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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 30-08-2019 / 11:08
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Macri dispuesto a morir con las botas puestas sin levantar barrera alguna contra la fuga de capitales

Macri dispuesto a morir con las botas puestas sin levantar barrera alguna contra la fuga de capitales
Como el general Custer de Errol Flynn en la película de los años 40, Mauricio Macri parece dispuesto a ver morir a su gobierno pero con las botas puestas, sin levantar barrera alguna contra la salida de divisas. El todavía Presidente percibe que hacerlo sería la capitulación final ante una heterodoxia que advirtió desde diciembre de 2015 que la desregulación total de la entrada y salida de capitales al país terminaría así, en un default con riesgo de espiralización hiperinflacionaria.
Como el general Custer de Errol Flynn en la película de los años 40, Mauricio Macri parece dispuesto a ver morir a su gobierno pero con las botas puestas, sin levantar barrera alguna contra la salida de divisas.
 
El todavía Presidente percibe que hacerlo sería la capitulación final ante una heterodoxia que advirtió desde diciembre de 2015 que la desregulación total de la entrada y salida de capitales al país terminaría así, en un default con riesgo de espiralización hiperinflacionaria.
 
Los controles de capitales existen en países como Chile y Colombia, alumnos dilectos de la ortodoxia neoliberal. También en Grecia, intervenida por el FMI y el Banco Central Europeo desde hace una década. No necesariamente incluyen un control de cambios estricto como el que desplegó en su último gobierno Cristina Fernández.
 
Los que reivindicó el jueves pasado Alberto Fernández en el seminario que organizó Clarín en el Malba, por ejemplo, son los que fijó él mismo (en un decreto del 9 de junio de 2005) junto a Néstor Kirchner y Roberto Lavagna: a todo el que ingresara dólares al país para apostar a una inversión financiera se lo obligaba a mantener un 30% inmovilizado durante un año en una cuenta no remunerada -el famoso "encaje cambiario"- y solo se le volvían a vender dólares nuevamente al cabo de un año.
 
Apenas asumió Macri, su ministro Alfonso Prat-Gay eliminó el encaje y redujo el plazo mínimo de permanencia a 120 días. Así empezaron a entrar los dólares que alimentaron la bola de nieve de las LEBACs, que estalló dos años después con el "pasaron cosas" de abril de 2018.
 
Cuando esa crisis devolvió al país a los brazos del Fondo Monetario, el ascendido Nicolás Dujovne dobló la apuesta y eliminó también la exigencia de permanencia. Los fondos extranjeros volvieron a tentarse con la bicicleta local, ahora irrestricta. Pero volvieron a huir en masa con la corrida de septiembre, que se llevó puesto a Luis "Toto" Caputo.
 
El encaje y el plazo de permanencia habrían servido dos años atrás. Hoy ya no, porque nadie entra. Para cortar la sangría que ayer consumió US$ 909 millones de las reservas haría falta afectar mecanismos como el "dólar cable", que permiten girar sin restricción alguna todos los pesos que se deseen de una cuenta en un banco argentino a una cuenta en dólares en el exterior. Fuga de divisas pura y dura. El carril rápido para escapar en medio del tembladeral.

 
¿Qué tienen en común el fondo Templeton, Juan Manuel Urtubey y un jubilado que cobra sus haberes a través del Banco Nación? ¿Qué hilo invisible ata a Sancor con MercadoLibre y el empleado de un kiosco?
 
Aunque distantes y disímiles, todos se vieron sacudidos por la sorpresiva decisión oficial de aplazar el pago de los vencimientos de deuda de más corto plazo, en una movida financiera de altísimo riesgo que activó el recuerdo del megacanje de noviembre de 2001 y que tanto Standard & Poors como los estudios jurídicos más cotizados de Wall Street ya definieron como un default, de consecuencias aún imprevisibles.
 
El contagio no pudo haber sido más rápido. El mismo miércoles por la noche, el gobernador de Salta y candidato a vicepresidente de Roberto Lavagna recibió un mensaje de su ministro de Economía.
 
La plata para pagar los sueldos de los empleados públicos provinciales la semana próxima estaba en fondos comunes de inversión (FCI) invertidos en parte en LETEs y LECAPs, dos de los títulos de deuda cuyo pago el Gobierno decidió reprogramar. Lo mismo les pasó al menos a otros tres gobernadores y a una multitud de intendentes, según los testimonios que pudo recoger BAE Negocios.
 
¿Qué tiene que ver el jubilado que cobra en el Nación? Por un lado, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES -la "plata de los jubilados"- sufrirá de lleno el impacto de lo que anunció Hernán Lacunza.
 
Por otro, el Nación suspendió el descuento del 50% en supermercados que iba a empezar a ofrecer los miércoles como ya hace el Provincia. Lo hizo porque el desplome de los bonos puso en crisis su balance, ya perforado por los $ 100.000 millones a los que echó mano en dos años Nicolás Dujovne para cumplir con la meta de déficit primario cero.
 
¿Y el empleado del kiosco? Si su patrón procuró cuidar el capital de trabajo y colocó la facturación semanal en un FCI, su sueldo también corre peligro. Como no se trata de una "persona humana", caerá sobre ese kiosquero todo el peso del reperfilamiento.
 
¿Y MercadoLibre? Para fortuna del medio millón de cuotapartistas del FCI de MercadoPago, esta vez zafó. Vendió sus LETEs y sus LECAPs dos semanas atrás, cuando por primera vez endosó pérdidas a esos ahorristas que le valieron decenas de miles de protestas y de suscripciones.
 
Procurar una renta del dinero ocioso es algo lógico en un país con inflación anual superior al 50% y tasas de interés del 25%. Lo mismo que a los gobernadores le pasó a SanCor, el gigante de la industria láctea administrado por el fondo Adecoagro desde el verano pasado.
 
Financistas al fin, sus nuevos directivos también habían apalancado en títulos de corto plazo la plata para los sueldos y también empezaron a ensayar malabares para cubrir los salarios de su personal la semana próxima.
 
Son las víctimas de lo anunciado: una patada hacia adelante de los vencimientos que le endosa al próximo gobierno en su primer año de gestión el pago de 12.019 millones de dólares que dejará de pagar Mauricio Macri, según la cuenta que sacó el ex viceministro Emmanuel Alvarez Agis.
 
"Es cierto lo que dijo Lacunza de que pensaron en el próximo gobierno. Pensaron en cómo asegurarse de hacer bien mierda al próximo gobierno", evaluó en caliente el mismo miércoles otro de los economistas que asesoran a Alberto Fernández.
 
La versión de que en el búnker de la calle México habían aprobado la operación fue desmentida tajantemente desde allí por dos voceros autorizados, probablemente futuros ministros. El mensaje fue otro, bastante más parco: "Hagan lo que quieran porque están a cargo ustedes, pero frenen la salida de dólares y la pérdida de reservas".
 
 
De control ni hablar
  
Como el general Custer de Errol Flynn en la película de los años 40, Macri parece dispuesto a ver morir a su gobierno pero con las botas puestas, sin levantar barrera alguna contra la salida de divisas.
 
El todavía Presidente percibe que hacerlo sería la capitulación final ante una heterodoxia que advirtió desde diciembre de 2015 que la desregulación total de la entrada y salida de capitales al país terminaría así, en un default con riesgo de espiralización hiperinflacionaria.
 
Eso explica la testarudez de haber rechazado incluso las propuestas que le acercaron Lacunza y su flamante equipo, en paralelo a las que finalmente aceptó.
 
Excepto ése, Macri renunció a casi todos los dogmas que lo empujaron a este derrape final. Ya afectó la caja de los gobernadores con las rebajas de IVA y Ganancias que anunció después de la megadevaluación del lunes post-PASO, lo cual le valió 14 demandas ante la Corte Suprema que pueden voltear su paquete de "alivio" la semana próxima.
 
Ya se peleó con las petroleras y puso en crisis el fisco de las provincias patagónicas con un congelamiento de combustibles -¡vía Ley de Abastecimiento!- que también fue recurrido judicialmente.
 
Antes había tenido que reponer las retenciones sobre las exportaciones de granos, aunque con un monto fijo ($4 por dólar) que volvió a licuarse con el último salto del dólar.
 
Ahora defolteó títulos de deuda en manos de los bancos. Es decir, violó la santidad de los contratos. El "enano incumplidor y estafador" que reclamaba "matar" pero "matar para siempre" (sic) apenas un mes y medio atrás.
 
 
Campana protectora
  
Guillermo Nielsen le escribió temprano anteayer a Lacunza para desmentir lo que dijeron la noche anterior en un programa de TV permeado por servicios de inteligencia: que él le había pedido al FMI que no desembolsara los US$ 5.400 millones de dólares comprometidos para septiembre como parte del acuerdo (ahora caído) con el organismo.
 
-Yo se que vos no harías eso, Guillermo. Te conozco -le respondió Lacunza horas después, cuando ya había hecho los anuncios.
 
Nielsen acababa de ver a "Toto" por televisión, estacionando en la cochera del Palacio de Hacienda. Le retrucó divertido.
 
-Che ¿volvió Caputo? ¡Decile que la próxima se disfrace!
 
Lacunza le explicó que estaba allí para una reunión de economistas afines al Gobierno y que habría otra con economistas más críticos, entre ayer y hoy. Después le preguntó cómo evaluaba sus propios anuncios de minutos atrás.
 
-Bueno, en los títulos es parecido a lo que reclamaba Alberto. Pero hay que verlo bien -respondió.
 
Lacunza también había hablado con Álvarez Agis antes de los anuncios. Él fue mucho más preciso al desaconsejarle el default de la deuda de corto plazo. El ministro no le adelantó que iría precisamente por esa vía. La campana protectora, tal como definió al paquete por la tarde, todavía era un secreto.
 
La delegación del Fondo abandonó el país sin dar señales acerca del desembolso pendiente. Fue apenas una "misión exploratoria", como definió Alejandro Werner ante Fernández y su tropa. Ni siquiera hay fecha para la misión revisora que debería habilitar los 5.400 millones.
 
Lacunza le pidió a Werner dos semanas para ordenarse y recibir a esos técnicos. En el bunker del Frente de Todos creen que la plata nunca llegará. Y Macri la necesita para terminar su mandato. Al menos para terminarlo sin un cepo, un default de toda la deuda u otra confiscación de ahorros privados.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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