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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 30-08-2019 / 11:08
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Macri dispuesto a morir con las botas puestas sin levantar barrera alguna contra la fuga de capitales

Macri dispuesto a morir con las botas puestas sin levantar barrera alguna contra la fuga de capitales
Como el general Custer de Errol Flynn en la película de los años 40, Mauricio Macri parece dispuesto a ver morir a su gobierno pero con las botas puestas, sin levantar barrera alguna contra la salida de divisas. El todavía Presidente percibe que hacerlo sería la capitulación final ante una heterodoxia que advirtió desde diciembre de 2015 que la desregulación total de la entrada y salida de capitales al país terminaría así, en un default con riesgo de espiralización hiperinflacionaria.
Como el general Custer de Errol Flynn en la película de los años 40, Mauricio Macri parece dispuesto a ver morir a su gobierno pero con las botas puestas, sin levantar barrera alguna contra la salida de divisas.
 
El todavía Presidente percibe que hacerlo sería la capitulación final ante una heterodoxia que advirtió desde diciembre de 2015 que la desregulación total de la entrada y salida de capitales al país terminaría así, en un default con riesgo de espiralización hiperinflacionaria.
 
Los controles de capitales existen en países como Chile y Colombia, alumnos dilectos de la ortodoxia neoliberal. También en Grecia, intervenida por el FMI y el Banco Central Europeo desde hace una década. No necesariamente incluyen un control de cambios estricto como el que desplegó en su último gobierno Cristina Fernández.
 
Los que reivindicó el jueves pasado Alberto Fernández en el seminario que organizó Clarín en el Malba, por ejemplo, son los que fijó él mismo (en un decreto del 9 de junio de 2005) junto a Néstor Kirchner y Roberto Lavagna: a todo el que ingresara dólares al país para apostar a una inversión financiera se lo obligaba a mantener un 30% inmovilizado durante un año en una cuenta no remunerada -el famoso "encaje cambiario"- y solo se le volvían a vender dólares nuevamente al cabo de un año.
 
Apenas asumió Macri, su ministro Alfonso Prat-Gay eliminó el encaje y redujo el plazo mínimo de permanencia a 120 días. Así empezaron a entrar los dólares que alimentaron la bola de nieve de las LEBACs, que estalló dos años después con el "pasaron cosas" de abril de 2018.
 
Cuando esa crisis devolvió al país a los brazos del Fondo Monetario, el ascendido Nicolás Dujovne dobló la apuesta y eliminó también la exigencia de permanencia. Los fondos extranjeros volvieron a tentarse con la bicicleta local, ahora irrestricta. Pero volvieron a huir en masa con la corrida de septiembre, que se llevó puesto a Luis "Toto" Caputo.
 
El encaje y el plazo de permanencia habrían servido dos años atrás. Hoy ya no, porque nadie entra. Para cortar la sangría que ayer consumió US$ 909 millones de las reservas haría falta afectar mecanismos como el "dólar cable", que permiten girar sin restricción alguna todos los pesos que se deseen de una cuenta en un banco argentino a una cuenta en dólares en el exterior. Fuga de divisas pura y dura. El carril rápido para escapar en medio del tembladeral.

 
¿Qué tienen en común el fondo Templeton, Juan Manuel Urtubey y un jubilado que cobra sus haberes a través del Banco Nación? ¿Qué hilo invisible ata a Sancor con MercadoLibre y el empleado de un kiosco?
 
Aunque distantes y disímiles, todos se vieron sacudidos por la sorpresiva decisión oficial de aplazar el pago de los vencimientos de deuda de más corto plazo, en una movida financiera de altísimo riesgo que activó el recuerdo del megacanje de noviembre de 2001 y que tanto Standard & Poors como los estudios jurídicos más cotizados de Wall Street ya definieron como un default, de consecuencias aún imprevisibles.
 
El contagio no pudo haber sido más rápido. El mismo miércoles por la noche, el gobernador de Salta y candidato a vicepresidente de Roberto Lavagna recibió un mensaje de su ministro de Economía.
 
La plata para pagar los sueldos de los empleados públicos provinciales la semana próxima estaba en fondos comunes de inversión (FCI) invertidos en parte en LETEs y LECAPs, dos de los títulos de deuda cuyo pago el Gobierno decidió reprogramar. Lo mismo les pasó al menos a otros tres gobernadores y a una multitud de intendentes, según los testimonios que pudo recoger BAE Negocios.
 
¿Qué tiene que ver el jubilado que cobra en el Nación? Por un lado, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES -la "plata de los jubilados"- sufrirá de lleno el impacto de lo que anunció Hernán Lacunza.
 
Por otro, el Nación suspendió el descuento del 50% en supermercados que iba a empezar a ofrecer los miércoles como ya hace el Provincia. Lo hizo porque el desplome de los bonos puso en crisis su balance, ya perforado por los $ 100.000 millones a los que echó mano en dos años Nicolás Dujovne para cumplir con la meta de déficit primario cero.
 
¿Y el empleado del kiosco? Si su patrón procuró cuidar el capital de trabajo y colocó la facturación semanal en un FCI, su sueldo también corre peligro. Como no se trata de una "persona humana", caerá sobre ese kiosquero todo el peso del reperfilamiento.
 
¿Y MercadoLibre? Para fortuna del medio millón de cuotapartistas del FCI de MercadoPago, esta vez zafó. Vendió sus LETEs y sus LECAPs dos semanas atrás, cuando por primera vez endosó pérdidas a esos ahorristas que le valieron decenas de miles de protestas y de suscripciones.
 
Procurar una renta del dinero ocioso es algo lógico en un país con inflación anual superior al 50% y tasas de interés del 25%. Lo mismo que a los gobernadores le pasó a SanCor, el gigante de la industria láctea administrado por el fondo Adecoagro desde el verano pasado.
 
Financistas al fin, sus nuevos directivos también habían apalancado en títulos de corto plazo la plata para los sueldos y también empezaron a ensayar malabares para cubrir los salarios de su personal la semana próxima.
 
Son las víctimas de lo anunciado: una patada hacia adelante de los vencimientos que le endosa al próximo gobierno en su primer año de gestión el pago de 12.019 millones de dólares que dejará de pagar Mauricio Macri, según la cuenta que sacó el ex viceministro Emmanuel Alvarez Agis.
 
"Es cierto lo que dijo Lacunza de que pensaron en el próximo gobierno. Pensaron en cómo asegurarse de hacer bien mierda al próximo gobierno", evaluó en caliente el mismo miércoles otro de los economistas que asesoran a Alberto Fernández.
 
La versión de que en el búnker de la calle México habían aprobado la operación fue desmentida tajantemente desde allí por dos voceros autorizados, probablemente futuros ministros. El mensaje fue otro, bastante más parco: "Hagan lo que quieran porque están a cargo ustedes, pero frenen la salida de dólares y la pérdida de reservas".
 
 
De control ni hablar
  
Como el general Custer de Errol Flynn en la película de los años 40, Macri parece dispuesto a ver morir a su gobierno pero con las botas puestas, sin levantar barrera alguna contra la salida de divisas.
 
El todavía Presidente percibe que hacerlo sería la capitulación final ante una heterodoxia que advirtió desde diciembre de 2015 que la desregulación total de la entrada y salida de capitales al país terminaría así, en un default con riesgo de espiralización hiperinflacionaria.
 
Eso explica la testarudez de haber rechazado incluso las propuestas que le acercaron Lacunza y su flamante equipo, en paralelo a las que finalmente aceptó.
 
Excepto ése, Macri renunció a casi todos los dogmas que lo empujaron a este derrape final. Ya afectó la caja de los gobernadores con las rebajas de IVA y Ganancias que anunció después de la megadevaluación del lunes post-PASO, lo cual le valió 14 demandas ante la Corte Suprema que pueden voltear su paquete de "alivio" la semana próxima.
 
Ya se peleó con las petroleras y puso en crisis el fisco de las provincias patagónicas con un congelamiento de combustibles -¡vía Ley de Abastecimiento!- que también fue recurrido judicialmente.
 
Antes había tenido que reponer las retenciones sobre las exportaciones de granos, aunque con un monto fijo ($4 por dólar) que volvió a licuarse con el último salto del dólar.
 
Ahora defolteó títulos de deuda en manos de los bancos. Es decir, violó la santidad de los contratos. El "enano incumplidor y estafador" que reclamaba "matar" pero "matar para siempre" (sic) apenas un mes y medio atrás.
 
 
Campana protectora
  
Guillermo Nielsen le escribió temprano anteayer a Lacunza para desmentir lo que dijeron la noche anterior en un programa de TV permeado por servicios de inteligencia: que él le había pedido al FMI que no desembolsara los US$ 5.400 millones de dólares comprometidos para septiembre como parte del acuerdo (ahora caído) con el organismo.
 
-Yo se que vos no harías eso, Guillermo. Te conozco -le respondió Lacunza horas después, cuando ya había hecho los anuncios.
 
Nielsen acababa de ver a "Toto" por televisión, estacionando en la cochera del Palacio de Hacienda. Le retrucó divertido.
 
-Che ¿volvió Caputo? ¡Decile que la próxima se disfrace!
 
Lacunza le explicó que estaba allí para una reunión de economistas afines al Gobierno y que habría otra con economistas más críticos, entre ayer y hoy. Después le preguntó cómo evaluaba sus propios anuncios de minutos atrás.
 
-Bueno, en los títulos es parecido a lo que reclamaba Alberto. Pero hay que verlo bien -respondió.
 
Lacunza también había hablado con Álvarez Agis antes de los anuncios. Él fue mucho más preciso al desaconsejarle el default de la deuda de corto plazo. El ministro no le adelantó que iría precisamente por esa vía. La campana protectora, tal como definió al paquete por la tarde, todavía era un secreto.
 
La delegación del Fondo abandonó el país sin dar señales acerca del desembolso pendiente. Fue apenas una "misión exploratoria", como definió Alejandro Werner ante Fernández y su tropa. Ni siquiera hay fecha para la misión revisora que debería habilitar los 5.400 millones.
 
Lacunza le pidió a Werner dos semanas para ordenarse y recibir a esos técnicos. En el bunker del Frente de Todos creen que la plata nunca llegará. Y Macri la necesita para terminar su mandato. Al menos para terminarlo sin un cepo, un default de toda la deuda u otra confiscación de ahorros privados.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.
 
La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.
 
El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
 
Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
 
Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?
 
Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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