04:59 | Lunes 23 de Marzo de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Entre Ríos - 06-09-2019 / 12:09

MALESTAR DE LA CASA GRIS POR LA RETIRADA DE MACRI DE LA AYUDA ALIMENTARIA A LOS SECTORES QUE SUFREN HAMBRE

La provincia continúa compensando con partidas propias la ausencia de fondos nacionales para la contención social

Laura Stratta mantuvo este miércoles por la tarde un encuentro con el diputado nacional Daniel Arroyo, especialista en desarrollo local y humano, economía social y planificación social, y uno de los impulsores de la ley de emergencia alimentaria.

La ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, abordó con el diputado nacional Daniel Arroyo, uno de los impulsores de la ley de emergencia alimentaria, las estrategias que se vienen aplicando para dar respuestas frente al crecimiento de la demanda de contención de sectores de la población.

Entre Ríos en materia alimentaria viene reforzando las partidas presupuestarias para dar respuesta al aumento de la demanda, además de afrontar el incremento de costos y compensar el congelamiento de fondos destinados por la Nación.

En la oficina del diputado en el Congreso de la Nación, dialogaron sobre la repercusión de las políticas del gobierno nacional en la situación social y alimentaria que afecta a las provincias, entre ellas Entre Ríos; como así también sobre la preocupación ante el persistente congelamiento de las partidas nacionales destinadas a la contención de los sectores más vulnerables.

"El gobernador Gustavo Bordet ha marcado al desarrollo social, la salud y la obra pública como prioritarios y en ese camino, realizamos un gran esfuerzo entendiendo que el rol indelegable del Estado es acompañar a quienes más nos necesitan en tiempos tan difíciles, fortaleciendo las estrategias alimentarias", indicó Stratta. En ese sentido manifestó: "Venimos tejiendo redes de contención, dialogando con diferentes actores, escuchando y poniendo en común las estrategias que venimos trazando en la provincia, y en ese sentido, mantuvimos una reunión muy positiva con Daniel Arroyo. Trabajamos alrededor de dos ejes, por un lado la coyuntura actual y la necesidad de la declaración de la emergencia alimentaria para transferir recursos a las provincias que nos permitan fortalecer las estrategias que venimos llevando adelante, teniendo en claro que hoy eso es una prioridad".

Añadió: "Además, pusimos en común el trabajo que venimos realizando con los emprendedores a través de diferentes herramientas para la consolidación de la economía social y hablamos de la importancia de poder profundizar las políticas sociales también en torno a la agenda de género, los adultos mayores, los jóvenes y las personas con discapacidad, que hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad ante el retroceso del Estado nacional".

Respecto de las políticas alimentarias Stratta indicó además: "En la provincia hacemos un monitoreo permanente, a través de 24 escuelas testigo que tenemos en diferentes localidades".

Además informó que Entre Ríos en materia alimentaria viene reforzando las partidas presupuestarias para dar respuesta al aumento de la demanda, además de afrontar el incremento de costos y compensar el congelamiento de fondos destinados por la Nación.

Tal es el caso de los fondos enmarcados en el denominado Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Abordaje Federal (conocidas como la prestación Tarjeta de Riesgo Social), para el cual en 2015, al inicio de la gestión, el Estado nacional aportaba el 73 por ciento del presupuesto de este programa, mientras que el gobierno entrerriano destinaba el 27 por ciento restante.

Es decir, que el presupuesto nacional anual era de 70.560.000 pesos, mientras que la provincia debía cubrir 26.040.000 pesos. Esa distribución de gastos en la actualidad se modificó sustancialmente a raíz del congelamiento de fondos que realizó la Nación: ahora la provincia afronta el 75 por ciento del programa, destinando un presupuesto anual de 279.072.000 pesos, mientras la nación cubre el 25por ciento restante, que equivale a 91.728.000 pesos. A ello se suman los recursos destinados a los programas de riesgo nutricional y de celiaquía, dos complementos aportados por la provincia.

Es así como el aumento de la inversión nacional, desde 2015 a 2019 fue de poco más de 21 millones, mientras que el incremento de la inversión provincial fue de más de 250 millones.

En el mismo sentido, se recordó, del total de los programas dependientes de la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Social, la Nación aporta fondos para la Copa de Leche Reforzada. Hasta el 2015 la Nación se hacía cargo del 69 por ciento de los fondos destinados a su implementación, mientras que actualmente aporta el 24,20 por ciento, quedando a cargo de la provincia el 75,80 por ciento.

Stratta señaló también que, en el marco de las estrategias alimentarias, también se llevan adelante experiencias que promueven la soberanía alimentaria y fortalecer la producción local, que fueron compartidas con el legislador.

El proyecto, impulsado por la Comisión de Políticas Alimentarias del Consejo de Políticas Sociales, se lleva adelante en Villaguay y busca generar un círculo virtuoso en el cual productores locales venden sus alimentos a comedores escolares.

Para profundizar la contención, además de los recursos económicos destinados, se desarrolla esta iniciativa que fomenta el desarrollo de la agricultura familiar garantizando un mercado institucional para la colocación de la producción; posibilita mejorar los ingresos y la estabilidad de las familias de productores y contribuye al desarrollo de las mismas. Esta iniciativa contempla la capacitación de pequeños productores y agricultores familiares para que puedan organizarse en entidades jurídicas y estén preparados para atender la demanda escolar.

Cabe señalar que del encuentro participaron además el subsecretario de Políticas Sociales, Julián Froidevaux; el director de Hábitat Popular, Juan Arbitelli y la coordinadora del Hogar de protección integral Inés Londra, Sofía Uranga.

Fortalecer la Economía Social

La ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos pudo intercambiar con el legislador nacional algunas líneas de trabajo que el gobierno entrerriano ha marcado como políticas de Estado.

Es el caso de la Economía Social, "que en un contexto muy difícil, nos ha posibilitado promover el comercio justo y el consumo responsable, fomentar el crecimiento de miles de emprendimientos en la provincia, la conformación de experiencias cooperativas y asociativas y poner en valor la producción entrerriana", sostuvo Stratta. "En Entre Ríos construimos un Estado presente que diseña y lleva adelante políticas públicas, siempre con el oído atento a las necesidades".

La titular de Desarrollo enumeró algunos de los programas con los que la provincia fortalece la Economía Social, como Manos Entrerrianas, la marca colectiva que destaca la calidad de los productos entrerrianos; otro orientados a la incorporación de tecnología, el acceso al crédito a tasas accesibles; el acompañamiento a cooperativas y talleres textiles para producción de frazadas y ropa de abrigo destinada a los sectores más vulnerables de la población y mediante un trabajo conjunto con los municipios.

Además el gobierno provincial lleva adelante políticas públicas para el fortalecimiento de espacios de comercialización, como Ferias y Mercados Populares, las Rondas de Negocios, que acercan a los emprendedores con empresas y organismos públicos y privados; el Registro de Efectores de la Economía Social (Reeser), que permite al Estado realizar la contratación directa de bienes y/o servicios a personas físicas o jurídicas que se encuentren inscriptas en el mismo, entre otras acciones.

Cabe señalar que la titular de la cartera social hizo entrega al legislador nacional de productos de la marca colectiva de la economía social Manos Entrerrianas.

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El miserable ofrecimiento de aumento salarial de Frigerio

El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.

Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.

El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.

Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.

En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.

Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.

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