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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 30-08-2019 / 11:08
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Macri dispuesto a morir con las botas puestas sin levantar barrera alguna contra la fuga de capitales

Macri dispuesto a morir con las botas puestas sin levantar barrera alguna contra la fuga de capitales
Como el general Custer de Errol Flynn en la película de los años 40, Mauricio Macri parece dispuesto a ver morir a su gobierno pero con las botas puestas, sin levantar barrera alguna contra la salida de divisas. El todavía Presidente percibe que hacerlo sería la capitulación final ante una heterodoxia que advirtió desde diciembre de 2015 que la desregulación total de la entrada y salida de capitales al país terminaría así, en un default con riesgo de espiralización hiperinflacionaria.
Como el general Custer de Errol Flynn en la película de los años 40, Mauricio Macri parece dispuesto a ver morir a su gobierno pero con las botas puestas, sin levantar barrera alguna contra la salida de divisas.
 
El todavía Presidente percibe que hacerlo sería la capitulación final ante una heterodoxia que advirtió desde diciembre de 2015 que la desregulación total de la entrada y salida de capitales al país terminaría así, en un default con riesgo de espiralización hiperinflacionaria.
 
Los controles de capitales existen en países como Chile y Colombia, alumnos dilectos de la ortodoxia neoliberal. También en Grecia, intervenida por el FMI y el Banco Central Europeo desde hace una década. No necesariamente incluyen un control de cambios estricto como el que desplegó en su último gobierno Cristina Fernández.
 
Los que reivindicó el jueves pasado Alberto Fernández en el seminario que organizó Clarín en el Malba, por ejemplo, son los que fijó él mismo (en un decreto del 9 de junio de 2005) junto a Néstor Kirchner y Roberto Lavagna: a todo el que ingresara dólares al país para apostar a una inversión financiera se lo obligaba a mantener un 30% inmovilizado durante un año en una cuenta no remunerada -el famoso "encaje cambiario"- y solo se le volvían a vender dólares nuevamente al cabo de un año.
 
Apenas asumió Macri, su ministro Alfonso Prat-Gay eliminó el encaje y redujo el plazo mínimo de permanencia a 120 días. Así empezaron a entrar los dólares que alimentaron la bola de nieve de las LEBACs, que estalló dos años después con el "pasaron cosas" de abril de 2018.
 
Cuando esa crisis devolvió al país a los brazos del Fondo Monetario, el ascendido Nicolás Dujovne dobló la apuesta y eliminó también la exigencia de permanencia. Los fondos extranjeros volvieron a tentarse con la bicicleta local, ahora irrestricta. Pero volvieron a huir en masa con la corrida de septiembre, que se llevó puesto a Luis "Toto" Caputo.
 
El encaje y el plazo de permanencia habrían servido dos años atrás. Hoy ya no, porque nadie entra. Para cortar la sangría que ayer consumió US$ 909 millones de las reservas haría falta afectar mecanismos como el "dólar cable", que permiten girar sin restricción alguna todos los pesos que se deseen de una cuenta en un banco argentino a una cuenta en dólares en el exterior. Fuga de divisas pura y dura. El carril rápido para escapar en medio del tembladeral.

 
¿Qué tienen en común el fondo Templeton, Juan Manuel Urtubey y un jubilado que cobra sus haberes a través del Banco Nación? ¿Qué hilo invisible ata a Sancor con MercadoLibre y el empleado de un kiosco?
 
Aunque distantes y disímiles, todos se vieron sacudidos por la sorpresiva decisión oficial de aplazar el pago de los vencimientos de deuda de más corto plazo, en una movida financiera de altísimo riesgo que activó el recuerdo del megacanje de noviembre de 2001 y que tanto Standard & Poors como los estudios jurídicos más cotizados de Wall Street ya definieron como un default, de consecuencias aún imprevisibles.
 
El contagio no pudo haber sido más rápido. El mismo miércoles por la noche, el gobernador de Salta y candidato a vicepresidente de Roberto Lavagna recibió un mensaje de su ministro de Economía.
 
La plata para pagar los sueldos de los empleados públicos provinciales la semana próxima estaba en fondos comunes de inversión (FCI) invertidos en parte en LETEs y LECAPs, dos de los títulos de deuda cuyo pago el Gobierno decidió reprogramar. Lo mismo les pasó al menos a otros tres gobernadores y a una multitud de intendentes, según los testimonios que pudo recoger BAE Negocios.
 
¿Qué tiene que ver el jubilado que cobra en el Nación? Por un lado, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES -la "plata de los jubilados"- sufrirá de lleno el impacto de lo que anunció Hernán Lacunza.
 
Por otro, el Nación suspendió el descuento del 50% en supermercados que iba a empezar a ofrecer los miércoles como ya hace el Provincia. Lo hizo porque el desplome de los bonos puso en crisis su balance, ya perforado por los $ 100.000 millones a los que echó mano en dos años Nicolás Dujovne para cumplir con la meta de déficit primario cero.
 
¿Y el empleado del kiosco? Si su patrón procuró cuidar el capital de trabajo y colocó la facturación semanal en un FCI, su sueldo también corre peligro. Como no se trata de una "persona humana", caerá sobre ese kiosquero todo el peso del reperfilamiento.
 
¿Y MercadoLibre? Para fortuna del medio millón de cuotapartistas del FCI de MercadoPago, esta vez zafó. Vendió sus LETEs y sus LECAPs dos semanas atrás, cuando por primera vez endosó pérdidas a esos ahorristas que le valieron decenas de miles de protestas y de suscripciones.
 
Procurar una renta del dinero ocioso es algo lógico en un país con inflación anual superior al 50% y tasas de interés del 25%. Lo mismo que a los gobernadores le pasó a SanCor, el gigante de la industria láctea administrado por el fondo Adecoagro desde el verano pasado.
 
Financistas al fin, sus nuevos directivos también habían apalancado en títulos de corto plazo la plata para los sueldos y también empezaron a ensayar malabares para cubrir los salarios de su personal la semana próxima.
 
Son las víctimas de lo anunciado: una patada hacia adelante de los vencimientos que le endosa al próximo gobierno en su primer año de gestión el pago de 12.019 millones de dólares que dejará de pagar Mauricio Macri, según la cuenta que sacó el ex viceministro Emmanuel Alvarez Agis.
 
"Es cierto lo que dijo Lacunza de que pensaron en el próximo gobierno. Pensaron en cómo asegurarse de hacer bien mierda al próximo gobierno", evaluó en caliente el mismo miércoles otro de los economistas que asesoran a Alberto Fernández.
 
La versión de que en el búnker de la calle México habían aprobado la operación fue desmentida tajantemente desde allí por dos voceros autorizados, probablemente futuros ministros. El mensaje fue otro, bastante más parco: "Hagan lo que quieran porque están a cargo ustedes, pero frenen la salida de dólares y la pérdida de reservas".
 
 
De control ni hablar
  
Como el general Custer de Errol Flynn en la película de los años 40, Macri parece dispuesto a ver morir a su gobierno pero con las botas puestas, sin levantar barrera alguna contra la salida de divisas.
 
El todavía Presidente percibe que hacerlo sería la capitulación final ante una heterodoxia que advirtió desde diciembre de 2015 que la desregulación total de la entrada y salida de capitales al país terminaría así, en un default con riesgo de espiralización hiperinflacionaria.
 
Eso explica la testarudez de haber rechazado incluso las propuestas que le acercaron Lacunza y su flamante equipo, en paralelo a las que finalmente aceptó.
 
Excepto ése, Macri renunció a casi todos los dogmas que lo empujaron a este derrape final. Ya afectó la caja de los gobernadores con las rebajas de IVA y Ganancias que anunció después de la megadevaluación del lunes post-PASO, lo cual le valió 14 demandas ante la Corte Suprema que pueden voltear su paquete de "alivio" la semana próxima.
 
Ya se peleó con las petroleras y puso en crisis el fisco de las provincias patagónicas con un congelamiento de combustibles -¡vía Ley de Abastecimiento!- que también fue recurrido judicialmente.
 
Antes había tenido que reponer las retenciones sobre las exportaciones de granos, aunque con un monto fijo ($4 por dólar) que volvió a licuarse con el último salto del dólar.
 
Ahora defolteó títulos de deuda en manos de los bancos. Es decir, violó la santidad de los contratos. El "enano incumplidor y estafador" que reclamaba "matar" pero "matar para siempre" (sic) apenas un mes y medio atrás.
 
 
Campana protectora
  
Guillermo Nielsen le escribió temprano anteayer a Lacunza para desmentir lo que dijeron la noche anterior en un programa de TV permeado por servicios de inteligencia: que él le había pedido al FMI que no desembolsara los US$ 5.400 millones de dólares comprometidos para septiembre como parte del acuerdo (ahora caído) con el organismo.
 
-Yo se que vos no harías eso, Guillermo. Te conozco -le respondió Lacunza horas después, cuando ya había hecho los anuncios.
 
Nielsen acababa de ver a "Toto" por televisión, estacionando en la cochera del Palacio de Hacienda. Le retrucó divertido.
 
-Che ¿volvió Caputo? ¡Decile que la próxima se disfrace!
 
Lacunza le explicó que estaba allí para una reunión de economistas afines al Gobierno y que habría otra con economistas más críticos, entre ayer y hoy. Después le preguntó cómo evaluaba sus propios anuncios de minutos atrás.
 
-Bueno, en los títulos es parecido a lo que reclamaba Alberto. Pero hay que verlo bien -respondió.
 
Lacunza también había hablado con Álvarez Agis antes de los anuncios. Él fue mucho más preciso al desaconsejarle el default de la deuda de corto plazo. El ministro no le adelantó que iría precisamente por esa vía. La campana protectora, tal como definió al paquete por la tarde, todavía era un secreto.
 
La delegación del Fondo abandonó el país sin dar señales acerca del desembolso pendiente. Fue apenas una "misión exploratoria", como definió Alejandro Werner ante Fernández y su tropa. Ni siquiera hay fecha para la misión revisora que debería habilitar los 5.400 millones.
 
Lacunza le pidió a Werner dos semanas para ordenarse y recibir a esos técnicos. En el bunker del Frente de Todos creen que la plata nunca llegará. Y Macri la necesita para terminar su mandato. Al menos para terminarlo sin un cepo, un default de toda la deuda u otra confiscación de ahorros privados.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
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