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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 02-09-2019 / 09:09
A MENOS DE CUATRO AÑOS DE HABER DESMANTELADO TODAS LAS REGULACIONES AL MOVIMIENTO DE CAPITALES

Macri reconoció el fracaso de sus políticas e impuso por Decreto el control de cambios

Macri reconoció el fracaso de sus políticas e impuso por Decreto el control de cambios
Macri se despide con default y “cepo”, aunque es mejor decir que, a la fuerza, tuvo que reimplantar un imprescindible control de cambios, lo que el fundamentalismo neoliberal había eliminado y él mismo había festejado. Asistimos así a un episodio más del fin de un ciclo. No el fin de un gobierno, sino el ocaso de una idea. El tercer o cuarto fracaso en el intento de modelar a la Argentina de acuerdo a los principios de un neoliberalismo salvaje. El país atendido por sus propios dueños, los ricos, que termina en una crisis catastrófica.
Mauricio Macri, todos los economistas neoliberales, la red de propaganda oficialista privada, y amplios sectores de la clase media y alta, festejaron en diciembre de 2015 que se eliminaba lo que denominaban despectivamente "cepo". Saludaban que a partir de ese momento se podía comprar dólares sin restricciones, recuperando la libertad que la "dictadura K" había cercenado.
 
El primero de marzo de 2016, Macri escribió el siguiente tuit: "Levantamos el cepo y todas las restricciones cambiarias sin que ocurriese ninguna de las desgracias pronosticadas". Las desgracias ocurrieron y para intentar llegar al 10 de diciembre en la Casa Rosada, restableció un régimen de administración del mercado de cambios.
 
Hubo que llegar a semejante tragedia financiera, una economía real derrumbada, el colapso del negocio bursátil, un sistema bancario bajo tensión máxima por la incipiente corrida contra los depósitos en dólares y en pesos, y un nuevo default, para que se reconozca que la economía funciona con control de cambios para evitar crisis devastadora.
 
El discurso tóxico de la mayoría de los economistas neoliberales, como voceros del poder económico concentrado, amplificado en gran parte de los medios de comunicación, construyó el sentido común acerca de que no es conveniente la administración y control de acceso a la moneda extranjera. El saldo no ha sido otro que una crisis catastrófica.
 
Así fue durante la dictadura militar, que tuvo el estallido de la tablita cambiaria previa desregulación total del mercado. Fue el comienzo de un proceso de dolarización destructiva de la economía argentina con esa política neoliberal extrema liderada por José Alfredo Martínez de Hoz. Después se consolidó con la fantasía de pensar que un peso era igual a un dólar, el experimento de Domingo Felipe Cavallo equiparando ambas monedas para contratos y créditos, con apertura irrestricta al ingreso de capitales especulativos. Explotó en el 2001.
 
Ahora, la economía macrista diseñó un esquema similar de apertura financiera total, desregulación absoluta del mercado de cambios y un endeudamiento desaforado que se volvió impagable. El saldo no podía ser otro que el estallido de esa política con costos sociolaborales inmensos, como pasó con la política económica de la última dictadura militar de Videla y la convertibilidad de Menem.
 
Macri se despide con default y "cepo", a la fuerza tuvo que reimplantar un control de cambios, lo que el fundamentalismo neoliberal había eliminado y él mismo había festejado. Asistimos así a un episodio más del fin de un ciclo. No el fin de un gobierno, sino el ocaso de una idea. El tercer o cuarto fracaso en el intento de modelar a la Argentina de acuerdo a los principios de un neoliberalismo salvaje. El país atendido por sus propios dueños, los ricos, que termina en una crisis catastrófica.
 
La Opinión Popular

 
CONTROL CAMBIARIO, RESTRICCIÓN A LA COMPRA DE DÓLARES Y LIQUIDACIÓN INMEDIATA OBLIGATORIA PARA EXPORTADORES
 
Ultimo recurso buscando evitar el estallido
 
El gobierno estableció controles de capitales y limitó la venta de dólares en un nuevo intento por frenar la corrida cambiaria que hace tambalear la economía argentina. Las regulaciones cambiarias de emergencia fueron implementadas a través de un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri que ya entró en vigencia.
 
Las instrumentos para administrar la fuga de capitales restringen la compra de divisas hasta 10 mil dólares mensuales para atesoramiento, bloquean la remisión al exterior de las ganancias de las empresas y obligan a las exportadoras a liquidar los dólares de sus operaciones en un plazo de hasta 5 días hábiles. La normativa del Banco Central dispone que las herramientas estarán vigentes hasta fin de año.
 
Con la tardía reposición de algunos de los mecanismos de administración del mercado cambiario que existían hasta 2015 y la reestructuración compulsiva de la deuda de cortísimo plazo que patea la carga de los vencimientos al próximo gobierno, el gobierno espera garantizarse disponibilidad de dólares que le permita finalizar el mandato sin nuevos sobresaltos en la cotización de la moneda estadounidense. Ninguna de las medidas anunciadas contiene la estampida de capitales financieros.
 
Los encargados de implementar los controles admiten que la crisis financiera generó pánico entre los pequeños ahorristas y, por eso, enfatizan que no habrá restricciones para retirar dólares de los bancos. Como reaseguro habilitan a las entidades financieras a extender el horario de atención al público hasta las 17 horas aunque la decisión dependerá de cada banco.
 
La celeridad en el retiro de los depósitos del sistema bancario que acompañará los anuncios dominicales dependerá de la capacidad de cada entidad para abastecer los pedidos en sus distintas sucursales. Algunos de los instrumentos anunciados el domingo formaban parte de los mecanismos de administración del mercado de cambios utilizados para hacer frente a la escasez de dólares durante el gobierno anterior.
 
El celebrado desmantelamiento de las demonizadas regulaciones financieras y normativas cambiarias registrado desde el inicio de la administración Cambiemos exacerbó la fragilidad externa de la economía argentina hasta dejarla al borde del colapso.
 
El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y el titular del Palacio de Hacienda, Hernán Lacunza, son los encargados de informar las medidas a los banqueros y empresarios. Los funcionarios reportaron las medidas al Staff del Fondo Monetario Internacional y mantuvieron una conversación con los referentes económicos del Frente de Todos. El diagnóstico oficial es que con el precio del dólar por las nubes y una política de ahogo monetario, los distintos controles de cambios deberían garantizar holgura para evitar un estallido.
 
*Restricciones para la compra de divisas: A partir de este lunes los individuos sólo podrán comprar hasta 10 mil dólares mensuales para atesoramiento. Cualquier operación que pretenda superar ese monto, como la compra de dólares para concretar la adquisición de un inmueble, requerirá la autorización del BCRA. Las personas interesadas en saltar el umbral deberán justificar para qué requieren esos dólares a su banco y éste solicitará el permiso a las autoridades regulatorias. Las estadísticas oficiales muestran que las compras de billetes hasta 10 mil dólares representaron en julio el 69 por ciento de todas las operaciones. En mayo de 2016 la autoridad monetaria elevó de 2 a 5 millones el máximo para la compra de dólares y tres meses después anunciaba la eliminación definitiva de los topes ("uno de los pasos finales en la remoción de las restricciones cambiarias heredadas, siguiendo el camino iniciado con la liberación del cepo", celebraba entonces el BCRA en su comunicado). El tope para enviar divisas a cuentas en el exterior será de 10 mil dólares para las personas físicas. Por encima de ese tope se requerirá autorización. No hay restricciones para las operaciones realizadas en el exterior.
 
*Cuentas en dólares y horario extendido en bancos: Las medidas anunciadas, enfatizan en el gobierno, no contemplan ningún tipo de restricción para la extracción de dólares y pesos de las cuentas bancarias. Como reconocen que el pánico asociado a la profundización de la crisis llevó a muchas personas a retirar sus ahorros se decidió habilitar la extensión del horario de atención en los bancos de 10 a 17 horas durante septiembre. La medida será evaluada e implementada a discreción por cada entidad financiera. Las entidades extranjeras son las más interesadas en la extensión de plazos. Los trabajadores bancarios, reconocen las autoridades, deberán ser compensados por las horas extra.
 
*Controles a la compra de dólares de grandes empresas: El BCRA decidió no venderle más dólares a las empresas para que los atesoren sin un destino específico. Las operaciones destinadas a financiar importaciones y el pago de deudas en moneda extranjera no requieren ningún tipo de autorización. Cuando las empresas quieran comprar dólares para ahorrar, cualquiera sea la cantidad, deberán solicitar una autorización. No se anunciaron medidas adicionales para evitar que la fuga de capitales mediante operaciones de importación simuladas o infladas.
 
*Utilidades y dividendos: La remisión de las ganancias a las casas matrices quedará sujeta al visto bueno del Banco Central. Las empresas ya no podrán enviar utilidades y dividendos de manera automática sino que deberán contar con la conformidad previa de la autoridad monetaria. Las entidades financieras quedaron alcanzadas por una normativa similar la semana pasada. Las cuentas externas muestran que muchas empresas se anticiparon a las medidas y aceleraron la remisión de sus ganancias al exterior.
 
*¿Quién y cómo se define la venta de dólares por encima de los límites?: El relanzamiento de los controles cambiarios será acompañado por la revitalización de la Gerencia de Exterior y Cambios del BCRA aunque tendrá una denominación aggiornada a la retórica oficial. Los parámetros que utilizarán para definir cuáles son las empresas que pueden remitir utilidades al exterior o qué personas pueden adquirir más de 10 mil dólares en un mes no fueron establecidos.
 
*Liquidación de los dólares de las exportaciones: Después de permitir que los exportadores no ingresen los dólares que generaban el gobierno decidió establecer plazos para que esas divisas sean liquidadas en el mercado cambiario local. Con el objetivo de aumentar la oferta de dólares, las compañías van a tener que vender los billetes generados por las exportaciones en los 5 días hábiles posteriores al cobro o 180 días corridos después del permiso de embarque (lo que sea más corto). En el caso del sector agroexportador y el resto de las commodities, el plazo en tiempos será de 15 días. La normativa apunta a ampliar la oferta de divisas. La disposición se suma al tímido e inocuo intento anunciado la semana pasada por el BCRA para que las cerealeras ingresen dólares.
 
*Opciones para las empresas atrapadas por la reestructuración unilateral de letras de corto plazo: En lugar de cobrar el 15 por ciento de sus acreencias al vencimiento y esperar hasta seis meses para cobrar, al momento de la maduración de sus tenencias reperfiladas de Letes, Lecaps, Lecer o Lelinks, las empresas podrán utilizar para cancelar deudas previsionales vencidas. En otras palabras, usar créditos defaulteados para pagar deudas atrasadas con el sistema de la seguridad social. También se corrigieron algunas imprecisiones del anuncio original que fue realizado el miércoles que pusieron en riesgo el funcionamiento de los Fondos Comunes de Inversión. La normativa contempla, a su vez, restricciones para que los bancos realicen maniobras de contado con liquidación.
 
Por Tomás Lukin
 
Fuente: Página12
 

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04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

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