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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 31-08-2019 / 10:08
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

La agonía: Macri no asume la presidencia

La agonía: Macri no asume la presidencia
El mes y medio que falta hasta las elecciones de octubre, más el otro mes y medio que faltaría para el traspaso de gobierno en diciembre se presentan como una larga agonía en la que el macrismo puede arrastrar al desastre a todos los argentinos. No puede pagar sus deudas, apenas tiene fondos para gobernar, no tiene capacidad para negociar, y el bloque del capital concentrado que lo respalda, desde Clarín hasta la Mesa de Enlace, ya busca contactos con Alberto Fernández.
El país se desvive, se funde, colapsa. Pero hay autocrítica: "Lo que nos faltó estos años es darnos cuenta que la felicidad está en lo cotidiano y no en lo excepcional --chupate esa mandarina--; no sólo somos felices cuando nos vamos de compras a Miami o Los Angeles con nuestras esposas".
 
No es fakenews, no es invento ni sarcasmo. Es una ventana al alma de este gobierno. Es lo que dijo ahora el Interventor de la Administración General de Puertos, Gonzalo Mórtola en el almuerzo del Rotary de la ciudad de Buenos Aires.
 
Deja vu, farsa, tragedia y desgracia sobre este país otra vez hambreado, desempleado y quebrado. Reminiscencias de Fernando De la Rúa. Son los mismos que están ahora. Votados por los mismos votos. Y los dos terminaron en aquelarre y devastación. La historia que se repite y se ensaña.
 
No hubo elecciones, ni siquiera hay presidente electo, pero hay un gobierno que bajó los brazos, abandonado por los que lo elevaron y compartieron sus iniquidades, incapaz de detener la fuga de riqueza que promovió hasta que no quedó nada.
 
No hay plata ni para apoyar la campaña electoral bonaerense de María Eugenia Vidal que muerde su bronca en silencio. En su naturaleza estaba este final y en su naturaleza está la incapacidad de resolverlo. Es el neoliberalismo.
 
El presidente Mauricio Macri no asume la presidencia. Dice que su gobierno no es responsable de la crisis. Que la oposición tiene la culpa por haber sacado más votos que el oficialismo.
 
La culpa de la crisis --dijo-- la tiene la gente que votó por Alberto Fernández en las PASO. Pero es al revés: el resultado de las PASO fue consecuencia de la crisis que empujó todos esos votos hacia un camino diferente al neoliberalismo de Cambiemos.
 
La famosa luz al final del túnel que anunció la vice Gabriela Michetti, estaba allí, pero era la locomotora de la crisis que se le venía encima al pueblo argentino.
 
Este gobierno habilitó la especulación financiera y estimuló la fuga de capitales. Estaba acabado mucho antes de las PASO, a las que no hubiera llegado sin el préstamo gigante del Fondo Monetario.
 
El Fondo transgredió todas las normas que rigen sus préstamos con un doble objetivo: sostener a Macri hasta las elecciones, y si las perdía, condicionar a quien ganara para que negocie de rodillas.

 
La llegada de Mauricio Macri al gobierno significó una novedad en la tradición política argentina. Por primera vez la derecha franca llegaba por el respaldo electoral sin la necesidad del disfraz de un partido popular o de un golpe de Estado.
 
También es la primera vez que un gobierno de derecha no es expulsado a las patadas por grandes movilizaciones como el Cordobazo o las del 18 y 19 de diciembre del 2001.
 
Macri entró por el voto y se va por el voto. Aunque todavía no se celebraron las elecciones presidenciales, las PASO develaron el misterio por el cual las protestas contra el gobierno de Macri no culminaban en acción destituyente como operaron sin duda las del Cordobazo y las del 19-20 de diciembre.
 
En esa tradición de movilización popular era más probable que se produjera una gran rebelión destituyente. Y por otro lado, nadie esperaba la gran diferencia de votos entre el Frente de Todos y Cambiemos. Fue una sorpresa que no se diera lo primero y que se produjera lo segundo.
 
La circunstancia de ejercer el derecho a elegir, de expresar soberanía política en el voto se reveló como una herramienta incorporada al acerbo popular.
 
Hubo mucha movilización durante estos cuatro años, mucha presencia popular en las calles, y por distintos motivos, desde la defensa de los derechos humanos, hasta las Ni una menos, pasando por los conflictos laborales y sociales, las luchas contra las reformas: laboral y previsional.
 
Fue una presencia combativa, pero al mismo tiempo organizada y enfocada en un proceso político, en la necesidad extendida de conformar una alternativa concreta a la fábrica de pobreza y desempleo en que Cambiemos había convertido la Casa Rosada.
 
A diferencia del escepticismo y el descreimiento del "que se vayan todos" de principios de milenio, estos actos y marchas estuvieron signados por la esperanza de que la política diera respuesta.
 
Esas movilizaciones no eran kirchneristas aunque fuera una de sus vertientes. Pero la experiencia de los doce años de los gobiernos de Néstor y Cristina está elaborada y asimilada como parte de una memoria colectiva.
 
El hecho que la dispersión que produjo la derrota de 2015 fuera contenida en gran medida, permitió que se preservara un núcleo fuerte y masivo con el liderazgo y la capacidad de generar una convocatoria más amplia.
 
Esos enunciados no tomaban la forma de un discurso ni programa o convocatoria. Cristina Kirchner ya habló de un frente de unidad con todos en el acto que se realizó en Comodoro Py cuando fue citada a declarar, en abril del 2016, pocas semanas después de que asumiera el macrismo.
 
Fue reflejo político tras la derrota de Daniel Scioli, pero no era un invento de la ex presidenta, sino que recogía una expectativa que empezaba a tomar cuerpo en una parte de la sociedad.
 
Esa idea más o menos difusa en los sectores populares acompañó las protestas contra el gobierno bajo la forma más líquida del deseo o la esperanza. Hasta que la situación tocó fondo y la crisis habilitó el ingrediente que faltaba y cristalizó esa expectativa en la proclamación de la fórmula que encabezan Alberto Fernández con Cristina Kirchner.
 
Roberto Lavagna y Alberto Fernández, como expresiones opositoras, aportaron lo que han podido para que el derrumbe del macrismo no se convierta en una catástrofe institucional.
 
Pero el gobierno despilfarró el préstamo del FMI antes de llegar siquiera a las elecciones presidenciales. Como era su único sustento, al mismo tiempo que despilfarró el préstamo, dilapidó gobernabilidad.
 
El mes y medio que falta hasta las elecciones de octubre, más el otro mes y medio que faltaría para el traspaso de gobierno en diciembre se presentan como una larga agonía en la que el macrismo puede arrastrar al desastre a todos los argentinos.
 
No puede pagar sus deudas, apenas tiene fondos para gobernar, no tiene capacidad para negociar, y el bloque del capital concentrado que lo respalda, desde Clarín hasta la Mesa de Enlace, ya busca contactos con Alberto Fernández.
 
El tiempo está destruyendo a la administración macrista. Enorme enseñanza para los que indujeron el discurso del odio: las fuerzas que fueron perseguidas y difamadas durante estos cuatro años por el macrismo, tanto aquellas del sindicalismo combativo, como del kirchnerismo y de los movimientos sociales, son las únicas que podrían estar en condiciones de sostener la transición.
 
Tampoco está claro que lo lograrían aún cuando se lo propusieran, pero son los únicos a los que el macrismo podría recurrir.
 
Es una carrera contra el tiempo cuyo resultado nadie se atreve a predecir. Y a nadie le conviene un derrumbe descontrolado que tendría consecuencias desastrosas porque donde siempre golpea más la crisis es en los más humildes y porque son siempre esos sectores los que ponen la sangre cuando hay represión.
 
Faltan poco más de tres meses pero el hambre no espera, aunque ya no sea más que una cuestión de paciencia. Es una ecuación difícil en la que incluso la política tiene pocos resortes para intervenir.
 
Más allá del derecho de todo el mundo a expresarse, en este escenario la marcha de respaldo a Mauricio Macri de la semana pasada aparece como un gesto grotesco para sostener a un personaje apabullado que ya ni quiere que lo sostengan y que salió al balcón para despedirse antes que lo echen.
 
En su desesperación, los periodistas del oficialismo exhiben esa expresión del grotesco de la política como si fuera un gesto de enorme valor ciudadano. El martes, los movimientos sociales movilizaron el doble de personas contra el hambre y esos periodistas ni lo mencionaron.
 
El globo de indignaciones sobreactuadas y falsas verdades del macrismo se desinfla con la crisis. Los discursos engolados de Elisa Carrió ya no indignan, igual que el denuncismo amarillista de los medios y periodistas oficialistas.
 
Todo eso va quedando al desnudo como un discurso mentiroso que se usó para ocultar mezquindades, bajas ambiciones y negociados de alto nivel.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

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