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Nacionales - 02-09-2019 / 09:09
A MENOS DE CUATRO AÑOS DE HABER DESMANTELADO TODAS LAS REGULACIONES AL MOVIMIENTO DE CAPITALES

Macri reconoció el fracaso de sus políticas e impuso por Decreto el control de cambios

Macri reconoció el fracaso de sus políticas e impuso por Decreto el control de cambios
Macri se despide con default y “cepo”, aunque es mejor decir que, a la fuerza, tuvo que reimplantar un imprescindible control de cambios, lo que el fundamentalismo neoliberal había eliminado y él mismo había festejado. Asistimos así a un episodio más del fin de un ciclo. No el fin de un gobierno, sino el ocaso de una idea. El tercer o cuarto fracaso en el intento de modelar a la Argentina de acuerdo a los principios de un neoliberalismo salvaje. El país atendido por sus propios dueños, los ricos, que termina en una crisis catastrófica.
Mauricio Macri, todos los economistas neoliberales, la red de propaganda oficialista privada, y amplios sectores de la clase media y alta, festejaron en diciembre de 2015 que se eliminaba lo que denominaban despectivamente "cepo". Saludaban que a partir de ese momento se podía comprar dólares sin restricciones, recuperando la libertad que la "dictadura K" había cercenado.
 
El primero de marzo de 2016, Macri escribió el siguiente tuit: "Levantamos el cepo y todas las restricciones cambiarias sin que ocurriese ninguna de las desgracias pronosticadas". Las desgracias ocurrieron y para intentar llegar al 10 de diciembre en la Casa Rosada, restableció un régimen de administración del mercado de cambios.
 
Hubo que llegar a semejante tragedia financiera, una economía real derrumbada, el colapso del negocio bursátil, un sistema bancario bajo tensión máxima por la incipiente corrida contra los depósitos en dólares y en pesos, y un nuevo default, para que se reconozca que la economía funciona con control de cambios para evitar crisis devastadora.
 
El discurso tóxico de la mayoría de los economistas neoliberales, como voceros del poder económico concentrado, amplificado en gran parte de los medios de comunicación, construyó el sentido común acerca de que no es conveniente la administración y control de acceso a la moneda extranjera. El saldo no ha sido otro que una crisis catastrófica.
 
Así fue durante la dictadura militar, que tuvo el estallido de la tablita cambiaria previa desregulación total del mercado. Fue el comienzo de un proceso de dolarización destructiva de la economía argentina con esa política neoliberal extrema liderada por José Alfredo Martínez de Hoz. Después se consolidó con la fantasía de pensar que un peso era igual a un dólar, el experimento de Domingo Felipe Cavallo equiparando ambas monedas para contratos y créditos, con apertura irrestricta al ingreso de capitales especulativos. Explotó en el 2001.
 
Ahora, la economía macrista diseñó un esquema similar de apertura financiera total, desregulación absoluta del mercado de cambios y un endeudamiento desaforado que se volvió impagable. El saldo no podía ser otro que el estallido de esa política con costos sociolaborales inmensos, como pasó con la política económica de la última dictadura militar de Videla y la convertibilidad de Menem.
 
Macri se despide con default y "cepo", a la fuerza tuvo que reimplantar un control de cambios, lo que el fundamentalismo neoliberal había eliminado y él mismo había festejado. Asistimos así a un episodio más del fin de un ciclo. No el fin de un gobierno, sino el ocaso de una idea. El tercer o cuarto fracaso en el intento de modelar a la Argentina de acuerdo a los principios de un neoliberalismo salvaje. El país atendido por sus propios dueños, los ricos, que termina en una crisis catastrófica.
 
La Opinión Popular

 
CONTROL CAMBIARIO, RESTRICCIÓN A LA COMPRA DE DÓLARES Y LIQUIDACIÓN INMEDIATA OBLIGATORIA PARA EXPORTADORES
 
Ultimo recurso buscando evitar el estallido
 
El gobierno estableció controles de capitales y limitó la venta de dólares en un nuevo intento por frenar la corrida cambiaria que hace tambalear la economía argentina. Las regulaciones cambiarias de emergencia fueron implementadas a través de un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri que ya entró en vigencia.
 
Las instrumentos para administrar la fuga de capitales restringen la compra de divisas hasta 10 mil dólares mensuales para atesoramiento, bloquean la remisión al exterior de las ganancias de las empresas y obligan a las exportadoras a liquidar los dólares de sus operaciones en un plazo de hasta 5 días hábiles. La normativa del Banco Central dispone que las herramientas estarán vigentes hasta fin de año.
 
Con la tardía reposición de algunos de los mecanismos de administración del mercado cambiario que existían hasta 2015 y la reestructuración compulsiva de la deuda de cortísimo plazo que patea la carga de los vencimientos al próximo gobierno, el gobierno espera garantizarse disponibilidad de dólares que le permita finalizar el mandato sin nuevos sobresaltos en la cotización de la moneda estadounidense. Ninguna de las medidas anunciadas contiene la estampida de capitales financieros.
 
Los encargados de implementar los controles admiten que la crisis financiera generó pánico entre los pequeños ahorristas y, por eso, enfatizan que no habrá restricciones para retirar dólares de los bancos. Como reaseguro habilitan a las entidades financieras a extender el horario de atención al público hasta las 17 horas aunque la decisión dependerá de cada banco.
 
La celeridad en el retiro de los depósitos del sistema bancario que acompañará los anuncios dominicales dependerá de la capacidad de cada entidad para abastecer los pedidos en sus distintas sucursales. Algunos de los instrumentos anunciados el domingo formaban parte de los mecanismos de administración del mercado de cambios utilizados para hacer frente a la escasez de dólares durante el gobierno anterior.
 
El celebrado desmantelamiento de las demonizadas regulaciones financieras y normativas cambiarias registrado desde el inicio de la administración Cambiemos exacerbó la fragilidad externa de la economía argentina hasta dejarla al borde del colapso.
 
El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y el titular del Palacio de Hacienda, Hernán Lacunza, son los encargados de informar las medidas a los banqueros y empresarios. Los funcionarios reportaron las medidas al Staff del Fondo Monetario Internacional y mantuvieron una conversación con los referentes económicos del Frente de Todos. El diagnóstico oficial es que con el precio del dólar por las nubes y una política de ahogo monetario, los distintos controles de cambios deberían garantizar holgura para evitar un estallido.
 
*Restricciones para la compra de divisas: A partir de este lunes los individuos sólo podrán comprar hasta 10 mil dólares mensuales para atesoramiento. Cualquier operación que pretenda superar ese monto, como la compra de dólares para concretar la adquisición de un inmueble, requerirá la autorización del BCRA. Las personas interesadas en saltar el umbral deberán justificar para qué requieren esos dólares a su banco y éste solicitará el permiso a las autoridades regulatorias. Las estadísticas oficiales muestran que las compras de billetes hasta 10 mil dólares representaron en julio el 69 por ciento de todas las operaciones. En mayo de 2016 la autoridad monetaria elevó de 2 a 5 millones el máximo para la compra de dólares y tres meses después anunciaba la eliminación definitiva de los topes ("uno de los pasos finales en la remoción de las restricciones cambiarias heredadas, siguiendo el camino iniciado con la liberación del cepo", celebraba entonces el BCRA en su comunicado). El tope para enviar divisas a cuentas en el exterior será de 10 mil dólares para las personas físicas. Por encima de ese tope se requerirá autorización. No hay restricciones para las operaciones realizadas en el exterior.
 
*Cuentas en dólares y horario extendido en bancos: Las medidas anunciadas, enfatizan en el gobierno, no contemplan ningún tipo de restricción para la extracción de dólares y pesos de las cuentas bancarias. Como reconocen que el pánico asociado a la profundización de la crisis llevó a muchas personas a retirar sus ahorros se decidió habilitar la extensión del horario de atención en los bancos de 10 a 17 horas durante septiembre. La medida será evaluada e implementada a discreción por cada entidad financiera. Las entidades extranjeras son las más interesadas en la extensión de plazos. Los trabajadores bancarios, reconocen las autoridades, deberán ser compensados por las horas extra.
 
*Controles a la compra de dólares de grandes empresas: El BCRA decidió no venderle más dólares a las empresas para que los atesoren sin un destino específico. Las operaciones destinadas a financiar importaciones y el pago de deudas en moneda extranjera no requieren ningún tipo de autorización. Cuando las empresas quieran comprar dólares para ahorrar, cualquiera sea la cantidad, deberán solicitar una autorización. No se anunciaron medidas adicionales para evitar que la fuga de capitales mediante operaciones de importación simuladas o infladas.
 
*Utilidades y dividendos: La remisión de las ganancias a las casas matrices quedará sujeta al visto bueno del Banco Central. Las empresas ya no podrán enviar utilidades y dividendos de manera automática sino que deberán contar con la conformidad previa de la autoridad monetaria. Las entidades financieras quedaron alcanzadas por una normativa similar la semana pasada. Las cuentas externas muestran que muchas empresas se anticiparon a las medidas y aceleraron la remisión de sus ganancias al exterior.
 
*¿Quién y cómo se define la venta de dólares por encima de los límites?: El relanzamiento de los controles cambiarios será acompañado por la revitalización de la Gerencia de Exterior y Cambios del BCRA aunque tendrá una denominación aggiornada a la retórica oficial. Los parámetros que utilizarán para definir cuáles son las empresas que pueden remitir utilidades al exterior o qué personas pueden adquirir más de 10 mil dólares en un mes no fueron establecidos.
 
*Liquidación de los dólares de las exportaciones: Después de permitir que los exportadores no ingresen los dólares que generaban el gobierno decidió establecer plazos para que esas divisas sean liquidadas en el mercado cambiario local. Con el objetivo de aumentar la oferta de dólares, las compañías van a tener que vender los billetes generados por las exportaciones en los 5 días hábiles posteriores al cobro o 180 días corridos después del permiso de embarque (lo que sea más corto). En el caso del sector agroexportador y el resto de las commodities, el plazo en tiempos será de 15 días. La normativa apunta a ampliar la oferta de divisas. La disposición se suma al tímido e inocuo intento anunciado la semana pasada por el BCRA para que las cerealeras ingresen dólares.
 
*Opciones para las empresas atrapadas por la reestructuración unilateral de letras de corto plazo: En lugar de cobrar el 15 por ciento de sus acreencias al vencimiento y esperar hasta seis meses para cobrar, al momento de la maduración de sus tenencias reperfiladas de Letes, Lecaps, Lecer o Lelinks, las empresas podrán utilizar para cancelar deudas previsionales vencidas. En otras palabras, usar créditos defaulteados para pagar deudas atrasadas con el sistema de la seguridad social. También se corrigieron algunas imprecisiones del anuncio original que fue realizado el miércoles que pusieron en riesgo el funcionamiento de los Fondos Comunes de Inversión. La normativa contempla, a su vez, restricciones para que los bancos realicen maniobras de contado con liquidación.
 
Por Tomás Lukin
 
Fuente: Página12
 

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15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
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12-11-2025 / 11:11
Gobierno libertario solo para la casta de los más ricos. Los "héroes" del Presidente. Marcos Galperín, ferviente defensor de que el Estado no intervenga en la economía, recibe millonarias exenciones impositivas. En un contexto de ajuste fiscal y debates por la reforma tributaria, el Formulario 10-Q presentado por Mercado Libre ante la SEC de Estados Unidos expone una vez más los jugosos beneficios fiscales que el gobierno de Javier Milei le otorga al "unicornio" fundado por Galperín, el hombre más rico de la nación con un patrimonio de 8.300 millones de dólares, según Forbes.
 
La empresa, valorada en más de 106 mil millones de "verdes", reportó ingresos netos de 7.400 millones en el tercer trimestre, un 39 por ciento más que el año anterior, y ganancias de 421 millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos números relucientes se esconde un "secreto a voces": exenciones impositivas que superan los 350 millones de dólares en los últimos cinco años.
 
Bajo el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, Mercado Libre accedió en los primeros nueve meses de 2025 a beneficios por 50 millones en Ganancias y 17 millones de dólares en aportes previsionales, un 52 por ciento más que en 2024. "Es un subsidio injusto a una multinacional que no lo necesita", critica el Observatorio del Trabajo Informático (OTI), vinculado a la Asociación Gremial de Computación.
 
A Galperín le perdonaron en 2021: US$ 59 millones, en 2022: US$ 81 millones, en 2023: US$ 109 millones, en 2024: US$ 57 millones, en 2025: US$ 67 millones. Total: US$ 373 millones de impuestos le perdonaron a Galperin en cinco años. Pero los sectores populares tienen que pagar el IVA de los fideos sin chistar.
 
Sectores gremiales y la industria financiera coinciden: con su tamaño colosal, Javier Milei abusa del esquema al encuadrar áreas menores bajo un solo CUIT, mientras evade contribuciones que podrían destinarse a pymes o servicios públicos en crisis. Galperín, exiliado fiscal en Uruguay, predica la libre competencia, pero no duda en alzar la voz contra rivales como Temu y Shein, las plataformas chinas que inundan el mercado con productos baratos.
 
En el Foro Abeceb, Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina de Mercado Libre, exigió "reglas claras" para importaciones, advirtiendo que amenazan el 90 por ciento de ventas de pymes en la plataforma y el empleo local. "Abrir indiscriminadamente da trabajo a chinos, no a argentinos", sentenció.
 
Ironía pura: el defensor del no intervenciónismo estatal ahora pide regulaciones que protejan su imperio. El cruce en X con Miguel Ángel Pichetto lo desnuda todo. El diputado peronista instó a gravar a estas "economías de plataformas" para cuidar la industria nacional.

Galperín replicó con arrogancia: "No estoy preocupado, competimos exitosamente". Pichetto no se quedó atrás: "Mejor empezá a preocuparte, porque te van a pasar por arriba y ya impactan en empleos de distribución".

Mientras, el Gobierno de Milei discute bajar cargas patronales, pero calla sobre estos privilegios elitistas de los más ricos empresarios. Esta disparidad fiscal alimenta el descontento: ¿por qué el gobierno de Milei regala millones a un magnate mientras mientras los salarios deprimidos de jubilados y trabajadores pagan la crisis?

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