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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 02-09-2019 / 09:09
A MENOS DE CUATRO AÑOS DE HABER DESMANTELADO TODAS LAS REGULACIONES AL MOVIMIENTO DE CAPITALES

Macri reconoció el fracaso de sus políticas e impuso por Decreto el control de cambios

Macri reconoció el fracaso de sus políticas e impuso por Decreto el control de cambios
Macri se despide con default y “cepo”, aunque es mejor decir que, a la fuerza, tuvo que reimplantar un imprescindible control de cambios, lo que el fundamentalismo neoliberal había eliminado y él mismo había festejado. Asistimos así a un episodio más del fin de un ciclo. No el fin de un gobierno, sino el ocaso de una idea. El tercer o cuarto fracaso en el intento de modelar a la Argentina de acuerdo a los principios de un neoliberalismo salvaje. El país atendido por sus propios dueños, los ricos, que termina en una crisis catastrófica.
Mauricio Macri, todos los economistas neoliberales, la red de propaganda oficialista privada, y amplios sectores de la clase media y alta, festejaron en diciembre de 2015 que se eliminaba lo que denominaban despectivamente "cepo". Saludaban que a partir de ese momento se podía comprar dólares sin restricciones, recuperando la libertad que la "dictadura K" había cercenado.
 
El primero de marzo de 2016, Macri escribió el siguiente tuit: "Levantamos el cepo y todas las restricciones cambiarias sin que ocurriese ninguna de las desgracias pronosticadas". Las desgracias ocurrieron y para intentar llegar al 10 de diciembre en la Casa Rosada, restableció un régimen de administración del mercado de cambios.
 
Hubo que llegar a semejante tragedia financiera, una economía real derrumbada, el colapso del negocio bursátil, un sistema bancario bajo tensión máxima por la incipiente corrida contra los depósitos en dólares y en pesos, y un nuevo default, para que se reconozca que la economía funciona con control de cambios para evitar crisis devastadora.
 
El discurso tóxico de la mayoría de los economistas neoliberales, como voceros del poder económico concentrado, amplificado en gran parte de los medios de comunicación, construyó el sentido común acerca de que no es conveniente la administración y control de acceso a la moneda extranjera. El saldo no ha sido otro que una crisis catastrófica.
 
Así fue durante la dictadura militar, que tuvo el estallido de la tablita cambiaria previa desregulación total del mercado. Fue el comienzo de un proceso de dolarización destructiva de la economía argentina con esa política neoliberal extrema liderada por José Alfredo Martínez de Hoz. Después se consolidó con la fantasía de pensar que un peso era igual a un dólar, el experimento de Domingo Felipe Cavallo equiparando ambas monedas para contratos y créditos, con apertura irrestricta al ingreso de capitales especulativos. Explotó en el 2001.
 
Ahora, la economía macrista diseñó un esquema similar de apertura financiera total, desregulación absoluta del mercado de cambios y un endeudamiento desaforado que se volvió impagable. El saldo no podía ser otro que el estallido de esa política con costos sociolaborales inmensos, como pasó con la política económica de la última dictadura militar de Videla y la convertibilidad de Menem.
 
Macri se despide con default y "cepo", a la fuerza tuvo que reimplantar un control de cambios, lo que el fundamentalismo neoliberal había eliminado y él mismo había festejado. Asistimos así a un episodio más del fin de un ciclo. No el fin de un gobierno, sino el ocaso de una idea. El tercer o cuarto fracaso en el intento de modelar a la Argentina de acuerdo a los principios de un neoliberalismo salvaje. El país atendido por sus propios dueños, los ricos, que termina en una crisis catastrófica.
 
La Opinión Popular

 
CONTROL CAMBIARIO, RESTRICCIÓN A LA COMPRA DE DÓLARES Y LIQUIDACIÓN INMEDIATA OBLIGATORIA PARA EXPORTADORES
 
Ultimo recurso buscando evitar el estallido
 
El gobierno estableció controles de capitales y limitó la venta de dólares en un nuevo intento por frenar la corrida cambiaria que hace tambalear la economía argentina. Las regulaciones cambiarias de emergencia fueron implementadas a través de un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri que ya entró en vigencia.
 
Las instrumentos para administrar la fuga de capitales restringen la compra de divisas hasta 10 mil dólares mensuales para atesoramiento, bloquean la remisión al exterior de las ganancias de las empresas y obligan a las exportadoras a liquidar los dólares de sus operaciones en un plazo de hasta 5 días hábiles. La normativa del Banco Central dispone que las herramientas estarán vigentes hasta fin de año.
 
Con la tardía reposición de algunos de los mecanismos de administración del mercado cambiario que existían hasta 2015 y la reestructuración compulsiva de la deuda de cortísimo plazo que patea la carga de los vencimientos al próximo gobierno, el gobierno espera garantizarse disponibilidad de dólares que le permita finalizar el mandato sin nuevos sobresaltos en la cotización de la moneda estadounidense. Ninguna de las medidas anunciadas contiene la estampida de capitales financieros.
 
Los encargados de implementar los controles admiten que la crisis financiera generó pánico entre los pequeños ahorristas y, por eso, enfatizan que no habrá restricciones para retirar dólares de los bancos. Como reaseguro habilitan a las entidades financieras a extender el horario de atención al público hasta las 17 horas aunque la decisión dependerá de cada banco.
 
La celeridad en el retiro de los depósitos del sistema bancario que acompañará los anuncios dominicales dependerá de la capacidad de cada entidad para abastecer los pedidos en sus distintas sucursales. Algunos de los instrumentos anunciados el domingo formaban parte de los mecanismos de administración del mercado de cambios utilizados para hacer frente a la escasez de dólares durante el gobierno anterior.
 
El celebrado desmantelamiento de las demonizadas regulaciones financieras y normativas cambiarias registrado desde el inicio de la administración Cambiemos exacerbó la fragilidad externa de la economía argentina hasta dejarla al borde del colapso.
 
El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y el titular del Palacio de Hacienda, Hernán Lacunza, son los encargados de informar las medidas a los banqueros y empresarios. Los funcionarios reportaron las medidas al Staff del Fondo Monetario Internacional y mantuvieron una conversación con los referentes económicos del Frente de Todos. El diagnóstico oficial es que con el precio del dólar por las nubes y una política de ahogo monetario, los distintos controles de cambios deberían garantizar holgura para evitar un estallido.
 
*Restricciones para la compra de divisas: A partir de este lunes los individuos sólo podrán comprar hasta 10 mil dólares mensuales para atesoramiento. Cualquier operación que pretenda superar ese monto, como la compra de dólares para concretar la adquisición de un inmueble, requerirá la autorización del BCRA. Las personas interesadas en saltar el umbral deberán justificar para qué requieren esos dólares a su banco y éste solicitará el permiso a las autoridades regulatorias. Las estadísticas oficiales muestran que las compras de billetes hasta 10 mil dólares representaron en julio el 69 por ciento de todas las operaciones. En mayo de 2016 la autoridad monetaria elevó de 2 a 5 millones el máximo para la compra de dólares y tres meses después anunciaba la eliminación definitiva de los topes ("uno de los pasos finales en la remoción de las restricciones cambiarias heredadas, siguiendo el camino iniciado con la liberación del cepo", celebraba entonces el BCRA en su comunicado). El tope para enviar divisas a cuentas en el exterior será de 10 mil dólares para las personas físicas. Por encima de ese tope se requerirá autorización. No hay restricciones para las operaciones realizadas en el exterior.
 
*Cuentas en dólares y horario extendido en bancos: Las medidas anunciadas, enfatizan en el gobierno, no contemplan ningún tipo de restricción para la extracción de dólares y pesos de las cuentas bancarias. Como reconocen que el pánico asociado a la profundización de la crisis llevó a muchas personas a retirar sus ahorros se decidió habilitar la extensión del horario de atención en los bancos de 10 a 17 horas durante septiembre. La medida será evaluada e implementada a discreción por cada entidad financiera. Las entidades extranjeras son las más interesadas en la extensión de plazos. Los trabajadores bancarios, reconocen las autoridades, deberán ser compensados por las horas extra.
 
*Controles a la compra de dólares de grandes empresas: El BCRA decidió no venderle más dólares a las empresas para que los atesoren sin un destino específico. Las operaciones destinadas a financiar importaciones y el pago de deudas en moneda extranjera no requieren ningún tipo de autorización. Cuando las empresas quieran comprar dólares para ahorrar, cualquiera sea la cantidad, deberán solicitar una autorización. No se anunciaron medidas adicionales para evitar que la fuga de capitales mediante operaciones de importación simuladas o infladas.
 
*Utilidades y dividendos: La remisión de las ganancias a las casas matrices quedará sujeta al visto bueno del Banco Central. Las empresas ya no podrán enviar utilidades y dividendos de manera automática sino que deberán contar con la conformidad previa de la autoridad monetaria. Las entidades financieras quedaron alcanzadas por una normativa similar la semana pasada. Las cuentas externas muestran que muchas empresas se anticiparon a las medidas y aceleraron la remisión de sus ganancias al exterior.
 
*¿Quién y cómo se define la venta de dólares por encima de los límites?: El relanzamiento de los controles cambiarios será acompañado por la revitalización de la Gerencia de Exterior y Cambios del BCRA aunque tendrá una denominación aggiornada a la retórica oficial. Los parámetros que utilizarán para definir cuáles son las empresas que pueden remitir utilidades al exterior o qué personas pueden adquirir más de 10 mil dólares en un mes no fueron establecidos.
 
*Liquidación de los dólares de las exportaciones: Después de permitir que los exportadores no ingresen los dólares que generaban el gobierno decidió establecer plazos para que esas divisas sean liquidadas en el mercado cambiario local. Con el objetivo de aumentar la oferta de dólares, las compañías van a tener que vender los billetes generados por las exportaciones en los 5 días hábiles posteriores al cobro o 180 días corridos después del permiso de embarque (lo que sea más corto). En el caso del sector agroexportador y el resto de las commodities, el plazo en tiempos será de 15 días. La normativa apunta a ampliar la oferta de divisas. La disposición se suma al tímido e inocuo intento anunciado la semana pasada por el BCRA para que las cerealeras ingresen dólares.
 
*Opciones para las empresas atrapadas por la reestructuración unilateral de letras de corto plazo: En lugar de cobrar el 15 por ciento de sus acreencias al vencimiento y esperar hasta seis meses para cobrar, al momento de la maduración de sus tenencias reperfiladas de Letes, Lecaps, Lecer o Lelinks, las empresas podrán utilizar para cancelar deudas previsionales vencidas. En otras palabras, usar créditos defaulteados para pagar deudas atrasadas con el sistema de la seguridad social. También se corrigieron algunas imprecisiones del anuncio original que fue realizado el miércoles que pusieron en riesgo el funcionamiento de los Fondos Comunes de Inversión. La normativa contempla, a su vez, restricciones para que los bancos realicen maniobras de contado con liquidación.
 
Por Tomás Lukin
 
Fuente: Página12
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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