del dólar y la inflación causadas entre otros motivos por tarifas, servicios y combustibles dolarizados, el gobierno decidió recurrir al Fondo Monetario Internacional.
 
El 25 de octubre se aprobó el Presupuesto para 2019. Fue una señal para la cúpula del Fondo que se reunió al día siguiente en Washington y aprobó el empréstito más alto en la historia del organismo, que implicaba otorgarle a la Argentina el 62 por ciento de toda su capacidad.
 
Salvavidas de plomo, resignación de soberanía política y condicionamiento de las decisiones económicas de los próximos 20 o 30 años.
 
El gobierno había hecho los deberes, ayudado por radicales y diputados provinciales y de otros bloques, que dieron su aprobación. El nuevo presupuesto estipulaba el recorte de 425 mil millones de pesos para 2019, a los que se sumaban los 62 mil millones recortados en 2018.
 
El ajuste profundizó el modelo de destrucción de las industrias nacionales, endeudamiento externo no sostenible, aniquilamiento de las economías regionales, desocupación, precarización laboral, desempleo, pobreza y hambre.
 
Gran parte de esos recortes involucraron a los programas sociales que el macrismo había incrementado durante los dos primeros años de su gestión para disimular la crisis social y estructural que se había gestado.
 
Esos fondos se cortaron y la crisis con su secuela de espanto, desocupación y hambre, saltó a las calles de Buenos Aires en las marchas de los más humildes, con cientos de familias en situación de calle.
 
Además del relato ocultador de los medios oficialistas, la única herramienta concreta del gobierno para emparchar los efectos de su política económica eran los programas sociales que se quedaron ahora sin fondos. Por eso no tiene respuesta. Se quedó sin plata. Lo único que atina a decir es que el hambre no existe y que los reclamos son politiquería pura.
 
El hambre en este país es una tragedia que victimiza a los humildes pero involucra a todos. No es económica, porque esos alimentos existen aunque con precios inaccesibles para muchos. Es una tragedia material por los que la sufren directamente, pero también política y moral.
 
Los medios oficialistas han ocultado en forma perseverante el drama, lo han maquillado y han difundido y respaldado el discurso de la meritocracia que en resumen enfatiza que son pobres porque se lo merecen, porque no hicieron el esfuerzo suficiente.
 
El macrismo dice que denunciar el hambre es agrandar los hechos, que es campaña política. Pero los que hacen campaña son ellos cuando niegan una realidad inocultable y acusan a sus opositores. Ellos son los que hacen campaña cuando acusan a sus opositores de hacerla, porque la tragedia es real.
 
Ha sido una estrategia reiterada del macrismo: acusar de corrupción a los demás, cuando son ellos los que han hecho negociados millonarios de los dos lados del mostrador y son ellos los dueños de las cuentas offshore que cada tanto son reveladas en forma escandalosa.
 
El hambre como peste es un límite que interpela a los argentinos. Es la consecuencia de un relato o sentido común diseñado para ilusionar a una parte, despojar a la mayoría y favorecer sólo a un puñado. Y para hacerlo provoca la grieta.
 
El hambre es un argumento que se impone sobre la grieta casi como una prueba bíblica: se reacciona o se mira para otro lado. Son los dos países que colisionan en esa prueba límite, dos proyectos de país, dos ideas opuestas sobre la forma de convivir en paz. El país de los que les importa el hambre de los demás y el de los que no.
 
Y los que no les importa, aunque vayan a ser los próximos en caer, se hacen corresponsables de la tragedia, no es atenuante si son engañados o no, porque cada decisión implica responsabilidad sobre las consecuencias. Pero también la posibilidad de reflexionar y reconsiderar de allí en adelante.
 
El resultado de las PASO, inesperado para muchos, puede estar reflejando esa respuesta. Y es probable que en las elecciones de octubre, el resultado sea más contundente aún y termine por hermanarse con la realidad del despojo y el saqueo, por encima del lugar común de la grieta y del relato de ocultamiento de los medios oficialistas.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

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