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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 05-09-2019 / 09:09
PARA COMPENSAR LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO OCASIONADA POR LA INFLACIÓN

Se multiplican los paros y los reclamos de gremios para reabrir paritarias

Se multiplican los paros y los reclamos de gremios para reabrir paritarias
El impacto de la devaluación sobre los precios ya empezó a activar reclamos de reapertura de paritarias en el sector privado y público. Por estas horas, varios gremios que firmaron subas en promedio del 30% salieron a pedir la revisión de los acuerdos salariales para compensar la inflación, que a fin de año superaría el 55%.
 El impacto de la devaluación sobre los precios ya empezó a activar reclamos de reapertura de paritarias en el sector privado y público. Por estas horas, varios gremios que firmaron subas en promedio del 30% salieron a pedir la revisión de los acuerdos salariales para compensar la inflación, que a fin de año superaría el 55%.
 
Las demandas, en algunos casos acompañadas de paros y medidas de fuerza a nivel nacional, resurgieron en el sector aeronáutico, la industria y los bancos, así como entre los docentes y estatales. Y plantean un desafío a la tregua abierta por la CGT hasta octubre para minimizar los riesgos electorales.
 
Tanto la cúpula de la central obrera como el sindicalismo duro se alineó con Alberto Fernández, quien se encuentra de viaje en España. Si bien en los últimos días disparó varios tuits sobre la situación económica, trata de mantener un perfil bajo tras los controles cambiarios anunciados por Mauricio Macri.
 
"La idea es bajar un cambio", dijeron cerca del presidenciable. Las señales de conflictividad registradas en las últimas horas, sin embargo, amenazan con complicar la paz social impulsada desde ese espacio.
 
Las tensiones coinciden con el reconocimiento del deterioro de los ingresos por parte de funcionarios y empresarios, pese a las medidas recientes adoptadas por Macri para paliar los efectos de la disparada del dólar después de las PASO, que llegó a cotizar a $62 y ayer cerró a $58.
 
El paquete oficial incluyó el descuento de $2.000 en los aportes personales a los trabajadores privados, un bono de $5.000 a los empleados públicos y la elevación del piso para pagar el impuesto a las Ganancias. Los anuncios contemplaron además la quita del IVA a los productos de la canasta básica y el incremento del 35% del salario mínimo.
 
La seguidilla de conflictos suma otro actor en las calles. El Gobierno de Macri fue testigo ayer de una nueva protesta con acampe de los movimientos sociales en la avenida 9 de Julio para exigir la emergencia alimentaria.
 
La CGT se solidarizó con el reclamo ayer por la tarde al emitir una declaración propia, en sintonía con la estrategia impulsada por sectores del peronismo que buscan convocar una sesión extraordinaria en el Congreso la semana próxima para aprobar un proyecto de ley unificado.
 

 
Tensión gremial
 
La decisión de algunas empresas de otorgar una suma extraordinaria en línea con la directiva estatal generó tensión en el ámbito sindical. Eso es lo que ocurrió en Latam, luego de acordar con un sector sindical un bono por única vez de entre $14.000 y $19.000, según la categoría, para los tripulantes de cabina a partir del 16 de septiembre.
 
La Asociación de Tripulantes de Cabinas de LATAM (Atcepea) aceptó la gratificación extraordinaria no remunerativa en compensación por la baja de horas de vuelo en temporada baja y la menor demanda, pero el gremio rival de Aeronavegantes, liderado por Juan Pablo Brey, lo rechazó y anunció ayer medidas de fuerza para este fin de semana.
 
"Desde esta asociación consideramos (el bono) como insuficiente, dado el desfasaje de salario con el que contamos por correr de atrás a la inflación, la consecuente pérdida de poder adquisitivo y la falta de respuesta ante otros reclamos que  vienen de larga data", dijo la organización en un comunicado.
 
La empresa viene de otorgar un 25% de aumento salarial entre octubre del 2018 y abril de este año, por lo que ahora Brey exige negociar el segundo tramo del acuerdo, que va de abril a septiembre de 2019. A julio, la inflación de los últimos 12 meses había sido del 54,4%.
 
Detrás de la disputa salarial, hay también recelos históricos vinculados con la interna del sector. Brey lidera un sindicato de actividad alineado al camionero Hugo Moyano, mientras que Atcpea es un gremio de empresa conducido por la azafata Natalia Fenchuk, cercana al titular del gremio de personal técnico (APTA), Ricardo Cirielli.
 
El mecánico forma parte del Frente Aeronáutico, integrado por el piloto Pablo Biró (APLA), el jerárquico Rubén Fernández (UPSA) y Edgardo Llano, titular del personal de tierra (APA), un espacio del que Brey se mantiene alejado.
 
La industria es otro foco de peleas. Luego de que el titular de la UIA, Miguel Acevedo, se mostró abierto el lunes a renegociar salarios, el líder del gremio de la alimentación, Rodolfo Daer, confirmó este martes en una entrevista con RadioCaput que reabrirá la discusión en su sector, pese al cierre de fábricas, la parálisis de la producción y los despidos.
 
Daer participó el viernes pasado del Consejo del Salario, en donde el Gobierno definió elevar el ingreso mínimo a $31.000 ante la falta de acuerdo con las centrales obreras. Al igual que su hermano al frente de la CGT, Héctor Daer, el sindicalista de la alimentación apuesta a evitar la confrontación callejera.
 
En contraste con esa postura, la Federación de trabajadores aceiteros inició anoche desde las 22 horas una huelga nacional como primer paso de un plan de lucha ante la falta de respuestas de las cámaras empresarias CIARA, CIAVEC y CARBIO a la revisión de la paritaria firmada el 6 de diciembre de 2018.
 
En aquella ocasión, las partes acordaron una cláusula de revisión en la cual se comprometieron a reunirse en la primera quincena del mes de julio para analizar la evolución salarial y la coyuntura económica.
 
"Sin embargo, tras dos meses en los cuales la crisis se ha acelerado y los salarios pierden día tras día su valor real, las patronales continúan sin brindar una respuesta seria al planteo que realiza esta Federación, al tiempo que se continúan multiplicando sus ya extraordinarias ganancias", advirtió en un comunicado la Federación.
 
La organización advirtió que "estas empresas, grandes ganadoras del modelo agroexportador, se han favorecido con la brutal devaluación y no han tenido reparo alguno en trasladarla a la mesa de las familias argentinas en el precio del aceite comestible".
 
El sindicato del neumático, por otra parte, pidió en las últimas horas adelantar la revisión del acuerdo, una instancia que estaba prevista para fines de este mes, según confirmó a iProfesional el titular de la organización Alejandro Crespo.
 
El gremio industrial liderado por la izquierda había firmado en julio un aumento del 67% para los últimos 15 meses y acumuló un 31% de aumento entre enero y septiembre. Pero ahora afirman que el entendimiento quedó desfasado y convocaron para este sábado a un plenario del sindicalismo combativo en su sede de San Fernando.
 
En el rubro bancario, el sindicato encabezado por Sergio Palazzo pidió este martes un bono extraordinario ante la pérdida de poder adquisitivo del salario. La Bancaria había acordado una suba del 30%, sujeta a actualización en caso de que la inflación superara esa cifra.
 
 
Septiembre caliente
  
Las tensiones más notorias se concentran en el sector público y, en particular, en Chubut. Las agresiones sufridas en el sur de esa provincia por cinco maestras en la madrugada de ayer a manos de una presunta patota del sindicato de petroleros forzó a la principal central de docentes CTERA a convocar un paro nacional a partir de hoy.
 
La medida no estaba en los planes de la organización vinculada a la CTA de los Trabajadores, encabezada por Hugo Yasky. Pero los últimos acontecimientos llevaron a la confederación a enfrentarse al gobernador Mario Arcioni, quien al igual que Yasky es un aliado de Fernández.
 
En tanto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional para el martes próximo para reabrir paritarias.
 
Algunas organizaciones sociales hicieron circular ayer un supuesto acuerdo multisectorial para exigir la emergencia alimentaria tras una aparente reunión de una mesa de diálogo. El texto llevaba la firma de la CGT, las CTA y la UIA, junto con ADIMRA, Coninagro y Carbap.
 
Pero fuentes de dichas cámaras desmintieron haber participado del documento. "Definitivamente no hemos estado en esa reunión ni hemos firmado un documento y se que no ha habido nadie de la UIA", dijo a iProfesional el titular de la central fabril, Miguel Acevedo.
 
Por Juan Manuel Barca
 
Fuente: iProfesional
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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