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Entre Ríos - 06-09-2019 / 12:09
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La provincia continúa compensando con partidas propias la ausencia de fondos nacionales para la contención social

La provincia continúa compensando con partidas propias la ausencia de fondos nacionales para la contención social
Laura Stratta mantuvo este miércoles por la tarde un encuentro con el diputado nacional Daniel Arroyo, especialista en desarrollo local y humano, economía social y planificación social, y uno de los impulsores de la ley de emergencia alimentaria.
 
La ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, abordó con el diputado nacional Daniel Arroyo, uno de los impulsores de la ley de emergencia alimentaria, las estrategias que se vienen aplicando para dar respuestas frente al crecimiento de la demanda de contención de sectores de la población.
 
Entre Ríos en materia alimentaria viene reforzando las partidas presupuestarias para dar respuesta al aumento de la demanda, además de afrontar el incremento de costos y compensar el congelamiento de fondos destinados por la Nación.
 

 
En la oficina del diputado en el Congreso de la Nación, dialogaron sobre la repercusión de las políticas del gobierno nacional en la situación social y alimentaria que afecta a las provincias, entre ellas Entre Ríos; como así también sobre la preocupación ante el persistente congelamiento de las partidas nacionales destinadas a la contención de los sectores más vulnerables.
 
"El gobernador Gustavo Bordet ha marcado al desarrollo social, la salud y la obra pública como prioritarios y en ese camino, realizamos un gran esfuerzo entendiendo que el rol indelegable del Estado es acompañar a quienes más nos necesitan en tiempos tan difíciles, fortaleciendo las estrategias alimentarias", indicó Stratta. En ese sentido manifestó: "Venimos tejiendo redes de contención, dialogando con diferentes actores, escuchando y poniendo en común las estrategias que venimos trazando en la provincia, y en ese sentido, mantuvimos una reunión muy positiva con Daniel Arroyo. Trabajamos alrededor de dos ejes, por un lado la coyuntura actual y la necesidad de la declaración de la emergencia alimentaria para transferir recursos a las provincias que nos permitan fortalecer las estrategias que venimos llevando adelante, teniendo en claro que hoy eso es una prioridad".
 
Añadió: "Además, pusimos en común el trabajo que venimos realizando con los emprendedores a través de diferentes herramientas para la consolidación de la economía social y hablamos de la importancia de poder profundizar las políticas sociales también en torno a la agenda de género, los adultos mayores, los jóvenes y las personas con discapacidad, que hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad ante el retroceso del Estado nacional".
 
Respecto de las políticas alimentarias Stratta indicó además: "En la provincia hacemos un monitoreo permanente, a través de 24 escuelas testigo que tenemos en diferentes localidades".
 
Además informó que Entre Ríos en materia alimentaria viene reforzando las partidas presupuestarias para dar respuesta al aumento de la demanda, además de afrontar el incremento de costos y compensar el congelamiento de fondos destinados por la Nación.
 
Tal es el caso de los fondos enmarcados en el denominado Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Abordaje Federal (conocidas como la prestación Tarjeta de Riesgo Social), para el cual en 2015, al inicio de la gestión, el Estado nacional aportaba el 73 por ciento del presupuesto de este programa, mientras que el gobierno entrerriano destinaba el 27 por ciento restante.
 
Es decir, que el presupuesto nacional anual era de 70.560.000 pesos, mientras que la provincia debía cubrir 26.040.000 pesos. Esa distribución de gastos en la actualidad se modificó sustancialmente a raíz del congelamiento de fondos que realizó la Nación: ahora la provincia afronta el 75 por ciento del programa, destinando un presupuesto anual de 279.072.000 pesos, mientras la nación cubre el 25por ciento restante, que equivale a 91.728.000 pesos. A ello se suman los recursos destinados a los programas de riesgo nutricional y de celiaquía, dos complementos aportados por la provincia.
 
Es así como el aumento de la inversión nacional, desde 2015 a 2019 fue de poco más de 21 millones, mientras que el incremento de la inversión provincial fue de más de 250 millones.
 
En el mismo sentido, se recordó, del total de los programas dependientes de la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Social, la Nación aporta fondos para la Copa de Leche Reforzada. Hasta el 2015 la Nación se hacía cargo del 69 por ciento de los fondos destinados a su implementación, mientras que actualmente aporta el 24,20 por ciento, quedando a cargo de la provincia el 75,80 por ciento.
 
Stratta señaló también que, en el marco de las estrategias alimentarias, también se llevan adelante experiencias que promueven la soberanía alimentaria y fortalecer la producción local, que fueron compartidas con el legislador.
 
El proyecto, impulsado por la Comisión de Políticas Alimentarias del Consejo de Políticas Sociales, se lleva adelante en Villaguay y busca generar un círculo virtuoso en el cual productores locales venden sus alimentos a comedores escolares.
 
Para profundizar la contención, además de los recursos económicos destinados, se desarrolla esta iniciativa que fomenta el desarrollo de la agricultura familiar garantizando un mercado institucional para la colocación de la producción; posibilita mejorar los ingresos y la estabilidad de las familias de productores y contribuye al desarrollo de las mismas. Esta iniciativa contempla la capacitación de pequeños productores y agricultores familiares para que puedan organizarse en entidades jurídicas y estén preparados para atender la demanda escolar.
 
Cabe señalar que del encuentro participaron además el subsecretario de Políticas Sociales, Julián Froidevaux; el director de Hábitat Popular, Juan Arbitelli y la coordinadora del Hogar de protección integral Inés Londra, Sofía Uranga.
 
 
Fortalecer la Economía Social
 
La ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos pudo intercambiar con el legislador nacional algunas líneas de trabajo que el gobierno entrerriano ha marcado como políticas de Estado.
 
Es el caso de la Economía Social, "que en un contexto muy difícil, nos ha posibilitado promover el comercio justo y el consumo responsable, fomentar el crecimiento de miles de emprendimientos en la provincia, la conformación de experiencias cooperativas y asociativas y poner en valor la producción entrerriana", sostuvo Stratta. "En Entre Ríos construimos un Estado presente que diseña y lleva adelante políticas públicas, siempre con el oído atento a las necesidades".
 
La titular de Desarrollo enumeró algunos de los programas con los que la provincia fortalece la Economía Social, como Manos Entrerrianas, la marca colectiva que destaca la calidad de los productos entrerrianos; otro orientados a la incorporación de tecnología, el acceso al crédito a tasas accesibles; el acompañamiento a cooperativas y talleres textiles para producción de frazadas y ropa de abrigo destinada a los sectores más vulnerables de la población y mediante un trabajo conjunto con los municipios.
 
Además el gobierno provincial lleva adelante políticas públicas para el fortalecimiento de espacios de comercialización, como Ferias y Mercados Populares, las Rondas de Negocios, que acercan a los emprendedores con empresas y organismos públicos y privados; el Registro de Efectores de la Economía Social (Reeser), que permite al Estado realizar la contratación directa de bienes y/o servicios a personas físicas o jurídicas que se encuentren inscriptas en el mismo, entre otras acciones.
 
Cabe señalar que la titular de la cartera social hizo entrega al legislador nacional de productos de la marca colectiva de la economía social Manos Entrerrianas. 
 

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24-05-2026 / 09:05
Un análisis técnico de Guillermo Michel desnuda la verdadera naturaleza del proyecto de Frigerio: una transferencia forzosa de ingresos desde el bolsillo de los trabajadores hacia las arcas de un Estado que abdica de su responsabilidad social. Michel advierte que no estamos ante una búsqueda de eficiencia, sino ante un "ajuste por goteo" que utiliza la duplicación del período de cálculo y la eliminación de la movilidad sectorial para licuar los haberes. Según el experto legislador, la reforma rompe el principio de sustitutividad, condenando a los futuros jubilados a percibir una tasa de reemplazo que no refleja su trayectoria laboral, mientras se legaliza el perjuicio previsional derivado del empleo no registrado.
 
Para Michel, el costo de este "equilibrio" fiscal es una regresión patrimonial sin precedentes que ensancha la brecha entre activos y pasivos. El análisis subraya que la delegación de facultades al Ejecutivo y la creación de aportes "solidarios" sobre jubilados no son medidas de emergencia, sino el andamiaje de un estatuto permanente de excepción. En términos de Michel, la gestión de Frigerio opta por el camino más corto y doloroso: castigar la biografía laboral del trabajador entrerriano -especialmente de las mujeres y regímenes especiales- para cumplir con metas de austeridad que ignoran la protección constitucional del salario diferido.
 
En forma lapidaria, Guillermo Michel concluyó: "Frigerio está construyendo el expediente político para ser recordado como el peor gobernador de Entre Ríos desde la vuelta de la democracia. Y con esta ley ratifica que también lo será para los trabajadores".
 

24-05-2026 / 09:05
Bajo el rótulo tecnocrático de "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional", el gobierno de Rogelio Frigerio ha enviado a la Legislatura un proyecto de ley que, tras el análisis minucioso de su articulado, se revela como un programa de ajuste estructural sin precedentes. No estamos ante una reforma técnica de sostenibilidad; estamos ante un desmantelamiento sistemático de la Ley N° 8732 y un retroceso histórico que vulnera el principio de no regresividad amparado por nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos.
 
El proyecto de Rogelio Frigerio es un asalto ataque a la seguridad social de los entrerrianos. Bajo el paraguas de la "sustentabilidad", el Ejecutivo pretende legalizar un ajuste estructural que confisca el salario de los trabajadores activos y licúa el haber de los jubilados, enmarcando los cambios en la Caja de Jubilaciones más al servicio del déficit cero que de los derechos sociales de los pasivos de la provincia. Se trata de una embestida que descarga el peso de una crisis que los trabajadores no generaron sobre sus propias espaldas, mediante un sistema de castigo que licúa ingresos y destruye la movilidad.
 
Esta ofensiva gubernamental no solo desmantela el 82% móvil y el enganche sectorial, sino que consagra una autocracia financiera donde los derechos constitucionales quedan supeditados a decretos del Ejecutivo. Al elevar la edad jubilatoria hasta umbrales biológicamente altísimos y ensañarse particularmente con las mujeres y los sectores más vulnerables, la gestión provincial firma una iniciativa que generará abierta polémica. Es, en esencia, un programa de ajuste que abdica del rol protector del Estado para arrojarse a una lógica de mercado contable que se no contempló los derechos constitucionales de los entrerrianos.
 
De la redacción de La Opinión Popular

18-05-2026 / 20:05
El reciente desplome en los indicadores de imagen de Rogelio Frigerio es, fundamentalmente, la traducción en números del costo de su disciplinamiento político ante la Casa Rosada. La gestión entrerriana ha pasado de ser un proyecto con llegó con sello propio a convertirse en el laboratorio del ajuste de Javier Milei, y los ciudadanos han comenzado a pasar la factura.
 
El informe publicado por Sociedad Política revela una erosión acelerada del capital político que Frigerio supo construir. Lo que antes era un activo —su perfil moderado y técnico— hoy se diluye ante la percepción de una gestión paralizada por su adhesión al gobierno nacional. Hoy, el diferencial de imagen en las encuestas es deficitario. La desaprobación ya supera a la aprobación, rompiendo el "piso de cristal" que el gobernador mantuvo desde que llegó a la gobernación. "Por primera vez, la imagen de Frigerio tiene saldo negativo. El relevamiento marca un punto de inflexión en la consideración pública del mandatario entrerriano".
 
La encuesta ramarca una caída en los sectores medios. El segmento que fue la base de su victoria en 2023 es el que más rápido le ha soltado la mano, agobiado por el aumento de precios, tarifas y la licuación de los salarios de estatales provinciales.
 
La caída de Frigerio es la consecuencia natural de un gobernador que ha decidido —por convicción o por asfixia financiera— ser un alumno aplicado del ajuste libertario. Al alinearse de forma casi incondicional con los proyectos legislativos de la Nación y aceptar sin mayores resistencias el recorte de transferencias, Frigerio está mimetizando su suerte con la de Milei.
 
De la redacción de La Opinión Popular 

17-05-2026 / 20:05
El gobierno de Rogelio Frigerio ha vuelto a cruzar una línea polémica en materia de preservación ambiental y ética pública. En una reciente entrevista que desató el rechazo de organizaciones socioambientales y de la ciudadanía entrerriana, el Ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, blindó la polémica habilitación de la temporada de caza menor en la provincia recurriendo a un argumento tan insólito como jurídicamente insostenible: “La Constitución lo permite, no lo podemos prohibir”.
 
El discurso de Bernaudo tiene un error técnico, pero también un polémico juicio ético y jurídico. Es un error dado que se pretende disfrazar de "derecho constitucional" lo que en realidad es una concesión a empresas que trabajan en buena parte con extranjeros.
 
Al invocar una supuesta protección legal para la matanza de fauna, el funcionario parece confundir la normativa entrerriana con la Segunda Enmienda estadounidense, importando una retórica libertaria que Milei utilizó en su campaña presidencial, la que prioriza el negocio extractivo por sobre el deber constitucional de preservar la biodiversidad y los derechos de los seres sintientes. 
 
Es cuestionable que se intente justificar el "turismo de caza" bajo la exagerada promesa de generación de empleo que, en la práctica, suele estar matizado por la precarización laboral en enclaves cerrados para extranjeros. Mientras el Estado admite su incapacidad de control mediante fiscalizaciones aleatorias, Entre Ríos queda expuesta como un territorio donde la vida silvestre se remata al mejor postor, ignorando el avance global hacia la protección animal y consolidando un modelo económico que deja ganancias en pocas manos. Es un tema que merece una profunda discusión. 
 
De la redacción de La Opinión Popular 

17-05-2026 / 14:05
En una reciente entrevista en el Programa Cuestión de Fondo, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, dejó definiciones que sacudieron el tablero interno del Partido Justicialista de Entre Ríos. Con una mezcla de pragmatismo y firmeza discursiva, el dirigente no esquivó el bulto ante la polémica por las sanciones disciplinarias y apuntó directamente contra quienes, según su visión, utilizan al partido como una plataforma de "agresión permanente".

Al ser consultado sobre las sanciones que el Tribunal de Disciplina ha comenzado a aplicar, Fuertes fue tajante: "Sí, estoy de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo". Para el villaguayense, la libertad de participación no es un cheque en blanco para el ataque sistemático hacia la conducción o los pares. "En la vida hay límites. Si lo que hay es una permanente agresión a los dirigentes del peronismo, están las normativas de sanción", disparó Fuertes.
 
Uno de los puntos más álgidos de su alocución fue la mención al sector de Héctor María Maya. Fuertes denunció lo que considera una estrategia de "división" orquestada desde afuera. Acusó a este sector de no cumplir con la Carta Orgánica y, acto seguido, utilizar sellos de partidos vinculados al oficialismo provincial para competir contra el peronismo. La metáfora del zapallo: "Le dieron el sello como si le dieran un zapallo... tomá, usalo para dividir al peronismo", graficó con ironía. En un dardo al Socialismo, el intendente del PJ uestionó que una fuerza de la coalición gobernante actual "alquilara" su personería para intervenir en la interna peronista sin un proceso orgánico claro.

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